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Recortes de Prensa    Domingo 23 Diciembre   2007

ETA y el travestismo político
EDITORIAL Libertad Digital  23 Diciembre 2007

Tras prestar oídos sordos a los informes policiales que indicaban que tras el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) se escondía Batasuna, en las últimas 48 horas se ha producido un aparente cambio de actitud tanto del Gobierno como de su juez favorito, el otrora azote de ETA Baltasar Garzón.

El viernes, el juez de la Audiencia Nacional daba a conocer la presunta colonización de la denominada “izquierda abertzale” por ETA a través de una militante de Batasuna. La noticia no es nueva, pues existen datos anteriores que demuestran la vinculación de varios miembros de la banda terrorista con PCTV y ANV.

Por otra parte, el uso por parte del juez del término “colonización” para describir la relación entre estos partidos y ETA parece un sarcasmo o una broma de mal gusto. El hecho de que un miembro de la mesa nacional de Batasuna esté a sueldo de PCTV y que ANV le rinda cuentas no se puede calificar sino de sumisión y dependencia, las mismas que existen entre la otrora legal Batasuna y la banda terrorista. La insistencia de Garzón en eximir a estas organizaciones políticas de cualquier contaminación de origen sólo puede obedecer a la ignorancia, hipótesis harto improbable, o al intento de salvaguardar su legalidad a la espera de lo que decida el Gobierno.

A la extrañeza que producen las contradicciones e incoherencias de Garzón hay que sumar la engañosa afirmación hecha ayer por el Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que en pocas horas ha pasado de referirse respetuosamente a la “izquierda abertzale” a indicar que el Gobierno no consentirá que ETA “tenga en una mano la pistola y en otra la política”. Una aseveración que no pasa de la pura retórica, pues no parece que se vaya a traducir en medidas concretas destinadas a poner fin a situaciones como la denunciada por el juez de la Audiencia Nacional el día anterior.

Mientras tanto, los proetarras han iniciado una nueva campaña de provocaciones al estado de Derecho con el encadenamiento de cinco prófugos de ETA a la sede del PNV en Bilbao y el encierro de varias personas nada menos que en la catedral de San Sebastián. Unos hechos gravísimos a los que Rubalcaba debería reaccionar de forma clara, rotunda y convincente, si es que pretende que la ciudadanía tome sus palabras como algo más que una nueva muestra de simulación e impostura.

A tres semanas de la disolución de las Cortes y bajo la amenaza cierta de nuevos atentados de ETA, el Gobierno y sus jueces afines continúan jugando a la indefinición, la doblez y al más burdo travestismo político, consistente en decir una cosa hoy y la contraria mañana, y hacer siempre lo mismo, en este caso nada. No parece probable que de aquí a las elecciones generales oigamos hablar de la izquierda aberzale, o que Paxti López se descuelgue con nuevas declaraciones defendiendo el diálogo con los terroristas como el único camino hacia la paz y la libertad. Tal vez el azar produzca nuevas detenciones de terroristas coincidiendo con la convocatoria de elecciones o la celebración de los debates entre el líder del PSOE y Mariano Rajoy. Incluso sería posible que el Fiscal General del Estado incoara proceso de ilegalización contra los brazos políticos de ETA, algo que no implica necesariamente que no puedan presentarse a las elecciones.

Farsas y sombras chinescas aparte, lo único cierto es que Rodríguez Zapatero y los suyos actúan como si la democracia española estuviera en deuda con los terroristas, y no lo contrario. El macabro baile de máscaras del Presidente del Gobierno con los máximos enemigos de la libertad debe terminar. Y si no, que al menos no se prolongue más allá del nueve de marzo.

Descubiertos
EDITORIAL EL Correo 23 Diciembre 2007

La comparecencia pública protagonizada ayer por Pernando Barrena y algunos líderes históricos de la izquierda abertzale, llamando a responder a la «guerra declarada» por el Gobierno contra la misma, hubiese quedado en una mera expresión de patetismo si los términos empleados no se asemejaran tanto al contenido amenazador del último comunicado de ETA. Tal coincidencia no es casual, sino el resultado de una relación orgánica largamente trabada que preserva el dictado absoluto de la banda terrorista sobre todo cuanto se mueve a su alrededor. Al Estado de Derecho corresponde identificar y tipificar los ilícitos que pudieran darse en la actuación de tan compleja e impenetrable trama. Pero a estas alturas resulta cínico o demagógico considerar, por ejemplo, que los indicios que han llevado al juez Garzón a dictar auto de prisión contra la dirigente de Batasuna Marije Fullaondo resultan circunstanciales. La acendrada convicción de que ETA es el núcleo fundacional y dirigente de una vasta red de organizaciones que se han ido sucediendo y solapándose a lo largo de los treinta últimos años se basa precisamente en la acumulación de indicios análogos en la percepción colectiva de dicha amenaza.

Desde que ETA anunciara públicamente la ruptura del alto el fuego declarado en marzo de 2006, tanto en sus escritos como a través de sus portavoces intermediarios, ha tratado de justificar su postura habida cuenta del demostrado propósito de los «Estados español y francés» de acabar con el independentismo. De nuevo un argumento falaz y dispuesto para incautos seguidores del fundamentalismo etarra trata de eludir la intransferible culpabilidad de quienes pretenden quebrar la naturaleza democrática de nuestro sistema de convivencia mediante la imposición de postulados minoritarios a través del asesinato. Por eso mismo, resulta deplorable que cuando desde el Estado de Derecho se intentan desbaratar las redes que dan cobertura a la perpetuación de la amenaza terrorista surjan, desde las filas democráticas del nacionalismo o desde Izquierda Unida, posiciones que a su vez brindan cobertura a los encubridores de la dictadura etarra.

Ocasión perdida en el TC
Editorial ABC 23 Diciembre 2007

EL futuro del Estado autonómico no está más despejado tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana. La división interna del TC -siete magistrados a favor y cinco en contra- es un mal precedente para futuros recursos contra Estatutos de autonomía, pues, al margen de cuál sea la orientación de sus decisiones, es importante que éstas se encuentren ampliamente respaldadas. Por otro lado, la división interna de los magistrados sobre una cuestión aparentemente menor -como la declaración de un «derecho al agua» atribuido a los valencianos- demuestra que al proceso de reformas estatutarias que se ha realizado en esta legislatura le ha faltado reflexión y análisis jurídico. Además, es la prueba de que el consenso entre los dos grandes partidos -como el que respaldó la reforma del Estatuto valenciano- no es condición bastante para garantizar absolutamente la constitucionalidad de una ley.

Dicho esto, no hay motivos suficientes para pensar que esta sentencia sobre el Estatuto valenciano es una especie de vacuna para salvar, por vía interpretativa, el Estatuto catalán. Podría serlo, pero para poder afirmarlo habría que hacer un arriesgado juicio de intenciones. Desde la primera hasta la última página de esta sentencia, los magistrados han tenido el ojo puesto en el nuevo Estatuto de Cataluña. Tal es su relevancia. En este sentido, hay importantes declaraciones en la sentencia que enmarcan los límites de decisión de los recursos de inconstitucionalidad contra ese Estatuto. El TC reitera que la autonomía se integra en el principio de unidad nacional, que la legitimación del Estado autonómico nace de la Constitución y no de situaciones o derechos «históricos» anteriores a ella y que, en definitiva, los Estatutos están subordinados a la Norma Fundamental. La aplicación de estos principios al Estatuto catalán deberá producir efectos anulatorios en cadena.

El asunto conflictivo que analizó el TC en relación con el Estatuto valenciano fue la constitucionalidad o no de incluir derechos subjetivos en un Estatuto y, en concreto, el alcance del artículo 139 de la Constitución. Es este punto en el que la mayoría que apoya la sentencia se expresa con un razonamiento alambicado y, por momentos contradictorio, cuya finalidad parece ser la creación de una doctrina que permita dosificar, sin compromisos previos, el juicio de inconstitucionalidad que, a buen seguro, habrá de merecer el Estatuto de Cataluña. En efecto, para el TC, los Estatutos de autonomía «no pueden establecer por sí mismos derechos subjetivos en sentido estricto, sino directrices, objetivos o mandatos a los poderes públicos autonómicos». Esta afirmación, sin embargo, no sirve de base al TC para zanjar la cuestión como debería corresponder al tenor literal del artículo 139 de la Constitución -y negar de raíz la constitucionalidad de incluir derechos subjetivos en los Estatutos-, sino para ofrecer un escape interpretativo -que a su vez será fuente de nuevos problemas- de modo que el Alto Tribunal sustituye la anulación de esos derechos estatutarios por su reconversión en principios rectores de la actuación de los poderes autonómicos. El problema es que esto no siempre es lo que dicen o permiten los nuevos Estatutos. El de Cataluña incluye un sistema propio de derechos subjetivos políticos con órganos propios de protección de tales derechos. Por eso, en la sentencia del TC falta un pronunciamiento claro sobre aquellos casos en que el Estatuto sí quiere introducir un catálogo de derechos subjetivos de naturaleza política y con efectos vinculantes.

Los cinco votos particulares coinciden en señalar que un estatuto de autonomía no es una norma hábil para declarar derechos subjetivos. Estos magistrados discrepantes demandaban una respuesta general, no interpretativa, a un problema que incide directamente en la relación entre Estado y Autonomías y, en otro plano, entre ciudadanos y su régimen constitucional de derechos y libertades. Realmente esto es lo que debía haberse resuelto ahora, pero en su lugar se ha construido una doctrina, respetable y argumentada, pero que traslada a las espaldas del TC la responsabilidad no tanto de juzgar la constitucionalidad de los Estatutos que aún penden ante el Alto Tribunal, sino de subsanar por vía interpretativa -como si se tratara de la segunda vuelta de un partido- las inconstitucionalidades perpetradas por los legisladores de los nuevo textos autonómicos. El TC no es una tercera cámara parlamentaria, es un tribunal que ha de velar por la Constitución, no por evitar un sofocón al Gobierno o a la oposición.

Es la hora del guardián de la Constitución
José Antonio Portero Molina La Opinión 23 Diciembre 2007

Cuando el Defensor del Pueblo y cincuenta diputados del PP presentaron sendos recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña, los recurrentes fueron objeto de las críticas más duras por parte del nacionalismo catalán y del socialismo catalán y español. Críticas políticamente legítimas, se compartan o no, pero jurídicamente sin apoyo alguno porque los estatutos de autonomía, como cualquiera otra norma con rango de ley, son recurribles ante el Tribunal Constitucional. No debería ser necesario decir esto, porque está dicho de modo implícito en la Constitución y expresamente en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, pero parece conveniente recordarlo porque opiniones influyentes y respetadísimas pugnan por convertir en injustificable el control de constitucionalidad sobre aquellas normas.

Sea el Estatuto una ley orgánica, una "falsa ley orgánica" o una ley orgánica especial, resulta evidente que se trata de una ley y, en consecuencia, se encuentra subordinada a la Constitución, sea cual fuere su contenido y sea cual fuere el procedimiento seguido para su reforma. El estatuto es una norma subordinada a la Constitución aunque forme parte del llamado "bloque de constitucionalidad"; aunque sea una norma que complemente la Constitución porque es en el estatuto, en efecto, donde se fijan las competencias e instituciones de la comunidad autónoma, entre otras cosas; aunque sea una norma que el legislador estatal no puede reformar unilateralmente y aunque su reforma haya sido ratificada por el electorado catalán. Nada de eso hace del estatuto una norma superior ni igual a la Constitución, aunque la distinga o eleve sobre el resto de las normas del ordenamiento.

Y esa es la cuestión: si el estatuto está subordinado a la Constitución, es necesario que alguien pueda decirnos si en alguno de sus contenidos no ha sido respetuoso con ella, con la norma que es superior a todas las demás. Y no hay duda de que ese alguien es el Tribunal Constitucional, el guardián de la Constitución. Ni el Rey, ni el Parlamento de Cataluña, ni las Cortes españolas ni el electorado catalán lo son. Negar que el Estatuto desarrolla la estructura territorial del Estado es negar la evidencia, pero negar que en ese desarrollo el Estatuto tiene que moverse dentro del marco constitucional también lo es. La Constitución no contiene el entramado institucional de una comunidad autónoma, ni las competencias que asumirá cada Estatuto. Por no decir no dice ni qué comunidades hay. En ese sentido es cierto que la Constitución "desconstitucionaliza" la estructura territorial del Estado. Pero la Constitución establece unas limitaciones y exigencias mínimas que el estatuto no puede ignorar. Por eso es recurrible ante el Tribunal Constitucional y por eso ha sido bueno que el Estatuto de Cataluña fuera recurrido. Hay que disipar las dudas acerca de si ha respetado o no esas limitaciones y exigencias mínimas.

Comparto la idea de que el Tribunal no es quien debe definir la estructura territorial del Estado. Eso corresponde a los actores políticos, gobiernos, parlamentos, electores. Creo también que, en esta ocasión, la política ha echado sobre el Tribunal una carga disparatadamente pesada porque, en efecto, los dos recursos contra el Estatuto catalán, densísimos, exigen del Tribunal una sentencia tan omnicomprensiva, tan totalizadora que equivaldrá casi a una definición de la estructura territorial del Estado. Es cierto que resulta lamentable haber colocado al Tribunal en esta situación, pero, así las cosas, dos conclusiones me parecen irrefutables. Primera, que los actores políticos que aprobaron la reforma son los que han provocado la difícil situación en la que se encuentra el Tribunal y con él todo el sistema constitucional. No podían pretender que el Defensor y el PP se estuvieran de brazos cruzados. Segunda, que el Tribunal tiene la obligación de decirnos si el Estatuto es o no inconstitucional porque es el guardián de la Constitución contra cualquier agresión jurídica, venga esta de donde venga, sin excepciones, y porque, si no lo hiciera, estaría reconociendo que los estatutos pueden reformar la Constitución cuando, en realidad, lo que están haciendo es vulnerarla.

José Antonio Portero Molina es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de A Coruña

Los años sin excusa
IGNACIO CAMACHO ABC 23 Diciembre 2007

POCO bueno se puede decir de una legislatura que concluye con el visible alivio de un presidente del Congreso al que su propio partido despide por no ser lo bastante sectario. Lo más positivo resulta precisamente eso: que se acaba. Y que ojalá se hayan acabado con ella los aventurerismos políticos, los revisionismos revanchistas, los experimentos de ingeniería social, los cordones sanitarios en torno la oposición, los bramidos intempestivos, las improvisaciones «como sea», las algaradas parlamentarias, las comisiones vindicativas, los debates trabados en la enormidad dialéctica, las miradas al pasado, las rupturas deliberadas de consensos básicos, los procesos de paz emprendidos con temeridad de aprendices de brujo. Pero no; existe un riesgo serio de que toda esta furia insensata, este encono divisionista, esta concordia malversada, este ruido estéril, se prolongue más allá del final de un mandato salpicado de descalabros colectivos y esperanzas arruinadas. Sólo que después de marzo no habrá excusas, ni modo de ampararse en la sorpresa.

Muchos de los ciudadanos que hace cuatro años decidieron de buena fe apostar por un cambio de Gobierno, sacudidos por la convulsión emocional del 11-M o cansados de la impronta soberbia de la última etapa aznarista, lo hicieron confiados en el perfil de sensata conciliación moderada que José Luis Rodríguez Zapatero había ofrecido en su faceta de líder opositor. La decepción que ha sobrevenido a no pocos de ellos tiene su causa en el repentino adanismo con que el presidente se ha manejado como si pretendiese refundar la política española, en su visible falta de claridad y pulso ante los conflictos de gravedad abiertos con imprudencia por él mismo, y también en su temeraria bitácora de pactos con los nacionalistas más radicales y el izquierdismo más rancio. Todo eso, más el insólito proyecto de aislar y estigmatizar a una derecha que constituye desde la Transición el pilar alternativo del bipartidismo, ha generado una crisis de confianza nacional, agudizada por la frecuente hostilidad destemplada de la oposición y la deriva insolidaria de unos soberanistas que sin el menor reparo han exprimido la debilidad compulsiva del Gobierno. El resultado ha sido una legislatura desabrida, hosca, áspera, que ha reabierto numerosas heridas ya cicatrizadas en la memoria del país, ha sembrado dudas sobre la solvencia del Estado en tiempos confusos y, sobre todo, ha generado o reavivado una discordia entre los españoles inédita desde la restauración democrática.

Pero ya no ha lugar a la extrañeza ni al asombro. Este período desdichado tiene la propiedad colateral de cerrar la coartada de la ingenuidad o del desencanto. A partir de ahora no caben desengaños; hay que elegir. Optar por un cambio de rumbo en busca de la recomposición del acuerdo nacional fracturado o persistir a sabiendas en el marasmo histórico. Es la ventaja de la democracia: el fracaso por primera vez es error, y por segunda, empeño.

Un PNV sin salida
GERMÁN YANKE ABC 23 Diciembre 2007

La sustitución de Josu Jon Imaz por Íñigo Urkullu al frente del PNV tiene más paradojas que novedades políticas. Las novedades hubieran venido, más bien, de la evolución interna que Imaz podría haber puesto en marcha y que, por el momento, ha quedado frustrada. Imaz, ciertamente, no es menos nacionalista que Urkullu, ni menos nacionalista que Egibar, su adversario declarado. Concebía simplemente que no convenía ni había necesidad alguna para que su nacionalismo tuviera que ir de la mano de ese otro, violento y totalitario, que se ha ido construyendo en torno y dentro de ETA.

El PNV, a lo largo de decenios, ha sostenido con hipocresía que, con ETA y la Izquierda Abertzale, le separaban «los medios», pero no «los fines», que sería la independencia. La distinción entre fines y medios, como si en política aquellos no estuvieran directamente implicados con los medios, es una contradicción ideológica en un partido que dice ser democristiano, pero también es una contradicción política y moral, porque el terrorismo está en la entraña de ETA y sus secuaces y la dictadura totalitaria es su fin principal.

El único modo de coincidir en «los fines» es aceptando en la práctica los de la banda, que es a lo que se acerca el Plan Ibarretxe y sus hijuelas y la deriva en la que el PNV se embarra una y otra vez para conseguir una mayoría nacionalista que de otro modo no consigue lograr.

Imaz, a su modo, quería romper esa trayectoria aunque los objetivos del PNV se dilataran en el tiempo. Convencido de que la colaboración con Batasuna lleva a fines que no pueden ser los del PNV, optó por lo que, con retórica particular, se dio en llamar «acuerdos transversales», es decir, con no nacionalistas (en concreto, durante su presidencia, con el PSOE): un trayecto más lento, pero un fin distinto del totalitarismo batasuno. Su dimisión y los pactos y cambalaches en el PNV para que Iñigo Urkullu, que parecía de su cuerda, le suceda han dado al traste con esa posible novedad.

Xabier Arzalluz explicó, con la clara rudeza con la que suele hablar, que había dos sectores en el PNV: quienes querían entenderse con los socialistas y quieres pretendían hacerlo, para formar una mayoría nacionalista, con Batasuna. Él estaba, añadía, con estos últimos. La paradoja es que Arzalluz, que en otro tiempo fue el valedor de Josu Jon Imaz (del que pronosticaba que llegaría a ser lehendakari), siempre fue más que receloso -con encono y sarcasmo- de Urkullu. Su proyecto, el del Arzlluz de hoy en día (el de su antiguo adversario Egibar también), no podía llevarse a cabo con Imaz, pero puede retomarse con Urkullu.

El PNV sostiene cada día con menor éxito su apariencia de moderación, a lo que contribuye la debilidad del Gobierno de Rodríguez Zapatero que necesita su apoyo a cambio de prebendas. Fuera de ese territorio, se suma, rompiendo las resistencias de Imaz, a los dictados de Ibarretxe, al entendimiento con Batasuna, al enfrentamiento abrupto -con la Audiencia Nacional de trasfondo- con el Estado de Derecho, a la defensa del entramado terrorista, etc. Es una «colaboración» en la que el PNV no consigue ni imponer el nombre de Euskadi para el sucedáneo de selección de fútbol, que se llamará, al estilo batasuno, de Euskal Herria. Tampoco la colaboración -o la entrega- para conseguir la tregua de 1998 supuso rédito alguno para el PNV y mucho menos para su tradicional proyecto político, pero cuando uno se pone en manos de Batasuna, que es ETA, pierde su razón de ser.

Y va camino de perder, a trancas y barrancas, incluso su razón de ser meramente estratégica. En las últimas elecciones municipales y forales el PNV se dio un solemne batacazo en los territorios dominados por el sector de Egibar y sólo salvó los papeles en Vizcaya, el feudo de Imaz. La «mayoría nacionalista», con Batasuna dentro, juega en contra del PNV aunque juegue a favor de las ensoñaciones totalitarias de Ibarretxe, Arzalluz y Egibar en las que, aunque le pese, ha quedado atrapado Urkullu. Unos han abandonado el viejo PNV para no romper la unidad con Batasuna, otros para no romper la unidad del partido.

El riesgo de este PNV es que, perdiendo la centralidad (esto es, la posibilidad de dar carta de naturaleza a los «acuerdos transversales» de Imaz), pierda los votantes. Unos, desencantados por su deriva. Otros, como ya ha ocurrido en Guipúzcoa y Álava, porque prefieren apoyar, en esa mayoría nacionalista, a los que en ella llevan la voz cantante. Lo de Urkullu, además de paradójico, puede ser histórico.

Un combate desigual
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 23 Diciembre 2007

En una entrevista publicada el sábado quince en el «El País», Pedro Solbes dijo dos cosas interesantes. La primera, es que repetiría como ministro a condición de que no se hagan las cosas sin preguntarle antes lo que piensa. La segunda, es que los tiempos venideros pintan regular, y que se va a necesitar a un tipo con experiencia para sortear los baches. Solbes no empleó estas palabras, pero el fondo de sus declaraciones vino a ser el que acabo de resumirles un poco a quema ropa.

Solbes es un técnico competente que no ha tenido ocasión de ejercer su pericia por entero. No sólo se ha visto obligado convivir con una Oficina Económica del Presidente que atendía directamente a los deseos del que lo puede todo en La Moncloa, sino que se ha enterado a toro pasado de medidas cuyo importe en euros no es desdeñable. Tal ha ocurrido, por ejemplo, con el cheque-bebé, anunciado por Zapatero en pleno debate sobre el estado de la Nación. El anuncio constituyó una primicia en el sentido riguroso del término, tanto, que el primer sorprendido fue Solbes. Se comprende que el ministro desee sorprenderse menos. Lo del cheque-bebé, sin embargo, es un asunto menor al lado de las complicaciones que ha introducido el estatuto catalán. A él se refirió expresamente nuestro hombre hacia el final de la entrevista. Reproduzco sus palabras al pie de la letra: «... pensé que era mejor un acuerdo más político y menos formal que el estatuario. Aunque tomemos el Estatuto como una obligación del Gobierno, al final es el Parlamento el que fija las inversiones del Presupuesto. No discuto la razón por la cual se ha buscado un compromiso con Cataluña a siete años: es más, la defiendo. Mi preocupación es más la cuestión formal».

Solbes ha incurrido aquí en un eufemismo extremo. Lo del Estatut ha sido una calamidad por tres conceptos al menos. El primero, es que es gravísimo que el Gobierno se haya sentido obligado por una ley cuya constitucionalidad es muy dudosa y está pendiente de lo que resuelva el Alto Tribunal. El segundo, es que asistimos al primer caso, un caso que causará precedente, en que una ley orgánica cuya iniciativa corresponde a una Comunidad Autónoma, determina al conjunto de la Nación. El tercero nos remite a la célebre figura del «sudoku», acuñada en tiempos por el propio Solbes. Lo que éste quiso decir entonces, es que nunca se podrá cuadrar el Presupuesto sumando las exigencias de las distintas comunidades, o sólo se podrá cuadrar en el supuesto de que se trate a unas conforme a lo que piden, y a las restantes, según lo que sobre.

Este dilema dibuja, desgraciadamente, un infierno político y administrativo, sea cual fuere el partido nacional que ocupe La Moncloa. El primer brazo del dilema nos aboca a una prórroga automática e indefinida del Presupuesto; el segundo, a una explotación de unos territorios por otros. Los explotadores no tendrían por qué ser siempre los mismos. Imaginen que uno de los grandes partidos se fragmenta en unidades regionales que intentan combinar sus intereses oriundos con su presencia en el Congreso de Diputados. Asistiríamos a ofertas múltiples para reunir una mayoría parlamentaria, ofertas cuyo móvil único sería la entrada a saco en el dinero público y la acumulación de poder en los territorios. Cualquiera de los escenarios es fatal para la gobernación del país.

¿Por qué se limita Solbes a hablar de cuestiones «formales», quitando hierro al contenido auténtico de su reflexión? Una respuesta posible, es que no es, exactamente, un hombre de rompe y rasga. Otra, que habla suave ahora para ser firme más tarde, si los dados ruedan a favor de su partido y éste se alza con el triunfo en las elecciones.

Personalmente, no estoy muy seguro de la firmeza prospectiva del ministro. En parte, porque no sé por qué habría de ser firme en el futuro si no lo ha sido en el pasado. También, y esto es más grave, porque mucho de lo que ha sucedido tiene muy difícil remedio. ¿Cómo echar abajo un Estatut que el Gobierno ha consagrado en la práctica y que todas las fuerzas políticas de Cataluña, salvo el PP, consideran intocable? ¿Y cómo evitar que hasta el más tonto aprenda a hacer relojes?
Solbes ha equilibrado con expresiones de grave consternación las demasías de su presidente. Mientras uno hacía, el otro gesticulaba. Ha sido -volvería a ser- un combate desigual.


¿Ahora el centro?
Javier Zarzalejos El Correo 23 Diciembre 2007

El pasado mes de abril, Ricardo Montoro, catedrático de Sociología y ex presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, publicaba un detallado estudio bajo el título 'Voto, ideología y centro político'. De su análisis, el autor concluía que «sin duda alguna, el PP es el partido más centrado en estos momentos y el que tiene más posibilidades de hacerse con un mayor número de votantes de ese espacio ideológico». En más de una ocasión he sido testigo de cómo esta afirmación, a pesar del rigor con que Montoro la explica, era recibida por audiencias ilustradas con incredulidad o displicente escepticismo. Pero he aquí que unas semanas después, en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas, José María Maravall, otro sociólogo, pero éste socialista y ex ministro de Educación con Felipe González, alertaba a su partido de la sólida posición del Partido Popular en el segmento central del electorado y del fracaso de la estrategia socialista consistente en provocar la radicalización del Partido Popular. Maravall no escatimaba críticas al PP pero advertía de que los beneficios de esa estrategia han sido «más que dudosos» para el PSOE ya que «es este partido el que pierde más apoyos en el centro (en una escala ideológica de 1 a 10, sobre todo en la posición 6, abrumadoramente ocupada por el PP). Por tanto, aunque pueda resultar paradójico -concluía Maravall- la radicalización del PP no le enajena apoyos del centro».

Sin embargo, la tesis no debía estar asentada entre los socialistas. Al menos esa era la impresión que daba la confianza del PSOE en su victoria en las elecciones de mayo en las que aseguraban que el PP pagaría por sus pecados de crispación. Tales expectativas no se cumplieron. El PSOE perdió las elecciones y desde entonces el Gobierno de Rodríguez Zapatero y su partido no han hecho otra cosa que dedicarse a borrar las huellas de los tres años anteriores en el poder. Es decir, el 'proceso de paz' no ha existido y en Cataluña, como dijo Rodríguez Zapatero, no hay un nuevo Estatuto sino una reforma del de Sau.

El escenario ha debido cambiar tanto que en estos últimos días fuentes de toda solvencia tratándose del Gobierno están explicando el giro al centro que sus asesores han aconsejado al presidente. Al parecer, los estrategas de La Moncloa han detectado un amplio segmento de votantes a los que denominan 'electores sin ideología' -¿por qué se resisten a aceptar que son 'de centro'?- en donde el PP supera a los socialistas en 5 puntos. La razón que se alega es que en esos territorios electorales Rodríguez Zapatero se ha ganado una imagen de radical de izquierdas -dejémoslo sólo en radical- que, por otra parte, el presidente, hasta ahora, se ha esmerado en cultivar.

Así que el partido de la 'derecha extrema', clerical y jurásico es a la vez el partido mayoritario del centro. Qué raro. Algo no encaja: o centro o radicalización. La aparente paradoja de Maravall tiene una alternativa, sin duda discutible, pero más razonable a la vista de los ardores centristas que ahora sufre Rodríguez Zapatero. ¿Y si en vez de dar por supuesta la radicalización del PP no consideramos que la verdadera radicalización se sitúa en el Partido Socialista? Al fin y al cabo, este partido y el gobierno al que apoya no se han privado de llevar al debate público ninguno de los temas más divisivos que podía encontrar, en cada uno de los cuales ha sostenido, a la vez, las posiciones más extremas. Tanto es así que Rodríguez Zapatero pasó en poco tiempo de ser una esperanzada referencia para la izquierda europea en declive a ser visto como un caso poco atractivo de activismo izquierdista.

Cuando el actor Federico Luppi -creo recordar que fue él- convocó a formar un 'cordón sanitario' que aislara al PP, en vez de la descalificación de este partido, ofreció sin quererlo la clave de la política socialista de esta legislatura. No hay duda de que esta política, convertida inevitablemente en el motor de la radicalización, ha gustado a una parte importante de la clientela política del Partido Socialista, en otros ha causado cierta preocupación pronto atenuada por el disfrute del poder y en los menos ha generado algo parecido al vértigo, el temor al vacío y a tener que arrepentirse en el futuro de sus silencios de hoy.

La búsqueda del centro perdido por el Partido Socialista deja maltrecha 'la crispación' como instrumento de interpretación universal de la política española de estos años. Es innegable que la confrontación política ha sido extremadamente dura, ha estado cargada de tensión y de un reiterado fracaso a la hora de proponer y alcanzar acuerdos productivos. Nada de eso es deseable y se ha cobrado su precio en forma de muestras inequívocas de hartazgo entre los ciudadanos. Pero no es esa la crispación que creo desmentida sino ese otro concepto de 'crispación' transformado hábilmente por los socialistas en un relato para deslegitimar el papel de la oposición en un sistema democrático parlamentario. Hacer de la 'crispación' el sinónimo de oposición al Gobierno socialista y sus socios ha sido una gran elaboración propagandística que ha tenido una receptividad mediática rentable en términos tácticos para sus autores.

Sin embargo, parece mucho más discutible que esa receptividad haya llegado a la audiencia más centrada del Partido Popular que era el objetivo del mensaje consistente en atribuir en exclusiva al PP la causa del áspero clima político. Tal vez porque esos ciudadanos han tenido presente que quien ha venido acusando a los populares de 'crispar' la vida política, por su parte, se ha dedicado a hacer contribuciones tan poco balsámicas como el férreo pacto de gobierno con los nacionalistas más radicales, la negociación política con ETA-Batasuna, la aceptación institucional de un partido al cincuenta por ciento terrorista y al cincuenta por ciento legal, el rechazo a un acuerdo para la regulación jurídica de las uniones homosexuales por el expreso deseo presidencial de que tuvieran la condición de matrimonio, o la impugnación del pacto constitucional que culminó la Transición democrática.

Para su pretendido ajuste centrista el PSOE necesita tiempo y credibilidad y de los dos anda ya escaso. El problema para Rodríguez Zapatero no es tanto corregir los errores de la política que ha seguido sino algo mucho más difícil, como es superar sus propias limitaciones como dirigente. Toda una legislatura de 'free rider', de viajero sin billete subido a una prosperidad heredada, ha permitido a Zapatero desplegar su irrefrenable capacidad para generar conflictos, su gusto por arreglar lo que no estaba estropeado, esos instintos que siempre le han engañado, ya fuera cuando aconsejaba a sus colegas europeos prepararse para la victoria de John Kerry en Estados Unidos o cuando aseguraba el abandono etarra. Ahora, en puertas de las elecciones generales, cuando las cuentas parecen andar muy justas, Rodríguez Zapatero se vuelve a una parte de los diez millones de españoles a los que hace cuatro años declaró prescindibles a la hora de decidir sobre temas vertebrales para la convivencia. Confía, según dicen, en la virtud contemplativa de Pedro Solbes y el patrioterismo oportunista de José Bono. Demasiado poco y, probablemente, demasiado tarde.

La educación crea hombres libres o esclavos
Francisco Rubiales Periodista Digital 23 Diciembre 2007

Casi siempre somos lo que hemos querido ser. Las diferencias entre los seres humanos no siempre son de nacimiento, de más o menos fortuna heredada por azar, sino que, en la mayoría de los casos, dependen del esfuerzo y de la educación, que crean hombres libres o esclavos, letrados o ignorantes, trabajadores o perezosos, valientes o cobardes, compasivos o crueles.

La educación tiene también un papel decisivo en la formación política de los seres humanos, que se incorporan a la sociedad como ciudadanos, que son seres cultivados, reflexivos, independientes y críticos, o como esclavos, que son débiles, manipulables, fanáticos e incultos.

El profesor norteamericano George Lakoff, uno de los sabios reclutados por el PSOE para que le ayuden a ganar las elecciones del 2008, cree que “la reiterada repetición de los mensajes modifica el cerebro del receptor, de modo que lo que moviliza a los votantes es el pensamiento inconsciente”. De ser cierta esa afirmación (y lo es), Lakoff consagra ante los partidos políticos el engaño y de la manipulación como método infalible para ganar las elecciones.

No se trata ya de jugar limpio y de utilizar la comunicación para que sus mensajes lleguen nítidos y convincentes hasta una audiencia que, convencida, les vota, sino de manipular la intención de voto a través del cerebro y del inconsciente. El objetivo ya no sería convencer, sino dominar la voluntad del votante.

Para lograrlo, los partidos necesitan dominar los medios de comunicación, a traves de los cuales bombardean la sociedad con sus mensajes, y cerebros débiles, poco cultivados, fáciles de confundir, de fanatizar y de esclavizar.

Si se impone, como parece evidente, el criterio del sabio norteamericano, "La democracia sería el reino de la demagogía; el más habilidoso manipulador de emotividades ganaría siempre", como afirmaba recientemente Alfonso Lazo, ex secretario general de los socialistas sevillanos y hoy profesor universitario, en su último artículo "Iguales y Desiguales", publicado en El Mundo.

"De ahí la importancia de la educación para una democracia verdadera", explica Lazo, que aboga por una educación que implique información, cultura, libertad de pensamiento y, en consecuencia, capacidad de elegir.

Lazo critica abiertamente la educación que se imparte en Andalucía y sostiene que su escaso nivel y mediocridad explica "la asombrosa dureción de un mismo gobierno (el de Manuel Chaves) a lo largo de dos generaciones y el lugar que ocupa Andalucía en las tablas del progreso".

En uno de sus párrafos más duros, el antiguo dirigente socialista afirma que "Al generalizado conservadurismo de la sociedad andaluza, ayer devota de Frascuelo y de María y hoy de Canal Sur y Telecinco, que desprecia cuanto ignora y considera educación y cultura fardos inútiles y elitistas, le viene como un guante el conservadurismo extremo en que deriva, por la fuerza de los años y la necesidad de conservar una clientela, en Gobierno de la Junta".

Voto en Blanco

Derecho a pensar, a hablar y a educar
Álvaro Vermoet Libertad Digital 23 Diciembre 2007

Que hayamos llegado a las 20.000 objeciones de conciencia a Educación para la Ciudadanía no parece nuevo, porque ya lo ha contado la prensa. Pero sí lo es, porque en Libertad Digital, especialmente personas como Víctor Gago, han hecho un recuento exhaustivo de las objeciones y el dato del contador que hoy llega a las 20.000 no es una estimación periodística, sino que representa a veinte mil familias diciendo eso de yo no quiero que me eduque Zapatero (con muy buen criterio, dicho sea de paso).

Profesionales por la Ética nos recuerda, además, que "La batalla judicial contra Educación para la Ciudadanía (EpC) ha comenzado en Andalucía, pero se ha extendido con rapidez a Asturias, Cataluña y País Vasco", lo que tiene lógica, pues son los currículos -que dicen los cursis, los temarios de las asignaturas para el resto- de las CC.AA. los que, junto a los libros de texto, mejor reflejan lo que es de verdad EpC y por qué hay que oponerse a ella en cualquier centro y en cualquier CC.AA.

Pero el derecho a educar a tus hijos en tus convicciones no es sino una manifestación más del derecho a la libertad de expresión, es decir, a pensar y a hablar. A hablar y a opinar, sin más límites que la Ley. Hay quienes no lo entienden. La FAPA "Francisco Giner de los Ríos", conocido trampolín a los escaños del PSOE en la Asamblea de Madrid (¿verdad, Mercedes?), pertenece a este grupo, y en el último Pleno del Consejo Escolar de Madrid -del cual se puede hablar y voy a seguir hablando, por cierto- me vino a amenazar con el Código Penal básicamente por decir lo que pienso, pensar lo que digo y que se me entienda cuando lo digo.

Eso sí, tengo entendido que están a favor de la Educación para la Ciudadanía. ¿Cómo va a conseguir una asignatura -con un nombre así de cursi- hacer que respeten las opiniones ajenas quienes desde hace años, en este "órgano consultivo", han demostrado ser incompatibles con la democracia? Porque no son las formas lo que les hace negarme legitimidad para hablar, sino las ideas.

Como parece ser que algunas de las opiniones que publico en Libertad Digital tienen más admiradores de los que me gustaría, lo dejo bien claro: lo que acabo de decir, lo digo, lo mantengo y lo firmo.

Feliz Navidad a todos.

El reparto de Bélgica
El país flamenco-valón se juega su existencia tras la solución provisional de la crisis política
EDITORIAL El País 23 Diciembre 2007

Tras las elecciones del 10 de junio le fue imposible formar Gobierno a Yves Leterme, democristiano de Flandes -y en Bélgica todo es o valón o flamenco, sin que exista lo que el nacionalismo en España llama partidos sucursalistas-, porque los suyos pedían más competencias para su sub-Estado. Y sólo estableciendo esa fecha de caducidad del 23 de marzo ha habido acuerdo para que el primer ministro saliente, el liberal flamenco Guy Verhofstadt, ampliara su coalición a todo el arco parlamentario, incluidos los separatistas neerlandófonos, para dar tiempo a que Leterme apañe un Gabinete que obtenga la confianza parlamentaria. En ese ínterin, Verhofstadt habrá de producir el acuerdo de fondo que permita a Bélgica seguir existiendo, porque, aunque una gran mayoría de valones y flamencos se pronuncia habitualmente contra la partición del Estado, o lo que es lo mismo, la separación de Flandes, no es ningún sentimiento de belgicidad lo que les induce a ello, sino más bien que da mucha pereza y cuesta mucho dinero organizar un divorcio institucional en Europa occidental.

Por ello, las conversaciones que han de dar a luz la nueva Bélgica -y en las últimas décadas ya ha habido varias- de lo que tratan es del reparto de lo que queda del Estado, del manojo de competencias del Gobierno central, exteriores, fiscalidad, defensa pero muy poca, y, sobre todo, Seguridad Social, todavía una sola para todo el país, y que es donde hay recursos a los que echar mano.

Deseemos que esas conversaciones sean fructíferas, porque ninguna sociedad europea se beneficiaría de la desaparición de Bélgica. Pero en caso de que no fuera así, cabe poca duda de que nada de lo que se decida en esas conversaciones permite, seriamente, entrar en comparaciones con la cuestión nacional en España. Bélgica siempre ha sido un Estado artificial.

La normalidad bilingüe
ALEX SALMON, alex.salmon@elmundo.es EL MUNDO 23 Diciembre 2007

Cataluña es un territorio normal con muchas gotas de esquizofrenia.Cuando utilizo el término lo hago con total respeto a los que tienen la desgracia de padecer esta enfermedad y entendiendo que ésta se trata de un desdoblamiento de la personalidad con grados diversos de alucinaciones. Lo hago con la tranquilidad absoluta del que se enfrenta a un problema asumido por muchos y con el que convivimos a pesar de las grandes discrepancias.

Viene al caso por la intervención de Francisco Caja en el Parlament de Catalunya en defensa de una proposición de Ley que llegaba a la Cámara gracias a una iniciativa popular avalada por más de 50.000 firmas. Poca broma. La cuestión la podemos analizar desde muchos puntos de vista. Voy a hacerlo desde lo que yo creo -puedo estar equivocado- es el sentido común y la normalidad del país. O sea, lo más cercano a la gente de la calle, intentado despolitizar la cuestión, planteamiento harto difícil aunque no imposible.

Cataluña es bilingüe. El 70% de los ciudadanos son bilingües o mantienen un posicionamiento ante las dos lenguas, la catalana y la castellana, de respeto. Desde ese punto de vista, la llegada de una propuesta firmada por más de 50.000 personas para las que la educación en las escuelas se dé en esos dos idiomas, tiene poco sentido. Sin embargo, lo tiene, ya que a pesar de que la sociedad es bilingüe la escuela pasa por una inmersión lingüística, absolutamente legalizada por la mayoría de todas las fuerzas políticas, que le concede al catalán la primacía en el 95%.

Dicho eso, es absolutamente necesario que se defienda lo contrario, quiero decir, que las dos lenguas se utilicen por igual en las escuelas, pero con el respeto y la normalidad absolutas que merecen las dos lenguas que se quieren apoyar. Francisco Caja, a pesar de su buena voluntad y de su trabajo decidido, no representa esa normalidad. El no es culpable de esa exclusión de la sociedad.Los que nos han gobernado durante 25 años han logrado que personajes como Caja sean considerados unos españolistas excéntricos que han estado, perdonen la expresión, meando fuera de tiesto durante muchos años. Y no es así. Pero es cierto que esa sensación de personaje siempre en fuera de juego lo ha convertido en un representante del bilingüismo que considera que toda la clase política está contra él. Y aunque ese axioma sea cierto, no se debe notar porque al final los contrarios consiguen que te quedes fuera del partido sin buscarlo.

Caja perdió una oportunidad en el Parlament de explicar a la ciudadanía que los defensores del bilingüismo no van contra nadie, no restan, sino suman, a diferencia de políticos como Irene Rigau (CiU) o Maria Mercè Roca(ERC), ponentes de sus partidos ante la iniciativa, que no hacen el esfuerzo de restar ya que el castellano no cuenta ni de entrada.

Los defensores del bilingüismo cultural e intelectual en Cataluña deben actuar con serenidad y contundencia. No deben llamar a la Generalitat Generalidad, ni a Carod-Rovira José Luis. Lo pueden hacer, claro. Son libres. Pero no lograrán nada para sus intereses.Aquí de lo que se trata es de que nadie se sienta extraño por hablar, no sólo en su lengua, sino en la lengua que le dé la gana. Y eso sólo se logra con pedagogía, muy acertada, por otro lado, en un momento en que parece que el catalanismo más radical lo ha abandonado en su autoexplicación en España.

Las intervenciones en defensa del bilingüismo en las escuelas de Carina Mejías (PP) y Antonio Robles (C's) fueron contundentes, pero reposadas. El PP, desde la llegada de Ciutadans a la Cámara, ve con más claridad algunos conceptos que olvidó después del giro catalanista de Aznar. En aquellos días se pasó de la radicalidad más politizada de Vidal-Quadras al olvido de la lengua. Es lo que llamó Rigau el pasado miércoles como el pacto de los partidos catalanes que se concretaba en «déjame hacer lo que quiera y tú calla». De ese supuesto pacto silencioso fue producto la última Ley de Normalización Lingüística del 97, que tanto mal ha hecho al bilingüismo.

Mejías, precisa, y Robles, con una de las mejores intervenciones que le recuerdo en el Parlament (todo gracias al 3/24 y no a TV3) excepto bromas al final, representaron casi a la perfección lo que es hoy en Cataluña los que buscan la utilización de las dos lenguas con la normalidad de la calle. ¿Por qué? Porque no dejaron al contrario la posibilidad de que los pudieran tratar como patriotas españoles. No por nada, sino porque no se trata de eso. O no debería tratarse de eso.

El catalanismo puede utilizar la lengua para crear una nación, o priorizar el castellano del Ayuntamiento. Y el españolismo, hacer lo propio para defenderlo. Pero, en realidad, se trata de una cuestión intelectual. Demasiados ismos para argumentar lo que es terreno de las culturas. Y la catalana, sin ismo, vive de dos lenguas. El 70% de los catalanes, lo dijeron los socialistas, está por ese camino. El de la normalidad culta de las dos lenguas.

La anormalidad bilingüe
Nota del Editor 23 Diciembre 2007

En este país, la gente se fuma la Constitución Española y no pasa nada. Alguien, en plan de políticamente correcto se deja engatusar y defiende el bilingüismo impuesto y rápidamente los inquisisidores e impositores (de la lengua regional, no de depósitos en una entidad financiera), intentan atacarle con toda la artillería mediática..

Dice el Sr. Salmón que Cataluña es bilingüe, y se queda tran fresco, como si Cataluña pudiese hablar; empleando la misma argumentación, como muchos barrios de Madrid, de Barcelona y de tantos otros sitios son también bilingües en inglés, árabe, polaco, chino, rumano, etc, pues dale caña al mono y todos bilingües. Cualquier cosa para no dejar a la gente que elija el idioma común español como lengua de enseñanza y comunicación, para permitir que los inquisidores idiomáticos inoculen el virus de la lengua regional en los niños, despojados éstos de derechos constitucionales.

A ver si no olvidamos que los españoles no tenemos deberes respecto a las lenguas regionales, y si deber de conocer la lengua española. Así que nada de bilingüismo regional obligatorio y menos inoculación a los niños.

El nudo gordiano del nacionalismo
• La línea divisoria entre el terror y el resto del mundo político vasco no se ha convertido en realidad
JOSEBA ARREGI, EL PERIÓDICO 23 Diciembre 2007

Una vez conocida la sentencia del macrosumario iniciado por el juez Garzón, el conjunto del nacionalismo ha optado, como era de esperar, por una descalificación pura y dura de la sentencia, a la que niega cualquier validez jurídica y la entiende exclusivamente como consecuencia de un impulso desde la política del Ejecutivo de Zapatero.

Habrá análisis de expertos juristas que podrán decir hasta qué punto la sentencia prueba los hechos sentenciados, y valorarán la calificación jurídica de los mismos como delitos. Pero aunque esa perspectiva sea fundamental en un Estado de derecho, y partiendo de que todas las sentencias son criticables, aunque quizá no por parte de otras estructuras del mismo Estado como es el Gobierno vasco, es posible y necesario analizar la cuestión desde otra perspectiva.

EL HECHO de que el terrorismo de ETA esté tan estrechamente relacionado con los planteamientos nacionalistas, aunque sean radicales, el hecho de que tanto ETA como el conjunto del nacionalismo hayan sido capaces de rescatar un término que fue usado por la izquierda para luchar contra el independentismo, como es el de la autodeterminación, el hecho de que el conjunto del nacionalismo vasco hoy se reconozca en esas dos reclamaciones sumarias de autodeterminación --derecho a decidir-- y territorialidad, hace que la línea divisoria entre el terror y el resto del mundo político no se haya convertido en realidad.

En los tiempos del pacto de Ajuria Enea se realizó un intento serio por establecer esa línea divisoria. Fue un momento en el que la sociedad vasca caminaba por una separación radical entre el mundo del terror y todo lo que le rodeaba, y el mundo de la política democrática. ETA y su entorno político lucharon con todas sus fuerzas para deslegitimar el acuerdo de Ajuria Enea. Máxime cuando el entonces lendakari Ardanza llegó a decir en el Parlamento vasco que lo que separaba al nacionalismo democrático del de ETA no eran solo los métodos, sino también los fines.

Pero, con la colaboración inestimable de EA, del PNV y de Mayor Oreja, el acuerdo de Ajuria Enea pasó, para gran regocijo de ETA, a mejor vida. Y desde entonces la difuminación de las fronteras ha vuelto a ser la que era antes de aquel acuerdo. La difuminación de fronteras significa que Batasuna es incapaz --o no llega a quererlo de verdad-- de desligarse de ETA y de sus dictados. Significa que el nacionalismo moderado --EA y PNV-- no cree conveniente, no quiere aislar a Batasuna, y que, por el contrario, mantiene vías de interlocución permanentes. La difuminación de fronteras significa que, para parte de la sociedad vasca, ETA es solo ETA, sus comandos y quienes atentan, sin que nada tengan que ver con ETA ni empresas, ni asociaciones, ni fundaciones, ni partidos políticos que objetivamente favorecen la causa de ETA, aunque solo sea por la vía de generar una atmósfera de legitimación de sus acciones terroristas.

En buena parte de la sociedad vasca se ha dado durante estos 30 años, con el intervalo aludido del Acuerdo de Ajuria Enea, una incapacidad o una falta de voluntad de trazar una línea clara de separación entre ETA y todo lo que le favorece, y el resto de la política democrática. Esa incapacidad de trazar una clara línea de separación se debe a dos motivos: uno ideológico, y otro táctico.

El ideológico se reviste de la fuerza del argumento según el cual la democracia verdadera exige considerar a todos los planteamientos y proyectos políticos como legítimos siempre que se defiendan por medios pacíficos, aunque coincidan con los fines del terrorismo. Este argumento necesita una crítica seria y profunda. Baste en este momento con indicar que algunos planteamientos y proyectos políticos violentan la realidad en su misma formulación sin que tengan que recurrir a la violencia para ser defendidos, por lo que son inaceptables en democracia.

PERO LO cierto es que para el nacionalismo el verdadero argumento para no trazar líneas divisorias claras respecto al terrorismo es el táctico. Este argumento esta en el núcleo de la apuesta del acuerdo de Estella/Lizarra e implica que el nacionalismo debe entenderse en el fondo como un conjunto, aunque pueda haber diferencias radicales en cuanto a los medios, si es que no quiere perder su posición --supuestamente-- hegemónica en la sociedad vasca.

Especialmente después de la reacción de la sociedad a causa del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el miedo a perder esa posición de hegemonía ha dirigido la mayoría de los pasos del PNV. Y por eso no está interesado en trazar con claridad la frontera de división con el terror, manteniendo un terreno de ambigüedad, un terreno pantanoso en el que, aun sabiendo que son elementos que favorecen objetivamente a ETA y su violencia, se escuda en que determinadas empresas, asociaciones, fundaciones y partidos son estrictamente políticos y deben ser considerados inmunes ante la acción de la justicia.

No son pocos los que piensan que si la la parte nacionalista de la sociedad vasca hubiera sabido asumir su responsabilidad y aislar social y políticamente a ETA y todo su entorno, la justicia se habría visto libre de tener que actuar con este tipo de macrosumarios.

* Presidente de la asociación cultural Aldaketa (Cambio para Euskadi).

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