AGLI

Recortes de Prensa    Martes 20 Noviembre   2007

Castellano en Cataluña
Maragall miente
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 20 Noviembre 2007

No me refiero al ex presidente de la Generalidad, cuyas verdades respecto al error del Estatut, a la necesidad de haber instado la reforma constitucional antes de perpetrarlo y a los manejos de Z y Mas, que decidieron el futuro de don Pasqual, sentaron como un tiro en el PSC. Tan mal sentaron que se acabó filtrando una información sobre su salud cuya revelación sólo a él correspondía administrar.

Me refiero al hermanísimo Ernest, conseller de Educación de Montilla y Carod. Miente sobre las intenciones ajenas, que ya es mentir, pues lejos de "excitar el miedo", como él sostiene, lo que el Partido Popular se ha propuesto es defender derechos y libertades conculcados a diario en Cataluña. Le asisten al PP las leyes y los tribunales. No hay ley, empezando por la Constitución, que ampare la erradicación del castellano de la escuela. Y no hay escuela catalana que ofrezca a los padres la posibilidad de escoger la educación de sus hijos en castellano, lo que supone un incumplimiento generalizado de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Sigue mintiendo el conseller sobre las intenciones del PP cuando acusa a ese partido (¡que es el partido de muchos catalanes!) de "jugar con los sentimientos... de los catalanes". Aquí los del miedo y los de la manipulación sentimental son ustedes, don Ernest, su Gobierno de separatistas enloquecidos y de socialistas nominales, viejos niños bien camuflados entre viejos niños mal a fin de que el proceso jamás se les vaya de las manos a los de siempre.

Un proceso que es transhistórico, ¿verdad, conseller? Por eso desconoce las leyes y las sentencias, naderías que han de ceder ante el sueño de su abuelo o la pesadilla de sus socios, que viene a ser lo mismo. Lo torticero y mendaz de su postura se resume en esta frase, que pretende responder a lo que nadie ha afirmado: "El catalán no es ningún obstáculo para que nuestros chicos y chicas dominen el castellano". Por supuesto que el catalán no es ningún obstáculo. Es una lengua tan nuestra como el castellano. El obstáculo son ustedes, sus políticas ilegales, su violación de sentencias, sus sanciones lingüísticas a los comercios y sus profesores/comisarios para el recreo.

“Gran reforma” constitucional
Lorenzo Contreras Estrella Digital 20 Noviembre 2007

Cuando el Tribunal Constitucional se tambalea como institución y su composición actual, incluida la presidencia, está afectada por esa crisis, cuya base se encuentra en la inconstitucionalidad del nuevo Estatuto de Cataluña, he aquí que Duran Lleida, líder de Unió, uno de los dos componentes de CiU, acusa desde la La Vanguardia al PP de estar tramando una reforma de la Constitución, lesiva, a su juicio, para los intereses de “su nacionalidad”. A la vista de la reciente convención del partido que preside Mariano Rajoy, Duran Lleida lanza, sin decirlo explícitamente, la demanda de que la Constitución de 1978 continúe intacta en sus actuales términos, lo cual significa una alarma preventiva que se expresaría en los términos “no tocar”.

No deja de ser irónico, por no decir sarcástico, que para un sector del nacionalismo catalán, integrado en la coalición que gobernó Cataluña durante tantos años, la denostada Constitución vigente deba convertirse en “intocable”. Desde Unió se emite el mensaje de que la Constitución “es más nuestra que del PP”, aduciéndose al parecer, por boca del citado parlamentario catalán, que una reforma de la actual Ley de Leyes no es garantía de estabilidad. Lo que no se declara en esa alarma es que la vigente garantía protege nada menos que las actuales pretensiones y derivas nacionalistas, reflejadas en el “Estatut”, actualmente recurrido ante el Constitucional y, por supuesto, clave de la polémica desatada.

La acusación que late en el mensaje de Duran Lleida interpreta que la intención de esa fantasmal “gran reforma” trataría de situar a los nacionalistas democráticos fuera de la propia Constitución. Luego ésta, según cabe deducir, es la mejor que los nacionalistas democráticos podían soñar. Y, en el fondo, lo que ellos desean, paradójicamente, es que los contenidos de la Carta Magna española imiten a los principios fundamentales del Movimiento Nacional del franquismo, en el sentido de ser “permanentes e inalterables”. Al menos por ahora.

Pero una eventual reforma constitucional no podría resultar responsable de la supuesta “expulsión” de los nacionalistas. Al menos no lo sería a la escala que prepara el mismísimo Estatut, auténtica puerta, si prospera, para esa salida.

Los temores de Duran Lleida son en realidad infundados o, por lo menos, harto hipotéticos. Sobre todo porque nada parece más aleatorio, políticamente hablando, que un triunfo electoral del PP, al que se atribuye, con notable ligereza, el propósito de una “gran reforma” constitucional. Por supuesto que la Constitución la necesita. Y de qué manera. Ahí está el ejemplo de las autonomías, cada día más taifales. Ahí se ofrecen a la contemplación crítica las lamentables consecuencias de su disparatado sistema de financiación. Ahí “resplandecen” las tarascadas que reciben las competencias del Estado, amenazadas sin remedio por el artículo 150, cuyo párrafo segundo establece que el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal. El propio título VIII en su conjunto debería caer bajo la inexorable revisión reformista.

Pero nada más imaginario a la luz de las realidades presentes y de las razonables previsiones. Tal vez algunos nacionalistas a lo Duran Lleida, empezando por él mismo, lo que pretenden es incrustarse en el Gobierno central para desde él actuar como “caballo de Troya”. No sería a priori descartable.

Manifestación de la AVT
Ahora más que nunca
Ignacio Villa Libertad Digital 20 Noviembre 2007

La manifestación convocada por las víctimas del terrorismo el próximo sábado 24 de noviembre en Madrid se presenta como la última gran oportunidad de esta legislatura para gritar al Gobierno Zapatero que ante el terrorismo etarra no se puede ceder, para proclamar de nuevo que la democracia no se puede rendir al crimen.

Ahora que el Gobierno Zapatero está intentando hacernos olvidar su principal proyecto político de la legislatura, enterrándolo en toneladas de maniobras de distracción, es obligado recordar al extremo al que llegó el proceso de rendición. Han sido unos años de falsas palomas de la paz, de llamar accidentes a los atentados, de favores a asesinos sanguinarios como De Juana Chaos, de regreso de ETA-Batasuna a las instituciones democráticas y de defensa de los verdugos. Pero es que, además, ha sido la legislatura de la persecución, del desprecio, de los insultos, del arrumbamiento, del intento de destruir a las víctimas del terrorismo. El Gobierno Zapatero ha mantenido una actitud mezquina hacia ellas y ha empleado una estrategia demoledora para intentar anularlas; todo ello para alcanzar unos objetivos ciertamente ruines. No han descansado en sus esfuerzos por conseguir que las víctimas del terrorismo desaparecieran del entramado de la democracia, buscando para ellas un papel marginal y nada representativo.

Por todo ello, y por otras muchas razones que se resumen recordando el proceso de rendición del Gobierno ante ETA, la manifestación del próximo sábado es una cita de gran importancia. Rodríguez Zapatero pasara a la historia de la democracia española como el presidente del Gobierno que quiso eliminar tanto la presencia pública actual como la memoria de las víctimas del terrorismo. Han sido unos años dolorosos, en los que se ha mutilado una de las esencias de una sociedad democrática: el reconocimiento público y social a las víctimas. ¿Qué mejor prueba de ello puede haber que la obligación que tiene el presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz, de acudir a la Audiencia Nacional la semana próxima por una querella que le acusa de injurias contra el presidente del Gobierno?

Por todo ello, ahora más que nunca se hace necesaria la presencia de miles y miles de ciudadanos en la manifestación del próximo sábado en Madrid, en una nueva demostración de la rebelión cívica provocada por la rendición del Gobierno ante ETA y su persecución a las víctimas del terrorismo. El sábado en Madrid hay que demostrar de nuevo que si este Gobierno no ha conseguido lo que ha querido ha sido porque hay españoles que mantienen intacto el sentido común, el respeto a la democracia y el reconocimiento a las víctimas del terrorismo.

La confrontación con ETA sólo es una "fase"
EDITORIAL Libertad Digital 20 Noviembre 2007

Para los que consideramos que el Estado de Derecho no admite intermitencias en la lucha contra el terror, no sabemos que es peor: si el informe policial desvelado por El Mundo, que revela que ETA y el Gobierno del 14-M ya han reanudado sus conversaciones, o el "desmentido" de Rubalcaba asegurando que el Ejecutivo está en "plena fase de confrontación" con la organización terrorista. ¿Se imaginan semejante desmentido por parte de un marido al que su mujer le preguntara si ha vuelto a liarse con su amante?

Lo decisivo del "desmentido" de Rubalcaba es que, entre otras cosas, confirma lo que el propio ministro de Justicia confesó de forma más clara. A saber: que la ruptura y la confrontación gubernamental con ETA, en la que supuestamente nos encontramos, es, en el mejor de los casos, algo tan efímero como una "fase"; algo que bien puede expirar, pasadas las elecciones, si Zapatero se mantiene al frente del Gobierno, incluso del PSOE. Eso por no recordar que este "marido" que quiere hacer creer que está "en plena fase de confrontación" con su amante le sigue pagando el piso, tal y como accede el Gobierno del 14-M con ETA, a través de la subvención pública de ANV y PCTV.

Lo único que tiene de inverosímil ese "informe policial" es el papel decisorio que otorga a los presos, cuando lo relevante siempre ha sido y será lo que hagan o dejen de hacer los que siguen en libertad, o que considere que ETA pueda ver el futuro político de José Luis Rodríguez Zapatero tan negro como para que sea preciso, antes de las elecciones, un "gesto" de la banda que el PSOE pueda volver a utilizar como reclamo electoral y de supuesto acercamiento hacia la "paz".

Por lo demás, el informe policial no viene sino a "revelar" cosas que este Gobierno socialista ya ha dejado en evidencia. Así, eso de que ETA vea en el Gobierno de Zapatero a "un interlocutor dispuesto a ceder en parte a sus pretensiones" ha sido y es un permanente objetivo no confeso del PSOE. ¿O no fue Zapatero el que, antes de llegar oficialmente la última tregua, no garantizó públicamente a ETA que, con ella, "todo tendrá cabida tenga el alcance que tenga"? ¿Acaso no fue el propio dirigente de los socialistas vascos, Patxi López, quien el 15 de octubre de 2006 afirmó públicamente, refiriéndose a ETA, que "habrá que admitir parte de las razones del adversario para conseguir un acuerdo histórico para que desaparezcan 40 años de violencia"?

Lo más delirante es que el propio Rubalcaba ha confirmado en su "desmentido" esa disposición gubernamental a ceder ante ETA, al afirmar que, durante las negociaciones, "parecía que –el de los presos- no era un problema acuciante para ellos" y "que querían empezar el diálogo por otro lado, y nosotros lo respetamos". Con ese infame "respeto", Rubalcaba ha dejado involuntariamente en evidencia la propia disposición del Gobierno socialista a negociar cosas, al margen del futuro de los presos, que nunca ha estado dispuesto a negociar Gobierno alguno bajo ninguno de los siempre mal llamados "procesos de paz". Zapatero, además, adquirió esos compromisos con ETA desde antes de que la organización terrorista emitiera aquel chantajista comunicado de "alto el fuego". Vamos, lo mismo que hicieron los separatistas con ETA en Estella antes de la tregua del 98.

Hasta tal punto este Gobierno nihilista ha dejado en evidencia que no tiene propósito de enmienda que, tras el fin del alto el fuego, recurrimos al concepto económico de "coste de oportunidad" para explicar la pretensión socialista de que "los terroristas no se fijen en lo que a Zapatero le queda por cumplir de sus 'compromisos adquiridos', sino en lo mucho que ETA tendría que perder si, en lugar de tenérselas que ver con Zapatero en el Gobierno, fuera con Rajoy". En eso está el Gobierno del 14-M, incluso con sus desmentidos. Espérense a que pase la "fase" electoral.

¿Vuelta al diálogo?
Germán Yanke Estrella Digital 20 Noviembre 2007

El diario El Mundo ha dado a conocer un informe policial —que el director adjunto operativo de la Policía ha enviado a diversos expertos para que evalúen su fiabilidad— en el que se reseña un nuevo contacto (reciente, el pasado mes de octubre) entre “socialistas vascos” y ETA. Para más inri, en esa reunión se habría hablado de cómo “ayudar” a que el PSOE gane las próximas elecciones con el objetivo, se entiende, de que el “proceso” sea después retomado.

La escalofriante noticia ha sido desmentida en una nota por el Partido Socialista de Euskadi, pero el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, añade a la frase encontrada al efecto (el único contacto con ETA es el de las Fuerzas de Seguridad cuando detienen a algún terrorista) que si algún miembro del PSE hubiese tomado esa iniciativa quedaría desautorizado. Así que es posible que “algún miembro del PSE” haya estado en la reunión que revela el informe y, aunque ahora sea muy justamente desautorizado, seguramente se presentó ante los terroristas como algo más que un animoso don nadie en busca de gloria o ventaja.

El problema del PSOE en este asunto es doble. En primer lugar, de credibilidad. Se han cometido tantos errores, se han negado tantas evidencias durante el “proceso”, se han evitado tantos desmentidos sobre lo que se ha sabido luego acerca de cómo y de qué se hablaba, que este tipo de noticias calan en un amplio sector de la opinión pública y mueven a la sospecha en otro aún más grande. En segundo lugar, en el actual Partido Socialista de Euskadi sobreviven, incluso con altas responsabilidades, los que siguen sosteniendo que el único final posible es el “dialogado” y que, como tal, implica “cesiones por ambas partes”. Es un caldo de cultivo impresentable intelectualmente, inaceptable legalmente y fracasado en la práctica, pero no se ha desautorizado con la contundencia precisa. Y tampoco ahora, con esa innominada referencia a estos hipotéticos contactos de octubre.

Yo no desconfío de que el Gobierno, impelido y empujado por los acontecimientos y el efecto electoral del estrafalario “proceso”, esté dispuesto a batallar contra ETA con todos los instrumentos del Estado de Derecho “a muerte”, como dicen que se expresa el presidente Rodríguez Zapatero cuando habla del asunto en privado. Pero la lucha antiterrorista precisa la firmeza y la concreción como modelo y no como estratégica. Se deberían desechar, en este sentido, las referencias a una estrategia modificable: ahora “a muerte” porque ETA vuelve a las armas y Batasuna no reacciona en contra: antes —y quizá después— el diálogo porque al gesto del alto el fuego se responde con la negociación política. No hay ahora declaración oficial en este sentido, pero está visto que en el campo socialista hay muchos que lo piensan así sin que el partido quiera enfrentarse abiertamente a este tipo de planteamientos.

Rumores habrá siempre. Y maledicencias. Pero la mejor forma de contrarrestarlas, si el PSOE quiere hacerlo como ahora parece, es la claridad en los planteamientos. Y la contundencia.

Callar ante la injusticia…
Pío Moa Libertad Digital 20 Noviembre 2007

Callar ante la injusticia y la mentira es hacerse cómplice de ellas. Puede entenderse tal postura en una situación en que hablar encierra grandes peligros, pero en la democracia que todavía tenemos no hay excusa. Los derechos se defienden ejerciéndolos, y la inhibición, precisamente, socava las libertades y ayuda a los demagogos.

Un punto clave de la situación de mentira e injusticia que vivimos se revela en la Ley de reivindicación de los chequistas, disfrazada como “memoria histórica”, que corrompe la política y la cultura (¡cuánto arte, literatura e historiografía estragados por la pretensión de que quienes destruyeron la legalidad republicana defendían la democracia!).

¿Qué puedes hacer? Una o varias de estas cosas:

a) Firmar el Manifiesto por la verdad histórica (ya van más de 3.500 firmas)

b) Fotocopiarlo y difundirlo en tu entorno familiar, de amigos y compañeros de trabajo (solo ocupa un folio por una cara).

c) Formar algún pequeño círculo o tertulia para discutir y hacer más efectiva la labor de información.

d) Colaborar económicamente en la cuenta que abriremos próximamente, a fin de sufragar la inserción del manifiesto en diversos medios de masas
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A la ETA le conviene que gane Zapo. No porque el PP de Rajoy sea un peligro real para ella, sino porque el PSOE le resulta más cómodo y prometedor. Y, por supuesto, la colaboración continúa, solo quienes se dejan despistar por el ilusionismo de los demagogos pueden dejar de percibirlo.

Por cierto, en su inepcia política, el PP asume el lenguaje de los pro etarras, ¡incluso Mayor Oreja!hablando de "Euskadi", "negociación". La palabra negociación, como la de "independencia", autodeterminación" o "soberanismo" tienen un sentido muy positivo, y en la medida en que se utilizan ya se ha perdido la partida, porque el ciudadano recibe un mensaje contradictorio: presentar como nefasta una simple negociación, etc. No hay negociación ni diálogo: hay colaboración con los asesinos, y hay separatismo. Estas son las palabras que corresponden a la verdad. Y renunciar a ellas es condenarse a la derrota.
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La denuncia chequista contra Alcaraz es parte de la otra cara del "diálogo", la colaboración con los asesinos. Es por sí sola un suceso tan escandaloso que la falta de reacción del PP, cooperando una vez más a acallar a la sociedad, revela la profunda crisis política en que nos hallamos.
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LA ENFERMEDAD DEL ANTIFRANQUISMO RETROSPECTIVO

A menudo he de responder a esta pregunta en entrevistas y conversaciones informales: “¿Por qué usted, que luchó con tanta radicalidad contra el franquismo, ha cambiado tanto de opinión?”. Lo he explicado muchas veces y no lo repetiré aquí. Casi todo el mundo ha cambiado mucho de opinión en estos treinta años, pero pocos han aclarado las razones de ese cambio. La pregunta correcta sería: “¿Por qué se ha vuelto tan furiosamente antifranquista tanta gente que antes apoyaba a Franco, o hacía carrera en su administración, o simplemente no movía un dedo contra él?”.

El número de los antifranquistas se ha multiplicado por cien o más después de extinto aquel régimen, y suelen mostrar una notable combatividad, cuando acaso no haga ya tanta falta luchar contra él. Podríamos felicitarnos por el fenómeno, pensando que esos talantes revelan profunda devoción por las libertades y firme decisión de defenderlas contra viento y marea, pero sospecho que no hay mucho de ello. En caso de sobrevenir otra dictadura veríamos seguramente a la mayoría de esos furibundos antifranquistas acomodarse y hacer carrera en ella. Esto es, desde luego, una impresión subjetiva, y no pretendo hacerla pasar por un hecho real ni deseo que haya nunca ocasión de comprobarla, pero más de uno estará de acuerdo conmigo, si mira las cosas con sinceridad y frialdad.

Donde no hay rastro de subjetivismo es en la constatación de que los directores de las orquestas antifranquistas suelen tener poco o nada de demócratas. Podemos empezar con los separatistas y racistas vascos en su versión etarra y no etarra (pero la última complaciente con el terrorismo): todos ellos comparten un odio ferviente a Franco, no por haber sido un dictador, sino por “españolista”. Esos nacionalistas han hecho retroceder las libertades en Vascongadas, han extendido el miedo en la mitad de la población y fanatizado a miles de vascos. No existe una democracia normal en aquella región, donde la falsificación de la historia ha adquirido rasgos realmente desvergonzados, más aún que en el resto.

También los nacionalistas catalanes distinguen a Franco con una aversión radical. Desde hace mucho instruyen a los jóvenes –usando el dinero público— con el mito de que la guerra civil no fue allí tal, sino agresión del “fascismo” español contra Cataluña*.

Con el mismo desafío a los hechos pintan un cuadro sombrío de miseria y anticatalanismo, cuando la pobreza se superó ya en los años 50 y el anticatalanismo del comienzo dejó paso muy pronto a una apreciable flexibilidad. ¿Y cómo explicar la resistencia, nula o poco menos, de los nacionalistas durante la dictadura, o su reorganización muy al final del régimen, con permiso de éste y en torno a organismos comunistas? ¿Cuántos nacionalistas catalanes había en la cárcel en 1975? Lo indudable es que la democracia llegó a Cataluña, como al resto de España, sin la menor intervención reseñable de los nacionalistas. Éstos resultaron luego sus principales beneficiarios, y utilizaron unas libertades que nada les debían para marginar oficialmente a los castellanohablantes, imitando la política contraria de Franco, dejar sin voz a buena parte de la población, y extirpar el pluralismo de la prensa catalana en torno a cuestiones políticas fundamentales. No, ciertamente el nacionalismo catalán debe mucho, o todo, a la democracia, pero ésta no le debe a él gran cosa.

Del antifranquismo comunista no hará falta hablar, si bien debe reconocerse que en la transición el PCE obró con mayor cordura que tantos otros supuestos demócratas. Pero sí vale la pena citar al PSOE, hábil constructor de leyendas como la de los “cien años de honradez”. El PSOE fue marxista, es decir, antidemócrata por definición. Su doctrina le había llevado a planificar y poner en marcha la guerra civil, a enviar a Rusia las reservas españolas de oro, a expoliar todo tipo de bienes públicos y privados, y a intentar enlazar la guerra española con la mundial, como si la primera no hubiera producido bastante desolación. Después de la guerra, por influjo del oportunista Prieto, Marx había quedado como referencia cada vez más retórica y menos activa – tan poco activa como el propio PSOE-- , pero en los años 70 el partido recuperó un marxismo simple y vocinglero de manos del grupo sevillano que se impuso en Suresnes. Con ese marxismo predicaba la “autodeterminación de las nacionalidades”, o achacaba a la Junta Democrática de Carrillo insuficiente contenido “de clase”, es decir, de “clase obrera” (los sevillanos no eran obreros, y solían venir de familias profranquistas).

Luego, considerándola un obstáculo para alcanzar el poder, renunciaron a dicha doctrina, la más totalitaria de los últimos dos siglos junto con la nacionalsocialista, y se democratizaron oficialmente. Pero permanecieron en el partido numerosos tics totalitarios, bien puestos de relieve en sus intentos de proteger por ley su rampante corrupción, en la politización de la justicia con propósito confesado de “enterrar a Montesquieu”, es decir de liquidar un pilar clave de la democracia, en la eliminación de prensa desafecta, en la expansión inmoderada del aparato del estado y manipulación de éste a todos los niveles, etc. Estos desmanes no bastaron a enterrar la democracia, porque despertaron fuerte oposición y porque en el mismo PSOE predominaba un talante más bien oportunista que fanático.

Pero últimamente comprobamos cómo las arraigadas inclinaciones totalitarias de este partido han reverdecido en el empleo de métodos de violencia callejera y otros semejantes a los que han arruinado la democracia en las Vascongadas; o en una alianza de hecho con los separatismos y el terrorismo, orientada a anular los efectos de la Transición (es decir, la Constitución democrática) y promover la una “Segunda Transición”, que sólo puede ser de la democracia a algo distinto; o en sus simpatías por dictaduras como la de Fidel Castro, la de Mohamed VI o, en su momento, la de Sadam Husein. Esta evolución viene arropada por un “antifranquismo” provocador, alejado de las expresiones de Felipe González al respecto, curiosamente sensatas. Efecto de ese antifranquismo retrospectivo por parte de unos políticos que sólo lucharon de boquilla contra Franco, ha sido la falsificación radical de la historia, despertando viejos rencores. En ello imitan a los separatistas vascos y catalanes.

Si miramos la situación con sentido crítico percibimos fácilmente que los mayores peligros para la democracia, como el terrorismo, el separatismo, la corrupción masiva o la degradación demagógica de las libertades, provienen de… los antifranquistas. Esto suena a paradoja, porque a esos partidos y políticos no se les caen de la boca las palabras sagradas, pero otro tanto ocurría en la II República o en la Restauración de principios del siglo XX: quienes enarbolaban con mayor brío la bandera de la libertad eran los mismos que agredían sin tregua los sentimientos y creencias mayoritarios, practicaban el pistolerismo o se compinchaban con él, pretendían ignorar la herencia cultural e histórica del país, utilizaban el erario e incluso bienes privados en su propio beneficio y procuraban reducir a la impotencia a la oposición.

El antifranquismo retrospectivo también ha cuajado ampliamente en la derecha. Sinceros o no, bastantes líderes derechistas se expresan con una contundencia digna de la extrema izquierda. ¡Qué aspavientos de virtuoso desprecio hacia el Caudillo! Y ello porque si bien fue la derecha, y precisamente una derecha franquista, la aportadora de las libertades, las izquierdas y los nacionalistas se encontraban en la mejor posición para explotarlas, acusando y acosando a aquellas. Para mediados de los setenta casi nadie, en la juventud y en la gente de edad mediana, conocía el historial del PSOE, del PNV o de los nacionalistas catalanes, y por tanto funcionaban leyendas como la de la honradez, o la identificación de los nacionalistas con el pueblo catalán o el vasco, y resultaba creíble la tesis de que Franco había aplastado la democracia. Por otra parte tal versión predominaba de modo casi absoluto al norte de los Pirineos, y la opinión europea pesaba mucho en España. La derecha no podía exponer o defender la realidad histórica sin exponerse a la ironía y la condena generalizadas por “fascista” o cosa parecida. Los pocos que lo intentaron recibieron inmediatamente el castigo, la mayoría optó por un discreto silencio, y un tercer grupo, cada vez más nutrido, aceptó la falsificación y se sumó al coro de las izquierdas, procurando cantar con voz potente, a fin de hacerse perdonar el pasado.

Por consiguiente, las interpretaciones históricas izquierdistas y balcanizantes han dominado en los ámbitos universitarios y en los medios de masas. Atención especial merece el fenómeno de El País, el periódico más influyente, con diferencia, en este período, y el más conocido, también con diferencia, fuera de España. La que pronto sería propiedad mayor del diario había labrado su fortuna durante la dictadura y en estrecha relación con ella, y su director había hecho rápida carrera en la prensa del régimen gracias, en parte, a su origen familiar falangista, llegando a dirigir los informativos de televisión en la época de Arias Navarro. O sea, no es que no hicieran nada contra la dictadura, sino que muy bien podían considerarse parte de la dictadura, y en campos tan ideologizados como la información o la enseñanza. No obstante, en la confusión típica de las transiciones, El País se convirtió en avanzadilla de un antifranquismo intransigente y chillón, en rudo contraste con un muy socialdemócrata respeto por el comunismo e incluso el terrorismo, hacia el que propugnaba una política de comprensión y acuerdos negociados. Lo más digno de nota es que el periódico, técnicamente muy bueno, y su director, se erigieron en dispensadores de títulos de demócrata, otorgándolos generosamente a las izquierdas y nacionalistas, y negándolos o poniéndolos en cuarentena cuando se trata de las mortificadas derechas.

Así, la televisión y la cátedra difunden a todos los vientos las mismas sandeces que yo oía en París en 1966. ¡Y lo hacen en nombre de la democracia y la reconciliación, al modo como los organizadores de la guerra civil en octubre de 1934 invocaban la libertad y el antifascismo!

No vale la pena alargarse en torno a unos hechos bien a la vista para quien quiera abrir los ojos. La paradoja de que los antifranquistas sean quienes ponen en peligro la democracia deja de sorprender o tener secreto para quien conozca la historia. En síntesis cabría definir así la situación: la democracia actual procede del franquismo y no de la república. Esto no es un mal, sino un gran bien, porque significa el desarrollo sin ruptura del más largo período de paz y estabilidad que haya gozado España en dos siglos. Los intentos de provocar la “ruptura” o una “segunda transición” para enlazar con aquella república violenta y apenas democrática conducen, y sólo pueden conducir, al declive o al derrumbe de las libertades, la unidad y la paz de España.
(De Franco, un balance histórico)

* La realidad se manifiesta en la caída de Barcelona: la población rehusó movilizarse contra los “fascistas”, no hubo la menor resistencia, y unas 400.000 personas huyeron hacia la frontera, mientras otras tantas recibían con alborozo al “invasor”. Y de los 400.000 huidos, más de dos tercios volvieron a España en el mismo año 1939.

Mayor Oreja asegura que el proyecto de Zapatero necesita “indispensablemente” a ETA para “debilitar” España y sus valores
El ex ministro de Interior apunta que en la izquierda española “siempre” ha habido una tendencia en pensar que había que hacer otra Transición
El dirigente popular reitera que hay “una segunda parte de la negociación con ETA” y subraya que éste es el momento más “inquietante” de los treinta años de democracia
Mayor Oreja considera que la labor más importante del PP es explicar a los ciudadanos la “gravedad” de lo que está sucediendo en España
El ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja ha asegurado hoy que el proyecto del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, necesita "indispensablemente" a ETA para "debilitar" la nación española y sus valores. En una entrevista en la Cadena COPE recogida por Efe, Mayor Oreja ha subrayado que para construir "la España irreconocible" en el ámbito de los valores, Rodríguez Zapatero necesita una presencia "legalizada" y "parcialmente legitimada" de ETA en la escena política. "Por eso no es casual, por eso este empecinamiento (de Rodríguez Zapatero) que forma parte de la negociación política de ETA como un elemento esencial de su propio proyecto político", ha insistido.
Efe/ Estrella Digital 20 Noviembre 2007

Madrid
Mayor Oreja ha apuntado que en la izquierda española "siempre" ha habido una tendencia en pensar que había que hacer otra Transición, y que gracias a una "cierta inteligencia" y una "cierta prudencia" de "algunos" de sus dirigentes no se había producido hasta ahora.

En su opinión, el "momento decisivo" hacia esa "segunda Transición" lo determinó la victoria por mayoría absoluta del PP en las elecciones del año 2000. "Por eso empezaron los coqueteos con ETA antes de que llegase Zapatero en el año 2004", ha continuado.

Para el ex ministro del Interior, tras ese triunfo de los 'populares' nació un "impulso especialmente profundo" en la izquierda española, que presagiaba que iba a estar apartada del poder durante varios años.

"Eso hace que la izquierda profunda tuviese una necesidad de ETA encima de la mesa, de modificar el tablero político. Ir definitivamente a la segunda Transición", ha afirmado Mayor Oreja. "El pecado del PP fue obtener esa mayoría absoluta en el año 2000", ha apostillado.

A su juicio, como la izquierda española no podía aceptar esa situación, puso en marcha un movimiento político en el que ya se podía apreciar un cariz "radical" en el diseño de su estrategia.

El dirigente popular, quien ha reiterado que hay "una segunda parte de la negociación con ETA", ha subrayado que éste es el momento más "inquietante" de los treinta años de democracia.

Para él, lo "más importante" que tiene que afrontar el PP de cara a las próximas elecciones generales es explicar a los ciudadanos la "gravedad" de lo que está sucediendo en España.

"A lo mejor otros prefieren plantear, en lo concreto, la alternativa del Partido Popular. Yo sigo creyendo que de todos los problemas reales que tenemos en España, el primero de todos es el de la nación", ha zanjado.

Silenciar a las víctimas mientras se pacta con ETA
Vicente A.C.M. Periodista Digital 20 Noviembre 2007

Mentiras y traiciones, porque las pruebas son irrefutables. Los desmentidos desganados y sin convicción del Ministro Sr. Rubalcaba o de D. Jóse Blanco, no convencen a nadie. Dice el portavoz del gobierno del GAL que no se ha leído ese "informe". Es claro que no se lee las actas, ni tampoco los informes que sus propios subordinados preparan. ¿Cómo puede alegar desconocimiento?.

Pues sí lo hacen y aquí no pasa nada. Pero mientra se intenta coaccionar a las víctimas del terrorismo, inculpando al Sr. Alcaraz de injurias y llevándole a declarar ante la Audiencia Nacional, el PSOE, el partido que sustenta a este Gobierno, no tiene empacho en seguir negociando con ETA en Austria y querer lograr un pacto de no agresión. ¿a cambio de qué?. Es fácil de imaginar porque ya conocemos los acuerdos que habían plasmado en esas Actas de reuniones que también negó su existencia el Sr. Rubalcaba.

Dice el Sr. Vidal-Quadras que "en un país normal este Gobierno no podría llegar a las elecciones". Sin embargo, aquí en este país de pandereta, no solo llegará, sino que se garantizará su éxito llegando a pactos con el único que le podría echar una losa sobre su campaña. Una losa que cubriría las tumbas de los muertos en los atentados. Unas reuniones que se niegan, pero que la policía afirma que han existido. Una mentira tras otra en la que se apoya la campaña de Zapatero que predica lo contrario de lo que hace.

Pues la respuesta no debe hacerse esperar. El próximo sábado 24 existe la oportunidad de que los ciudadanos apoyemos a quienes representan la dignidad no solo del recuerdo a las víctimas de los terroristas, sino la de un pueblo que está siendo sistemáticamente engañado desde el poder. Es hora de que le volvamos a demostrar a esos dirigentes, que no dudan en denigrar a las víctimas y pactar con sus asesinos, que no lo van a conseguir.

También es hora de que el PP se defina y demuestre que sus cálculos electorales no van a ser el freno que les impida seguir estando al frente de esa manifestación dando su apoyo incondicional a quien ostenta la razón y decir a los españoles que Votar al PSOE es votar los pactos con ETA

La tercera muerte de Bélgica
Editorial ABC 20 Noviembre 2007

EL diario bruselense «Le Soir» ha calificado la actual crisis política como «la tercera muerte de Bélgica». La frase indicaría que si esta situación se ha dado en otras dos ocasiones no habría que tomarse tan en serio las referencias fúnebres, pero la acertada expresión certifica también que una cierta forma de Bélgica murió cuando, por primera vez en los 177 años de historia del país, en la Comisión de Interior de la Cámara de Representantes, se impuso la decisión de una comunidad, la flamenca, contra la otra, la valona, a propósito de la demarcación de barrios bilingües. Nunca hasta ahora los diputados del norte del país habían utilizado la potencia de su ventaja demográfica para pasar como una implacable apisonadora por encima del tradicional mecanismo del consenso.

La de este pequeño país ha sido precisamente una historia de cómo negociar y acordar civilizadamente cualquier cosa. Hace treinta años, cuando se produjo la que según esta tesis fue su «segunda muerte», sus dirigentes optaron por la federalización y la segregación «de facto» de las dos comunidades, en lugar de fomentar el bilingüismo enriquecedor. Desde entonces se ha producido un deslizamiento constante hacia la separación. Aunque a cada problema se le haya buscado una solución, superponiendo capas y capas de instituciones regionales y comunitarias, unas y otras han sido inútiles para consolidar la unidad del país porque todo se ha desarrollado en ausencia de lealtad al proyecto común.

La famosa carta al Rey del diputado Destree diciéndole que tendría que resignarse a reinar sobre valones y flamencos («Señor, los belgas no existen») data de 1912, es decir, que la situación no es nueva. Desde la fundación del Reino, unos y otros saben perfectamente que Bélgica sólo podrá existir si prevalece esa voluntad de seguir siendo un solo país en el que se mantiene férreamente la determinación de pactarlo todo hasta el absurdo. Lo nuevo es que una comunidad -la flamenca- haya decidido poner fin a ese principio e imponer abiertamente sus intereses particulares sobre los comunes.

Hace ya más de cinco meses que el país está sin Gobierno, algo que no había creado ninguna sensación de crisis hasta que se ha producido esta ruptura del consenso. La manifestación de este pasado domingo a favor de la unidad del país ha representado un relativo éxito, aunque no fuera más que por haber logrado evitar que sembrase más la división acusando a los que quieren acabar con el país. El Rey Alberto II ha acertado al sugerir que los dirigentes políticos exploren nuevas fórmulas de convivencia entre las dos comunidades, ante la evidencia de que las actuales, en efecto, pueden darse por muertas.Pero ni la reforma del Estado ni la elección de un Gobierno servirán de gran cosa si los valones y, sobre todo, los flamencos no demuestran que quieren seguir siendo, ante todo, belgas.

Educación para la Ciudadanía
Tercer revés judicial a la Junta de Andalucía
José Luis Bazán Libertad Digital 20 Noviembre 2007

Cinco padres sevillanos presentaron en el mes de agosto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía un recurso contencioso administrativo contra los decretos y las órdenes autonómicas que implantan y desarrollan en Andalucía la asignatura de Educación para la Ciudadanía por vulnerar su derecho a la educación conforme a sus convicciones y su libertad ideológica.

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía intentó neutralizar el recurso inicialmente, alegando ante el Tribunal, que no debía ser tramitado por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, sino por el procedimiento ordinario, por no estar derechos básicos involucrados. Primer revés judicial: el Tribunal entendió, frente a la Junta, que existía apariencia de vulneración de derechos fundamentales.

Ante tal revés, la Junta maquina una segunda estrategia: llamar a las editoriales afines al socialismo reinante en Andalucía, que han publicado libros de EpC, a que se personen como parte interesada. Se presentan voluntarias Grazalema y Santillana (ambas del Grupo PRISA), y de nuevo el Tribunal desactiva la estrategia de la Consejería de Educación andaluza: ninguna de las dos demuestra tener interés justificable para estar presentes en el proceso.

En tal circunstancia, la Junta toca a rebato al tejido social afín para reforzar su presencia ante el Tribunal y no sentirse "sola y desamparada" ante los padres: a la llamada responden, intentando personarse en el proceso, la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (CODAPA), la Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de Economía Social (ACES), la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía (CC.OO.), y la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (UGT).

El Tribunal ha "abofeteado" de nuevo a la Junta, desactivando sus estrategias, y declarando mediante auto fechado el pasado día 8 de noviembre, que ni CC.OO, ni UGT, ni CODAPA ni ACES podrán personarse en favor de la Junta de Andalucía ante el Tribunal, por carecer de interés en el objeto del proceso.

Tres intentos de la Junta de Andalucía de desnaturalizar el proceso contencioso, tres tropiezos judiciales. ¿Cuándo va a enterarse la Junta de Andalucía y su entorno mediático, editorial y social, que esta es una cuestión entre un Estado adoctrinador y los padres que protegen sus derechos constitucionales?
Abogado, coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética http://www.profesionalesetica.com/

Informe sobre el Prestige
No dejes que los datos te hundan la propaganda
Cristina Losada Libertad Digital 20 Noviembre 2007

Hay una marea negra que todavía mancha. No es la del fuel del Prestige, sino otra que aún resulta más difícil de limpiar. Aquella que cubrió los hechos con un inmenso vertido de demagogia que impediría su evaluación y su conocimiento. Los efectos de la propaganda suelen ser persistentes, pero por si no lo fueran, hay quienes se ocupan de cortar el paso a cualquier intento por establecer un cuadro objetivo de lo ocurrido y de sus consecuencias. Eso es exactamente lo que ha hecho la administración galaica, regida por socialistas y nacionalistas, con un estudio sobre La incidencia socioeconómica del Prestige en Galicia, realizado por un equipo de la Universidad compostelana bajo la dirección de los profesores Pedro Arias Veira y Miguel Cancio. Hace casi dos años que el Gobierno autonómico tiene en sus manos el informe y hace uno que comunicó que no autorizaba su difusión hasta el momento que considerara oportuno, momento que, naturalmente, nunca llegaría mientras pudiera evitarlo.

La razón de esta censura se hace evidente en cuanto se hojea el estudio: no alimenta ninguna de las falacias sobre las que se construyó el "caso político" del Prestige. Pero, al mismo tiempo, el hecho de que se oculte ese informe hace pensar que quienes se erigieron en "tribunal popular" para juzgar y condenar como culpables a los gobiernos que gestionaron la catástrofe y profetizaron el Apocalipsis de la pesca y la economía gallegas deben sentirse ya muy inseguros de su capacidad para mantener vivas las acusaciones y ficciones que alimentaron su campaña política entonces. Sólo así se explica que, un lustro después, quieran esconder las pruebas de que el accidente del Prestige no alteró la marcha ni de la economía gallega en su conjunto ni de los municipios litorales, la conclusión de que el alejamiento del buque fue una estrategia racional para intentar minimizar los daños o el análisis de los riesgos de aquel acercamiento que exigían los capitanes de la oposición y los titulados en montar la bronca contra el PP, que era, en realidad, de lo que iba todo aquello.

El Prestige hizo correr ríos de tinta, pero casi toda de calamar. En periódicos y libros se hicieron visibles los estragos que causa en el raciocinio el deseo de instrumentalizar políticamente una catástrofe, y quedaron impresos los productos de la mala digestión de aquel concepto del Nuevo Periodismo, que induce a los informadores a hacer mala literatura y a los literatos a dar pésima información. Con el tiempo, la discusión sobre los hechos ha dado paso a la exaltación de los mitos y el gimoteo victimista ha mutado en una épica del combate contra el chapapote, que va a pasar a la historia como la segunda oportunidad para los que no corrieron delante de los grises. No hay duda de que la sociedad respondió, pero tampoco la hay de que la eficacia se hubiera multiplicado de no haberse dilapidado fuerzas en la intentona de torpedear a los que gestionaban tanto la marea negra como la blanca, la de los voluntarios, que alguien se ocupaba de organizar y no precisamente los nostálgicos de los soviets.

Fue una irresponsabilidad de la oposición dividir a la sociedad por banderías políticas en un momento de emergencia, un rasgo tan nefasto como recurrente. Ahora, ya en el Gobierno, incurre en otra más al hurtarle al público el conocimiento de datos que desmienten las falsedades vertidas y que alertan de que un Prestige puede manchar de nuevo las costas: todavía no se han adoptado las medidas disuasorias para que los potenciales contaminadores dejen de utilizar chatarras flotantes.
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

El consejero navarro de Educación choca con la Iglesia
Pascual Tamburri elsemanaldigital  20 Noviembre 2007

Un caso reciente en Navarra pone contra las cuerdas la doctrina oficial zapaterista sobre la educación. Gloria López Hernández quiere educar a su hijo. Ha buscado en la legalidad vigente los resquicios que le permitirán hacerlo. La Comunidad, sin embargo, quiere imponerle la enseñanza estatalizada, a pesar de los principios que sustentan teóricamente al Gobierno, y a pesar de que nada obliga a nadie a cursar 1º de la ESO en un centro concreto. ¿Hasta ese punto domina Zapatero las conciencias?

El primer caso, en Navarra
Una vecina de la ciudad de Estella, Gloria López Hernández, ha decidido educar a su hijo en casa. El muchacho cursa 1º de ESO y desde ahora será su madre quien se encargue de impartirle las asignaturas de su nivel. Gloria López, que se trasladó a Navarra precisamente para que su hijo pudiese recibir la educación de la Comunidad Foral y no la de Cataluña, tomó la decisión de sacar a su hijo del colegio a principios de noviembre tras sufrir un posible episodio de acoso escolar.

La causa es, sin embargo, lo de menos. El hecho es que una madre decide sacar a su hijo del colegio para educarlo en casa. Según el artículo 27 de la Constitución existe un derecho a la educación a la par de una libertad de enseñanza; la enseñanza básica es obligatoria para todos, y gratuita para quien lo requiera, pero en ese sentido los poderes públicos sólo tienen obligaciones explícitas, como la de garantizar que los hijos recibirán la formación religiosa y moral que los padres decidan. La Administración debe garantizar los derechos, en efecto, pero nada más. Incluso la LOE socialista, desarrollando la LODE de José María Maravall, reconoce el derecho a escoger centro docente por parte de las familias, siempre que se cumplan unos objetivos mínimos.

Los principios de UPN y la identidad navarra
No es un caso como tantos otros. UPN sustenta su ideario en el "humanismo cristiano", aún hoy, y desde los mítines previos a la fundación del partido, con intervención entonces de Jesús Aizpún, quedó explícitamente claro el compromiso con la libertad de las conciencias y con los valores cristianos, entendidos además como raíz de la identidad navarra y española. Eso está aún en el ideario de UPN, y es en Navarra incluso Ley, porque el Fuero Nuevo se fundamenta en el derecho natural de manera explícita.

Esto quiere decir –porque bien puede ocurrir que el consejero de Educación, Carlos Pérez Nievas, no esté entendiendo el razonamiento- que para la inmensa mayor parte de los votantes en los que se sustenta este Gobierno, para UPN en particular, y hasta prueba en contra para el ordenamiento propio de Navarra, está en vigor el principio de subsidiariedad. La educación de los hijos corresponde originariamente a las familias, y sólo subsidiariamente, por dejación, imposibilidad o voluntad de los padres, las instituciones tendrán que hacerse cargo. Otra cosa es que la Administración fije unos niveles y ritmos de aprendizaje; pero de ahí a negar a una madre el derecho natural a educar a su hijo hay un abismo. El abismo que separa, o separaba, las ideologías socialistas –marxistas o no- y los principios que UPN quiso defender desde su fundación.

¿Está el Estado por encima de la familia?
En Navarra el departamento de Educación –que se supone que no es socialista ni de izquierdas- asegura ahora que la decisión de la madre estellesa carece de cobertura legal, no está recogida en la LOE y constituye un "despropósito y error". Nótese la inversión del razonamiento, al suponer Pérez Nievas que todo lo que la Ley no dé a las familias corresponde a su Departamento; algunos creemos exactamente lo contrario, y en concreto debe haber quien se lo recuerde en el mismo Gabinete.

Gloria López tiene el mismo derecho que cualquier madre a educar a su hijo, y el Estado la obligación de asegurarse de que así lo hace. Ahora bien, si quiere hacerlo en casa, como por cierto solía hacerse cuando en las familias de la mayor parte de los actuales parlamentarios las letras no destacaban por su abundancia, Dios sabe que tiene derecho a hacerlo. Que se lo negase un Gobierno socialista sería una aberración comprensible, ya que la ideología de la izquierda es la que es; sería una interesante pugna jurídica. Pero que lo haga un Gobierno de centroderecha –nadie ha mandado aún callar al polluelo de Alli, ni siquiera el otrora militantemente católico Alli- es lamentable.

Lógicamente la señora Hernández no va a ser apoyada por el Defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz, a pesar de que UPN "consensuó" su elección. Claro, claro, hijos míos, es que este señor es de izquierda, como todos estos tipos a los que estamos regalando los cargos de la manita del PSN, y dice lo que piensa: que "la competencia a este respecto recae en el Ministerio de Educación y en las Comunidades Autónomas" y que "éste es el modelo legal establecido, el resto es contrario a la ley, porque ésta no lo recoge; es alegal". Bien, que un hombre de izquierdas niegue el principio católico de subsidiariedad, en el que por cierto se fundamente toda la construcción foral, tiene un pase; pero no lo tiene que haga otro tanto Carlos Pérez-Nievas, para quien la educación en casa "no es una alternativa válida" y como tal anuncia que tomará medidas legales ante cualquier caso de "desescolarización injustificado".

Ahora bien, quien ha hablado recientemente de los principios de UPN como algo permanente, es más, como algo presente en la acción de Gobierno, es el presidente del mismo, Miguel Sanz. Miguel, que además conoció bien el tacto de la tiza, tiene que elegir si desautoriza a Pérez Nievas o si reniega de la base ideológica de UPN. Sé que se va a intentar una tercera vía –los paños calientes en el caso concreto, para rehuir la claridad en la cuestión de fondo- pero eso no es solución. En esto, más que en la EpC, nos vamos a retratar.

Rio Cabe
¿Dónde termina España?
Serafín Fanjul Libertad Digital 20 Noviembre 2007

No es que tomemos el título del libro del diplomático jubilado Máximo Cajal, que no renuncia a estrechar la dimensión del tubito internacional en que nuestro país se halla, la idea se le ocurre a cualquiera cuando oímos que, ante un mapa, infinidad de personas en todo ignorantes de las circunstancias de fondo, se manifiestan fervientes partidarias de restituir a Marruecos las ciudades de Ceuta y Melilla. Alguna vez hemos escrito cuán engañosa puede resultar la Geografía si no va acompañada por la palabra –a ser posible escrita– para enmarcar, situar e interpretar la imagen. Esas gentes se quedan en la idea elemental de que un accidente geográfico (cordillera, río, mar, estrecho, desierto, etc.) debe marcar el final de un país. Y la imagen –no lo olvidemos– es uno de los medios de transmisión de información más fáciles de manipular. La inteligencia del lector me evita detallar cómo.

El mentado Cajal responde con desparpajo a la pregunta del título –y de manera inequívoca podemos interpretar, no por mala voluntad ni inventando– que, para él , España termina en aquellos puntos, lugares o líneas que más perjudiciales sean para los intereses globales de nuestra nación, en el tiempo y en el espacio. Y del modo más canalla. Así pues, con originalidad suprema concluye que si Ceuta y Melilla están en la costa marroquí la cosa está clara: hay que entregarlas al país adyacente por eso, porque están ahí. Triunfo de la Geografía y suspenso sin posibilidad de enmienda para la simpleza del egregio pisaverde, otrora traductor de Franco. De tal guisa, los países insulares compuestos por archipiélagos, o los que mantienen enclaves o islas sueltas en otros continentes, o los de inmensas áreas desérticas o selváticas entre sus partes serían pasto merecido de separatismos irreversibles o reivindicaciones de vecinos. La caraba.

Si abordamos el asunto por la vertiente histórica hay que aclarar dos aspectos: es un pésimo argumento, sin tregua repetido en los medios de comunicación españoles por periodistas y políticos, tampoco muy enterados, afirmar que "Ceuta y Melilla son de España desde mucho antes de que existiera Marruecos". Y es un pésimo argumento por la sencilla razón de que no es cierto y, por tanto fácil de desmontar por los marroquíes, que lo esgrimen como prueba de la ignorancia e inconsistencia de la posición española. A menos que, de manera unilateral y caprichosa, decidamos que la historia de ese país empieza en 1956 con su independencia contemporánea. La verdad es la contraria: las sucesivas dinastías que gobernaron el país y constituyeron reinos de dimensiones variables sí señorearon Ceuta y Melilla, hasta el siglo XV. Idrisíes, almorávides, almohades, meriníes, wattasíes las incluyeron entre sus posesiones. Con posterioridad a la conquista hispana, los alauitas intentaron en repetidas ocasiones tomarlas, infructuosamente. Después vino el protectorado hispano-francés y etc.

Sin embargo, el argumento histórico principal es la permanencia continua de España en los presidios [Aclaración imprescindible, por lo confusa que anda esta idea: "presidio", originariamente, no significa "cárcel", sino "guarnición defensiva de frontera" y al enviarse con frecuencia a estos puestos a penados, la palabra acabó tomando el sentido actual]. Una presencia que data de 1497 en el caso de Melilla, o de 1581 (o 1640, según se mire) en el de Ceuta. En todo caso, mucho tiempo. Y una permanencia sin depender de lo que, andando los siglos, sería el "Marruecos Español". En un principio, estas dos ciudades (más las que tomó Portugal en la costa atlántica marroquí) tenían una función de apoyo defensivo a la navegación hispana por el Mediterráneo, para protegernos en lo posible de la endémica piratería magrebí contra nuestras costas y nuestros barcos, junto a otras plazas que se fueron ganando y perdiendo con el paso de los siglos (Orán, el Peñón de Argel, Bugía, La Goleta, Túnez, Trípoli de Berbería, etc.). Tal vez no sobre recordar que el corso norteafricano subsistió hasta el inicio de la colonización francesa de Argelia en 1830. Por lo tanto, de sentimiento de culpabilidad por Ceuta y Melilla, nada de nada: España las mantuvo por una necesidad estrictamente defensiva.

También lentamente se fueron poblando con civiles españoles, a la par que se desarrollaba un incipiente comercio con los míseros alfoces circundantes y aun hoy en día las poblaciones marroquíes aledañas viven de cuanto compran y venden a las ciudades españolas. Y, por cierto, se benefician gratuitamente de los hospitales españoles, que los atienden sin tener por qué. Atención médica, ni agradecida ni pagada, que sin Ceuta y Melilla esas personas no podrían ni soñar. No obstante, a nuestro juicio, el factor principal que imbuye de carácter, de entidad y de esencia a un territorio no es la historia sino la gente que en él habita, su cultura, su visión del mundo y las relaciones humanas y su pertenencia –o no– a un proyecto común, en este caso español. Siguiendo un principio de lógica elemental –y ya desde Fernando el Católico– se consideró la conveniencia de poblar con cristianos a comienzos del XVI las ciudades ganadas por Pedro Navarro (Trípoli, Bugía, Orán) y la orden repobladora del Rey es muy clara ("porque no se podrían luengamente conservar si, siendo toda África de moros, hubiese moros en las dichas ciudades"). Criterio racional donde los haya que los gobiernos de España de un siglo a esta parte han descuidado, por negligencia, por intereses minúsculos, por idiotez, de la que tan sobrados andamos los celtíberos desde hace siglos.

La población cristiana de ambas ciudades ronda el 60% y la verdad, la verdad, es la única fiable casi al cien por cien. No porque la fe ilumine de uno u otro modo, o porque hindúes y hebreos sean sospechosos de nada (son pocos y su disposición a emigrar es siempre mayor), sino por la adscripción natural de los cristianos, decidida y sin ambages, al todo sociohistórico que llamamos España. Y ojalá pudiéramos decir lo mismo de la mayoría de la población musulmana: por desgracia, los hechos apuntan en otra dirección muy diferente.

Un último punto actuante en este conflicto fijo que Marruecos alimenta –y va a alimentar– es la actitud de otras potencias. Estados Unidos –aunque desaparezca el divieso de La Moncloa– no se va a comprometer, en un plazo previsible, contra la postura marroquí; ni la UE ni la OTAN quieren saber nada del asunto; y en cuanto a Francia, la auténtica potencia colonial que sigue rigiendo Marruecos, laborará siempre por debilitarnos, con más o menos claridad. No existe ningún motivo para pensar que hayan perdido vigencia las palabras de Gracián (El Criticón, II): "¿Pues de qué provecho le es a Francia que enriquezca España y se le aumente su potencia?" Por consiguiente, contemos con nosotros mismos, sin esperar ayudas ajenas, ni creer en proclamas de españolidad de quienes no la sienten en absoluto.

¿Hacia un Estado paternalista?
FRANCESC DE CARRERAS, LA VANGUARDIA 20 Noviembre 2007

Crece la sensación de que el Estado, los poderes públicos en general - también las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la Unión Europea - tratan a los ciudadanos como los padres tratan a sus hijos menores de edad: les aconsejan lo que deben hacer, cómo deben comportarse, incluso qué deben pensar. Y, de manera más o menos velada, nuestras autoridades añaden aquella frase irritante, aunque cierta, que los padres dirigen a sus hijos para convencerles de que acaben de comerse la insípida verdura hervida que les dan para cenar: “te lo digo por tu bien”.

Efectivamente, el paternalismo de los poderes públicos está en fase de expansión: no fumes, no bebas, conduce despacio, haz deporte, ponte el cinturón de seguridad, la historia de tu país es ésta y no otra, debes tener hijos, habla una determinada lengua, lee libros, no contamines… Cada vez más, el Estado se comporta como un padre, como un padre moralista y muy pesado.

¿Debe un Estado adoptar este tono paternal, es decir, debe procurar que los ciudadanos sigan determinadas conductas por la simple razón de que las considera beneficiosas? A primera vista, quizás parece que sí, que efectivamente el Estado debe procurar lo mejor para sus ciudadanos, que una de las tareas de un Estado Social como el nuestro es precisamente ésta. Sin embargo, desde una perspectiva liberal y democrática, la respuesta ha de ser indudablemente negativa: el Estado está para otras cosas, no debe pretender el bien de los ciudadanos sino su libertad, que no es lo mismo. Un Estado Social no es un Estado paternalista.

Quizás el la confusión parte de ahí, de una equivocada concepción del Estado Social. Como es sabido, el Estado Social – que figura como una de las características de nuestro Estado en el art. 1 de la Constitución – viene a culminar el Estado liberal de derecho propio del siglo XIX. El Estado liberal garantizaba una teórica libertad que no era válida para todos sino sólo para una minoría y, por tanto, dejaba de lado el principio de igualdad. El Estado era liberal pero no igualitario ni democrático. Los derechos no eran iguales para todos. Esto lo advirtieron pensadores liberales como Stuart Mill y, por supuesto, todos los socialistas: el Estado debe estar fundamentado en la libertad y la igualdad, en ambos valores. Por tanto, no sólo debe garantizar derechos individuales sino también asegurar derechos sociales para que todos disfruten de una igual libertad: una sociedad no es libre si todos los que la componen no tienen las mismas posibilidades de ser libres. Para ello se necesitaba que el Estado interviniera en economía y prestara determinados servicios sociales: educación, sanidad y pensiones entre los más significativos.

Esto es el Estado Social: un Estado que asegura la igualdad de oportunidades para que las personas disfruten del mismo grado de libertad. Cosa distinta es el Estado paternalista, aquel que dice tener criterios morales sobre las conductas individuales para, a partir de estos criterios, promulgar normas y emprender políticas destinadas a hacer el bien y evitar el mal a los ciudadanos, limitando así la libre actividad de éstos, incluso ahorrándoles su propia responsabilidad. Esta substitución de decisiones individuales en una esfera que es propia de cada individuo, y en la cual sólo él debe decidir libremente, poco tiene que ver con la tradición liberal y mucho con la tradición contraria: la propia del despotismo ilustrado de la cual los totalitarismos del siglo XX son, en más o en menos, claros herederos.

La tradición liberal está perfectamente definida en aquel conocido párrafo de Kant: “Nadie me puede obligar a ser feliz a su manera (es decir, en la forma que él se imagina la felicidad) sino que cada uno puede buscar su felicidad por el camino que escoja siempre que no perjudique la libertad de los demás, de manera que su libertad pueda coexistir con la libertad de todos según una ley universal”.

En efecto, el Estado no tiene la misma finalidad que tiene un padre sobre sus hijos menores, esto es, procurar su bien. El Estado debe, simplemente, procurar la igual libertad de todos, dado que es un instrumento que los hombres se han inventado para alcanzar este fin. Por tanto, ese Estado debe respetar la libertad de los individuos - aún a riesgo de que, al ejercer esta libertad, se perjudiquen a sí mismos – y su función es, mediante leyes, limitar esa libertad sólo para impedir que se vulnere la libertad de los demás. Así pues, la finalidad de un Estado liberal democrático no es hacer el bien sino garantizar la igual libertad de todos.

¿Nos encaminamos hacia un Estado paternalista abandonando la senda liberal, democrática y social? Hay síntomas de ello en algunas de las actitudes de nuestros gobernantes. Quizás pronto sea realidad aquella profecía que formulaba Alexis de Tocqueville al final de “La democracia en América”: “Por encima de los hombres se alza un poder inmenso y tutelar que se encarga, él sólo, de asegurar sus goces y de velar por su suerte. Es absoluto, detallista, regular, previsor y suave. Se parecería al poder paterno si, como éste, tuviera por objeto preparar a los hombre para la edad viril; pero no, no intenta más que fijarlos irrevocablemente en la infancia”. Si ello llegara a suceder, habríamos llegado a 1984, la fecha fatídica que señalara Orwell.

Francesc de Carreras
Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

Triunfo independentista
Kosovo, así no
GEES Libertad Digital 20 Noviembre 2007

De acuerdo con los resultados de las elecciones en Kosovo anunciados este domingo, el gran triunfador de estos comicios ha sido el Partido Democrático de Kosovo (PDK), por lo que con toda probabilidad el nuevo primer ministro de la hasta ahora provincia serbia será Hashim Thaci, que ha sido el líder guerrillero del Ejército de Liberación Kosovar (ELK) hasta hace bien poco. Estos resultados van a tener profundas implicaciones para la estabilidad de toda la zona.

En primer lugar supone un serio aviso sobre la radicalización de los sentimientos en Kosovo, pues si sus ciudadanos están dispuestos a colocar al frente a un partisano del que se sospecha fuertemente que es responsable de muchos ataques contra serbios, así como de impulsar una política de limpieza étnica contra la minoría serbia tras la intervención de la OTAN en 1998, es más que dudoso que no sea de nuevo el revanchismo lo que prime en la política local. Kosovo no parece estar dispuesto para respetar los derechos de sus minorías, especialmente la serbia. Y, por tanto, todo apoyo que se le dé a las posiciones de Thaci no hará sino legitimar esta limpieza étnica contra la que tanto ha luchado la OTAN y la comunidad internacional.

En segundo lugar, al elegir un líder indiscutiblemente nacionalista e independentista, el mensaje no puede ser más claro: Kosovo está apostando por su independencia unilateral aunque no cuente con el respaldo de otros países. Es muy posible que el próximo 10 de diciembre el Gobierno kosovar así lo proclame en un intento de dividir a la comunidad internacional, como ya sucediera en 1992 con Bosnia, e imponer de facto su plan soberanista.

En muchas capitales de Europa y América se ve como algo inevitable el reconocimiento de un Kosovo independiente. Hay quien, como en Washington, así lo desea, ya que respondería a un clamor popular. La única condición sería el carácter democrático y pacífico del nuevo Estado. En Europa la inevitabilidad no siempre se entiende como deseabilidad. Así, por ejemplo, desde Londres se dice que de no haber reconocimiento de Kosovo pronto volvería a estallar la violencia en esa zona, pero esta vez no contra los serbios, sino contra los "ocupantes" de la OTAN.

Sea como fuere, y dejando a un lado las graves consecuencias políticas en relación a lo que Serbia y Rusia pudieran hacer en el plano diplomático si se les impone la independencia de Kosovo, lo cierto es que, para nuestro campo, caer nuevamente en la trampa y el chantaje de Thaci (como se cayó en sus manipulaciones informativas en el 97), significaría renunciar en primer lugar al principio que ha motivado toda la intervención de la OTAN en los Balcanes desde mediados de los 90, a saber, forzar el establecimiento de entidades multiétnicas; y, en segundo lugar, aceptar por vía del chantaje del recurso a la fuerza una situación que sólo puede traer complicaciones y que choca con nuestros principios.

Puede que Kosovo deba ser independiente algún día, pero esa no era la agenda que motivó nuestra intervención allí y por la que se ha venido garantizando la seguridad y los servicios en esa región desde entonces y no tiene por qué ser inevitable en estos momentos. Y muchos menos aceptarse sin más bajo la presión y los hechos consumados. Para ser independientes, los kosovares deben dar muestras de una tolerancia que no han mostrado hasta ahora. Así no.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Caracas-Teherán, el eje de los granujas
EDITORIAL Libertad Digital 20 Noviembre 2007

El socialismo del siglo XXI que predica Hugo Chávez y la teocracia islámica que preside Mahmud Ahmadineyad no tienen mucho que ver y en ciertos aspectos son antitéticos. De hecho, en cualquier otro escenario geopolítico distinto al actual, que ambos regímenes congeniasen sería algo impensable. Ha sido el odio a Occidente en general –y a los Estados Unidos en particular– el que ha forjado esta alianza de tiranos que tan repulsiva resulta a los que aman la libertad y tan dañina está siendo para iraníes y venezolanos, verdaderos cobayas de los experimentos que Chávez y Ahmadineyad alumbran a dúo.

Para el resto del mundo la renovada alianza entre Caracas y Teherán es una bomba de relojería que puede estallar en el momento menos pensado. Ninguno de los dos gobiernos practica la democracia y el pluralismo político. Ambos reniegan de la libertad económica y de la apertura de los mercados. Y, por último, tanto Ahmedineyad como, más recientemente, Chávez se traen entre manos una inquietante escalada armamentística que incluye la nuclearización de sus arsenales.

El arma atómica es un asunto muy serio que no debería tomarse a la ligera en Occidente. Dos nuevas potencias nucleares, gobernadas ambas por dictadores excéntricos, suponen una amenaza de primer nivel a la seguridad global. Para evitar en el futuro males mayores, en la cancillerías occidentales y en la propia ONU deberían tomar nota, porque cuando las últimas consecuencias de esta alianza entre granujas se hayan consumado será tarde y no quedará tiempo ni para lamentarse.

ROSA DÍEZ CONFIRMA SU ASISTENCIA
UPD apoya la manifestación de la AVT y anuncia que sus dirigentes acudirán a la marcha
El partido Unión, Progreso y Democracia en un comunicado apoya la manifestación del día 24, convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y anuncia que sus dirigentes, encabezados por Rosa Díez, acudirán a la marcha. "UPyD quiere expresar así su apoyo y solidaridad a las víctimas del terrorismo y su respaldo político a las reivindicaciones que han venido expresando con respecto a ETA". Vea dentro el comunicado íntegro.
Libertad Digital 20 Noviembre 2007

Unión, Progreso y Democracia pone en conocimiento de la opinión pública su apoyo a la manifestación que, con el lema "Por un futuro en libertad. Juntos, derrotemos a ETA", ha convocado la Asociación de Víctimas del Terrorismo para el día 24 de noviembre.

UPyD quiere expresar así su apoyo y solidaridad a las víctimas del terrorismo y su respaldo político a las reivindicaciones que han venido expresando con respecto a ETA. El terrorismo tiene una naturaleza política que no debe ocultarse a los ciudadanos ni desconocerse por el Gobierno. Ese carácter político hace que, en la lucha para combatir y vencer a ETA, no sea suficiente la actuación diligente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y que la política antiterrorista deba centrarse, además, en los terrenos ideológico, financiero y político.

Dentro de la lucha política es muy relevante la exigencia expresada por la AVT al Gobierno para que inste la ilegalización de los partidos que, actualmente, operan por cuenta de ETA en las instituciones de representación y gobierno. Desde UPyD entendemos que la ilegalización de ANV y el PCTV constituye un paso imprescindible para lograr la derrota de ETA; y es asimismo necesario que, mediante la disolución de los 44 ayuntamientos que controla ANV, se impida que los presupuestos destinados a satisfacer las necesidades colectivas de los ciudadanos, acaben desviándose, como ya viene ocurriendo, a la financiación de las organizaciones vinculadas con ETA.

De la misma manera, constituye una necesidad de la lucha política contra el terrorismo que se reafirme el mensaje de que las organizaciones terroristas no van a encontrar ningún resquicio en el sistema democrático para el logro de sus pretensiones. Por ello, desde UPyD también apoyamos la exigencia de la AVT para que se retire la resolución aprobada por el Congreso de los Diputados a favor del diálogo con ETA, así como su llamamiento para que se restablezca el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo.

En UPyD somos radicalmente contrarios a cualquier negociación que proporcione una interlocución política a los terroristas, pues esos procesos de negociación, además de dañar severamente a las instituciones democráticas y al sistema constitucional, alientan la recuperación de la capacidad operativa de las organizaciones terroristas, como lamentablemente hemos tenido ocasión de comprobar en los últimos meses con respecto a ETA. A este respecto, no está de más recordar que, en los once meses transcurridos desde que ETA rompió su alto el fuego con su atentado en el aeropuerto de Barajas, en diciembre de 2006, se han cometido nueve atentados terroristas y 470 acciones de terrorismo callejero que han ocasionado tres muertes de ciudadanos inocentes, 19 heridos, cuatro secuestrados y 2.241 damnificados por daños materiales, así como destrucciones por un valor que supera los 58 millones de euros.

Asimismo, para el logro de la derrota de ETA es imprescindible trabajar por la unidad de las fuerzas políticas democráticas y los ciudadanos contra el terrorismo, a partir de un diagnóstico común y una voluntad de concertación. El Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo se formó con estos requisitos y se mostró muy eficaz para la lucha contra ETA. Su ruptura por el partido socialista constituyó un retroceso importante. Pero más allá de la valoración que pueda hacerse de esta decisión, lo relevante ahora es restablecer las condiciones que dieron lugar al Pacto. Desde UPyD llamamos también a los grandes partidos a que aparquen sus diferencias en este terreno y trabajen activamente para lograr la unidad democrática contra el terrorismo.

Por ello, UPyD se adhiere a la manifestación que, para el día 24 de noviembre, ha convocado la AVT y llama a todos los ciudadanos a secundar esta marcha solidaria con las víctimas del terrorismo.

Asimismo, UPyD anuncia que una delegación de sus dirigentes nacionales y de su Coordinadora en la Comunidad de Madrid acudirá a la manifestación. En ella se integrarán Rosa Díez [Portavoz de UPyD], Mikel Buesa, Cuca Sacristán, Francisco Pimentel, Guzmán Fernández Ortiz, Antonio Ballesteros, Carmen Martín, José Manuel Yánez, Iris Albajez, Ramón Rodríguez, Ramón Marcos Allo, Aurora García, William David Luna, Fernando Cózar, Cristina Muñoz, Susana Palacios y Elvira García.

lucha antiterrorista
Desarticulado en Navarra un grupo de apoyo a ETA tras la detención de 5 personas vinculadas a la 'kale borroka'
La Policía encuentra abundante documentación en una decena de registros en domicilios y locales
AGENCIAS BILBAO El Correo 20 Noviembre 2007

Los detenidos están presuntamente detrás de más de 30 actos de violencia callejera.
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil han detenido esta madrugada en Navarra a cinco personas relacionadas con el terrorismo callejero, en el transcurso de una operación contra los grupos de apoyo a ETA . En la operación, que continúa abierta, se han practicado además una decena de registros de diversos domicilios y locales en los que se ha encontrado abundante documentación y material, informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

Esta operación, la cuarta en un mes contra el terrorismo callejero y los grupos de apoyo a ETA , permitirá a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado esclarecer 32 acciones de terrorismo callejero, indica la nota de Interior. Tres de los detenidos -cuyas iniciales son D.U.P., X.U.P. e I.G.G.- fueron arrestados por la Policía, y los otros dos -A.T.G. e I.G.T-, por la Guardia Civil. Junto a las detenciones, la Policía Nacional y la Guardia Civil han realizado una decena de registros en varios domicilios, bajeras y locales de Pamplona, Burlada, San Martín de USN y Noain.

En los registros se encontraron cuatro artefactos incendiarios tipo cóctel molotov, confeccionados y dispuestos para ser utilizados; material para la confección de artefactos explosivos; una pata de cabra de hierro; una cizalla de grandes dimensiones, similar a las que se han utilizado en algunas ocasiones para el corte de los contrapesos de las vías férreas y varios bidones de aceite de tractor muy negruzco similar al utilizado para la confección de algunos artefactos explosivos utilizados en algunos actos de terrorismo callejero.

Además, los agentes encontraron anotaciones y ropa; cuatro ordenadores; CDS, disquetes y fotografías; cinco teléfonos móviles; documentación relacionada con Batas una, SEGI y otros colectivos de la izquierda radical abertzale que se está estudiando y propaganda del MLNV, además de propaganda electoral del Ayuntamiento de Burlada y listas electorales de partidos políticos entre los que se encuentran el PP y el PSOE. Las Fuerzas de Seguridad analizan ahora todo el material y la documentación encontrada.

Con esta operación, la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía considera que podrían quedar esclarecidas un total de 32 acciones terroristas cometidas en Pamplona y su comarca. En concreto, se trata de 16 acciones cometidas mediante la colocación de artefactos explosivos sobre diversos objetivos; once lanzamientos de artefactos explosivo-incendiarios tipo cócteles molotov, fundamentalmente contra cajeros automáticos de entidades bancarias, y cinco cortes de vías férreas y de infraestructuras ferroviarias.

La operación, que continúa abierta, se ha desarrollado bajo la coordinación del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional que dirige Juan del Olmo.

Esta es la cuarta operación contra la violencia callejera que practican las fuerzas de seguridad desde el pasado verano. La primera tuvo lugar en Álava , más tarde se practicaron detenciones en Vizcaya y las últimas fueron realizadas en Guipúzcoa, entre el 30 de octubre y el 7 de noviembre. Las cinco detenciones de hoy se suman a las cuatro practicadas el 7 de noviembre y las siete del 30 de octubre.

Navarra denuncia una nueva injerencia del Ejecutivo vasco en materia educativa
A.LARDIÉS ABC 20 Noviembre 2007

PAMPLONA. La voracidad expansionista del Ejecutivo que dirige Ibarreche ha vuelto a provocar tensiones con el Gobierno de Navarra. En este caso, se trata de un decreto foral que establece el currículo de la Educación Básica que se implanta en el País Vasco, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma Vasca la pasada semana. En ese documento, como ocurre en los informativos de la televisión pública vasca o en algunos libros de texto que ampara el Gobierno vasco, se incluye a Navarra como parte de la entelequia llamada «Euskal Herria».

El decreto, que no tiene desperdicio, contiene afirmaciones como ésta: «este Decreto se elabora, por tanto, desde la voluntad de construir una visión global, plural y abierta, a partir de la visión propia y específica de Euskal Herria, entendiendo por tal el ámbito territorial referido al conjunto de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Navarra (Baja y Alta) y Zuberoa». Ante esta afrenta al marco jurídico-político de Navarra, el Gobierno foral expresó su rechazo a «una nueva injerencia e intromisión» en su estatus y encomendó a su asesoría legal que estudie el caso para emprender las acciones judiciales que sean oportunas.

El portavoz del Gobierno de Navarra, Alberto Catalán, afirmó que el Gobierno que dirige Ibarreche debe un respeto a «la realidad social, política, educativa y económica de Navarra, es decir, a lo que los navarros somos, a lo que hemos sido y a lo que queremos seguir siendo». Además, Catalán instó al Ejecutivo vasco a «estar a la altura de las circunstancias» retirando el decreto, y aseguró que si no es así, «nos veremos en los tribunales».

El decreto en cuestión está repleto de algunas de las viejas aspiraciones del independentismo vasco, como el euskera como lengua madre del País Vasco, Navarra y el País vascofrancés, algo que reduciría el uso del castellano a una labor puramente instrumental. «El euskera será la lengua principal en este nuevo marco, dado que en el actual escenario sociolingüístico las condiciones del entorno favorecen el uso de la lengua castellana, y que la praxis y las evaluaciones han demostrado que la exposición al euskera en el proceso de enseñanza-aprendizaje resulta fundamental para adquirir una capacitación comunicativa oral y escrita suficiente», se afirma.

Lengua de aprendizaje
«El euskera -se dice más adelante- debe ocupar el papel integrador que le corresponde en el sistema educativo como lengua principal de uso en el mencionado proceso de enseñanza-aprendizaje. El castellano será utilizado, asimismo, como lengua de aprendizaje para garantizar el conocimiento adecuado del mismo».

De forma un poco más sibilina aparece la mención a la negociación como instrumento para llegar a la paz en los conflictos. Los alumnos tienen que aprender, entre otras cosas, «a utilizar el diálogo y la negociación en situaciones conflictivas, a participar de manera activa y democrática, a cooperar y trabajar en grupo y a respetar la diversidad, manteniendo actitudes solidarias» (artículo seis letra d). Algo que se relaciona con el artículo tres, con esta referencia a la «cultura de la paz»: «El Departamento de Educación, Universidades e Investigación promoverá el desarrollo de proyectos globales de centro dirigidos a la creación de una cultura de paz y unas prácticas fundamentadas en el respeto, el diálogo, la regulación y control emocional, el tratamiento ético de los conflictos y los derechos y deberes de todas las personas de la comunidad educativa».
Por otro lado, ayer se cumplían cien días del Gobierno foral. En este tiempo, la mejoría de relaciones entre los partidos del Ejecutivo (UPN y CDN) y los socialistas (tanto del PSN como del Gobierno de la nación) ha sido más que evidente, con acuerdos para actualizar el Convenio Económico o para que Navarra retirase un recurso ante el TC sobre la Ley de Dependencia.

DIFERENTES VERSIONES TERRITORIALES
Las editoriales cambian los libros escolares a gusto de los nacionalistas
Dos libros de Santillana comparados: en uno aparece el Rey y en el otro el Tribunal de Justicia del País Vasco.
MANUEL ROMERO El Mundo 20 Noviembre 2007

MADRID.- De la Prehistoria a la Transición, de la extensión de las lenguas a los sentimientos deportivos, contenidos importantes tienen una adaptación localista en los libros escolares con los que siete millones de niños y jóvenes estudian en España. La diferencia se ensalza, lo que une y acerca se reduce o desaparece. Las principales editoriales presentan versiones con imporantes diferencias según el territorio.

Un joven de 16 años de Bilbao puede concluir sus estudios sin que en sus libros hayan mencionado la Constitución Española, la figura del Rey, los símbolos del país al que pertenece o las protestas contra el terrorismo de ETA. También es frecuente que se le oculte la existencia de los yacimientos cercanos de Atapuerca y Altamira, el Camino de Santiago y la participación de los vascos en el Descubrimiento de América.

A menos de 100 kilómetros, un chico de Santander puede que nunca se entere de la primera vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano, o de que la industrialización de España se produjo a través del puerto de Bilbao.

En Barcelona, un joven puede rebuscar en su libro el Siglo de Oro y no hallarlo. O interesarse por los Juegos Olímpicos del 92, el mayor acontecimiento internacional y deportivo celebrado en su ciudad, y sólo encontrar que "fueron el punto álgido en la reconstrucción nacional [de Cataluña]". De la lluvia de medallas y del oro que España logró en fútbol en el Camp Nou, ni una palabra. Pero sí un extenso ejercicio para la asignatura de Lengua Catalana con la simulación, por parte del alumno, de la retransmisión radiofónica de la final de la Copa del Mundo entre Brasil y Cataluña.

En otro extremo de España, una chica de Huelva estudiará la Guerra Civil como si se tratara de una invasión de Andalucía por parte de fuerzas de ocupación y, simultáneamente, un niño de La Coruña leerá en su manual de Lengua que en Cáceres el gallego no goza de protección.

El resultado es una abismal fragmentación educativa, un puzzle de libros de texto que no encajan entre sí: conocimientos diferenciados, sentimientos de agravios entre comunidades autónomas, odio hacia lo español, imposibilidad para compartir un mismo sistema escolar y universitario y dificultad para converger dentro de un mismo mercado laboral.

Un trabajo de investigación realizado por EL MUNDO ha analizado los diferentes manuales de las 17 comunidades autónomas. El resultado pone al descubierto graves deficiencias. La Constitución, la estructura del Estado, el sistema democrático, la Transición, el terrorismo de ETA... desaparecen o se modifican en libros escolares de las más importantes editoriales.

Aunque el Ministerio de Educación y Ciencia regula las materias a incluir en los 50 millones de libros anuales de Primaria, Secundaria y Bachillerato, no establece la extensión que ha de dárseles.
La Constitución

El conocimiento de la Carta Magna es obligatorio en 4º de ESO. Así lo establece el Real Decreto 1631/2006. La Editorial Santillana incluye la Constitución en su libro de Historia de 4º de ESO, para alumnos de 16 años. Dos páginas con ilustraciones del Preámbulo, los siete ponentes de la Carta Magna e, incluso, una viñeta del dibujante Forges. De un tronco común con los colores de la bandera de España nacen frutos con las banderas autonómicas. Las dos páginas dedicadas a la Constitución desaparecen de la edición destinada a los estudiantes del País Vasco, incluida la proclamación de la Soberanía de la Nación Española y el dibujo del propio Forges, colaborador habitual del Grupo Prisa, a cuyo conglomerado pertenece Santillana.
El Rey

El libro de 4º de ESO de Historia de Santillana ilustra el capítulo España: del franquismo a la democracia con una fotografía del Rey Juan Carlos, acompañado por la Reina y el Príncipe, firmando la Constitución en el estrado del Congreso de los Diputados. El pie de foto hace referencia al consenso y al espíritu democrático de todas las fuerzas políticas que la hicieron posible.

Sin embargo, ésta no es la imagen que ilustra el mismo libro en el País Vasco. El título del capítulo es idéntico, pero la fotografía del Rey ha sido sustituida por la de una eufórica Aitana Sánchez-Gijón en el Festival de Cine de San Sebastián. El pie es todavía más sorprendente: "La primera edición contó con la presencia, entre otros, de Luis Mariano, Carmen Sevilla y Marujita Díaz".

Amenazan a objetores de Educación para la Ciudadanía en Extremadura
PACO VADILLO ABC 20 Noviembre 2007

MÉRIDA. Varias familias extremeñas cuyos hijos estudian en los Institutos públicos de Montijo y Badajoz han recibido amenazas y coacciones verbales por parte de los directores de los centros porque los alumnos no cursan Educación para la Ciudadanía. Es, al menos, lo que denuncia el Foro Español de la Familia, cuyo presidente, Benigno Blanco, ha asegurado a ABC que las amenazas se han producido a finales de septiembre y principios de octubre cuando los directores de estos Institutos «llegaron a decir a los padres que sus hijos no pasarían de curso y que podrían repetir si no acudían a las clases de Educación para la Ciudadanía», apunta Blanco.

Tras un mes desde que se produjeran estas amenazas los chicos siguen sin acudir a las clases de esta asignatura y las coacciones ha cesado tras la actuación del gabinete jurídico del Foro que «se ha puesto en contacto con estos directores y les ha informado que si continúan con esa actitud serían llevados a los tribunales». El Foro Español de la Familia espera que la administración regional intervenga en esta cuestión.

Acto delictivo
La demanda de los padres que han presentado su queja ante el Foro, «siete u ocho familias extremeñas», consiste en que la administración sea quien intervenga en esta cuestión, pero según el presidente del Foro de la Familia «no lo ha hecho». El problema radica en que esta asignatura es obligatoria y la «abstención» conlleva el suspenso de la misma. Aunque los miembros de este colectivo asegura que no aceptar la objeción puede representar «un acto delictivo».

Por su parte el presidente del PP regional, Carlos Floriano, cree que esta situación es «muy grave» y que «deben derivarse responsabilidades políticas, porque la objeción de conciencia es un derecho constitucional que todos podemos ejercitar y si hay alguien que impide el ejercicio de un derecho constitucional debe responder judicial y políticamente».
Las Delegaciones Provinciales de Educación informarán a las familias que sus hijos no pueden dejar de cursar válidamente una materia obligatoria, «y en caso de hacerlo se derivarán las consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico».

Seis proetarras agreden en la Universidad a una militante del PP
M. LUISA G. FRANCO ABC 20 Noviembre 2007

BILBAO. Una estudiante de la Universidad del País Vasco, que fue candidata del PP en las pasadas elecciones municipales, fue agredida ayer por seis encapuchados en el aparcamiento del campus universitario de Lejona, en Vizcaya. La agredida explicó a la Ertzaintza que sobre las siete y media de la tarde, cuando se disponía a regresar a su domicilio e iba a introducirse en su vehículo, un grupo de seis personas, con las caras tapadas, la abordó y empezó a zarandearla.
El presidente del PP de Vizcaya, Antonio Basagoiti, explicó a ABC que la candidata de su partido lleva sufriendo todo tipo de insultos y agresiones desde que se iniciara el curso, hace dos meses.

Ella estudia Relaciones Laborales en la UPV y una profesora la citó en clase por su nombre y dijo públicamente que había ido en las listas del PP por Lejona en las pasadas elecciones municipales. A partir de entonces, personas a cara descubierta la empezaron a llamar «facha» y «española». Después, colocaron una caja de zapatos llena de piedras bajo su coche, para que pensara que era una bomba-lapa, y hace un mes la zarandearon por primera vez.

La estudiante lo denunció a la Ertzaintza, pero no ha servido de nada. Le dijeron que iban a mandar a alguien, pero un mes después, ayer, los agresores volvieron más violentos, sin que nadie haya hecho nada por impedirlo, y la intimidaron quitándole los pendientes y el collar y empujándola, mientras los terroristas le decían: «No has aprendido nada».

La candidata del PP, que no resultó elegida, pidió a nuestro periódico, a través del partido en el que milita, que no se difundiera su nombre, porque no sólo ella, sino también su familia, lo están pasando muy mal. La AVT condenó ayer esta agresión, que evidencia cómo se ha crecido el entorno de ETA y la impunidad en la que actúa en el País Vasco.

Bélgica, lejos del unitarismo
Los belgas llevan sin Gobierno desde que acudieron a las urnas el pasado 10 de junio
No se forma una coalición por las diferencias norte-sur, no por ideales políticos
Esther S. Sieteiglesias La Razón 20 Noviembre 2007

MADRID- Parece mentira que en un país de la Unión Europea se pueda estar más de cinco meses sin poder formar Gobierno. Y más cuando su capital es una de las ciudades en las que más símbolos y representantes de la UE existen. De hecho Bruselas, según los flamencos del norte de Bélgica, es el impedimento real por el que no se llega a la separación de de la zona de habla holandesa con la francesa.

Desde que los belgas acudieran a las urnas el 10 de junio de 2007, todavía no se ha llegado a un acuerdo. Yves Leterme, el flamenco que ganó las elecciones, es el encargado de negociar la formación de un Gobierno federal. Pero hasta la fecha, Leterme se ha preocupado de dar más competencias a las regiones en lugar de buscar el acuerdo. Pero tampoco es fácil cuando los políticos de habla neerlandesa no se entienden con los de habla francesa, y no por motivos del idioma, sino económicos.

Sin banderas en el norte
Las diferencias entre las regiones del norte y el sur se notan hasta en las estaciones de tren. El norte suele ser un destino turístico, con ciudades cuidadas como Brujas o Gante mientras que en el sur, la región de Valonia, lo que se palpa es el reflejo de la revolución industrial. Antes de la manifestación del domingo, a la que acudieron 35.000 personas, en las estaciones de tren del norte de Bélgica se respiraba normalidad mientras que en las de Valonia no había túnel en el que no hubiera alguien pidiendo firmas para la «solidaridad con el pueblo belga». Daba igual que uno fuera español, francés o alemán, todas las firmas eran válidas para la causa. Además, mientras que en Bruselas y Valonia las banderas belgas tomaban las calles, la ausencia de éstas era la tónica general en el norte del país.

Aunque este fin de semana la causa belga tuviera muchos seguidores, Filip Dewinter, el líder del partido nacionalista de Flandes (Vlaams Belang) comentó: «No hay un sentimiento belga. No hay un lenguaje belga. No hay una nación belga. De hecho, no hay nada belga».

Con estas sentenciosas declaraciones uno entiende lo que muchos politólogos opinan de Bélgica, que se trata del único Estado federal en el que no hay partidos nacionales. En Bélgica los partidos que se presentan a las elecciones son puramente regionales. Por eso en la manifestación masiva fueron muchos los que echaron la culpa a los políticos del ambiente de crispación generado. Más que ideales políticos la coalición se debería formar entre Cristiano Demócratas y Liberales. El problema viene de lo que se ha escuchado en casa, a la hora de cenar, esos estereotipos o clichés que justifican por qué sólo un uno por ciento de todas las bodas belgas son entre alguien del norte con alguien del sur. Así, los de la zona norte han escuchado a sus padres que los de Valonia son «esos vagos que no han aprendido flamenco» y los de esta región a los suyos decir que puede que Bruselas sea la capital europea, pero no belga.

A la espera de una posible coalición, los flamencos tendrán que dejar de hablar de separatismo y los francófonos luchar por mantener sus necesarias ayudas económicas. Mientras tanto, ya van 163 días sin que se pongan de acuerdo, una cifra récord y llamativa para tratarse de Europa.

La escisión de un distrito, clave de la polémica
En su campaña electoral, el flamenco Yves Leterme prometió una reforma del Estado en la que otorgaría más competencias a las regiones. Consiguió 800.000 votos, pero no ha podido formar coalición. La reforma, fuertemente demandada por los partidos de derechas y los grupos nacionalistas, convertiría al reino de Bélgica en un Estado confederal. Este hecho es por el momento, improbable. Por ello, los flamencos pusieron todo su interés en la escisión del distrito electoral de Bruselas- Hal-Vilvorde (consistente en la zona bilingüe de Bruselas junto a otras zonas flamencas) donde se puede votar a políticos francófonos. Los flamencos votaron unilateralmente en el Parlamento belga para dividir este distrito. Los políticos francófonos se negaron rotundamente a votar por esta escisión. Los valones podrán bloquear esta división durante casi dos años.

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