AGLI

Recortes de Prensa    Miércoles 28 Noviembre   2007

Proceso de rendición
Fuera caretas
GEES Libertad Digital 28 Noviembre 2007

A estas alturas, engañarse carece de sentido: el Gobierno ha negociado, negocia y negociará con ETA. Llegará a pactos y tratará de cumplirlos. A tres meses de la cita electoral, hay que quitarse las caretas: el PSOE y los partidos que le acompañan volverán a las reuniones oficiales con ETA tan pronto como les sea posible. Y el PP debe impedírselo.

No puede mantenerse por más tiempo la ficción de pensar que la negociación comenzó con la aprobación del Congreso y la declaración de tregua. El PSOE de Zapatero negociaba con ETA antes de 2006, y antes de llegar al poder en 2004. Lo que hemos ido sabiendo no deja lugar a dudas: mintió cuando decía que no negociaba, mintió cuando dijo desde cuándo negociaba y mintió cuando dijo que había dejado de negociar.

Tampoco puede mantenerse más la ficción de que fue ETA la que ofreció el diálogo a Zapatero. En realidad fue Zapatero quien lo ofreció a los terroristas cuando respaldó a aquellos socialistas vascos que llevaban años de conchabeo con Batasuna. No conviene engañarse tampoco en esto: quienes hoy dirigen el PSE y el PSOE consideran que se debe pactar con ETA, que hay reformar el Estatuto y anexionar Navarra al País Vasco para que Otegi, Ternera y De Juana se sientan satisfechos.

La tercera careta que conviene quitarse de encima: Zapatero no negocia con ETA ni por oportunismo ni para ganar elecciones. Lo hace porque cree ideológicamente que es posible y necesario. Nadie le ha obligado a pactar con ETA; lo hace libre y voluntariamente. Afirmó que por encima de los "accidentes" se debía seguir negociando y eso está haciendo y va a hacer. Por eso entusiasma a sus socios de gobierno; todos se sienten más a gusto con Otegi y Goirizelaia que con Rajoy y San Gil y casi todos ellos han negociado con ETA en más de una ocasión.

Zapatero negoció y pactó con ETA. Si no consumó los pactos alcanzados es por la actitud del Partido Popular, que supo dar voz a una sociedad española que no pasa por el aro de los apaños entre ZP y ETA. Si no es por el partido de Rajoy, el pacto con ETA estaría cerrado y consumado. Sólo la movilización popular, en Madrid y Pamplona, asustó al PSOE y le obligó a recular, desairando a los etarras. El fracaso de tan siniestros planes es un mérito que debe apuntarse el Partido Popular.

La culpa de unos y el mérito de otros deben ser sometidos al veredicto de las urnas. Es obligado que los ciudadanos sean conscientes de lo que votan en marzo, y es responsabilidad del PP hacérselo saber. Los populares pueden estar orgullosos. Algunos de sus dirigentes deberían abandonar la actitud temerosa de las "entrevistas-martirio" en el diario El País: No serán quienes llevan años defendiendo los oscuros apaños con ETA y acusando al PP de ser "enemigo de la paz" los que llevarán al PP a La Moncloa. Tampoco parece buena idea abandonar las manifestaciones de las víctimas de ETA para agradar a quien jamás se dejará agradar y apoyará nuevos pactos con los terroristas.

Fuera caretas; el PSOE y la coalición de partidos y medios de comunicación que le acompañan van a volver a buscar el pacto con ETA. Y tan pronto como les sea posible. Ellos son los que deben rendir cuentas en el mes de marzo de su actitud en este asunto y es el PP quien debe exigírselo hasta entonces. Alto, fuerte y claro.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

De encuestas y elecciones con la crisis constitucional al fondo
Manuel Muela El Confidencial 28 Noviembre 2007

Los datos de las encuestas tanto públicas como privadas y, lo que es más importante, los resultados de las consultas electorales realizadas durante la legislatura – elecciones europeas, referéndums autonómicos y elecciones regionales y locales – ponen de manifiesto una gran insatisfacción de los españoles con sus dirigentes públicos: la abstención crece y los partidos, casi sin excepción, retroceden en apoyo popular. Aproximadamente la mitad del electorado se abstiene, quedando la otra mitad repartida entre los diferentes partidos, sin que ninguno de ellos obtenga un apoyo superior a la tercera parte del censo electoral. La falta de consenso social y político que todo ello evidencia, es una enfermedad que afecta al funcionamiento del régimen de la transición y que tiene visos de prolongarse hasta convertirse en terminal, si no se adoptan iniciativas constituyentes para superarla.

Desde que se aprobó la Constitución de 1978, piedra miliar de la Transición, se ha ido incubando en España una crisis política y constitucional que ya se ha manifestado y que obliga a los protagonistas del régimen no sólo a reconocerla sino a plantear reformas para encararla. De hecho, el gobierno de Rodríguez Zapatero enunció determinadas reformas, aunque ninguna de ellas afectaba a las causas de la crisis constitucional. Aun así, no ha podido llevarlas a cabo, optando por una vía singular, las reformas autonómicas, que han creado grandes expectativas de poder para los políticos regionales, sin ningún interés para los ciudadanos. Estas actuaciones, en las que el gobierno se ha visto acompañado por el principal partido de la oposición, han acentuado los problemas constitucionales, confirmando el dicho de que “todo lo que es susceptible de empeorar, empeora”.

Ya he escrito en otras ocasiones que la situación de degradación de la política española, que afecta de lleno al crédito del poder público y a la permanencia y dignidad del Estado, requiere desembarazarse de tabúes y de limitaciones para presentar propuestas constituyentes que aspiren a recuperar para España y los españoles los equilibrios indispensables para desarrollar sus capacidades en libertad. En mi opinión, es estéril, y también desmoralizador, seguir revolcados en la ciénaga de las viejas querellas, adobadas con los mensajes arcaicos de algunos nacionalismos periféricos. Se impone cerrar el ciclo de confusión abierto por la Transición para debatir acerca de su superación, dando contenidos nuevos a los proyectos de revisión constitucional que circulan por la política española.

En mi opinión, la revisión constitucional no puede convertirse en una mera operación de calafateado de las vías de agua del maltrecho navío en que viaja la Constitución de 1978, sino que debería servir para dotarnos de una estructura constitucional sencilla y eficaz con la que, aprendiendo de las experiencias y errores del pasado, evitemos el desgarramiento de la nación, restaurando un proyecto nacional para hacer de España en lo político lo que ya es en lo económico y social: un país relevante de la Unión Europea y una potencia media en el orden internacional. Se trataría de culminar el trabajo de varias generaciones que, después de los estragos de la guerra, han situado al país en las zonas de la templanza y el bienestar, que resultan indispensables para disfrutar de los beneficios de la democracia. Para esa tarea sobran los viejos clichés y el recuerdo reiterado de los fracasos colectivos que a nada conduce.

Pero la precampaña electoral se ha iniciado con el discurso cansino y desacreditado de la mayoría de los partidos y, salvo algunas propuestas concretas en materia de fiscalidad, nadie plantea cambios sustanciales para que los españoles recuperen el aprecio por sus representantes y por el ejercicio de la democracia. Los partidos nacionales eluden cualquier propuesta que pueda molestar o inquietar a las minorías nacionalistas, y éstas, por su parte, se crecen en la tarea de continuar deshilachando al poder central.

El partido gobernante, que ha sufrido en el ejercicio del gobierno su excesiva dependencia de minorías poco solidarias, no sólo no rectifica, sino que se lanza a una campaña publicitaria que prescinde de la imagen y trayectoria del propio partido, sacrificadas ambas en el altar del culto a la personalidad de su secretario general, al que se presenta como único activo de su opción de gobierno. Pobre propuesta para un partido centenario que tiene, además, que vencer el declive ideológico y electoral que afecta a todos los partidos socialistas de la Unión Europea.

El principal partido de la oposición sí parece ocuparse de transmitir la imagen de organización importante y presente en todo el país, sin menoscabo de su liderazgo, con la añadidura de contar a su favor con las corrientes políticas dominantes, de carácter liberal conservador, en el contexto europeo. Pero no parece decidido a romper amarras con el statu quo electoral de la transición, que dificultará su ejercicio del gobierno o incluso lo imposibilitará.

Es previsible que, salvo imponderables como ocurrió en 2004, el resultado electoral arroje un encefalograma bastante plano: poca o ninguna diferencia entre los dos partidos nacionales, elevada abstención y retroceso de las minorías nacionalistas que, no obstante, se aprestarán a vender caros sus apoyos. Todo apuntaría a un intento de reeditar el proyecto de la presente legislatura con el PSOE o con el PP. Mantener el enfermo un poco más, mientras el crecimiento económico del país lo permita.

Pero cabría la posibilidad de que los dos partidos nacionales, ante una situación tan desalentadora para su propia supervivencia, optasen por un acuerdo conjunto de gobierno para afrontar la revisión constitucional y la reforma de la ley electoral, con el fin de ir a nuevas elecciones en un plazo máximo de dos años. Sería una salida plausible para intentar la regeneración democrática y sanear la vida pública. Expresado hoy, puede parecer política ficción, pero quizás en marzo de 2008 no lo sea tanto. Porque, si los protagonistas no toman la iniciativa, puede que el jefe del estado, cuya presencia pública se hace notar últimamente, proponga, en uso de sus facultades constitucionales, un candidato a la jefatura del gobierno que recabe el apoyo de los dos partidos nacionales para desarrollar un programa de “consolidación constitucional”, garantizado por la Monarquía. Sólo basta esperar.
Manuel Muela es economista.

No es ANV, es ANB
Roberto Blanco Valdés La Voz 28 Noviembre 2007

Es posible que Rajoy sea un «retrógado» (sic), como dijo el sábado pasado José Blanco por dos veces (sic, sic) en su mitin de apoyo al ministro de Justicia para obtener acta de cunero por la provincia de Murcia en las próximas elecciones generales. Y es seguro que la manifestación convocada por la AVT en Madrid al día siguiente no tenía por objetivo primordial denunciar la inexplicable negativa del Gobierno a iniciar el proceso de ilegalización de ANV (la marca actual de Batasuna) sino principalmente darle caña una vez más a un Ejecutivo que es percibido por una parte de las víctimas de ETA (la que representa la AVT) como adversario de su causa.

Pero, aun admitiendo una y otra cosa, ello no elimina una sorpresa a la que, desde hace meses, va ligada una inquietud: la que sentimos muchos ciudadanos, que no tenemos nada que ver ni con la AVT ni con Rajoy, al constatar la impostura con que el Gobierno y el fiscal general del Estado contemplan el descarado crescendo con que Acción Nacionalista Vasca demuestra una día tras otro que es en realidad Acción Nacionalista Batasuna.

Lo cierto es que desde que ANV reapareció hace varios meses, de manera llamativamente coincidente con las necesidades electorales de la ilegalizada Batasuna, fue palpable para cualquiera que quisiera ver la realidad que el viejo partido renacido era en realidad una marca fraudulenta con la que el frente político de ETA pretendía por enésima vez burlar su ilegalización. Pero eso que veía todo el mundo, y que el Gobierno y su fiscal no podían no saber, fue insuficiente para que se decidieran a hacer lo que solo a ellos corresponde -dar inicio al proceso para la ilegalización de ANV- porque Zapatero intentaba entonces todavía evitar el naufragio, irreparable desde su mismo nacimiento, de un proceso de paz que hoy sabemos solo existió en su imaginación y en sus deseos.

De entonces a acá, ANV ha confirmado de un modo concluyente (a través, entre otras cosas, de su radical negativa a condenar ni una sola de las acciones de ETA militar) no ser, en verdad, nada más que la última careta con que Batasuna ha pretendido -y logrado en este caso, tras un proceso de anulación de candidaturas de ANV verdaderamente delirante- burlar su ilegalización y posterior disolución.

Con ANV dentro de la ley hemos vuelto, pues, a un pasado que creíamos afortunadamente -y por lo que se ve ingenuamente- superado. Por eso, y dado que según el Diccionario un «retrógado» (¡uy, perdón, he querido decir retrógrado!) es un 'partidario de instituciones políticas o sociales propias de tiempos pasados' va a resultar que en este caso el retrógrado no es Rajoy, sino el gran progresista José Blanco. ¡Paradojas de la vida!

Análisis de la sentencia (IX): Arrastrando los errores
Luis del Pino Libertad Digital 28 Noviembre 2007

El tribunal del 11-M ha hecho público el segundo auto de aclaración de la sentencia, donde se da respuesta a diversas cuestiones relacionadas con las indemnizaciones a las víctimas, se contesta a algunas alegaciones de las defensas y... se corrigen determinados aspectos que los medios independientes habíamos denunciado.

Por ejemplo, el tribunal no ha tenido otro remedio que rectificar la parte de la sentencia en la que se afirmaba, como Libertad Digital había denunciado, que los suicidas de Leganés se habían despedido de sus familias usando una tarjeta telefónica que seguía activa meses después de la explosión de la C/ Carmen Martín Gaite. Según el tribunal, se trata de un error "arrastrado".

Al final, hasta los medios oficialistas tendrán que concedernos que, aunque sólo sea por la corrección de errores y el control de calidad, a los "conspiranoicos" deberían declararnos de utilidad pública.

Es una pena que el tribunal no haya aprovechado el auto para corregir otros "errores" que, más que arrastrarse, reptan por la sentencia de forma harto llamativa: por ejemplo, la errónea afirmación de que las bolsas de basura de la mochila de Vallecas, de la furgoneta Kangoo y del piso de Leganés eran todas iguales. ¿Cómo nos comemos esa afirmación cuando disponemos del informe pericial que dice justo lo contrario, señores magistrados? Y no se trata de un error sin importancia, porque esa inexistente "igualdad" entre las bolsas de basura se utiliza como argumento indiciario en la sentencia para tratar de "demostrar" la veracidad de las pruebas. Por eso es más complicado efectuar la corrección, ¿verdad, señor juez?

Quizá lo más sorprendente de la sentencia sea, precisamente, la escasa atención al detalle y la pobre calidad de los argumentos. Si se quería hacer un pastel de sentencia, se podía por lo menos haber hecho un mayor esfuerzo. Algunos de los errores de la sentencia son sencillamente inexplicables. A no ser que es que alguien se esperara que todo atisbo de discrepancia fuera a quedar triturado, el día de la lectura de la sentencia, por una escenificación cuidadosamente preparada. Si eso es así, es decir, si alguien pensó que una simple escenificación bastaría para imponer "el cierre oficial" del 11-M, entonces es que la capacidad de ese alguien para calibrar las situaciones deja mucho que desear.

Para ser precisos, no es el tema de las bolsas de basura el único que ha quedado en el aire después del segundo auto de aclaración del tribunal. Mucho me temo que esa nueva aclaración no aclara nada, como tendremos oportunidad de comentar próximamente.

Si quieren saber mi opinión, la sentencia toda del 11-M no es más que una inmensa equivocación. Una equivocación que, al igual que sucede con ese teléfono de los de Leganés, también se viene "arrastrando" desde hace mucho tiempo. Concretamente, desde que en la propia mañana del 11-M alguien decidiera iniciar una investigación de guardarropía para poder ocultar la verdadera autoría de los atentados.

De aquellos polvos vienen estos lodos. Y a ver cómo nos quitamos ahora todos ese polvo del camino, que tanto le gusta, o le gustaba, a Cándido Conde Pumpido. Porque estamos de fango hasta las orejas.

El Constitucional y sus varas de medir
EDITORIAL Libertad Digital 28 Noviembre 2007

Si no hay razones jurídicas para que unos magistrados tangan que ser apartados de la deliberación sobre la constitucionalidad de la reforma de la LOTC por el hecho de haberse pronunciado previamente a favor de la misma de forma privada, es de lógica elemental esperar que tampoco las habrá para apartar a otros magistrados por haberse pronunciado previamente en su contra.

A la espera de esa exigible coherencia por parte del Tribunal Constitucional, llama la atención que su pleno haya decidido rechazar las recusaciones planteadas por el PP contra tres de sus magistrados que se habían mostrados favorables a la reforma de la LOTC, antes de resolver las recusaciones que, con anterioridad, le había planteado el Gobierno contra dos de sus magistrados que se habían mostrado en contra de la reforma de marras.

Por nuestra parte, no tenemos duda que dicha reforma de la LOTC, impulsada por el Gobierno y recurrida por el PP, así como la bochornosa decisión del Ejecutivo de plantear la recusación de dos magistrados contrarios a la misma, sólo buscaban y buscan garantizar la continuidad en la presidencia del Tribunal Constitucional de María Emilia Casas, quien, en ausencia de dicha reforma, debería abandonar su puesto el próximo mes de diciembre.

La buscada continuidad de Casas –una magistrada designada a propuesta del PSOE, proclive a las reivindicaciones nacionalistas y esposa de uno de los asesores contratados por la Generalitat para la elaboración del entonces proyecto estatutario catalán– puede ser decisiva si tenemos en cuenta tanto la fragilidad del equilibrio de fuerzas que coexisten actualmente en el Alto Tribunal como el voto (doble) de calidad de quien lo preside en caso de empate.

Ante estas últimas arteras maniobras que el Gobierno de Zapatero ha tenido que hacer para no tener que admitir algo que hasta Maragall ya ha terminado por reconocer –a saber, que para sacar adelante el soberanista "estatuto" catalán había que reformar previamente nuestra Constitución–, el Partido Popular hace bien en tratar de neutralizarlas. Aunque parezca paradójico, la no admisión a trámite de las recusaciones planteadas por el PP es la mejor garantía que este partido podía obtener para que tampoco sean admitidas las planteadas por el Gobierno. Ahora sólo cabe pedir que el Tribunal Constitucional no se haga esperar y su próxima decisión sea coherente con ésta.

Votar PSOE es votar secesión
Vicente A. C. M. Periodista Digital 28 Noviembre 2007

Ahora no hay excusas para ocultar por más tiempo a los españoles que el PSOE no tiene otra cosa en mente que seguir negociando con ETA si gana las elecciones. Su negativa a anular el permiso del Congreso para iniciar las negociaciones, a pesar de la ruptura de la falsa tregua por ETA, le dejan al descubierto de sus verdaderas intenciones.

La de ayer es otra prueba más de que el PSOE sigue fijamente la idea de negociar con ETA. Si así no fuera, habría votado a favor de la propuesta del PP o se habría abstenido. Pero no, votó en contra apoyado por los nacionalistas, cuyos objetivos coinciden en lo esencial con los de la banda terrorista ETA, lograr su independencia de España. El PP se quedó solo defendiendo la lucha anti terrorista y dejó en evidencia a un PSOE y a Zapatero en su obsesión de negociar con ETA.

De sobra se sabe que si ETA se sienta a negociar no va a cambiar sus exigencias. Por lo tanto si Zapatero vuelve a ganar las elecciones y reanuda las negociaciones, se estará negociando políticamente sobre la base de la secesión de El País Vasco y Navarra. Aprovecharse de los apoyos de los separatistas en el Congreso para seguir en el error, demuestra la anomalía y enfermedad que tiene nuestra democracia, donde las minorías nacionalistas ostentan un poder de decisión muy por encima de lo que por su representatividad les correspondería y que condicionan la labor de gobierno de España.

Por otro lado, esta aberración de mantener las expectativas de victoria de ETA y de los separatistas es una mezquindad de la que el PSOE deberá dar cuenta en el futuro. Mantener abierta la mesa de negociación a pesar de los atentados y de los muertos es un acto de cobardía política y de prostitución de la confianza de los españoles, que no quieren ceder ante el chantaje terrorista. Es un desprecio a la memoria de las víctimas del terrorismo de ETA. Es un desprecio a la legalidad vigente y un acto de rendición sin condiciones.

Ya no podrán engañar por más tiempo a los españoles. Ayer el PSOE y el gobierno con la ayuda de los nacionalistas separatistas, mantuvieron la vergüenza de una democracia y mancharon otra vez el Congreso prologando un permiso que jamás debió ser concedido. La única conclusión que deben sacar los ciudadanos es simple: "Votar PSOE es votar la secesión".

Víctimas
Antonio Elorza El Correo 28 Noviembre 2007

De cara a una inminente manifestación convocada en Madrid por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, un conocido profesor sistematizó lo que viene siendo la doctrina oficial sobre el tema: su lugar nunca debe ser la política en cualquiera de las dimensiones de la misma. Por su propia condición carecen de imparcialidad. Fueron «heridas por un daño cruel», ya que el Estado no estaba ahí para impedirlo, y en razón de esa ausencia ha de compensarlas, material y afectivamente, de forma subsidiaria al no hacerlo quien las perjudicó. Lo mismo que en cualquier otra clase de accidente susceptible de ocurrir en la vida social. En una palabra, cobren lo que tienen que cobrar, reciban muestras de respeto y algún que otro homenaje, y déjennos en paz.

Semejante simplificación es, pues, muy útil para quitarse el problema de encima y condenar cualquier intento de participación, y menos de oposición, de las víctimas en la gestión del problema terrorista en Euskadi. Hay que decir que el presidente de alguna de las asociaciones viene haciendo todo lo posible para justificar la pertinencia de semejante exclusión, pero una conducta inadecuada puede ser objeto de reflexión y de crítica, no servir para que el tema sea resuelto de manera sumaria, injusta y con un manifiesto deje de irracionalidad.

A la vista de la argumentación antes citada, conviene empezar con una perogrullada: un muerto por un tiro en la nuca de ETA, o en su día por una bomba de los GAL, no tiene el mismo significado, más allá de la pérdida de una vida humana, que quien fallece por un accidente de automóvil. Aunque también en este caso la entidad del problema haga aconsejable la formación de asociaciones de víctimas que desde el dolor y el conocimiento exijan la búsqueda de soluciones por parte del Estado. En el terrorismo la víctima lo es por causa de una estrategia política de carácter criminal que interpela al conjunto de la sociedad, tanto a lo que llamaríamos el círculo del dolor, los familiares, amigos, compañeros de trabajo, como a quienes comparten la ideología de los verdugos, sean nazis hitlerianos o nazis abertzales, y a todos los componentes de la vida política y social, cuyos comportamientos los terroristas tratan de alterar, ejerciendo la intimidación, sembrando el miedo a efectos de provocar la pasividad, el silencio cómplice, la sensación de lo inevitable. De ahí el éxito de esa estrategia de la muerte cuando buena parte de la clase política se vuelve partidaria del sálvese quien pueda, aun cuando la realidad lo desmienta -caso de los efectos de la aplicación de la Ley de Partidos sobre ETA-, y proponga un 'diálogo' a toda costa, que para quien tenga dos dedos de frente supone como mínimo la aceptación de las reglas de juego impuestas por la banda. Y a modo de entrega adicional, el reconocimiento implícito de la licitud de un terror, al que como hacen nuestros santos obispos se incluye en el marco del sufrimiento por 'el conflicto', así como de la hegemonía absoluta de nuestra variante de nacional-socialismo en la vida de ciudades y pueblos vascos.

Las víctimas del terrorismo, sea éste abertzale o de Estado, palestino o israelí, al igual que quienes sufrieron el genocidio armenio, el holocausto judío o las matanzas de Ruanda, tienen un doble significado, humano y político, con ambas vertientes estrechamente enlazadas. Tal y como escribiera Primo Levi, nos exigen un compromiso, tantas veces olvidado por los gobiernos democráticos, de combatir tanto contra las organizaciones y las ideologías que los causaron, como contra aquéllos que por 'razón de Estado' proponen el olvido o la ya citada reducción del tema a lo económico y sentimental. Y es del todo lógico que las víctimas de primero y segundo grado traten de comunicar su experiencia, denunciar la inhumanidad con que en casos como el nuestro son tratados por sus colegas y convecinos, opinar sobre las propuestas de solución y en una situación límite, al verse envueltos en el cinismo y la mentira, como nos dice una y otra vez Pilar Ruiz, protestar hasta con el grito.

Lógicamente, no es la opción más deseable, y hay que reconocer que las víctimas aquí y ahora no lo tienen fácil. Para la política de Zapatero son pura y simplemente un estorbo político, en ese viaje a ninguna parte emprendido contra el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, contra la propia resolución del Congreso que autorizaba negociar para acabar con el terror, ignorando del todo qué quiere y cómo actúa ETA, así como el deber de informar a los ciudadanos. Ahora bien, si el PP arrancó de una posición justa de defensa de las víctimas, ha sido lamentable su insistencia en una versión del 11-M de pura intoxicación, privando de credibilidad a las críticas sobre la política vasca del Gobierno, expuestas además de forma preventiva y torpe. Nada tiene de extraño que, en el clima imperante en la política española, las asociaciones de víctimas no se hayan librado de las perturbaciones inducidas tanto por los dos grandes partidos como por el Gobierno vasco.

Todo lo sucedido sirve asimismo para ilustrar hasta qué punto el terrorismo puede no sólo intimidar, sino pervertir los procesos de formación de la opinión democrática, sobre todo si los agentes políticos contribuyen a ello. A este respecto, es altamente recomendable la lectura del excelente libro colectivo que acaba de publicar la Fundación Miguel Ángel Blanco, 'Las víctimas del terrorismo en el discurso político', en especial para lo que venimos comentando las contribuciones de Francisco Llera y de Rogelio Alonso. Es terrible pensar que una gran mayoría de españoles siguen creyendo que el 11-M se debe a la política de Aznar a favor de la guerra de Irak, al tiempo que es despreciada la significación del terrorismo islámico. Y también que las instituciones vascas sigan exhibiendo el posible papel de unos mediadores que nada saben de aquello que hablan, tienen ya tomada la posición y practican la analogía entre dos procesos claramente diferenciados.

En suma, las víctimas no pueden convertirse en órgano de decisión política, en instrumento de partido o en una especie de grupo-vanguardia. Pero tienen pleno derecho a la visibilidad, a que todos conozcan el proceso de barbarie organizada que causó su existencia, la deshumanización y la pérdida de democracia que supondría absolver (y legitimar) a los verdugos. Tienen derecho a la voz, a ser consultadas y a ejercer la crítica. Y a exigir la representación de aquéllos que fueron destruidos por el Mal y la restauración de la normalidad en las relaciones sociales que el terrorismo destruyó, siéndoles reconocida su condición de símbolos de una vida democrática, o simplemente humana.

Campaña contra Pío Moa
Ojo, Llamazares
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 28 Noviembre 2007

A estas alturas de la democracia, gentes organizadas de IU se han permitido convertir a un ciudadano en caricatura para, una vez objetualizado, ponerlo dentro de una señal de tráfico que es el trasunto de una diana. La campaña es una amenaza en toda regla. Trata de amedrentar, aislar y, eventualmente, aterrorizar (es decir, bloquear, anular, anihilar, aniquilar) a Pío Moa.

Pío Moa no tiene cargos políticos ni representativos. Escribe libros. Ejercita su libertad de expresión y de opinión. Pero supone un grave problema para progres y nacionalistas, pues esos libros se venden por centenares de miles, aportan copiosa información en muchos casos inédita, denuncian los esquemas de la historiografía marxista (reconocida o no como tal) y beben en las fuentes de los denunciados, partidos totalitarios y golpistas de los años treinta. Partidos cuyas siglas perviven y cuyas ignominias de antaño intentan sus actuales gestores vendernos hogaño como glorias democráticas.

Bien. Pío Moa ya está dentro de una diana implícita. Una señal de tráfico con toda la redondez de una diana, con todo su rojo sangriento y con todo el obsceno uso del nombre del maldito. Y ya están ahí los pareados de parvulario con su nombre y apellido. De parvulario soviético. ¿Y ahora, qué?

Pues ahora pueden suceder varias cosas. Que lleguen a los jueces unas cuantas denuncias o querellas, o una sola acción judicial con decenas o centenares de denunciantes. Jamás se le condenará, y eso lo saben muy bien los neoestalinistas. No les importa porque la campaña no persigue, como se ha dicho, encarcelarle. Nadie ignora que eso es imposible. El fin es otro.

El fin es destruirle personalmente, excitar el odio contra él en una masa cuyos componentes, por supuesto, no se tomarán la molestia de leer a Moa. El fin es la muerte civil del hombre que tras largo y concienzudo trabajo ha acabado con el monopolio progre de la interpretación de la Segunda República y de la Guerra Civil. Interpretación que apenas merecía el calificativo de histórica, pues había devenido pura y simple prolongación –discretamente actualizada– de la propaganda del Comintern. Cansina repetición de consignas, tópicos y hechos sin contrastar a través de las décadas.

Hay otra posibilidad. Que las fieras que azuza la izquierda española actúen de acuerdo con el mensaje subyacente de esa señal que contiene la caricatura de Moa, y acaben de convertir en objeto al objeto mediante el atentado personal. No sé si Llamazares se da cuenta de la responsabilidad en que puede estar incurriendo su formación.
Juan Carlos Girauta es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

La rebelión cívica
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 28 Noviembre 2007

Por definición, una rebelión debe ir siempre a más. También la «cívica» que preconiza la AVT, y que el domingo se vino a la mitad. ¿Debería silenciar yo lo que por definición es abrumador?

Era obvio que las movilizaciones llegarían algún día al tope. Se sabía que una inflexión podría ser utilizada por el Gobierno como un desistimiento a las víctimas. El Gobierno esperaba, por eso, la ocasión. El proceso de manifestaciones contra la política antiterrorista de Zapatero ha sido una pieza política de primerísima magnitud porque ha vinculado los símbolos de la nación al antiterrorismo y, además, al partido de la oposición. De ese modo, los efectos de una posible inflexión afectarían, asimismo, a la vigencia de la conciencia nacional, la fuerza de los símbolos y la pertinencia del partido comprometido con las manifestaciones. ¿Han estado las iniciativas de éstas a la altura de tal complejidad y han sido objeto de análisis por parte de todas las organizaciones, cívicas y partidarias, que han venido estando involucradas en aquéllas?
Por mi parte, pienso que el Gobierno, al cambiar eventualmente su estrategia antiterrorista, por razones electoralistas no está presentando el mismo rostro provocador como negociador con ETA. Al dar a entender que ha interrumpido «el proceso de paz» (aun cuando siga negociando en una clandestinidad extremada) no ofrece el mismo flanco. Es un hecho que debería haber sido tenido en cuenta por la AVT.

Pero el electoralismo no sólo cuenta para el PSOE. Rajoy no asistió a la manifestación. Aun apoyándola a través de su partido, su ausencia tuvo un significado simbólico. Por supuesto, ha contado también la actitud de una buena parte de la dirección del PP. Para Elorriaga, el reconocimiento de varias naciones no rompe la unidad de España, sino que la «multiplica». Para él y para Costa, el PP podrá gobernar con CiU y el PNV.
Así no hay «rebelión cívica» que funcione.

Montilla y el colegio alemán
Catalonia über alles!
José García Domínguez Libertad Digital 28 Noviembre 2007

En algo que tiene toda la pinta de ser la venganza del chinito, leo una indiscreta información en el diario Avui firmada por cierto Joan Olivé, amargo cesante que por lo visto fuera director de TV3 durante la hégira de Pujol. Y es que, gracias a un amplio trabajo de investigación realizado por ese Olivé, los catalanes ya podemos saber cuánto paga el president Montilla por llevar a sus niñas al cole. Pues era fama que el Bachiller había puesto a salvo de la inmersión a su prole matriculándola en un colegio privado extranjero, el alemán por más señas. Pero, hasta ahora, nadie se había atrevido a pasarle (la) factura en las páginas de la prensa doméstica.

Y en esto llegó el despechado Olivé tirando de impresos de inscripción y calculadora. Así, gracias al airado Joan sin Feina, acusamos recibo de que el carismático líder del socialismo catalán apoquina "entre 320 y 335 euros, por diez mensualidades. Y como se pagan también dos mensualidades de 100 euros durante el verano, el coste total [de un alumno de Primaria] es de entre 3.400 y 3.550 por alumno y año". Suma a la que, tal como se apresura a aclararnos el kamikaze Olivé, hay que añadir otro desembolso ulterior en concepto de matrícula: 800 euros, "importe que no se devolverá una vez confirmada por escrito la admisión", según las condiciones generales del contrato. O sea, considerando que Montilla tuvo trillizos la última vez que fue padre, cabe concluir que la correcta educación de sus herederos le viene saliendo por un fijo de doce mil euros al año, extras aparte.

Bien, ante tan gravosa evidencia pecuniaria, lo único que procede es felicitar vivamente al president. Hasta la fecha, sabíamos que José Montilla encarna en su persona los atributos del socialista modélico: lo que piensa nunca tiene nada que ver con lo que dice, y lo que dice jamás coincide, ni por casualidad, con lo que hace. Mas, desde hoy, hemos de añadir al reconocimiento de esas virtudes militantes las loas que corresponden a un padre de familia ejemplar. En su fuero interno el presidente de la Generalidad alberga la profunda convicción de que Cataluña es una nación... de ignorantes. De ahí que, como buen esposo y padre, se haya preocupado por liberar a sus tres vástagos de la peor red educativa pública de España y de Europa, que no es otra que la catalana, tal como acaba de certificar –para nuestra vergüenza– el último informe de la Fundación Jaume Bofill. Y un ciudadano responsable y de posibles que se conduce de tal guisa con los suyos no merece más que aplauso, encomio y admiración. Aunque siempre habrá algún demagogo que, encima, lo critique. Por envidia, claro, que por algo se llama así el socialismo de los imbéciles.

Nota bene: Ese trabajo de campo difundido por el irreflexivo Olivé no incluye el coste de las tasas correspondientes a los muy lacerantes conceptos de comedor y transporte escolar.
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Labor de oposición
Las sombras del PP
Agapito Maestre Libertad Digital 28 Noviembre 2007

Rajoy no asistió a la manifestación de la AVT. La Rebelión Cívica se resintió. Malo. Sombras. Elorriaga dice que España no se rompe sino que se multiplica. El discurso sobre España del PP se resquebraja. Malo. Sombras. Costa sugiere pactos postelectorales con los nacionalistas. La solvencia del discurso nacional creado por la oposición corre el riesgo de disolverse en el nihilismo tecnócrata del antiguo ministro. Malo. Sombras. Saez de Santamaría, después de haber quemado cuatro millones de firmas contra el Estatuto de Cataluña, justifica que al pueblo no le importa quién gobierne sino que lo haga con eficacia. Esta señora no pide, como haría cualquier militante de base con un poco sentido común, el voto para el PP por su honradez y eficacia en el Gobierno y en la oposición, sino que cuestiona la eficacia de un "partido" abstracto como si fuera un hombre-masa, de esos que pueblan a cientos las universidades españolas. Malo. Sombras. Y, además, Rajoy reitera que gobernará en minoría. No entiendo por qué este hombre no pide mayorías. Malo. Sombras.

El PP crea sombras por todas partes y se allana a los golpes de efectos cotidianos que produce la fábrica socialista. No pasa un día sin que los socialistas dejen de producir alguna fantasmagoría. Algún engaño. El espectáculo lo dominan a la perfección. Y, encima, nadie habla de ETA y Otegi, de ETA y De Juana, de ETA y Navarra, en fin, de los negocios del Gobierno de Zapatero con el terrorismo de ETA. No están. Nadie los cita. Son sombras lejanas. Eso es terrible para el PP, sencillamente porque no hay posibilidad de combate. No hay dos boxeadores en el ring, entre otras razones porque a uno no se le permite subir al cuadrilátero. El combate está suspendido por falta de oponente.

Rajoy, duro es reconocerlo, lucha contra las sombras. Las suyas y las de otros. No quiso subir el cuadrilátero cuando el Gobierno lo retó y ahora ya es tarde. Y, encima, las sombras de las leyes de matrimonios homosexuales, de "Educación Cívica" y el famoso laicismo amenazan con quitarle votos, que irían, naturalmente, al partido de Vargas-Llosa. El famoso "monstruito liberal", ese progre de salón, que tanto gustaba alimentar al PP.

Veo, pues, sombras por todas partes. Ojalá me equivoque y todo sea un problema de visión achacable a la edad.

Usted (sí, usted) paga cada día impuestos a ETA por el AVE
Pascual Tamburri elsemanaldigital 28 Noviembre 2007

Excavaciones Ugarte se ha retirado como contratista de las obras de la llamada "Y vasca" del tren de alta velocidad. Un trazado privilegiado, caro, a gusto del PNV, pagado de una manera excepcional –por excepcionalmente favorable a la comunidad autónoma- y sometido a la presión de las coordinadoras abertzales contrarias al tren. Ahora, además, sabemos que la presión política y social está teniendo probables contrapartidas económicas.

Es la primera vez para Ugarte, pero lamentablemente no es la primera vez en las obras públicas vascas y navarras. Todo empezó cuando la UCD –aún queda quien la añora: perdónalos, Señor, porque no saben lo que dicen- se bajó rastreramente los pantalones en la central nuclear de Lemóniz (supongo que ahora será la fábrica de candelas identitarias de Lemonitz); bajados los han mantenido todos los Gobiernos posteriores, y así los españoles pagamos gracias a ETA una energía más cara y más contaminante. Se planteó un chantaje, y la banda aprendió a vencer, y los españoles hemos asumido el asesinato de cinco trabajadores, incluyendo la muerte cruel del ingeniero Ryan y la mutilación de Alberto Muñagorri. Vergüenza entonces por lo que pasó y hoy por el olvido.

Después vino la autovía navarra y guipuzcoana de Leizarán en los años 90, y ahí ETA refinó sus métodos. No sólo amenazó por un lado con las armas y por otro con las coordinadoras, sino que convirtió la obra en un filón. Con una gran obra pública, desde entonces, ETA consigue dinero por un lado y credibilidad por otra; apoyos en la zona y fuerza social en general. Una mina, vaya.

Es un círculo vicioso que debe cortarse. Cualquier concesión política en una obra es colaborar con ETA. Cualquier chantaje pagado a la banda es financiar sus futuros crímenes. Y eso está sucediendo. Por eso es intolerable cualquier concesión o pago, y por eso es comprensible –y un mal menor- la retirada de Ugarte. Por eso ningún empresario debe pagar, y quien lo haga debe ser castigado por colaborar en los asesinatos de ETA. Felipe Huarte ayer y Azysa hoy son magníficos ejemplos más o menos lejanos de la peor transferencia posible: dinero de todos para obras públicas invertido en armas y poder para los asesinos a cambio de la tranquilidad personal de algunos. ¿De verdad queremos esto? Porque los trenes avanzan en el País Vasco y en Navarra, y los síntomas exigen una decisión política.

EL 4 DE DICIEMBRE, ENTREVISTA EN LDTV
Sale a la venta La ciudad que fue. Barcelona, años 70, el nuevo libro de Federico Jiménez Losantos
Son las memorias de juventud o, más bien, las memorias de una etapa vital que fue reflejando en las sucesivas ediciones de Lo que queda de España. El más reciente libro de Federico Jiménez Losantos recoge los sentimientos vividos en la Barcelona de los años 70, símbolo de libertad, lucha y vanguardias. La crónica personal de Jiménez Losantos, profusamente ilustrada con fotografías, descubre por primera vez episodios amargos como el atentado de Terra Lliure. La presentación oficial será el 12 de diciembre pero el día 4 estará con nosotros en LDTV. Envíe sus preguntas sobre el libro a federico@libertaddigital.tv
Libertad Digital 28 Noviembre 2007

Quien haya leído Lo que queda de España y las sucesivas ediciones –especialmente la que amplía con un “prólogo sentimental y un epílogo balcánico”– se beberá en un par de tragos esta joya editada por Temas de Hoy. La ciudad que fue. Barcelona, años 70, bien puede asumirse como unas memorias, al ser la crónica personal de una etapa ya cerrada: desde su llegada hasta su salida de Barcelona. El libro mantiene vivo el recuerdo de una Barcelona que ya no existe, la de la búsqueda de la libertad en el final del franquismo, la de la vida acelerada y experimental, de las vanguardias, de las explicaciones sobre el Arte, de las charlas en el Café de la Ópera...

Inevitablemente, las primeras calas que se hacen a este volumen de casi 600 páginas pasan por el índice onomástico y las fotografías. Allí se descubren muchas y agradables sorpresas y algunas claves que luego sirven para la lectura reposada. La ciudad que fue no puede ser más acorde a su título porque esa Barcelona ha desaparecido por completo a los ojos del autor. La lucha contra el franquismo –siempre escasa, casi podría pasarse lista– deja paso sin apenas advertirse a la lucha contra el nacionalismo con especial énfasis (sobre todo para un filólogo) en el acoso que en esos años comenzó a sufrir el castellano. Que la izquierda asumiera esa bandera de la exclusión no es tan natural como a algunos les parece hoy y este libro ofrece respuestas imprescindibles.

El lector tendrá el privilegio de vivir con el autor este viaje cronológicamente ordenado. El título queda explicado en sus dos primeras partes "La ciudad que era" y "Cuando la ciudad dejó de ser", o sea el desengaño.

De la vitalidad, creatividad y disensos del “grupo Trama” hasta la revista Diwan, el psicoanálisis o las discusiones sobre arte conceptual, Jiménez Losantos pasa al relato detallado de la militancia en el PSUC o los primeros y últimos pinitos en la política profesional con bocetos incluidos para los carteles del PSA en Cataluña. Y de ahí –y por primera vez– al relato amargo que la memoria le ha dejado sobre el atentado sufrido a manos de Terra Lliure. En Lo que queda de España quiso limitarse a lo contado por las agencias y los periódicos y hasta así resultaba estremecedor. Por descontado, el Manifiesto de los 2.300 se reproduce íntegro.

No es casualidad que este nuevo libro de Federico fuera terminado por el autor justo al cumplirse el 30 aniversario de la vuelta de Tarradellas del exilio y su “Ciutadans de Catalunya, Ja soc aquí!”. Si algo queda especialmente vivo y posiblemente recuperable de esa Barcelona es precisamente ese catalán tan español del que también nos vuelve a brindar una parte de la comunicación epistolar que mantuvo con él.

En la tercera parte Jiménez Losantos conecta con el presente confirmando que los peores augurios de hace treinta años son ya el Mal instalado en Cataluña. En "Historias de la Resistencia contra la Dictadura Nacionalista", el autor vuelve a encontrar lo peor de lo contado en las páginas precedentes, como esa bala sin percutir que los de ERC colocaron en la frente sobre una foto de Albert Rivera, el líder de Ciudadanos de Cataluña. Pero también atisba la posibilidad de que alguien logre volver a empezar. Eso sí, desde la clandestinidad.

MUCHOS CIUDADANOS YA HAN DONADO DINERO
Alcaraz agradece el apoyo económico tras la sentencia de Soziedad Alkoholika
Después de conocerse que la AVT tendrá que pagar los más de 4.000 euros de las costas del juicio contra el grupo músical Soziedad Alkoholika, la ciudadanía ha vuelto a solidarizarse con la asociación de víctimas ayudando económicamente a sufragar los gastos judiciales. En declaraciones a Libertad Digital, Francisco José Alcaraz ha agradecido a los españoles "su acogida" ya que "hemos pasado de ser ignorados a este momento de solidaridad". Ante la multitud de llamadas, la AVT ha puesto a disposición de los ciudadanos la cuenta 2038 1701 97 6000199064 para aportar sus donativos.
Libertad Digital 28 Noviembre 2007

Los ciudadanos han vuelto a mostrar su apoyo a la Asociación Víctimas del Terrorismo. Después de que el lunes la Sala Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional absolviera al grupo de música Soziedad Alkohólika de apología del terrorismo, la asociación tendrá que pagar más de 4.000 euros en cuestión de gastos judiciales, a lo que la sociedad ha contestado ayudando económicamente a la AVT.

En declaraciones a Libertad Digital, Francisco José Alcaraz se ha mostrado "muy satisfecho" ante esta nueva "respuesta ciudadana" que contrasta con los agravios sufridos "por parte del Gobierno".

Por ello, y ante la clamorosa respuesta ciudadana, la AVT ha apuesto a disposición de quienes quieran la cuenta 2038 1701 97 6000199064 para aportar sus donativos. De igual manera, el presidente Alcaraz ha recordado que "no todos los gastos" de la gran manifestación del pasado sábado fueron sufragados por lo que los españoles que deseen también podrán colaborar en esta causa.

Gratitud a todos los que apoyaron la marcha
José Alcaraz ha querido insistir en su agradecimiento "a todos los que apoyaron la manifestación estuvieran o no por la calles de la capital". Especialmente, ha agradecido el trabajo "de los cientos de voluntarios que trabajaron desde primera hora de la mañana hasta la noche". "Muchas gracias", sentenciaba.

LA SEGUNDA, TRAS EL RECURSO ADMITIDO EN ANDALUCÍA
Catorce familias vascas plantean una causa de derechos fundamentales contra EpC
Catorce familias del País Vasco han presentado este martes un caso de protección de Derechos Fundamentales contra el Decreto de contenidos de Educación para la Ciudadanía promulgado por el Gobierno autónomo vasco. Los padres que han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia entienden que la asignatura "vulnera los derechos fundamentales de los menores a su intimidad personal, a no declarar sobre su ideología, creencias y religión, y por vulneración del derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones", según ha informado Profesionales por la Ética a Libertad Digital. En Andalucía, el TSJA ya ha estimado como una causa de Derechos Fundamentales el recurso de un grupo de padres contra EpC.
Libertad Digital 28 Noviembre 2007

El recurso de catorce padres del País Vasco se ha presentado este martes ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de esta región. Las familias piden que se tramite como un caso de Protección de Derechos Fundamentales contra el Decreto del Gobierno vasco, de contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Estos padres entienden que la asignatura vulnera los derechos fundamentales de los menores a su intimidad personal, a no declarar sobre su ideología creencias y religión y por vulneración del derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones sin injerencias del Estado o de la Administración.

Como en su momento indicó la asociación Profesionales por la Ética (en documento que se adjunta), el currículo de Educación para la Ciudadanía en el País Vasco tiene una fuerte carga de educación moral de los alumnos.
Así, por ejemplo, en la introducción a los contenidos de EpC se reconoce que la asignatura se introduce en el mundo de los valores y de las elecciones personales, por lo que el alumnado se enfrentará así a situaciones que exigen tomas de posición y juicios de valor, lo que potencia, la actividad crítica sobre los propios valores y conductas. El decreto vasco de EPC también incluye el rechazo de conductas violentas generadas por el sistema sexo-género y las estrategias sociales de transmisión de roles y valores: familia, escuela, publicidad, medios de comunicación, etcétera.

Este recurso presentado en el País Vasco se suma al interpuesto por cinco padres andaluces ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por considerar que el decreto que desarrolla Educación para la Ciudadanía en Andalucía vulnera sus derechos fundamentales. El recurso andaluz ha sido admitido a trámite por el Tribunal.

A estas acciones jurídicas contra los decretos andaluces hay que sumar las casi 20 000 declaraciones de objeción de conciencia presentadas por padres de toda España; además, 38 padres asturianos y 4 catalanes han presentado recursos contra un escrito de sus respectivas administraciones autonómicas que rechazaban su objeción de conciencia.

Todo ello sucede a solo dos meses de iniciado el curso, cuando Educación para la Ciudadanía se está impartiendo en 7 comunidades autónomas.

El recurso de los padres vascos se ha presentado el mismo día en el que la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, ha asegurado en el Foro Nueva Economía que no hay ningún problema con la implantación de Educación para la Ciudadanía.

El PSOE rechaza por tercera vez cerrar la puerta al diálogo con ETA Cambiar el tamaño del texto
El PP condiciona la unidad a la revocación de la polémica resolución de mayo de 2005
E. L. Palomera La Razón 28 Noviembre 2007

madrid- Tercer intento, tercer fracaso. El PP no renuncia a que el Gobierno revoque la resolución parlamentaria que en mayo de 2005 autorizó a Zapatero a negociar con ETA, y el PSOE no se cansa de hacer caso omiso. Ambos partidos hablan lenguajes muy distintos cuando se refieren a la unidad de los demócratas. Para el PP, el consenso pasa por «cerrar una puerta que nunca debió abrirse»; para el PSOE, por que la oposición no haga «uso partidista» del terrorismo y apoye sin reservas las política del Ejecutivo.

Ambos monólogos se escucharon ayer de nuevo en el Congreso con motivo de una iniciativa que defendió Eduardo Zaplana (la tercera en lo que va de año) para revocar el texto de 2005. La petición llegaba tres días después de que la AVT se manifestara en Madrid contra la política antiterrorista del Ejecutivo, y apenas 72 horas desde que el presidente Zapatero hiciera un llamamiento a la unidad de los demócratas para acabar con la violencia etarra.

Nada mejor que «clausurar una etapa equivocada» y cerrar la actual legislatura con la «unión de todos los demócratas», propuso Zaplana desde la tribuna de oradores. Su pretensión, dijo, no era otra más que enviar un mensaje inequívoco a los terroristas de que el Estado de Derecho «no cederá» a sus objetivos.

En resumen, el PP sostiene que carece de sentido que el Parlamento mantenga la oferta de diálogo con los terroristas que establece la resolución porque es tanto como la claudicación «del Estado de Derecho». Zaplana predicó sólo en el desierto del Parlamento porque tanto el PSOE como las minorías rechazaron su petición, y no sólo porque no exista procedimiento normativo que la ampare, sino porque entendieron que tras la propuesta se escondía , «de nuevo, el uso partidista del terrorismo y el interés electoral por mantener vivo este debate». Lo proclamaron todos los portavoces al unísono, y lo reflejó sin una sola fisura el marcador electrónico: 185 votos en contra frente a los 139 del Grupo Popular que votaron a favor de la revocación.

La réplica a Zaplana la protagonizó desde el PSOE Arantxa Mendizábal, que acusó al PP de pensar que «es rentable utilizar la política anti-ETA para desgastar al Gobierno», a pesar de «saber que la oportunidad de diálogo la sepultó ETA con su atentado en Barajas». Mendizábal echó mano del argumentario socialista para recordar el apoyo del PSOE al Gobierno de Aznar y denunciar «actitud mezquina del principal partido de la oposición».

Su discurso fue repetido, con diferentes palabras, por el el resto de los grupos parlamentarios. Primero, lo ratificó Josep María Guinart, en nombre de CiU, al atisbar también «razones electoralistas en la petición del PP» y recordar que es el Gobierno «quien diseña la política antiterrorista que los grupos parlamentarios deben respaldar»»

«Raca raca, raca raca, raca raca», ironizó después el portavoz de ERC, Agustí Cerdá, para preguntar al PP si dejaría de apostar por la solución negociada si tuviera la oportunidad en un futuro. Gaspar Llamazares se detuvo en la «patrimonialización» de las víctimas y la «utilización del miedo con interés electoral».

El PP ficha a catedráticos para su reforma constitucional
CRISTINA DE LA HOZ ABC 28 Noviembre 2007

MADRID. No hay premios Nobel ni especialistas internacionales. Los populares no han mirado fuera de nuestras fronteras para buscar a expertos en materia constitucional que les ilustren sobre la reforma «limitada» de la Carta Magna, que incorporarán a su programa para los comicios legislativos de marzo del año que viene.

El PP celebra el viernes y sábado en Madrid una conferencia política sobre el modelo de Estado para la que cuenta con catedráticos, rectores de universidad y algún directivo de la empresa privada. No es nueva la colaboración de profesionales de este perfil, pero sí que se retraten públicamente como asesores de un partido para abordar uno de los capítulos más importantes de su propuesta electoral.

Organizada la conferencia en tres mesas, la primera, que se desarrollará bajo el título «Poner a punto el Estado de las autonomías: hacia un Estado viable» contará con los catedráticos de Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado y Tomás Ramón Fernández, que hablarán sobre «La estabilidad del Estado de las Autonomías» y «Competencias necesarias para un Estado eficaz». Ramón Hernández ha sido colaborador de ABC. Asimismo, el portavoz del CGPJ, Enrique López, disertará sobre «Independencia e igualdad en la aplicación de la Ley».

En esta mesa, que será moderada por el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, también intervendrán el líder de los populares catalanes, Daniel Sirera -que hablará sobre «El castellano, nuestra lengua común»-, y el ex ministro Federico Trillo (a su cargo está «El Estado y la garantía de los Derechos fundamentales»).

Costa y Sáenz de Santamaría
Organizada la conferencia mano a mano entre el coordinador del programa, Juan Costa, y la secretaria ejecutiva de Política Territorial, Soraya Sáenz de Santamaría, la segunda mesa se desarrollará bajo el epígrafe «Construir el nuevo consenso». En este caso será el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Pedro González Trevijano, y el catedrático de Derecho Internacional José María Beneyto los que hagan sus aportaciones sobre «Un proyecto de éxito: el consenso de 1978» y sobre «El debate territorial europeo». También son colaboradores de esta casa.

El director de Constitución e Instituciones de FAES, Javier Zarzalejos, tratará sobre «Proyectos de futuro para el nuevo consenso». Además, Gabriel Elorriaga, secretario de Comunicación del PP, hará lo propio sobre «Una democracia de calidad» y la presidenta del PP vasco, María San Gil, sobre «Políticas de Estado y políticas de Gobierno». En esta segunda mesa será Dolores de Cospedal, líder de los populares castellanomanchegos, la moderadora del debate.

Bajo el título «España, un proyecto de solidaridad», se desarrollará la tercera mesa, que tendrá una carácter más económico que teórico a tenor de los intervinientes: Mario Armero, presidente de General Electric en España; Antonio Rodríguez Pina, presidente del Consejo de Administración del Deutsche Bank, y Rafael Arias-Salgado, ex ministro con la UCD y con el PP, que actualmente es presidente del Grupo Carrefour en España. Desde el PP señalan que los tres acuden a título personal. Armero se ocupará de «La importancia del marco institucional para la economía»; Rodríguez Pina de «Estabilidad institucional y seguridad jurídica» y Salgado de «autonomías y unidad de mercado».

También intervendrán en esta mesa el ex secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos y el todavía presidente del PP de Extremadura, Carlos Floriano, a quienes moderará el líder del partido en Galicia, Alberto Núñez Feijóo y el secretario de Política Local del PP, Juan Manuel Moreno.

El Tribunal Constitucional rechaza de plano las tres recusaciones promovidas por el PP
NATI VILLANUEVA. MADRID ABC 28 Noviembre 2007

Tras varias horas de debate y no poca tensión, el Pleno del Tribunal Constitucional rechazaba, al filo de las nueve de la noche, la admisión a trámite de las recusaciones presentadas por el Grupo Parlamentario Popular contra los magistrados próximos al sector progresista Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps.

Los diez magistrados que componen el Pleno (en el que participaron los propios afectados y en el que la presidenta, María Emilia Casas, y el vicepresidente, Guillermo Jiménez, no han estado presentes porque previamente se habían abstenido) tomaron esta decisión por mayoría y con el voto en contra de los dos magistrados recusados por el Gobierno a través de la Abogacía del Estado: Jorge Rodríguez Zapata y Roberto García Calvo. Ambos han anunciado un voto particular que, junto con el auto de inadmisión a trámite de las recusaciones y el concurrente anunciado por el conservador Ramón Rodríguez Arribas, se harán públicos en los próximos días. Tanto Rodríguez Zapata como García-Calvo habían defendido hasta el último momento la acumulación de las cinco recusaciones. No estaban de acuerdo con que las primeras en debatirse fueran las promovidas por el PP, cuando, además, se da la circunstancia de que los incidentes de recusación presentados contra ellos por el Gobierno se presentaron con anterioridad.

Quórum garantizado
Y es que más allá de una cuestión de orden meramente cronológico, algunos ven una «jugada» en este «interés» por resolver primero las recusaciones de los populares. Con estas inadmisiones, y al quedar ya garantizado el quórum mínimo para resolver cualquier cuestión (fijado en ocho magistrados), ya no haría falta que los dos impugnados por el Gobierno, Rodríguez Zapata y García-Calvo, participaran en el debate de sus propias recusaciones. Quedaría así garantizada una «mayoría progresista» que, siempre según las fuentes jurídicas consultadas, podría inclinarse por la admisión a trámite de esas dos recusaciones, las presentadas por el Gobierno a través de la Abogacía del Estado. Sin embargo, el horizonte no tiene por qué estar tan claro, pues podría darse el caso de que el presidente en funciones, Vicente Conde, decida que los dos recusados por el Gobierno participen en el debate de sus propias impugnaciones, al igual que los tres magistrados recusados por el PP lo han hecho en el que les afectaba directamente. Si esto es así habría un equilibrio de fuerzas (cinco-cinco), en el que el presidente Conde, próximo al sector conservador, contaría con un voto de calidad en caso de empate.

Tanto las recusaciones promovidas por el Grupo Popular como las del Gobierno (a través de la Abogacía del Estado) tienen su origen en el posicionamiento que los cinco magistrados afectados habrían mantenido respecto al recurso presentado por el PP contra la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Las partes que han planteado esos incidentes de recusación consideran que este extremo les inhabilita para entrar en el debate sobre la admisión o no del recurso de los populares contra la ley que reforma este órgano.

La carta-desmentido
Sin embargo, los magistrados que ayer rechazaron las impugnaciones de los populares consideran que no hay razón para sostener que Sala, Pérez Tremps y Aragón estén «contaminados» para entender sobre el recurso de los populares, y una de las razones que se puso ayer sobre la mesa para justificar esa inadmisión a trámite fue la carta que seis de los magistrados (los tres afectados, la presidenta y el vicepresidente del TC y el conservador Ramón Rodríguez Arribas) mandaron al presidente en funciones Vicente Conde.

En ella desmienten un recorte periodístico según el cual estos tres magistrados habrían anticipado su opinión acerca del recurso presentado por el Partido Popular, lo que les inhabilitaría para debatir su admisión o no a trámite.
A ello se suma el escrito que Rodríguez Arribas hizo llegar días después a Conde: pese a mostrar su disconformidad con el uso que se hizo de esa carta, entre cuyas firmas figura la suya, reitera que en esa reunión a la que aludía el recorte, y que sirvió de base al PP para promover sus impugnaciones, no se habló de la constitucionalidad de la ley reformadora del TC.
Pero al margen del desmentido que esta carta pueda suponer, lo que estaba en juego era la propia validez de la misiva, considerada una «prueba preconstituida» por parte de los vocales Rodríguez Zapata y García-Calvo.

Las recusaciones contra estos dos magistrados, las próximas que se estudiarán, se basan en una carta interna que ambos remitieron a la presidenta (y a los demás miembros del Tribunal) para expresar su «profunda discrepancia» con el procedimiento seguido por Casas para dar cumplimiento a la reforma de la LOTC y prorrogar su mandato como presidenta, que venció el pasado mes de junio. El PP interpuso su recurso contra la ley reformadora de este órgano el pasado 27 de julio.
 

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