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Recortes de Prensa    Viernes 9 Noviembre   2007

Coacción moral al TC
Editorial ABC 9 Noviembre 2007

EL presidente de la Generalitat catalana, José Montilla, ha dado un paso más en la escalada verbal que, desde hace meses, protagonizan los socios del tripartito para intimidar al Tribunal Constitucional y condicionar la independencia de sus magistrados a la hora de resolver los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán. José Montilla ha incurrido en el dislate de equiparar la estrategia legal del Partido Popular ante el TC con el alzamiento militar de 1936 y la intentona golpista de 1981. El problema es que esta opinión refleja el pensamiento actual de la dirección socialista, convencida de que las instituciones del Estado de Derecho deben ceder siempre ante la voluntad política del Gobierno y del Parlamento, aunque sea contraria a las leyes y a la Constitución. Y, sobre todo, deben no arruinar las leyes «estrella» de la legislatura. Por eso, Montilla no se dirige tanto al PP como a los magistrados del TC, a los que pretende imponer la coacción moral del riesgo de ser tachados de cómplices de esa supuesta estrategia «golpista» de los populares si acabaran aceptando su recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán.

El acoso socialista al TC sube así de tono de manera temeraria porque asimila el legítimo ejercicio de los recursos legales a un ejercicio golpista, de manera que un fallo desfavorable al Estatuto no sería para los socialistas catalanes un acto de protección del orden constitucional, sino una agresión antidemocrática. Ahora que tan sensible se muestra el Gobierno en exigir respeto a las sentencias judiciales, debería exigir lo mismo al presidente de la Generalitat catalana y a sus socios nacionalistas y de extrema izquierda. Pero Montilla, por desgracia, no ha cometido un lapsus, sino que ha consolidado públicamente una estrategia que sitúa la defensa del Estatuto catalán fuera del discurso legal y la adentra en el terreno de la confrontación entre poderes, como si de antemano el TC careciera de legitimidad para revocar, en todo o en parte, un estatuto de autonomía. No es ajena a esta presión sobre el Tribunal Constitucional la inestabilidad interna de la institución, atenazada por un cruce de recusaciones que paraliza su pleno en el recurso sobre la reforma de su ley orgánica y por la discrepancia irremediable, por ahora, entre PP y PSOE sobre su próxima renovación, proceso que en esta ocasión corresponde al Senado y que con toda probabilidad quedará aparcado hasta después de las elecciones generales.

Por si fuera poca cosa la acometida del presidente de la Generalitat, su estrategia comprende, además de la intimidación directa al TC, una amenaza al conjunto del sistema constitucional, pues Montilla añadió a su inaceptable juicio comparativo entre populares y golpistas, la advertencia sobre «el desapego creciente» de Cataluña hacia España. Por lo visto, el Estatuto catalán, que reconoce a Cataluña como nación, que establece un modelo confederal, que pone al Estado y a la Generalitat en pie de igualdad, no parece ser suficiente para que, como decían socialistas y nacionalistas, Cataluña quede insertada en el proyecto español. Por el contrario, ese Estatuto que, según Zapatero, iba a terminar con la «tensión territorial» heredada de Aznar, no sólo no ha servido para este objetivo, sino que ha agravado aún más la situación, pues la amenaza de la desafección catalana viene del máximo responsable de la Generalitat y del socialismo catalán y la realiza cuando más vulnerable es el Estado, en manos de un Gobierno que ha propiciado este proceso de desmantelamiento estatal en Cataluña.

El victimismo, tan propio del nacionalismo, ha calado entre los socialistas catalanes y se ha convertido en el argumento para condicionar la independencia de los magistrados del TC, pero también el funcionamiento del Estado de las autonomías, cuya fractura por el Estatuto catalán aún puede agravarse si, una vez más, los nacionalistas, con el sorprendente y lamentable apoyo del socialismo catalán, no arrancan nuevas concesiones.

ERC y los Reyes en Ceuta y Melilla
Por qué ser nacionalista español
Jorge Vilches Libertad Digital 9 Noviembre 2007

La protesta marroquí ha coincidido, sin sorpresa del respetable, con la crítica del nacionalismo catalán a la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla. Hemos oído expresiones como "colonialismo" y "nacionalismo español rancio" que, ya a estas alturas, y referido a la monarquía alauí y la república carod-roviriana, la verdad, mueven a la risa y precisan una matización.

ERC abandera un nacionalismo que combina el tradicionalismo –la vuelta a una inventada Edad de Oro basada en las "leyes viejas" y en la comunidad uniforme– con el socialismo, cuya conocida discrepancia con la libertad y la democracia exime de cualquier explicación. Su lenguaje recuerda al del padre Alvarado, el famoso Filósofo Rancio que atizó a los liberales de 1812 con su visión excluyente de la nación, el integrismo fanático, la demonización del otro, el victimismo y, cómo no, el postular la hoguera para el adversario –recuérdense las fogatas con las fotos del Rey e incluso con un monigote que lo simbolizaba–.

Ese nacionalismo catalán es excluyente y contrario a la modernidad, ajeno a la manera en que se siente el nacionalismo, o el patriotismo, en los principales países occidentales. ¿Qué diferencia hay, por tanto, con el nacionalismo español de hoy? La española es una nación de ciudadanos, anclada en la libertad en sentido pleno y contemporáneo; es decir, en la soberanía nacional, los derechos individuales y la separación de poderes, aunque con la conciencia de que su desarrollo institucional es mejorable, sin duda.

No hay mitificaciones históricas –como presuponen historiadores del nacionalismo como Gellner o Hobsbawm–, pues somos especialistas en censurar nuestro pasado, aquilatando personas, regímenes y acontecimientos. Tenemos un pasado liberal, de transformación de la nación de vasallos en nación de ciudadanos, plenamente moderno y aceptable, que tuvo lugar en la Guerra de la Independencia, y cuyo cenit fueron la Constitución de 1812 y su Discurso Preliminar. Nación y libertad, en sus acepciones más contemporáneas, están unidas desde entonces, al igual que reconocidos sus avatares históricos y los errores cometidos.

No hay mitos ya en nuestra historia, como tampoco invenciones al estilo de los nacionalismos vasco y catalán y sus sucedáneos. El historiador Anderson colocaba la invención como elemento imprescindible para las nuevas naciones del siglo XX. No es el caso de la española. Con 500 años de historia común –al menos–, con fronteras inalteradas y una proyección internacional histórica, política y cultural importantísima, es innecesaria la invención; para bien y para mal.

El nacionalismo español de hoy concibe a la nación como una comunidad de ciudadanos, una sociedad abierta, no excluyente, en la que no hace falta requisitos lingüísticos o tener los cuatros apellidos propios del terruño. Es una adhesión voluntaria, personal, no condicionada a etnias, lenguas, ideas políticas, planteamientos sociales o religiosos. Tan abierta es que admite en su seno a quien niega su españolidad, y no se le retira por ello sus derechos ni se le obliga, directa o indirectamente, a dejar el país.

No es vergonzoso ser nacionalista español, como postulan cierta izquierda y los separatistas. Es la modernidad y lo propio de Occidente: el sentimiento de pertenencia a una comunidad abierta, que asegura la libertad del individuo, la ciudadanía verdadera.

Por esto es preciso diferenciar el nacionalismo excluyente y arcaizante, del inclusivo y modernizador; distinguir entre el que defiende la comunidad etnolingüística, cerrada y obligatoria, y el que sostiene la comunidad de ciudadanos, abierta y voluntaria. La primera ensimisma, la segunda es práctica y adecuada al contexto político mundial. ¿Quién es el rancio?

PSOE
Dispuestos a reeditar el 13-M
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 9 Noviembre 2007

Todo el mundo debería ver el último vídeo del PSOE contra el PP, donde se confirman algunas sospechas. La principal es que los socialistas se disponen a explotar de nuevo la tragedia del 11-M, cuatro años después de alcanzar el poder valiéndose de recursos éticamente reprobables y esencialmente antidemocráticos:

Primero: la atribución al Gobierno Aznar de la responsabilidad de los atentados, ignominia sin parangón.

Segundo: la solemne y reiterada acusación al Gobierno Aznar de mentir sobre el estado de las investigaciones, calumnia que no soporta el examen de los datos policiales y de inteligencia de aquellos días, la hora de obtención de cada pieza de información y su cotejo con las comparecencias públicas del entonces ministro del Interior.

Tercero: la difusión de falsedades y rumores tales como la inminente declaración de un estado de excepción, la suspensión de las elecciones o el hallazgo de terroristas suicidas (intoxicación a cargo de Z), amparándose en un shock emocional colectivo que se profundizó al extenderse la sombra de la sospecha sobre el Gobierno legítimo.

Cuarto: la masiva campaña de agitación basada en el acoso y amedrentamiento de cuadros, militantes, simpatizantes y votantes del PP en plena jornada de reflexión, y aún en el día de las elecciones en forma de asedios e insultos a líderes populares cuando ejercían su derecho de sufragio, con las consiguientes imágenes desestabilizadoras que mantuvieron viva la atmósfera de tensión hasta el mediodía del 14-M.

El vídeo que acaba de excretar el PSOE demuestra que los socialistas quieren volver a hacerlo, esta vez desde el poder. O, lo que es lo mismo, con el objeto de su acoso en la oposición. La agitación desestabilizadora, la reedición de la infamia, la resucitación de consignas amenazadoras y sangrientas las protagonizan hoy, por tanto, quienes controlan los aparatos del Estado, aunque lo hagan con las siglas y la televisión de su partido.

El ataque se decora en el vídeo con la impresionante figura de la Justicia. Pretenden refutar, con breves fragmentos de una sentencia no firme, ciertas afirmaciones realizadas durante la legislatura por representantes del PP. Pero esas afirmaciones sólo confirman que Rajoy, Aznar, Acebes y Zaplana han hecho lo que estaban obligados a hacer tanto política como moralmente: denunciar las malas artes del adversario, exigir rectitud en las investigaciones y reflejar con suficiencia el estado de preocupación de los amplios segmentos sociales que representan.

Y eso es precisamente lo que tienen que seguir haciendo, toda vez que aún desconocemos la identidad de los inductores del mayor atentado de Europa tras la II Guerra Mundial. Y lo que un PSOE cada vez más nervioso no admite bajo ningún concepto. ¿Por qué?

Juan Carlos Girauta es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

No nos callarán
EDITORIAL Libertad Digital 9 Noviembre 2007

La campaña que los medios de comunicación y opinadores afines al PSOE están llevando a cabo contra los periodistas críticos con el Gobierno se situó el pasado martes por la noche en una nueva sima moral. Durante el programa de TVE 59 segundos José María Calleja, redactor jefe de CNN+ y antiguo defensor de las víctimas del terrorismo, causa trocada recientemente por el apoyo incondicional a la política de acercamiento de Rodríguez Zapatero a ETA, insultó a Isabel San Sebastián, a quien acusó de "defender a la extrema derecha golpista" cuando la periodista expresaba su opinión desfavorable a la actuación del Gobierno en el caso de los españoles presos en Chad.

Ante la cobarde indiferencia del resto de los participantes en el debate, la actitud vergonzosa de la "moderadora" Ana Pastor, quien no dudó en llamar al orden a San Sebastián a pesar de la agresión verbal que ésta estaba sufriendo, y los reiterados improperios de Calleja, que en tono chulesco y amenazador insistía en que la periodista había "engordado a ETA", Isabel San Sebastián no tuvo más remedio que abandonar el estudio. Una decisión perfectamente comprensible, pues si algo quedó claro en el programa es que Calleja y otros no tenían ninguna intención de debatir, sino de injuriar, tanto a la cadena Cope –repetían "la cadena de los obispos" con la misma inteligencia con que un loro imita la voz de su amo– como a San Sebastián.

Zafiedad, calumnia y destrucción personal, estas son las consignas que la izquierda mediática parece haber recibido de alguien y que reproduce de forma cada vez más obsesiva y compulsiva. El nerviosismo de los socialistas ha llevado a la sustitución del debate y la controversia por las acusaciones de golpismo, la petición de cierre de los medios que permiten la difusión de informaciones y opiniones incómodas para Rodríguez Zapatero, e incluso las amenazas contra quienes osan reprobar algún aspecto de la agenda política de la izquierda o de los nacionalistas. Un comportamiento más afín a las prácticas de la Komintern y al estilo de la fenecida prensa falangista que al respeto que cabe esperar en una sociedad democrática.

El discurso mórbido, mendaz y corrosivo de la legión mediática que defiende los intereses del PSOE y sus aliados no hace sino desinformar al público, envenenar la convivencia pacífica entre españoles y amenazar gravemente la libertad de expresión, cuyo ejercicio siempre hemos defendido, tanto para nosotros como para nuestros competidores. No será desde aquí que se pida el cierre de El País o de la cadena SER por la contumacia con que estos medios publican informaciones falsas, o que se tilde a José María Calleja de criminal (otra cosa son las acciones legales que los perjudicados por estas conductas quieran emprender contra ellos). Libertad Digital, fiel a los principios que lo vieron nacer, seguirá denunciando la impostura y los atentados contra la libertad, y al mismo tiempo defenderá, sin falsos corporativismos ni medias tintas, a las víctimas de la violencia desatada por los medios progubernamentales. No podrán callarnos.

Calleja
Salvajismo antipolítico
Agapito Maestre Libertad Digital 9 Noviembre 2007

"Estás engordando a ETA", o sea, estás colaborando a que una banda criminal crezca y se consolide, fue el insulto utilizado por Calleja contra San Sebastián en un programa de TVE. La insultada pidió unas palabras de rectificación a su compañero de profesión. La calumniada buscaba un rasgo de humanidad para seguir construyendo algo en común con su calumniador público, pero Calleja, lejos de liberarse de su errático juicio para comenzar una nueva andadura con su semejante, se ratificó en sus palabras. Persistió en el error. Prefirió vivir en el ocaso de nuestra cultura. Porfió por la decadencia. No querer enmendarse, o sea, renunciar a crear algo nuevo, tiene que ser algo terrible.

Aunque quizá visto desde las actuales circunstancias políticas originadas por el socialismo de Zapatero, ese no querer enmendarse quizá no sea vivido de forma dramática sino heroica. Sospecho que Calleja y muchos otros de su parecer se creen héroes; más aún, miran con superioridad "moral" a quienes no comparten sus brutales palabras, que son más propias de sociedades en decadencia que de una democracia joven y en crecimiento. En efecto, la barbarie, el salvajismo y la rusticidad no son comportamientos previos a la civilización, la cultura y la cortesía política. Son, más bien, los restos, los cascotes, de una cultura democrática que se derrumba por todas partes. Zapatero y los separatistas han entrado a saco en este barrio en ruinas. Son los amos y persiguen a todo aquel que pretenda reconstruir una sola calle, cualquier espacio común, que pudiera servir para detener o rescatar algo de esa urbanización en ruina.

Las palabras inciviles de Calleja, un periodista adicto al régimen de Zapatero, contra Isabel San Sebastián, una periodista que vive escoltada por las amenazas de ETA, sólo pueden ser leídas en este contexto de decadencia de la democracia. El ocaso del sistema democrático nos está conduciendo directamente a la barbarie, el salvajismo y la rusticidad. Lo grotesco se impone a lo cortés y lo agraz a lo educado. La forma torticera de ejercer el poder Zapatero, siempre en colaboración con los separatistas y lo más sombrío y secreto de nuestra sociedad, está terminando con el régimen de libertades y, sobre todo, con las formas civilizadas de construir bienes en común que nos dimos los españoles en la Transición en general, y en la Constitución en particular.

La conducta del periodista Calleja, por desgracia, no es una singularidad de su personalidad, una brutalidad más o menos pasajera, sino que refleja sólo una forma de ejercer el periodismo sin reparar en todo lo que tenemos en común quienes participamos en la esfera pública de discusión para creas "bienes" políticos. Malo, pues, es mantener una exageración, una burrada, pero es peor, muchísimo peor, no rectificar, no decir lo siento, por creerse en posesión de una "verdad" que no es sino una expresión de la brutalidad impuesta por el socialismo de Zapatero.

Horizonte pesimista
Pablo Sebastián Estrella Digital 9 Noviembre 2007

Tres cuestiones aparecen en el horizonte español y serán prioritarias en el Gobierno que salga de las elecciones generales del 2008: la crispación política y mediática, la incipiente crisis económica y la cohesión nacional. La primera de ellas es la que hoy ocupa el centro del debate político y está en la bronca o crispación que impide cualquier pacto o consenso político nacional entre el PSOE y el PP. Y que tiene su origen en las tensiones que surgieron y dividieron al país en la pasada legislatura con motivo de la guerra de Iraq y de la pésima gestión, por el Gobierno de Aznar, de la crisis de los atentados del 11M, lo que provocó un vuelco electoral a favor del PSOE que el PP todavía no ha reconocido como legítimo y democrático, tal y como se desprende de sus invectivas sobre la masacre del 11M en Madrid y de la famosa teoría de la conspiración.

A lo largo de esta legislatura otras cuestiones han aumentado la bronca y la brecha entre populares y socialistas: la fallida negociación con ETA, el Estatuto catalán, la lucha por el control del poder judicial y el debate sobre la memoria histórica. Cuestiones todas ellas que, a su vez, inciden en otro de los temas que sobrevuelan por el inmediato horizonte español, como es el de la cohesión nacional. Porque ya está claro que el mayor error político de Zapatero, en la legislatura que se acaba, fue el de unir la reforma de los Estatutos vasco y catalán al proceso de negociación con ETA, dándole a la banda terrorista la oportunidad de pedir un precio político a cambio del fin de su violencia. La jugada inicial de Zapatero, su gran error, fue permitir un Estatuto soberanista para Cataluña —pendiente del Tribunal Constitucional— para mostrar a ETA su vocación confederal y facilitar la negociación. Pero todo se complicó y, una vez abiertas las puertas de la soberanía, vascos y catalanes piden cada vez más —ahí está el desafío de Ibarretxe—, de la misma manera que exigen más inversiones, el permanente llanto catalán con el que pretenden culpar al Ejecutivo español de la caótica gestión de su Gobierno. Y, para colmo, con el añadido amenazante de que si no hay más dinero habrá más bronca y ruptura política y social con España, que es lo que ha transmitido el primer responsable (o irresponsable) de la patronal catalana, y el presidente catalán de la Generalitat, a título de amenaza tan intolerable como indecente.

El tercer capítulo es el de la crisis económica que anuncia la inminente caída del crecimiento para el próximo año, mientras sube el paro y el IPC, y mientras se anuncian consecuencias financieras importantes —que en España ya afectan al sector de la construcción e inmobiliario— que vienen del exterior, y nuevos costes para la industria por causa de la subida del petróleo, lo que parece confirmar el principio del fin del ciclo de bonanza económica de los últimos diez años.

Y si unimos estos tres factores de crispación, problemas de cohesión en el campo territorial español e incertidumbre económica, veremos que estamos ante un tiempo difícil en el que la estabilidad política y la necesidad de un Gobierno fuerte —como una gran coalición PSOE-PP— se presenta como una cuestión decisiva y difícil de imaginar en las actuales circunstancias de casi empate electoral entre el PP y el PSOE, y con la llave de la gobernabilidad en poder de los nacionalistas. No son éstos tiempos, pues, propicios para el optimismo, lo que obliga a los gobernantes y dirigentes políticos a buscar puntos de encuentro que, a corto plazo, serán imposibles hasta que no se acabe el largo e incierto periodo electoral.

Izquierda liberal
¡A la hoguera con Savater y Carreras!
Antonio Robles Libertad Digital 9 Noviembre 2007

Los linchamientos morales perduran persistentes en el tiempo. En las últimas semanas hemos asistido a la más clásica y burda simplificación interesada de las palabras de dos intelectuales: Fernando Savater y Francesc de Carreras, uno fundador de Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía (C’s) y otro, fundador de Unión, Progreso y Democracia (UPyD). Sus presuntos pecados han sido el haber cedido en un debate televisivo a la tentación de un referendo consultivo, caso de Francesc de Carreras y, Fernando Savater por haber soltado en una mesa redonda la frase: "España me la sopla".

He leído y escuchado de todo sobre este asunto, y casi nada de lo leído era sensato, a excepción de sendos artículos de los autores defendiéndose de los ataques.

Por causas que no vienen al caso, nunca antes estuvo tan lejos la política de la filosofía. Desde los griegos, la filosofía busca apasionada e inagotablemente la verdad. Nada, absolutamente nada, ni el interés, ni el cálculo interesado, ni los prejuicios y creencias le apartan de su tendencia insobornable por la verdad. En el extremo opuesto, la desprecian políticos sin escrúpulos ayudados por la prensa afín. El fin de estos no es la verdad, sino la cadena de intereses y peldaños que ensartan y les llevan al control de los demás. Y, sin embargo, jurarían que su existencia está al servicio del bien, del juego limpio, de la democracia, de la transparencia y de las personas. Una forma de decir que están al servicio del pueblo; es decir, la forma pública de mentir. Nunca antes estuvieron tan alejadas la filosofía y la política: ya no se discuten ideas, se alistan rebaños para aniquilar con votos previstos la posición discrepante. Es la cordada del forofo: no es necesario pensar ni discernir nada, basta con arremolinarse alrededor del grupo y arremeter al unísono. Es aplicable a las propuestas parlamentarias, a los debates mediáticos, a las guerras internas de los partidos o a los partidos entre sí. Una verdadera derrota del pensamiento y, por ende, de la democracia misma.

El linchamiento de Francesc de Carreras y de Fernando Savater está adobado con ese corrosivo proceder político y periodístico. Un comentario y una frase; es decir, dos titulares sin contexto ni argumentos, casi sin voluntad de completarlo con la información que todo titular necesariamente ha de tener, han bastado. Y, de fondo, la búsqueda interesada de su ruina o de las formaciones políticas de las que han sido fundadores.

No importa que Francesc de Carreras haya explicado durante años en artículos y conferencias, o se haya comprometido pública y políticamente con la defensa de la legalidad constitucional que impide a las comunidades autónomas hacer referendos de autodeterminación; basta con una frase en un debate televisivo más o menos desafortunada para que le atribuyan otra de sentido muy distinto que nunca llegó a pronunciar. Conozco a Carreras, pero sobre todo conozco lo pesados que son los nacionalistas. La tentación de mandarlos a paseo o de soltarles: "para ti la perra gorda" cada vez que caen sobre uno con toda su aburrida pesadez, es humana y más en discusiones bizantinas sin más trascendencia que una más de las infinitas broncas mediáticas a que nos tienen acostumbrados.

Nunca llegó a defender, ni apoyar la celebración de referendos de autodeterminación o soberanistas, ni afirmó que la Constitución del Canadá establezca los referendos consultivos. Muy al contrario, dejó claro que el sistema constitucional español no permite el referendo de autodeterminación. Y lo que soltó –seguramente harto de tanto pesado nacionalista–, es la posibilidad de un "referendo consultivo que pueda tener en cuenta el Estado". Google nos permite ir a la fuente. http://www.criterio.es/2007/10/francesc-de-carreras-para-este.html. Seguramente no debería haber caído en la provocación, pero es un intelectual, no un político acostumbrado a decir lo que el votante quiere escuchar. Para un intelectual no rigen esas reglas, para un intelectual, la regla es la complejidad del mundo y su comprensión. O sea, está más cerca de la filosofía que de la política.

Es la mala fe o la pereza intelectual de quien pretende cargar tintas o buscar daño por no ser el personaje santo de su devoción los que reducen el comentario a un titular, sometiendo la complejidad de su pensamiento a un slogan. Si repararan dos segundos y le preguntaran por el asunto cerveza en mano o mesa de conferencias por medio, seguramente les explicaría la imposibilidad de celebrar referendo alguno en el marco de la Constitución española actual; que el sujeto jurídico de ese derecho es todo el pueblo español y que no hay otra forma de llegar a tal referendo que la modificación de la Constitución a través de los mecanismos democráticos que ella misma contempla. Y si todo eso ocurriese y le picáis un poco más, lo mismo os escenificaba el laberinto estúpido donde nos meteríamos sin saber qué porcentaje debería ser suficiente para fundar derecho y obligación, qué abstención sería soportable para dar validez a tal referendo o por qué habría de celebrarse cada 20 años en vez de cada 120 en caso de salir negativo.

Pero como al perro flaco todo son pulgas, arrastra desde hace tiempo la leyenda de que en realidad esa concesión sólo es la evidencia de que no cree en Ciudadanos como partido nacional, sino como instrumento circunstancial para obligar al PSC a rectificar su deriva nacionalista. Méritos ha hecho en el pasado para dar credibilidad a esta hipótesis, pero aún así Ciudadanos es un partido donde él no es más que un militante; influyente, pero sólo un militante. Y en último extremo, si así fuera, tal idea era tan legítima como cualquier otra. Y les aseguro que en Ciudadanos escaso apoyo tendría, pues tenemos claro que el sujeto jurídico es todo el pueblo español y nadie, incluidos los lehendakaris broncas de turno, están por encima de la ley, sino sujetos a ella.

El caso de Fernando Savater, si acaso, es más claro. Quién conozca su obra, sobra todo comentario. Como defensor incansable de la Ilustración, entiende a cualquier Estado que sea digno de tal nombre, como un Estado democrático formado por ciudadanos libres y no por vasallos o súbditos. Él mismo dice: "Quienes defendemos la unidad del país y la igualdad de todos dentro de él –leyes iguales para todos y todos iguales ante la ley– lo hacemos porque sin unidad e igualdad no puede haber garantía democrática de nuestras libertades". España no se la sopla, si a ese Estado se refiere; al contrario, la vive desapasionadamente, como se deben vivir los espacios donde transcurren nuestras vidas, como el espacio donde se ha dado y se da su única patria posible: la infancia. Lo que se la sopla es ese concepto nacionalista basado en sentimientos atávicos, a menudo esgrimidos por ciudadanos de buena fe que han hecho de la patria un estremecimiento platónico de existencia natural y eterna que nadie puede cuestionar, pero a menudo también por patriotas descerebrados que toman a la patria como una extensión del útero materno cuyo cuestionamiento es motivo de pelea. Inútil hacer comprender a un nacionalista que lo es de manera circunstancial y por azar. Podría haber nacido en el país vecino y ser tan cerril en su defensa como en el desprecio que hoy le profesa por haber tenido la ocurrencia de haber nacido en el de enfrente.

Pero ¿qué importan estas sutilezas para quién está dispuesto a aprovechar la ocasión que le brinda el titular y arremeter contra el viejo enemigo intelectual o el nuevo adversario político?

No se le puede exigir a Savater que se coma las palabras; vive de recrearlas y multiplicarlas, de imaginar ideas y enlazarlas en abigarrados racimos llenos de sutiles pensamientos. Su actividad no es la publicidad, sino la filosofía, o sea, esa cosa que sirve para darse cuenta que no sabes nada de casi todo.

Ya quisiera yo que hubiera en España cien mil españoles como estos, en lugar de los cien mil hijos de San Luis amedrentando al personal desde las periferias nacionalistas.
antoniorobles1789@hotmail.com

Ceuta y Melilla: el entreguismo de los socialistas
MIKEL AZURMENDI Profesor y escritor ABC 9 Noviembre 2007

LOS socialistas dan por sentado que, a resultas de la presencia colonial española en el Magreb, los españoles hemos contraído con los marroquíes una «deuda moral» que habrá de saldarse con la entrega de Ceuta y Melilla. Así lo plasmó su pensador en esta cuestión, Máximo Cajal, en el libro Ceuta, Melilla, Olivenza y Gibraltar. ¿Dónde acaba España?

Sin embargo ni Ceuta ni Melilla están más comprometidas que el resto de las tierras de España con aquella desventura colonial. Y, si acaso, menos que algunas otras que se beneficiaron directamente de la industria de armamento, de pertrechos de guerra y de bienes de consumo para la tropa, por ejemplo Cataluña. Dejando de lado el cuestionable hecho de que Ceuta y Melilla eran España en tiempos tan pretéritos como Cataluña o Andalucía, ¿cómo se salda la deuda moral?, ¿con la cesión a un Estado teocrático y absolutista de ciudadanos libres y de ciudades con instituciones de derecho y control cívico? Y ¿por qué entregar a Marruecos la ciudadanía de Ceuta y no la de Sabadell o Córdoba por ejemplo, o no entregar a los sucesores directos de quienes se beneficiaron directamente en aquella empresa colonial? Son absurdos interrogantes que muestran el absurdo del argumento seudo moral de la concepción entreguista.

Esta concepción se caracteriza justamente por no tener moral pues a un hecho de responsabilidad humana fundada en los valores morales le busca su asidero en la geografía y la geopolítica. Según el argumento de Máximo Cajal, la geografía estaría marcándonos en Ceuta y Melilla un territorio africano, no continental europeo; y, además, la política de acercamiento a Marruecos exigiría de España este gesto de buen vecindario con la entrega de esos territorios que Marruecos considera suyos.

El absurdo de pagar de ese modo a Marruecos nuestra supuesta deuda moral tiene un célebre precedente histórico, realmente inmoral. Se trata de la deuda histórica de los nazis y la gente de otros países que colaboró con ellos a lo largo y ancho de Europa persiguiendo y exterminando a los judíos. Esos países europeos, encabezados por la Unión Soviética, en un falso acto de contrición saldaron su mala conciencia otorgándoles a los judíos un territorio que no les pertenecía ni a los europeos ni a los judíos. Para ello exterraron a los habitantes de la región Palestina. El Estado de Israel, hoy un hecho incuestionable y único Estado de derecho en Oriente Medio, arranca precisamente de una pésima comprensión de la deuda moral europea para con los judíos. Entender bien su deuda moral hubiese implicado, primero y ante todo, la manifestación pública por parte de todos los Estados europeos de sus nefastas prácticas de xenofobia, racismo, progromos y persecución a los judíos. Cosa que no efectuaron por cierto, salvo el Vaticano. Además, hubiera exigido una integración pública de los judíos en la Razón misma de los Estados de derecho, abriéndoles de par en par y sin remilgos jurídico-políticos ni culturales todas las puertas de los Estados europeos. Todo ello sin aceptar las premisas territoriales del nacionalismo étnico de los sionistas como salida a un problema moral. Y a causa de error tan monumental en ajustar la relación entre la responsabilidad moral y los deberes políticos de los Estados de derecho es como ha surgido la gravísima afrenta a los habitantes de Palestina. Éstos, a su vez, han derivado en gravísimos errores políticos y en una flagrante carencia de moral.

Preguntémonos también si en caso de que entregásemos Ceuta y Melilla a Marruecos, por qué no iban a tener los ceutíes y melillenses el derecho a defenderse de tan salvaje ajuste de cuentas morales. ¿Por qué no iban a rebelarse y plantear una lucha de resistencia y liberación contra el Marruecos islámico que prohibe taxativamente el proselitismo de otras religiones que el islam? ¿No iba a haber acaso ciudadanos españoles para sostenerlos? Muchas más absurdas preguntas podrían seguir sucediéndose de tan absurdo planteamiento que se autoerige en «moral» y que no conduce sino a otro caos pospalestino.
Existe al menos otro par de rasgos erróneos en este planteamiento entreguista de apariencia moral. Uno atañe a la evaluación de la geografía misma, pues abona la creencia de que los Estados son compartimentos intra-continentales, algo así como un continuum sin solución espacial; así, África sería un territorio de los africanos (ojalá fuera así y los africanos, es decir, todos ellos, pudieran afirmarse como sujetos de derechos y obligaciones en sus respectivos territorios y no como unos pertenecidos a y sometidos por la casta de los respectivos gobernantes de turno). ¿Bajo qué axioma de legitimidad geográfica un mar dividiría a la ciudadanía o a un país? Si fuese así, Groenlandia no estaría más autorizada a pertenecer a Dinamarca que a Canadá, ni una parte de la Melanesia tendría por qué ser de Indonesia, ni ciertas islas antillesas y del Índico por qué pertenecer a Francia y no a Venezuela, Méjico o Madagascar. ¿Por qué luchó Mandela contra el apartheid en África del Sur, un Estado de raíz colonial que había fragmentado y dividido pueblos africanos, y no luchó por la expulsión de los blancos a sus tierras de origen? Porque la realidad del Estado de la Unión Surafricana era un hecho, ciertamente no más que Ceuta y Melilla son parte del Estado español. Además ¿por qué la geografía repercutiría únicamente en Ceuta y Melilla y no en Canarias, como están deseando los marroquíes? ¿Por qué Turquía se adentra en la península asiática de Anatolia traspasando un mar con un Estrecho como el de Gibraltar?

Otro rasgo atañe a la evaluación de la política entre vecinos pues supone que la mala vecindad entre Marruecos y España se debe al hecho de Ceuta y Melilla. Marruecos, constituido en 1956 en tanto que Estado, se forjó sobre las pretensiones nacionalistas del Istiqlal que reivindican también las Canarias así como el Sahara y extensas partes de la actual Argelia y Mauritania. No son hechos fortuitos que Marruecos tenga muy mala vecindad con Argelia y no precisamente buena con Mauritania. El tercer vecino somos nosotros y no existe razón alguna para suponer que la cesión territorial de Ceuta, Melilla (¿y Canarias?), amén de nuestro alineamiento favorable a sus tesis en el Sahara, nos granjearían eo ipso la buena vecindad con Marruecos. Es pura ingenuidad pensar que las razones de cierta mala vecindad sean unilaterales y conciernan exclusivamente a la islamofobia de los españoles, esa tesis incuestionable de los socialistas por la alianza de las civilizaciones.

Como ya conocemos bien por nuestra propia enfermedad en casa, el nacionalismo a la contra se alimenta siempre de victimismo y cada vez exige más y más concesiones como signo de buena voluntad al diálogo con él. El nacionalismo de Marruecos ha exacerbado hasta el paroxismo esa vertiente moderna etnicista no dudando en ubicar todo su quehacer en la recuperación de territorios supuestamente suyos. Es lo único que une a islamistas, socialistas y nacionalistas marroquíes.
La colonización del Magreb, de la que nosotros no habremos de jactarnos demasiado, solamente en nosotros ha generado mala conciencia. ¿Por qué no la ha generado también en los magrebíes? ¿Por qué no han visto en ella una ocasión por ellos perdida para encaminar un futuro de progreso material y moral?

El nacionalismo gallego (I)
José Barros Guede La Opinión 9 Noviembre 2007

El nacionalismo gallego es un movimiento político que considera y siente a Galicia como a una nación diferente a las demás nacionalidades y regiones del Estado español en base a sus características étnicas, territoriales, lingüísticas, costumbres y formas propias de ser, vivir y hacer de sus nativos en orden a su autogobierno.

Hunde sus raíces en los personajes ilustrados del siglo de las luces, XVIII, llamados Martín Sarmiento, el cura de Fruime, Cornide, Zernadas, Pascasio Seguín y Francisco Somoza de Monsoriú, preocupados por la grave situación de la economía, cultura y lengua gallega en la que se encontraba Galicia.

Aflora a la vida pública prenacionalista con el galleguismo liberal progresista, llamado "provincianismo". Posteriormente, resurge con la poesía, literatura e historia gallegas y con el regionalismo galleguista; y se manifiesta abiertamente en el federalismo republicano gallego y en las Irmandades dos Amigos da Fala.

El provincianismo, integrado por un grupo galleguista liberal progresista de jóvenes universitarios liderado por Antolín Faraldo, entre los años 1840 a 1846 en Santiago de Compostela, considera a Galicia como una provincia diferenciada del resto de las demás, en base a su territorio, historia, lengua, cultura y arte. Dentro este grupo, se encuentran, entre otros, Neira Mosquera, Romero Ortiz y Pío Terrazo, quienes desarrollan una actividad divulgadora de los problemas económicos y políticos de Galicia en tertulias, liceos, academias y especialmente en la prensa.

En 1846, Antolín Faraldo escribía en el periódico, El Porvenir, "Galicia con una tierra eminentemente feraz y productiva, con sus excelentes puertos que adornan su extensa y rica costa, con sus abundantes ríos, con más de treinta valles apacibles, con su organización especial de propiedad, con sus dos millones de habitantes y con los fecundos sentimientos que los caracterizan, puede convertirse en la más ilustrada, la más rica y la más poderosa entre todas las provincias de España".

Antolín Faraldo se une al pronunciamiento liberal progresista del comandante Solís, del 2 de abril de 1846, y junto con Pío Terrazo forma parte de la Junta Superior de Gobierno de Galicia. Derrotadas estas fuerzas militares liberales progresistas, en Cacheiras, por las liberales moderadas del general Narváez, entonces, presidente del Gobierno de España, el comandante Solís y su plana mayor de mando son ejecutados en Carral, el 26 de abril de dicho año, siendo considerados mártires por sus partidarios. Fracasada la política liberal progresista, Antolín Faraldo y sus compañeros se exilian en Portugal.

Por estas fechas, la Revolución francesa de 1848, impulsada por la burguesía, da lugar en Europa al nacionalismo y al romanticismo europeo que reunifica a la nación alemana e italiana; y promueve los nacionalismos catalán vasco y gallego en España.

La poesía y literatura gallega de Rosalía de Castro, Eduardo Pondal, Manuel Curros Enríquez, Lamas Carvajal, Alberto García Ferreiro, García Mosquera y otros, junto con la primera Gramática de la Lengua Gallega de Antonio Saco y Arce, el estudio lingüístico, titulado, El idioma gallego, su antigüedad y vida, en tres tomos, de Antonio de la Iglesia, la primera Historia de Galicia (1865-1873), en siete tomos, de Benito Vicetto, y la Historia de Galicia, iniciada en 1865, de Manuel Martínez Murguía resucitan y promueven la conciencia nacional gallega iniciada por el provincianismo liberal progresista.

El nacionalismo y romanticismo europeo, el resurgimiento poético y literario romántico e historiográfico galleguista y el federalismo republicano gallego preparan el camino al regionalismo, importado de Cataluña, que va desde 1880 hasta las Irmandades dos Amigos da Fala de 1916.

Manuel Martínez Murguía lo promueve con su obra literaria, Los Precursores, donde exalta y magnifica a los personajes célebres del provincianismo galleguista y del resurgimiento gallego, recordando a Antolín Faraldo, Félix Moreno Astral, Lorenzo Sánchez Deus, Eduardo Pondal, Antonio Cendón, Rosalía de Castro, Serafín Avendaño y Benito Vicetto por su contribución a la identidad gallega.

En su Historia de Galicia pone las bases del regionalismo gallego, demostrando que Galicia es un pueblo y una comunidad nacional perfectamente diferenciada de otros pueblos y comunidades vecinas españolas por su raza celta, lengua, carácter, costumbres y territorio con grandes dimensiones costeras y con muchas aldeas dispersas por su geografía que conforman las instituciones sociales gallegas, comarca, municipio y parroquia.

Dentro de este conjunto de características propias y diferenciadas gallegas, Manuel M. Murguía pone a la raza celta como la característica principal de la nacionalidad étnica gallega y a la lengua como su alma; que juntas crean el carácter y el amor de sus nativos a la tierra, a sus difuntos, al lirismo, a la reserva, a la prudencia, al valor, al humor y a la religiosidad.

Por todo ello, manifiesta, Galicia debe tener un poder político propio, sin separarse del Estado español.

El Benelux y el problema belga
Daniel Reboredo El Correo 9 Noviembre 2007

La globalización en la que nos encontramos inmersos los ciudadanos del mundo cuestiona un presupuesto fundamental de la primera modernidad, la idea de que el perfil de la sociedad tiende a coincidir con el del Estado nacional. El modelo organizado sobre la base de la identidad cultural y el Estado aparece claramente cuestionado por el modelo globalizador. Pero, por otra parte, en unos tiempos en los que las visiones universalistas de la existencia humana preveían una fusión entre individualidad y globalidad, la especificidad grupal ha recobrado de nuevo su protagonismo societario. El resurgimiento de las identidades étnico-territoriales ha ido a la par del cuestionamiento del modelo centralista del Estado unitario y de ahí que la descentralización, la federalización y la subsidiariedad hayan pretendido acomodarse a esta realidad. Aunque asistimos a un creciente apego a los niveles de desarrollo institucional e integración cívica supranacional, también contemplamos un proceso paralelo de fortalecimiento de las identidades étnico-territoriales. En el mundo contemporáneo, los mitos étnicos y las pertenencias grupales siguen conformando el sustrato de buena parte de los anhelos y expectativas ciudadanas. En la propia UE se están reforzando estas identidades y la implantación del principio de subsidiariedad (Tratado de Maastricht, 1992) tiene mucho que ver con ello.

Las reflexiones anteriores tienen mucho que ver con lo que supuso la creación del Benelux hace 60 años -29 de octubre de 1947-, y la paradigmática contradicción que respecto a ésta refleja la actual situación de Bélgica y sus conatos desintegradores. Varios meses después de las elecciones de 10 de junio de este año en las que vencieron los partidos conservadores flamencos favorables a aumentar la descentralización, Bélgica carece de gobierno, debido a la incapacidad de unos y otros para llegar a un acuerdo de coalición que necesitaría a cuatro partidos del espectro político belga, probablemente el francófono y liberal Movimiento Reformador, el Partido Liberal Flamenco y el Centro Demócrata Humanista de Valonia, que se sumarían a la ganadora Alianza Nueva Flamenca. Esta situación no es nada sorprendente ya que flamencos y francófonos (valones) son dos grupos que viven existencias paralelas y a los que separan fronteras más sólidas de lo que a primera vista parece. La unidad belga está seriamente amenazada tal y como avala la sucesión de mediadores nombrados por Alberto II (Didier Reynders, Jean Luc Dehaene, Yves Leterme y Herman van Rompuy) para conseguir formar un gobierno estable. Las crecientes demandas independentistas de Flandes y las reformas constitucionales que implican hacen muy difícil llegar a un punto de encuentro. Nadie sabe aún si forma parte del ejecutivo o de la oposición, no hay primer ministro, no existe ninguna alianza, el vacío de gobierno es absoluto y aún y todo el país no se desmorona.

Durante el último cuarto de siglo, los belgas han incrementado la velocidad de su proyecto común en pos de la eliminación de los elementos comunes, acelerado cuando en 1970 el choque parecía inevitable y que se evitó separando culturalmente ambas comunidades lingüísticas en vez de apostar por el bilingüismo y proclamando diez años más tarde un Estado federal que más parecía una separación amistosa. Esta situación ha generado un imaginario en el que no existen ni los partidos políticos belgas, ni la televisión pública belga, ni prensa con las mismas noticias en los dos idiomas. La posibilidad de que una comunidad influya sobre la otra es una quimera, ya que se ignoran sin ningún disimulo. El complejo e intrincadísimo sistema político de regiones y comunidades lingüísticas superpuestas, de innumerables instituciones y parlamentos, de un bicameralismo igualitario formado por un Senado y la Cámara de Representantes, de proporcionalidad territorial regional y multipartidismo, de la omnipresente cultura del pacto, etétera, equilibra lo justo el sistema para que la estructura no se venga abajo. Si esto ocurriera, Flandes sería un país independiente y los valones francófonos pedirían su anexión a Francia o la unión a Luxemburgo.

La paradoja de esta situación se manifiesta cuando recordamos la creación y los fines del Benelux, acrónimo formado por las primeras letras de los nombres de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo y utilizado para referirse a la Unión Económica del Benelux. Lazos históricos e interdependencia económica generaron esta realidad cuyo principal referente histórico fue el Reino de los Países Bajos, del cual Bélgica, en 1830, y Luxemburgo, en 1890, se independizaron, surgiendo la necesidad de una unión económica entre los nuevos pequeños Estados. El 25 de julio de 1921 se firmó el tratado que creaba la Unión económica entre Bélgica y Luxemburgo, mediante la cual se eliminaban las barreras económicas, y que fue el precedente del Benelux, adhiriéndose a la misma Holanda en 1943. El 5 de septiembre de 1944, se firmó el Tratado de Londres, ciudad en la que se encontraban exiliados los tres gobiernos, cuya entrada en vigor se fijó para el 1 de enero de 1948. Previamente, el 29 de octubre de 1947, se llevó a cabo la Unión Aduanera. El 17 de marzo de 1948 el Benelux, Francia y Reino Unido firmaron el Tratado de Bruselas, cuyo espíritu se basaba en que la colaboración militar contribuiría al proceso de integración europea. Como la neutralidad de las dos guerras mundiales no había servido para nada a los miembros del Benelux, éstos firmaron el Tratado del Atlántico Norte el 4 de abril de 1949, junto con Francia, Reino Unido, Dinamarca, Islandia, Italia, Noruega, Portugal, Canadá y EE UU, y un mes más tarde, el 5 de mayo, firmaron también el Tratado de Londres que creó el Consejo de Europa. Con la adhesión y firma de los Tratados de la CECA (1951) y de la CEE (1957), el Benelux perdió en cierta forma su razón de ser y en 1960 la Unión Aduanera fue remplazada por la Unión Económica del Benelux, instituida por el Tratado de 3 de febrero de 1958.

Después de este recordatorio histórico, se entiende claramente que el Benelux fue el primer intento de integración supranacional de países europeos, iniciándose el camino en el proceso de integración de los mismos. Los múltiples frentes en que se vive la disputa de soberanía en el Estado federal belga, se están manifestando en un país miembro de la UE y las diferencias lingüísticas han dejado ya paso a las identidades culturales dispares y afines a los países de alrededor. Bélgica ha quedado así dividida entre el frente flamenco, el frente valón y Bruselas. El bloqueo y las posibilidades de colapso que amenazan a uno de los países fundadores de la Europa comunitaria conforman un fenómeno preocupante para el resto de miembros, aunque su posible fragmentación se ve frenada tanto por su pertenencia a la UE como por la demostrada capacidad de sus políticos para llegar a acuerdos inverosímiles y complicadísimos que han conseguido mantener el equilibrio hasta ahora. Lo que ocurre en Bélgica es parte de la revitalización del debate relativo a las identidades colectivas y los derechos individuales de las últimas décadas, y de las dificultades que existen en la acomodación de las identidades étnico-territoriales y sociedades diferenciadas en el seno de los Estados plurales. De ahí la complejidad de la articulación de la vida política, económica, social y ciudadana en proyectos territoriales supranacionales como la UE, en los que las identidades y la territorialidad exigen minuciosa reglamentación.

El proceso de europeización reclama y necesita la confluencia de recursos y rendimientos de unos Estados miembros que, aun compartiendo desarrollos históricos análogos y asumiendo valores de democracia y derechos humanos de naturaleza igualitaria, tienen que superar protagonismos y rivalidades nacionales seculares. La Europa comunitaria, y todos sus miembros sin excepción, deben salvar el escollo de los nacionalismos disgregadores e ir más allá de las viejas servidumbres del Estado nacional que hoy debe adaptarse al nuevo orden global, y, por su parte, los abundantes nacionalismos identitarios de la vieja Europa tienen también que ver más allá de la revisión de la soberanía estatal en pos de una democracia cosmopolita. La vieja aspiración de implantar a escala global la democracia y los derechos humanos sólo puede avanzar si la comunidad internacional evoluciona hacia una soberanía compartida donde los derechos de los ciudadanos predominen por fin sobre el de los Estados y sobre la mitología de las identidades destructivas.

FERNÁNDEZ DE SANTIAGO
"La gente unida tiene que parar los pies a los independentistas"
Graciano Palomo elsemanaldigital 9 Noviembre 2007

Abulense de pro, castellano hasta los tuétanos, hombre liberal y dialogante pudo ser presidente de Castilla y León. Pero en política también hay gente generosa.

9 de noviembre de 2007. Hoy desde la Presidencia de las Cortes de Castilla y León analiza el complicado panorama español, ese que incluso los españoles no queremos reconocer. La voz de Castilla y León también parece tener sordina.

Parece evidente que tras treinta años de Constitución, se intenta romper con los valores que consagra la Carta Magna. ¿Cómo se contempla este agrio debate desde la Presidencia de las Cortes de la que es quizá la más histórica tierra que conformo España?
Con tranquilidad y preocupación en lo esencial, por lo agrio del debate. La Constitución Española ha procurado el periodo más largo de concordia y progreso que los españoles hemos tenido en los últimos doscientos años. Resolvió la división entre Iglesia y Estado; implantó la Monarquía parlamentaria como forma de Gobierno; procuró el desarrollo de todas las libertades y dio respuesta a los problemas históricos de distribución de poder entre los territorios. La idea de que de modo insensato e irresponsable, por una presión inaceptable de los nacionalismos más radicales, se puedan poner en peligro hoy los grandes consensos constitucionales, está afectando ya a la estabilidad de nuestro país y exige, a mi juicio, la adopción de medidas que impidan que el sólo voto de minorías radicales, de carácter nacionalista, no pueda romper la estabilidad conquistada con el voto de la mayoría.

Usted ha conocido de primera mano a muchos padres de la Constitución, ¿cree que el espíritu del llamado "Estado Autonómico" esta el claro desmadre que lo inunda todo?
La formulación del llamado Estado Autonómico surge como una forma novedosa de distribuir el poder entre los distintos territorios que conforman el Estado Español, dotándoles de una amplia autonomía política dentro del marco competencial establecido en la Constitución.

Pero el Estado Autonómico se fundamenta en tres premisas esenciales, autonomía, unidad y solidaridad, y estos tres principios han de ser salvaguardados por igual, ya que de lo contrario, el sistema no funciona. En definitiva, creo que las Autonomías se instauraron para procurar el autogobierno y una mayor eficacia en la actuación de los poderes públicos, es verdad, pero también para garantizar la solidaridad.

El principio de solidaridad constituye el complemento constitucional más esencial de la Autonomía ya que asegura que las diferencias que en el ejercicio de la Autonomía se generan entre las Comunidades, no se traducirá nunca en desigualdad, ni privilegios, y que las diferencias entre los estatutos que ahora se están reformando no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos y sociales entre los territorios. El Estado, en virtud de este principio, deberá fomentar los comportamientos solidarios combatiendo los que no lo sean.

¿ Se hace oír desde su punto de vista la voz de Castilla y León en la política nacional?
Creo que sí. A través de diversos cauces, tanto institucionales, como políticos, sociales y económicos, la voz de Castilla y León se deja oír cada día con más fuerza en el contexto nacional. Esta tierra tiene mucho que decir y lo hace con ilusión y optimismo porque creemos en este proyecto de convivencia en común que se llama España. Nuestra Comunidad, Castilla y León, es cada día más un gigante que se puesto de pie.

Son millones de ciudadanos los que empiezan a creer que esto de las Autonomías en lugar de solucionarles sus problemas están para crear cargos y carguetes y más cargos ¿Cree que hay algo de esto y, en concreto, en Castilla y León?
No creo, sinceramente, que millones de personas piensen de esa manera respecto del sistema autonómico. Desde hace años se han constatado, no sólo en España, sino en muchos otros Estados, las evidentes ventajas de la descentralización política, en la medida que contribuye de forma decisiva a una mejor asignación de los recursos, al acercamiento del ciudadano a la toma de decisiones en aquello que le afecta y a incrementar la eficacia de las políticas públicas y de la calidad en la prestación de los servicios públicos.

Hoy la autonomía es vista por los ciudadanos como una auténtica oportunidad de progreso, y ven en este sistema un motor de cambio y evolución, que no sólo proporciona mayores cotas de libertad, participación y democracia, sino que se constituye como un pilar esencial del crecimiento y de la prosperidad. No obstante, el modelo autonómico no quedó cerrado en la Constitución y, por ello, la idea desafortunada de que el modelo no tiene fin y de que la proliferación de cargos puede prolongarse hasta el infinito, está debilitando profundamente y poniendo en peligro su consolidación.

¿Qué debería hacer a su juicio el Estado para parar los pies a los independentistas?
Desde luego, simple y llanamente aplicar la Constitución y hacerla cumplir en sus términos, nada más..., y nada menos. La Constitución establece unas reglas de juego que todos hemos aceptado y que derivan directamente de la idea de la unidad indisoluble de la nación española, cuya soberanía reside en el pueblo español, entendido en su conjunto. Las tensiones nacionalistas han procurado una carrera de deslealtades que llena de tristeza a todos los que amamos la idea de España.

Me gusta pensar que en política todo lo que no es posible es falso y que cualquier ideología, opinión y opción política que vaya en contra de la Constitución que nos dimos entre todos no puede prosperar, ni tiene futuro; como, además, me gusta pensar que todos los que amamos a España estamos con la Monarquía como sistema de Gobierno y que ésta es hoy más que nunca la Monarquía de la gente; y que la fuerza de toda esa gente unida es la que tiene que parar los pies a los independentistas.

LA FUERTE Y CRECIENTE EXTORSIÓN TERRORISTA
ETA lleva recaudado por sus chantajes 4,6 millones de euros en lo que va de año
El Economista publica este viernes que, a lo largo de este año, ETA ha intensificado la extorsión que ejerce sobre los empresarios vascos y navarros y que los chantajes podrían estar revirtiendo a la banda terrorista unos ingresos mensuales de 463.000 euros durante el 2007, según un extenso informe dirigido por el catedrático Mikel Buesa.
Libertad Digital 9 Noviembre 2007

Estos datos se incluyen, según El Economista, en un informe publicado por la Cátedra de Economía del Terrorismo de la Universidad Complutense de Madrid, con el patrocinio de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Dicho estudio analiza que la recaudación de ETA a principios de año era menor pero ésta se ha incrementado sobremanera debido a que las extorsiones se han multiplicado y las cantidades exigidas a cada empresario han ido aumentando cada vez más.

En declaraciones a El Economista, Mikel Buesa explica que el aumento de la presión terrorista a los empresarios vascos y navarros se debe principalmente por dos razones: "Por un lado, el retorno a la actividad regular de la banda incrementa sus necesidades financieras. Y por otro, ETA ha visto disminuir otras fuentes de financiación", consecuencia de la ilegalización de Batasuna y el cierre de las herriko tabernas.

Buesa apunta que nos encontramos en una etapa de chantajes muy superior a la vivida entre 1993 y 2002, donde la banda terrorista recaudaba mediante la extorsión a empresarios unos cinco millones de euros al año. Estos hechos han sido denunciados en varias ocasiones por las propias organizaciones patronales.

Anasagasti, los mártires y el bipartidismo de los "Homo oeconomicus"
Eduardo Arroyo elsemanaldigital 9 Noviembre 2007

Se trata de un tema tratado hace tiempo dentro de la cultura occidental por, entre otros, Julien Benda en su célebre obra La Trahison des Clercs y nuestro José Ortega y Gasset en La rebelión de las masas. Sin embargo, ninguno de estos dos autores, que aducimos como ejemplo, escribieron en nuestra turbulenta época ni tampoco se ocuparon de, lisa y llanamente, la estupidez y la necedad humanas. Así, por ejemplo, Anasagasti ha publicado un texto titulado Santidad, ¿y los curas vascos? en el que explica la muerte, probablemente injusta, de dieciséis sacerdotes vascos en la Guerra Civil española y recrimina al Papa por "el manto de silencio".

De acuerdo con Anasagasti, "según la Iglesia católica, el mártir es quien es ejecutado por el mero hecho de ser religioso y quien da la vida por Cristo. No tengo ningún comentario ni reparo que hacer a esta iniciativa pero sí al hecho de que dieciséis sacerdotes vascos asesinados por las tropas sublevadas en 1936 no reciben el mismo trato o, por lo menos, la consideración de si su muerte puede considerarse o no causa de martirio. Les mataron sin más y a pesar de las reiteradas propuestas para que sean recordados nadie dice nada. Y eso que la sublevación del general Franco fue bendecida como una Santa Cruzada". Anasagasti, al que la inteligencia solo se le presupone, no entiende que los mártires beatificados por la Iglesia en octubre son "mártires" porque fueron víctimas de fuerzas políticas que aspiraban al exterminio físico de los representantes de la Iglesia y de lo que ésta representaba; de ahí que les obligaran a blasfemar, a pisar el crucifijo y cosas parecidas.

Incluso Anasagasti puede entender que aquél que da testimonio de una idea y se deja matar por ella –en el caso de los curas beatificados, y para más inri, perdonando a sus verdugos- es normalmente considerado por esa idea como "mártir" de la misma, sea cual sea dicha idea. A los curas vascos no se les mató por el hecho de ser curas, ni se les obligó a blasfemar ni a ciscarse en los símbolos de la Iglesia. Por eso los dieciséis curas vascos pueden ser asesinados o incluso mártires de una idea absurda como es el nacionalismo vasco. Pueden ser lo que Anasagasti quiera pero el hecho es que su caso difiere del de los mártires beatificados por la Iglesia. Para entender esto no hace falta ser nacionalista vasco, ni budista ni anarquista, sino simplemente querer comprender, algo que no entiende Anasagasti quizás porque, por su condición de político, jamás le han pedido la cualificación intelectual que en España le piden a cualquier currito –simple mortal- hasta para regentar una taquilla del Metro.

Y es que en nuestra época es imprescindible no dejarse arrastrar por el torbellino partidista. Esta es condición sine qua non para ser un hombre verdaderamente libre. Yo he de dar gracias a Dios por no ser de izquierdas y por no ser liberal –ni neoliberal ni paleoliberal tampoco-, algo que me provoca la frecuente sensación de no tener árbol donde ahorcarme pero que también me aporta la tranquilidad de no tener que justificar lo injustificable, solo por el hecho de que lo defienda mi secta.

Más concretamente, nuestros amigos de la COPE se empeñan en demostrar que únicamente la "derecha liberal" encarna una alternativa al nihilismo de la izquierda. Desgraciadamente es éste un planteamiento bastante pobre. De hecho el Homo oeconomicus está por igual en la base del liberalismo y del marxismo, las dos formulaciones más importantes de la actual ideología dominante. Para el primero, es el hombre que consume a quien hay que defender; para el segundo, es el hombre productor. Ambos, sin embargo, se mueven dentro de los parámetros de la "alienación económica" porque es el modo de consumo o el modo de producción lo que determina la estructura social. Marxismo y liberalismo comparten también el optimismo antropológico, nacido de su matriz racionalista, por la que los hombres –definidos como agentes económicos- obran siempre en provecho de su mayor interés: en el caso del liberalismo buscan su mayor "bienestar" material y en el caso del marxismo obran en provecho de sus "intereses de clase". No es de extrañar que, dentro de ese optimismo antropológico, el liberalismo y el marxismo aspiren ambos a la desaparición del Estado, el primero mediante la apoteosis del mercado, auténtico garante de la "libertad" económica, y el marxismo mediante la instauración de la sociedad "sin clases".

El liberalismo ha supuesto en la historia la reivindicación de la libertad para las nuevas formas de poder que nacen frente al Estado y para los que las manejan, sean estas o no democráticamente elegidas. Hoy, con el marxismo políticamente desarbolado, el liberalismo es la doctrina por la cual la función económica se emancipa de lo político y justifica esa emancipación. Para ello, el liberalismo caricaturiza el poder del Estado denunciando su "ineficacia" –sistemática y sin excepciones- y los "peligros del poder"; de ahí la histeria dogmática frente a cualquier "nacionalismo" económico".

Por otro lado el liberalismo se esfuerza por hacer bascular al Estado hacia lo económico, sustrayéndole competencias que van a parar sistemáticamente al mercado, y poco a poco, invertir así la antigua jerarquía de funciones en la cual lo económico estaba subordinado a lo histórico y a lo espiritual. Gracias a esto, una nueva casta económico-financiera –que permanece incuestionada tanto en lo teórico como en la praxis democrática- atrae para sí la sustancia del Estado y secuestra paulatinamente la capacidad de decisión política. El gobierno y el Estado deben exclusivamente mantener la seguridad –sin la cual no hay libertad de comercio- y defender la propiedad económica. El Estado ha de delegar sus funciones en favor de los que verdaderamente entienden las leyes "cósmicas" de la economía, con lo que el poder político del Estado es tan solo un mal necesario.

En el liberalismo es el aprendizaje del éxito económico lo que selecciona a los "mejores", de manera que el mencionado éxito económico, injustificable cuando no es la consecuencia de una superioridad espiritual, se confunde con el éxito sin más. Se suprimen aristocracias, estamentos y privilegios y es lo económico el nuevo criterio de selección que instaura una nueva aristocracia del dinero en el lugar del viejo orden.

Por supuesto, la igualdad no desaparece sino que encuentra nuevo fundamento en el dinero. Hoy ya no se es rico por ser poderoso, sino que se es poderoso por ser rico. Y el rico aspira al mantenimiento de una jungla económica, justificada desde el liberalismo, donde la libertad equivale a la libertad del zorro en el gallinero, de manera que las desigualdades subsistentes se deben a la imprevisión y a los errores de gestión -del Estado, naturalmente-, pero nunca al mercado convertido en nuevo dios laico.

Toda esta cosmovisión subvertida cercena la dimensión espiritual del hombre desde su misma raíz, igual que hace el marxismo, y por eso sirve para explicar que el indiferentismo religioso y el materialismo práctico, así como la crisis social generalizada consecuencia de los anteriores, sienten sus reales en las sociedades occidentales donde el liberalismo se ha transformado –por analogía inversa- en la religión de la época.

Constituye un gravísimo problema que el liberalismo y sus derivados, frente a los desmanes de una izquierda nacida dentro de la matriz común revolucionaria, haya secuestrado toda posibilidad de alternativa y se presente a sí mismo como la única salvación posible. Debido a ello la crisis es mucho más profunda de lo que se cree y hace más necesario que nunca reivindicar el factor espiritual de la persona como única tabla de salvación posible. Pero antes, para recuperar la esencial libertad de pensamiento, hay que romper la diabólica tenaza del bipartidismo cerril.

El PP denuncia otro «Pacto del Tinell» en el Senado para nombrar los magistrados del TC
M. C. ABC 9 Noviembre 2007

MADRID. La renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde al Senado lleva camino de entrar en vía muerta. El plazo se acaba a finales de diciembre, pero la situación se ha enrevesado tanto que parece imposible, hoy por hoy, conseguir el apoyo imprescindible de los tres quintos de la Cámara Alta para cambiar a cuatro de los miembros del TC, cuando queden poco más de dos meses para las elecciones generales.

El origen de este embrollo hay que buscarlo en la reciente aprobación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional y en el posterior recurso de inconstitucionalidad que planteó el PP. Pese a estar pendiente de resolución ese recurso, los socialistas y sus socios no van a esperar más y han presentado una reforma del Reglamento del Senado para adaptarlo al nuevo sistema de elección de magistrados que prevé la ley: «los magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas en los términos en que determine el Reglamento de la Cámara».

El PSOE y sus aliados propusieron que «cada asamblea legislativa podrá presentar hasta dos candidatos», para proceder a la renovación de un total de cuatro miembros del TC que corresponde al Senado. Y añadieron una enmienda del BNG que dice: «Si no se hubieran presentado en plazo candidaturas suficientes, la propuesta que se eleve al Pleno podrá incluir otros candidatos».

Reforma sin consenso
Las quejas del PP se deben, en primer lugar, al hecho inédito de que el PSOE impulse una reforma del Reglamento -que es la piedra angular del funcionamiento del Senado-, sin contar con el principal partido de la oposición. El Grupo Popular ha denunciado la reactivación del «Pacto del Tinell» -aquel que en Cataluña se comprometía a no pactar absolutamente nada con el PP- para marginar a los populares y sacar adelante la renovación sin ellos.

El martes se reúne la comisión del Reglamento y la semana siguiente se debatirá la propuesta de reforma en Pleno. El PP votará en contra, pero la iniciativa puede salir adelante, ya que basta la mayoría absoluta para ello.

Otra historia será cuando haya que votar en Pleno el nombramiento de los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, para lo que hacen falta tres quintos de la Cámara. Ahí el PP, como el PSOE, es imprescindible. Los dos grandes partidos están llamados a entenderse, sí o sí, y si no, no habrá renovación en el TC.

Tal y como están las cosas, fuentes del Grupo Popular no quisieron adelantar el sentido de su voto, pero es fácilmente deducible que no votarán a favor, ya que son partidarios de esperar a conocer la resolución del TC sobre el recurso: «Es lo sensato», aducen.

El atizador
DAVID GISTAU, EL MUNDO 9 Noviembre 2007

En el anecdotario morboso de la filosofía está fijado el momento en que Wittgenstein agarró el atizador de una chimenea y, blandiéndolo ante el rostro de Popper, le espetó: «A ver, déme ahora un ejemplo de regla moral». Si eso ocurrió entre las chaquetas de tweed con pipa en el bolsillo del Club de Ciencia Moral de la Universidad de Cambridge, qué no cabrá esperar de los vocingleros programas de la tele que han adaptado a la política el combativo formato de Tómbola, y a los que el tertuliano acude dispuesto a que le sacudan un insulto igual que el clown va al circo a que le estampen una tarta en la cara.

Uno de estos programas es 59 segundos. Se pretende un escenario para la libre circulación de ideas. Y, sin embargo, denuesta aquéllas que no puedan ser expuestas a grito pelao en menos de un minuto, por lo que hay que concluir que su verdadera intención consiste en reducir el pensamiento al atizador de chimenea. El show de la lucha en el barro con coartada intelectual. En ese sentido, José María Calleja cumplió el pasado miércoles con las expectativas por las que había sido contratado.

Las elecciones se esbozan ajustadas, tiemblan los cimientos de todos los pesebres, que podrían cambiar de titular. Por ello, los periodistas orgánicos endurecen su lenguaje para neutralizar a los críticos en una tendencia que no puede ser casual. Y que desde luego no tiene sentido del ridículo. En vez del atizador de chimenea, los buenos vasallos del Régimen agarran el vocablo «fascista» y, blandiéndolo ante el rostro de aquéllos que no propagan la VerdaZ, les espetan: «A ver, déme ahora un ejemplo de regla democrática».

No creo que a Isabel San Sebastián le haya molestado que la llamen «golpista». Está lo bastante curtida como para saber que esa técnica tan chusca es la habitual entre los azuzados por 'Pepiño' para igualar a los disidentes de un Gobierno y un partido concretos con unos supuestos enemigos del sacrosanto sistema democrático que prepara el ambiente para justificar el cordón sanitario. Tampoco la habrá dolido la cara de boa en plena digestión feliz que se le puso a Calleja cuando se sintió poderoso por haberla echado del plató.

Otra cosa es la acusación de haber vivido de ETA. Quien lleva ocho años haciéndose acompañar por un escolta para mitigar un peligro cierto de asesinato a buen seguro tiene aprendido que había formas más cómodas, pero también más cobardes, de llenar todos los días la nevera. Y si alguien sabe esto, es precisamente Calleja, lo cual rinde todavía más infame el show que dio, atizador en mano, para cumplir con el zafarrancho de combate general contra los medios y los periodistas críticos, ahora que están cercanas unas elecciones que se esbozan ajustadas. Es así, y no defendiendo principios sin reparar en si enojan a la progresía, como uno se vuelve indigno al llenar la nevera.


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