AGLI

Recortes de Prensa    Lunes 7 Enero 2008

El pacto de Zapatero con ERC, clave de la campaña electoral
POR PABLO SEBASTIÁN Estrella Digital 7 Enero 2008

EL presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, ha dicho a los obispos que no miren a la izquierda o la derecha de los terrenos del César, mientras Zapatero anuncia que no revisará las relaciones del Estado con la Iglesia, en la charla con los informadores que siguió a la celebración de la Pascual Militar, en la que la figura del Rey Don Juan Carlos emergió, una vez más, en este 30 cumpleaños de la Constitución, como la figura más notable del momento español, donde la clase política no parece a la altura de la incierta situación económica e institucional.

Ahora se lamentan algunos dirigentes socialistas de que Zapatero no haya querido adelantar las elecciones generales en el pasado mes de septiembre, antes de que ETA volviera a matar y que la crisis económica enseñara los dientes. Ahora están, en La Moncloa, echando cuentas sobre los diputados en juego en veinte provincias, dando por bueno el empate entre PSOE y PP que anuncian las encuestas y que podría proyectarse sobre el reparto de los escaños (obligando a un pacto global con todos los nacionalistas o a la gran coalición). Pero ni en el PSOE, ni en su entorno mediático, nadie se atreve a analizar las causas de su situación que confirma el deterioro del liderazgo de Zapatero y el acelerado desgaste de su gobierno a pesar de los éxitos económicos que reclaman como propios, de sus conquistas sociales, de la debilidad del PP y del poderoso aparato audiovisual que ha mitigado los errores y ensalzado los aciertos.

Enumerar la lista de desvaríos y errores de la legislatura no les conviene a estas alturas del proceso electoral a quienes en el PSOE temen la derrota o un empate en diputados que les obligaría a un pacto de «rendición» con los nacionalistas. Ni siquiera se atreven a señalar el error crucial: el pacto con Esquerra Republicana, el partido que apoyó a Zapatero y que comparte y sostiene el gobierno de Montilla en la Generalitat. El partido que ha sido el verdadero cáncer de la legislatura.

Porque de ese pacto, «contra natura» democrática y constitucional con ERC, nació la metástasis institucional española, la ruptura confederal del modelo autonómico, la negociación con ETA y los ataques a la Corona. Y también la crisis del PSC, con la caída de Maragall, y la radicalización de CiU. Y todo esto, amén de la fractura de la convivencia nacional y del regreso a los debates de la Guerra Civil, ha ocurrido bajo el mandato de Zapatero, sin que nadie se atreva en el PSOE a plantear la ruptura con ERC, que ha sido el motor de explosión de los pactos de la transición y de la unidad contra ETA.

Naturalmente, con la complicidad, y por la levedad, de Zapatero y el silencio interesado del PSOE y de su entorno mediático y empresarial. Los que pretenden ocultar todo esto, aparentando normalidad, quitando hierro a la crisis económica y desviando la atención del debate electoral.

No tardarán los estrategas de Zapatero en comparar a su jefe de filas con Barak Obama, intentando asimilar a Rajoy con cualquiera de los líderes confesionales del bando republicano de los Estados Unidos. Para ello insistirán en la promesa del demócrata de color de retirar las tropas USA de Irak y tratarán de activar, como ha hecho Obama, el voto de los jóvenes que en las elecciones españolas incorporarán a 1.700.000 nuevos electores. Un suculento cuerpo electoral sobre el que están esparciendo los alquileres de subvención. Convencidos, como están en el PSOE, de que los nuevos votantes están más interesados en la vivienda y el cambio climático que en la crisis institucional, y que su mayor adversario radica en la abstención.

Por ello, Zapatero está deseando debatir con Rajoy, en cualquier canal de televisión, porque necesita el cuerpo a cuerpo, pasear la sonrisa y provocar la crispación del jefe de filas del PP, que fue la táctica del presidente para ganar al líder de la oposición los debates parlamentarios sobre el Estado de la nación. Ahora, sin embargo, nos acercamos al momento de la verdad, con paro, inflación y endeudamiento familiar creciendo, mientras mengua sin parar el consumo, el crecimiento, el crédito y la competitividad, lo que no servirá de mucho a Zapatero para presentar al vicepresidente Solbes como el mago salvador de la situación que ellos no habían previsto ni preparado.

Ahora bien, ¿quién es el Merlín económico de Rajoy? ¿Acaso Arias Cañete o Costa?, o puede que el presidente del PP esconda en la bocamanga, en la que permanecen ocultos sus candidatos electorales —dicen que Gallardón ya está ahí—, grandes sorpresas, prestigiosos nombres como Rato o Pizarro. O puede que nadie en especial, mientras avisa que tiene un misterioso plan económico que cabe esperar que lo revele en el programa electoral.

El misterio y la incertidumbre, política, económica y electoral, marcan el momento español y se proyectan sobre una legislatura preocupante en la que los votantes se enfrentan a una encrucijada muy especial. Sin que en las elecciones aparezca, en el PSOE o en el PP, un liderazgo contundente capaz de movilizar una victoria con una mayoría suficiente que garantice la fuerza del Gobierno, la primacía del Estado y la estabilidad. Aunque los electores ya saben, o deberían saberlo, quién de los dos, entre Zapatero y Rajoy, todavía podría empeorar la situación. El pacto del presidente y del PSOE con ERC es, para quien tenga alguna duda, el dato crucial.

Z
El error Rodríguez
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 7 Enero 2008

Hay formas y formas de encajar un desastre. El problemón económico español, por ejemplo, lo aborda Rodríguez por la vía favorita del socialismo: la mentira. Personalmente, me importa un comino que al presidente le parezca "muy positiva y alentadora" una situación definida por el aumento de la inflación y del desempleo; el pobre no sabe lo que dice. Algo habrá aprendido en sus dos tardes de formación económica, sí, pero no lo suficiente para que prestemos a sus palabras prestadas ninguna atención.

Saben los mercadotécnicos, aunque se lo callen, que Rodríguez "conecta" perfectamente con la España ágrafa. Los votos que obtiene su PSOE tontiprogre son también un indicador del estado de nuestra pobre cultura. Hagan el esfuerzo de preguntar. Averigüen a quién gusta y disgusta Rodríguez entre sus conocidos de izquierda, y comprenderán. Su facilidad para agradar al ignaro es reveladora. Y algo tendrá que ver con la promoción del analfabetismo funcional a través de uno de los peores sistemas educativos del mundo civilizado, con el terror a la meritocracia y a la formación de calidad, con la sectarización obscena que busca su malhadada asignatura estrella. Está sembrando, está modelando la sociedad para hacerla receptiva a las asnadas de su círculo, que le contiene a él, a Blanco, a Caldera y a las ministras de la cuota. Está ampliando su público potencial.

Nadie debería discutir de economía con Rodríguez. Lo mejor que puede hacer Rajoy cuando lleguen a ese capítulo en los debates televisados es sacar una pizarrita y una tiza e invitar al presidente a tomar apuntes. Lo notable no es que sea tan romo, envarado y esdrulujizante, sino los esfuerzos que tiene que hacer la gente de letra y de número para reprimir las carcajadas cuando le oye. ¿Es adecuado reírse de un ignorante? No, salvo que vaya tan sobrado como él, salvo que mienta con tantas ganas, salvo que sus lapsus resulten tan coherentes con sus actos.
Rodríguez va muy suelto. Hace, dice u omite de acuerdo con sus categorías de parvulario castrista. Del mismo modo que se quedó sentado al paso de la bandera americana –insulto que la Casa Blanca aún no le ha perdonado, y hace bien–, llama "accidentes" a los atentados de la ETA porque así los ve él, y se calla el "Viva España" de rigor ante nuestros soldados porque no le da la gana de pronunciar esas dos palabras juntas. No se trata de errores de Rodríguez sino de manifestaciones de su esencia. El error es él.
Juan Carlos Girauta es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Elecciones
Las fábulas de Esopo, con Z
José Enrique Rosendo Libertad Digital 7 Enero 2008

Como en la famosa fábula de Esopo, Zapatero ha dicho que no es su estilo ganar por goleada y que, por tanto, Rajoy jugará un partido decente en las generales de marzo. Seguro que la desfigura humana del fabulista griego, esa misma que pintó Velázquez y que se nos viene a la mente cada vez que nos acordamos de él, pensó en Zapatero cuando compuso el cuento del zorro y las uvas. Total, estaban verdes.

Hace tiempo, el dircom de una de las mayores eléctricas del país me decía que en su compañía no pensaban que ganara el PP las generales, salvo que el terrorismo repuntara crudamente. Según este argumento, ningún presidente del Gobierno había perdido unas elecciones si no por la inestabilidad política y el resquemor social que producen las voladuras y los asesinatos. Así, el PSOE perdió en 1996 por el Gal y el PP en 2004 por los atentados del 11 de marzo, aún por esclarecer definitivamente.

Sin embargo, yo no creo eso. Es cierto que Zapatero ha apostado muy fuerte en esta legislatura por la negociación con la banda terrorista, que recordemos no sólo es independentista, sino también marxista-leninista en línea ideológica con Cuba y Chávez. Es verdad que nuestro presidente ha sido débil y casi cortesano de los nacionalismos periféricos hasta el punto de noquear la Constitución española en muchos aspectos. Nadie discute que la política exterior de esta legislatura ha sido un puro y llano disparate. Y que se ha fomentado el enfrentamiento entre españoles a cuenta de la religión, del trasvase de aguas, del 11-M o del modelo territorial, por poner sólo algunos botones de muestra.

Pero nada de eso ha erosionado lo suficiente la imagen de Zapatero, vestido de tipo dialogante, progrevogue, bienintencionado y hasta simpaticón para muchas personas, frente a la imagen (ya, ya sé que injusta) de un Rajoy histriónico, hierático y aislado. Tiene razón El País cuando sermonea a Z por no haber adelantado las elecciones, porque el desagradable manto de la crisis económica va cubriendo el panorama cotidiano de demasiada gente, y sobre todo, de gente teóricamente suya, de gente de barriadas obreras y de jóvenes recién empleados que difícilmente llegan ya a finales de mes.

Puede que esta vez la economía sea la que derrote a un presidente en las urnas. Desde luego, y con independencia del color político del afectado, sería una extraordinaria novedad, una noticia positiva, en tanto que a partir de ese momento nuestros políticos dejarían de preocuparse por crear problemas donde no los hay (la memoria histórica, el mal llamado conflicto territorial, las leyes contranatura sin consenso social, el desesperado y sospechoso intento de secularizar las conciencias...) y se fajarían en lo que realmente importa a los ciudadanos: el dinero que tenemos en el bolsillo.

Sin embargo, no crean que la cosa resultará tan sencilla. Rajoy tiene el viento a su favor, pero con eso no basta. Ahora le toca convencer: a) de que la crisis económica española no deviene exclusivamente del mal contexto internacional (lo cual excusaría a Zapatero de buena parte de la culpa), sino que tiene también peculiaridades nacionales derivadas de la mala gestión gubernamental, y que este aspecto local la agravará considerablemente; b) de que su partido tiene suficientes proyectos de envergadura para aprovechar el superávit público para afrontar con éxitos la crisis y salvar el barco, es decir, convencer al electorado de que la derecha administra mejor la economía que la izquierda; y c) de que las políticas liberales, imprescindibles para afrontar la crisis, no benefician a los ricos, sino que por el contrario constituyen una garantía de bienestar para las amplias clases medias de este país.

Al mismo tiempo, el PP necesita dar la impresión de que no está radicalizado en las esencias de aquella derecha rancia e intervencionista. Ya ven que buena parte de la intelectualidad de izquierdas está aprovechando los paraninfos mediáticos para sedimentar la idea de que la derecha es autoritaria, mojigata y militarista. Es la apelación al frontismo, para que la izquierda se movilice para hacer frente al PP, en la confianza de que este país es sociológicamente de centro-izquierda.

El PSOE va a tener que presentar al PP como un dóberman de nuevo, e insistir en que la derecha puede ganar las elecciones y que por tanto es necesario que todos los izquierdistas acudan a las urnas, ya que saben y temen que el encarecimiento de la vida (de los precios de consumo y las hipotecas) mezclado con la desconfianza que supone el rebrote del paro, puede hacer que muchos afectados de rentas medias y bajas, tradicionalmente inclinados a votar socialista, puedan quedarse en su casa, desilusionados y hasta cierto punto abrumados por un Gobierno cuya prioridad en materia económica es recomendar el consumo de conejos y que apaguemos las luces y los grifos del agua.

La arremetida contra las huestes de Rajoy, pues, va a ser de escándalo. Al PP le faltan medios de comunicación que, desde la independencia, defiendan postulados ideológicos próximos a lo que se entiende por una derecha moderna y civilizada. En fin, otra vez Esopo: la hormiga y la cigarra. A ver si aprenden.

Educar para la paz
Hace 22 años, el Gobierno vasco, entonces presidido por José Antonio Ardanza, ya tenía un informe que prescribía educar en los valores de la paz
Santiago González s.gonzalez@diario-elcorreo.com El Correo 7 Enero 2008

El lehendakari Ardanza encargó en 1985 un informe sobre la violencia a una comisión de expertos formada por los británicos Clive Rose y Peter Janke, el alemán Hans Horchem, el francés Jacques Leauté y el italiano Franco Ferracuti. Los comisionados vinieron y se entrevistaron con unos y con otros. Varios meses y 600 millones de pesetas después, entregaron a su mandante un informe sobre la violencia terrorista en Euskadi. Tras un estudio comparado del estado de la cuestión en Europa, el informe definía las especificidades del terrorismo etarra frente al norirlandés y explicaba que a diferencia con éste, lastrado por un problema religioso y la existencia de dos comunidades, la violencia en Euskadi sí tenía arreglo. Los autores del informe concedían una gran importancia a la educación de los ciudadanos y por ello formularon recomendaciones precisas sobre el papel de la escuela y los medios de comunicación públicos, en especial, la televisión.

Aquel informe se preveía en uno de los puntos del decálogo sobre la violencia elaborado por el Gobierno vasco tras el asesinato del superintendente de la Ertzaintza en marzo de 1985. No se supo que sirviera para nada práctico; los asesinos del teniente coronel Díaz Arcocha no han sido detenidos ni juzgados 22 años después y el entonces portavoz del Gobierno vasco, Eugenio Ibarzábal, ya se expresaba en términos muy parecidos a los que hoy emplea Miren Azkarate: «Esperamos que (los de Herri Batasuna) insten a ETA a que, de una vez por todas, abandone las armas y ceje en el camino de la violencia, ya que ésta es la voluntad popular ampliamente demostrada».

Veintidós años después, otro Gobierno vasco ha elaborado un plan de educación para la paz que busca deslegitimar a ETA y «otras violencias». Laus Deo. Los escolares de entre 14 y 16 años tendrán la ocasión de oír testimonios de víctimas de ETA y víctimas de los GAL. Planteada así la cuestión, el plan muestra una de sus debilidades, al usar el sufrimiento como patrón educativo. Es obvio que nada se parece tanto al dolor de una madre a quien le han asesinado a su hijo, como el dolor de otra madre a quien le han asesinado al suyo. También se le parece bastante el dolor de otra madre cuyo hijo haya sufrido una muerte súbita: un accidente de coche, una caída desafortunada, un infarto, aun cuando no medie la ofensa de una mano airada, porque la sensación de duelo es absolutamente dominante.

Pero la equiparación de ETA y el GAL es desafortunada, no sólo en términos cuantitativos, porque esta última forma de terrorismo desapareció en 1986 y no es una amenaza de presente ni de futuro para la libertad y la convivencia. Es también innecesaria. La única violencia que aquí goza de cierta legitimidad social es la que practica ETA y es, por tanto, la única que requiere tarea deslegitimadora.

Lo demás es equiparación y equidistancia. La portavoz del Gobierno, Miren Azkarate, denunció en pie de igualdad el 26 de diciembre pasado el asesinato de los guardias Raúl Centeno y Fernando Trapero en Capbreton, el atentado de Nochebuena contra la casa del pueblo de Balmaseda y la muerte en accidente de tráfico de la suegra de un terrorista preso que viajaba a visitarlo.

Joseba Azkarraga condenó el pasado 16 de diciembre el atentado de ETA contra los Juzgados de Sestao, reclamando a Batasuna que «no se puede hablar del ámbito de los derechos humanos cuando hay algún partido que sigue callando cuando se producen actuaciones de estas características ( ) Ya vale de silencios».

Unas horas más tarde, el consejero de Justicia encabezaba los aplausos en el congreso de EA a su invitado Pernando Barrena, que ese mismo día y respecto al atentado descrito había permanecido callado y más callado y más callado, por decirlo con palabras del poeta. El gesto de Azkarraga, secundado por la inmensa mayoría de los congresistas, trataba de contrarrestar una minoritaria protesta que increpaba al batasuno con el grito de «¿Criminal, condena lo de Sestao!». A nadie se le ocurrió exigir: «¿Condena lo de Capbreton!».

Para educar a los escolares es preciso dejar de caracterizar la actividad terrorista como «expresión del conflicto» en esas insustanciales aporías tan del gusto del lehendakari Ibarretxe. Lo único relevante en la entrevista con ETA del fin de semana es la afirmación de que el precio de la paz no es que el Estado pague a otros nacionalistas lo que los terroristas aspiran a cobrar para ellos mismos.

Ya podemos añadir a los planes de estudios de nuestros escolares asignaturas de educación para la paz, el civismo, la ciudadanía y el desarrollo autonómico, que mientras no cambien los valores que sustentan la manera de hacer política, los chicos seguirán interiorizando lo que oyen en casa y tales asignaturas, logros curriculares transversales, no serán sino amables, inocuas, inútiles 'marías'.

«Año triunfal, el carbón se ha acabado»
POR HERMANN TERTSCH ABC

Al presidente del Gobierno de España le encanta hablar de los espacios infinitos. Tiene que pasarle a todo individuo poco viajado que a tal insuficiencia añada lecturas de Suso del Toro y Gamoneda. Donde no hay concepto ni conocimiento se inyecta un poco de magia y mucha poesía. De ahí toda esa retahíla de aforismos que nos deja como legado de compañía al monte Gurugú de loza rota -política, económica, institucional y de convivencia- de estos cuatro años victoriosos. Avisando, eso sí, de que es capaz de mucho más a poco que se le dé oportunidad. Una de las últimas aportaciones a la memorable colección de joyas de su pensamiento está en esa «patria de la paz» en que nos quiere adoptar a todos, según les anunció en el Líbano.

Debe de ser tan amplia como esa «cintura» que es «esencia de la democracia» o las «infinitas ansias de paz» que le brotan. En todos estos espacios mágicos de nuestro presidente, como en su últimamente poco cacareada «Alianza de las Civilizaciones» caben todos al parecer. Menos los que no le entendemos. El Ministerio de Exteriores anuncia un «revival» de dicha alianza que nos costará a los contribuyentes un pequeño ajuar que convenza a todos los políticos más o menos menguantes, «algoreros» y demás conferenciantes itinerantes a que acudan al ágape de Madrid. Pero nadie se preocupe. Tenemos superávit y la «patria de la paz» y sobre todo sus adalides también necesitan recursos para alimentarse en la buena voluntad entre los pueblos.

Sin embargo, parece que los alquimistas de Ferraz han detectado fragilidades en las tradicionales pócimas de odios a Aznar, la construcción inmobiliaria o la Iglesia y síntomas de confusión sobre la participación española en Afganistán y Líbano. Y para colmo de males, la «baraka» del presidente en su apuesta por agotar la legislatura parece tan defenestrada como su capacidad de profecía y recibe ya condena abierta y rotunda de los más fieles escribidores del régimen que se veía en ciernes. Cunden los nervios y las fisuras entre la secta. De la Vega está en la picota por no insultar a los obispos. Y ella sigue sin hacerlo.

Pero las cifras cantan. Tanta loza rota comienza a crujir. Tiembla el Gurugú. Ahora surgen los agravios no inventados. Radios y televisiones amigas y la obscena RTVE dicen que la crisis económica es pasajera. Nos espetan que es culpa de Bush el hecho de que millones de españoles que veían con confianza su futuro hace cuatro años hoy viven angustiados.
Ante semejante balance, la tropa en torno al presidente comienza a considerar la posibilidad de que su concepto parasitario de la política vaya a la quiebra. Empiezan a temer que los españoles se deshagan de un gobierno ideológico, sectario e incapaz como hace pocos meses hicieron los polacos al acabar con Kazcynski.

ANV, otra farsa
Han gastado en simulación de patriotismo ingentes sumas del erario público. Pero su jefe es incapaz de dar un «Viva España» de rigor ante sus soldados. Su patria son «la tolerancia», «la paz» y «el diálogo». Todos ellos espacios infinitos. ¿Y el diálogo? ABC anunciaba ayer que el Gobierno ya tiene preparada la instancia de ilegalización de ANV ante la evidencia de que es ETA. Más simulación patriótica. Otra farsa. Es triste que no sea la dignidad zaherida de la nación sino el precio de la leche lo que produzca la primera respuesta seria a un gobierno indigno e incapaz. Pero no es malo. Que la realidad busque y encuentre resquicios para manifestarse.

Hace días me contaba Mikel Azurmendi en su Ondarreta natal cómo su padre fue detenido allí porque en la pizarra de su carbonería, bajo el preceptivo «Tercer año triunfal» en 1942, tuvo que escribir una verdad incontrovertible: «El carbón se ha acabado». Hoy, en la esperanza de que el ministro de justicia no ceda a sus tendencias y tentaciones, hemos de decir que nos cuadra la frase.

'La casta' y 'Políticos, los nuevos amos', dos obras señaladas como valiosos alegatos contra la política ineficiente y corrupta
Francisco Rubiales Periodista Digital 7 Enero 2008

El blog Ciudadanos en la red publica un post titulado El ocaso de la representación política en el que señala dos libros como claros y elocuentes reflejos de la decadencia de la política en general y de la ineficiencia del sistema de representación, vigente en las actuales democracia. Esos libros son La casta, de los italianos Sergio Rizzo y Gian Antonio Stella, y "Políticos, los nuevos amos", del español Francisco Rubiales.

Los siguientes son algunos de los principales párrafos del post:

"En la primera década del siglo XXI estamos asistiendo al final del enésimo “ancienne régime”. La política, a imitación del ser humano y sus producciones, evoluciona también por selección natural aunque en esta ocasión corregida por los presupuestos de la revolución paradigmática que Thomas S. Khun nos propuso, aunque la sociedad abierta cada día tenga más enemigos.

El modelo convencional de redistribución del poder está absolutamente agotado y vive en sus últimos estertores. Los partidos políticos han demostrado ampliamente su ineficacia para resolver los problemas que se presentan en las vidas de los ciudadanos. La sociedad se aleja cada día más de las urnas, con la conciencia de que debe desentenderse de lo que no representa sus intereses.

Este fenómeno no es exclusivo de la democracia española, pero sí es más visible en los países del sur de Europa que en los del norte, o que en las democracias de otras latitudes. El carácter latino se manifiesta en la rebelión ante los desmanes del poder con una impulsividad revitalizadora, tarda en hacerlo, pero al final siempre acontece.

Recientemente se han publicado dos obras muy interesantes sobre la "revolución" que contra el poder detentado por los partidos políticos y su usurpación de la democracia, que se viene fraguando hace años. En Italia, la obra de Sergio Rizzo y Gian Antonio Stella, “La Casta” ha vendido más de un millón de ejemplares en pocos meses. De regreso a nuestro país, en Ciudadanos en la Red hemos tenido recientemente la oportunidad de entrevistar a Francisco Rubiales sobre su obra Políticos, los nuevos amos, editada por Almuzara.

En ambas obras se expone que las oligarquías políticas que conforman los partidos convencionales se aproximan cada día más a la descripción formal de sectas. Los ciudadanos estamos condenados a aceptar sus propuestas, o por el contrario inhibirnos en la participación de este juego de reparto de privilegios, al que ellos consideran democracia. Es cierto que también podemos rebelarnos, en eso estamos."

Un grupo proetarra agrede a agentes de la Policía Foral navarra en Arbizu
A.LARDIÉS ABC 7 Enero 2008

PAMPLONA. En uno de sus habituales actos de amedrentamiento, un grupo de proetarras de la localidad navarra de Arbizu «celebró» la llegada del año nuevo con un brutal ataque contra miembros de la Policía Foral, que se salvaron de un auténtico linchamiento gracias a la ayuda de compañeros que acudieron a socorrerles.

De hecho, cinco agentes precisaron atención médica tras resultar heridos y dos vehículos sufrieron desperfectos importantes en parabrisas y carrocería.

Los hechos, según el Gobierno de Navarra, se produjeron entre las 9 y las 11 horas del día 1, cuando agentes de la Brigada Central de Intervención de la Policía Foral recorrían el casco urbano de Arbizu dentro de un patrullaje preventivo programado en Navidad en localidades y polígonos industriales de toda Navarra. Mientras los agentes hacían su trabajo, del interior de un bar de la calle Nagusia salió una persona, el primero de los posteriormente detenidos, que increpó a los agentes y que se negó además a identificarse ante el requerimiento policial. Seguidamente, un grupo de unas veinticinco personas que se encontraba en el mismo establecimiento salió al exterior y comenzó a proferir insultos y a atacar a los agentes desplegados. Los proetarras golpearon los vehículos policiales con objetos como tapas del alcantarillado, un macetero metálico, vasos y botellas, además de dar puñetazos y patadas. No hay datos sobre si el ataque fue premeditado o no, pero lo cierto es que los agentes se libraron por poco de un linchamiento en toda regla.

Durante los altercados posteriores, entre los que se incluyó la habitual quema de contenedores, se produjeron diversos intentos de ataque y agresión contra los policías. En ese momento, fue detenido M.B.U. de 24 años, como presunto autor de los delitos de atentado y resistencia a agentes de la autoridad y daños intencionados en vehículos policiales y mobiliario urbano.

Tras los incidentes, otros agentes de la Policía Foral detuvieron a M.J.G.R., de 35 años, que cuenta con antecedentes policiales por colaboración con banda armada.

Detenidos dos etarras que llevaban sendos revólveres envueltos en celofán
A. LARDIÉS. PAMPLONA. ABC 7 Enero 2008

Dos etarras fueron capturados ayer por la Guardia Civil en la localidad guipuzcoana de Mondragón dentro de una operación que podría ampliarse con más detenciones. De momento, han sido apresados Igor Portu Juanena y Martín Sarasola, dos «legales», es decir, terroristas que no estaban fichados por las Fuerzas de Seguridad y que podrían formar un «comando». Ambos portaban dos revólveres, envueltos en plástico tipo celofán, que al parecer les habían suministrado recientemente.
En circunstancias muy parecidas fue detenido el pasado diciembre, también por la Guardia Civil, Gorka Lupiáñez, a quien se le intervino un revólver «Smith&Wesson», calibre 38 especial, perteneciente a la partida de 350 armas que ETA robó en la localidad francesa de Vauvert el pasado 25 de octubre, cuando la banda decía estar en tregua y permanecía abierto el proceso de negociación del Gobierno con ETA.

La detención de Portu y Sarasola se produjo sobre la una de la tarde en una carretera del término municipal de Mondragón (Guipúzcoa). Los arrestos fueron llevados a cabo por agentes de los GAR -grupos antiterroristas de la Benemérita-, que habían establecido un dispositivo dentro de las medidas de reforzamiento de los controles de seguridad que se han realizado a lo largo del mes de diciembre en esa zona. Portu Juanena y Martín Sarasola -de unos 30 años y vecinos de la localidad navarra de Lesaca- llevaban cada uno una mochila y en su interior ocultaban un revólver que se encontraba envuelto en plástico celofán.

Portu Juanena trabajaba como técnico de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Bortziriak-Cinco Villas, que comprende los ayuntamientos navarros de Arantza, Vera, Echalar, Igantzi y Lesaca. Medios de la lucha antiterroristas relacionan a los dos «legales» detenidos con el mencionado Lupiáñez, que también fue apresado en un control establecido por los GAR en Bérriz (Vizcaya). Este individuo portaba una mochila en la que llevaba, además del revólver, un ordenador y material informático archivado sobre cómo alquilar pisos, medidas de seguridad, métodos para robar coches, instrucciones de tiro y vídeos para fabricar explosivos.

La misión de Lupiáñez, que cuando fue detenido hacía dos meses que había cruzado la frontera, era la de suministrar logística a los «comandos» operativos en España sobre cómo captar etarras «legales» para su colaboración en labores de apoyo, fijar «buzones» -puntos de entrega- y confeccionar «zulos» para esconder armas y explosivos.

De confirmarse que los dos revólveres incautados en poder de Portu Juanena y Martín Sarasola provienen de Vauvert, serían ya cinco las armas intervenidas procedentes de esa partida. Los casos anteriores fueron, además del de Gorka Lupiáñez, los de Íker Mendizábal Cubas y José Juan García González. Estos dos últimos fueron detenidos el pasado julio en la localidad francesa de Angulema y se les vinculó con el «aparato militar».

Además de los posibles vínculos con Lupiáñez, los investigadores también analizarán si los arrestados han podido tener relación con Arkaitz Goikoetxea y Jurden Martutegi, miembros «liberados» del «comando Vizcaya» y autores de la práctica totalidad de los atentados que ETA ha cometido en el País Vasco desde la ruptura de la tregua.

A VUELTAS CON EL DERECHO DE USAR Y EL DEBER DE CONOCER LAS LENGUAS ESPAÑOLAS.
José Luís Castro Núñez email 7 Enero 2008

Publicado en Canal NW, (Canal Noroeste, La Coruña) Nº 17, 18 y 22 Año II Julio, Agosto y Diciembre 2007

Hace unos días encontré entre mis papeles la fotocopia del largo artículo de Albert Branchandell en EL PAIS del sábado 08/04/2006 (y mis notas para contestar al mismo), donde habla y mantiene la no discriminación del castellano en Cataluña. Y, aún cuando a deshora, como el tema sigue siendo de actualidad, se me ocurre hacer ahora aquellos comentarios.

Y cita Branchandell a varios conocidos intelectuales y políticos, de antes y de ahora (Ortega y Gasset, Balbontín, Leguina, Elorza, Unzueta, etc.), hablando éstos de que esa discriminación es real y del apartamiento oficial del castellano en Cataluña). Y Branchandell hace un diagnóstico: “...que una parte de la intelectualidad española,  y dicho con todos los respectos,  padece algún tipo de distorsión cognitiva”. Y mas adelante: “los psicólogos disponen de una serie de terapias para superar la distorsión cognitiva”. ¡Toma castaña!, ¡ale!, al psicólogo con Ortega y Gasset y compañía,  porque padecen esa distorsión y no distinguen su pensamiento de la realidad, incluso, vía  perturbación emotiva,  pueden desarrollar alguna psicopatología. 

Pero claro, si  tan altas mentes  (y muchas más ) han dicho esto,  ¿porqué no pensar, de recíproco,  que el Sr. Branchandell (y los que sostienen su tesis), “padece algún tipo de distorsión cognitiva”. ¿Porqué piensa el Sr. Branchandell que los nacionalistas de la lengua (o como se quiera denominar él) están en lo cierto, y los que no lo son (muchos, y de preclara mente y conocimiento contrastado) están sumidos en un error enfermizo?.  HE AQUÍ UNOS DE LOS PROBLEMAS DE LA ESPAÑA DE HOY:  que todos los que opinan, aún cuando de forma argumentada, de manera distinta a la de los vernaculistas,  es que están en la inopia.  ¿Porqué  el conocimiento del  Sr. Branchandell está sacralizado y el de los demás ni siquiera respetado o reconocido?.  

Y otro, que se aproximó al asunto, como Antonio Robles (LD, Izquierda Liberal, 20/04/2007), como si de una réplica a esto de Branchandell fuese, se pregunta, entre otras cosas: ¿Acaso es falso que hoy en Cataluña no se puede estudiar en castellano en ninguna escuela primaria, ¿Es falso que en algunos colegios ni siquiera se dan las clases de castellano en castellano y en algún otro ni siquiera se da la asignatura?. ¿Es falso que la administración autonómica tiene como lengua única de trabajo el catalán? ¿Es falso que para optar a cualquier trabajo en ella se ha de pasar un examen de catalán sin oportunidad para los que acaban de llegar de haber tenido tiempo para aprenderlo?. ¿Es falso que existen "oficinas de garantías lingüísticas" únicamente para defender los derechos del catalán y para multar  a quienes utilicen sólo el castellano en sus establecimientos comerciales?. ¿Es falso que los medios públicos de comunicación de Cataluña utilizan únicamente el catalán, traduciendo incluso los SMS que envían los teleespectadores a TV3 cuando están en castellano?. 

Lo de los SMS digo yo, vaya estupidez. Y termina Robles diciendo:  El problema de Rahola y los demás nacionalistas es el de los aristócratas de todos los tiempos: se creen con derechos históricos para dominar la tierra, los bienes y el curso de la vida del resto de mortales. Pues ¡ale!, también éstos en cuanto “se creen”, pueden adolecer de distorsión cognitiva. 

Y estoy pensando yo ahora que, si en ese seguidismo que la Xunta ha venido haciendo del Gobierno de la Generalitat de Cataluña,  se le ocurriese una ley que recogiese similar  previsión que la catalana en cuanto a la rotulación obligada en gallego, ya estaría viendo, en la calle de La Estrella y de Los Olmos,  a muchos bares y mesones siendo multados por no poner el nombre de las tapas en gallego. Al tiempo. 

Pero el paradigma de la chochada, ñoñez, bobería, necedad, cursilada, estupidez, gilipollez,  la recoge el conocido sociólogo y catedrático Amando de Miguel en la edición de 1999 de su conocido libro  “La perversión del lenguaje”(Espasa),  página 241. Juzguen sino. Relata así algo acontecido en 1993: “Resulta que en la televisión catalana se entrevista a un dirigente del deporte noruego, el organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno. La locutora interrogaba al deportista en catalán, a continuación se traducía lo dicho al inglés y el noruego contestaba en correcto castellano. El programa no era humorístico”.  Ahora escojan Vds. para esto el apelativo adecuado de entre los que cité,  si son capaces,  sin recurrir a colocarle todos, como hago yo. 

Pero pienso que, quien mejor resuelve estas cuestiones, en cuanto a poner adjetivos a la actual situación  política y lingüística en Cataluña,  es Albert Boadella,  con su  agudeza y sentido del humor. Hace unos días, a propósito del éxito de la fiesta de los toros en Barcelona, que la tienen maldita los nacionalistas por ser un producto cultural español, decía que “puede incluso acabar erosionando esta epidemia provinciana llamada nacionalismo”.  Boadella que al frente de Els Joglars, trabajando tanto en catalán como en castellano, arriesgando su libertad y cocido, tanto aquí como en el exilio,  ha hecho años luz más por la democracia en España que todos estos cuarenteañeros y cincuenteañeros nacionalistas que ahora quieren gobernarnos por aquí y acullá,  sin haber puesto nunca en riesgo nada de su, ya no cocido, sino chuletón. 

Volviendo al Sr. Branchandell, vemos que hace una referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional 46/1991, que resulta engañosa en cuanto dice que sentenció “que es constitucional imponer el deber de saber catalán a los funcionarios de la Generalitat”. Y ahí es cuando se nota que el Sr. Branchandell  no anda muy fino al entender lo que las sentencias del TC dicen, puesto que lo que dice esta sentencia, y mejor aún la  76/83 (y no es cosa de reproducir el texto de la sentencia para no aburrir al personal)  es que  se considera el conocimiento de la lengua propia de la Comunidad como un mérito de los funcionarios (no excluyente) pero, por otra, se atribuye el deber de conocimiento de dicha lengua a la Administración autonómica en su conjunto, no individualmente a cada uno de sus funcionarios. Es decir, que para garantizar el derecho de los ciudadanos a utilizar el catalán (derecho constitucional) algunos o muchos, pero no todos,  funcionarios (aquellos que deban atender a aquellos ciudadanos) deben conocer el catalán. Porque DE LO QUE ESTAMOS HABLANDO AQUÍ ES DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS, NO DEL DERECHO DE LAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.  Y  es que es el ciudadano el que tiene derecho a que los servicios de la Generalitat le atiendan en catalán, pero la Generalitát no tiene derecho alguno a que el ciudadano se le dirija en catalán. Aplíquese lo mismo a la XUNTA y al  GALLEGO.  

A VUELTAS CON EL DERECHO DE USAR Y EL DEBER DE CONOCER LAS LENGUAS ESPAÑOLAS (II)

Una lengua común es el capital mas preciado y rentable que puede tener una comunidad de personas, sea ésta cual sea: empresa, institución, ejército, nación (en cuanto población asentada en un territorio). No en vano el relato bíblico de que cuando Jehová quiso destruir el desafío “empresarial” de los hombres de hacer una torre de Babel  les quitó ese mejor factor de producción: la lengua común 

Piénsese en situaciones extremas que afecten a un vasto territorio o a una nación, como los de defensa nacional en caso de guerra o defensa y protección civil ante cualquier catástrofe natural (inundaciones, terremotos, incendios, etc.), sabiendo que todas ellas hacen disparar los resortes humanos de la supervivencia. ¿Cómo se puede organizar una defensa contra esos fenómenos, con la inmediatez que requiere el cumplimiento de las  órdenes e instrucciones,  sin  una lengua común?.  Baste recordar que, a su nivel, esto ya se puso de manifiesto cuando en las inundaciones, incendios forestales y marea negra, medios humanos y técnicos de otras regiones acudieron a Cataluña y a Galicia, de forma que el catalán y el gallego, forzosamente, dejaron de ser el instrumento de comunicación para las instrucciones de coordinación y mando para con esos medios. Si quiero que, ante casos graves, los vecinos me ayuden, debo procurar que todos los míos conozcan la lengua de los vecinos,  que además es la mía también. Así de sencillo y de práctico. 

El deber de conocer la lengua oficial del Estado está ligada, entre otras cosas, al principio constitucional de igualdad (que todos los españoles, en cualquier lugar del territorio nacional, tengan las mismas condiciones para ser oídos y ser notificados)  y al concepto de nacionalidad (la del pasaporte, para entendernos).  No en vano países modernos y democráticos,  como Alemania, Reino Unido y Holanda (y muchos otros), exigen un alto conocimiento del alemán, inglés y holandés, respectivamente, a aquellos extranjeros que pretender acceder a la nacionalidad-ciudadanía de esas naciones por la vía de la  permanencia previa. 

Es preciso recordar que todas las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que se han pronunciado sobre la cuestión que es título de este artículo han dejado claro lo que sobre ello dice la Constitución Española de 1978 (CE) en su artículo 2:  que los ciudadanos tienen el derecho de utilizar ante los Poderes públicos el castellano y la lengua oficial de la Comunidad Autónoma que fuere, y tienen el deber de conocer el castellano, como lengua franca en toda España y lengua oficial del Estado.  Es decir, que el DEBER DE CONOCER SOLO SE DICE DEL CASTELLANO, Y  EL DERECHO DE USAR SE DICE DE LAS LENGUAS AUTONOMICAS Y DEL CASTELLANO POR  IGUAL. Y así, esta cuestión estaba política y jurídicamente zanjada, pero ha venido a replantearla la introducción en el nuevo Estatuto de Cataluña  del deber de conocer el catalán para los catalanes.   

La actualidad de las lenguas en España la acomete Irene Lozano en su interesante, asequible y recomendable libro “Lenguas en guerra” (premio Espasa de Ensayo. Madrid 2005),  con dos críticas cariñosas que yo le hago. Una, que, en sus citas de libros, no se acuerde del libro mas trabajado y documentado sobre esta materia: “La normalización lingüística,  una anormalidad democrática. El caso gallego”, Siglo XXI editores, Madrid 1993,  del profesor  Manuel Jardón (gallego de Orense, casado con una catalana, y residente entonces en Cataluña). Y otra, que diga que la legislación gallega establece el deber de conocer el gallego, cuando ello no es así. 

Ciertamente, la Ley 3/1983, del Parlamento de Galicia, de  Normalización  Lingüística (no confundir con la Ley de Normativización Lingüística),  en su primera redacción,  en su artículo 1, decía: “El gallego es la lengua propia de Galicia. Todos los gallegos tienen el deber  de conocerlo y el derecho de usarlo".  Pero, recurrida esta Ley por el Gobierno de la Nación,  se produjo la sentencia del TC   84/1986  que suprimió de ese artículo lo del deber de conocerlo.  El recurso lo interpuso el Gobierno del Partido Socialista (PSOE),  gobierno que ahora promovió lo contrario  en el  nuevo Estatuto de Cataluña estableciendo el deber de conocer el catalán;  como el Partido Popular (PP) dice ahora lo contrario para el catalán que lo que dijo entonces para el gallego (ya que la Ley 3/83 de Galicia, citada, era del PP).  Es una vergüenza tener unos gobernantes tan chalanescos que hoy dicen una cosa y mañana lo contrario sin hacer explicación pública alguna de ello.  Por eso, en ésto los que sí han sido coherentes son los del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) que con razón dicen que ellos no quieren ahora mas que lo que quiso en su día el PP.  El caso es que es de esperar que el TC,  en coherencia con sus sentencias anteriores, anule similar artículo del Estatuto de Cataluña. Sino, ¡apaga y vámonos!.  Apaga el Estado de Derecho. 

Esto del derecho y deber de conocer las lenguas tiene mucha importancia, particularmente en LA PARCELA DE LA RELACIÓN DE LOS CIUDADANOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Cuando uno tiene un expediente en marcha en la Administración, por cualquier asunto,  tiene el derecho de elegir la lengua en la que han de estar escritos los papeles de ese expediente. Y ese derecho se lo atribuye la Ley 30/1992, de Régimen y  Procedimiento de las Administraciones. Y ya la situación actual, lamentablemente, es que la Xunta, incumpliendo la Ley, contesta siempre en gallego, aún cuando uno se haya dirigido a la Xunta en castellano, alegando la Xunta que si quiere que se le conteste en castellano no es suficiente que haya escrito la instancia-solicitud en castellano sino que debe pedirlo expresamente.  Bien, pues si por encima ahora en el Estatuto de Autonomía se establece el deber de conocer la lengua autonómica, el debate y el problema ya estaría servido. Y ello porque, mientras el derecho a elegir la lengua de los documentos del expediente estaría establecido por Ley Ordinaria (esa Ley 30/92),  el deber de conocer el gallego estaría establecido por Ley Orgánica (el Estatuto de Autonomía), de rango superior a aquella. Con lo cual, con los precedentes que conocemos de la actuación de Organos de la Xunta de Galicia (que sería ilustrativo relatar), así, en principio, el ciudadano podría ser conminado a recibir todos los papeles del expediente en gallego (aún cuando él se hubiese dirigido en castellano), y ya veríamos si también a presentar todo en gallego, puesto que se entendería que conoce el gallego por ese deber de conocer. 

Y claro, una cosa es una simple instancia-solicitud, pero cosa distinta son documentos con enjundia científica o proyectos redactados en castellano por gabinetes y bufetes de fuera de Galicia, con el alto coste que supondría su traducción a la lengua autonómica. Cuestión ésta que debería llamar las atención de las empresas, por no decir de los sindicatos, y demás entes asociativos, que quieran utilizar ese dossier en toda España, ya que un trabajo de este estilo redactado en castellano podría ser peor visto que el redactado en la lengua autonómica en ciertos medios del Gobierno Autonómico muy celosos de la lengua. 

Por ello, en estos momentos, para RESPETAR SIEMPRE LA LIBERTAD DE ELECCIÓN DEL CIUDADANO,  propongo modificar esa Ley 30/92 en orden a añadir: 1) en los procedimientos-expedientes iniciados por el interesado, se entenderá que la lengua por él elegida es aquella que haya utilizado en su escrito de iniciación;  2) en los iniciados de oficio por la Administración, el escrito de iniciación dirigido al interesado estará en ambas lenguas oficiales en la Comunidad Autónoma.  

A VUELTAS CON EL DERECHO DE USAR Y EL DEBER DE CONOCER LAS LENGUAS ESPAÑOLAS.

Tercera parte.-
  Los lectores me permitirán que les de la vara de nuevo con el tema de este artículo, que ya he tratado en números anteriores de Canal NW (julio y agosto 2007),  porque comprendo que la cosa es un tanto árida. Pero, aún cuando no lo parezca, el asunto es muy importante, y han tanta gente preocupada por esto, y nos jugamos tanto en ello,  que bien vale un pequeño esfuercito para seguir leyendo. 

En nuestro primer artículo habíamos llegado a la conclusión de que «DE LO QUE ESTAMOS HABLANDO AQUÍ ES DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS, NO DEL DERECHO DE LAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.  Y  es que es el ciudadano el que tiene derecho a que los servicios de la Generalitat le atiendan en catalán, pero la Generalitát no tiene derecho alguno a que el ciudadano se le dirija en catalán. Aplíquese lo mismo a la XUNTA y al  GALLEGO» 

Es sabido que los derechos son de las personas y no de las Administraciones, ni mucho menos de las cosas, de forma que es una extraña perversión filosófica la de algunos nacionalistas cuando defienden la lengua vernácula (como el letrado de un Gobierno Autónomo en el recurso ante el Tribunal Constitucional) desligándola de las personas que han de usarla, viniendo a decir algo así como aquella estupidez de “el derecho de la lengua a ser hablada”.  Es como si dijésemos:  “el derecho de los carballos a no ser talados”,  en lugar de decir:  “el derecho de los vecinos de la carballeira a que no se talen los carballos”.  Creo que nos entendemos. 

Y en el segundo artículo decíamos que: «Y ya la situación actual, lamentablemente, es que la Xunta, incumpliendo la Ley, contesta siempre en gallego, aún cuando uno se haya dirigido a la Xunta en castellano» . Y terminábamos con una proposición:   «Por ello, en estos momentos, para RESPETAR SIEMPRE LA LIBERTAD DE ELECCIÓN DEL CIUDADANO,  propongo modificar esa Ley 30/92 en orden a añadir: 1) en los procedimientos-expedientes iniciados por el interesado, se entenderá que la lengua por él elegida es aquella que haya utilizado en su escrito de iniciación;  2) en los iniciados de oficio por la Administración, el escrito de iniciación dirigido al interesado estará en ambas lenguas oficiales en la Comunidad Autónoma».  

Pero, y he aquí lo interesante, yo me aventuraba a adelantar que a este paso se podría llegar a un momento en que: «con los precedentes que conocemos de la actuación de Organos de la Xunta de Galicia (que sería ilustrativo relatar), así, en principio, el ciudadano podría ser conminado a recibir todos los papeles del expediente en gallego (aún cuando él se hubiese dirigido en castellano), y ya veríamos si también a presentar todo en gallego, puesto que se entendería que conoce el gallego por ese deber de conocer». 

Y era ésta una advertencia mía en términos retóricos, como un vaticinio de adonde podíamos llegar con esta dinámica de primar al gallego y castigar al castellano en las Administraciones Públicas. Pero la cuestión es que esta especulación mía, de que en el futuro se nos obligase a presentar las cosas ante la Administración en gallego,  en realidad ya no era una especulación sino una realidad. Es decir, ¡ya estaba aquí !. Je, sin saberlo me había anticipado al futuro. Lo que pasaba es que yo desconocía en ese momento que lo que yo anunciaba como supuesto teórico ya existía. Ya era una realidad. Fue después, cuando me encontré con una Ordenanza municipal que establecía tal exigencia,  que me quedé  boquiabierto. 

Se trata de la Ordenanza Municipal de Normalización Lingüística do Concello das Pontes de García Rodríguez,  publicada en  Boletín de la Provincia de La Coruña Nº 74, de 02/04/2002.  Tenemos que limitarnos a reproducir unos  parrafitos de las partes mas substanciosas de unos artículos de la misma:  Art. 4.2 : "O Concello requeriralles ós seus contratistas e proveedores, cando sexan persoas físicas ou xurídicas con domicilio en Galicia, a presentación da documentación en galego. Estos requisitos han de constar no prego de condicións dos contratos administrativos que aprobe o Concello" .  Art. 30.1.: Para garantir o cumprimento desta ordenanza, crearase unha comisión interpartamental de seguimento. Art. 31.: Tamén é competencia da comisión de seguimento promover, chegado o caso, os expedientes sancionadores oportunos polo incumprimento da ordenanza.  

Fíjense Vds. hasta donde llega la deriva nacionalista: a obligar a dirigirse  a la Administración en gallego so pena de ser sancionado, apartado de los circuitos económicos de la contratación pública, etc. No califico, me limito a reproducir hechos.

Menos mal que en el recurso que, esta vez si, aún cuando con ciertos complejos, interpuso la Delegación del Gobierno en Galicia  (del Gobierno de España, se entiende) se dictó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 23/02/2006, que anuló los artículos mas sangrantes de la Ordenanza, entre ellos los 4.2. y  31  citados. En lo referido a lo de las sanciones,  bien dice la sentencia que el Ayuntamiento no tiene «habilitación legal alguna para poder imponer sanciones en este ámbito, en el que rige el principio de reserva de ley expresado en el art. 25 de la Constitución.  Cosa,  por otra parte, de perogrullo en ámbitos jurídicos.  

Pero, la sentencia no es suficiente si no ha de haber una vigilancia continua, expediente a expediente, de lo que se va a hacer en la gestión municipal en el futuro. Por lo que ya se decía en ese anterior artículo. Y es que, a fin de cuentas, esa Ordenanza, aún cuando anulada, puede obrar como “aviso a navegantes”. Después de esto, las empresas candidatas que concurran ante ese Ayuntamiento sentirán que sus documentos y proyectos pueden ser peor vistos si no van en gallego. He ahí el efecto perverso. 

Después me enteré que en otros Ayuntamientos, no sé si como imitación de éste, se presentaron al Pleno Ordenanzas similares, y menos mal que algunos Secretarios responsables advirtieron a la Corporación Municipal de su ilegalidad. Por ello, tenemos verdadera curiosidad por saber que fue lo que informó,  en su momento, el Secretario del Ayuntamiento de As Pontes sobre dicha Ordenanza,  para que ésta que hemos comentado saliera aprobada . 

José Luís Castro Núñez es economista, sociólogo y Técnico Facultativo Superior de la Admin. Pública.

Recortes de Prensa   Página Inicial