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Recortes de Prensa    Viernes 21 Diciembre   2007

DEFENSA DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PARA LA DEFENSA DE LA ENSEÑANZA EN LENGUA MATERNA Y EL BILINGÜISMO ESCOLAR.
Francisco Caja  21 Diciembre 2007

(Intervención de Francisco Caja, Presidente de Convivencia Cívica Catalana ante el Parlamento de Cataluña el 19 de diciembre de 2007).

INTRODUCCCIÓN:

Me dirijo a Uds. en nombre de los más de 50.000 ciudadanos que de forma expresa e inequívoca, identificándose individualmente, les demandamos que pongan fin a una situación absolutamente contraria a los más elementales principios de racionalidad, pedagógicos, jurídicos y en materia de lengua de enseñanza; que les demandamos que pongan fin a lo que Uds. llaman la «inmersión» lingüística; que les demandamos la reintroducción de un modelo de enseñanza efectivamente bilingüe que evite la discriminación de los escolares por razón de lengua y sus consecuencias. Oigan nuestra voz voz.

Pero no son sólo los más 50.000 ciudadanos a los que represento los que rechazan la política lingüística escolar que todos los gobiernos autonómicos, el actual y los pasados de CIU, han impuesto en Cataluña. La mayoría de la ciudadanía catalana ha mostrado de forma constante y reiterada su disconformidad con la política lingüística escolar de la Generalidad de Cataluña. Diversos estudios, entre los que cabe destacar: el estudio 2.298 de C.I.S. sobre Usos de lenguas en comunidades bilingües: Cataluña y La familia española ante la educación de sus hijos dirigido por el sociólogo Víctor Pérez-Díaz y patrocinado por la Fundació la Caixa, ponen de relieve que el desacuerdo de la población catalana con la política lingüística escolar del gobierno autonómico es de tales dimensiones que debería causar verdadero escándalo: en el estudio del CIS , un 69,9%, se muestra en desacuerdo con que la enseñanza sea exclusivamente en catalán. En el estudio de Pérez-Díaz, el 54% de los padres afirma preferir la enseñanza bilingüe o exclusivamente en castellano.

Esta es la voluntad de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña: que en Cataluña, una sociedad bilingüe, la enseñanza sea bilingüe. Las leyes que Uds. han aprobado, contradicen esa voluntad. Uds. han impuesto contra esa voluntad que la única lengua vehicular en la enseñanza sea una sola de las dos que hablamos mayoritariamente los ciudadanos de Cataluña. No sólo eso. Las palabras del Subdirector General de Llengua i Cohesió Social del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Josep Vallbcorba, resumen cual es la sustancia de su política lingüística escolar: «No basta con que toda la enseñanza se haga en catalán: debemos recuperar el patio, el pasillo, el entorno”. ¿Con esto construyen su nación? ¿A costa de los escolares catalanes? ¿A costa de la erradicación del castellano del aula, del pasillo, del patio, del entorno, o sea de cualquier espacio? Uds. quieren un «espacio exclusivo» para el catalán en una sociedad bilingüe. Por eso convierten la escuela en un correccional lingüístico. Lamentable.

Non confundatur.

Oigan la voz de los ciudadanos. Pero no se confundan: la propuesta de ley que presentamos es en defensa de los derechos de todos los ciudadanos, sean catalanohablantes o castellanohablantes. No venimos aquí a reivindicar el derecho de los padres a escoger, elegir, la lengua de enseñanza para sus hijos, o los derechos de los castellanohablantes. Queremos que todos, lo repito, todos los escolares de Cataluña reciban una educación bilingüe, que todos aprendan el catalán y el castellano, que ambas lenguas sean lenguas vehiculares o de enseñanza, según modelos lingüísticos escolares de eficacia comprobada que aseguren los mejores resultados escolares. Son Uds., con sus leyes, los que fracturan la sociedad catalana, una sociedad incoerciblemente bilingüe. Son Uds. los que discriminan a la mayoría de la sociedad catalana, rompiendo la cooficialidad de las lenguas. Porque el sistema de inmersión lingüística, el que Uds. han impuesto ni es legal ni constitucionalmente lícito. es, además, uno de los factores determinantes del elevado índice del fracaso escolar entre los escolares catalanes. Y es pedagógicamente aberrante, como demostraré.

Aquí sí pasa algo. Pasa, en primer lugar, que el sistema que Uds. llaman de inmersión lingüística discrimina gravemente a los niños cuya lengua materna es el castellano. Son éstos los únicamente inmersionados. No lo pueden negar: para los niños catalanohablantes: enseñanza en lengua materna, regular, sin que tengan que solicitarlo sus padres o tutores; para los niños castellanohablantes, inmersión en una lengua que no es la materna. Y no apelen en su descargo aquí a esa monstruosidad que es la «atención individualizada»: los niños castellanohablantes, la mayoría de los escolares de Cataluña, no pueden ni deben ser individualizados como excepciones. A eso se le llama exclusión social, desigualdad.

Desde 1996 diversos organismos internacionales vienen denunciando la vulneración del derecho de los niños a recibir la primera enseñanza en lengua materna en Cataluña. Así El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la O.N.U. en informe de septiembre de 1996 y posteriores, observaba como un motivo de especial preocupación que en Cataluña y en el País Vasco “a los niños de la minoría castellana les puede resultar difícil recibir la educación en su lengua materna”. De igual manera, y en fecha más reciente, el Informe de la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa en enero de 1999 denunciaba las dificultades a las que, a veces, se enfrentan los niños de lengua castellana residentes en Cataluña y el País Vasco, “cuando se trata de recibir una educación en castellano en las escuelas”. Lo mismo advertía La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América en su informe del año 2000 sobre derechos humanos en el mundo.

Desde entonces y hasta la fecha, en un proceso gradual pero inexorable, el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, haciendo caso omiso de esas denuncias y de la voluntad de sus ciudadanos, ha venido implementado políticas lingüísticas escolares que han extendido, si cabe aun más, la discriminación de los niños castellanohablantes. A pesar de que en Cataluña el castellano y el catalán son lenguas cooficiales, el gobierno catalán ha impuesto, mediante el llamado sistema de “inmersión lingüística”, una de esas dos lenguas, la lengua catalana, como la lengua exclusiva de la escuela en todos sus niveles, marginando y finalmente excluyendo del ámbito escolar como lengua de docencia la lengua materna de más de la mitad de los ciudadanos en Cataluña, el castellano.

Pero no son sólo los niños castellanohablantes los perjudicados por el aberrante sistema de la inmersión lingüística. a los niños catalanohablantes se les niega con ese sistema de monolingüismo la posibilidad de un conocimiento adecuado del castellano, la lengua común de todos los españoles, una de las principales lenguas de comunicación internacional.

CRÍTICA PEDAGÓGICA

Es conocida la posición de la UNESCO en materia de lengua de enseñanza. La UNESCO reconoce el alto valor cognitivo y la beneficiosa influencia sobre la personalidad del niño que posee la enseñanza en lengua materna en las etapas iniciales de la enseñanza y el bilingüismo escolar, subrayando la naturaleza axiomática de la afirmación de que la lengua materna es el mejor medio para enseñar a un niño. La posición que la UNESCO sostiene desde el año 53 al respecto se resume en los principios recogidos en el reciente documento: “Educación en un mundo multilingüe” (2.003). A saber:

I.- La UNESCO respalda la instrucción en lengua materna como medio de mejora de la calidad educativa basándose en el conocimiento y la experiencia de educandos y docentes. La instrucción en lengua materna es esencial en la enseñanza inicial y la alfabetización, y debiera ser extendida en los demás niveles educativos todo cuanto sea posible .

II.- La UNESCO respalda la educación bilingüe y/o multilingüe en todos los niveles de la educación como medio de promoción simultánea de la igualdad social y de género, y como un elemento clave de las sociedades lingüísticamente diversas.

Estos principios entran en contradicción frontal con la política lingüística del gobierno de la Generalidad de Cataluña en la enseñanza, confirmando su carácter discriminatorio y contrario a los derechos de los niños. Uds. lo saben Uds. saben que la mejor enseñanza es la que comienza en lengua materna; que en sociedades bilingües, la escuela debe ser necesariamente bilingüe. Pero Uds. tiene grandes soluciones: como los armoricenses de los que escribe Tucídides en La historia de la guerra del Peloponeso han cambiado el significado normal de las palabras: «Cambiaron incluso el significado normal de las palabras en relación con los hechos, para adecuarlas a su interpretación de los mismos».

Una muestra paradigmática de ello: «L’escola a Catalunya ha de posar el mitjans, i pot aconseguir-ho dins del seu àmbit perquè faci seva la llengua catalana, superant la concepció tradicional de llengua materna “que aprenem de la mara” (sic) per assumir la de llengua materna “que ens uneix a una comunitat i a una cultura”. Saben Uds. o deberían saberlo a quién pertenece la cita: a la ilustre pedagoga Marta Mata, una de las principales promotoras de la aberración de la inmersión lingüística. Uds. han hecho de la escuela catalana literalmente la escuela del desmadre. La pedagogía catalana había experimentado, estamos en 1981, un salto cualitativo: el propósito de la escuela, su principal objetivo, ya no era el «libre desarrollo de la personalidad»; de lo que se trataba, lo principal, era enseñar al infante quien era su verdadera madre. Uds. han inventado la “tercera lengua”. Como decía la citada: «sigui quina sigui la llengua que el nen ha après a parlar en la familia, i la que parlará en un futur en el grup on visqui, el nen ha d’aprendre a l’escola no solament les dues llengues, catalana y castellana, a fons, sino també la llengua catalana com a pròpia de la seva comunitat nacional.»

Pero la cosa ha seguido desde entonces. Hasta extremos aberrantes. Así podemos leer en un opúsculo de 2005, con ocasión de la celebración del en el «Día internacional de la lengua materna», de la ONG Unescocat, entidad que los gobiernos de la Generalidad ha subvencionado y subvencionan generosamente: «La misma persona puede tener diferentes lenguas maternas» y que «La lengua materna de una persona puede cambiar a lo largo de su vida, incluso hasta varias veces» Lo dicho la escuela del desmadre. Lo que importa para Uds. en la enseñanza no es el libre desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, como establece el artículo 27.2 de la CE. La escuela catalana tiene un objetivo superior: nacionalizar a los niños. Una misión sagrada.

Hay un principio pedagógico elemental indiscutible: que la lengua de enseñanza influye decisivamente en el rendimiento escolar de los niños; que los mejores resultados se obtienen cuando la lengua de enseñanza es la LENGUA MATERNA.

Ilustres señores, Uds. los que componen el actual gobierno, los anteriores gobiernos autonómicos, tiene un problema: ese problema se llama fracaso escolar. El fracaso escolar, medido de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley de Educación (LOGSE), presenta en los últimos años unos resultados muy preocupantes en Cataluña, con una tasa cercana al 41% en la red pública, un 20% en la privada y un 31% de fracaso escolar promedio. Esos datos colocan a Cataluña en el grupo de cola de España y también de Europa en el terreno educativo. La evaluación conjunta de los datos de fracaso escolar derivados de la LOGSE y los resultados de la evaluación PISA 2003 permite cuantificar la tasa de fracaso escolar de los alumnos castellanohablantes en Cataluña en el 42.62%, frente a un porcentaje del 18.58% en los alumnos catalanohablantes. Existe, por tanto, una diferencia muy acusada, de más de 24 puntos porcentuales de tasa de fracaso escolar entre catalano y castellanohablantes. Prácticamente uno de cada dos escolares castellanohablantes está condenado al fracaso escolar.

Es posible que eso genere la indiferencia en algunos; pero es de una gravedad extrema. Extraigan Uds. las consecuencias: la fractura de la sociedad catalana. Y no nos digan que esos resultados se deben al diferente nivel socio-económico cultural, el parámetro utilizado por el informe PISA: una vez detraída la influencia de los aspectos socio-económicos y culturales, la influencia de la inmersión lingüística constituye la causa directa de una parte nada despreciable (más de un 37%) de esa diferencia, un 9.02%. Ello significa que la sustitución del actual sistema de inmersión lingüística por un modelo que contemplase la primera enseñanza en la lengua materna del alumno y el bilingüismo escolar permitiría reducir ese fracaso de los alumnos castellanohablantes en un 9%, aminorando el diferencial de fracaso escolar entre castellanohablantes y catalanohablantes, como mínimo, de 24 a 15 puntos porcentuales.

Por otra parte, el informe PISA 2006 pone de relieve un dato escalofriante que debería causarles vergüenza: Cataluña, la cuarta Comunidad Autónoma en cuanto al PIB per capita tiene el raro privilegio de disponer de la peor enseñanza pública de España.Lean ese informe si no lo han leído ya. Cataluña, la Cataluña que gobiernan, que han gobernado durante los últimos treinta años tiene la peor enseñanza pública de España. ¿No decían que los factores socio-económicos culturales determinaban el índice del fracaso escolar? Han conseguido poner a Cataluña en la cola de España en cuanto a rendimiento escolar. Lo han conseguido. ¿Es esto lo que quieren para Cataluña?

CRÍTICA JURÍDICA

¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Qué ha sucedido en Cataluña para que se vulneren de forma tan grave el principio de igualdad y el derecho de enseñanza de los escolares? La respuesta es tan simple como inequívoca Que Uds. ha sustituido de manera fraudulenta el modelo de conjunción lingüística o de bilingüismo integral por el llamado de inmersión lingüística, monolingüe. Agravado por el llamado «Pla de Llengua i cohesió social», verdadero catálogo de las aberraciones introducido por el gobierno tripartito a su llegada al poder. No me digan que el Tribunal Constitucional ha sancionado la conformidad de ese sistema al orden constitucional. Eso es sencillamente falso. Y quien lo sostenga miente descaradamente. el modelo que el TC sancionó como legítimo es el modelo de conjunción lingüística o de bilingüismo integral en su ya célebre sentencia 337/94 de 23 de diciembre.

Ahora bien, para que el modelo de conjunción lingüística no pueda ser objeto de reproche de constitucionalidad alguno, el Tribunal Constitucional, en la referida sentencia, establece unos límites y condiciones estrictas, que el modelo de inmersión lingüística o de coreccional lingüísitco, como habría que llamarlopropiamente, viola en su totalidad; a saber:

1.- Debe asegurar al final del proceso educativo que el alumno obtenga igual competencia en ambas lenguas oficiales (FJ 9 de la STC 337/1994). Quien sostenga que el actual modelo de inmersión lo consigue está mintiendo. Basta comprobar los datos oficiales extraídos de los estudios efectuados por el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE) y el Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo de Cataluña (CSDA). Sus propios datos, los datos del Departament d’Educació, confirman un hecho incontestable: los alumnos catalanes tienen graves dificultades para expresarse oralmente y por escrito en castellano con coherencia y corrección. No hay tiempo para entrar en detalles, pero déjenme dejar constancia de algunos datos : el tanto por ciento de los alumnos al final de primaria que alcanzan el nivel básico de léxico, en la redacción de textos, es para el catalán el 96%, para el castellano, el 72%.; en cuanto al nivel de cohesión del 89% para el catalán, del 65% para el castellano; en coherencia, el 93% en catalán, el 54% en castellano; en morfosintaxis, el 88% en catalán, el 55% en castellano. Y no hablemos de la diferencia en el dominio del castellano de los escolares catalanes respecto a los del resto de España. Sería un milagro que si el resto de los escolares en España tiene 25 horas de enseñanza en castellano y los niños catalanes 2(3) horas alcanzaran el mismo nivel. La verdad es otra: muchos niños catalanes no saben hablar y escribir el castellano con corección. Lo ha reconocido el Conseller Maragall en esta Cámara en un momento de lucidez y sinceridad que le honra: los niños de Olot no saben hablar en castellano, ha dicho.

Lo han conseguido, han conseguido que los escolares en Cataluña sean analfabetos funcionales en castellano. ¿Es eso lo que Uds. quieren para Cataluña?

2.- El principio de libre desarrollo de la personalidad (valor supremo y «prius ontológico» en palabras del Tribunal Constitucional, del ordenamiento jurídico) consagrado con carácter general en el artículo 10 CE y de forma específica para el proceso educativo en el artículo 27.2 CE, plantea también un límite pedagógico al sistema de conjunción lingüística o de bilingüsimo integral: que los primeros pasos escolares –que es cuando la personalidad del niño es más frágil– se tengan que dar al calor de la lengua materna. Una inmersión lingüística (forzosa y obligatoria) en el ciclo inicial atentaría contra dicho principio de respeto al libre desarrollo de la personalidad que lleva a la exigencia de la lengua materna. Doctrina que el Tribunal Constitucional asume también en la referida sentencia 337/1994 de forma explícita en su FJ11, al afirmar que: «quienes se incorporan al sistema educativo en la Comunidad Autónoma donde existe un régimen de cooficialidad lingüística han de recibir la educación en una lengua en la que puedan comprender y asumir los contenidos de las enseñanzas que se imparten; ya que en otro caso podrían quedar desvirtuados los objetivos propios del sistema educativo y afectada la plenitud del derecho a la educación que la Constitución reconoce.»

3.- La proporción del empleo como lenguas vehiculares de cada una de las dos lenguas puede variar en función de ese resultado final. Pude darse, así lo admite el tribunal, que la lengua minoritaria sea “el centro de gravedad” del modelo, pero en ningún caso con otro propósito que el de asegurar el resultado mencionado, sin que ello pueda nunca comportar «la exclusión del castellano como lengua docente». Se quebraría esta condición, por ejemplo, en el caso de que una de las lenguas fuera la lengua exclusiva de docencia, relegándose la restante a una mera asignatura. Es absolutamente decisivo que los alumnos reciban la enseñanza conjuntamente en las dos lenguas oficiales y en un estatuto entre éstas (proporción de uso, rango de las materias en que son usadas) no desequilibrado. De fallar este requisito, se precipita la legitimidad constitucionalidad de la fórmula, porque el sacrificio de la libertad de elección lingüística sólo se justifica a cambio del valor de integración, que exige el empleo de las dos lenguas oficiales como lenguas de enseñanza y como lenguas enseñadas.» Justamente lo que hace el aberrante sistema de inmersión lingüística que Uds. han implantado desde año 1993.
¿Cuándo el TC ha avalado la constitucionalidad de un sistema de enseñanza monolingüe, que no asegura el conocimiento igual de las dos lenguas al final del periodo de escolarización obligatoria, que no respeta el principio de enseñanza inicial en lengua materna y que excluye el castellano, la lengua común de todos los españoles, como lengua vehicular o docente? ¿Cuándo? Díganoslo.

CONCLUSIÓN

La propuesta de ley que sometemos a su consideración no ha sido improvisada. Ha sido redactada a la luz de la legislación comparada, de lo legislado en todos los países de tradición democrática con más de una lengua e incorpora los principios pedagógicos establecidos por los más altos organismos internacionales en la materia (UNESCO, UNICEF) y la comunidad científica. Se trata de un modelo lingüístico escolar denominado por la comunidad de científicos como two way inmersion, de inmersión recíproca o de doble vía, un modelo de enseñanza bilingüe efectiva, que a través de diferentes estrategias emplea paritariamente las dos lenguas como lenguas vehiculares.

Pero Uds. lo conocen, o deberían conocer ese sistema, la fórmula para acabar con el desastre actual. Lean sin ir más lejos el artículo de Quaderns d’avaluació. 6, setembre 2006, que publica el Departament d’Eduació i Universitats junto con Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu: «Resultats de l’alumnat que participa en programes de llengua dual [two way inmersion] als Estats Units». Allí puede leerse:

«L’alumnat que participa en programes de llengua dual [inmersión recíproca] arriba a ser bilingüe i bialfabetitzat, a més d’aconseguir un rendiment acadèmic en les àrees de contingut per sobre de la mitjana o en la mitjana », y contribuir muy eficazmente al desarrollo entre los escolares de actitudes positivas hacia la escuela y reducir drásticamente el abandono escolar.

Este es el modelo que recoge la propuesta de ley que sometemos a su consideración. De esta manera se obtiene, se garantiza –largos años de experiencia de aplicación de este modelo así lo acreditan– la obtención de los fines que cualquier persona sensata, cualquier ciudadano de buena fe debería aceptar, que son:

1. Una perfecta biligüización: «els resultats indiquen que tant els alumnes hispanoparlants com els anglo parlants fan progressos excel.lents en les capacitats lectores i d’escriptura en ambdues llengües.»

2. «L’alumnat que participa en programes de llengua dual [inmersió recíproca] obté resultats acadèmics comparables o superiors als de l´alumnat escolaritzat en una sola llengua.»

3. La majoria de l’alumnat del programes de llengua dual no pretén abandonar els seus estudis, tot y pertànyer al grup amb un percentatge més alt de risc d’abandonament escolar.»

Y si lo saben, ¿por qué no lo ponen en práctica? ¿Por qué sostienen de manera recalcitrante un modelo que condena al fracaso escolar, al desconocimiento de la lengua castellana, que vulnera derechos y libertades fundamentales? ¿Es eso lo que quieren para Cataluña?

Arránquense la costra mental nacionalista, como dice el diputado Sr. Ferrán. El gobierno de una sociedad bilingüe si es democrático, si quiere ser verdaderamente democrático, debe considerar como propias las lenguas que hablan los ciudadanos a los que representan o dicen representar; debe garantizar una escuela bilingüe. Dejen de sacrificar las mentes y el futuro de los niños catalanes: la Cataluña que dicen construir es la Cataluña del fracaso escolar, de las desigualdades sociales, la Cataluña del pasado y no la del futuro. Y no invoquen ese alibi de la lengua propia, para justificar lo injustificable. Recurrir a ese concepto, que carece de cualquier fundamento jurídico –a pesar de los ímprobos y vanos esfuerzos de los nacional-juristas–, para autorizar una política discriminatoria y lesiva del derecho de educación, no significa otra cosa que introducir un principio radicalmente iliberal en una sociedad democrática: el de atribuir derechos a la tierra y a los antepasados por encima de las personas, de los ciudadanos.

Por último, nosotros creemos en la democracia, creemos en la deliberación como medio de solución de los conflictos; no hurten a los ciudadanos de Cataluña el necesario debate en sede parlamentaria sobre el modelo lingüístico escolar. El rechazo por la cámara de esta propuesta de ley en el trámite actual la alejaría aún más de los intereses reales de los ciudadanos. Voten a favor de esta propuesta para que el debate se prolongue hasta su conclusión. Votar a favor de la tramitación de la propuesta no es aceptar la propuesta, es aceptar que el debate es necesario. Si rechazan nuestra propuesta en el trámite actual, rechazarán la posibilidad de la deliberación, lo que equivaldría a rechazar la plenitud del derecho de participación de los ciudadanos en la cosa pública que consagra el art. 23.1 de la Constitución Española. Si así lo hacen, tengan la seguridad de que acudiremos a instancias internacionales, al Parlamento Europeo, al Defensor del Pueblo Europeo para que toda la Unión Europea, para que los organismos internacionales conozcan que Cataluña, una sociedad bilingüe, es el único lugar del mundo civilizado en donde se practica ese sistema aberrante que es el trágala de la inmersión monolingüe forzosa; donde se practica la discriminación de los escolares por razón de lengua; donde el supremo objetivo del sistema de enseñanza es la nacionalización identitaria obligatoria de los escolares y no el libre desarrollo de su personalidad
No venimos aquí a crear enfrentamientos, a alterar la convivencia o la paz social; como establece el art. 10 de la CE: «La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.» Porque no hay paz si no hay respeto a los derechos y libertades fundamentales.

Devuelvan las cosas al estado de donde nunca debieron salir. Acepten la enseñanza bilingüe como el único sistema lingüístico escolar democrático en una sociedad bilingüe. Y legislen en consecuencia. Los ciudadanos de Cataluña se lo premiarán.
Muchas gracias.

No rotundo al bilingüismo impuesto
Nota del Editor 21 Diciembre 2007

Hay muchas personas que aceptando el bilingüismo impuesto como un mal menor piensan que estan haciendo un gran favor a sus hijos y compatriotas, y también que de paso se transforman en constitucionalistas porque asumen la nefasta sentencia 337/94 de 23 de diciembre de 1994 por la que el Tribunal Constitucional sancionó como legítimo el modelo de conjunción lingüística o de bilingüismo integral, con un absoluto desprecio por la letra y el sentido de la C.E.

Pero jamás debemos olvidar que el Tribunal (anti) Constitucional interpreta la constitución española en contra de la letra y el sentido común, criterios que los españoles utilizamos en su referendum y por tanto única interpretación válida, por mucho que el TaC  busque la cuadratura del círculo con sus sentencias interpretativas que han dejado la C.E. como un texto absolutamente carente de valor y sentido, salvo para los intereses de los independentistas interesados en conculcar los derechos constitucionales de los españoles, por sus trapicheos con los  (des) gobierno de turno y en contra del sentido de la mayoría de los ciudadanos y votantes y en contra de España.

El Art.3º.1 de la C.E. establece el deber de conocer el idioma español, y no establece el deber de concer lengua regional alguna, y por tanto su imposición, por muchas cuadraturas que quieran circular, es contrario a la C.E. y contrario a los derechos humanos y constitucionales de los españoles. Los que tengan como lengua materna alguna lengua regional, tienen derecho, en la zona regional correspondiente, a disponer de enseñanza infantil en tal lengua, sin olvidar que por el deber constitucional de conocer el idioma español, deben aprenderlo también para poder integrarse en las fases siguientes  de la enseñanza que deberá ofrecerse únicamente en el idioma común español, con la salvedad de las lenguas clásicas (latín y griego) y extranjeras.

Los españoles estamos obligados a movilizarnos contra el Terror
Regina Otaola Libertad Digital 21 Diciembre 2007

Ahora que los terroristas amenazan claramente con atentar “sea donde sea”, hay que recordar a los miembros de las fuerzas políticas, singularmente a los del PSOE, que ya no vale la mera escenificación de la pancarta y las condolencias a los familiares de las víctimas del terrorismo, porque lo que requiere la derrota definitiva de ETA es el acoso permanente a los que la apoyan, legitiman y financian.

Por eso es más necesario que nunca que, como ha perseguido la AVT durante toda la legislatura, los españoles seamos capaces de engrosar masivamente las filas de la rebelión cívica y democrática para poner de manifiesto nuestra voluntad de acabar con ETA sin ceder nada a cambio. Pero esta rebelión ya no depende de partidos ni de asociaciones; depende de cada uno de nosotros porque cada uno debe interiorizar la importancia de implicarse en el proyecto democrático que representa la Nación española.

Ya no basta abstenerse, ni tan sólo limitarse a votar, delegando la responsabilidad en los representantes políticos. Las circunstancias actuales son lo bastante graves como para que cada uno se plantee qué debe hacer, a qué debe atenerse, y qué debe promover en su entorno inmediato para lograr frenar la deriva antidemocrática en la que las peligrosas relaciones de este Gobierno con los nacionalistas están sumiendo al país.

Normalmente uno tiende a creer que su esfuerzo individual no mueve montañas, y que son las grandes organizaciones de masas las únicas que logran una repercusión significativa en la sociedad a través de sus acciones reflejadas por los medios de comunicación. Pero este pensamiento encubre a veces una voluntad de conformarse o resignarse por pereza o impotencia, cuando realmente con tenacidad y convicción todos podemos resultar influyentes en nuestro ámbito de actuación.

En el País Vasco somos muchos los que así pensamos, aunque no nos sentimos precisamente solos porque las difíciles circunstancias en las que nos movemos nos han llevado a organizarnos y, en mi caso, a engrosar las filas de un gran partido como el PP. Pero quiero insistir en la obligación compartida que tenemos los españoles de movilizarnos para plantar cara al Terror, porque la hora lo demanda y debemos ajustar cuentas con los que intentan robarnos la democracia y la Libertad.

Con la esperanza de que finalmente lo consigamos entre todos, no deseo despedirme sin antes desear a los lectores de Libertad Digital y a todos los que hacen este medio unas Felices fiestas de Navidad y Año Nuevo. Nos encontraremos de nuevo en el decisivo año 2008, ojalá que sea el último con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno.

Sospechas en papel de oficio
Florencio Domiínguez El Correo 21 Diciembre 2007

Uno de los muchos documentos intervenidos a la dirección de ETA es una nota elaborada por un dirigente de HB que utilizaba el apodo de Txinparta en sus comunicaciones con la banda y en la que relata el contenido de una entrevista mantenida en 1993 por Joseba Egibar y otras dos personas con dos conocidos dirigentes de Batasuna actualmente en prisión. Egibar y sus acompañantes solicitaron aquel encuentro indignados porque un empresario que había sido secuestrado años atrás estaba siendo objeto de extorsión por la banda terrorista.

«La reunión se endureció, Egibar dijo que la gente de la Mesa Nacional había estado mojada en lo del impuesto -explicaba Txinparta a la dirección de ETA-. Que también ahora estaba seguro de que si se ponía en marcha una operación, que eso no estaría dirigido desde París, sino desde aquí y que por eso ellos llamaban a los de aquí».

Ante un caso de extorsión de ETA, Egibar y sus acompañantes no fueron a protestar ante Mikel Antza, sino ante dos dirigentes de HB, no porque estuvieran más cerca, sino porque los consideraban igual de responsables, tanto que, de ser cierto lo que dice la citada nota, los miembros del PNV amenazaron a sus interlocutores con dar a conocer las implicaciones delictivas de un abogado de la izquierda abertzale.

Lo que acaba de hacer la Audiencia Nacional con la sentencia del sumario 18/98 ha sido poner en papel de oficio las mismas convicciones que tenía Joseba Egibar hace quince años y utilizando como pruebas, entre otras, los documentos que estaban en el mismo archivo que la nota de Txinparta. La sentencia saca las consecuencias jurídicas pertinentes de situaciones como la expresada por el dirigente del PNV a sus interlocutores de HB y a partir de ellas, como corresponde a un tribunal, establece las responsabilidades penales oportunas.

En contra de lo que afirman los nacionalistas, que han vuelto a las viejas prácticas de cerrar filas solidarias frente a todo lo que les parezca represión sin molestarse en atender al fondo del asunto, la persecución legal de todo el entramado de organizaciones no ha sido indiscriminado, sino muy selectiva.

El juez Garzón y la Comisaría General de Información no buscaron la incriminación de todas aquellas personas vinculadas a los grupos satélites de ETA, sino de un reducido grupo de dirigentes, los más implicados en las prácticas que se consideraban ilegales. Si parece que son muchos los encausados es porque son muchas las organizaciones pantalla creadas con el paso de los años, pero basta con pensar cuántos militantes tenía KAS o Jarrai y cuántos han sido procesados. Sólo unos pocos y ninguno por sus ideas, sino porque el tribunal ha estimado que tenían vinculaciones con una organización terrorista.

f.dominguez@diario-elcorreo.com

“Gordo” político de navidad para ZP
Lorenzo Contreras Estrella Digital 21 Diciembre 2007

Acaba de reventar en forma de sentencia todo o casi todo lo que Baltasar Garzón, más policía que juez, había acumulado en el sumario 18/98 contra el entorno de ETA. La Audiencia Nacional estaba preñada de cargos y argumentos cuya expresión final —o parto— es que Kas, Ekin y Xaki formaban parte de las entrañas y el corazón de la banda terrorista. Quinientos años de prisión para cuarenta y siete de los cincuenta y dos encausados constituyen el Gordo político de Navidad que, dos días antes del otro Gordo, le toca a José Luis Rodríguez Zapatero, el mago del llamado diálogo pacificador, artista del fracaso, que tanto necesitaba, con las elecciones generales ya a la vista, un golpe de efecto capaz de enmudecer a todos los críticos de su política antiterrorista.

La tesis garzoniana de que “todo es ETA” hace aflorar la responsabilidad penal de una mafia —no toda— que no necesitaba disparar para que el crimen político organizado funcionase. La dureza del fallo emitido por el tribunal ha merecido esta síntesis valorativa de Gara, expresión del pensamiento de la banda: “El 18/98 se cierra con una condena contundente pero que no explica por qué en la UE y en el siglo XXI se encarcela a ciudadanos que luchan sin armas por la independencia vasca”.

Sin armas. Es como sostener que el capo de una organización mafiosa, disfrazado de entorno legal, nada tuviese que ver con los crímenes ejecutados por sus sicarios. Pero cabe preguntarse si esta sentencia se habría gestado en sus actuales términos si ETA no hubiese asesinado en Capbreton a dos guardias civiles e inmediatamente después no hubiera amenazado con seguir atentando, “sea donde sea” (¿también en Cataluña?), contra las Fuerzas de Seguridad del Estado. Y además si no diese por concluida la tregua-trampa para un horizonte temporal indefinido.

La severa escenificación del juicio celebrado en la Audiencia Nacional, donde el “show” intentado por los etarras quedó abortado por la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, cuando ordenó el fulminante desalojo de la sala, ha formado parte del nuevo clima que el Gobierno, sin duda, impulsa y favorece. El diario vasco Deia, nacionalista duro, ha subrayado ese clima cuando dice en su comentario editorial de ayer que las expresiones utilizadas en la sentencia conforman un razonamiento jurídico “del que emana un grave hedor político”.

El “hedor” se lo puede guardar Deia en su cosecha terminológica. Pero que la sentencia transpira estímulo político por el momento elegido y por la importancia de las condenas impuestas es algo que no sugiere vacilaciones. Lo cual no significa que por encima de lo político deje de existir fundamentación jurídica concebida en línea de pura justicia.

El Gobierno y su partido dirán ahora que la Justicia ha hecho su labor. De acuerdo. Pero siempre que Baltasar Garzón se encuentra en los alrededores de una causa de este linaje se produce normalmente la curiosa circunstancia de que sus investigaciones coinciden con los intereses del Ejecutivo de turno. Investigaciones sumariales que el tribunal de la Audiencia Nacional ha esgrimido como una contundente maza capaz de hacer llegar a ETA en este caso el mensaje de que sus crímenes empiezan a encontrar la debida respuesta.

El entorno etarra condenado, sin que le haya valido tener un pie en la legalidad y el otro “donde cayera”, invita a recordar que ese también es, a efectos políticos y electorales, el caso de Acción Nacionalista Vasca (ANV), de cuyo destino inmediato no se conoce nada que invite a pensar en el castigo de su doble y tolerado juego. O, más que tolerado, propiciado. Y a todo esto, el Gobierno queda sin instar del Congreso de los Diputados la extinción del aval para negociar con ETA. Ha tenido que ser la legislatura la que se extinga.

Juicio sumarísimo
Editorial El Correo 21 Diciembre 2007

El comunicado con que ha reaccionado el Gobierno vasco a la sentencia que anteayer hizo pública la Audiencia Nacional en el conocido como 'caso Ekin' o sumario 18/98 supone una deslegitimación en toda regla de la labor judicial. Tres páginas le han bastado al Gobierno para descalificar las más de mil que el tribunal ha empleado para fundamentar su veredicto. Y, si bien la cantidad no es por sí misma prueba de calidad, asombra la ligereza con que el Ejecutivo se ha apresurado a enjuiciar una sentencia que no ha tenido tiempo material siquiera de leer y, mucho menos, de meditar. De hecho, el comunicado gubernamental, más que una crítica rigurosa y detallada de lo que la sentencia contiene, constituye una acumulación, bastante desordenada, de los juicios y prejuicios que sobre todo el proceso habían venido ya desgranando los partidos del tripartito desde que inició sus sesiones. Podía haberse redactado, por tanto, antes de que se hiciera pública la sentencia. Así, en un juicio en verdad sumarísimo, el Gobierno repite calificativos ya usados para deslegitimar la resolución que van del «encarcelamiento de ideas» a la pena por «delito de opinión», pasando por acusarla de «herir a la democracia», ser «un agujero de excepción», representar un «sumidero de garantías», «retorcer las leyes», «privar injustamente a ciudadanos de su libertad», adolecer de una «clamorosa falta de rigor», «destilar valoraciones políticas», haber sido dictada por «presión política» y constituir «una herramienta de persecución contra ciudadanos incómodos o disidentes». Un cúmulo de descalificaciones que no refleja, ni de lejos, el respeto que debe existir entre las instituciones de un Estado de Derecho cuando se trata de expresar sus discrepancias. Ni siquiera la plataforma de ciudadanos que se constituyó para oponerse a este proceso y que ayer hizo pública su valoración de la sentencia se atrevió a ir tan lejos en el uso deslegitimador del lenguaje.

El Gobierno tripartito, al emitir su comunicado, se ha revestido de la representación de toda la sociedad vasca. Ni ha valorado que son muchos los ciudadanos de este país que están convencidos de que el terrorismo que ETA ha ejercido y ejerce debe su persistencia a ese entramado de colaboraciones y complicidades que la banda ha logrado tejer en torno a sí en muchas parcelas de la vida política, económica, mediática, cultural y social, y que una sentencia judicial acaba por fin de desvelar. Por eso, esos muchos ciudadanos considerarán farisaico y sectario el escándalo de que ha hecho gala su Gobierno y se alegrarán de haber visto confirmadas sus sospechas y convicciones por una resolución judicial de tan importante tribunal.

Una catilinaria
J. M. Ruiz Soroa El Correo 21 Diciembre 2007

Admito de entrada que el Gobierno vasco puede tener razón al impugnar la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el sumario 18/98. Que los tribunales se equivocan en ocasiones es un hecho normal para quienes ejercemos la abogacía, algo que no nos extraña demasiado. ¿Por qué creen que existen varias instancias revisoras en todo proceso judicial? Pues precisamente porque la posibilidad del error judicial está institucionalizada en el Estado de Derecho, está asumida como un dato inevitable de todo sistema judicial. Y más aún debe admitirse esa posibilidad cuando se trata de un asunto situado en los márgenes oscuros y vidriosos del fenómeno terrorista, en los que a veces es difícil deslindar las opiniones y suposiciones personales de los hechos probados. Un ámbito en el que los jueces de la Audiencia Nacional adoptan con demasiada frecuencia una actitud que podríamos definir más como justiciera (hacer justicia al precio que sea) que como jurídica propiamente dicha (el respeto al debido proceso).

Ahora bien, aun admitiendo que el Gobierno vasco pudiera tener inicialmente razones para impugnar la sentencia, la lectura de su declaración institucional invalida de inmediato su crítica. ¿Por qué? Pues porque se trata de una soflama que está tan recargada de términos descalificatorios (herida, sumidero, agujero, retorcimiento, injusticia, excepcional, insoportable, nerviosa, lesiva, clamorosa, irregularidades manifiestas y notables, herramienta persecutoria, indignación, etcétera) como huera del más mínimo razonamiento de fondo. El Gobierno habla 'ex cathedra', las cosas son como él afirma, sencillamente, porque lo afirma él. El Gobierno no pierde el tiempo en intentar demostrar o convencer a sus lectores. Habla para su grey, para quienes están convencidos de antemano de sus afirmaciones.

Lo malo de la soflama (si dejamos de lado su defectuosa gramática y peor retórica) es la posición que ya de partida asume el Gobierno vasco. La del sempiterno victimismo que el nacionalismo vasco parece incapaz de superar: así, resulta que los jueces no se equivocan, los jueces conspiran contra los ciudadanos vascos; los jueces no yerran, sino que están cargados previamente de mala intención; los jueces no cometen desaciertos, sino que están teledirigidos desde las sombras por el poder político (impagable la referencia a Aznar como 'deus ex machina' del proceso); los jueces prevarican, penalizan las simples opiniones y encarcelan a los ciudadanos incómodos o disidentes. Vamos, que los vascos vivimos en un estado de excepción permanente en el que somos encarcelados sólo por respirar. Es tan desmesurada esta crítica, es tan desaforada la proclama, que pierde por su solo enunciado cualquier credibilidad. Es una retórica propia de la época de las asambleas universitaria antifranquistas, no de este momento y, menos aún, de una institución pública que, por definición, nunca debería caer en la tentación de travestirse de mitinero antifascista.

La Audiencia Nacional ha construido, mejor o peor, una sentencia de mil folios, con una densa y compleja exposición de hechos y fundamentos jurídicos. Al Gobierno vasco le han bastado tres folios para tildarla de monstruosidad jurídica, sin necesidad de razonar lo más mínimo su opinión. Seguro que el Gobierno dispone de competentes servicios jurídicos que podrían haberle preparado un análisis pormenorizado de esos mil folios. Pero no le hacen falta, porque él habla desde eso que llama su «convicción moral» y su «conciencia»: un ámbito éste en el que las afirmaciones no hay que fundamentarlas, sino sólo sentirlas. No hay nada más cómodo que instalarse uno mismo en el olimpo de las convicciones morales de la conciencia: desde allí se puede sermonear a placer, porque al Zeus de turno no se le exigen razonamientos ni pruebas. Sólo la adecuada dosis de patetismo histriónico, como esa que remeda a Cicerón: «¿Hasta dónde se pretende llegar?», se pregunta el Gobierno vasco en una mala imitación de las catilinarias («¿Hasta cuando abusarás de nuestra paciencia?»).

Y lo peor, como siempre, la inevitable dosis de equilibrismo pseudo ético entre el terrorismo etarra y la persecución de los radicales. Si usted no grita también cuando condenan a estos pobres ciudadanos, pierde la legitimación para gritar cuando le peguen un tiro. Porque, para el Gobierno vasco, ambas son violaciones de derechos equiparables entre sí, gracias a lo cual sólo él y nadie más que él se encuentra en la posición ética perfecta: nosotros lo condenamos todo, dice. Aunque pudiera decir mejor: nosotros lo confundimos todo, para que así desaparezca cualquier criterio moral efectivo.

La única duda que me queda, después de releída su declaración, es la de si el Gobierno vasco es simplemente un histrión escaso de recursos, o más bien hay una finalidad soterrada y menos noble en su soflama: la de ponerse al frente de la manifestación y acopiar para su molino a tanto radical desilusionado como anda suelto por la plaza. Pero, bueno, le concedo el beneficio de la duda, ese que él no concede a los tribunales.

Nada del «entorno» de ETA: su corazón y sus entrañas
Roberto Blanco Valdés La Voz  21 Diciembre 2007

Eso declaró ayer probado la Audiencia Nacional sobre KAS, Saki y Ekin en la sentencia que culmina el proceso contra lo que, eufemísticamente, se llamaba el «entorno» del grupo terrorista.

El histórico pronunciamiento judicial marca un punto y aparte en la larga lucha del Estado democrático contra la sanguinaria banda criminal. En primer lugar porque condena a la inmensa mayoría de los acusados en el sumario instruido por Garzón (525 años de cárcel para 47 de los 52 procesados a los que se refiere la sentencia). Y, además, porque demuestra judicialmente lo que era políticamente una trágica evidencia: que los grupos satélites de ETA son ETA a todos los efectos, pues sin ellos los pistoleros no hubieran podido hacer del terror un instrumento efectivo para lograr, tras esa negociación que constituye su único objetivo, reivindicaciones de otro modo inalcanzables.

Pero, más allá de sus decisivos efectos inmediatos, la sentencia de la Audiencia supone un rotundo mentís a la política del avestruz practicada por los partidos e instituciones españolas frente al más grave ataque que ha sufrido, desde 1977, nuestra convivencia en paz y en libertad.

¿Pues de qué forma, sino como política del avestruz, puede calificarse la practicada durante años por partidos e instituciones frente a ese llamado entorno de ETA sin el cual ETA no hubiera podido subsistir?

La teoría que justificaba esa indolencia institucional y partidista, rayana en ocasiones en la pura responsabilidad por omisión, consistía en afirmar que una convicción política no equivale a una verdad jurídica (lo que resulta indiscutible) ni puede transformarse en una verdad judicial, lo que acaba de demostrarse una palmaria falsedad.

Una convicción política no puede convertirse en una verdad judicial si quienes tienen la obligación de hacer todo lo legalmente posible para ello (jueces y fiscales, policías y altos mandos policiales) se quedan de brazos cruzados esperando que los criminales decidan un día por las buenas volver al camino recto y dejar de delinquir.

La sentencia de la Audiencia lo prueba así de un modo concluyente, pues evidencia que cuando, tras las elecciones de 1996, esa indecente indolencia fue sustituida por un impulso político claro y decidido para acabar con todos los frentes que hacían de ETA una descomunal empresa criminal (el internacional, el financiero, el juvenil, el mediático), ese llamado entorno comenzó a resquebrajarse.

Por eso resulta sangrante que todavía hoy escuchemos afirmar al Gobierno, a cuenta del PCTV y ANV, lo que durante años se decía a cuenta de Batasuna, KAS o Ekin: que no hay pruebas contra ellos. La Audiencia acaba de demostrar que hay pruebas... si se buscan.

Una pesadilla de cuatro años
Pablo Sebastián Estrella Digital 21 Diciembre 2007

Se ha terminado la peor legislatura desde el inicio de la transición. Ha sido como un mal sueño, una larga pesadilla donde se han trivializado, por parte del Gobierno y de la presidencia de Zapatero, asuntos fundamentales para la convivencia e identidad nacional provocando fracturas innecesarias que, tarde y mal, se han intentado rectificar a medida que se acerca el tiempo de las elecciones. Y que la oposición de Rajoy ha sido incapaz de compensar con una respuesta razonable y razonada, y ajena al espectáculo de la bronca callejera y mediática que ha servido, entre otras cosas, para poner en clara evidencia la falta de liderazgo y equipos del PP, y cansar a los ciudadanos con la escenificación de una trifulca que poco o nada tiene que ver con sus primeras inquietudes y necesidades, consiguiendo que la sociedad civil y la opinión pública haya permanecido alejada de todo lo que se consideraban cosas de los políticos.

No cabe la menor duda de que la responsabilidad de lo ocurrido la tiene el presidente Zapatero y su escasa preparación y bagaje político, intelectual y moral, lo que le ha permitido adentrarse, por impulsos un tanto infantiles y temerarios, en pantanosos territorios como los de la negociación con ETA y la reforma territorial del Estado. Donde ha cosechado rotundos fracasos y ha dejado abierta la puerta de nuevos atentados terroristas y de la escalada soberanista de vascos y catalanes los que, crecidos y convencidos de que el 9 de marzo no habrá una mayoría importante para gobernar este país, están a la espera de aumentar los desafíos, una vez que conocen la debilidad de los primeros dirigentes del PSOE y del PP en la política nacional.

Y es, ese horizonte de influencia nacionalista —donde tampoco habitan líderes del primer nivel—, el que nos anuncia que la crisis de la legislatura que se acaba todavía puede empeorar, salvo que en el PSOE y el PP, unos dirigentes que no se ven por ninguna parte, se decidieran a poner y punto final —por ejemplo con un gobierno de gran coalición— al gran jolgorio nacionalista que, además, carece del suficiente apoyo de sus propios ciudadanos, como lo han demostrado las últimas consultas celebradas en Cataluña y en el País Vasco. Comunidades en las que se ha desatado una carrera hacia la independencia, y en el caso de Euskadi con el agravante de la formación de un frente nacionalista que incluye, además de PNV y EA, a Batasuna y a ETA, al margen de la legalidad nacional. Algo que nunca hubiera sido imaginable si Zapatero no hubiera legalizado ANV y puesto en los altares a Otegi como “un hombre de paz”, y “protegido” al asesino De Juana Chaos al que se presentó como persona favorable al ya fracasado “proceso de paz”.

De todo esto y que en CiU se hable de autodeterminación e independencia, mientras ERC —el partido que lo ha envenenado todo— sigue imponiendo su ley en la Generalitat y en Madrid, solo hay un responsable, Zapatero, con el apoyo de su Gobierno y su partido, el PSOE, los que ahora estiran sonrisas, dicen que han rectificado y aprendido la lección y hacen como si no pasara, o no hubiera pasado, nada. Lanzando a los cuatro vientos una gigantesca campaña de propaganda gubernamental —la que habían prometido no hacer nunca—, con la que piensan borrar la memoria de los que han entendido el desastre y la involución —democrática, también— de estos cuatro años.

En ello y bajo el mandato de Zapatero han pasado otras cosas como ataques a la figura del Rey, una caótica política exterior —que se burla y condena a los Estados Unidos mientras agasaja a Chaves y Gadafi—, y un regreso al pasado de la Guerra Civil y a tiempos de enfrentamiento que ya creíamos en la Historia y que, gratuitamente y sin venir a cuento, como lo de ETA y los Estatutos soberanos, insolidarios y desiguales en derechos y deberes, se ha puesto sobre la mesa para luego intentar cerrarlo con prisas, mal y sin contentar a nadie, ni al propio PSOE.

La economía bien, por el impulso de la bonanza expansiva, pero con serias señales de alarma ante las que nadie sabe qué hacer, y con la intervención directa de la presidencia del gobierno en la grandes empresas privadas, y por supuesto en las públicas y siempre a su favor, o como moneda de pago y cambio para las minorías nacionalistas. De la gestión catastrófica de las infraestructuras a manos de la reprobada ministra Álvarez, poco se puede añadir a lo que ya han dicho hasta los propios aliados del PSOE.

Y el retablo de las maravillas españolas se completa con la aportación del Partido Popular y sus vociferantes y desprestigiados portavoces, de los que presume Rajoy como capitán y que han perdido cuatro años encadenados a las mentiras de los atentados del 11M y de la guerra de Irak, paseando por las calles la bandera de España como si fuera algo particular, y jaleando en la calle y, a medias con la Conferencia Episcopal, los ataques al Monarca, conspiraciones varias y el España se rompe, exageración sin fundamento que frivoliza y desacredita las que fueron críticas razonables del PP. Un partido sin liderazgo ni equipos de gobierno que tiene su cuota parte de responsabilidad por lo ocurrido en los pasados años y que, víctima de sus carencias, no tiene expectativas de poder ganar unas elecciones que, en cierta manera, el PSOE les había puesto en bandeja con lo ocurrido en esta legislatura que acaba de terminar.

Kosovo, jugar con fuego
José Javaloyes Estrella Digital 21 Diciembre 2007

Es para suscribir la posición del Gobierno español, opuesto en el caso de Kosovo a las declaraciones unilaterales de ruptura. Recuerdo a este propósito una conversación mía con el desaparecido Francisco Fernández Ordóñez, entonces ministro de Asuntos Exteriores, a propósito de un comentario mío contra la independencia de una de las partes de lo que hasta entonces había sido Yugoslavia.

El modo como había terciado el Vaticano a favor de aquella operación, por la condición católica de la parte segregada, no había suavizado el rechazo de cuantos opinamos - católicos o no – en contra de aquello. Unos por unos motivos y otros por otros, principalmente por el efecto reflejo que ello tendría en otros Estados nacionales europeos, dentro de los cuales pulsaba también el centrifuguismo, bien que sin la radicalidad del caso balcánico.

Las repercusiones de aquello en la política española no se hicieron esperar. Desde el nacionalismo catalán y desde el nacionalismo vasco saltaron a la palestra para homologar sus pretensiones separatistas con los desanclados del Estado yugoslavo, al igual que ante lo sucedido con Estonia, Letonia y Lituania; distinto caso, porque estas tres naciones venían de la anexión pura y dura que había hecho con ellas la Unión Soviética.

Rusia se opone ahora dentro y fuera del Consejo de Seguridad. Ha hecho una cuestión de principio la defensa de la posición serbia, históricamente sincrónica por cuestiones de coherencia en términos de compartida cultura religiosa ortodoxa. Pero existen otras consideraciones de obligada reflexión.

Unas, de alcance global y ligadas a la doctrina wilsoniana, de apoyo a los nacionalismos todos, con independencia de su calado y entidad real. Esa doctrina inspiró de consuno, por parte norteamericana y por parte europea —principalmente de Inglaterra y Francia— el desmantelamiento, tras de la Primera Guerra Mundial, del Imperio Austrohúngaro (una de cuyas resultantes fue la creación de Yugoslavia) y del Imperio Otomano, cuyas consecuencias —también reflejadas en lo que fue Yugoslavia— se cuentan en miles y miles de muertos en las guerras y conflictos internos en los propios Balcanes y dentro del Oriente Medio.

Y otras consideraciones, resumibles en el apuntado efecto rebufo de la segunda disgregación estatal en los Balcanes dentro del juego sórdido de los nacionalismos catalán y vasco, que parasitaron la Constitución de 1978 y que ahora pulsan, pujantes, con los vuelos que les dio la política de este mismo Gobierno español que ahora, a fecha establecida para las elecciones del 9 de marzo, disiente de la postura occidental y endosa la firmeza rusa frente a la secesión de Kosovo.

Lo de menos en este cuadro es que Putin haya sumado la cuestión de Kosovo a su discrepancia creciente con la política exterior y de defensa de Estados Unidos y de la Unión Europea. Lo de más, desde una lectura española en el problema del Kosovo, es que se deba interpretar como un aliento colateral para los separatistas españoles. Así se lo decía al entonces ministro de Asuntos Exteriores, por las mismas razones que ahora me llevan a suscribir la posición oficial de España.

ZP perpetró la última tropelía de la legislatura y saldó la deuda del ‘no a la guerra’

El PSOE pide la hora
Editorial ABC 21 Diciembre 2007

EL Gobierno pudo, finalmente, eludir el veto del Senado a los presupuestos generales de 2008, pero la mayoría absoluta que reclutó entre minorías y tránsfugas no va a impedir que las cuentas presenten un desfase de más 200 millones de euros, fruto de compromisos económicos de última hora que no fueron incorporados en la Cámara Alta. El epílogo de esta legislatura, al menos en el terreno parlamentario -pues las Cámaras serán disueltas a mediados de enero-, ha sido agónico para el PSOE, porque ha llegado a él improvisando sus apoyos, viviendo al día, pidiendo la hora, sin una estrategia clara de gobierno y saltando de una minoría a otra, en una subasta de votos realmente lamentable. La obtención de una mayoría parlamentaria se ha convertido en cada votación en un banco de pruebas en el que el Gobierno tenía que pasar por el aro que le ponía la minoría de turno. Obviamente, el resultado de ayer en el Congreso es un alivio para los socialistas, pero sin eficacia real para cambiar el estado de opinión de los ciudadanos. El saldo de la legislatura no es el que refleja esa mayoría de retales tejida por promesas de última hora del PSOE, sino el pesimismo que los españoles han acumulado en estos tres años y ocho meses de Gobierno socialista, como se constata en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dependiente del Ministerio de Presidencia. Basta comparar los datos del estudio de abril de 2004 con los de octubre de este año -el primero y el último, hasta ahora, publicados con el PSOE en el Gobierno- para comprobar la evolución del pesimismo sobre la situación política y económica, que duplica y hasta triplica las opiniones emitidas al comienzo de la legislatura, y no sólo sobre la situación de cada momento sino también, y esto es lo peor, a un año vista.

El actual aluvión de publicidad institucional es buena prueba de la necesidad que siente el Gobierno de convencer a los españoles de aquello que éstos no ven por sí mismos. El optimismo antropológico, como santo y seña del mandato de Rodríguez Zapatero, no parece ser más fuerte que el empecinamiento de los hechos. Un repaso a los principales frentes de la acción de Gobierno confirma las razones por las que los españoles muestran tan escaso aprecio por la situación política y económica que cierra este mandato. La economía familiar está sufriendo claramente los efectos de la inflación de productos básicos, del encarecimiento de las hipotecas y, sobre todo, de la incertidumbre ante un futuro que aún se pronostica peor para el empleo y el crecimiento económico. La política social del Gobierno no ha alcanzado un punto apreciable de estabilidad ni en el terreno constitucional -con las principales leyes pendientes de recursos ante el Tribunal Constitucional-, ni en sus resultados, como el trágico balance de muertes por violencia machista, o la insatisfactoria implantación del sistema de dependencia. En el ámbito exterior, el Gobierno de Rodríguez Zapatero tiene el triste mérito de haber debilitado la posición de España en todos los foros internacionales, sumiéndolo en la mediocridad diplomática y en la indiferencia de los grandes actores de la comunidad internacional. La política antiterrorista no se endereza en la vertiente de la unidad democrática, pues, a pesar de los avances notables de la lucha policial, el mandato se cierra sin consenso con el PP, con la tacha -ética y política- de una negociación clandestina con ETA y con la izquierda proetarra anclada, por una irresponsable decisión política del Gobierno, en las instituciones democráticas vascas.

El Estado autonómico está muy lejos de alcanzar el nivel de estabilidad que prometió Rodríguez Zapatero, a bombo y platillo, cuando llegó al poder. El experimento confederal del «estatuto catalán» está pendiente de un hilo en el TC, Ibarretxe ha renovado su embestida soberanista y los socios independentistas del PSOE aceleran sus propuestas más radicales -también Carod-Rovira ha anunciado un referéndum en Cataluña para 2014- aprovechando la debilidad del Gobierno. Después de casi cuatro años de haber marginado al PP en todo lo fundamental, sólo el PSOE es responsable de esta situación crítica, que se ha transmitido a instituciones básicas del Estado, como el TC. Esta descabellada idea de Zapatero de que podía refundar el Estado a su gusto, ignorar los consensos constitucionales y rehacer la Historia para legitimar su plan revisionista -paso imprescindible para, a su vez, deslegitimar a la derecha-, ha sido la columna vertebral de una legislatura dirigida por un gobierno que no ha estado a la altura de España.

Zapatero, canon digital
Federico Quevedo El Confidencial 21 Diciembre 2007

“¿Quieres ser actor o actriz? Nosotros te subvencionamos y tú te encargas de arruinar las salas de cine españolas. La subvención te la aseguramos mediante el canon de la SGAE. Feliz Navidad. Gobierno de España”. Tan peculiar felicitación navideña me llegó ayer bajo el epígrafe de “publicidad con cargo a impuestos” a mi correo electrónico. El mismo día en el que el Gobierno de Rodríguez cometía la última de sus tropelías de esta legislatura que ya, por fin, termina. Tarde, es verdad, pero a tiempo de cara a las elecciones, el PP se ha sumado al sentido común y es la única esperanza que nos queda si los consumidores queremos que los ladrones de la SGAE dejen de robarnos cada vez que adquirimos un CD-DVD-impresora-MP3-móvil-pendrive-etcétera bajo la hilarante argucia de considerarnos a todos criminales en potencia. Ya dice el refrán que cree el ladrón que todos son de su condición, y de ahí el canon digital.

Rodríguez ha aprovechado los últimos días de esta legislatura para saldar una cuenta que tenía pendiente. El martes, el Gobierno estableció los porcentajes del canon e incluyó nuevos artilugios digitales en la lista de objetos que los españoles compramos con el único objetico de acabar, de una vez por todas, con la ‘cultura española’. Y ayer consiguió engañar de nuevo a los chicos de CiU, que se venden por un plato de lentejas, y enviar un mensaje a sus amigos de la pancarta: habrá canon mientra haya ZP. Se lo debía. Gracias a la pandilla de impresentables del ‘No a la Guerra’ Rodríguez ganó las elecciones, porque si estos no hubieran sensibilizado a una buena parte de la sociedad contra el fascismo que cabalgaba imparable a lomos del caballo de Pavía-Aznar, los atentados del 11-M no hubieran tenido la repercusión que tuvieron a la hora de manipular la conciencia colectiva. Es decir, Rodríguez es presidente gracias a Bardem & Co. No lo duden.

Y llegaba el final de la legislatura y la factura vencía. ¿Cómo hacerla frente? Con el canon. Ya tienen lo que quieren, es decir, fondos a mansalva –más de cien millones de euros previstos para 2008- para seguir financiando no se sabe qué, porque una de las cosas más deleznables de todo esto es la absoluta falta de transparencia en algo que, por el hecho de ser una imposición universal, debería estar sujeta a las mismas leyes de transparencia que cualquier otro impuesto. Porque de eso se trata, de un impuesto, pero de un impuesto revolucionario cobrado con la colaboración del Gobierno de España. ¿A que de eso no hace publicidad Rodríguez?: “Pague usted el canon o le enviamos a Pilar Bardem a la puerta de su casa. Ministerio de Industria. Gobierno de España”. Y, además, es inconstitucional, porque lo es la doble imposición y porque la Constitución defiende el derecho de todos a la presunción de inocencia y en el canon subyace el argumento de la presunción de culpabilidad. Así que, gracias a Rodríguez, cuando utilicemos una cámara digital para hacer unas fotos de nuestro retoño, o de la novia, y las pasemos a un pendrive y de ahí a un móvil para enviárselas a un amigo o al padrino del bebé, y luego a un CD para descargarlas en el ordenador de la oficina, le estaremos pagando una pasta a Bardem & Co.

Este es el fondo de la cuestión y no otro: sacarle las castañas del fuego a una industria en baja forma y que pierde dinero a raudales. Como por la vía de la subvención es imposible hacer frente a la crisis del cine, porque no habría presupuesto que lo aguantara, entonces pasémosle el marrón a los consumidores. Detrás del canon lo que hay, de verdad, es una mafia de autores y productores dispuestos a sangrarnos las carteras para poder seguir haciendo bodrios bajo el eslogan de ‘cultura española’. Pero, oiga, donde está la cultura española, ¿en las tetas de Maribel Verdú en Lisistrata, en el lenguaje barriobajero y tabernario de Segura en Torrente o en los cientos de ejemplos de cutrez casposa y nauseabunda con que inundan nuestras salas de cine por imposición gubernamental? Dicen los autores, en un manifiesto, que las descargas de internet atentan contra la cultura española... Pues será en sueños, porque el 90% de las descargas de cine en internet está en inglés, es decir, corresponde a cine americano y a música del otro lado del Atlántico. Y que va a hacer la SGAE, ¿va a enviar el 90% de lo que recauda a Hollywood? ¿A que no? ¿Y por qué tengo que pagar yo a la SGAE española por bajarme Spiderman 3? ¡Ah, ya! Porque los amigos de Rodríguez escondieron su incompetencia detrás de una pancarta, la del ‘No a la Guerra’, que les dio mucho juego y les permitió muchas prebendas. Pero esta se lleva la palma.

Derechos subjetivos y derecho de pernada
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 21 Diciembre 2007

Nuestro Tribunal Constitucional, tiene entre sus funciones, creo, el salvaguardar nuestra Constitución y que no hayan leyes, disposiciones, decretos y similares que se la salten. Lo que no sabía era que entre sus misiones estaba la de controlar la calidad del salto de la Constitución y dictaminar si el salto se salta la Constitución sin salirse de la Constitución. No me explico pero lo tengo claro. Eso de que todos somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos resulta que no era tan así, que depende, que bueno no es como parece, en fin que tenemos los mismos derechos fundamentales pero no los mismos derechos subjetivos y mucho menos los no fundamentales.

Esto de los derechos subjetivos me traía de cabeza hasta que he caído en la belleza sutil de la grandeza del descubrimiento del Constitucional. Yo creo que aun sabiendo que eso del derecho subjetivo es pregunta de examen en la carrera de derecho que no sabría responder, creo que lo que quiere decir es que serían plenamente constitucionales las siguientes leyes y disposiciones autonómicas.

Generalidad de Cataluña. Ley de derechos subjetivos de los catalanes.
Artículo 1. Todo catalán tiene derecho a considerarse más guapo que cualquier otro ciudadano de cualquier otra comunidad autónoma.

Artículo 2,. Cataluña será considerada a partir de la fecha como la madre patria de los Países Catalanes

Artículo 3. Todo catalán, por el hecho de serlo tiene derecho a tener la convicción de que cualquier cosa que pase en su país nación que salga mal, le disguste, fastidie, reviente o le siente mal es culpa del opresivo gobierno del Estado español en Madrid.
Etc.

Andalucía. Ley de derechos subjetivos de los andaluces.
Artículo 1. Todo andaluz tiene derecho a considerarse más guapo que cualquier otro ciudadano de cualquier otra comunidad autónoma
Etc.

Esto lleva creo yo a situaciones conflictivas que harán que el Tribunal Constitucional se dedique a dilucidad si cualquier andaluz es más guapo que cualquier catalán o viceversa.

En fin, mucho rollo macabeo pero la realidad es otra, hay derechos fundamentales, como el derecho a recibir educación en la lengua materna que no son fundamentales para nuestro Tribunal Constitucional y aquí no pasa nada.

Yo creo que esto lo que permite es la reinstauración del derecho de pernada autonómico con todos los matices que se quiera, pero al final lo que nuestro Tribunal Constitucional va elaborando es lo que yo llamo la España como jaula de grillos. No es que esté mal el vivir en una jaula de grillos, tiene sus estímulos, como el de poder andar por la jaula como un Pepito Grillo con derechos subjetivos reconocidos.

NOTA: asumo que no tengo ni repajolera idea de lo que es el derecho subjetivo, y eso que me he leído mucha literatura jurídica, creo que mas de 10 líneas, pero como creo que tengo el derecho subjetivo a opinar sobre el derecho subjetivo pues eso.

Y conste que los murcianos somos más guapos que loa adefesios catalanes y que los deslucidos andaluces.

EPILOGO: si quien lea esto se pregunta qué he intentado manifestar, que no me lo pregunte porque ya que tengo el derecho subjetivo a soltar mamarrachadas se podría considerar esto como el simple ejercicio de mi derecho subjetivo ese.

Documentación.
Artículo de El País. “El Constitucional admite que se tengan distintos derechos en cada autonomía”

El Constitucional admite que se tengan distintos derechos en cada autonomía
El tribunal rechaza el recurso de Aragón contra el estatuto valenciano
JULIO M. LÁZARO - Madrid El País 21 Diciembre 2007

El Tribunal Constitucional ha declarado que la redacción del artículo 17.1 del Estatuto de Autonomía de Valencia, que establece el derecho de los valencianos a gozar de una cantidad de agua de calidad suficiente y acceder a la redistribución de caudales de cuencas excedentarias, no supone un a imposición al Estado, puesto que manifiesta respeto a la Constitución y a la legislación estatal.

Pero la verdadera relevancia de la sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Elisa Pérez Vera, radica em que establece la importante doctrina de que los estatutos de autonomía pueden establecer en los distintos territorios "derechos subjetivos" diferentes de los derechos fundamentales que establece la Constitución.

El tribunal desestima el recuso de inconstitucionalidad que interpuso Aragón contra el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana por entender que el precepto establecía un derecho subjetivo de los valencianos al margen de al Constitución y la ley y admitía posibles transferencias de caudales hídricos entre cuencas sin tener competencia para regular ese tema.

El Constitucional, sin embargo, ha entendido que "los ciudadanos residentes en los distintos territorios autonómicos pueden estar sometidos a regímenes jurídicos diferenciados" y consecuentemente, "tener derechos diferentes" en materias de competencias exclusivas de las comunidades autónomas.

La sentencia interpreta que el artículo 139.1 de la Constitución ("Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado") se refiere a los "derechos fundamentales", pero "no impone la uniformidad absoluta respecto de los derechos constitucionales" no fundamentales. Es decir, las comunidades autónomas pueden establecer sus propias "políticas diferenciadas" en materias de su competencia (por ejemplo, en sanidad, agricultura, comercio o consumo) y al hacerlo, determinan diferentes regímenes jurídicos en cada una de ellas, con los efectos consiguientes sobre los ciudadanos de su territorio.

Por tanto, el artículo 139.1 no impide al legislador autonómico la regulación de determinados principios "que atribuyan verdaderos derechos subjetivos a los ciudadanos" y, por tanto, los estatutos pueden contener "enunciados de verdaderos derechos públicos subjetivos dotados de eficacia jurídica directa".

Estos derechos estatutarios pueden variar de unas comunidades a otras según los establezcan las diferentes asambleas legislativas, pero siempre "con sometimiento a los límites constitucionales". Es decir, no pueden quebrantar el régimen jurídico unitario de los derechos fundamentales que la Constitución reconoce y garantiza a todos los españoles.

Al abordar el artículo 17.1 del estatuto valenciano, lo primero que el tribunal determina es que el derecho al abastecimiento de agua y a los sobrantes de las cuencas excedentarias no puede ser incluido en el ámbito de los "derechos fundamentales y libertades públicas".

El tribunal explica que debe tenerse en consideración "el contexto" en que el precepto se formula, y que cita a los valencianos y valencianas en su condición de "ciudadanos españoles y europeos" titulares de derechos incluidos en diversos instrumentos jurídicos que vinculan a los poderes públicos valencianos. Así, el artículo 17.1 del estatuto, "aunque formalizado en su dicción como derecho, se sitúa en la órbita de las directrices o mandatos dirigidos a los poderes públicos valencianos".

En suma, el derecho al abastecimiento "constituye un objetivo marcado a los poderes públicos valencianos, lo que sitúa al precepto recurrido en el ámbito del Estado Social y Democrático de Derecho previsto en la Constitución".

En cuanto a que el estatuto valenciano no puede regular cuestiones que exceden de su propio acervo competencial, la sentencia dice que el citado artículo 17.1 proclama que el derecho al agua de calidad en cantidad suficiente y la transferencia de caudales excedentarios se somete a la "legislación del Estado", de manera que alcanzarán "la cualidad concreta que les otorgue aquélla".

"El precepto impugnado no supone, pues, imposición alguna al Estado en los términos en que se redacta, ni, obvio es decirlo, tampoco podría hacerlo".

El tribunal concluye significando que, aunque las competencias de las comunidades autónomas se ejercen dentro de los límites de su territorio, no puede excluirse que sus actuaciones produzcan efectos extraterritoriales.

Sin embargo, aunque las actuaciones de los poderes públicos valencianos puedan generar, fuera de su territorio, algún tipo de perturbación en las competencias de otras comunidades, "el respeto que manifiesta el artículo 17.1 hacia la propia Constitución y la legislación estatal no permite aseverar que los alegados efectos tengan necesariamente que concretarse".

De la sentencia han discrepado todos los magistrados del bloque conservador, excepto el vicepresidente Guillermo Jiménez.

En líneas geneales, todos discrepan de la "poca claridad" del texto. Vicente Conde Martín de Hijas se queja de la "difusa distinción" entre validez y eficacia de los estatutos cuando pueden entrar en colisión con leyes orgánicas. Javier Delgado Barrio entiende que el precepto cuestionado carece de virtualidad jurídica, "lo que excluye la inconstitucionalidad", pero discrepa de que la sentencia no contenga un fallo interpretativo. Roberto García-Calvo entiende que la Constitución no prevé que los derechos puedan ser un contenido de los estatutos, salvo los reconocidos por la Constitución, como los lingüísticos, y añade que la interpretación del artículo 139. 1 de la Constitución "supera la que se había dado hasta ahora". Ramón Rodríguez Arribas discrepa de que en los estatutos de autonomía quepan declaraciones de derechos y en su caso derechos subjetivos.

Cinco vocales tildan de «ambigua» la primera sentencia del TC sobre un Estatuto
NATI VILLANUEVA ABC 21 Diciembre 2007

MADRID. «Creo que sería más respetuoso con el legislador estatutario decirle que ha pretendido establecer un derecho subjetivo de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana que no cabe en el Estatuto porque no está incluido en los aislados supuestos en los que lo permite la Constitución». El argumento que el vocal Ramón Rodríguez Arribas expone en su voto particular contra la sentencia en la que el Pleno del TC rechazó la semana pasada el recurso del Gobierno de Aragón contra un artículo del Estatuto Valenciano, resume el sentir de los otros cuatro magistrados que se opusieron a que dicho precepto -relativo al derecho de los valencianos a recibir agua de cuencas excedentarias- fuera declarado constitucional.

Todos ellos (el bloque conservador del TC salvo el magistrado Guillermo Giménez) coinciden en que al tratarse del primer Estatuto de Autonomía que el Pleno del TC abordaba deberían haberse fijado las «líneas maestras» de Comunidades Autónomas y Estatutos, de forma que hubiera quedado «claro», cara al «futuro» (en alusión a los textos catalán y andaluz), que las distintas Autonomías no pueden hacer declaraciones de derechos subjetivos de los ciudadanos que en ellas residen.
Y es que el debate sobre la admisión a trámite del recurso del Ejecutivo aragonés contra el artículo 17.1 del texto valenciano suponía algo más que un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del precepto en cuestión. Era necesario, según reconoce uno de los vocales en su voto particular -dado a conocer ayer junto con los otros cuatro y la resolución del Pleno- que la sentencia hubiera sentado precedente sobre lo que puede o no puede regular un Estatuto de Autonomía, que ha de estar siempre sujeto a la Constitución y a las leyes.

Por ello, más que el artículo cuya constitucionalidad estaba en juego, lo que realmente se tenía que haber hecho, dicen fuentes jurídicas, era no dar alas a la admisión de declaraciones de derechos como las contenidas en concreto en el Estatuto catalán, cuyos recursos, lejos de cuestionar un artículo concreto, afectan a 150 que los recurrentes consideran inconstitucionales.

Uno de los aspectos que los magistrados discrepantes con la mayoría coinciden en criticar es que sus siete compañeros hayan respaldado que la capacidad que la Carta Magna reconoce a los Estatutos de Autonomía para ordenar la organización y funcionamiento de sus Cámaras legislativas tiene efectos en los ciudadanos, lo que determina «la posible existencia de verdaderos derechos subjetivos». En este sentido, la sentencia sostiene que nada impide que el Estatuto de Autonomía, «al atribuir competencias que han de ejercer los poderes públicos autonómicos, les impongan, de modo directo, criterios o directrices para su ejercicio (...)». Según el Pleno, «lo relevante es que dichos mandatos estén conectados con una materia atribuida como competencia por el Estatuto y que, aunque vinculen efectivamente a los poderes públicos de la Comunidad Autónoma, «necesitarán de la competencia normativa que le es propia, de manera que el principio de derecho enunciado carecerá de justiciabilidad (sin) directa hasta que se concrete su régimen jurídico, pues sólo entonces se configurarán los consiguientes derechos subjetivos de los ciudadanos (...)». Dicho de otro modo, los Estatutos no pueden establecer derechos subjetivos en sentido estricto, sino «directrices, objetivos o mandatos a los poderes públicos», que se encargarán de que los mismos tengan eficacia.

Respecto a esta afirmación dice el vocal Roberto García-Calvo que la Constitución no prevé que los derechos «deban o puedan ser un contenido de los Estatutos de Autonomía, salvo los reconocidos constitucionalmente, como ocurre con los lingüísticos». No cabe, pues, la atribución, por parte de un texto autonómico, de ningún derecho que afecte en exclusiva a los ciudadanos que residen en una región específica, por cuanto supondría atentar contra el principio constitucional de igualdad y solidaridad entre todos los españoles.

Sin embargo, la sentencia, que desarrolla de forma profusa el papel que los Estatutos de Autonomía juegan en el ordenamiento jurídico español, aunque no en la forma en la que lo habría querido el sector conservador del TC, parte de la base de que los Estatutos «pueden asumir libremente competencias, completando así el espacio que la propia Constitución ha dejado desconstitucionalizado, para lo que han de realizar una cierta operación interpretativa».

Sostiene, además, que los poderes públicos de una comunidad autónoma, en este caso la valenciana, deben garantizar la prestación de servicios a los ciudadanos que residen en esa región, y en este sentido, es obligación del gobierno autonómico garantizarles la prestación de agua (la de las cuencas excedentarias del Ebro; de ahí el recurso de Aragón). Así, recuerdan que entre las materias asumidas por la Comunidad Valenciana figura la de «aprovechamientos hidráulicos, canales y riesgos cuando las aguas discurran íntegramente dentro del territorio» de esa Autonomía.

Los magistrados consideran que el precepto que se pretendía impugnar se ajusta a la Constitución. De la lectura del artículo «no se desprende -dicen los jueces- que haya de producirse ningún privilegio económico o social para la Comunidad Valenciana, máxime cuando el precepto atiende a que se habrán de tener en cuenta para la modulación del derecho los «criterios de sostenibilidad» del recurso hidráulico, lo cual se acomoda a los criterios propios del principio de solidaridad».

Educación
Objetores a Ciudadanía, suspendidos en la primera evaluación
J. F. La Razón 21 Diciembre 2007

pamplona- La Plataforma Navarra Educa en Libertad denunció ayer que «han llegado las notas de la primera evaluación y hay alumnos suspendidos de padres objetores a Educación para la Ciudadanía, lo que significa una falta de respeto total hacia el derecho constitucional de la libertad ideológica y la libertad de conciencia», aseguró su responsable, Teresa Jaurrieta, quien añadió que la asesoría jurídica de la plataforma se está planteando acciones judiciales.

Navarra Educa en Libertad presentó ayer un centenar de nuevas objeciones de conciencia a la asignatura. Estas nuevas objeciones vienen a sumarse a las otras 200 presentadas en octubre pasado. Según la plataforma, si se suman también las presentadas en los colegios navarros, el número de objeciones acumuladas supera ya las 425.

Los objetores también votan
La plataforma ha presentado también una carta dirigida a Miguel Sanz, presidente de Navarra, en la que expone «la necesidad de que el Gobierno foral dé una respuesta positiva a las objeciones». Jaurrieta criticó que «los poderes públicos están demostrándonos que no escuchan la voz de la calle y que sólo están preocupados por su campaña electoral, sin darse cuenta de que los padres objetores también votan».

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