AGLI

Recortes de Prensa    Sábado 8 Diciembre   2007

El triunfo del libertinaje
FERNANDO SAVATER El País 8 Diciembre 2007

Durante el franquismo, las autoridades nos aseguraban que no había que confundir la libertad con el libertinaje. La mayoría optamos entonces por el libertinaje, que por estar menos recomendado resultaba mucho más prometedor. En cuestiones de vida privada siempre he seguido fiel a esa elección temprana, aunque la merma de facultades haga poco a poco que mi libertinaje sea meramente rememorativo y virtual. Por el contrario, en el terreno político, cada vez tengo más claro que el libertinaje es en efecto un serio enemigo de la verdadera libertad... aunque desde luego por razones democráticas que no tenían curso legal en el franquismo.

¿Qué es el libertinaje? El término viene de los libertos en Roma: esclavos emancipados que sin amo eran incapaces de autodominio ni respeto voluntario a las normas de la decencia. Hoy quizá sea interesante rescatarle de la moral (o del puritanismo) y llevarlo a la política. Los libertinos ejercen sus libertades públicas en la sociedad sin pensar nunca en ella como un conjunto institucional que debe armonizar la libertad de todos. Ven claros los deseos de su grupo (no son individualistas predatorios, sino más a menudo rebaños individualizados) pero no las exigencias de la convivencia general. Escribió Leo Strauss que la pregunta política por excelencia es "¿cómo conciliar un orden que no sea opresión con una libertad que no sea licencia?" y su respuesta debe ser la educación. En España, con nuestros diecisiete planes de estudio diferentes le hubiera querido yo ver...

En las democracias, los grupos que forman la comunidad estatal suelen provenir de diferentes genealogías étnicas, con tradiciones distintas. De modo que la Ilustración propuso basar la unidad armónica de los ciudadanos en las normas presentes y futuras que podían compartir, no en los rastros del pasado distintos para cada cual. Como no eran iguales su memoria o su folclore, deberían serlo sus derechos y deberes (porque estos últimos atienden a lo común de todos, por encima de los caprichos atávicos que enfrentan a las banderías). Según este criterio, la libertad cívica es la proyección conjunta de opciones y garantías para todos los socios, mientras que el libertinaje es la obstinada reivindicación de la peculiaridad que no puede generalizarse ni comprende la virtud de lo general. Pues bien, mirando a nuestro alrededor no hay más remedio que reconocer el triunfo del libertinaje sobre la libertad. En Bélgica, en Kosovo, en Palestina, en Bolivia y en tantos otros lugares, el único vínculo social que parece contar es el de la genealogía étnica o histórica (sin otra alternativa que el fanatismo religioso, a menudo aún peor): los derechos cívicos compartidos sin apellidos culturales o ideológicos resultan abstracciones que a nadie contentan. Los mestizos, por numerosos que sean... harán bien en ir eligiendo secta antes de que sea demasiado tarde.

El ascenso triunfal del libertinaje político es particularmente notable en España. En todos los países que conozco, las leyes se promulgan tras un contraste de pareceres y debate parlamentario para marcar la directriz común a seguir. Pero entre nosotros las leyes no zanjan las polémicas, sino que las originan: que si deben cumplirse siempre o sólo en ciertos casos (hemos inventado la ley opcional, gran novedad), que si aquellos a los que no les gustan deben acatarlas, que si su aplicación depende de cómo marcha la política en cada momento, etcétera. Vean lo que pasa con las banderas en los edificios públicos, por ejemplo. Hay alcaldes que justifican no exhibirlas porque no se pueden "imponer los sentimientos" a nadie. Pero... ¿qué tienen que ver los sentimientos aquí? La bandera es un símbolo del orden constitucional, que cada cual puede "sentir" como le peta pero todos tenemos que acatar. Si yo veo una cruz roja en una puerta no es preciso que me emocione pensando en Henri Dunant y su humanitario invento suizo: lo importante es que ahí encontraré fármacos y asistencia médica cuando la precise. La bandera en un edificio público indica que ahí se está al servicio de la Constitución y por tanto al mío como ciudadano. Si sólo expresara un arrebato patriótico congestionado, el primero que pediría no izarla sería yo. Tiene razón el PNV al señalar que no es lo mismo poner la bandera en el País Vasco que en otras partes: es mucho más necesario en el País Vasco, porque ahí la Constitución y por tanto la ciudadanía está más amenazada que en ningún sitio.

En el terreno educativo, para qué contar. Cualquier pretensión de que el Ministerio intente aunar criterios escolares para el país es visto como una injerencia estatal intolerable en la libertad de los padres y de las autonomías, síntoma de un totalitarismo aprendido en Mussolini o Mao Tsetung. De modo que la Educación para la Ciudadanía es una imposición sobre las conciencias salvo que se adapte en cada caso al ideario de los centros y de los progenitores, más allá de que responda a valores comunes o no. Por supuesto, los mismos que claman por el derecho exclusivo de los padres a transmitir normas éticas a sus hijos -que afortunadamente sólo existe en su imaginación- protestan contra el velo islámico que ciertas niñas llevan para dar gusto a las creencias de sus padres. Y el laicismo, la pretensión ilustrada de salvaguardar la libertad de conciencia cívica frente al libertinaje teocrático, será el peor enemigo para quienes se consideran oprimidos en cuanto se les limita su derecho a oprimir. Mientras, las editoriales hacen versiones diferentes de los libros de bachillerato de acuerdo con los prejuicios ya no nacionalistas sino meramente localistas de cada autonomía regional. Los negociantes han decidido que para seguir siendo rentables lo mejor es dar a cada cual la razón como a los locos. La ministra celebra este desmadre como inevitable consecuencia de la libertad educativa, o sea del libertinaje que es incapaz de evitar. Los más hipócritas señalan que el asunto es de poca monta porque hoy los libros de texto son ya una parte menor del sistema escolar: es decir, que si por ejemplo en el País Vasco se utiliza un texto que no menciona para nada a ETA, el profesor puede remediarlo hablando de ETA por su cuenta a los alumnos y poniéndoles vídeos de Iñaki Arteta. La ambulancia la enviarán ellos luego, a cobro revertido.

Mención aparte merece el arrinconamiento vergonzante del castellano como lengua educativa. Por supuesto, el daño así causado no estriba sólo en el menosprecio de la lengua materna de muchos alumnos (no ya como españoles, sino estrictamente como vascos, catalanes, gallegos, etcétera) ni en el perjuicio laboral y social que se causa a los privados sin su consentimiento de un instrumento comunicativo de proyección mundial en nombre de otro culturalmente respetable pero menos rico en oportunidades por cuestiones geohistóricas: el núcleo del problema es que las democracias necesitan una lengua común por razones estrictamente políticas (el ejemplo de Bélgica es claro al respecto).

Y dicha lengua -que por supuesto debe convivir con otras históricamente arraigadas- no puede ser escamoteada o presentada de manera hostil sin atentado contra el funcionamiento de la democracia misma. Claro que esta consideración resulta ajena al libertinaje separatista, que últimamente se queja por ejemplo de que "pagan más y reciben menos", como si eso no fuera precisamente -más allá de que las inversiones estatales estén mejor o peor orientadas- la queja de todos los ricos contra los impuestos. Si no se tiene claro que toda riqueza particular tiene origen (y por tanto responsabilidad) social, es difícil sostener que los ciudadanos deben también compartir al menos una lengua parlamentaria, aunque conserven también otras. El nacionalismo separatista no es más que neoliberalismo insolidario: y la izquierda, en Babia.

Tras el último atentado terrorista, las fuerzas parlamentarias y sociales se manifestaron unidas en Madrid "por la libertad y para la derrota del terrorismo". Valoro la añorada unidad y entiendo ese lema, pero sólo cuando es pancarta de los ciudadanos en el País Vasco. En cambio, no sé a quién se dirige cuando lo respalda el Gobierno o los partidos con representación parlamentaria: ¿a quién le piden "libertad"? ¿A ETA?, ¿al Altísimo, Señor de los Ejércitos? ¿No son ellos los encargados de garantizar nuestras libertades y de propiciar institucionalmente la derrota del terrorismo? ¿Por qué en vez de fingir una unidad postiza de niños asustados por el coco (o preocupados por la cercana cita electoral) no explicitan los motivos para no reunir el Pacto Antiterrorista o no firmarlo ya quienes aún lo rechazan? ¿Qué sentido tiene compartir pancarta con quienes se oponen a los juicios o la ilegalización del entorno terrorista? ¿Hasta cuándo seguirá el libertinaje partidista que nos impide luchar juntos por la verdadera libertad de todos?

Fernando Savater es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.

Ejercicio de moderación
Luis del Pino Libertad Digital 8 Diciembre 2007

El periódico El País nos informa hoy de que los estrategas de Moncloa han trazado una Hoja de Ruta hacia la moderación, con la cual piensa el PSOE afrontar las próximas elecciones generales y atraerse al electorado de centro.

Buena prueba de esa ansia infinita de moderación son los últimos artículos publicados por las terminales mediáticas socialistas para hablar del fracaso de la concentración cosmética convocada por el Gobierno tras el último atentado de ETA.

Abría el fuego el propio periódico El País hace tres días, con un artículo muy moderado de Javier Pradera que terminaba llamando a Francisco José Alcaraz "desagradable lunático, tosco demagogo y viperino calumniador". En la misma edición del periódico, otro artículo tildaba de "loco" y de "miserable" a Federico Jiménez Losantos.

Ayer, El Plural le dedicaba estas moderadas y centristas palabras a Alcaraz: "Francisco J Alcaraz es persona poco fiable y de lengua muy viperina y cuyo tono de voz recuerda a las antiguas y cómicas marionetas. Como es muy deslenguado, sus críticas ... se basan en el disparate irracional de la calumnia, la palabra imprudente y el juicio de un rencoroso que pierde toda la objetividad. Se agazapa entre las víctimas, para, como un caballo desbocado, marcar la agenda del PP".

Hoy, Diario Directo nos regala otra perla de moderación, refiriéndose a Alcaraz, a Mari Mar Blanco y la AVT en general con las siguientes palabras: "Pandilla de vividores a costa de la tragedia, de los muertos, y que no son más que unos golpistas, sinvergüenzas y mal nacidos. En el futuro quien piense como Alcaraz y quien apoye una manifestación de la AVT es tan miserable y ruin como ellos y merece los mismos calificativos."

A la vista de estos primeros escarceos, me permito augurar un gran éxito a ese viaje hacia la moderación emprendido por el PSOE a instancias de los estrategas de Moncloa. Un éxito tan grande, por lo menos, como el de esa manifestación cosmética donde había más políticos, policías y periodistas que manifestantes. Estoy seguro de que, con esos mensajes tan moderados y centristas que están lanzando, lograrán atraerse, por lo menos, a tres o cuatro mil votantes.

Mientras tanto, si alguno de ustedes, queridos lectores, quiere hacer rabiar un poco más a este ejército de "moderados", les recomiendo que lean la reseña publicada por El Semanal Digital acerca del libro de Alcaraz y que regalen el libro a algún amigo o familiar. Más que nada, para que no se pierda la memoria de lo que han estado haciendo estos "moderados" con las víctimas del terrorismo etarra durante toda la legislatura.

http://elsemanaldigital.com/articulos.asp?idarticulo=76701

Los fallos de la Justicia debilitan la lucha contra ETA
EDITORIAL  elsemanaldigital 8 Diciembre 2007

La participación del etarra Asier Bengoa López de Armentia en el asesinato de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero ha puesto de manifiesto ante la opinión pública una deficiencia lamentable, pero, por desgracia, no del todo inusual en el funcionamiento de la Audiencia Nacional: la tardanza de ésta en resolver llevó a que venciera el plazo máximo de la prisión provisional y a que el criminal se encontrase en la calle, libre para escapar, cuando se dictó la sentencia que lo enviaba a la cárcel por siete años. Y esa libertad la ha empleado, como cabía temer en el caso de un terrorista de semejante calaña, en cubrir de luto a todo un país.

Pues bien, cuando todavía está fresca la impresión producida por esta noticia, ha saltado a los medios de comunicación otra no menos inquietante: Gorka Joseba Lupiáñez Mintegi, el último etarra detenido por la Guardia Civil cuando iba armado y provisto de documentación falsa, ha sido absuelto hasta en tres ocasiones por la Audiencia Nacional, y en dos de ellas estando acusado de la realización de actos de terrorismo callejero.

Que revele tales fallos en su actuación un órgano jurisdiccional no especial, pero sí especializado en la investigación y enjuiciamiento de determinados delitos que el legislador estima que sobrepasan las capacidades de actuación de los juzgados y tribunales ordinarios, debería mover a la reflexión, en primer lugar, a sus propios integrantes y, en segundo lugar, a quienes están llamados a ejercer el control disciplinario sobre los mismos.

Hubo una época en la que estuvo de moda en los ámbitos "progresistas" del mundo jurídico y judicial, así como en determinados sectores políticos, cuestionar la existencia de la Audiencia Nacional. Esa moda ha remitido ante la evidencia de que, en el complejo mundo actual, la persecución del crimen organizado, sea de carácter terrorista, mafioso, narcotraficante o económico, está fuera del alcance de los Juzgados de Instrucción locales y de los Juzgados de lo Penal y las Audiencias Provinciales diseminados por toda la geografía nacional. Frente a desafíos globales, el Estado debe responder con medios que estén a la altura.

Sin embargo, aceptar pacíficamente la necesidad de la jurisdicción penal de la Audiencia Nacional no significa cerrar los ojos a sus defectos. Y éstos se resumen en la tendencia de algunos de sus integrantes a adquirir una relevancia pública de todo punto incompatible con el correcto ejercicio de la función jurisdiccional y que, a la postre, les lleva a no atender debidamente sus obligaciones.

La lucha antiterrorista es un esfuerzo en el que ha de implicarse conjuntamente la sociedad y el Estado, y dentro de éste, todas sus instituciones. Si la división de los partidos pone en cuestión la cohesión de los ciudadanos en este terreno, iniciativas erráticas del Ejecutivo obligan periódicamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a aflojar su presión sobre los terroristas y, además, la Justicia no funciona como es debido, porque se pliega a las modas políticas o porque es ineficaz, difícil será acabar con una lacra que ya dura demasiado tiempo en nuestro país.

Zapatero persiste en su ambigüedad
Editorial ABC 8 Diciembre 2007

EL presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no está respondiendo con sinceridad a la oferta de consenso hecha por Mariano Rajoy desde el día del doble asesinato en Capbreton. Sus declaraciones al respecto son siempre huidizas y ambiguas, evitando cualquier palabra que implique compromisos de acuerdo con el PP o, simplemente, un cambio de actitud hacia la oposición. Entre forzar un consenso de «la noche a la mañana» o emplazarlo a un futuro indefinido hay un espacio intermedio donde Rodríguez Zapatero debería mostrarse fiable y explícito. Pero no lo está siendo y, en lugar de adoptar esta posición política que es la que le demanda la opinión mayoritaria de los ciudadanos, ha elegido enfriar cualquier expectativa de recuperación del acuerdo político, de fondo y con contenido, con el PP. Es más, Zapatero aparenta estar incómodo ante la sensata actitud mantenida por Mariano Rajoy en estos días, quien, lejos de lanzarse contra el Gobierno -y motivos políticos no le faltarían-, reitera su mensaje conciliador y espera que sean los socialistas los que tomen una iniciativa que no llega. Es un buen comportamiento en este momento. Rodríguez Zapatero, en cambio, vuelve a confundir a los ciudadanos sobre el consenso antiterrorista con Rajoy, presentándolo como una tarea compleja y a largo plazo, cuando lo cierto es que lo que le está resultando difícil es reconocer que su legislatura se ha basado en la apuesta temeraria y fracasada de la negociación política con ETA.

En todo caso, al margen de la falta de interés que muestra Rodríguez Zapatero en recuperar el consenso con el PP, el presidente del Gobierno sigue sin ofrecer un discurso inequívoco sobre sus intenciones futuras y elude comprometerse a no volver a negociar con los terroristas si gana las elecciones generales en 2008. Sus silencios son tanto más notorios por cuanto se producen en un clima de indignación y dolor por el asesinato de Raúl Centeno y Fernando Trapero, y sin que sirvan de compensación las excelentes detenciones de dos de sus presuntos asesinos y de otro etarra en Vizcaya. El problema es el que, con otro sentido, el propio Rodríguez Zapatero enunciaba el pasado jueves al ser preguntado si volvería negociar con ETA, contestando que «los hechos siempre se imponen a las valoraciones o a las posibles intenciones».

Ciertamente así es, porque lo que ha quedado claro en estos últimos años es que las verdaderas intenciones del PSOE no estaban en el Pacto Antiterrorista, sino en los contactos mantenidos desde 2002 entre dirigentes socialistas vascos y miembros de Batasuna, cuando esta formación ya era ilegal por orden del juez Garzón; y desde 2005, entre el Gobierno y ETA. Por eso hacen falta hechos inequívocos ahora mismo, lo que supondría revocar la autorización del Congreso para un «final dialogado» -negociación política- de la violencia y dejar de especular con la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca -sea por la vía de la Ley de Partidos Políticos o de la suspensión cautelar por decisión del juez Garzón-, que lleva camino de convertirse en un nuevo señuelo de despiste para la opinión pública. Y motivos para actuar judicialmente contra ANV sobran. ABC da cuenta hoy, por ejemplo, de otra muestra de su subordinación a ETA al constatarse que tras el último atentado las Fuerzas de Seguridad no han detectado indicio alguno de disidencia entre sus filas. Además, cuando se produzca su ilegalización no tendrá eficacia práctica alguna al llegar tarde y no impedir la continuidad de los representantes proetarras en los Ayuntamientos vascos y navarros.

Hasta ahora, la única rectificación visible en el PSOE es que no ya no pueden culpar al PP de atacarlos injustamente ni de sacar provecho del terrorismo. Este final de legislatura no es el que esperaba Zapatero ni el que deseaban los españoles, porque durante tres años se les había dicho que ETA estaba en su epílogo. Sería una nueva irresponsabilidad, y tan grave como la que más de las ya cometidas, que el Gobierno no diera el paso definitivo para retomar el consenso antiterrorista que el PP le está proponiendo. Lo difícil no es llegar a un acuerdo con Rajoy -la experiencia lo demuestra- sino desmantelar todas las políticas que el PSOE asoció al proceso de negociación con ETA y al aislamiento del PP.

Legalizo y luego ilegalizo
JUAN MANUEL DE PRADA ABC 8 Diciembre 2007

ENTRE los males que afligen nuestra época merece destacarse lo que podríamos llamar «política de laboratorio». En sus expresiones más chuscas, admite la sátira bienhumorada; pero con frecuencia alcanza cúspides desquiciadas y exasperantes.

Tradicionalmente, al político lo animaba una vocación de servicio público: su tarea consistía en idear soluciones que aliviaran las preocupaciones de la comunidad. Por supuesto, esta tarea primordial no siempre se cumplía, aun suponiendo que actuara de buena fe; pero siquiera en su impulso originario existía un propósito de arreglar o componer lo que estaba descompuesto. De unos años a esta parte, se ha entronizado una nueva forma de hacer política, inspirada en los métodos del bombero pirómano y consistente en agitar preocupaciones y crear problemas para después tratar de solucionarlos. Sospecho que esta nueva manera de entender la política está íntimamente vinculada con el ascenso al poder de una nueva generación de personajillos de escaso fuste que, desde la más tierna juventud, se arrimaron a las siglas de tal o cual partido para medrar y hacer carrera, irresponsables que terminan convirtiendo la política en un experimento de laboratorio y fabricando artificiosamente problemas allá donde no existían.

Se trata de un mal endémico de nuestra política que aqueja por igual a todas las facciones, pero que en esta legislatura se ha encarnado en la figura de Zapatero, incendiario que después de provocar devastadores fuegos experimentando con sustancias inflamables se dedica a sacar pecho, mientras trata de sofocarlos, casi siempre con resultados contraproducentes. La revisión del Estado autonómico no formaba parte de las preocupaciones más perentorias de los españoles; pero Zapatero se metió en su laboratorio catastrófico y parió el huevo de las reformas estatutarias, que no sé si acabarán rompiendo España, como afirman sus detractores, pero que desde luego ya han logrado azuzar las más delirantes aspiraciones soberanistas. Algo similar ha ocurrido con el invento de la llamada «memoria histórica», que sólo ha servido para agitar fantasmas que estaban venturosamente dormidos. Pero quizá la expresión más demencial de esta política de laboratorio impulsada por nuestro bombero pirómano haya sido la legalización de Batasuna, que se realizó en flagrante fraude de ley y comprometiendo la independencia del poder judicial. Fue lo que castizamente podríamos denominar una legalización por cojones, pues en modo alguno habían variado las causas que determinaron la previa ilegalización: los batasunos seguían sosteniendo las mismas vindicaciones políticas y, sobre todo, seguían sin renegar de su connivencia con los etarras. Pero entonces Zapatero vislumbraba la posibilidad de erigirse en príncipe vitalicio de la paz y no vaciló en crear un problema donde antes no lo había.

Ahora se propone instar la ilegalización de lo que antes legalizó, estando ilegalizado. La política de laboratorio favorece estos trabalenguas. Y se propone, además, en el colmo de la desfachatez, que dicha ilegalización se convierta en una excusa para sacar pecho en vísperas electorales. Los batasunos, durante todo este tiempo, han mostrado una coherencia sin desmayo: han seguido defendiendo lo mismo que antes defendían; han seguido justificando lo mismo que antes justificaban. ¿Por qué lo que antes amparaba su legalización constituye ahora un motivo plausible para su ilegalización? La pura conveniencia movió a Zapatero a favorecer la vuelta a las instituciones de los Batasunos; y esa misma conveniencia es la que ahora los va a expulsar. Todo este birlibirloque obsceno excitaría la hilaridad, si no fuera porque se trata de un asunto extremadamente doloroso (pero la política de laboratorio no repara en daños) que, además, certifica la defunción del Derecho como instrumento solemne del que se dotan las sociedades para protegerse de las veleidades del poder político. Pero ya advirtió el Fiscal General del Estado a los jueces, en plena orgía negociadora, que debían adaptarse a las circunstancias; ahora tendrán que desadaptarse o adaptarse a las nuevas, que a la postre siempre son las mismas: el sometimiento del Derecho a una política de laboratorio que sólo persigue mantenerse amarrada a la poltrona.
www.juanmanueldeprada.com

El Tribunal Supremo debe rectificar
ANDRÉS DE LA OLIVA SANTOS. Catedrático de Derecho Procesal. Universidad Complutense de Madrid ABC 8 Diciembre 2007

BAJO este escueto enunciado me atrevo a reclamar, en primer término, que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rectifique, en cuanto tenga ocasión, el criterio por el que en el proceso penal más frecuente (el denominado «procedimiento abreviado») ha eliminado o ha disminuido sustancialmente el papel de los acusadores que no son ofendidos o perjudicados por el delito, es decir de los que ejercitan la llamada «acción popular», presente en nuestro ordenamiento jurídico al menos desde la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882 y consagrada por el art. 125 de la Constitución (CE).

En segundo lugar, pretendo aclarar que, al igual que «una golondrina no hace verano», una concreta resolución de una Sala del Tribunal Supremo no es una mini ley ni puede contener doctrina con fuerza vinculante. Los tribunales, y el Supremo a la cabeza, están «sometidos únicamente al imperio de la ley» (art. 117.1 de la Constitución Española), es decir al Derecho, que, en materia procesal penal, sólo tiene dos fuentes: la misma ley y los principios generales del Derecho. Eso significa que la doctrina de los tribunales (singularmente el Supremo) es importante para complementar el ordenamiento jurídico, pero cabe que sea modificada por los mismos tribunales, no es de obligado acatamiento y merece el respeto que merezca su autoridad intrínseca.

En concreto, considero un puro error, y no leve, el de la Sala de lo Penal al excluir o capitidisminuir, para el procedimiento abreviado, a los acusadores que no son perjudiciados u ofendidos por el delito, impidiendo que, si sólo ellos solicitan la apertura del juicio oral o fase decisoria del proceso penal, esta fase efectivamente se inicie.

La pretendida justificación de esta tremenda ocurrencia es que los artículos 782 y 783, relativos a la opción de finalizar el proceso sin que comience la fase de juicio (sobreseimiento) o resolver que tal fase comience, se refieren a solicitudes, en uno u otro sentido, del «Ministerio Fiscal y el acusador particular» (art. 782 LECrim) y de «el Ministerio Fiscal o la acusación particular» (art. 783). A partir de estas expresiones, se razona del siguiente modo: como «acusador particular» o «acusación particular» significan sujeto ofendido o perjudicado por el delito que se ha constituido en parte procesal acusadora, los no ofendidos o perjudicados por el delito, los que ejercitan la acción penal adjetivada como «popular», no pueden por sí sólos lograr que comience (se abra) la fase de juicio, oral y público.

Este razonamiento parte de una premisa rotundamente falsa. Nunca, ni a partir de la reforma de la LECrim en 2002 (que, por cierto, no cambió lo que se decía ya en 1988), ni antes, la expresiones legales «acusacion particular» o «acusador particular» (y sus plurales) han tenido un significado excluyente del acusador que ejercita la acción «popular», que es, repito, el no perjudicado ni ofendido por el delito. El adjetivo «popular» no aparece en la extensa LECrim, desde 1882, más que en una ocasión: en el artículo 270, cuando se refiere a la «acción popular». Y las expresiones «acusación popular» o «acusador popular» y sus plurales nunca, desde 1882 hasta nuestros días, han sido utilizadas por la LECrim.

Desde 1882 hasta ahora, la LECrim únicamente ha empleado los términos «acusación particular» y «acusador particular». Y los ha empleado para referirse a cualquier acusación mantenida por particulares, es decir, por sujetos distintos del Ministerio Fiscal.

La «prueba del nueve» de que en el procedimiento abreviado no se excluye a quien ejercita la acción popular se encuentra, dentro de las «disposiciones generales» relativas a dicho procedimiento, en el artículo 761.1 Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se expresa en los siguientes inequívocos términos: «El ejercicio por particulares, sean o no ofendidos por el delito, de la acción penal o de la civil derivada del mismo habrá de efectuarse en la forma y con los requisitos señalados en el Título II del Libro II, expresando la acción que se ejercite».

Es claro, por tanto, que la Ley de Enjuciaimiento Criminal prevé con toda normalidad que en el procedimiento abreviado actuen como parte acusadora los no ofendidos y se confirma, así, que la expresión «acusador particular» o «acusación particular» comprende tanto a los particulares ofendidos o perjudicados como a los no ofendidos ni perjudicados. Ni la eliminación de los acusadores no ofendidos ni perjudicados ni la radical minoración de los efectos de su actuación se pueden sustentar en un craso error sobre la terminología legal.

Por lo demás, nada hay en los antecedentes legislativos, ni en las Exposiciones de Motivos de las leyes, que avale la extraña tesis que la mayoría de los Magistrados de la Sala Segunda (no todos) ha aplicado a un determinado caso, pero que, como muchos han señalado, podría aplicarse a otros distintos, con finalización de los procesos penales correspondientes.

Mucho se ha hablado y escrito sobre la «acción popular», esa gran peculiaridad de nuestro sistema procesal, consistente en que pueda ser parte acusadora cualquier ciudadano, salvo excepciones legales tasadas. Podrá, en el futuro, pensarse y debatirse cómo evitar posibles abusos de esos acusadores particulares y cabrá que se planteen reformas legales, que habrán de respetar la institución de la acción popular, por su expreso reconocimiento constitucional. Pero lo que personalmente considero inaceptable es que cualquier cambio, en vez de ser legal, se produzca por una falible y fallida resolución judicial.

Al caso de las «cesiones de crédito» no se debe inmolar (ni parecer que se inmola) el claro sentido de una ley respetable y, en este punto, respetada durante ciento veinticinco años.

Los añicos de la unidad
Tonia Etxarri El Correo 8 Diciembre 2007

Con el consenso democrático hecho añicos. Así les pilló el doble atentado de ETA contra los dos guardias civiles en Capbreton. A cisco limpio entre el PP y PSOE, enfrascados en sus cálculos electorales después de haber protagonizado una legislatura tan insoportablemente bronca y confrontada que ni el propio presidente del Congreso, Manuel Marín, uno de los dimisionarios forzosos de la etapa de Zapatero, quiso pasar por alto en su último discurso en el acto de conmemoración de la Constitución. Con el ambiente creado en torno al enfrentamiento, tan cuidadosamente diseñado por los estrategas electorales, resulta difícil ahora recomponer la figura rota. Será laboriosa la reconstrucción de los trocitos esparcidos de lo que había sido, en legislaturas anteriores, la unidad democrática en la lucha contra ETA.

Ahora, después del atentado contra Fernando Trapero y Raúl Centeno, no hay en el Gobierno socialista quien sostenga el mito del diálogo; ni siquiera el ministro de Bermejo, que hace muy pocas semanas defendía todavía, en sede parlamentaria, la vigencia de la resolución del Congreso que autorizaba a negociar con la banda terrorista, para volver a intentarlo en cuanto se presentase la ocasión. Pero el atentado ha vuelto a dar una sacudida a los gobernantes de este turno. Y los mismos que aconsejaban al fiscal Conde Pumpido que aflojase el acelerador de la presión judicial sobre ETA reclaman «ahora, firmeza por encima de todas las cosas».

En fin, que se ha perdido tanto tiempo mientras duró el espejismo de la negociación, que ahora resulta difícil volver a ilusionar a la ciudadanía en la recuperación de la unidad. Tanto es así que Zapatero, después del mazazo recibido tras la última concentración unitaria por la derrota de ETA, ha reconocido que éste es un reto de largo alcance. Y como sabe que después de tanta palabrería acompañando a los gestos de distensión con el entorno de la banda, ahora la gente espera, sobre todo, hechos, insinúa que la ilegalización de ANV está más cerca.

El PP podría aprovecharse de este giro copernicano en la política antiterrorista del gobierno pero Rajoy se contiene. Podría decir, como le sugieren algunos de los dirigentes populares, que si a ANV no se le hubiera permitido acceder a las instituciones, en las pasadas elecciones municipales y forales, ahora estarían dedicados a resolver otros problemas. Pero no lo hace. Se conforma con comprobar si la intención de derrotar a ETA, por parte del Gobierno, va en serio.

De momento el ministro Rubalcaba, ofrece la imagen del éxito policial contra la banda. La moneda de la firmeza en momentos tan delicados. Con ETA en plena reactivación terrorista y en campaña electoral. Una mezcla ciertamente explosiva.

ANV, mejor tarde que nunca
Editorial HERALDO DE ARAGÓN 8 Diciembre 2007

CONFORME se conocen los detalles del atentado que costó la vida en Francia a dos jóvenes guardias civiles -integrantes de una misión conjunta hispanofrancesa que debía culminar, al parecer, con la detención del veterano terrorista Txeroki- crece la indignación. Es cierto que la banda ha dado sobradas muestras de extremada crueldad a lo largo de su historia criminal, de uno de cuyos hitos más salvajes, el ataque a la casa cuartel de Zaragoza, se cumplirán la semana que viene veinte años. Pero cada nuevo asesinato golpea a los ciudadanos de bien en lo más profundo. Por eso es más clamoroso el silencio de ANV, la organización aberzale que actúa ahora como pantalla y sostén de la banda. Es positivo que Rodríguez Zapatero haya rectificado y anuncie que la ilegalización de esa formación, que viene siendo reclamada por el PP desde hace meses, está más cerca. Esa coincidencia de fondo entre Gobierno y oposición refuerza, de manera beneficiosa para la lucha antiterrorista, el acercamiento que los líderes de los dos grandes partidos han iniciado en los últimos días.

Las actuaciones contra ANV tendrán como base el informe que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón solicitó a la Unidad Central de Información (UCI) de la Policía Nacional en octubre, tras la detención de la Mesa Nacional de Batasuna en Segura (Guipúzcoa). Al parecer, los datos del dictamen confirman lo que es un secreto a voces, a saber, las relaciones del partido con ETA y Batasuna, que pidió el voto para ANV en las últimas elecciones municipales. La fiscalía es partidaria de utilizar primero la vía penal para solicitar la suspensión del partido por su colaboración con el terrorismo de ETA, medida que puede otorgarse instantáneamente, y dejar para más tarde la ilegalización de acuerdo con la Ley de Partidos, que requiere un dilatado trámite en el Tribunal Supremo que podría tardar unos seis meses. Son tiempos y procedimientos sobre los que se puede discrepar. Lo importante es que, de un modo u otro, se estreche el cerco sobre quienes amparan y alimentan a los violentos, y que se acabe su escandalosa impunidad.

La Gran Euskalherría
Manuel Molares do Val Periodista Digital 8 Diciembre 2007

Ilegalicen o no a Acción Nacionalista Vasca (ANV), este partido es el primero que, como ETA, exige para el territorio de su Euskal Herría la absorción de parte de Cantabria, Aragón, La Rioja y Castilla-León, además de Navarra y el País Vasco francés.

El expansionismo es connatural con el nacionalismo: los otros nacionalistas vascos tienen similares demandas, aunque presentadas más discretamente.

También los catalanes ERC y CiU integran la Comunidad valenciana y Baleares en sus inventados Paisös Catalans, y el BNG reclama como gallegos el Bierzo y parte de Zamora y Asturias.

Todos los nacionalistas necesitan expandirse hacia territorios irredentos. Las actuales lindes administrativas les son inaceptables.

Cuando se sienten poderosos se lanzan a lo que llaman reconquista, que casi nunca se produce por las buenas. Las recientes guerras yugoslavas fueron carnicerías impulsadas para ampliar lindes territoriales e identidades nacionales. Como las dos guerras mundiales.

En realidad, casi todas las guerras de la historia se iniciaron por la absorción de pequeños territorios fronterizos.

Aunque ese expansionismo patriótico no siempre precisa la invasión territorial. A veces va creando condiciones favorables con la lenta penetración étnica y cultural apoyada por una guerra de baja intensidad: el terrorismo.

Los invadidos van perdiendo su pundonor y la capacidad de resistencia o de reacción ante esos avances que pueden requerir décadas.

El legendario carácter que se le atribuía a los afables, nobles y cumplidores de su palabra habitantes del País Vasco, los vascos, está cada día más oculto, menos perceptible.

Porque se le ha sobrepuesto el de la nueva tribu de patriotas al servicio de la inventada Euskal Herría: violentos, traicioneros y expansionistas.

Una metatamorfosis forjada por el terrorismo, aunque también en las escuelas, que crean fanáticos de una identidad formada para ejercer la violencia redentora de su lebensraum: el nuevo espíritu patriótico.

Funeral de Estado, en la intimidad y soledad de un Presidente
Vicente A.C.M. Periodista Digital 8 Diciembre 2007

Lejos de los casi seguros abucheos así se celebró el funeral de Estado por el Guardia Civil D. Fernando Trapero. Un funeral aislado del sentimiento de los ciudadanos, cuya incómoda voz se silenció negándoles la asistencia. El Presidente del Gobierno, Sr. Zapatero, no quiso que se repitiera el bochorno de soportar las críticas de un pueblo incapaz de comprender que siga en no abandonar claramente su política de entendimiento y negociación con la ETA.

Porque no hay otro momento mejor que este para expresar sin ninguna duda la voluntad de querer retomar la lucha anti terrorista. No hay mejor momento para pasar de las buenas palabras a los hechos. Pero no, el Sr. Zapatero solo es un mago de las promesas, de la prestidigitación, del embaucamiento mediante poses y frases grandilocuentes. Mientras, sus acciones siguen encaminadas a su objetivo obsesivo. Mientras, sus ambigüedades solo tratan de ganar tiempo y enfriar el sentimiento de cólera de los ciudadanos que cada día no entienden la postura de este Gobierno y su Presidente.

Si el Sr. Zapatero quisiera, tiene tiempo para dar los pasos decididos para que sus palabras sean creíbles. Tiene tiempo para convocar una sesión extraordinaria del Congreso antes de las vacaciones y su disolución por la proximidad de las elecciones generales, y anular el permiso de negociación que obtuvo como un cheque en blanco y que aún está dispuesto a hacerlo efectivo, a pesar de los atentados y de los muertos que ETA le ponga sobre la mesa. Tiene tiempo de sobra para estimular el celo de la Fiscalía General y de su Ministro de Interior en la ilegalización de la mano política de ETA, ANV y PCTV.

Tiene tiempo, pero no voluntad. Tiene un discurso, pero vacío de contenido. Tiene solo una obsesión, ganar tiempo sin hacer nada que ponga en peligro su plan, que nunca ha pensado en abandonar. Tiene una oportunidad de volver al Pacto por las Libertades y contra el terrorismo, pero mantiene el Pacto vergonzante del Tinell.
Tiene miedo a la protesta popular y se esconde y se blinda para alejar los abucheos, porque sabe que lo que hace es indigno y mezquino y que ya no tiene ninguna credibilidad.

Quiere eñ Sr. Zapatero tiempo, pero el tiempo no logrará que se olvide lo que hizo, lo que hace y lo que está dejando de hacer. Y todo este tiempo hasta las elecciones, se lo recordaremos.No habrá barreras que acallen las voces de los ciudadanos reclamando la derrota de ETA.

RAZÓN PARA UNA REBELDÍA
La lucha contra la EpC ya dispone de su "manual de combate"
Carmelo López-Arias elsemanaldigital 8 Diciembre 2007

Pocos pensaron, incluso tras el 14-M, que se implantaría un adoctrinamiento ideológico en la escuela. Pero tampoco sospecharon los adoctrinadores el grado de resistencia que les aguardaba.

REBELDES CON CAUSA
Fernando de Haro (ed.) y otros. ¿Qué hacemos con Educación para la Ciudadanía? Encuentro. Madrid, 2007. 123 pp. 10 €

La Educación para la Ciudadanía (EpC) era la "sorpresa" que preparaba José Luis Rodríguez Zapatero para la segunda mitad de la legislatura. Pero también la han recibido él, Mercedes Cabrera y cuantos han colaborado en el engendro, al encontrarse una resistencia activa y militante de los padres al adoctrinamiento ideológico de sus hijos. Son ya varios miles los que han decidido plantear la objeción de conciencia a la asignatura, aun habiendo sido amenazados por la ministra de Educación desde su escaño en el Congreso con negar a los alumnos rebeldes la titulación académica que les corresponde. Un gesto de auténtico heroísmo ciudadano frente a la soberbia del poder.

Argumentos para una lucha
Desde las esferas de influencia socialista se han puesto tan nerviosos que han tenido que pasar al contraataque relativizando el componente ideológico de la EpC y cuestionando la legitimidad del movimiento de rechazo.

Pues bien, para deshacer esos argumentos Fernando de Haro (director de informativos de Popular TV) ha coordinado un pequeño volumen de colaboraciones diversas en torno a la asignatura y a las razones de la lucha contra ella: ¿Qué hacemos con Educación para la Ciudadanía? (Encuentro). Son poco más de cien páginas y nueve trabajos, del mismo De Haro y de Javier Restán (director general en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid), Benigno Blanco (el activo vicepresidente del Foro Español de la Familia, y todo un descubrimiento mediático en estos cuatro años de batalla por la familia y la educación, por su claridad de exposición y dominio del debate público), Ignacio Carbajosa (teólogo), María del Carmen Carrón (pedagoga), Ana Llano y Alberto Llabrés (que aportan la perspectiva jurídica), Ángel Mel (director de colegio) y José Luis Restán (director de contenidos de la COPE).

La perspectiva multidisciplinar abarca todo el argumentario sobre la gravedad del problema y las motivaciones para una resistencia activa, y ofrece razones sólidas a los padres y alumnos que ya han decidido ponerla en práctica (con o sin objeción de conciencia), o a quienes dudan de que realmente la EpC sea tan mala como la pintan. Sinteticemos algunas de esas razones, para ver sobre todo que el problema que crea la EpC no puede parchearse confiando en que profesores y textos adecuados salven la situación.

El relativismo incluye la educación familiar
Primero, conviene tener claro que la educación es un derecho de los padres consagrado por la Constitución, independientemente de la titularidad del centro, pública o de iniciativa social. Y en este segundo caso, como recuerda Javier Restán, "el proyecto educativo de un centro, su carácter propio, está preservado por la Ley y por la misma Constitución, y es una obligación que toda enseñanza que se imparta en el centro respete esta identidad y no la violente".

¿Ocurre esto último con la EpC? Efectivamente, explica Blanco. A diferencia de otros países de nuestro entorno donde existe una asignatura de similar denominación, Zapatero y Cabrera no pretenden que los alumnos conozcan el sistema social en el que viven, sino que en esta asignatura "subyace un proyecto de persona y, por tanto, una ética". Una ética basada en un único criterio: la tolerancia; pero una tolerancia "también con el bien", porque el punto de partida es "no distinguir entre bien y mal". Y como algún criterio de conducta hay que aportar, la EpC presenta "el Derecho vigente como la única fuente de criterios éticos objetivos". ¡El sueño de cualquier totalitarismo!

Pero el verdadero quid de violación del derecho paterno que implica la asignatura reside, como explica con meridiana claridad Carbajosa citando los textos legales, en que ya desde estadios muy prontos de la educación infantil (se empieza a impartir con 10 u 11 años) se intenta introducir en el alumno un espíritu de cuestionamiento hacia "los criterios y la cosmovisión en la que el niño ha sido introducido". Es decir, se prescinde de que el alumno llega al aula inmerso en una tradición (la familiar) para situar ante él todo el abanico de tradiciones posibles y fomentar un espíritu de indiferencia hacia todas (también la propia) para formarse un criterio autónomo.

¿Autónomo? Varios de los trabajos recogen la fuerte carga ideológica que transmite la asignatura: básicamente, el relativismo, con altísimas dosis de ideología de género o feminismo radical, tan caro a Zapatero o a su poderosa vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega. Esa ideología es patente, detalla Ana Llano con pelos y señales, en diversos objetivos y criterios de evaluación de la asignatura.

Ante esta imposición odiosa, ¿cabe, además de la protesta mediática y política, la objeción de conciencia, esto es, el que un padre se niegue a que su hijo sea adoctrinado conforme a estos parámetros? Llabrés establece que, desde el punto de vista del derecho positivo y la jurisprudencia, si se produjesen lesiones reales (no sólo "potenciales o hipotéticas") de derechos fundamentales como consecuencia de la aplicación de la EpC, padres, alumnos y profesores podrían solicitar de la Administración verse liberados de recibir o impartir la asignatura. Y, de serles negado, quedarían abiertas "todas las vías de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales".

De la LODE a la Logse, y luego la EpC
Esta obrita no debería faltar en ningún hogar donde se haya percibido la magnitud de la agresión socialista a la libertad de educación. Es clara, breve y completa, y con riqueza de matices (como en el asunto de la objeción). Pero, sobre todo, anima a resistir como paso primero para vencer en la batalla de la educación. Que algo tendrá, cuando el socialismo español, tan pragmático en otras cosas (de la OTAN a la cultura del pelotazo, pasando por el déficit público o la flexibilidad laboral), siempre lanza desde ese Ministerio sus propuestas más sectarias.

Amenaza en Kosovo
EDITORIAL El Correo 8 Diciembre 2007

El fracaso de las intensas negociaciones desarrolladas en los últimos meses a partir del plan Ahtisaari para tratar de lograr un acuerdo que permitiera una salida pactada entre Serbia y Kosovo sobre el futuro estatus de la provincia ha introducido un grave elemento de incertidumbre en la política europea. La posibilidad de que se consume de forma inminente una declaración unilateral de independencia por parte del Gobierno kosovar, y el consiguiente temor a un rebrote de la violencia en los Balcanes, llevaron ayer a los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN a la decisión de mantener el actual nivel de tropas de la misión euroatlántica desplegada en la región. La iniciativa permitió ofrecer una imagen de unidad que, sin embargo, no responde a la existencia de un acuerdo compartido en el seno de la UE sobre cómo afrontar la eventual secesión de uno de los territorios del continente. Una falta de consenso internacional acentuada por la disposición de Estados Unidos a aceptar la proclamación independentista y la abierta oposición de Rusia, alineada con el rechazo serbio, a aceptarla.

Resulta evidente que la UE ha sido incapaz de manejar de la manera más hábil el principal instrumento político de que dispone para tratar de encauzar la crisis, que no es otro que condicionar la futura adhesión tanto de Serbia como de Kosovo a la Unión a una salida asumible por ambas partes. Pero la admisión tanto de las insuficiencias de la estrategia común europea, como del fracaso de la mediación de la 'troika' (EE UU, Rusia y UE) en la búsqueda de un acuerdo no pueden terminar conduciendo, como advirtió ayer Condoleezza Rice, a un estancamiento infinito, máxime cuando una de las dos partes parece decidida a romper; y cuando la minoría serbia del norte de Kosovo puede albergar la tentación de provocar la participación del eventual nuevo Estado. La doctrina emergente apunta a una secesión 'coordinada' con las instituciones internacionales, que podrían invocar como base legal la declaración 1244 de la ONU, la misma que ampara la continuidad de las tropas de la OTAN en Kosovo. Pero la comunidad mundial, y en especial la UE, ha de ser consciente de que cualquier vía factible para preservar la costosa estabilidad en la región precisa de una respuesta lo más unitaria posible.

Kosovo y nosotros
JUAN PEDRO QUIÑONERO ABC 8 Diciembre 2007

Las llamaradas étnicas y nacionalistas, en Kosovo, atizan fantasmas independentistas en Bélgica, Escocia, Cataluña, el País Vasco, etc... Pero no es fácil olvidar las tragedias más recientes.

Las dos últimas guerras de Kosovo, el primer conflicto entre separatistas albaneses y fuerzas de seguridad serbias y yugoslavas (1996-99), y la guerra posterior, entre Yugoslavia y las fuerzas de la OTAN (1999), precipitó violentamente el desplazamiento étnico de varios centenares de miles de civiles y se cobró unos 12.000 muertos, entre una población de unos 2 millones de personas de muy distinta condición étnica, religiosa y cultural, con mayorías musulmanas y serbio / albanesas, pero con minorías significativas de goranis, arrumanos, turcos, ortodoxos, católicos y judíos.

La gesticulación declamatoria, en Pristina (presta a la independencia), Belgrado (afirmando que «la guerra es un instrumento legal») y Bruselas (donde la OTAN pudiera ordenar el envío de más tropas «con el fin de evitar la violencia») va mucho más allá de la tragicomedia: las huellas todavía bien recientes de los enfrentamientos y el odio ¿patriótico? ¿nacional? advierten del abismo profundo e insondable de las «tensiones» que están aún por venir y la endémica fragilidad de una muy volátil arquitectura política cuyos cimientos reposan en la estaca étnica y militar.

A estas alturas de la crisis, la determinación de unos y otros, apoyados con distinto énfasis por las fuerzas vivas de Moscú (que contemplan con inquietud las sublevaciones secesionistas) y Washington (apoyando veladamente a los independentistas kosovares) va mucho más allá de lo «razonable»: el mesianismo patriótico coquetea con el martirologio del derramamiento de sangre, evidentemente «pura».

La última guerra de Kosovo concluyó con la paz que impusieron los misiles de crucero «Tomahawk» del arma aérea estadounidense, que demostraron una eficacia quirúrgica determinante. Lo que, a mi modo de ver, tampoco invita precisamente a confiar en la racionalidad ni sensatez del modelo kosovar.

El Superior ratifica la legalidad del decreto del gallego en la enseñanza
El tribunal desestima las demandas de una asociación contraria a la normativa de la Xunta y de un particular que pidió que su hijo estudiara sólo en castellano en un centro de Vigo.
María Ballesteros.A Coruña La Opinión 8 Diciembre 2007

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) cree que el decreto del gallego en la enseñanza respeta los derechos a la libertad y la igualdad reconocidos en la Constitución y no supone una discriminación por razón de lengua. Esta es la respuesta que los magistrados de la sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal gallego han dado a la Asociación Gallega para la Libertad del Idioma (AGLI) y a un particular de Vigo que pidió que su hijo recibiese todas las clases en castellano, quienes presentaron sendos recursos de protección de derechos fundamentales.

La sala del TSXG argumenta que el principio de cooficialidad que reconoce la Constitución Española y que AGLI ve conculcado con la norma promovida por el Gobierno gallego no es un derecho fundamental y recuerda que el derecho a la educación, que sí lo es, no implica que la enseñanza deba ser impartida en uno u otro de los idiomas oficiales. El argumento del tribunal gallego no es nuevo, ya que la propia sentencia precisa que, en el caso del catalán, el Tribunal Constitucional ya falló en el año 1994 que el uso de la lengua propia de la comunidad como la normal dentro de la Administración educativa está dentro de "los parámetros constitucionales".

"Con carácter general"
AGLI ve en el hecho de que la lengua gallega sea la utilizada "con carácter general" en la enseñanza, según la redacción del decreto, un intento de "derogar el régimen de cooficialidad" y de someter "a los ciudadanos de lengua española a un régimen de excepción lingüística". La sala, sin embargo, considera que es precisamente esa expresión, "con carácter general", la que preserva la cooficialidad de ambas lenguas, tal como falló en su día el Tribunal Constitucional en el caso catalán.

El TSXG razona además que el derecho a la educación que reconoce la Constitución Española no supone que las administraciones central y autonómica puedan estar condicionadas en materia educativa por la "libre opción" de la lengua docente por parte de los ciudadanos. "Los poderes públicos están facultados para determinar el empleo de las dos lenguas que son cooficiales en una comunidad autónoma como lenguas de comunicación en la enseñanza", señala el Constitucional en la sentencia citada por el Superior.

El derecho de los padres a elegir la lengua en la que quieren que estudien sus hijos no puede incluirse, según el tribunal, en el derecho constitucional a la educación, una pretensión que también utilizó en su demanda el ciudadano de Vigo que pidió a la Consellería de Educación que todas las clases recibidas por su hijo fueran impartidas en castellano. "La Administración educativa no puede abdicar de la obligación que en el Estatuto de Autonomía se le impone de pretender normalizar el uso del gallego dentro de su esfera de competencias", razona el tribunal en la sentencia de AGLI.

El recurso contencioso administrativo del ciudadano de Vigo, que pretendía el uso exclusivo de la lengua castellana para su hijo en Educación Primaria del colegio privado Los Sauces, apelaba tanto al derecho fundamental a la educación como a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que los padres tienen el derecho a escoger el tipo de educación que quieren dar a sus hijos.

Al demandante, el TSXG le recuerda que el "bloque de la constitucionalidad" en España está formada por la Constitución, pero también por los Estatutos de Autonomía, y que la primera establece como competencia autonómica la de "fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la comunidad", según la sentencia.

En este caso la discriminación, en opinión de los magistrados, estaría en darle la razón al demandante y no en desestimar la pretensión de que su hijo estudie sólo en castellano. "La discriminación se produciría precisamente -argumenta el alto tribunal gallego- en el caso de que la Administración autorizase lo pretendido por el recurrente, en el sentido de permitir que, a criterio del peticionario, se pudiera cursar un determinado tipo de estudio con olvido o marginación de una de las lenguas concurrentes".

Tampoco vulnera el decreto del gallego en la enseñanza los derechos humanos, según la sala de lo Contencioso-Administrativo, que razona que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre "no autoriza el diseño del currículo educativo de los hijos a conveniencia de los padres".

el informe pisa en euskadi
Educación reitera que el conocimiento se demuestra mejor en la lengua materna
Acusa al PSE, PP y a CC OO de estar «molestos» por los buenos resultados de los alumnos y «preferir su fracaso»
M. JOSÉ TOMÉ m.j.tome@diario-elcorreo.com EL Correo 8 Diciembre 2007

Un adolescente castellanoparlante de 15 años matriculado en modelo D es un «aprendiz» del euskera que «puede demostrar mejor su competencia en la lengua que mejor conoce». Ésta es la justificación dada ayer por el director del Instituto Vasco de Educación e Investigación, (IVEI), Josu Sierra, al hecho de que el 86% de los alumnos sometidos al examen PISA, que mide su rendimiento escolar en comparación con el resto de países de la OCDE, hiciesen el examen en castellano. A su juicio, esta prueba valora «la competencia científica o matemática como personas» de los escolares, «lo hagan en la lengua que lo hagan». «¿Por qué tiene un alumno o alumna vasca que renunciar a demostrar todo lo que sabe de Ciencias o Matemáticas?», se pregunta.

El director del IVEI, dependiente de la consejería de Educación, se defiende así ante las críticas vertidas por el PSE-EE, PP y el sindicato CC OO, que acusaron a este organismo de «manipular» la prueba con el fin de obtener los mejores resultados en el ranking internacional establecido por PISA. El Gobierno vasco decidió que los alumnos escolarizados en modelo D, pero cuya lengua familiar fuese el castellano, hiciesen el examen en este idioma, tras constatar que así «demostraban mejor sus conocimientos». La oposición calificó esta medida de «burda trampa» dirigida a ocultar el «rotundo fracaso» de una política educativa que impone el euskera y «desdeña» el español.

Sierra interpreta que el «asombroso» mensaje enviado desde estos sectores es «'queremos que el alumnado vasco lo haga peor'». A su juicio, esas criticas esconden el deseo del PSE-EE, PP y CC OO de que los escolares «salgan perdiendo» y «fracasen» en relación al resto de comunidades o países. «La raíz del problema está en que todos ellos quieren que las pruebas PISA se apliquen en euskera a quién está aprendiendo esa lengua, que se compare un aprendiz con un hablante perfectamente competente. Y que salgan perdiendo, claro».

En su opinión, su actual postura entra en contradicción con la mantenida respecto al currículum vasco. «También se oponen a que se establezca el B2, que no es un nivel de hablante perfectamente competente, a los 16 años». Por tanto, está convencido de que tanto el PSE como el PP y CC OO quieren que los escolares «hagan las pruebas PISA en inferioridad de condiciones y además que sea siempre así, porque no desean que sepan más euskera». El director del IVEI cree, en este sentido, que es necesario establecer «objetivos lingüísticos más concretos y medidas adicionales» para evitar que los escolares e expresen mejor en castellano que en euskera. «Pero luego quieren que les apliquen pruebas internacionales como si fuesen ya hablantes perfectamente competentes», se lamenta, para recordar que Canadá, Hong-Kong o Irlanda también realizan esta evaluación en la lengua familiar de los alumnos. «¿También ellos manipulan?», se cuestiona.

«Acabar con el euskera»
El responsable del organismo encargado de coordinar el proyecto PISA en Euskadi hace mención expresa al PP, para quien la comunidad autónoma habría quedado situada «a la cola de España» si se hubiese examinado en euskera a la totalidad del alumnado de modelo B y D. «¿Por qué hemos de plegarnos a sus deseos con el fin de que la enseñanza bilingüe vasca 'quede relegada a la cola'? ¿Cómo se puede confundir la crítica política con el deseo de que tu país vaya peor?», se pregunta.

Sierra lamenta que este debate no permita valorar en su justa medida los buenos resultados obtenidos por los escolares vascos en relación a los demás países de la OCDE. «Nuestro alumnado bilingüe ha obtenido las puntuaciones más altas. Será esto lo que les duele», critica. Y a CC OO le reprocha que considere estos resultados «una desgracia» cuando son «fruto del buen trabajo del profesorado». «En vez de felicitar a los docentes vascos, se duelen por lo bien que trabajan», insiste.

Por último, considera «impresionante» que los medios estatales reconozcan que los alumnos vascos «dominan el castellano por encima de la media española y rinden en la media de la OCDE» mientras «en nuestra propia casa algunos preferirían que fracasáramos. Todo con tal de acabar con al educación bilingüe, o mejor, con el euskera».

La Fiscalía de París confirma que el atentado fue premeditado y no fortuito
De «encuentro fortuito», nada de nada. El asesinato en la localidad francesa de Capbreton de los guardias civiles Fernando Trapero y Raúl Centeno fue un atentado «premeditado». Ésa es al menos la opinión del fiscal jefe de París, Jean-Claude Marin, encargado de la investigación del atentado en el país vecino.
Á. del Río / E. L. Palomera La Razón 8 Diciembre 2007

El representante del Ministerio Público galo no quiso ayer lanzar las campanas al vuelo tras la detención de los etarras Asier Bengoa y Saioa Sánchez. La hipótesis que manejan los investigadores es que los tres etarras (uno de los cuales ha conseguido huir) se percataron en la cafetería de Capbreton de que los dos jóvenes eran guardias civiles, por lo que registraron su coche e incluso se llevaron el carné profesional de uno de ellos para confirmar que eran agentes de la Benemérita.

Además, en el Renault Clio abandonado por los terroristas, los agentes han encontrado una diana y 142 casquillos (71 del mismo calibre y algunos disparados por el mismo arma utilizada en Capbreton), lo que indicaría que antes habían hecho prácticas de tiro.

«Hay que tener prudencia para tratar todos los elementos de esta investigación, aunque hay probabilidades de que sean responsables del asesinato», advirtió. Sin ir más lejos, los investigadores desconocen aún qué pasó desde el momento del atentado hasta que dos de los tres etarras fueron detenidos cuando intentaban robar un coche a punta de pistola en la zona de Périgueux (unas horas clave para saber el posible paradero del huido).

Y es que no son pocas las incógnitas. Para el fiscal francés la detenida es Amaya Alonso (algo que podría explicarse por la numerosa documentación falsa que se le incautó). En todo caso, los investigadores, explicó Marin, creen que fue ella quien efectuó los tres disparos que terminaron con la vida de los agentes. Sin embargo, las pistolas que les han decomisado a los terroristas no son las que se utilizaron en el doble asesinato, según han confirmado las pruebas balísticas. Sus huellas tampoco están en el primer coche que utilizaron para escapar.

Del «comando Vizcaya»
Pero el ministro del Interior no tiene dudas. Durante el transcurso de la recepción en el Congreso con motivo del aniversario de la Constitución, Alfredo Pérez Rubalcaba confirmó que los dos terroristas formaban parte «del comando que mató» a los dos guardias civiles el pasado sábado. El titular de Interior añadió además que ambos «iban a entrar en España» y «estaban preparados para matar».

El ministro estuvo parco en palabras y cauto en sus expresiones, pero sí manifestó que en estos momentos las policías francesa y española buscan al tercer etarra. La detenida Saioa Sánchez, según los datos que facilitó el ministro, estaba vinculada al «comando Vizcaya», aunque hace meses apareciera también en la información del «comando Cantabria». Se trata de una de las terroristas que figura en los carteles que el Ministerio del Interior distribuyó hace unos meses para buscar la colaboración ciudadana, y a quien el ministerio otorga «la máxima relevancia» dentro de la organización terrorista.
Rubalcaba aludió a «pruebas biológicas» (restos de ADN) que demuestran «al cien por cien» la implicación de Bengoa y Sánchez en el atentado. A partir de ahora, dijo, las Fuerzas de Seguridad, tanto francesas como españolas, se están concentrando en perseguir al etarra huido. «El tercero también caerá y lograremos saber qué pasó».

El ministro sí coincidió con el fiscal galo en que el encuentro entre los guardias civiles, que iban desarmados en el momento del ataque, y los tres miembros del «comando» se produjo en un café y «hubo algo» –dijo sin especificar qué– «que a los presuntos etarras les permitió saber» que se encontraban ante dos guardia civiles.

Similitudes físicas y ADN
Por último, también se refirió a la ilegalización de ANV. «El Estado de Derecho está sobre este asunto. Si un día aparece una evidencia de que ANV está siendo utilizada por Batasuna tardaremos un segundo en ir a la Sala del 61» del Tribunal Supremo, recalcó. Apostilló, eso sí, que no condenar un atentado no es una prueba formal para la ilegalización, sino un mero indicio.

El Ministerio de Interior francés, mientras tanto, explicó en un comunicado que existen «un conjunto de indicios concordantes (…) que permiten concluir que la pareja arrestada en Lozère participó en el doble homicidio de los guardias civiles españoles». Y entre esos indicios se hace referencia, por ejemplo, a «las similitudes físicas, elementos balísticos y restos de ADN» que coincidirían con los elementos aportados por la investigación. No obstante, confirmó que el peritaje balístico practicado a la pistola automática del calibre 9 milímetros, intervenida a Sánchez, confirma que el arma no se utilizó en el atentado.

«Kantauri», condenado a 411 años de cárcel por dos atentados
R. N. La Razón 8 Diciembre 2007

mAdrid- La Audiencia Nacional ha condenado a 343 años de prisión al ex dirigente etarra José Javier Arizkuren Ruiz, «Kantauri», por ordenar un atentado en 1996 contra un autobús militar en Córdoba, en el que murió un sargento, y a otros 68 años por otro atentado en Vitoria, en 1985, que causó cuatro heridos.

El tribunal que juzgó a «Kantauri» el pasado 29 de noviembre por los hechos de Córdoba le considera responsable de los delitos de atentado terrorista contra miembros de las Fuerzas de Seguridad, con resultado de muerte, 24 delitos de asesinato en grado de tentativa y otro de estragos, unas imputaciones por las que el fiscal había solicitado 429 años.

De acuerdo con la sentencia hecha pública ayer, el que fue máximo responsable del «aparato militar» de ETA creó el «comando Andalucía» y ordenó a sus integrantes que fabricaran tres artefactos explosivos para atentar contra un microbús del Ejército, que diariamente hacía el recorrido desde el centro de Córdoba hasta el acuartelamiento del Cerro Muriano.
Dos de los tres artefactos fueron colocados en sendos vehículos robados mientras que un tercero lo situaron dentro de un contenedor de basuras, todos ellos en una zona de la avenida de Carlos III prevista para el paso del autobús militar, al menos ocupado por 20 personas.

Patrulla ametrallada
La carga explosiva fue accionada el 20 de mayo de 1996, pero únicamente hizo explosión la bomba del contenedor de basuras, que causó la muerte al sargento Miguel Ángel Ayllón y heridas a un capitán y a otras dos personas que circulaban en su vehículo delante del autobús militar. Además, el tribunal le condena a indemnizar a la familia del sargento asesinado a 180.303,63 euros y a 96.010 a los tres heridos.

Pero la Audiencia Nacional también le ha condenado a otros 68 años y cuatro meses de prisión por ametrallar a una patrulla de la Policía en 1985 en el polideportivo de Mendizorroza, en Vitoria, y causar lesiones a dos agentes y a dos técnicos de Televisión Española. El tribunal que le juzgó el pasado 30 de noviembre le considera autor de los delitos de atentado contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, asesinato frustrado, lesiones graves y robo de vehículos con intimidación y toma de rehenes, informa Efe.

Recortes de Prensa   Página Inicial