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Recortes de Prensa    Sábado 10 Noviembre   2007

Apelación al Constitucional
Javier Tajadura Tejada El Correo 10 Noviembre 2007

Hace un año señalaba en estas mismas páginas que la crispación que dominaba la vida política resultaba por completo injustificada y que era preciso restablecer el consenso constitucional. En el momento presente resulta evidente que ese consenso no sólo no se ha recuperadom sino que ha sido definitivamente destruido.

La situación de crisis que padece nuestro Tribunal Constitucional así lo demuestra. Teniendo en cuenta que este alto órgano ha sido configurado como la clave de bóveda de nuestra arquitectura constitucional, cualquiera puede percatarse de la gravedad de los últimos acontecimientos. El Alto Tribunal no es una institución cualquiera. Su colapso implicaría inexorablemente la quiebra de todo el sistema.

Y ante esa situación, de lo que se trata no es tanto de buscar culpables como de encontrar soluciones. Los partidos políticos, con el perverso sistema de cuotas, han politizado -en el sentido negativo del término- hasta extremos inimaginables la justicia constitucional. Los partidos han pretendido invadir ámbitos y espacios en los que ni pueden ni deben tener cabida. El constituyente pretendió evitar esto con un sistema de mayorías cualificadas. Ocho de los doce magistrados constitucionales deben ser elegidos por las cámaras parlamentarias por una mayoría de tres quintos de sus miembros. La exigencia de esa mayoría cualificada debiera haber garantizado el nombramiento de personas de indiscutible prestigio intelectual, cuya autoridad jurídica prevaleciese, en todo caso, sobre su posible perfil político. Los partidos políticos cumplieron formalmente con estas exigencias, pero subvirtieron su finalidad.

En vez de buscar candidatos de consenso, se repartieron los puestos a designar mediante cuotas proporcionales a su representatividad en las Cortes Generales. El denominado sistema de cuotas para la designación de los magistrados había de conducir, antes o después, a la fractura política interna del Alto Tribunal. Muchos medios de comunicación, de forma un tanto irresponsable, clasifican a los magistrados en progresistas o progubernamentales, y conservadores o afines al PP en función de ese origen. Lo de menos es que haya cientos de sentencias en los que tal fractura brille por su ausencia. Lo cierto es que el recurso contra el Estatuto de Cataluña ha dividido como nunca en su historia al Tribunal Constitucional.

Si los partidos no lo remedian, debieran ser los propios magistrados constitucionales los que en esta situación de excepción dieran un ejemplo de responsabilidad, y cumplieran su función de defensa de un orden constitucional para el que el colapso del propio Tribunal se configura como un grave riesgo. Todo empezó con la muy discutible recusación por el Partido Popular de un magistrado (supuestamente favorable a la constitucionalidad del Estatuto catalán). Luego la fiebre recusadora se ha repetido hasta el absurdo de que el Tribunal podría quedar sin quórum para resolver el recurso contra la Ley orgánica de reforma del Tribunal Constitucional. Un recurso bien fundado, puesto que las modificaciones que se realizan en dicha ley respecto a la designación de magistrados por parte del Senado, y al nombramiento del presidente del Tribunal tienen difícil encaje constitucional. El constituyente no estableció limitaciones al Senado a la hora de designar a cuatro magistrados constitucionales, y el legislador no está facultado para obligarle a nombrar a personas propuestas por los parlamentos autonómicos. Este sistema, además de inconstitucional, sólo servirá para acentuar la fractura del Tribunal con esta nueva categoría de magistrados de origen autonómico.

Por otro lado, el constituyente previó la elección del presidente del Tribunal por el Pleno, por un mandato de tres años. El legislador no puede imponer al Tribunal la prórroga de ese mandato. Si lo ha hecho ha sido previendo que se necesita el voto de calidad de la actual presidenta para ganar el recurso contra el Estatuto catalán. ¿No habría resultado más correcto, desde un punto de vista jurídico, y más elegante, desde un punto de vista político, haber suprimido el nefasto voto de calidad y haber establecido que la declaración de inconstitucionalidad de una norma requerirá el voto de siete de los doce magistrados?

La política partidista que entró en el Tribunal a través de las cuotas se intensifica ahora con una utilización abusiva y fraudulenta de las recusaciones. Los partidos emplean la recusación en un claro asalto al Alto Tribunal, del cual éste debe defenderse si no quiere sucumbir. Por ello, los magistrados constitucionales debieran resolver, en primer lugar, el recurso frente a la LOTC (antes de diciembre) y este recurso tendrían que resolverlo los doce. No tiene sentido aceptar ninguna abstención ni recusación y ello por una razón evidente. Por definición, todos los magistrados constitucionales tienen un interés directo en conocer de un recurso contra una ley que les afecta (todos pueden ser elegidos presidentes). Empiécese de cero y establézcase de una vez y para siempre una doctrina clara frente a posibles maniobras torticeras por parte de los partidos para alterar la composición del Tribunal. Y, después, elabórese una sentencia ejemplar sobre el Estatuto catalán cuya coherencia argumental y solidez doctrinal sean tales que en modo alguno resulte necesario recurrir al voto de calidad.

O los magistrados son conscientes de su responsabilidad histórica y de su función de defensa del orden constitucional, o quizás el año próximo sea demasiado tarde para recuperar un prestigio institucional que nunca debieron haber perdido, y los daños causados al sistema sean ya irreparables.

Cordón sanitario contra la prensa crítica
Federico Quevedo El Confidencial 10 Noviembre 2007

Es inevitable que el elevado nivel de tensión política se traslade a los medios de comunicación. Para bien o para mal los periodistas, sobre todo los que emitimos opinión, nos significamos de un lado o del otro del arco parlamentario y en esa medida nos afectan los mismos condicionantes políticos que a sus señorías. Esto siempre ha sido así, desde que España es un país libre, o casi. Pero en los últimos tiempos, desde las elecciones del 2004, lo que tradicionalmente era un debate político a veces más grueso de lo normal, se ha convertido en casi una batalla campal, con un elemento distorsionador que visto desde una prudente distancia debería provocar una sonora alarma ante lo que ya podemos calificar de evidente peligro para la libertad de expresión. Si bien el debate es grueso, que lo es, también es verdad que la prensa crítica con el poder está siendo sometida a eso que se ha dado en llamar ‘cordón sanitario’, bien bajo la amenaza directa a determinados medios de comunicación como la COPE, bien bajo la manipulación descarada de programas en los que participan tertulianos próximos a las tesis del centro-derecha, o bien a través del insulto y la descalificación contra estos tertulianos permitidos sin ambages por algunos programas de difusión pública.

Les contaré algo que seguramente ustedes conocen a medias, porque entre otras cosas se ha contado de manera muy mediatizada. Hace cosa de un mes se celebró un debate en Canal Sur, en el programa Mejor lo hablamos que presenta Mariló Montero, sobre la memoria histórica, en el que participaron de un lado los periodistas Fernando Delgado, María Antonia Iglesias y la ex directora de la Biblioteca Nacional, Rosa Regás; y del otro los periodistas Ignacio Villa, Curry Valenzuela y el sacerdote Jesús de la Heras. El debate fue muy tenso, con cruces de veladas y no tan veladas insinuaciones de un lado al otro, pero en un momento dado el periodista Fernando Delgado le llegó a decir a Villa que sólo podía hablar con la bendición de los obispos, a lo que éste respondió que Delgado pertenecía a la cadena que se inventó los terroristas suicidas del 11-M (la SER). Iglesias, Delgado y Regás, con muchos aspavientos, decidieron abandonar el programa. Y aquí viene la historia de una manipulación. El programa es un falso directo, es decir, se graba una hora, mas o menos, antes de su emisión. Al irse los tres mencionados, Mariló Montero grabó una despedida informando a los oyentes que debido a las descalificaciones que de uno y otro lado se habían vertido sobre el contrario, se daba por finalizado el programa. Se fueron todos al AVE, y Montero, a su camerino. Cuando estaba desmaquillándose la llamaron para grabar un nuevo final en el que se responsabilizaba directamente a Ignacio Villa por sus insultos a Delgado y se adornaba con el video en el que se ofrecía a los espectadores las frases de Villa y se omitían las del periodista de la SER.

A principios de esta semana la Cadena COPE emitió un comunicado muy enérgico defendiendo a sus informadores y exigiendo a los poderes públicos la defensa de la libertad de expresión de sus profesionales. La razón no es otra que una escalada de declaraciones más o menos públicas, desde el Rey hasta el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, pasando por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y toda la izquierda del arco parlamentario, exigiendo a los obispos que metan mano a los programas de la emisora, principalmente el de Federico Jiménez Losantos, La Mañana. El martes por la noche, en el programa 59 segundos de la Primera, la periodista Isabel San Sebastián abandonó el plató después de que José María Calleja le dijera lindezas del tipo “tú defiendes a la extrema derecha golpista” o la acusara de “engordar a ETA”. Lo más fuerte que le dijo la periodista a Calleja fue que ahora defendía lo que antes atacaba, vamos, que había cambiado de chaqueta. ¿Creen que hubo alguna clase de rectificación pública o, por lo menos, una disculpa de la presentadora? ¡Qué va! El programa siguió como si no hubiera pasado nada. Este es el clima en el que nos movemos, y de aquí a marzo amenaza con empeorar considerablemente. Pero lo que me preocupa de estos tres ejemplos es, como les decía, la tentación que una parte del arco ideológico tiene de anular la libertad de la otra.

Les diré, sinceramente, que yo entre Jiménez Losantos y Francino, me quedo con Herrera, porque por las mañanas me gusta tomarme la vida con algo más de sentido del humor y una dosis aconsejable de crítica moderada. Y eso que desde hace algún tiempo Herrera ha dejado de lado aquello del poncho y la guitarra que tan acertadamente definía a Rodríguez, al que ahora también llama Zapatero. Él sabrá por qué. Pero que yo huya de extremos no significa que no defienda, hasta la extenuación, la libertad de unos y de otros para decir lo que quieran en las ondas, y me preocupe sobremanera el hecho de que esa libertad esté amenazada seriamente por una izquierda montaraz que se ha subido a lomos del bolchevismo y no ahorra energías a la hora de callar la boca de los que critican al Gobierno de Rodríguez. A Ignacio Villa lo manipularon, a la COPE la amenazan, y a Isabel San Sebastián la insultan sin piedad. Ese es el estilo que ha impuesto Rodríguez, que ha impuesto una izquierda decidida a no perder el poder, y si para eso tiene que practicar la Ley de la Mordaza, lo va a hacer sin tapujos. Malos tiempos para la prensa crítica. Y si gana Rodríguez, vendrán peores.

El PSOE quiere repartir los ríos entre las comunidades autónomas
Agencias Periodista Digital 10 Noviembre 2007

Lo que faltaba. No contento con el "despelote" autonómico y la pérdida de porder del Estado español, que ya no controla ni la lengua que se habla ni la edución que se imparte en muchas regiones, el PSOE y Zapatero quieren ahora repartir los ríos entre las comunidades autónomas.

La ampliación de la participación de las CCAA en las instituciones y organismos públicos del Estado, como Renfe (trenes), AENA (aeropuertos) y las confederaciones hidrográficas (ríos), será una de las claves del programa socialista para las elecciones de marzo de 2008.

El El informe de Administraciones Públicas, que poseen ya La Moncloa y fue elaborado por Jordi Sevilla y apoya Jesús Caldera, recoge nuevas propuestas y recupera otras que no han podido ejecutarse en esta legislatura, como la reforma del Senado. Éstas son algunas:

- Participación autonómica en el Estado.
El informe precisa la participación de las comunidades autónomas en los organismos del Estado con funciones de supervisión y regulación del sector económico y financiero; en los organismos estatales de programación de políticas públicas estratégicas, como obras de interés general, energía, sanidad, recursos hidrológicos, etc; y organismos gestores de grandes servicios públicos estatales, como confederaciones hidrográficas, puertos y aeropuertos.

- Conferencia de presidentes y sectoriales.
Son los principales instrumentos de cooperación con que cuenta el Estado. El informe propone institucionalizar la Conferencia de Presidentes, que reúne al jefe del Gobierno con los de las autonomías y que inició su andadura en noviembre de 2004 con unas normas mínimas de funcionamiento. También pretende institucionalizar y consolidar las conferencias sectoriales, que mantienen un funcionamiento muy irregular, dando mayor participación a las comunidades en la elaboración de los anteproyectos normativos estatales.

- Reforma del Senado.
El informe recupera las dos propuestas de reforma constitucional que el Gobierno no pudo acometer en esta legislatura por falta de acuerdo con el PP: la incorporación de las autonomías al texto constitucional y la reforma del Senado. "La reforma del Senado es imprescindible y no debería retrasarse más si queremos convertir el riesgo de que acabe siendo una rémora en la oportunidad de que sea el elemento cohesionador del futuro Estado autonómico", señala el informe.

- Culminación de las reformas estatutarias. El informe defiende la culminación del proceso de reformas de los estatutos de las comunidades autónomas que lo propongan. No se han incorporado al proceso Madrid, Murcia, Navarra, Extremadura, Cantabria y Asturias. Canarias, Euskadi y Galicia pretenden una reforma estatutaria que no se ha materializado aún por desacuerdo entre los partidos.

- Autonomías en la UE. El informe propone ampliar las comisiones del Consejo de la Unión Europea a las que puedan asistir las comunidades autónomas y su capacidad de actuación. También propone impulsar iniciativas de las mismas para desarrollar las relaciones con las regiones europeas para fomentar el mutuo desarrollo.

- Financiación autonómica y local. El actual modelo de financiación autonómica presenta diversos problemas respecto a las asimetrías en las responsabilidades de ingresos y gastos; y crea una insuficiente coordinación entre administraciones y una insuficiente asunción del principio de corresponsabilidad fiscal, señala el informe. Se propone un modelo para mejorar la autonomía financiera, con la salvaguarda del principio de igualdad. Y afrontar a la vez esta reforma con la del modelo de financiación local, que, con tan sólo dos años de su implantación, se ha encontrado con graves problemas para atender las necesidades de los ayuntamientos.

A VUELTAS CON LOS ESTATUTOS
El informe de Administraciones Públicas realiza un primer balance del alcance de los estatutos de nueva generación que se han aprobado durante esta legislatura, cuya gestación fue especialmente conflictiva en el caso de Cataluña.

El primero de los estatutos aprobado fue el valenciano, seguido del catalán; y el último, el de Castilla y León, la pasada semana.

El balance, que trata de contrarrestar la mala imagen que ha conllevado el proceso de descentralización territorial, destaca que un rasgo común de tales estatutos es la ampliación de los derechos de los ciudadanos en las comunidades autónomas; la cooperación y participación de las comunidades con el Estado y entre ellas mismas, y su comunicación con la UE.

El informe precisa que "los ciudadanos refuerzan su condición de tales ante los poderes autonómicos" con "el reconocimiento y ampliación de derechos y deberes estatutarios". Y añade que recogen "como algo natural" un triple ámbito de actuación de los poderes institucionales -autonómico, estatal y europeo- "y la necesaria colaboración con los demás poderes para alcanzar fines de interés común".

Por último, precisa que "han clarificado y ampliado su nivel de autogobierno dentro de las posibilidades constitucionales".

Análisis de la sentencia (V)
Sí, no, blanco, negro
Luis del PinoLibertad Digital 10 Noviembre 2007

Se trata de uno de esos juegos de niños ancestrales: te hacen una pregunta y tú tienes que responder sin usar ninguna de las palabras prohibidas. Si tu frase de respuesta incluye las palabras "sí", "no", "blanco" o "negro", has perdido. La idea está recogida en un juego de mesa que se comercializa actualmente, creo que con el nombre de Tabú, aunque en esta versión moderna, cada pregunta del juego tiene asociada su propia lista de palabras que no pueden utilizarse en la respuesta.

Desde hace casi cuatro años, y exceptuándonos a aquellos medios que hemos investigado el 11-M, los analistas políticos españoles viven inmersos en un permanente juego del tabú. Si la pregunta es "¿Por qué considera usted que ETA está ahora más fuerte que hace cuatro años?", el sesudo analista tiene que improvisar una explicación sin mencionar que en España se produjo el 11-M. Si le preguntan "¿Por qué cree usted que se ha puesto en marcha un proceso de centrifugación territorial?", el analista recurrirá a los circunloquios necesarios para explicar tan curiosa circunstancia sin mencionar en ningún momento que alguien asesinó a 192 personas el 11-M. Si le preguntan: "¿Por qué Zapatero optó por una política rupturista radical tras su acceso al poder?", tendrá que encontrar una explicación donde no se mencione para nada que alguien voló cuatro trenes de cercanías cargados de viajeros tres días antes de unas elecciones.

Lo más peculiar es que, a medida que va disipándose el ruido que ha rodeado a la lectura de la sentencia, ese juego del tabú parece extender su ámbito de aplicación, hasta el punto de que se hace casi preceptivo hablar del 11-M sin mencionar el 11-M. "¿Por qué cree usted que la Fiscalía llegó a un pacto para que no se condenara a los autores intelectuales y ahora hace el paripé de que recurre, cuando en realidad no recurre nada relativo a la autoría intelectual?", y el analista tiene que buscar explicaciones externas al 11-M que justifiquen semejante teatrillo. "¿Por qué cree usted que el Tribunal ha incumplido sus compromisos con las víctimas y no ha deducido testimonio contra ningún perjuro?", y hay que encontrar alguna explicación que no requiera bucear en las cloacas insondables del 11-M. "¿Por qué cree usted que el Gobierno se ha visto forzado a admitir que se elimine la Guerra de Irak como móvil del crimen?", y el analista tiene que devanarse los sesos para explicar, sin nombrar el 11-M, ese extraordinario cambio de postura.

Todo, menos reconocer lo evidente: que es imposible explicar nada de lo que ha sucedido en España desde el 11-M sin el 11-M.

Es imposible, por ejemplo, explicar la sentencia del 11-M sin entender que el propio 11-M requería de esa sentencia. Sin entender que es la propia naturaleza del 11-M la que necesita del pacto de silencio. Que son las implicaciones del 11-M las que exigen el blindaje de quienes manipularon las investigaciones. Que es la necesidad de encubrir la autoría real del 11-M lo que hacía imprescindible establecer un cortafuegos.

Decía, en el primer artículo de esta serie, que el rápido intercambio de fichas representado por la sentencia iba a traer consigo un tablero de juego más despejado. Y así ha sido. Sabemos ahora, gracias a la sentencia, muchas cosas.

Sabemos, por ejemplo, que la naturaleza del 11-M es tal como para que el Gobierno se vea obligado a ofrecer tablas al PP, a cambio de cerrar las investigaciones y dejar de hablar de la masacre. Ni las inicialmente agresivas declaraciones de José Blanco; ni el desganado vídeo elaborado por el PSOE; ni las contundentes amenazas de querellas; ni las grandes alharacas de los medios oficialistas al día siguiente de la sentencia, en las que se anunciaba la supuesta derrota de la teoría de la conspiración, pasan de ser sino parte de la escenificación. Al final, lo que se busca con la sentencia es el silencio, y en esa dirección apuntaban las apelaciones gubernamentales a la "sensatez" y el "sentido de Estado" del PP.

Sabemos, por ejemplo, que habrá dentro del PP quien tendrá la tentación de aceptar ese pacto de no agresión. Y que hay, por el contrario, otros sectores dispuestos a acentuar las contradicciones que la sentencia hace aflorar dentro del frente oficialista.

Sabemos, por ejemplo, que nada cabe esperar de la Justicia, al menos de momento. Nadie va a mover un dedo, desde las altas instancias judiciales, para tumbar los eslabones débiles de la cadena del perjurio, ni tampoco va a hacer nada por impulsar las investigaciones desde sede judicial. Si el que era, teóricamente, el mejor de los posibles tribunales de la Audiencia Nacional no ha vacilado en enviar un mensaje desaconsejando las investigaciones, ¿cabe esperar un mayor celo justiciero en el Tribunal Supremo? Los recursos que se presenten no van a conducir, desgraciadamente, a nada.

Sabemos, como consecuencia, que a la investigación del 11-M no le quedan ya más que dos armas, descartada la vía judicial: la investigación periodística y la concienciación social. Con respecto a la investigación periodística, seguiremos tirando del carro los mismos medios que hemos estado dando la cara desde hace tres años. De ahí los intentos de silenciar a esos medios, que irán ganando intensidad a medida que se acerque la fecha de las elecciones. En cuanto a la movilización ciudadana, la sentencia ha venido, paradójicamente, a facilitar el camino a quienes llevan desde hace mucho tiempo tratando de socializar la duda. La absolución de los autores intelectuales y la eliminación de la Guerra de Irak como móvil de los atentados han hecho que la duda aparezca en un amplio segmento de la población que hasta ahora era refractario a los mensajes que se le enviaban. Además, esa absolución de los autores intelectuales nos ha dado el trabajo hecho en lo que respecta a la internacionalización de las informaciones: hasta ahora, nuestros esfuerzos tropezaban siempre con la incredulidad o el escepticismo de los medios extranjeros, Ahora, el propio tribunal se ha encargado de lanzar a esos medios el único mensaje que ninguno se esperaba: Al Qaida no fue la responsable y no sabemos aún quién organizó el 11-M.

Tenemos un panorama, por tanto, mucho más claro. Al menos vamos sabiendo cuál es el color real de muchas piezas hasta ahora embozadas. Y vamos distinguiendo de forma más precisa a qué es a lo que nos enfrentamos. Y sabemos mejor en qué concentrar los esfuerzos y en qué no merece la pena que perdamos el tiempo.

Lo cual no quiere decir que las cosas vayan a ser fáciles. Todo lo contrario. El mensaje del tribunal ha sido, desgraciadamente, el adecuado como para disuadir a potenciales amedos, así que las investigaciones serán mucho más arduas. Al mismo tiempo, se ha perdido la última oportunidad existente de abortar de raíz el golpe de régimen: el tribunal tenía en sus manos detener la deriva de la situación política simplemente aplicando justicia, y no lo ha hecho. Así que habrá que bregar en un mar mucho más encrespado.

Es cierto que a nuestro favor juega que las contradicciones internas al golpe se irán acentuando a medida que marzo se acerque. Desaparecido el freno que la sentencia podía haber representado, algunos de los actores optarán por apretar aún más el acelerador, por si acaso los idus de marzo traen consigo una cosecha de votos insuficiente como para poder representar la segunda parte de la función. Y es posible que los nervios les lleven a cometer errores. Pero si no es así, es decir, si son capaces de jugar con finura, tienen en sus manos, desgraciadamente, la victoria electoral. Y, si esa victoria se produjera, no habrá ya nadie que pueda detener el golpe. Ni aclarar el 11-M.

Hasta entonces, de todos modos, algunos seguiremos diciendo "sí", "no", "blanco" y "negro" cuantas veces creamos oportuno. Por lo menos lograremos articular un discurso coherente.

Opine en el blog de Luis del Pino. www.libertaddigital.com/bitacora/enigmas11m

La Iglesia vasca y ETA
Vicente A. C. M. Periodista Digital 10 Noviembre 2007

Hay quienes aún dicen que la Iglesia española solo sigue las consignas de Roma y de la Conferencia episcopal. Sin embargo tenemos en la Iglesia vasca, un claro ejemplo de cómo entender los procesos revolucionarios y acoger en su seno a toda clase de ovejas descarriadas como los asesinos de ETA. He dicho española y vasca, porque lamentablemente hay que poner apellidos a una Iglesia que debería tener una sola voz y no distinguirse dependiendo del lugar donde desempeñe su misión pastoral.

El Obispo D. José María Setien ha negado lo evidente, que ETA nació- al menos conceptualmente- en los seminarios. Eso que está históricamente demostrado, este monseñor lo rechaza del mismo modo que podría negar el martirio de los recientemente beatificados. Su condescendencia y comprensión del "dolor" de los etarras, solo indica su bajeza de pensamiento al compararlo con el dolor de las víctimas de esos terroristas. El dolor de las familias de unos y otros quizás podría ser comparable, si al menos las de los etarras hubieran pedido perdón por los crímenes de sus hijos, ya que estos no lo han hecho. Pero muy al contrario, esas familias de etarras no solo no piden perdón, sino que acusan al Estado de ser unos torturadores y no respetar los derechos humanos de los presos. ¿Dónde quedaron los derechos de sus víctimas cruelmente asesinadas?

Defender como hace en su libro que los etarras "sufren" y que se debería recompensarles por haber intentado su detención, su desaparición como terroristas, y todo ello dicho bajo el amparo de su sotana y del crucifijo, es una cobardía moral y un insulto a las víctimas y a los creyentes. No es de extrañar que los fieles dirigentes del PNV, que siguen la doctrina de esa Iglesia vasca, siempre faciliten las ayudas, no a las víctimas, sino a las familias de sus asesinos.

Este indigno representante de la Iglesia debería pensar en abandonar su ministerio pastoral y dedicarse a lo que es su auténtica vocación, la política y la defensa de los etarras, incorporándose a la mesa nacional de Batasuna junto con Otegi, Permach y demás familia, a los que parece comprender en su dolor. Y si no lo hace, debería ser la propia Iglesia en su máximo Órgano ejecutivo a nivel nacional, que es la Conferencia episcopal, la que debería proponer el cese inmediato de este personaje, verdadero Lutero y cismático.

El problema catalán
MIQUEL PORTA PERALES ABC

EN Cataluña, la historia no se repite. En Cataluña, la historia empeora. Regresemos al pasado para, después, volver al presente y sacar las conclusiones oportunas. Detengámonos en el mes de mayo de 1932. En las Cortes de la II República se discute el Estatuto de Cataluña. José Ortega y Gasset y Manuel Azaña toman la palabra. Entre una y otra intervención se perciben coincidencias: el problema catalán existe, los catalanes siempre se enfrentan con alguien, el particularismo catalanista es un sentimiento que impulsa a una comunidad a vivir al margen, hay muchos catalanes que -aunque no se atrevan a decirlo en público- quieren vivir con España, se debe calmar la deriva soberanista del nacionalismo catalán, cualquier propuesta debe mantenerse dentro de los límites de la Constitución, la solución reside en la autonomía de Cataluña, los recursos del Estado que lleguen a Cataluña no pueden ir en detrimento de los que correspondan a las otras regiones españolas. ¿Cuál es la diferencia entre ambas intervenciones? José Ortega y Gasset afirma que no se «puede curar lo incurable» y que el problema catalán «sólo se puede conllevar». Manuel Azaña cree que la República conseguirá la unión esencial de todos los españoles al «conjugar la aspiración particularista o el sentimiento o la voluntad autonomista de Cataluña con los intereses o los fines generales y permanentes de España dentro del Estado organizado por la República». Por eso y para eso -concluye Manuel Azaña- «se votan los regímenes autónomos en España, primero para fomento, desarrollo y prosperidad de los recursos morales y materiales de la región, y segundo, por consecuencia de lo anterior, para fomento, prosperidad y auge de toda España». Y «todas las dudas, todas las preocupaciones relativas a la dispersión de la unidad española no están siquiera sometidas a discusión». El pesimista José Ortega y Gasset frente el optimista Manuel Azaña. Con el tiempo, el primero se mantendrá en el pesimismo mientras el segundo abandonará el optimismo como muestra La velada de Benicarló (1939): «Mientras dicen privadamente que las cuestiones catalanistas han pasado a segundo término, que ahora nadie piensa en extremar el catalanismo, la Generalidad asalta servicios y secuestra funciones del Estado, encaminándose a una separación de hecho».
Las intervenciones parlamentarias de José Ortega y Gasset y Manuel Azaña, así como el fragmento transcrito de La velada de Benicarló, se inscriben -afortunadamente- en un contexto muy distinto al actual. Otro tiempo, sin duda. Pero no es menos cierto que existe una evidente semejanza entre el ayer y el hoy. Les propongo un ejercicio de política ficción, pero menos: ¿qué escribiría hoy Manuel Azaña sobre -la expresión es suya- «el problema catalán»? Por de pronto, tomaría nota de lo leído y oído a diversos políticos, juristas, articulistas y directivos de equipos de fútbol catalanes con mando en plaza: «Hay que plantar cara al Estado», «construyamos una nación soberana»; «la gran oportunidad se está abriendo y durante este siglo Cataluña será libre»; «hay que ir avanzando hacia mayores cotas de libertad nacional»; «la Constitución se ha de adaptar a Cataluña y no al revés»; «el problema de Cataluña se llama España. Cataluña está bloqueada bajo España, maltratada en España, insultada por España, harta de España y sólo le queda un camino: la independencia»; «una sentencia negativa del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto sería un golpe muy duro contra la democracia constitucional. Una decisión faccional no puede imponerse sobre todo un Parlamento, sobre todo un pueblo. Por dignidad no se puede aceptar»; «romper el Estatuto, resquebrajar el modelo que aprobaron las Cortes y que el pueblo catalán refrendó, es un mensaje demasiado inequívoco en el sentido de que está Cataluña no cabe en España. No es Cataluña la que apuesta por salir de España, es España la que expulsa a Cataluña»; «espero no tener que crear la República catalana del FC Barcelona». Ante tal cúmulo de disparates y despropósitos, con los cuales se bombardea a diario la conciencia del ciudadano catalán, muy probablemente Manuel Azaña recordaría el siguiente pasaje de La velada de Benicarló: «En el fondo provincianismo fatuo, ignorancia, frivolidad de la mente española, sin excluir en ciertos casos doblez, codicia, deslealtad, cobarde altanería delante del Estado inerme, inconsciencia, traición». Recordado lo cual, nuestro personaje concluiría que, en Cataluña, la historia no sólo se repite, sino que empeora.
¿Cuál es el secreto de la persistencia del problema catalán? Dicha persistencia se explica en función de diversas variables. En primer lugar, la variable ideológica -la frontera interior romántica- propia de quien construye una identidad a la carta con el objetivo de diferenciarse del Otro. En segundo lugar, la variable psicológica -el narcisismo de las pequeñas diferencias- propia de quien tiende a exagerar su personalidad y espera ser valorado como una cosa especial en virtud de su ser. En tercer lugar, la variable antropológica -el chivo expiatorio- propia de quien cree que carga sobre sí las culpas de los demás precisamente por ser un cuerpo distinto y no asimilable al colectivo. En cuarto lugar, la variable económica -la competición por los recursos- propia de quien se vale de la identidad para obtener ventajas de toda índole. Y, en quinto lugar, la variable política -la suspensión de juicio propiciada por el oportunismo- propia de quien busca sacar tajada -el actual gobierno catalán y el actual gobierno español- de la coyuntura. El problema catalán -ese afán obsesivo y enfermizo por la búsqueda de la diferencia y el privilegio, ese considerar Cataluña como una suerte de hecho biológico autótrofo- tiene sus consecuencias. En Cataluña: sobreexcitación nacionalista, recalentamiento identitario, unanimismo ideológico, pensamiento predatorio, ideocidio. Y el aventurerismo, la fantasía, la insensatez y el irredentismo políticos de una derecha y una izquierda nacionalistas instaladas en su ínsula barataria. Nacionalistas incapaces de distinguir la Cataluña real de la virtual y de cuestionar -por ceguera, inmovilismo, providencialismo e interés- el relato que han construido y que ahora se apuntala en una crisis de infraestructuras que lo hace verosímil, pero enmascara la realidad. Para el conjunto de España, el problema catalán -alimentado por la irresponsabilidad y el oportunismo de un Rodríguez Zapatero que necesita el nacionalismo periférico para mantenerse «como sea» en el poder- supone la concepción de España como una opera aperta al albur -como si de un tablero de ajedrez se tratara, con sus movimientos, réplicas y contrarréplicas- de las lecturas e intereses que de la misma hagan las partes en cada hora y momento. El «Estado inerme», decía Manuel Azaña. Si bien se mira, el problema catalán es el nacionalismo catalán. Y el problema español es un Rodríguez Zapatero -la sonrisa como máscara, el talante y el diálogo como excusa, la serenidad como pretexto, el progresismo como coartada- que, en beneficio propio, ha dado oxígeno a unos nacionalismos periféricos detenidos en el túnel del tiempo de los derechos históricos medievales y el principio de las nacionalidades decimonónico.
Mientras alguien no ponga límite a tamaño desatino,mientras la pesadilla continúe, sólo queda recordar el sabio consejo de José Ortega y Gasset: el problema catalán «sólo se puede conllevar». Conllevar: sufrir, soportar las impertinencias, ejercitar la paciencia. Si lo sabré yo, que soy un mal catalán.

Teoría del golpe de estado
EDUARDO SAN MARTÍN ABC

LA denuncia de la posible inconstitucionalidad del nuevo estatuto catalán no es empeño exclusivo del PP, aunque éste haya sido su principal actor. Durante el tortuoso proceso de elaboración del texto, constitucionalistas, historiadores y publicistas no vinculados a la derecha, o claramente identificados con la izquierda, hicieron sonar las alarmas sobre la deriva confederal a la que conducía el periplo en el que Maragall había embarcado a su partido. Recuerdo de manera especial el alegato con el que José Álvarez Junco (España plural. Cataluña plural) respondía al requerimiento del PSC para que los intelectuales de izquierdas apoyaran el estatuto: «Una fórmula de convivencia para España no debería partir de exhortaciones al entendimiento entre distintas naciones que componen el Estado, sino del reconocimiento de la complejidad de las sociedades contemporáneas».
Haciendo oídos sordos a lo que constituía un clamor en una parte de la izquierda, incluidos muchos cargos y representantes del propio PSOE, que ahora se han vuelto súbitamente mudos, Zapatero rescató, de la mano de CiU, un proyecto que había embarrancado en el Parlament. Se le practicó una cirugía reparadora de urgencia en el Congreso con la ayuda de los auxiliares de enfermería habituales, y se presentó a los ciudadanos catalanes, que lo aprobaron con un sonoro bostezo.
Ante el Constitucional se presentaron, además del elaborado por el PP, otros siete recursos. Entre ellos, uno de Aragón, gobernada por el PSOE, y otro del Defensor del Pueblo, el socialista Enrique Múgica. José Montilla siempre ha sido un hombre prudente. Pero el otro día se apuntó a la desmesura. Supongo que acuciado por las urgencias electorales, que es la más benévolas de las explicaciones que se puede encontrar a la sarta de dislates que se escuchan en estos días, de un lado y de otro. El presidente de la Generalitat vino a comparar la ofensiva legal del PP contra el estatuto con el golpe del 23-F y la sublevación de 1936. Y no empleó literalmente la expresión «golpe de estado» sólo porque «en mi condición de presidente de la Generalitat no puedo referirme a la situación presente en esos términos».
Siempre, tan pertinaz como la sequía en tiempos de Franco, vuelve una y otra vez la asimetría en el juicio, cáncer terminal de la política española. Y así, promover contra viento y marea un nuevo estatuto, a sabiendas de su discutible constitucionalidad, representa un acto de normalidad porque se han utilizado los cauces establecidos ( y yo también lo creo así), pero presentar el recurso al que facultan las mismas normas constituye una agresión «contra el pueblo catalán» y utilizar los mecanismos de recusación previstos en las leyes equivale, según la nueva doctrina Montilla, a un golpe de estado. Es cierto que el PP ha intentado desequilibrar a su favor la composición del TC, aunque utilizando las acciones legales previstas (Ibarretxe acaba de hacer lo propio con el TSJ vasco, buscando el mismo objetivo, y nadie le ha tildado de golpista). Pero el Gobierno, y sus magistrados afines, maniobraron desde el principio para demorar lo más posible, al menos hasta después de las elecciones, un pronunciamiento del tribunal sobre el estatuto. Y cuando se vio desbordado por la estrategia del PP, no dudó en cambiar la propia ley del TC en medio del partido. ¿Cómo calificar tal intromisión?
Afirmaba Montilla en la misma ocasión que se produciría un conflicto de legitimidades si el Constitucional rebajase un estatuto aprobado por dos parlamentos y refrendado por el pueblo catalán. Yo también lo creo así. Pero es lo establecido en las leyes. El legislador ha querido que el TC se pronuncie después del legislativo y del refrendo popular. Para evitar (o reglar) el conflicto, habría que cambiar la norma, a lo que se opone la actual mayoría. Entretanto, utilizar las normas vigentes para obtener una sentencia favorable del TC será tan «golpe de estado» como deslegitimar de antemano sus resoluciones, algo en lo que deja de insistir el propio Montilla.

El sentido común de Bermejo
EDURNE URIARTE ABC

El ministro Bermejo mostró esta semana su «seguridad» de que Ibarretxe no irá a la cárcel. Por sentido común, arguyó. Los jueces del TSJPV no tienen, por lo tanto, sentido común y aquéllos que osen condenarle, tampoco. Según el ministro de Justicia. Al margen de su interferencia en la decisión de los jueces, hay que reconocer que el sentido común, entendido como la percepción de una mayoría de la población, piensa lo mismo que Bermejo. Que no puede ser condenado puesto que no se comprende que sea delito reunirse con Batasuna y no lo sea reunirse con ETA.
La condescendencia del sentido común para con Ibarretxe, y López y Ares muestra hasta qué punto se ha degradado en España, y de forma muy parecida en otros países, el tratamiento democrático del terrorismo. Las fronteras de la legalidad y de la ética se han traspasado tantas veces, los delincuentes han sido interlocutores de los gobernantes tan frecuentemente, las mentiras se han reiterado tan impunemente, que el sentido común ha perdido su conexión con el Estado de Derecho. El Derecho se adapta a la negociación con los terroristas, y el sentido común, también.
Por eso el sentido común, incluso el del mismísimo ministro de Justicia, no es capaz de diferenciar entre las conversaciones que la policía establece entre los secuestradores de un banco para lograr la liberación de los rehenes antes de entrar por la fuerza y la reunión que el alcalde de la ciudad celebra con el jefe de la mafia local en el despacho del ayuntamiento. Lo primero, obviamente, no es delito. Lo segundo, sí, puesto que el alcalde se convierte, en la práctica, en colaborador de la actividad delictiva del mafioso.
Si las conversaciones con ETA se hubieran limitado a ser lo que decían que iban a ser, meros contactos policiales con los secuestradores, el sentido común no estaría tan confuso. Tampoco lo estaría si los gobernantes nacionalistas no hubieran convertido la burla a la ley, en lo que al jefe mafioso se refiere, en una costumbre. Entonces, el sentido común quizá sí sería capaz de encontrar la contradicción entre la ley y la visita del mafioso al despacho del alcalde.

La neurona
LAURA CAMPMANY ABC

Dice el ministro Bermejo que a él aún le quedan neuronas para entender que Ibarretxe no va a acabar en chirona, ni a sentarse en el banquillo sólo por irse de copas, o de pinchos y chiquitos, con esos buenos patriotas que por amor a su tierra -entre razones muy otras- no han tenido más remedio que poner algunas bombas, extorsionar a empresarios y secuestrar a algún nota, amenazar al que calla y asesinar al que estorba, y no sentarse a una mesa sin una buena pistola.
No debiera sorprendernos que el ministro de esa broma que algunos llaman justicia por lo bien que se acomoda sepa con todo detalle y de antemano conozca la decisión de los jueces, que al fin será la que toca, pues en España el que manda pocas veces se equivoca. Aunque debo confesarles que a mí mis pobres neuronas -no sé contarlas e ignoro si serán muchas o pocas- lo que me dicen a voces y hasta en susurros me soplan es que no es tal la justicia que distingue entre personas, que por un mismo delito te condena o te perdona según el cargo que ocupes y el tamaño de tu sombra, que no se atreve a enfrentarse a quien la burla o ignora -y aun la acusa de rebelde o la tacha de intentona-, y que a los ojos de aquéllos que la aceptan como norma se enflaquece, se empobrece, se envilece y desmorona.
Yo no sé si don Mariano, en materia de neuronas, andará escaso u holgado, si son agudas o romas, pero pienso que con una que razonara las cosas, que le insuflara prudencia y le acolchara la boca, ya tendría lo que basta para vestirse la toga, gobernar su ministerio y hasta rimar una estrofa. Pero se ve que entre tantas se le perdió esa neurona, que con ser la más humilde, es la que vale por todas

El inquietante Montilla
CHARO ZARZALEJOS ABC

MADRID. El presidente de la Generalitat ha estado en Madrid. Su discurso resultó inquietante y desmesurado. Desmesurado por comparar un recurso ante el TC con un golpe de Estado e inquietante por lo de la desafección de Cataluña hacía el resto de España. Para rematar la advertencia, la descripción o la amenaza, los empresarios catalanes insisten en el discurso y ERC pide la independencia como mejor solución al conflicto de las cercanías. Lo dicho por Montilla es probablemente lo más importante de la semana que ahora acaba. Lo dijo con buenas formas pero es muy serio. Ya pueden echar por delante la balanza fiscal, porcentajes de inversión y demás fórmulas presupuestarias que lo dicho por Montilla y reafirmado por Joan Rosell es de muy difícil comprensión. Resulta lamentable y deprimente que los afectos se midan en dinero o en kilómetros asfaltados.
Es lamentable e inquietante que hubiera que recurrir a un Estatuto que in extremis lo salvó el presidente con el jefe de la oposición a su Gobierno en Cataluña para solucionar la «amenazada identidad» catalana. Resulta irritante escuchar tanto lamento cuando las partidas presupuestarias para Cataluña son excepcionalmente importantes.
Es inquietante que de la tensión territorial de la que hablaba el PSOE cuando llegó al Gobierno se haya pasado a la desafección que como todos los males serios tienen mucho de silentes y de profundos. Un catarro es siempre obvio, cuando la enfermedad es más seria no produce síntomas y así, cada día, nos alejamos más de la propuesta que Kennedy hizo a los americanos cuando les invitó a no preguntar qué puede hacer el país por ellos sino qué podían hacer ellos por América.
Ramplonería
Es muy ramplón alabar a Sarkozy sin matices y lo es desde luego tratar de minimizar su actuación en el Chad. Su foto en Torrejón causó impacto. «Lo importante es que están aquí no quien les ha traído», dice José Blanco que se ha quedado mudo ante la foto de Caldera rodeado de bebés para «vender» los famosos 2.500 euros. Si lo importante es la ayuda efectiva, ¿a qué viene la foto? No es la de Caldera una foto propia de la octava potencia del mundo, pero todos tan contentos aunque sea de vergüenza ajena.
Posó el ministro al día siguiente de que se conocieran los datos del paro que en esta ocasión dejó para otro la glosa de los mismos. El paro va en aumento y las constructoras ya han hecho saber a más de un diputado que por cada vivienda cuya obra se para o se deja de construir se genera 2,5 parados más. El cálculo es que en menos de un año el total de viviendas paradas o no construidas pueden ascender a 400.000 lo que, en principio, podría generar nada menos que un millón de parados más.
El Gobierno cree que los datos económicos en su versión negativa no se van a precipitar, que la economía tiene la suficiente versatilidad como para absorber buena parte del desempleo que se genere en determinados sectores y que, en fin, «podemos mirar tranquilos al mes de marzo».
Esta tranquilidad les viene también porque siguen pensando que la sentencia del 11-M «ha sido un palo» para el PP y por eso engrandecieron las inoportunas declaraciones de Aznar apresurándose a sacar un vídeo que tenía patas. Dijeron que no querían mirar para atrás pero a la menor recrean el pasado creyendo que eso garantiza el futuro. El PP no se quedó atrás y puso en circulación su argumentario y todo ello sin mover una ceja. Las órdenes de Rajoy son tajantes y como un solo hombre callan y así van a seguir. Insistir en el 11-M es tanto como renunciar a ganar las elecciones. El candidato popular reaparece el próximo fin de semana en la clausura de la convención y para el día 25 le tienen preparado un baño de masas en Murcia.
La semana nos ha dejado un excelente viaje de los Reyes a las dos ciudades ya citadas. Hay que atribuir al Gobierno el mérito que le corresponde que no es poco. Otra cosa es el «amigo impertinente». El embajador marroquí ni está ni se le espera, la Liga Arabe se pone estupenda. Lo complicado de Marruecos es que la alternativa a Mohamed, que no es poco, no es otro Mohamed sino un ayatolá que nos haga temblar. Aquí mismo, en Madrid, Esperanza Aguirre ha optado, no por llorar, sino por bajar impuestos con el apoyo, al menos en parte, del PSM.


Cinco magistrados del Constitucional juzgarán sus propias recusaciones
El presidente en funciones convoca un pleno de 10 jueces para el miércoles
JULIO M. LÁZARO - Madrid El País

El orden del día previsto fija como primer punto el examen de las recusaciones del Partido Popular contra los magistrados del bloque progresista Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps y a continuación, las del Gobierno contra los magistrados conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata.

De los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, el Pleno que debe juzgar la reforma de la ley orgánica del Tribunal que incluye la prórroga del mandato de la presidenta y el vicepresidente, ha quedado reducido a cinco magistrados: dos se han abstenido (la presidenta María Emilia Casas y el vicepresidente Guillermo Jiménez), otros dos han sido recusados por el Gobierno (Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez Zapata) y otros tres (Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps) han sido recusados por el PP. Entre abstenciones y recusaciones el tribunal no alcanza el mínimo de magistrados para poder adoptar acuerdos.

La convocatoria del Pleno de 10 magistrados -la presidenta Casas y el vicepresidente Jiménez no pueden participar por haberse aceptado sus abstenciones- implica la participación de los cinco magistrados recusados y, además, que éstos intervendrán en el trámite de admisión de sus propias recusaciones y las de sus compañeros, según explicó el propio Vicente Conde en una carta remitida el pasado día 31 a los magistrados.

En aquel escrito, Conde calificó esta solución del Pleno a 10 como "absolutamente innovadora", "sin base legal precisa" y "contraria al criterio seguido en otros casos".

Pero la otra alternativa era aplazar las recusaciones hasta la próxima renovación del tribunal, y que con la entrada de cuatro nuevos magistrados se alcanzase el quórum mínimo para que el Tribunal pudiese adoptar acuerdos. Esa solución, como advertía Conde, no sólo implicaría "la paralización del recurso del PP", sino que tendría el "gravísimo inconveniente" de admitir que las partes de un proceso, -en este caso el presidente del Gobierno y los 62 diputados del PP que firmaron las recusaciones- podrían "bloquear" el tribunal a base de tachas de la imparcialidad de varios de sus magistrados, lo que "crearía un precedente de indudable gravedad".

Así las cosas, Conde pedía en su carta a los magistrados que le hiciesen llegar su parecer antes del pasado martes, para optar por una de las dos soluciones: o el Pleno de 10 jueces o aparcar el recurso del PP. La convocatoria del Pleno para el miércoles permite deducir que éste debe haber sido el criterio mayoritario de los magistrados, aunque las fuentes consultadas recordaron que el Pleno podría volver a plantearse en cualquier el aplazamiento de las recusaciones.

El mismo criterio rige en cuanto al orden de ver la admisión a trámite de las recusaciones, que podría alterarse o verse todas juntas. En primer lugar, están señaladas las del PP, aunque éstas fueron las últimas en ser presentadas. Si se sigue ese orden, primero se decidiría sobre la admisión de las de los progresistas Manuel Aragón, Pascual Sala y Pablo Pérez Tremps. El PP les recusó porque según una información aparecida en el diario El Mundo, los tres se habrían mostrado "partidarios" de la reforma de la ley.

Si esas tres recusaciones se admiten a trámite y en su día se aparta a estos jueces del Pleno, quedaría un tribunal de siete jueces, (cinco conservadores y dos progresistas) para juzgar la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), con el previsible resultado de la nulidad de la prórroga del mandato de la presidenta Casas, y habría que nombrar un nuevo presidente que podría ser conservador, ya que casi todos ellos son de mayor edad.

Si, por el contrario, las recusaciones del PP fuesen rechazadas, los magistrados examinarán las tachas del Gobierno contra los conservadores García-Calvo y Rodríguez Zapata, que firmaron una carta expresando su más "profunda discrepancia" con la reforma de la ley. En el caso de que se admitiese a trámite la impugnación del Gobierno contra los dos conservadores y en su día saliesen del Pleno, juzgarían la reforma de la LOTC cinco progresistas y tres conservadores. Otra posibilidad es que se rechacen todas las recusaciones, con lo que se volvería a un pleno de 10 magistrados con voto de calidad de Vicente Conde.

Educación
La moda de convertir el hogar en escuela llega a España
Marta Borcha LR

madrid- Frente al sistema educativo tradicional, son ya muchas las familias que, por motivos ideológicos, pedagógicos, lingüísticos o religiosos, optan por educar a sus hijos en casa. Un modelo de formación al margen de las aulas, bautizado en el mundo anglosajón como «homeschooling», que se extiende cada vez más por nuestro país. Con dos años, el hijo de Azucena Caballero, una licenciada en Filosofía y en Historia, mostraba una gran curiosidad por aprender y era muy creativo. Una actitud que cambió cuando entró en el colegio a los cuatro años: «El niño se volvió apático, volvía del colegio cansado, no mostraba interés por nada y no quería coger un lápiz». Ante esta situación, Azucena y su marido lo sacaron de la escuela y decidieron educarlo en casa. «Nos dimos cuenta que el colegio resultaba un impedimento para el tipo de formación integral, rica y plural que deseábamos para él». Caballero tiene ahora dos hijos -«están escolarizados a distancia en un centro de Estados Unidos, pero nunca han ido al colegio»- y es vicepresidenta de la Asociación para la libre Educación (ALE), que reúne a unas 400 familias de toda España. Familias extranjeras De acuerdo con sus cálculos, extraídos a través de las distintas agrupaciones y redes de apoyo al «homeschooling», alrededor de 4.000 niños son instruidos en el hogar. «Creemos que la cifra es superior, pues hay muchas familias extranjeras que ya lo hacían antes de llegar aquí y no lo dicen, y otras que lo esconden por temor». Entre los socios de ALE se encuentra el matrimonio de Irún formado por Ketty Sánchez y Michael Branson, quienes «ante la imposibilidad de compaginar los horarios» de sus cuatro hijos, escolarizados en diferentes centros, decidieron sacarlos a todos del colegio, matricularlos a distancia en un centro de California e impartirles ellos mismos las clases en la academia de idiomas que regentan. Pero optar por educar en casa no les ha salido gratis en un país donde esta práctica aún está fuera de la ley. Por su actitud han sido acusados de «abandono de familia» y «desobediencia a la autoridad» por la Fiscalía de Menores. Derecho de los padres a elegir La escuela doméstica es una fórmula habitual en EE UU, Australia o Canadá, y en muchos países europeos como Dinamarca, Irlanda, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Suiza o Reino Unido. Todos ellos reconocen el derecho de los padres a la escolarización en casa, un método educativo que en España sufre un vacío legal. «La Constitución ampara el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, pero la Logse no reconoce una opción educativa alternativa fuera de los colegios. No está prohibido, pero no está reconocido», explica Caballero, quien recuerda que nuestro país está a la cabeza de Europa en fracaso escolar y que «muchas familias que deciden educar en casa provienen de casos de acoso y fracaso escolar». El caso de los Bronson les ha sorprendido mucho: «Lo normal es que antes de llegar a la Fiscalía lo investiguen los servicios sociales y no hay duda que los Branson son unos padres excelentes que dan a sus hijos una gran atención en todos los campos, el afectivo, educativo, moral, alimenticio…». La familia afectada se muestra tranquila ante las imputaciones de la Fiscalía, pues la jurisprudencia, dice Ketty Sánchez, les da la razón: «En España se han juzgado varios casos y el juez siempre ha dado la razón a las familias que educan en casa». El matrimonio evangélico compuesto por el español Paco González, doctor en pedagogía y profesor a distancia de Open University de Inglaterra, y su mujer Dorina, neozelandesa, profesora de inglés y diseñadora gráfica, tiene dos niñas que nunca han ido al colegio: «Comenzamos el “homeschooling” cuando vivíamos en Inglaterra porque queríamos crear unas bases que fueran coherentes con su formación. Cuando regresamos a España decidimos seguir con el mismo sistema». Daniela y Estefanía, de 16 y 12 años, están matriculadas a distancia en un colegio británico y realizan sus exámenes en el Colegio Británico de cualquier ciudad española. «Un entorno favorable» Para González, la educación en casa es «el fenómeno pedagógico por excelencia» de los últimos 20 años a nivel internacional: «La escuela en casa crea un entorno de aprendizaje muy favorable para reconocer y cultivar las aptitudes de los hijos, y es triste que España, con una sociedad abierta y plural, no contemple la legitimidad de un modelo pedagógico reconocido en los países más avanzados de nuestro entorno». Dos son los principales argumentos que se esgrimen en contra del «homeschooling». El primero es que los padres no tienen la capacidad necesaria para formar a sus hijos, una teoría que el pedagogo rebate asegurando que los estudios demuestran que «el elemento fundamental es el factor afectivo y que si los padres mantienen viva una inquietud intelectual pueden impartírsela a sus hijos». Aprender, apunta, es un proceso natural: «Los hijos vienen equipados con hambre de aprender, con un deseo natural de explorar y descubrir el mundo y los padres proporcionamos un ambiente afectivo e intelectual para trabajar en ellos en su desarrollo». El segundo argumento contrario a la educación en casa es que los niños no se socializan si no van al colegio. Sus seguidores, en cambio, consideran que, socializándose con adultos, «los niños adquieren madurez». Además, recuerdan que existen otros espacios para que éstos se relacionen. «Mis hijos bajan a la calle a jugar con otros niños o éstos vienen a casa, van a clases de Arte y de natación con otros niños y los fines de semana van a un club de niños», explica Ketty Sánchez, quien confiesa que, «desde que educamos a nuestros hijos hemos crecido mucho como familia y el elemento más grande de socialización que puede haber es la familia». Jugar con otros niños En el caso de los hijos de Azucena Caballero sucede lo mismo: «Vivimos en un pueblo muy pequeño de Badajoz y mis hijos salen a jugar a la calle con otros niños. Los fines de semana nos reunimos con otros padres cuyos hijos van o no al colegio. Además, gracias a las redes de ‘‘homeschooling’’ de toda España vienen niños a casa de otros ciudades para hacer talleres juntos». Entre las ventajas que supone educar en casa, esta madre destaca que «necesitas menos tiempo para obtener la misma formación que te ofrecen en el colegio» y que sus hijos disponen «de más tiempo para socializarse y desarrollar su creatividad». La atención personalizada que reciben es, para Paco González, otro de los beneficios: «El proceso educativo puede ajustarse al proceso de aprendizaje, adaptar los métodos y potenciar los intereses de cada uno, nada que ver con el ambiente estresante de las escuelas. El niño avanza a su ritmo y la eficacia de aprendizaje se dispara».


La Guerra Civil según el tripartito
MARÍA JESÚS CAÑIZARES ABC

BARCELONA. Tienen 17 años y son alumnos del IES Bernat El Ferrer de Molins de Rei (Barcelona). Han oído hablar de la Guerra Civil por boca de sus familiares, pero, a partir de ahora, tendrán un mayor conocimiento de ese período histórico. Eso sí, a través de la memoria histórica que el Gobierno catalán acaba de introducir en los colegios públicos y concertados de Cataluña.
La Consejeria de Relaciones Institucionales de la Generalitat, dirigida por el ecosocialista, Joan Saura, ha editado un libro-CD para enseñar a los alumnos de cuarto de ESO y de segundo de bachillerato cómo era la vida cotidiana en Cataluña durante el citado conflicto bélico. Está previsto editar unos 2.000 ejemplares que se pondrán a disposición del profesorado de estos cursos.
Esta iniciativa, coordinada con el departamento de Educación catalán, es una de las primeras consecuencias de la Ley del Memorial Democrático, aprobada por el Parlamento autonómico el pasado 24 de octubre sólo con los votos de PSC, ERC e ICV, mientras que PP y Ciutadans se opuso por entender que se trata de una legislación sectaria y que reabre heridas de forma innecesaria. CiU, por su parte, se abstuvo tras haber conseguido que en esta ley se reconociera, a regañadientes, que también hubo víctimas de la represión republicana. El proyecto catalán se adelantó a la ley de memoria histórica, aprobada la semana pasada en el Congreso.
«Rigor científico»
«Es posible que alguien hable de parcialidad sobre el contenido del libro, pero está hecho con rigor científico y objetividad», asegura la directora general de la Memoria Democrática de la Generalitat, María Jesús Bono, quien ayer se desplazó al citado IES de Molins de Rei para presenciar cómo un grupo de alumnos trabajaba una de las unidades del libro.
Asistió también el director general de Innovación de la Consejeria de Educación, Joan Badia, negó que el material proporcionado a los centros escolares «tenga una visión sesgada» y recordó que su abuelo era carlista. «La Guerra Civil es una cuestión sensible, pero se tiene que tratar. No puede ser escondida. Admitimos todas las críticas y si alguien tiene miedo, qué le vamos a hacer», dijo Badia.
El libro, publicado por la editorial Eumo, se titula «Guerra Civil en Cataluña. Voces de los sin nombre» y ha sido elaborado por Gemma Tribó, Anna Bastida y Carmen Sierra, profesoras del departamento de Didáctica de las ciencias sociales de la Universidad de Barcelona. A lo largo de 162 páginas, se narra la vida cotidiana en el bando republicano durante el conflicto.
Aunque hay una breve referencia a las intenciones «muy destructivas» de algunos miembros del bando republicano y algún cuadro estadístico sobre sacerdotes y religiosos asesinados, el grueso de esta publicación está dedicado a los efectos de la persecución franquista a través de cartas de soldados, testimonio de niños refugiados, dibujos y fotografías.
Una atención especial se dedica a la labor de las milicianas, con profusión de fotos y carteles propagandísticos, así como una cierta exaltación de la batalla del Ebro. A partir de esta información, el libro propone a los alumnos ejercicios prácticos y actividades para que investiguen cómo sufrieron el conflicto sus abuelos o los vecinos de su pueblo. En el libro se compara la Guerra Civil con los conflictos registrados en la antigua Yugoslavia y en Darfur.
Simulacro
Visiblemente nerviosos por la presencia de cámaras y autoridades, los alumnos del IES Bernat El Ferrer estrenaban el material didáctico a modo de simulacro mediático, pues en realidad, este episodio histórico comenzará a enseñarse como complemento del temario oficial a partir del mes de abril.
«Es algo diferente a lo que solemos hacer», confiesa Israel Báez, cuya familia emigró a Cataluña desde Canarias, Andalucía y Madrid. Siente curiosidad por lo que pasó durante esos años y considera importante saber cómo vivía la gente entonces. Ana Oró también sabe algo de la Guerra Civil por testimonios familiares y también se siente atraida por las vivencias de esos ciudanos anónimos. Los responsables del centro aseguran, no obstante, que existen carencias al respecto porque los temarios suelen acabarse en el siglo XIX y que, el ocasiones, se llega a confundir democracia y dictadura.
Próximos proyectos
La Generalitat tiene en marcha otro grupo de trabajo, en colaboración con la Diputación de Barcelona con la finalidad de elaborar un nuevo libro basado en fuentes orales.
La distribución de este material escolar es una pieza más de ese revisionismo histórico, convertido en uno de los objetivos de Saura y que fue introducido en el nuevo Estatuto gracias al voluntarismo de este consejero, para quien el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil «no puede trasladarse a todas las ideologías» por «su superiordad ética».
En las próximas semanas se dará luz verde a otra ley que amparará la exhumación de 9.000 republicanos de fosas comunes. Recientemente, el Gobierno catalán aprobó una convocatoria de subvenciones por valor de 1,5 millones de euros para promover la recuperación y señalización de vestigios de la Guerra Civil y el período franquista en Cataluña.


La Rioja recurrirá ante el Constitucional los PGE si se blindan para favorecer a Cataluña
SONIA BARRADO ABC

LOGROÑO. El Gobierno de La Rioja estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2008 si prosperan las dos enmiendas presentadas por el PSOE e IU-ICV y por Esquerra Republicana de Cataluña. El presidente riojano, el popular Pedro Sanz, advirtió ayer de que la asesoría jurídica de la Comunidad autónoma está analizando esta posibilidad ante unas enmiendas «que todo parece indicar que se van a aprobar», afirmó el mandatario, y que persiguen, en su opinión, garantizar que la Generalitat recibirá, durante el primer semestre del ejercicio presupuestario siguiente, las cantidades consignadas en los Presupuestos del Estado para invertir en Cataluña y que no se hayan ejecutado. Así, Sanz señaló que, por una parte, se está garantizando una «cantidad sustancial» para Cataluña y, por otra, se está exigiendo «que las cuantías consignadas en los Presupuestos que no ejecute el Ejecutivo central reviertan a la Generalitat».
Sanz subrayó que se ha planteado presentar el recurso porque estas enmiendas «suponen, una vez más, privilegios para unos y discriminaciones para otros, cuando el Gobierno de España debe garantizar la igualdad de todos los territorios y de todos los españoles». Se preguntó, por ello, «por qué para unas comunidades sí y para otras no» y sospechó que esta medida se base en un acuerdo «para mantener Rodríguez Zapatero en el poder».
El presidente riojano precisó que si estas enmiendas prosperan en el trámite parlamentario, La Rioja podría recurrir los artículos o disposiciones relacionados con las mismas en los Presupuestos Generales del Estado una vez aprobados. También señaló que «sería una buena medida» que todas las comunidades autónomas recibieran los fondos que los PGE contemplen invertir cada año en sus territorios y no se hayan ejecutado. En este sentido, destacó que en La Rioja, si se analizan los Presupuestos del Estado de los años 2005, 2006 y 2007, «se han dejado de ejecutar más de 150 millones de euros que podrían revertir a la Comunidad, como parece que va a suceder en Cataluña».
Pactos
Con su denuncia, Pedro Sanz pretende evitar que estas enmiendas se puedan aprobar, aunque «tengo la impresión de que van a prosperar, porque ha habido pactos entre el grupo mayoritario y los nacionalistas catalanes». «Es un hecho que quería advertir a aquellos que tengan la responsabilidad, en este caso, de las enmiendas que discriminan a las comunidades», añadió. Sanz consideró que el hecho de que puedan prosperar ambas propuestas producirá que en España «haya ciudadanos de primera y de segunda», a lo que se ha opuesto en numerosas ocasiones.
Este rechazo de La Rioja ante decisiones que priman a unas comunidades sobre otras ha llevado al Gobierno riojano a recurrir también ante el Tribunal Constitucional tanto acuerdos como reformas de los estatutos de autonomía, como el de Aragón por entender que invade las competencias sobre el río Ebro, y el de Cataluña, por incidir también en las atribuciones de La Rioja en diversas cuestiones, una de ellas, igualmente, la gestión del agua. Respecto a Cataluña, el Gobierno riojano mostró también su malestar tras el reciente acuerdo alcanzado entre esa Comunidad y el Estado en materia de inversión en infraestructuras, que juzgó, del mismo modo, de «discriminatorio» y en el que ya censuraba el blindaje de la ejecución de los presupuestos del Ejecutivo central, como ocurriría de prosperar las enmiendas de PSOE e IU-ICV y de ERC.
La Rioja ya exigió entonces el «mismo trato» y las mismas garantías de ejecución planteadas para la Generalitat de Cataluña, además de afirmar que si el Estado «no es capaz de realizar en nuestra Comunidad las inversiones que nuestro crecimiento económico y nuestra estructuración y vertebración territorial necesita, vamos a pedir que ese dinero se transfiera al Gobierno de La Rioja porque, sin duda, este Gobierno va ejecutar correctamente esos presupuestos adicionales en beneficio de todos los riojanos».
En base a este acuerdo, el Gobierno riojano ha reclamado una financiación adicional de 380 millones para infraestructuras en los próximos siete años, teniendo en cuenta el mismo modelo aplicado en este caso para Cataluña, más otros 44 millones para este ejercicio.
Trabas del PSOE
Por otra parte, Pedro Sanz acusó ayer al PSOE de «poner obstáculos» a la inclusión de La Rioja en el Fondo de Compensación Interterritorial, por el cual esta región podría recibir del Estado entre 10 y 13 millones de euros. Sanz afirmó que el Partido Socialista «está interesado en que se pase la legislatura y no se apruebe la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular y aprobada por unanimidad en el Parlamento de La Rioja» para que esta Comunidad autónoma pueda volverse a beneficiar del Fondo de Compensación Interterritorial, del que fue excluida en 1990. El mandatario recordó que esta Proposición de Ley se ha defendido en el Congreso y fue aprobada, y ahora está en trámite parlamentario en el Senado, donde el pasado día 7 finalizaba el periodo de presentación de enmiendas, «por lo que perfectamente podía contemplarse la posibilidad de que se aprobara antes de final de año». Y es que para que La Rioja pueda estar incluida en ese Fondo es necesario que la tramitación concluya esta legislatura.

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