AGLI

Recortes de Prensa    Martes 6 Noviembre   2007

Análisis de la sentencia (IV): Los traicionados
Luis del Pino Libertad Digital 6 Noviembre 2007

¡Vaya, vaya, vaya! ¡Resulta que la Brigada de la conspiración no había sido aniquilada! ¡Era otra patraña más! ¡Ahora sale la Fiscalía diciendo que va a recurrir esa sentencia tan maravillosa que se suponía que nos derrotaba a nosotros! ¡Toma castaña!

¿Qué ha podido pasar para que, en sólo cinco días, la situación dé un vuelco de 180 grados?

Pues que, de nuevo, las lumbreras que deciden, desde despachos enmoquetados, cómo se manipula a la opinión pública han vuelto a calcular mal los efectos de la jugada. Hace tanto tiempo que viajan en coche oficial con los cristales tintados que se han olvidado hasta del color que tienen las aceras. Difícilmente pueden prever cómo van a reaccionar los seres humanos aquéllos para quienes las personas son sólo una fracción de porcentaje en las encuestas.

Pensaron que podían engañar a todos, a los de un lado y a los del otro, y encaminar el 11-M a su cierre definitivo. Y, al final, no han conseguido engañar a nadie.

Porque, en cuanto hicimos la primera lectura rápida de la sentencia, pudimos detectar por dónde nos la habían clavado a todos.

El engaño fundamental estaba en la abismal diferencia entre lo que la sentencia dice y la forma en que se la había querido presentar mediáticamente. Siendo una sentencia que destroza la mitad de la versión oficial, se escogieron cuidadosamente los párrafos de resumen, para presentarla como si fuera una derrota definitiva de la "teoría de la conspiración". Es decir: se presentó conscientemente un resumen engañoso de la sentencia con el fin de conseguir un determinado efecto en la opinión pública.

Y ahora, pasados cinco días, queda claro quiénes eran los destinatarios de ese efecto, queda claro a quiénes se quería engañar, queda claro quiénes tenían que pagar el pato del cierre del 11-M. Por un lado, nosotros, los que llevamos tres años denunciando cómo se nos ha mentido a todos. Y por otro lado, todos aquellos sectores de la opinión pública, incluida buena parte de las víctimas, a quienes se estuvo vendiendo durante tres años el rollo de la Guerra de Irak, para ahora dejarles tirados y a los pies de los caballos.

Porque con la pantomima de la "derrota de la versión oficial", con la pantomima de la ejecución sumarísima de todos los conspiranoicos durante la lectura de la sentencia, lo que se ha hecho es meterle un gol por toda la escuadra a quienes creyeron de buena fe que la versión oficial era cierta.

Mientras aparentaban, con un resumen mentiroso, que nos estaban dando un varapalo definitivo a los conspiranoicos, mientras aparentaban con ese resumen que la versión oficial salía airosa y triunfante, hacían desaparecer, en el texto de la sentencia, a los autores intelectuales y las referencias a la Guerra de Irak.

Traicionando así a todos aquéllos a los que durante tres años se les estuvo diciendo que el atentado del 11-M se debía a la política exterior de Aznar. Traicionando a todas aquéllos, incluidas muchas víctimas, cuya rabia se alimentó y se utilizó sin ningún escrúpulo para apuntalar una versión oficial construida a base de mentiras y pruebas falsas. Traicionando así a todos aquéllos a los que, durante tres años, se les ha estado haciendo comulgar con ruedas de molino, para ahora dejarles en la estacada, colándoles, mediante una pantomima perfectamente escenificada, una sentencia que elimina toda referencia tanto a Al Qaida como a Irak.

Nosotros no hemos sido los traicionados por este apaño infumable denominado "sentencia del 11-M". Nosotros hemos sido tan sólo la excusa, la víctima propiciatoria, los presuntamente sacrificados en una jugada destinada a traicionar precisamente a aquéllos que más ardientemente defendieron la versión oficial en estos tres años.

Pero la jugada les ha salido mal. Y les ha salido mal en las dos direcciones. Porque con la bofetada mediática que nos dieron a nosotros pensaban que podían silenciarnos o achantarnos. Y no se dieron cuenta de que son muchas, muchísimas, las personas que han sentido esa bofetada como si fuera dirigida personalmente a ellos. Porque lo que ellos llaman "conspiranoicos" no son media docena de periodistas y veinte chalados más que reparten folletitos, sino que son muchos los millones de españoles que no están dispuestos a dejar que se tape la masacre. Y que no están dispuestos a aceptar que se eche tierra sin más sobre las investigaciones. Y que han seguido las noticias. Y que han podido ver el juicio. Y que no toleran que a los argumentos se les conteste con otra cosa que no sean argumentos.

Y, en el otro lado, son también muchísimos los españoles que creyeron sinceramente en las patrañas que les contaban. Que defendieron a capa y espada pruebas que no se aceptarían ni en Birmania. Que estuvieron dispuestas a pasar por alto las falsedades y perjurios evidentes. Que creyeron a pies juntillas que la inverosímil versión oficial era posible. Y, si estuvieron dispuestos a aceptarlo todo, era simplemente porque tenían claro cuál era el móvil del crimen: la Guerra de Irak, porque eso es lo que les dijeron. Y ahora se les quita ese móvil del crimen, y resulta que de la versión oficial que les vendieron sólo quedan ya los aspectos inverosímiles. Sólo queda una historia patética según la cual un asturiano esquizofrénico, dos camellos, tres confidentes y cuatro macarras de discoteca se juntaron de repente para poner doce bombas en los trenes, sin que se sepa por qué, ni con qué objetivo. No es de extrañar que se sientan traicionados.

Y la Fiscalía se ve forzada a reaccionar porque, igual que nos hemos dado cuenta nosotros los sacrificados, también los traicionados se han dado cuenta. Y están pidiendo explicaciones.

Bienvenidos al club de los engañados, vosotros que creísteis en la versión oficial. Cada día somos más en este club.

Permitidme que reformule para vosotros la pregunta que hacía implícitamente en el artículo del otro día: ¿Qué hay tan siniestro detrás de los atentados del 11-M como para que estén dispuestos a traicionaros incluso a vosotros, con tal de que no se toque a los aparatos del Estado?

Por la libertad de expresión
Pío Moa Libertad Digital 6 Noviembre 2007

Extraña época en que los chorizos, los macarras y las putas tratan de dictar –de hecho dictan– las normas morales; en que tratan de educar a nuestros hijos conforme a sus “valores” –y lo hacen–. No me refiero, claro está, a los descuideros de los aeropuertos, a los chulos de profesión o a las señoras que hacen la calle: todos ellos conservan cierto sentido ético que les impide exponerse como modelos de conducta. Son otro tipo de chorizos y demás, mejor vestidos, más retorcidos y con pretensiones intelectuales, del género de los que intentan imponer por ley la “dignidad” de los torturadores de las checas o de los reanimadores comunistas de la guerra civil, transformándolos en luchadores por la libertad.

Esta gente ha adquirido su preeminencia y prepotencia actuales gracias a las libertades. “¡Es el fruto de la libertad de expresión!”, lloriquea alguna gente de derecha. No, ese es el fruto de la inhibición, la confusión y falta de gracia, también de la colaboración amedrentada, de quienes están en contra de esas cosas.

Con alguna excepciones, entre las que destacan Federico Jiménez Losantos y César Vidal por su claridad, popularidad y contundencia argumentativa. Naturalmente el frente torrentesco de C, M y P, tan tolerante con los terroristas, los enemigos de la familia, el separatismo etc., se revuelven con la máxima intolerancia contra quienes ponen al descubierto sus fechorías, y a quienes no logran rebatir. Llevan largo tiempo de campaña, extremadamente sucia, para silenciar a Jiménez Losantos y, ahora, a César Vidal: unos chantajean desde el poder a los obispos, otros fingen escandalizarse por la expresión clara y sin complejos de ambos intelectuales, injuriosa, dicen, como si la propaganda del frente CMP no estuviera repleta de las injurias y calumnias más repugnantes. Y no faltan las amenazas directas y la intimidación por medio de querellas, tratando de utilizar la ley en defensa de la mentira y la degradación social.

Es preciso defender la verdad, porque sin esa defensa jamás seremos libres. Y la libertad de expresión con la que quieren acabar los chorizos y demás chusma, es hoy la mejor arma contra el progresivo arruinamiento de nuestra democracia. Los liberticidas lo saben.

Sentencia del 11-M
El pecado original
Cristina Losada Libertad Digital 6 Noviembre 2007

Las hemerotecas están muy solicitadas desde que se dictó sentencia sobre los atentados del 11 de marzo. Los socialistas se proponen pergeñar un vídeo con retazos de declaraciones para refrescar lo que llaman las mentiras del PP. Rubalcaba, que necesita una hemeroteca portátil que le recuerde su papel en gobiernos pasados antes de pronunciar "mentira" o "verdad", quiere poner de rodillas a Rajoy para que mirando al encerado y después de recibir los palmetazos, repita "ETA no ha sido" de aquí a las elecciones o de aquí a la eternidad. Cuando se les replica que, en ese caso, los dirigentes socialistas deben decir también que "Irak no ha sido", se declaran inocentes y niegan con su habitual rotundidad que hubieran establecido nunca una relación entre la masacre de Atocha y la guerra contra Sadam.

En la hemeroteca se han hallado evidencias en contrario, que también refutan, pero la verdad no se encuentra únicamente en las declaraciones impresas en los periódicos. Ahora que, como escribe Girauta, el concepto de "autoría intelectual" ha dejado de tener sentido para la izquierda, eso sí, justo después de la sentencia, se hace preciso regresar, mal que nos pese, a la extraordinaria trascendencia que en los tres días de marzo adquirió la "autoría" sin más. Entre el 11 y el 14, la autoría fue el tema central y prácticamente único que ocupó el escenario político y la antesala electoral. Otra cosa es que no hubiera debido ocuparlo, pero fue así. El "queremos saber", el "quién ha sido" y el "queremos saber antes de votar", se enseñoreó del tiempo previo a las urnas, que era muy poco, y de tal manera, que condicionó la gestión de los responsables de Interior, los cuales se vieron obligados a transmitir casi en directo la información, mala o buena, que eso es harina de otro costal, que les llegaba de las pesquisas.

No es un misterio el por qué de la obsesión con la autoría que prendió entonces. Cualquier observador que hubiera permanecido en España durante el año y pico previo podía explicarla. Y aunque ninguna figura relevante la formuló públicamente con tal franqueza, flotaba con densidad inusual en el aire: si han sido unos islamistas, se culpará al PP. Si los autores son musulmanes, se entenderá que la masacre es una represalia por el respaldo de Aznar a la intervención en Irak. Todo lo cual se expresaría sin rebozo alguno en las calles, en las pancartas, en los gritos y en los acosos. Es más, la acusación al PP de mentir parte de la presunción de que dicho partido era consciente de que se produciría esa transferencia de culpa y que trató de evitarla manteniendo la autoría de ETA en público. En otras palabras, nace de la suposición, que se demostró correcta, de que una parte del electorado establecería una relación directa, causal, entre el atentado, la mentira y la guerra de Irak.

Cuando la cúpula socialista dice que jamás achacó el 11-M a la decisión política que se plasmó en la foto de las Azores, no sólo reescribe la historia de su actuación durante los tres días de marzo, sino también la previa. Aquel período de agresiva campaña, durante el cual llegaría a afirmarse, y así lo escribía Zapatero en El País, que "España va a pagar un alto precio por el apoyo de su Gobierno a la guerra". El PSOE escurre ahora el bulto de la responsabilidad que adquirió al verter toneladas de demagogia y al incitar a que, por vez primera, se culpara de un atentado al Gobierno. Ése es su pecado original, y su reacción al dictamen del tribunal muestra que persiste en él hasta la reincidencia.
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Por una política antiterrorista contra ETA
Regina Otaola Libertad Digital 6 Noviembre 2007

“Nuestras normas y nuestras instituciones son la mejor protección que tienen los ciudadanos frente a la agresión del terror; por ello, esta respuesta es la que han tenido, tienen y tendrán, conforme a la Constitución y a las leyes, cuantos intenten alterar por la fuerza la libre convivencia de los españoles”, declaró el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras conocer la reciente sentencia sobre los atentados terroristas del 11-M.

En el PP siempre hemos estado de acuerdo con esta máxima, porque forma parte de nuestras convicciones políticas mantener que contra los terroristas solo cabe la aplicación del Estado de Derecho. No hay atajos, como los GAL, porque contribuyen a reforzar la legitimidad de ETA y la de quienes los amparan con la excusa de un “contencioso vasco” que enfrentaría a dos bandos armados. Tampoco vale, por las mismas razones, entablar una negociación política sobre los fines de los terroristas.

Por eso sorprende la declaración del presidente del Gobierno cuando su programa estrella para toda la legislatura ha sido sostener, precisamente, que con los terroristas de ETA se podía y debía entablar un diálogo político para alcanzar “la Paz”. Nosotros en el PP sostenemos, como siempre hemos hecho, que el diálogo con los terroristas sólo da alas a sus pretensiones, porque entienden los criminales que con violencia pueden lograr un estatuto privilegiado de interlocutores políticos del que carecerían por los resultados obtenidos en las urnas.

En consecuencia, hemos reclamado a lo largo de toda la legislatura que el Gobierno desplegara una política antiterrorista eficaz contra ETA, lo que desde luego requiere deslegitimar el terrorismo como medio de acción política, y no es eso lo que se ha buscado con el término “proceso de paz”, ya que esta denominación sirve a ETA para legitimar sus crímenes al circunscribirlos a un presunto escenario de guerra conocido en estos lares como “conflicto político vasco”.

Al margen de la legitimidad de cualquier causa, el Estado de Derecho debe ser aplicado a los que utilizan los medios criminales para defender sus tesis, porque importa sólo que utilizaron esos medios para sembrar el terror. Muchas causas pueden ser legítimas, pero los medios terroristas nunca lo son. Por eso nos gustaría creer al presidente del Gobierno cuando dice ahora que a los terroristas se les va a aplicar el Estado de Derecho, independientemente de las causas que persigan, pero para ello debería dejar claro previamente que no hay “proceso de paz” que valga con una banda de criminales.

Conceptos malabares
Florencio Domínguez El Correo 6 Noviembre 2007

El obispo emérito de San Sebastián, José María Setién, afirmó la semana pasada que no había que confundir «un referéndum con una consulta» ya que «una consulta que se puede hacer en libertad, a fin de que pueda manifestar la población lo que piensa acerca de los problemas que están en debate, es una cuestión que no puede ser negada».

Las palabras del prelado reflejan el argumento que algunos dirigentes nacionalistas están utilizando para mantener que el lehendakari tiene la capacidad legal de convocar una consulta. Puesto que la Constitución y el propio Estatuto de Gernika reservan al Estado la competencia legal para convocar un referéndum, Ibarretxe y quienes le respaldan están utilizando la argucia de establecer diferencias entre consulta y referéndum. Ninguno de ellos explica, sin embargo, cuál es la diferencia entre una fórmula y otra.

De las palabras de algunos dirigentes nacionalistas parece desprenderse -la falta de explicaciones expresas dificulta saberlo con seguridad- que consulta sería someter una cuestión a votación pública sin carácter vinculante, mientras que se hablaría de referéndum cuando el resultado es vinculante. Unas palabras del consejero de Interior, Javier Balza, parecerían apuntar en esta línea al afirmar que «Madrid no tiene papel en esto. Madrid autoriza los referéndum vinculantes» (El Correo 19-10-07).

La diferencia, entonces, sería entre referéndum vinculante y no vinculante y a este último le llamarían consulta los defensores del Plan Ibarretxe II. Sucede, sin embargo, que tanto uno como otro están regulados en la Constitución y en ambos casos la competencia es exclusiva del Estado. El llamado referéndum consultivo y, por tanto, no vinculante está previsto en el artículo 92. Y el artículo 149.1.32 establece taxativamente que es competencia exclusiva del Estado «la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum».

La diferencia entre consulta y referéndum no es más que un juego malabar para hacer creer que la propuesta de Ibarretxe tiene respaldo legal. En ese concurso de equilibrios conceptuales la palma se la lleva el consejero de Vivienda, Javier Madrazo, por asegurar que se podía hacer la consulta al amparo de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, ley vasca que regula la forma de dar audiencia a los afectados por las normas de la administración o el procedimiento de información pública. Nada que ver con consultas ciudadanas, a no ser que por consulta se entienda cualquier otra cosa que no sea llamar a los ciudadanos a pronunciarse en las urnas sobre una pregunta o una propuesta política.

f.dominguez@diario-elcorreo.com

PSOE
Precampaña socialista o baile de disfraces
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 6 Noviembre 2007

La crónica ceutí de El Mundo da cuenta de la nutrida presencia de "mujeres que se cubrían la cabeza con el velo islámico y subsaharianos que han entrado irregularmente en España en los últimos meses y que, a la espera de entrar en la Península, no dudaban en hacer ondear con sus manos la bandera de España". Atónito, oliéndose intenciones electoreras en la visita real que el Gobierno ha ideado, me escribe un amigo financiero estas líneas paródicas que no tienen desperdicio:

Acabo de consultar en Reuters y Bloomberg a como cotiza el africano y ya pagan 500 Carod-Roviras contra uno (el Viernes cerró a 250), acercándonos mucho a la resistencia psicológica que había establecido hace años Arzallus cuando tocó 525. Un broker comentaba que el mercado estaba en una posición claramente vendedora y que la gente estaba queriendo desprenderse de Carod-Rovira a cualquier precio. Un analista vaticinó que el precio estaba sobrevalorado: demasiado carod.

Siempre es bueno es que el jefe del Estado visite las ciudades españolas en África, pero si esa visita es la primera en democracia y la organiza el claudicante y marroquinero Gobierno de Z a cuatro meses de las elecciones, están justificadas todas las sospechas. La verdad es que no se entiende nada, salvo la obviedad de que estas cosas tocan la fibra patriótica. Quizá no haya más que entender.

Una vez organizada, los de Z han decorado la visita real con un surtido de dislates, desde ministros que ante el solivianto sultanesco se enrocan en la voz "comprensible", hasta la negación obstinada de la evidente crisis, pasando por la extraña visita a Marruecos, a título personal, de Moratinos y por el reiterado lapsus freudiano de Blanco: "la primera visita de los reyes a Marruecos". Por cierto, mientras el peor ministro de Exteriores que ha tenido España se perdía en la oscuridad, Sarkozy trabajaba por él y traía a las azafatas españolas del Chad. El mejor embajador de España habita en el Elíseo.

Patriotismos recién descubiertos, letras para el himno, lo que haga falta. Todo con tal de sacarse de encima esas acciones de Carod que caen en picado antes de las generales. A todo esto, la esquizofrenia se apodera de la parte del socialismo que vive en contacto directo con el separatismo: el PSC. Sus representantes van a necesitar un tratamiento severo después del baile de disfraces que se ven obligados a celebrar para distraer al votante izquierdista medio.

En Barcelona exigen los últimos papeles de Salamanca y cuando llegan a Madrid, preguntan "¿qué papeles?". Un día te aprueban el estatuto que consagra al valenciano como idioma y al otro se sulfuran porque las loterías del Estado tratan catalán y valenciano como lenguas diferentes. En Cataluña se hartan de pedir las balanzas fiscales y cuando tienen en el Senado la posibilidad de obtenerlas, se abstienen para no desentonar demasiado con el voto contrario de sus compañeros. Pobre gente, cuánto baile, qué mareo.
Juan Carlos Girauta es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

El SUP y sus conflictos con la libertad de expresión
EDITORIAL Libertad Digital 6 Noviembre 2007

El Sindicato Unificado de Policía, el mismo que en el mes de febrero amenazó veladamente a Luis del Pino expresando el deseo de que el colaborador de Libertad Digital se quedase a solas con un agente de policía en una "habitación sin Estado de Derecho", ha anunciado que interpondrá varias querellas contra periodistas y políticos que no son de su agrado. La excusa, esta vez, para cercenar la libertad de expresión son las investigaciones que Del Pino y otros especialistas en el 11-M llevaron a cabo sobre el papel del ex jefe de los TEDAX tras la masacre.

Evidentemente no existe fundamento alguno para querellarse contra ninguno de los periodistas que, a lo largo de los últimos años, han investigado todos los detalles de la trama. Tanto Luis del Pino en Libertad Digital como Fernando Múgica en El Mundo se han limitado a realizar trabajos de investigación periodística, aportando siempre pruebas que, en el caso de los TEDAX, ocasionaron que Manzano fuese cesado de sus funciones como jefe de la unidad a finales del año pasado. Otra cosa bien distinta es que el juez no haya aceptado ciertas conclusiones derivadas de la investigación periodística, pero eso no invalida en modo alguno las averiguaciones de Luis del Pino o de Múgica. Más bien al contrario, todo lo que la prensa ha añadido a la instrucción del caso queda en el haber de la investigación y no, como pretende el SUP, en el debe.

Por la agresividad que el SUP muestra en este nuevo intento de acallar a la prensa se nos antoja que lo que de verdad persigue el sindicato policial es acabar con la libertad de expresión de ciertos profesionales que, por descontado, no tienen nada de que arrepentirse. En un caso tan complejo y enrevesado como el del 11-M del que, y es necesario recordarlo, los jueces han reconocido que todavía no se sabe ni quiénes fueron los que idearon y ordenaron ni cuál fue el arma homicida, cualquier investigación –por modesta que sea o insignificante que parezca– debe ser bienvenida por todos. Especialmente por la Policía Nacional, encargada desde el mismo día 11 de marzo de investigar y llegar hasta el final de un ovillo criminal del que sólo conocemos una pequeña parte.

¿Quién teme al Tribunal Constitucional?
JUAN JOSÉ SOLOZABAL El País 6 Noviembre 2007

Es habitual en los sistemas políticos descentralizados la existencia de una instancia jurisdiccional supra partes que asegure el equilibrio constitucional y garantice que el reparto de competencias no se altere a través de la actuación extralimitada de nadie. Ese papel corresponde en nuestro sistema al Tribunal Constitucional, hoy en el centro de atención pública sobre todo por tener entre manos un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de diversos Estatutos de Autonomía, comenzando por el de Cataluña.

Trataré de argumentar sobre la pertinencia de la intervención jurisdiccional y de las razones que, de acuerdo con su trayectoria, hay para esperar una actuación adecuada por su parte; pero para ello deberá sortear con buen tino una doble circunstancia adversa. En relación con las abstenciones y recusaciones de sus miembros sería bueno que, una vez planteadas, se decida sobre ellas con criterio bien estricto, habida cuenta de la imposibilidad de efectuar una sustitución en la composición del Tribunal y la dificultad para encajar los supuestos de parcialidad o interés directo a que se refiere la ley como causa de recusación en los litigios no privados.

También creo que el Tribunal debe hacer lo posible para no diferir su pronunciamiento. Los asuntos que el Tribunal tiene ante sí, además de delicados son de enorme complejidad, y dicha instancia ha debido dedicar parte de su precioso tiempo a resolver demasiados incidentes procesales. Sin embargo, el interés general y su propio prestigio institucional demandan del Tribunal un esfuerzo para que su sentencia tenga los plenos efectos que el ordenamiento les atribuye, lo que exige la oportunidad en el tiempo de la decisión constitucional.

Lo que el Tribunal tiene ante sí es un problema constitucional: asegurar el atenimiento de un Estatuto a la Norma Fundamental, garantizando la supremacía de ésta en el ordenamiento, del que forman parte importante los Estatutos de Autonomía, pero, como es obvio, a la que están sujetos. El TC es el garante de la constitucionalidad del orden jurídico y para cumplir esta misión ha recibido sus competencias, se trate de invalidar lo inconstitucional o de proponer una comprensión determinada de lo que de otra forma habría de considerar contrario a la Constitución.

En un Estado de derecho la congruencia constitucional no admite excepciones o quiebras. Por eso, una intervención del Tribunal si se advirtiese una infracción por parte de ese Estatuto, es inevitable. No importa que el Estatuto haya sido aprobado por el cuerpo electoral de la comunidad autónoma: el pueblo de Cataluña ha recibido sus atribuciones estatuyentes, limitadas, de la Constitución y no puede ejercer un poder que no tiene: el de modificar el orden constitucional.

La actuación del TC, de otro lado, se produce para guardar el equilibrio que la reforma estatutaria implica. El Estatuto, que es una ley orgánica de naturaleza paccionada, se reforma a partir de la iniciativa de la comunidad autónoma, que fija el contenido de dicha modificación, y que puede retirarla en el curso de su tramitación; a la comunidad le corresponde también la decisión final, con la posibilidad de rechazar el texto aprobado en las Cortes si no fuere de su agrado. El procedimiento pone de relieve la posición preeminente de la comunidad en la reforma de su Estatuto, y de ahí que para equilibrar el proceso esté prevista una actuación del TC en caso de recurso. Una intervención en términos de control de constitucionalidad que no debe verse como una pretensión desorbitada del Estado, sino como una respuesta a la necesidad de garantizar el carácter acordado de los Estatutos de Autonomía, que integran actuaciones, en igualdad de condiciones, del Estado y la comunidad autónoma.

A su vez, la actuación del Tribunal únicamente es admisible a condición de encarecer su condición limitada y especial, pues el Tribunal sólo puede manejar criterios técnicos y obrar con absoluta imparcialidad. No puede admitirse que los magistrados carezcan de puntos de vista propios, incluso políticos, pero cabe esperar que sus posiciones personales se abran a las consideraciones de sus compañeros de Tribunal y su pronunciamiento final sea como miembros del colegio que integran y a cuyas exigencias institucionales han de plegarse. En el caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos, un análisis empírico de los votos de los magistrados demuestra que sus pronunciamientos no guardan relación con el origen presidencial de su nombramiento, y muestra por comparación la frivolidad de la distinción que se ha impuesto aquí entre magistrados conservadores y progresistas.

Finalmente, la contribución del Tribunal al funcionamiento del sistema es exclusivamente jurídica: es un juicio de constitucionalidad lo que se espera del Tribunal, no un veredicto político. La responsabilidad política la exige el Congreso, la opinión pública o la conciencia de los gobernantes, pero nunca el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿quién teme al Tribunal Constitucional?

Juan José Solozábal es catedrático de Derecho Constitucional de la UAM.

Tribunal inconstitucional
Nota del Editor  6 Noviembre 2007

Nuestra obligación como ciudadanos  responsables, es valorar las instituciones por sus hechos, y dos son suficientes para demostrar que el tal tribunal se comporta en muchos casos de una forma absolutamente inconstitucional, y aquí les presentamos dos: "la materia lingüística no entra en el derecho a la libertad de elección en materia de educación (sentencia Tribunal Constitucional 88/1983, de 27 de octubre), a la vez que el uso normal de la lengua propia de la Comunidad Autónoma no vulnera el principio de cooficialidad porque no excluye el uso de la otra lengua oficial (sentencia del Tribunal Constitucional 337/1994, de 23 de diciembre).

Estas dos sentencias, para los ciudadanos y en especial a los que por edad nos correspondió participar el referendum, son un atropello a la lenta y sentido de la constitución española, tanto al art. 3º.1 como a otros más.

¿Acuerdo PP y PSOE para blindar España?
ÁNGEL LASO D'LOM ABC 6 Noviembre 2007

Hay importantes políticos del PP y del PSOE que están trabajando en estos momentos para intentar hacer posible un gran pacto entre ambos partidos, que impida que cualquiera de los dos que gane por unos escaños en las próximas elecciones tenga que verse obligado a pactar con grupos nacionalistas para poder gobernar, y por consiguiente hacerles nuevas concesiones. Esta es una de las constantes de la joven democracia española, pero para muchos políticos de ambos partidos ya apenas hay margen de cesión y sería necesario algún tipo de acuerdo entre ellos para evitar que vuelva a suceder lo de siempre y se ceda al chantaje permanente de los partidos nacionalistas.

El previsible escenario de las urnas es de una ventaja muy escasa. Si gana el PP y quiere apoyo de CiU es evidente que tendrá que retirar su recurso de inconstitucionalidad sobre el Estatuto de Cataluña. Si gana el PSOE, Zapatero tendría que enfocar de forma distinta el referendum soberanista que quiere Ibarreche.

Desde luego, ahora parece imposible un escenario de este tipo, dado el alto nivel de enfrentamiento en todo entre los dos grandes partidos, pero falta mucho para las elecciones y hay gente trabajando en ello. Por ello, aunque hoy en día es impensable, esta opción cuenta sin embargo con el respaldo de una buena parte de los socialistas históricos y algunos altos dirigentes del PP, aunque todos la tengan en la recámara. Y por supuesto agrada a una buena parte del empresariado español, que no deja de alertar cuando puede sobre la ruptura de la unidad de mercado o las dificultades crecientes para concursar en determinadas autonomías. Por eso, la idea sería ponerse de acuerdo sobre unas cuantas cosas fundamentales para blindar España como territorio de todos, la democracia, la monarquía y la economía de mercado.

Muchos empresarios españoles, que no tienen la costumbre de dar sus opiniones libremente por la excesiva dependencia de sus negocios del poder político, local, autonómico o nacional, ven con simpatía el proyecto. Algo es algo.

Islam y energía nuclear
Editorial ABC 6 Noviembre 2007

NADIE discute la oportunidad energética asociada al desarrollo de la fisión nuclear con fines pacíficos: la comunidad internacional lo avala y ningún país queda excluido de su derecho a emplearla como herramienta para el desarrollo. En este sentido, la ampliación de la nómina de países nucleares no plantea problemas, siempre y cuando se produzca dentro de los requisitos y los protocolos de seguridad que deben cumplirse de acuerdo con los tratados internacionales. El peligro surge de la experiencia, que demuestra cómo algunos países han utilizado esa cobertura para poner en marcha planes de carácter militar que buscan secretamente la obtención de la bomba atómica. Corea del Norte e Irán son buena muestra de ello. Lo que empezó siendo un programa nuclear con fines pacíficos se convirtió con el paso del tiempo en un problema para la comunidad internacional al abandonar sus objetivos iniciales para desarrollar planes militares. Afortunadamente, el caso norcoreano se ha reconducido y está en vías de solución, pero no el iraní. Precisamente este dato, así como el fracaso en los mecanismos de presión internacional empleados hasta ahora para impedir los objetivos del régimen de los ayatolás, han influido en los recelos que se esconden detrás de que países como Egipto, Siria, Arabia Saudí, Yemen, Argelia, Marruecos, Libia o Turquía anuncien su voluntad de poner en marcha programas de uso civil de la energía nuclear.

Con estas iniciativas se abre un inquietante escenario de multilateralidad nuclear en el Oriente Próximo, y el islam que tiene mucho que ver con que un país como Irán no oculte ya su intención de dotarse de la bomba atómica. De hecho, estaríamos ante una proliferación por contagio que tendría básicamente una lectura interna dentro del conjunto de los países musulmanes. Con esta decisión se respondería a la amenaza que para algunos supondría la noticia de que, a la bomba atómica israelí, se añada también otra chií. De este modo se buscaría edificar un equilibrio de terror entre sunníes y chiíes dentro del islam, un equilibrio que compensase la desestabilización que provocaría dentro de la creciente rivalidad religiosa y política que viven ambas comunidades dentro del islam la noticia de que Irán -y por tanto una de las partes de esa tensión sunní-chií- tuviera el arma nuclear.

Para evitarlo sólo cabe una solución: vigilar y controlar al máximo la cooperación nuclear que todos esos países necesitan para poner en marcha sus programas atómicos. Esta es una responsabilidad que compete a los países occidentales, que deben poner límites a la exportación de su tecnología nuclear, al menos si no quieren que, a la larga, los beneficios obtenidos de la venta de reactores nucleares y de la tecnología asociada a su funcionamiento no acaben convirtiéndose en una pesadilla para el conjunto de la Humanidad.

MINORITARIO, IMPUESTO Y DE ESCASA APLICACIÓN
Inquisición vasca: El Wall Street Journal denuncia la imposición del idioma vasco
El diario neoyorkino The Wall Street Journal ha dedicado este martes un artículo sobre España titulado "Inquisición vasca" y que se refiere a la imposición del euskera desde las instituciones regionales. El vasco es un idioma "poco acorde con la vida contemporánea", incide. Mientras que tiene 10 términos para "pastor", tiene que crear neologismos para términos como "ciencia" o "democracia". El artículo muestra su sorpresa por que se apueste por un idioma "sin relación alguna con otra lengua europea" frente al español, hablado por 450 millones de personas.
José Carlos Rodríguez Libertad Digital 6 Noviembre 2007

"Inquisición vasca: ¿Cómo diría pastor en Euskera?". El título del artículo de Keith Johnson en The Wall Street Journal apunta a dos aspectos que sobresalen del relato de los hechos en la noticia: por un lado la imposición sistemática del vasco desde las instituciones regionales y su carácter de vehículo para la imposición de una cosmovisión nacionalista, y por otro su origen antiguo y campestre, alejado del desarrollo que han tenido otras lenguas, y forzado desde su re-creación, a importar palabras que jamás tuvieron cabida en el idioma vasco, como por ejemplo "independencia" o "democracia".

Johnson comienza recogiendo el testimonio de la profesora de matemáticas Rosa Esquivias, profesora de matemáticas de instituto, y que "debe aprender vasco, o perderá su empleo". Tiene que "emplear 25 horas al día ejercitando los verbos y el vocabulario en euskera, un idioma" –apunta– "sin relación alguna con otra lengua europea y hablada por menos de un millón de personas. Alrededor de 450 millones de personas en todo el mundo hablan español".

Que el vasco no es sin más un instrumento para la comunicación es algo que tiene claro el periodista del WSJ: "Los separatistas todavía sueñan con crear su propio país, pero mientras tanto están experimentando imponer un estricto régimen de euskera en cada rincón de la vida pública", y eso que "más o menos un 30 por ciento habla el vasco", mientras que el español es el idioma del 95 por ciento de la sociedad.

"En las aulas", continúa, "el euskera también ha permitido a los separatistas controlar el currículo. Los libros de texto en vasco utilizados en las escuelas jamás mencionan a los estudiantes que el País Vasco forma parte de España, por ejemplo. Ningún libro de texto de la escuela elemental siquiera menciona la palabra España". Se les enseña, sin embargo, que viven en "Euskal Herría", país "colonizado por Francia y España".

El artículo destaca también que el esfuerzo totalizador por parte del gobierno de Juan José Ibarretxe (del que destaca que ha tenido que aprender euskera de mayor y a marchas forzadas), llega también a la televisión. Pero se les interpone el mando a distancia, el canal público en lengua vasca "tiene un 4,4 por ciento de audiencia, menos que el canal público de documentales sobre animales", apunta.

El conjunto de medidas de imposición del vasco, lo que conforman la Inquisición denunciada por el diario, incluye medidas que deben de sorprender y provocar el escándalo del lector del diario: "Se retira a los policías de las calles para que repasen su gramática. Las empresas que hagan negocios con el Gobierno vasco tienen que dirigir sus negocios en euskera. El próximo año sólo se podrá enseñar en vasco a los estudiantes que entren en la escuela pública". Se producen situaciones contradictorias, como que "A pesar de que hay escasez de doctores en el País Vasco, el servicio vasco de salud obliga al personal médico a hablar euskera".

El diario se ha encontrado con la justificación nacionalista de la imposición por la fuerza del idioma en la profesora de euskera de Rosa Esquivias: "Para tener una sociedad verdaderamente bilingüe necesitas discriminación positiva", declara Mertxe Múgica, mientras recuerda la discriminación contra el vasco en la época de Franco.

Pero esa "Inquisición vasca" podría ser menos eficaz que lo que pretenden los nacionalistas, al menos por lo que se refiere a la extensión del idioma. The Wall Street Journal recaba la opinion de Joseba Arregui, "anterior secretario de cultura, vascohablante de nacimiento, y en su momento arquitecto de la política lingüística". Según sus declaraciones al diario, el vasco "no es bueno para una conversación de todos los días. Cuando una lengua se impone, se utiliza menos y crea un círculo diabólico de imposición y reacción". Se ha forzado demasiado el uso del vasco, según Arregui.

La asociación HazteOir parodia la materia Educación para la Ciudadanía frente al Ministerio de Educación
Uno de los pasajes del guión representado en la calle Alcalá de Madrid ha originado las quejas de la asociación de gays y lesbianas “Arcopoli”
EFE Estrella Digital 6 Noviembre 2007

Madrid
La organización HazteOir.org entregó ayer 25.000 firmas en el Ministerio de Educación y Ciencia contra Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos después de escenificar una pantomima de clase de esta asignatura obligatoria enfrente de la sede ministerial. Uno de los pasajes del guión representando ha originado las quejas de la asociación de gays y lesbianas "Arcopoli", de la Universidad Politécnica de Madrid.

Con el lema "ZP, deja a los niños en PaZ", una veintena de adultos que se cubrían el rostro con fotografías de políticos del PSOE y del PP y del cardenal Antonio Cañizares, entre otros personajes públicos, han atendido a las explicaciones de un supuesto "profesor" que aseguraba ser Gregorio Peces Barba, ex rector de la Universidad Carlos III.

Sentados en pupitres colocados en la calle de Alcalá de Madrid, los "alumnos" han interpretado esta farsa basada, según los organizadores, en el libro de texto de la editorial Octaedro.

Entre otros, han intervenido "Zetapé", en alusión al presidente del Gobierno, "Pepiño" (José Blanco, secretario de organización del PSOE), "Bermejo" (Fernández Bermejo, ministro de Justicia), "Cabrera" (Mercedes Cabrera, ministra de Educación) y "De Castro" (Manuel de Castro, secretario general de la organización de escuelas católicas FERE-CECA).

En esta "simulación irónica", como la han denominado los organizadores, se ha llamado "absentistas" a los que no asisten a clase por ser objetores y se ha arremetido contra el PP o quienes niegan que el aborto sea un derecho.

En un momento, el "profesor" ha pedido a "Cabrera" que se esté quieta y ella ha replicado: "¡Oiga, carcamal, que ya soy mayorcita para saber lo que hago con mi cuerpo! ¡Empiece ya con el tema del sexo a tope y déjese de rollos!"

Un diálogo figurado entre "De Castro" y el "profesor" ha motivado las protestas de tres miembros de Arcopoli, que han decidido presentarse en el lugar al conocer previamente el guión en internet, según han explicado.

Ofendido el sector homosexual
Estos estudiantes han polemizado con los organizadores del acto a propósito de la asignatura y del pasaje siguiente: -De Castro (dirigiéndose al "profesor"): "Verá, intento adaptar a mi ideario todo esto que pone en el libro de que hay familias monógamas y polígamas, de hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mono, lo de que el aborto es un derecho de la mujer, lo de que la Iglesia es un institución represiva..."

El portavoz de Arcopoli, Rubén López, ha indicado que se sentía insultado como gay y ha recordado que son legales en España tanto el matrimonio heterosexual como el homosexual.

El presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, ha opinado que se trata de una asignatura creada para enseñar a los menores "la ideología y la moral de este gobierno", por lo que ha pedido que se retire o sea optativa.

AL IGUALAR SU PARTIDA A LA DE LA ASOCIACIÓN DE MANJÓN
La AVT denuncia que Interior les discrimina en el reparto de subvenciones
La Asociación Víctimas del Terrorismo denunció este lunes el nuevo reparto de subvenciones a los colectivos de víctimas llevado a cabo por el ministerio del Interior. Según dicen, se ha entregado la misma cuantía económica a la asociación que preside Pilar Manjón que a la que preside Francisco José Alcaraz, cuando la AVT tiene "un número de asociados muy superior", "todos sus miembros están reconocidos oficialmente como víctimas del terrorismo" y "es la única asociación declarada de Utilidad Pública".
Libertad Digital 6 Noviembre 2007

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la principal asociación de víctimas considera "absolutamente injusto y discriminatorio" el reparto que ha hecho el Ministerio del Interior de las subvenciones destinadas a estos colectivos.

Según afirma la asociación que preside Francisco José Alcaraz, el director general de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, José Manuel Rodríguez Uribe, ha aprovechado la reciente sentencia de los atentados del 11 de marzo de 2004 para "intentar engañar a las víctimas y a los medios de comunicación diciendo que zanja toda polémica al destinar las mismas cantidades a la Asociación 11 de marzo, Afectados por el Terrorismo (222.001 euros) y a la AVT (220.000 euros)".

La AVT considera que la polémica "no sólo no se zanja" sino que "aumenta" porque, "un año más, el Ministerio dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba sigue sin tener en cuenta, entre otras cosas, los siguientes aspectos:

1º La AVT tiene un número de asociados muy superior, incomparable, al de la Asociación 11 de marzo, Afectados por el Terrorismo. La labor de la AVT tiene una historia de 26 años, en toda España, y aglutina a víctimas de todos los grupos terroristas, no sólo a las del 11-M. Además, todos nuestros asociados están reconocidos oficialmente como víctimas del terrorismo, aspecto que no sucede en otras asociaciones.

2º La AVT es la única asociación declarada de Utilidad Pública. Esto quiere decir que cualquier persona afectada por un atentado terrorista, aunque no sea asociado de la AVT, puede solicitar los servicios que presta la asociación, ampliando nuestro campo de actuación. Los usuarios potenciales de la AVT son las más de 18.000 víctimas reconocidas por el Ministerio del Interior.

3º Respecto a los afectados por la masacre del 11-M, tal y como ha hecho oficial la Fundación de Víctimas del Terrorismo, la labor desarrollada por la AVT es seis veces superior a la llevada a cabo por la Asociación 11 de marzo, Afectados por el Terrorismo".

La asociación que preside Francisco José Alcaraz considera asimismo "llamativo" que las subvenciones destinadas a otras asociaciones "se hayan duplicado o triplicado por mostrarse cercanas a la política antiterrorista del Gobierno". Además, "este mismo hecho ha provocado que en el reparto de 2007 aparezcan asociaciones de reciente creación".

Todos estos aspectos ponen de manifiesto la discriminación intencionada que sigue sufriendo la AVT por parte del Ministerio del Interior y, por este motivo, es necesaria una rectificación en el reparto de estas subvenciones y la dimisión de José Manuel Rodríguez Uribe, sucesor de Gregorio Peces Barba.
 

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