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Recortes de Prensa    Domingo 11 Noviembre   2007

Sanear la democracia
M. MARTÍN FERRAND ABC 11 Noviembre 2007

PARA que la esperanza tenga fundamento, lo dice Baura, ha de ser posible aquello que deseamos. Por eso en España somos muchos más los esperantes que los esperanzados. En ocasiones surge una chispa esperanzadora; pero el hábito de asumir nuestras miserias colectivas -«más vale lo malo conocido...»- la apaga de inmediato, sin que llegue a tener cuerpo y presencia. La penosa y estéril vulgaridad que ha impuesto en nuestra vida colectiva la última legislatura, la de José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, no parece aliviarse con la convocatoria de unas elecciones legislativas para dentro de 120 días. A tan corta distancia de unos comicios trascendentales ninguno de los dos grandes partidos evidencia más ideas y proyectos que los que se deducen de sus ansias por ocupar el poder.

Parece que la Transición, aquella maravilla que nos sacó de un largo y resignado letargo dictatorial para convertirnos en una Nación viva y trepidante, ya no da más de sí. La misma Constitución que, en virtud de sus calculadas indefiniciones, permitió la plétora democrática se ha convertido en herramienta para la discrepancia, punto de apoyo para la divergencia centrífuga y rodrigón para el crecimiento de una clase política que, sin grandes diferencias entre sus distintas familias, ha degenerado en una partitocracia hostil al talento, escasa de horizontes y, sobre todo, poco representativa y nada parlamentaria.

El sistema electoral, uno de los pocos elementos en los que el consenso de los partidos se hace notar, es pieza germinal de muchas de esas carencias. En Barcelona, un grupo de cincuenta notables de todos los colores políticos y sociales -desde Heribert Barrera a Carlos Sentís, pasando por José Vila Bassas- ha lanzado un manifiesto para mejorar la calidad de la democracia y pedir «que nos representen las personas y no los partidos». Ahí está el detalle. Es más que probable que, en elección directa, con listas electorales abiertas y en circunscripciones más acotadas y concretas, en las que los electores pudieran conocer y valorar a sus elegidos, protagonistas tan relevantes de nuestra vida pública como Zapatero y Mariano Rajoy tendrían dificultades para ser elegidos diputados por su pueblo. Sin la rosa o la gaviota, cada cual con su talismán, se quedarían en poco más que nada.

De aquí al 9 de marzo no hay tiempo para ningún cambio revitalizador de esta democracia desunida y bostezante; pero bueno sería que los partidos mostraran en sus programas proyectos y deseos de cambios profundos capaces de conducirnos a una verdadera Segunda Transición. Necesitamos la separación de los poderes del Estado, un diseño territorial con límites y la representación ciudadana capaz de proyectarse en un eficaz parlamentarismo. Es decir, unas nuevas normas de juego. Dígasele, si se quiere, constituyente.

Estrategia socialista
Los electores del 14-M
José María Marco Libertad Digital 11 Noviembre 2007

Juan Carlos Girauta ha expuesto muy acertadamente en estas páginas cómo el PSOE, ahora desde el Gobierno, está organizando la reedición del 13-M. Todos recordamos lo ocurrido: el acoso y el ataque a las sedes del Partido Popular, la mentira y la manipulación informativa, el uso del crimen terrorista como instrumento político, la violación de las reglas de la democracia. El revival era algo esperable, como también dice Girauta.

Y es que para renovar su estancia en La Moncloa, Rodríguez Zapatero necesita movilizar al voto que se sintió manipulado por el Gobierno del PP entre el 11 y el 14-M. No tiene, literalmente, más alternativa que esa.

Y estos cuatro años, que podían haberse dedicado a muchas otras acciones provechosas para el conjunto de la nación y de los españoles, han estado dirigidas principalmente a ese fin, que es mantener vivo el recuerdo de lo que una franja esencial de votantes percibió como un engaño.

Se puede entender la acción de gobierno de Rodríguez Zapatero como la de un iluminado que a fuerza de querer plasmar una fantasía está destrozando la nación que le ha cabido el honor –honor que desconoce, dicho sea de paso– de gobernar. Se puede entender también, sobre todo dado el nivel intelectual de casi todos los miembros del gabinete, como el Gobierno de una persona con pocas luces, por decirlo de alguna manera.

Pero sea cual sea lo que haya detrás –proyecto delirante o simpleza– lo que está claro es que a Rodríguez Zapatero le mueve una ambición de poder que requiere la actualización permanente de aquella infamia siniestra, sin duda algo más infame y con toda probabilidad aún más siniestra de lo que por ahora cabe sospechar.

Por eso desde el Gobierno se pueden seguir al mismo tiempo dos líneas de conducta aparentemente contradictorias.

Una consiste en repetir que es necesario "pasar página". Como el bochornoso monumento invisible a las víctimas del 11-M, el Gobierno no quiere que se recuerden aquellos hechos, sobre los cuales la reciente sentencia judicial no ha hecho más que verter aún más preguntas de las que ya había formuladas.

La otra consiste en mantener permanentemente los focos encendidos, con la máxima potencia, sobre la acción de gobierno del PP para achacarle la responsabilidad, primero, de un supuesto engaño a la opinión pública y, segundo, con poco disimulo, de los propios hechos, relacionándolo con la foto de las Azores. De ahí que la sentencia que desliga el 11-M de nuestro apoyo al derrocamiento de Sadam Hussein en Irak resulte tan incómoda para Rodríguez Zapatero y haya desencadenado una reacción tan virulenta.

Hay que reconocer que el Partido Popular no lo tiene fácil ante esta estrategia doble, en parte por la completa falta de escrúpulos de quien es capaz de ponerla en marcha, y en parte también por los errores que el Gobierno del PP cometió en aquellos días. Aun así, la destructiva acción de gobierno de Rodríguez Zapatero, la reacción que ha suscitado en la sociedad española, los resultados de los gobiernos regionales del PP y la propia sentencia del 11-M permiten a la oposición un margen de maniobra suficiente, y más que suficiente, sobrado, como para plantar cara a esta maniobra.

Euskadi, Irlanda y la autodeterminación
Rafael Leonisio El Correo 11 Noviembre 2007

Fue con la firma del Pacto de Lizarra a finales de los años 90 cuando la cuestión irlandesa se puso de moda en Euskadi. En aquella época el nacionalismo vasco se miraba en el espejo del proceso de paz norirlandés hasta el punto de pretender importar muchas de sus fórmulas. Una de ellas era el derecho de autodeterminación, el cual, reconocido por el Gobierno británico en 1998 con la firma del Acuerdo de Stormont o de Viernes Santo, habría contribuido de manera definitiva a alcanzar la paz. Desde entonces el nacionalismo vasco ha repetido machaconamente un mismo argumento: si la autodeterminación llevó la paz a Irlanda, en el País Vasco pasaría lo mismo. Este razonamiento puede escucharse en todos los rincones de la geografía vasca, desde las más altas instancias gubernamentales hasta las más modestas discusiones de cuadrilla. Con motivo de su reunión con Zapatero para negociar su última iniciativa, el lehendakari se fue algo más atrás, hasta 1993, para poner el acento en la Declaración de Downing Street, que también recogía el derecho a decidir su futuro de los ciudadanos de Irlanda del Norte. Si bien es cierto que ambos textos reconocían ese derecho, la historia es un poco más complicada de lo que nos cuentan y es bastante dudoso que la paz en Irlanda viniera impulsada por dicho reconocimiento. Veamos.

En 1921 se firmó el tratado anglo-irlandés por el que Irlanda dejaba de ser parte del Reino Unido, constituyéndose el Estado Libre Irlandés (posteriormente República Irlandesa). La independencia no fue sin embargo efectiva en seis de los nueve condados de la provincia de Ulster, que siguieron dependiendo del Reino Unido bajo la denominación de Irlanda del Norte. En ese momento comenzaba la segunda parte del problema irlandés, ya que el movimiento republicano, contrario al arreglo, comenzó a reclamar por métodos violentos la unidad de la isla. El Estado irlandés tampoco se conformó con el 'statu quo' de lo que consideraba parte de su territorio, postura que plasmó en la Constitución de 1937, cuyos artículos 2 y 3 reclamaban la reintegración territorial de Irlanda.

El Gobierno británico, por su parte, no consideró su soberanía sobre Irlanda del Norte como inalienable, sino que supeditó el estatus de la región a la decisión de sus habitantes. Así se plasmó en 1949 en la Ley para Irlanda, en la que se decía que Irlanda del Norte jamás dejaría de ser parte del Reino Unido sin el consentimiento de su población y de su parlamento. Es decir, que con el consentimiento de ambos (con el derecho a decidir de la región) sí que podría unirse al resto de la isla. Lo dijo claramente en 1971 el entonces primer ministro, Edward Heath: «Si en el futuro la mayoría de la población de Irlanda del Norte desea la unificación y expresa ese deseo en la forma constitucionalmente apropiada, no creo que ningún gobierno británico se interpusiera en el camino». La trampa por supuesto estaba en que entonces (como ahora) la población protestante leal a Gran Bretaña era mayor (en una proporción 60-40 aproximadamente) que la católica con identidad nacional irlandesa. Esa división se reflejó en 1973, cuando el 'derecho de autodeterminación' fue ejercido en un referéndum que fue boicoteado por los partidos nacionalistas irlandeses: prácticamente el 100% de los votos fueron para la continuidad de Irlanda del Norte en el Reino Unido, mientras que la abstención se elevó al 41,3%.

La postura británica de dejar el futuro de Irlanda del Norte en manos de sus habitantes era rechazada tajantemente por el nacionalismo irlandés y, sobre todo, por los republicanos del IRA y Sinn Fein. Para éstos, el derecho a decidir no era más que lo que ellos denominaban 'el veto unionista', y desde el primer momento se opusieron frontalmente a él. Para el movimiento republicano la autodeterminación de Irlanda del Norte era un despropósito por ser ésta una región artificial cuyo futuro no debían decidir sus ciudadanos sino el conjunto de los irlandeses. Unas palabras de Gerry Adams en su libro 'A pathway to peace' son muy clarificadoras al respecto: «Los republicanos pretenden forzar a los británicos a que dejen de apoyar a los unionistas y a que concedan los derechos nacionales indivisibles del pueblo irlandés en su conjunto. Todos los demócratas irlandeses ( ) niegan que los unionistas tengan un derecho de veto sobre la partición de Irlanda y la conexión británica. Ésta es una cuestión de principio».

De todo lo anterior se puede deducir que la aceptación por parte del Gobierno británico del derecho a decidir de Irlanda del Norte en 1993, en la Declaración de Downing Street, no fue ninguna novedad. Sí lo era sin embargo el reconocimiento de la autodeterminación del conjunto de Irlanda aunque supeditándola, eso sí, a la decisión de los habitantes de los seis condados. Por tanto, el derecho de autodeterminación de Irlanda sólo podría ejercerse cuando la ciudadanía norirlandesa decidiera incorporarse a la República. Momento en el cual, hay que decirlo, dicho reconocimiento sería un absurdo porque, una vez consumada la anexión del norte, ¿qué sentido tiene reconocer la autodeterminación al conjunto de la isla si ésta ya es un Estado independiente y soberano? Los republicanos rechazaron la declaración, y es que la postura británica no había variado un ápice: Irlanda no sería una unidad hasta que la mayoría de la población del norte así lo consintiera.

El Acuerdo de Stormont, considerado el pacto central del proceso de paz norirlandés, repetía, respecto a esta cuestión, las mismas pautas que el documento de 1993. Es decir, se reconocía, y esta vez sí con la firma de los republicanos, el derecho de autodeterminación de Irlanda tal y cómo había sido reconocido previamente en la Declaración de Downing Street, es decir, sometiéndolo al consentimiento de la mayoría de la población de Irlanda del Norte. Por tanto, por primera vez en su historia, Sinn Fein y el IRA reconocían la legitimidad del 'veto unionista' contra el que llevaban décadas combatiendo. Esta cesión, sin embargo, no supuso la concesión paralela de ninguno de los objetivos históricos de los republicanos. En palabras de uno de los mayores expertos en este tema, Rogelio Alonso, «era un documento que no satisfacía ninguno de los puntos fundamentales de la agenda negociadora de Sinn Fein». Algo que corroboran las palabras, por si hubiera alguna duda, de Jim Gibney, a la sazón miembro de la ejecutiva de Sinn Fein: «Desde una rígida perspectiva republicana el Acuerdo de Stormont debería hacerse pedazos».

En resumen, se puede decir que es cierto que tanto la declaración de Downing Street como el Acuerdo de Viernes Santo fueron importantes para la paz, en tanto en cuanto reconocían el derecho de los habitantes de Irlanda del Norte a decidir su futuro. Pero no por el hecho de que éste fuera firmado por el Gobierno británico, sino por la aceptación del mismo por parte de un movimiento republicano irlandés que había pasado medio siglo luchando contra él. No fue, por tanto, el derecho a decidir de la población de Irlanda del Norte algo que el Gobierno británico concedió graciosamente al IRA y a Sinn Fein, sino fundamentalmente todo lo contrario. Es decir, la paz no llegó a través de contrapartidas o cesiones políticas de ningún tipo (léase autodeterminación u otras). La causa principal fue la decisión de los republicanos de abandonar la violencia sin obtener nada a cambio.

Zapatero se compromete a usar el fallo del 11M como arma electoral.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 11 Noviembre 2007

Zapatero ha declarado en Santiago de Chile, el sitio donde su amigo Chavez se le ha puesto gallito y respondón, que no utilizará la sentencia del 11M y sus consecuencias políticas en su discurso preelectoral ni en el electoral. Este hombre siempre habla en zapaterés, y en esa jerigonza el no significa siempre si, salvo contadas excepciones en que habla en castellano. Conocida su trayectoria mendaz, traidora, desleal y falsa tengo la convicción, y el tiempo lo confirmará, de que hará justo lo contrario de lo que ha dicho, utilizará hasta el aburrimiento lo del 11M como arma política contra el PP.

Un hombre que ha sido capaz de promover y firmar con el PP el Pacto por las libertades y contra el terrorismo y mientras lo firmaba y años después estaba negociando a escondidas con ETA todo lo habido y por haber, es un hombre nada de fiar, y su palabra tiene el precio correspondiente al valor que el mismo le da.

No hace mucho salió en los medios moralizando y sermoneando acerca de que hay que mirar adelante tras lo del 11M, de que el futuro era lo prioritario y esas mamonadas que suele decir con esa cara de ángel de la mentira, y justo un día después saca un vídeo dando caña al PP con el tema, y sus ministro dando caña con el tema y sus medios dando caña con el tema. La naturaleza del escorpión es la que es, puede prometer no picar, pero picará, puede prometer no mentir, pero mentirá, puede prometer no utilizar el 11M políticamente pero no ha dejado de hacerlo desde que salió la sentencia.

Las mentiras de este gran mentiroso son tantas que es ya casi imposible hacer inventario de las mismas. Solo una y gorda, la de veces que mintió diciendo que había verificado que ETA había abandonado definitivamente la violencia y que por eso se ponían a negociar. Y eso lo decía mientras todos sabíamos que ETA no había dejado ni dejaría la violencia y en los periódicos no cesaban de salir casos de terrorismo callejero, de robos de armas, de extorsiones sin cuento y de vuelta a matar, aunque para él solo fueron accidentes lo de la terminal de Barajas.

Siento tener que desmentir a Rubalcaba en su más famosa e histórica intervención, el día de reflexión antes de las elecciones de 2004, este país se merece un gobierno que le mienta, porque lo ha votado.

Oportunidad perdida
Ignacio Cosidó Libertad Digital 11 Noviembre 2007

La Asamblea de la Federación de Municipios y Provincias que se celebra este sábado en Madrid era una magnífica ocasión para empezar a reconstruir el necesario consenso que una mayoría de los españoles están pidiendo para hacer frente al creciente desafío nacionalista. Era difícil encontrar para ello mejor candidata que Regina Otaola, la alcaldesa de Lizarza. Nadie como ella representa la salvaguarda de los valores constitucionales, la defensa de los símbolos nacionales y la determinación para hacer frente políticamente a los terroristas y sus cómplices. Sin embargo, el PSOE ha optado una vez más por sacrificarlo todo, empezando por sus principios, para tratar de mantener a Z en La Moncloa.

El PSOE ha convertido la Asamblea de la FEMP en un acto de propaganda electoral. La Asamblea se ha ampliado un día más para que la Vicepresidenta Primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, candidata del PSOE al Congreso por Valencia, pueda realizar su primer acto electoral. Todo ello con la firme oposición del Partido Popular, que no quiere ver convertida esta Asamblea en un mitin electoral y que pretende que la FEMP no se convierta en una mera terminal de poder de La Moncloa.

Zapatero pretende además utilizar a la FEMP para consolidar su alianza con la izquierda y los nacionalistas radicales de cara a una próxima Legislatura, en la que ya ni siquiera sueña con una mayoría absoluta. La equiparación ofrecida por el PSOE en la representación institucional de la Federación entre el Partido Popular, vencedor de las elecciones municipales, con Izquierda Unida, es más que un desprecio político un insulto a la inteligencia. Una cosa es que se le niegue la presidencia a quien debería ocuparla como vencedor de las elecciones y otra es que encima se quiera insultar.

Los alcaldes socialistas que avalen con su voto esta nueva maniobra al servicio de Zapatero estarán incurriendo no sólo en un error, sino también en una gran irresponsabilidad. En primer lugar, usurpando la presidencia al partido que venció democráticamente en las urnas. En segundo término, consolidando una alianza con los nacionalistas que resulta letal para la propia supervivencia de nuestra Nación y de nuestro Estado. Por último, estarán poniendo los intereses de Zapatero por encima de los intereses de sus propios municipios.

La Asamblea servirá además para defenestrar al actual presidente socialista, el alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego, y sumar así una nueva víctima a la cada vez más larga lista de cadáveres políticos que Zapatero va almacenando en su particular armario de La Moncloa. El caso más sangrante de esta ya larga lista fue Pasqual Maragall, quien después de ayudar decisivamente a Zapatero para encumbrarse dentro del PSOE y de abrirle después la puerta de La Moncloa con el tripartito, pagó sus servicios con su defenestración de la presidencia de la Generalidad catalana. Mucho antes fue sacrificado Nicolás Redondo como Secretario General de los socialistas vascos, al que tuvieron que eliminar para poder poner en marcha el fallido proceso de negociación con ETA. Posteriormente fue el madrileño Rafael Simancas quien fue inmolado como cabeza de turco por la derrota del PSOE en las últimas elecciones municipales en toda España. Aquel que osa resistirse al sacrificio, caso del líder socialista valenciano Ignasi Pla, es eliminado de la escena política por Blanco utilizando prácticas más propias de una organización mafiosa.

Ahora les ha tocado a los socialistas castellanos y leoneses. Porque la caída de Heliodoro Gallego de la presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias es, en realidad, un serio varapalo para el conjunto del PSOE en Castilla y León. Tras su histórica derrota en las últimas elecciones autonómicas, con un líder provisional que no encuentra sustituto y con una afiliación cada vez más desconcertada y desanimada, el golpe recibido ahora no puede resultar más demoledor. Todo en aras de resucitar a una Federación Madrileña que atraviesa también sus horas más bajas.

La Asamblea de la FEMP demuestra que el único objetivo político en este momento tiene Rodríguez Zapatero es mantener el poder como sea, caiga quien caiga y a cualquier precio. Todo está supeditado a ese supremo fin. Pero los alcaldes socialistas deberían entender que la alianza con nacionalistas e izquierda radical que ellos van a apuntalar con sus votos terminará resultando destructiva no sólo para el PSOE, sino para el conjunto de España. Y deberían saber, además, que no por doblegarse dócilmente a esa estrategia tienen garantiza en absoluto su supervivencia política personal, sino más bien lo contrario. Los ediles del PSOE pierden así una oportunidad histórica para empezar a regenerar la Nación desde el municipalismo a través de un gran acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas que representan a esa inmensa mayoría de los españoles que siguen creyendo en España. Con Regina Otaola a la cabeza.
Ignacio Cosidó es senador del Partido Popular por Palencia.

Marroquinería
JON JUARISTI ABC 11 Noviembre 2007

NO es que me apetezca discrepar con Mikel Azurmendi, lo más parecido que tengo a un hermano en los vascos de mi generación, pero los paralelismos que traza entre el expansionismo marroquí y el Estado de Israel -véase su Tercera del pasado viernes- sencillamente no se sostienen. Ni fueron los países europeos «encabezados por la Unión Soviética» los que otorgaron a los judíos el territorio de Palestina, extraterrando a sus habitantes, ni el sionismo tenía nada que ver con un nacionalismo étnico. Hay que recordar que la ONU aprobó el 29 de noviembre de 1947, por 33 votos contra 13, la creación, en dicho territorio, de dos Estados independientes. Hay que recordar asimismo que los Estados árabes se negaron a aceptar la resolución de la ONU y empujaron a los palestinos a levantarse en armas contra el Estado de Israel, y, finalmente, hay que recordar que el exilio de los palestinos fue consecuencia directa de su derrota en una guerra que ellos comenzaron. En cuanto al sionismo, partía precisamente del supuesto de la posibilidad de construir un Estado con gentes de etnias muy distintas (askenazíes, sefardíes, judíos árabes, persas, indios, etíopes, etcétera). El Estado de Israel tiene dos lenguas oficiales, hebreo y árabe, y, pese a su carácter de Estado judío, cuenta también con ciudadanos musulmanes, cristianos y drusos. Ciudadanos, no dhimmíes (minorías protegidas) como en los países islámicos. Si esto es un nacionalismo étnico, venga Dios y lo vea. Por supuesto, en Israel hay también nacionalistas étnicos, judíos y árabes, más o menos organizados en grupúsculos ruidosos y violentos. Afortunadamente, ni unos ni otros determinan el carácter del Estado.

Es curioso que a Mikel Azurmendi se le haya escapado lo que verdaderamente tienen de similar la situación de Israel y la nuestra. Ambas se definen por reclamaciones de sesgo irredentista sobre territorios de dos Estados soberanos, azuzadas en ambos casos por la Liga de Estados Árabes. La diferencia es que, en la nuestra -como muy bien lo ha visto Azurmendi-, el Gobierno parece más interesado en comprender las razones del contrario que en defender la soberanía nacional. Como España no es una nación étnica, sino democrática, reconocemos como parte de la nación soberana y en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos españoles a los melillenses y ceutíes musulmanes, sean o no hablantes originarios de tamazigh. Sólo desde un radical nacionalismo étnico puede explicarse la «traición generosa» de los españoles que ven marroquíes irredentos en estos conciudadanos nuestros. Se trata del mismo tipo de estupidez de aquéllos que consideran a los árabes israelíes -cristianos o musulmanes- palestinos nacionalmente oprimidos por los israelíes judíos, y eso sin haberse tomado la molestia de saber lo que opinan los interesados.

Sinceramente, pienso que a tales luminarias, aunque hayan pasado por la diplomacia, es inútil recomendarles la lectura de Renan y de otros clásicos de la nación democrática. Son los desechos de la tienta totalitaria, acostumbrados a plantear las diferencias sociales y culturales como diferencias étnicas o nacionales irreducibles. Y nada digamos de la geografía. Deterministas a ultranza, razonan en el fondo como Le Pen, aunque se las den de progresistas. Todas las etnias son iguales, sostienen, pero cada una en su nación correspondiente: los musulmanes, en Marruecos, que es donde se sentirán felices. A éstos hay que aclararles que, aun en el hipotético caso de que Ceuta y Melilla estuvieran pobladas solamente por ciudadanos musulmanes de abuelos rifeños, cualquier gobierno español tendría la misma obligación de defender ambas ciudades del anexionismo marroquí que si fuesen sendas poblaciones de Tierra de Campos con vecinos cristianos de pura estirpe leonesa.

La misma, por cierto, exactamente la misma, que le incumbe en la defensa de la soberanía nacional en Lizarza, por ejemplo. Pero me pasa lo que a Mikel Azurmendi: no le veo yo a este Gobierno muy dispuesto a frenar a los nacionalistas, ni a los vascos ni a los marroquíes. Que al menos, de aquí a las elecciones, no nos impongan actos de contrición por el pasado colonial, ni siquiera los que podría firmar cualquier demócrata.

Caciquismo autonómico
ÁNGEL PUERTA ABC 11 Noviembre 2007

Al final se consumó. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con el único apoyo del PSOE y su mayoría parlamentaria, aplicó el anunciado «rodillo» y aprobó «su» reforma de la ley electoral en solitario, en un gran ejercicio de soberbia antidemocrática y onanismo intelectual. Una ley hecha a medida de sus intereses y de «su» matemática electoral. Dado el bipartidismo característico de Castilla-La Mancha y con los antecedentes de que ya en alguna ocasión la mayoría parlamentaria en la región se ha decidido por un sólo escaño, el Partido Socialista, con Barreda a la cabeza, decidió aumentar un diputado más para Toledo y otro para Guadalajara, sin consensuarlo con nadie y sin dar una explicación lógica de a qué obedecía el cambio, salvo el consabido argumento del crecimiento de población.

Un argumento no exento de lógica, si se hubiera acordado con el resto de las fuerzas políticas. Pero como no ha sido así, resulta cuanto menos sospechoso. ¿Por qué un escaño y no dos en alguna de estas provincias? Sencillamente porque al presidente no le salen las cuentas.

La situación resultante es la siguiente: en caso de unos comicios muy ajustados, es muy posible que en Cuenca, Guadalajara, Toledo y Albacete se dé un empate a escaños entre el Partido Popular y el Partido Socialista, ya que con la reforma de la ley a estas cuatro provincias les corresponde un número par de diputados, de modo que la única que quedaría con capacidad para decidir el gobierno regional sería Ciudad Real, curiosamente la provincia de donde es oriundo el presidente Barreda y donde, por lógica, puede tener más tirón electoral, por aquello de la afinidad de paisanaje. La nueva ley reduciría, así, a las otras cuatro provincias a un mero un papel de comparsas. De modo que la nueva ley sale viciada de nacimiento, no sólo porque no ha sido consensuada -hasta IU ha declarado, «muy a su pesar» que la postura del PP de buscar el consenso ha sido una lección de democracia para los socialistas- sino que además sale trufada de intereses bastardos, más próximos a las actuaciones del bananero venezolano Chávez (con Z de Zapatero) que a las de cualquier democracia occidental, en las que las reglas del juego democrático no las impone un PRI, sino un acuerdo entre todos los jugadores, porque lo demás no son más que trampas de ventajista.

Si a todo esto añadimos que PP y PSOE pactaron una reforma del Estatuto -ya en el Congreso de los diputados, pendiente de aprobación- donde se establece que la reforma de la ley electoral deberá aprobarse por dos tercios de la Cámara regional, nos encontramos ante un auténtico caso de caciquismo autonómico, como se temía la presidenta de los populares castellano-manchegos, María Dolores de Cospedal.

Ahora no vale que los socialistas regionales se rasguen las vestiduras cuando el PP anuncia recursos al Constitucional o la ruptura del pacto estatutario. Hace bien Cospedal. Cuando se juega con tahúres o trileros en el casino del cacique, siempre hay que poner la bolsa a buen recaudo y romper la baraja para que no te puedan hacer trampas, no te roben la cartera o salgas más desplumado que una pastilla de «avecrem».

La Generalidad amenaza con cerrar un colegio privado
Álvaro Vermoet Hidalgo Libertad Digital 11 Noviembre 2007

Bajo el título la Generalitat castigará al centro reacio a Ciudadanía, el diario Público cuenta con total naturalidad una información según la cual la Generalidad de Cataluña ha amenazado con cerrar un centro, o al menos prohibirle impartir Educación Secundaria, porque ha facilitado la objeción de las familias frente a una Educación para la Ciudadanía que en Cataluña es especialmente adoctrinadora. El malo es el centro, se sobreentiende.

Esta es la información completa:
La asignatura de Educación para la Ciudadanía es obligatoria y ante ella no cabe objeción ni alternativa. Con este argumento como telón de fondo, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya estudia sanciones contra el colegio concertado barcelonés Loreto-Abat Oliba, en el que 43 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) no asisten a las clases de la polémica asignatura.

Según informaron ayer fuentes de Educació a Público, sus servicios jurídicos están preparando una carta, que remitirán al colegio, en la que se les informa de las consecuencias que puede tener el hecho de que permita que un grupo de alumnos no asista a clase de la asignatura. "En la misiva se explica a los responsables que el hecho de no cumplir la normativa puede dar pie a que la ESO no pueda impartirse en el centro o a que ésta no tenga un reconocimiento oficial".

En el mismo departamento explican que tienen perfecta constancia de que los 43 alumnos, cuyas familias objetaron en contra de la asignatura, dedican las horas de ésta a estudiar "una materia que se ha inventado el propio centro".

"Sin noticia"
Consultadas por este diario, fuentes de la dirección del centro educativo señalaron ayer desconocer la existencia de la mencionada carta. "Sólo conocemos una carta, que nos llegó el 2 de octubre y en la que, de modo ambiguo, nos instan a cumplir los artículos de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y los decretos catalanes. También opinan que no existe una confrontación entre la asignatura y los artículos de la Constitución sobre la libertad religiosa", añaden.

En el Loreto-Abat Oliba aseguran que ya han presentado un recurso de alzado (vía administrativa) contra la primera carta. El recurso solicita a las autoridades educativas catalanas que les dé una solución para esos 43 niños que no asisten a clase de Ciudadanía. De momento, ellos reciben formación de "Educación para la Vida Social y Política", una asignatura "no oficial, una especie de Ciudadanía, que no entra en conciencia ni moral", dicen.

Toda una lección de Ciudadanía esto de cerrar colegios porque hayan decidido respetar la libertad de conciencia de las familias. La asignatura les sigue retratando.

LA BOMBA, COLOCADA JUNTO A LOS JUZGADOS, FUE DESACTIVADA
ETA intenta atentar en Guecho con cinco kilos de cloratita
Agentes de la Ertzaintza han desactivado este domingo un artefacto explosivo que contenía cinco kilos de cloratita y estaba situado junto los juzgados de la localidad vizcaína de Guecho, según confirmaron fuentes del Departamento vasco de Interior. Un comunicante anónimo que decía hablar en nombre de ETA había alertado a las seis y cuarto de la colocación de la mochila-bomba, cuya composición es del tipo de los utilizados por los etarras, según los artificieros.
Europa Press Libertad Digital 11 Noviembre 2007

El servicio de atención de emergencias SOS Deiak fue alertado, sobre las seis y cuarto de esta mañana, de su colocación por un comunicante anónimo que decía hablar en nombre de ETA. El comunicante advirtió de que el artefacto haría explosión media hora más tarde.

La Ertzaintza acordonó la zona y localizó una mochila junto a la puerta principal de los juzgados, en la que se hallaba una olla con cinco kilos de cloratita, cordón detonante y un temporizador. Finalmente, la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía autonómica pudo desactivar el artefacto sin que se produjeran daños personales.

El alcalde de Guecho, Imanol Landa (PNV), ha afirmado que los vecinos están "hartos" de que los "salvapatrias" de ETA "utilicen" esta localidad vizcaína para cometer sus actos terroristas. Landa realizó estas declaraciones a los periodistas en las inmediaciones de los juzgados. El primer edil lo condenó "con la mayor de las rotundidades posibles" y aseguró que la sociedad vasca no necesita a los "salvapatrias" de ETA, que viven en una situación de "absoluto divorcio" con los vascos, cuyos deseos de paz ignoran.

Landa pidió a los terroristas "que se disuelvan de una vez" y "dejen en paz" a la sociedad vasca, que "ha dicho por activa y por pasiva a ETA que basta ya, que este no es el camino". "Queremos vivir en paz y que nuestras reivindicaciones políticas se tramiten a través de la vía política, que es la única válida", recalcó el alcalde.

Por su parte, la portavoz del PP en Guecho (Vizcaya), Marisa Arrúe, ha pedido al Gobierno central que "se ponga serio y firme con los asesinos" de ETA. En declaraciones a los medios junto al lugar del suceso, Arrúe elogió la actuación de la Ertzaintza al desactivar el artefacto, compuesto por cinco kilos de cloratita, aunque advirtió de que "cualquier día puede pasar una catástrofe". Por ello, instó al Ejecutivo socialista a "tomar medidas" para luchar contra ETA. En concreto, le reclamó una vuelta a la política antiterrorista de los Gobiernos de José María Aznar porque "daba buen resultado" y "es la única manera de acabar con esta lacra".

EN EL JUZGADO CENTRAL NÚMERO 2 DE MADRID
Alcaraz deberá declarar ante el juez el día 21 por sus críticas a la negociación con ETA
El próximo 21 de noviembre, Francisco José deberá comparecer ante el juez. El motivo, haber criticado la negociación con ETA. Según ha comunicado el colectivo de víctimas, Alcaraz ya ha recibido la citación del juez Ismael Moreno, que se vio obligado a admitir la querella presentada por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa contra el presidente de la AVT. Alcaraz ha recibido el respaldo unánime de las víctimas y también el apoyo de los lectores de Libertad Digital.
EFE Libertad Digital 11 Noviembre 2007

Según informaron a Efe fuentes de la asociación, Alcaraz comparecerá a las 10.00 horas de la citada fecha ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, que es el encargado de investigar la querella interpuesta por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) contra el presidente de la AVT.

La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al magistrado, el pasado 19 de octubre, admitir a trámite la querella al considerar que Alcaraz acusó a todo el Ejecutivo de complicidad con ETA y no sólo al presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, tal y como esgrimió Moreno el 3 de julio para desestimar la querella a instancias de la Fiscalía.

ADADE recoge en la querella manifestaciones vertidas por Alcaraz contra Zapatero y su Ejecutivo entre abril de 2006 y mayo de 2007, tales como que el proyecto de ETA "es el proyecto asumido por el Gobierno", que "la declaración de tregua de ETA era una declaración consensuada entre el Gobierno y la banda", o que "es indignante que encontremos al Gobierno y partidos afines defendiendo a terroristas".

Llamarse España
VICENTE MOLINA FOIX, EL PAÍS 11 Noviembre 2007

Hace muchos años conocí en Londres a un Madrid. La noción de la broma flotaba sobre la cabeza del hombre, alopécico en plena juventud, que me acababan de presentar en un pequeño party de mayoría española: Madrid Sánchez. Le di yo a cambio mi nombre a Madrid, me abstuve de hacer comentarios bromistas, y seguí bebiendo el sucedáneo de sangría que la anfitriona, una escocesa enamorada de todo lo español y de casi todos los españoles, había preparado amorosamente aunque, para mi gusto, con un exceso de limonada de bote. Poco después, y en esa misma fiesta, la sensación de irrealidad se hizo mayor por el costado exótico cuando un amigo, jefe de estudios del Instituto de España donde yo entonces daba clases de literatura y arte, me presentó a su mujer, rubia, pecosa, de bonitos ojos verdes e innegablemente vestida de inglesa. Se llamaba Frenesí. Como yo tenía más confianza con el marido de Frenesí que con el llamado Madrid Sánchez, me atreví en el segundo caso a inquirir, y fue la misma titular del nombre la que me lo contó todo, acostumbrada como estaba -me dijo sin pizca de resentimiento filial- a hacerlo, en especial ante sus compatriotas, que no sólo oían en las presentaciones un nombre insólito sino una palabra impronunciable: "Frini-tsí suelen decirme cuando lo entienden", me dijo Frenesí en un perfecto castellano. "Como un nombre chino, ¿verdad?".

La sangría acabó dándonos a todos los presentes, por muy sintética que fuera su mezcla, una camaradería en la nomenclatura; mi propio nombre de pila no es nada fácil para los ingleses, que tienden a convertir la primera sílaba en "Vai", continuando con un problemático "sinti"; ecos quechuas, o maoríes. Frini-tsi debía su nombre a una madre patinadora, patinadora de competición, que es un deporte (o un arte) muy amado en Gran Bretaña, donde las finales se siguen con pasión y altas pujas en las oficinas de apuestas (otro profundo atavismo de aquella sociedad). La madre de mi nueva amiga había ganado premios con su pareja masculina bailando sobre ruedas sobre todo el repertorio latino: Frenesí, El manisero, Garota de Ipanema, Adoro; a la hermana menor le puso al nacer el nombre de su bolero favorito, Frenesí, y a la mayor (pensar que pudo haberse llamado Caminito) el de Vereda, en homenaje a otra pieza muy interpretada por ellos en las pistas, Vereda tropical. Las hermanas Vereda y Frenesí Roberts, creo recordar. En un orden de cosas menos frívolo, el propio Madrid Sánchez, maestro en un colegio de Portobello Road para hijos de inmigrantes españoles, me explicó que sus padres, republicanos que tuvieron que exiliarse en condiciones penosas al final de la Guerra Civil, le dieron a él, nacido ya en Inglaterra, el nombre de Madrid en honor a la "capital de la gloria", donde, combatiente voluntario él y enfermera ella, se habían conocido en los duros meses del primer gran asedio franquista del otoño de 1936.

Superada la impresión de extrañeza ante tanto nombre inusual, y vencida con una pastilla la resaca de la mala sangría, recuerdo que al día siguiente vino a mi memoria, de la que yo trataba entonces (1974) de borrar las peores gestas de un franquismo que en esos años míos londinenses no tenía que vivir cotidianamente, un caso singular de frustración onomástica acaecido a finales de los sesenta: el de dos amigos, crítico de cine él, actriz ella, que, llevados por un rapto de admiración a la película de Alain Resnais El año pasado en Marienbad, habían querido inscri-bir a su recién nacida hija en el registro de la parroquia como Marienbad. Un cura ultramontano podría en aquella época haber llamado a la policía ante semejante blasfemia, posiblemente judeo-masónica; pero el párroco fue comprensivo (o era cinéfilo), y, negándose por supuesto a bautizar a la niña del modo en que querían sus padres, aceptó que la fe de bautismo llevara entre paréntesis el nombre de la ciudad balnearia, quedando así la niña registrada a todos los efectos como María (Marienbad). María baño de María.

Así que ya en aquellos tiempos uno podía saber, caso de no haberlo experimentado antes, que los nombres tienen a veces un lado oculto enigmático y hasta burlón, como la luna. Un nombre inspirado por el homenaje, el capricho o la ideología, y que atestiguan los niños que llamaron en países de América Latina, Lenin, o Comunismo, o Abraham Lincoln algo, y los nacidos en nuestro país, instaurada ya la libertad también en ese aspecto, con el nombre legal de Christian, Nerea o Anabelén. Hubo un tiempo de hecho, que yo sitúo en los primeros años ochenta, en que la libertad de los padres españoles al dar nombre a sus hijos pudo incurrir en libertinaje: conozco a un Agamenón, a un Neptuno, a dos Cleopatras y a un Nabucodonosor (a quien sus allegados llaman Nabucco), todos hoy veinteañeros aparentemente felices. ¿Dónde estaban, y dónde están ahora, las Nieves de antaño, los Matías, las Juanas, las Rosas, las Azucenas? En la proliferación de vanesas no existió, creo, raíz política, pero el exceso de íñigos y borjas tiene su aquél.

El pequeño aunque vistoso incidente, hace unas semanas, del chico y la señora que no querían llamar por su nombre catalán a Carod-Rovira no revestiría mayor importancia si no fuera el exponente de un totalitarismo mental aún muy incrustado en amplias capas de nuestra población, por lo que se vio en el plató de TVE y se oye en las calles no toda anciana y nostálgica de Franco. Estas personas, una con peor intención que otra, me parece, decían José Luis a Josep-Lluís, pero naturalmente se sentirían ridículas llamando a la actriz de Los otros Nicolasa Kidman, Miguela Pfeiffer a la renacida estrella de Hollywood, Judas Ley al galán británico Jude Law, por no hablar de los clásicos: nadie que yo conozca ha llorado la muerte de Miguel Ángel Antonioni, ni es frecuente, fuera de algún vetusto, referirse a Guillermo Shakespeare, a las tragedias en verso de Juan Raíz o a Enrique Jaime como autor de Retrato de una dama. La horterada rancia, el sectarismo y la grosería de esos individuos que se negaban a llamar a alguien por el nombre de plena vigencia y legitimidad que ha elegido les exponía crudamente a ellos; en el nombre comienza el territorio privado donde toda vulneración o cortapisa es agresiva.

Mi abuelo paterno, poeta cómico-anacreóntico en valenciano de la zona de la Ribera Baja, firmó su único libro publicado en vida como Visént (Molina), y Visentet me llamaba mi tío, su hijo mayor, cuando yo era niño. Crecí en Alicante, entonces, como ahora, la provincia de menos implantación del catalán propio entre sus habitantes, y la lengua me eligió a mí cuando uno no tiene discernimiento o posibilidades de aprendizaje; por eso me he llamado a mí mismo siempre Vicente (pese a las dificultades de los angloparlantes para pronunciarlo) y así he firmado lo que escribo en castellano.

¿Puede un nombre tener ideología? Todos hemos aceptado en las últimas décadas (hablo de una grandísima mayoría, no de los irredentos que sigue habiendo, algunos en antena) que Vitoria lleve públicamente el nombre de Gasteiz o Gerona el de Girona, pasando por alto la anomalía que eso supone cuando se está hablando o escribiendo en una lengua (el castellano) en la que usar la palabra London o Firenze resultaría pomposo. Ésa y otras convenciones patronímicas asimiladas por los ciudadanos son el fruto de un pacto de convivencia no-beligerante. Pero ahora se debate algo más que los nombres propios. Las banderas, los himnos, los reyes, parecen estar en entredicho, por no hablar de la configuración misma de la nación. Una encuesta reciente publicada por la revista Tiempo revelaba que el 85% de los españoles se consideran, más que monárquicos, juancarlistas, mientras que a algunos les ha llamado la atención el nuevo logotipo oficial bajo el nombre Gobierno de España. La figura unitaria del Rey, legitimada por sus actos, no por su herencia, el valor representativo de la bandera nacional, el término conjunto de España, son, diría yo, convenios de más alto calado de cuya aceptación general depende el dinámico equilibrio de un país que, en su pluralidad social, lingüística, religiosa y también ya racial, debe mantener una clara cohesión territorial y unos símbolos comunes. Un país en el que la gente de tu colegio y muy pronto la de tu oficina llevará cada vez más nombres raros: Jaroslav o Rachida o Gao o Siddharta, correspondientes a unos catalanes o murcianas de nacimiento que, junto a los Gorkas, las Antonias, los Orioles y las Jaras, han de formar, en su desigualdad onomástica, la galería humana del lugar que, con palabra antigua, expresiva, genérica y útil para entendernos todos, seguiremos llamando España.
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