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Recortes de Prensa    Miércoles 16 Enero 2008

Faltar a la verdad
Editorial ABC 16 Enero 2008

EL reconocimiento por parte de Rodríguez Zapatero de que autorizó contactos con ETA después del doble atentado mortal de la Terminal 4 de Barajas es un hecho muy grave que arruina definitivamente la confianza institucional que debe conservar todo presidente del Gobierno en las cuestiones de Estado. Desde aquel 30 de diciembre de 2006 en el que ETA asesinó a dos ciudadanos ecuatorianos en el aeropuerto madrileño, Rodríguez Zapatero, personalmente, y ministros y altos cargos del PSOE desmintieron las informaciones relativas a nuevos contactos con la banda terroristas, como las que publicó ABC en diversas exclusivas. No sólo lanzaron desmentidos, sino también graves acusaciones contra las víctimas del terrorismo, dirigentes del Partido Popular y cualquiera que cuestionara la información procedente de La Moncloa. Ahora, el presidente del Gobierno reconoce que faltó a la verdad, aunque su versión pretenda devaluar la gravedad de lo sucedido y limite los contactos a una mera deferencia con las entidades internacionales que actuaron como mediadores con la banda terrorista. Aunque sólo hubiera sido esto, el hecho seguiría siendo muy grave.

Pero no fue así. Fue mucho peor. Desde el atentado en Barajas, los contactos se mantuvieron y las decisiones políticas del Gobierno para atraerse el favor de ETA fueron especialmente significativas. ETA no consiguió conservar el diálogo con el Gobierno a pesar de los dos muertos de Barajas, sino gracias a ellos. Después del doble asesinato de la Terminal 4 -aquel «accidente»-, el Gobierno excarceló a Ignacio de Juana Chaos y el Ministerio Fiscal libró a Arnaldo Otegi de una condena segura por exaltar a la terrorista Olaia Castresana y se opuso a que el juez Grande-Marlaska abriera juicio contra el ahora encarcelado portavoz de Batasuna. Además, el Gobierno facilitó la presentación de candidaturas de Acción Nacionalista Vasca en las elecciones de mayo de 2007, con la añagaza de impugnar sólo la mitad de sus listas. Y si se llegó a esta situación de burla electoral fue porque en abril de 2007 Gobierno y ETA hablaron de cómo enmascarar la presencia de ANV en los comicios locales.

Todavía es poco lo que Rodríguez Zapatero ha reconocido, porque la política de ocultación en relación con Batasuna y ETA es constante desde 2002, año en el que algunos dirigentes socialistas vascos empezaron a dialogar con una formación ya ilegalizada por el juez Garzón. Falta por reconocer que el Gobierno empezó a negociar con ETA en 2005 y siguió haciéndolo hasta poco antes de la ruptura oficial del alto el fuego. Y hubo negociación política, aunque no hubiera acuerdos, porque los acuerdos que quiere ETA -autodeterminación, soberanía, territorialidad, amnistía- escapan al poder de decisión del Gobierno, porque afectan al patrimonio constitucional de los españoles. Pero el Gobierno, que diseñó una estrategia oscurantista para tratar de distorsionar la realidad de lo que acontecía, sí cedió en lo que estaba en sus manos, rompiendo el Pacto Antiterrorista, humillando a las víctimas del terrorismo, implicando a los Parlamentos nacional y europeo como pantallas de su negociación, degradando el papel de la Fiscalía y marginando a los jueces que se atrevieron a seguir aplicando la ley a ETA y a Batasuna.

Faltar a la verdad inhabilita a un gobernante. Más aún cuando se trata de una actitud sostenida, duradera y premeditada como la que ha creado el PSOE para ocultar a los españoles que estaban negociando con Batasuna, primero, y con miembros de ETA después. Rodríguez Zapatero ha hecho buena la oposición del PP a su política sobre terrorismo, porque ha certificado que Mariano Rajoy no debía ni podía fiarse de su palabra. Tampoco el resto de los españoles, porque la sociedad, en efecto, reclama de su Gobierno rectitud, después de haber demostrado con creces su capacidad de sacrificio frente al terrorismo y de lealtad al orden constitucional que ETA pretende destruir.

Qué acierto, qué inmenso acierto
EDITORIAL Libertad Digital 16 Enero 2008

Las esperanzas que Alberto Ruiz Gallardón había depositado en las próximas elecciones para suceder a Mariano Rajoy al frente del PP han sido cortadas de cuajo y sin apelación posible. El alcalde de Madrid, político petulante, pero ambicioso y maniobrero como pocos, se postuló como número dos del partido para, en caso de descalabro electoral, capitalizar el descontento dentro de las filas populares. Una vez logrado este objetivo –no muy difícil, por otra parte, en un partido que cosecha su segunda derrota en cuatro años– reclamaría su puesto en la presidencia vendiendo sus supuestos milagros personales en el electorado de la Comunidad y el municipio de Madrid.

La vitola de imbatibilidad que Ruiz Gallardón se auto otorga es simple vanidad muy bien condimentada, eso sí, por toneladas de propaganda personalista que, en algunos casos y de puertas adentro, roza el culto al líder. Gallardón nunca ha ganado unas elecciones al margen de su partido. Cuando el PP lo ha hecho, es decir, en 1995, 1999, 2003 o 2007, Gallardón ha obtenido mayorías; cuando el PP ha caído en las urnas, Gallardón también lo ha hecho. No existe, por lo tanto, un votante que le sea propio al alcalde, todos pertenecen a las siglas que él representa en Madrid. Esto es así aunque el propio Gallardón y su permanente campaña de imagen personal se empeñen en lo contrario.

Creyéndose la patraña que él mismo ha construido con esmero durante largos años, se ofreció a Rajoy para entregarle en bandeja un gran vivero de votos de izquierda que, según hace creer en Génova, sólo está a su alcance. Lo primero no es cierto, Gallardón no quería colaborar con Rajoy sino sustituirle; lo segundo menos. Es discutible que Gallardón haya arrancado un solo voto al PSOE. En todo caso, y debido a un oportunismo ideológico que le ha llevado de la derecha más tradicional al progresismo naïf y medio bobo que dice profesar, ha conseguido que la izquierda construya a sus expensas el monigote de “derechista bueno” pero no digno de merecer el voto.

Los verdaderos credenciales del candidato que ya no lo será son estos y Rajoy, en un acierto redondo, ha sabido valorarlos a tiempo. Es hora de que adviertan en Génova que el partido, más que necesitar a Gallardón, lo padece. El alcalde de Madrid no hace honor a la imagen de partido reformista y moderno que el PP quiere transmitir. Gasta de un modo descontrolado y es devoto de las subidas de impuestos, del crecimiento del aparato estatal y del control sobre los ciudadanos. En la práctica no se diferencia de los socialistas ni en sus medios de comunicación favoritos. El apelativo de “candidato de Prisa” no es una maledicencia periodística sino la cruda realidad. Representa mejor que nadie la derecha amaestrada y perennemente acomplejada con la que sueñan en Ferraz.

Liberado del estorbo de tener que acomodar a Gallardón en una lista vigilándole de cerca Rajoy puede ahora concentrarse en lo que de verdad importa que es, a fin de cuentas, en ganar las elecciones. Al líder del PP le toca el turno de hacer su propuesta y mover ficha. Cuenta con el apoyo de millones de españoles que ya votaron por él en 2004. Para acrecentar este número no necesita parecerse a la izquierda sino diferenciarse de ella, fundamentar un discurso propio que nada deba a la caduca e ineficiente socialdemocracia que encarna Zapatero y que, en su propio partido, Gallardón sigue reclamando como programa de futuro. Un futuro que, al menos en las próximas elecciones, para el PP ya es pasado.

El plan del miedo
Joseba Arregi El Correo 16 Enero 2008

Los consejeros de Justicia y de Educación del Gobierno vasco han presentado por fin el plan de educación para la paz. Un plan que llega bastante, si no muy tarde. Un plan muy amplio en cumplimiento de un mandato parlamentario. Un plan debido a que en Euskadi existe terrorismo, a que en la sociedad vasca existe un deber de memoria de las víctimas asesinadas, de atención a las víctimas familiares de los asesinados. Un plan debido a que la sociedad vasca no siempre ha estado a la altura en su comportamiento respecto a las víctimas del terrorismo y al propio terrorismo.

El objetivo del plan es sentar unas bases seguras para que las nuevas generaciones crezcan y se desarrollen en el respeto a los derechos humanos y a la cultura de la paz. Un objetivo que puede servir para la educación tanto en Euskadi como en Alemania, Finlandia o Sudáfrica, y que se supone que está ya funcionando, caso de que en el sistema escolar vasco, además de transmitir conocimientos, se siga algún tipo de educación en valores.

Dice el plan que la educación en derechos humanos debe reconocer y subrayar la importancia que ésta reviste para el fomento de la democracia, el desarrollo sostenible, el imperio de la ley y la paz, así como para la protección del medioambiente. Es cierto que habla también de víctimas, de los efectos desastrosos del terrorismo, del lastre que éste supone para la sociedad vasca. Pero bastan los apuntes indicados para ver su intención y las dificultades a las que responde. Es un plan del miedo. Y no del miedo a ETA, no del miedo a nombrar a ETA y de condenar la violencia del terrorismo de ETA. Pero sí del miedo a denominar las cosas por su nombre; miedo a la concreción de la realidad, miedo a enfrentarse con la historia real, con el problema real.

Es el miedo del nacionalismo a enfrentarse a la motivación nacionalista de la violencia terrorista, a lo que ha sido su comportamiento durante los años en los que en democracia ha actuado el terrorismo. Miedo a reconocer que el terrorismo ha buscado la deslegitimación de las instituciones estatutarias y que el nacionalismo no termina de decidir la legitimidad democrática de las mismas. Miedo a que el reconocimiento de la motivación nacionalista del terrorismo obligue a alguna reflexión sobre el propio proyecto; miedo a hablar de verdugos, vascos y nacionalistas, y de víctimas asesinadas con significación política.

El problema al que el plan debiera hacer frente no es el de la educación de los derechos humanos, y menos en la interpretación extensiva que de ellos hace el plan cuando habla del derecho a la vida como derecho humano fundamental, pero también de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales, olvidando la recomendación de Michael Walzer de limitar el número de los derechos humanos para que realmente puedan pretender universalidad.

El problema al que debiera hacer frente el plan no es el de la sostenibilidad del desarrollo, ni el cuidado del medio ambiente. El problema es la existencia de ETA surgida de la propia sociedad vasca, es la existencia de la violencia terrorista. El problema es el riesgo de desmemoria en relación a los asesinados por ETA. El problema es buscar respuesta a la pregunta: ¿cómo ha sido posible todo ello? Y también a esta otra: ¿dónde hemos estado todos nosotros, la sociedad vasca, los partidos políticos y especialmente los nacionalistas, puesto que ETA mataba en nombre del conflicto, en nombre del derecho del pueblo vasco a decidir, en nombre de la nación vasca?

El problema es educar para la paz a partir de educar para el reconocimiento de que en no pocos momentos la sociedad vasca ha perdido el nervio moral, ha recurrido, en su parte nacionalista, a legitimaciones indirectas de la violencia de ETA, ha prestado demasiadas explicaciones a su terrorismo, ha ocultado a las víctimas, las ha sometido a un proceso de doble victimización.

El problema al que debiera responder el plan es analizar por qué hemos tardado tanto en darnos cuenta de la necesaria deslegitimación del terrorismo, y analizar también por qué al nacionalismo, aunque no a todos los nacionalistas, les sigue costando tanto la deslegitimación política de ETA y de su violencia. El problema al que debiera dar respuesta el plan es un problema muy concreto, y no la dificultad en cualquier sociedad moderna para educar en los valores supuestos en los derechos humanos.

Por eso el plan es omniabarcante. Mete todo lo que pueda sonar a cultura de paz, a cultura de derechos humanos, a cultura humanista para envolver y quitar hierro a la concreción del problema de la sociedad vasca, para bajar de grado la especificidad del problema del terrorismo de ETA encuadrándolo en problemas más generales, más universales, más amplios, más genéricos.

Queda muy bien la afirmación contenida en el plan de que la educación en la esfera de los derechos humanos y en pro de estos derechos constituye un derecho humano fundamental. Pero para poder llegar a comprender lo que es un derecho humano fundamental es preciso ir de lo concreto a lo abstracto: ¿Cuáles son los derechos humanos pisoteados en la sociedad vasca?, ¿quién los pisotea?, ¿por qué? Si no se responde a estas preguntas, si la respuesta no constituye el núcleo fundamental y no enmascarado del plan, la educación para la paz, incluso como educación en derechos humanos, no pasará de un ejercicio estéril. Y menos si la respuesta va por la vía de decir que ETA ha hollado los derechos humanos al segar la vida de ciudadanos, en Euskadi y en el resto de España, pero que también existen otros ataques a los derechos humanos, estableciendo una especie de equilibrio, de neutralización mutua. Como si el discurso de quienes ejercen violencia y terror, y de quienes no están dispuestos a condenar dicha violencia terrorista, diciendo que lo que es preciso condenar es todo tipo de violencias, incluida la legítima del Estado de Derecho, acechara en el subsuelo del plan de educación para la paz.

Al final el problema al que, al parecer, el plan no ha sabido o no ha podido dar respuesta es el de reconocer que la violencia ejercida en Euskadi es la violencia de ETA; la violencia que ha asesinado en nombre de un proyecto político, en busca de la deslegitimación de las instituciones estatutarias, de quebrar el proceso iniciado con la aprobación democrática del Estatuto de Gernika. Por eso ha asesinado a quienes representaban al Estado de Derecho, a quienes representaban lo no nacionalista en Euskadi, lo otro, la no homogeneidad, la dificultad de hablar de modo homogéneo de pueblo vasco como sujeto político uniforme, a quienes representaban la diversidad, el pluralismo, el pacto, el compromiso estatutario, el acuerdo entre diferentes.

Pero a daterminado nacionalismo le resulta extremadamente difícil hacer frente a ese problema, encararlo, porque quiere salvar el proyecto político de ETA a pesar de ETA, quiere construir un discurso en el que es posible condenar a ETA y preservar en su totalidad el proyecto político de ETA. Ese determinado nacionalismo quiere presentar un plan de paz, porque ya es insoportable no asumir la responsabilidad de responder a la memoria de los asesinados, pero sin que incluya ni la significación política de quienes fueron asesinados, y con ello la deslegitimación del proyecto político de ETA, ni la legitimación de las instituciones para cuya deslegitimación ha derramado tanta sangre ETA.

Porque en esta sociedad vasca de nuestras entretelas, en la que tanto se predica de la identidad propia y específica, estamos logrando algo inédito en la Historia, aunque exista algún ejemplo reciente: la construcción de una identidad sin apoyatura institucional alguna, sin referencia institucional alguna. Como escribe Olivier Roy en 'El Islam mundializado', estamos construyendo una identidad virtual, desgajada de referencia institucional concreta. La identidad vasca que se quiere construir es la razón que impide precisamente aceptar como legítimas y democráticas las instituciones propias de autogobierno. Y así la referencia de la identidad vasca no es institucional, sino una 'umma' virtual, como la de los islamistas radicales que viven una triple ruptura: con sus culturas y países de origen, con la generación de sus padres y con la cultura de sus países de acogida. Pero a uno se le antoja imposible una educación para la paz sin referencia institucional democrática alguna.

Fichajes de invierno
Tonia Etxarri El Correo 16 Enero 2008

Más vale tarde que nunca», dicen quienes protestaron, desde el minuto uno, por el retorno de los socios de Batasuna y ETA a las instituciones tras las pasadas elecciones municipales y forales. Si se confirma que la «base suficiente» de la que dispone la Fiscalía General del Estado para demostrar la subordinación de EHAK y ANV a Batasuna va a provocar, finalmente, la ilegalización de estas dos formaciones satélites, el Gobierno de Zapatero, por una vez, tendría que dar un paso más allá. Ir por delante de los juristas del entorno de ETA. El Fiscal tendría que estar ya investigando sobre las futuras siglas con las que, con toda seguridad, el mundo de Batasuna piensa concurrir el próximo 9 de marzo.

La historia ha demostrado, repetidamente, que son unos ases buscando fichajes de debajo de las piedras. Eso es lo que aconsejan los mismos sectores que, por experiencia, se mostraron críticos, desde el comienzo, con un proceso de negociación que estaba hilvanado con un hilo demasiado débil. Si el Gobierno de Zapatero tan sólo se conforma con la ilegalización del grupo que ha actuado en lugar de Batasuna en el Parlamento vasco, así como con la ilegalización de ANV, volvería a repetirse el penoso espectáculo de los últimos comicios. La poca diligencia y la falta de voluntad política facilitaron que ANV obtuviera 337 ediles y le permitiera gobernar en 42 ayuntamientos. Si las pruebas que parece tener ahora la Fiscalía, las hubiera tenido hace medio año, (¿no las tenía?) la alcaldesa de Hernani no estaría ostentando ese cargo, al menos, como representante de ANV. Por ejemplo.

En fin, que no sólo se trata de poder aplicar una condición que, salvo el poder nacionalista, lo pedía la opinión pública a voces, sino que se trata de poder acreditarlo con solvencia. Las formas son importantes. Está en juego la credibilidad de un Gobierno cuyo presidente no es que haya resbalado en la cáscara de plátano de una entrevista en la que ha reconocido que siguieron los contactos con ETA después del atentado de la T-4 sino que admite, y eso es lo más grave, que le resultaba inconcebible imaginar que ETA hiciera una barbaridad como la cometida contra el aeropuerto de Madrid.

De los malos diagnósticos vienen, luego, los errores. Por eso es importante también acertar en el diagnóstico económico; el eje principal del debate de la campaña. El PP se lo ha tomado tan en serio que el fichaje de Pizarro ha agitado todos los ánimos. No le ha hecho falta contar con asesores de Harvard para darse cuenta de que un candidato tan preparado como el ex presidente de Endesa subirá el nivel. Y será un buen contrincante electoral para medirse con el socialista Solbes.

Ayer, el ilustre fichado habló por teléfono con María San Gil, a quien no conoce personalmente, para decirle que quiere hacer uno de sus primeros mítines electorales en el País Vasco. Y los populares de Euskadi, lógicamente, encantados.

t.etxarri@diario-elcorreo.com

La importancia de dar testimonio de la negociación política del Gobierno con ETA
Regina Otaola Libertad Digital 16 Enero 2008

Este martes se presenta en Bilbao el libro de Alfonso Merlos, “Rendirse ante ETA”, en el cual el periodista de la COPE ofrece un minucioso repaso de la infame política de negociación con ETA del Gobierno socialista y del PSOE, en definitiva, que en secreto ya mantenía contactos en el País Vasco con el entorno de la banda desde años antes. Es buena la ocasión para que salga a la luz, ahora que la memoria de corto recorrido del presidente del Gobierno parece querer resituar su “error” en un punto aislado de esta legislatura, cuando lo que edulcoró como “proceso de paz” ha sido todo su proyecto político de 2004 a 2008, aunque los cimientos del mismo se establecieran en 2001, y cuando no está claro que lo haya abandonado por completo.

Además, el presidente del Gobierno, en su balance de la legislatura, se atreve incluso a declarar que fue su Ejecutivo el que dio por concluido el “proceso de paz”, no inmediatamente después del atentado de la T-4 sino meses después, cuando es público y notorio que fue la organización terrorista la que, después de que se hubiera levantado de la mesa el por entonces presidente del PNV, Josu Jon Imaz, decidió acabar con las negociaciones. En este punto los defensores de la “solución dialogada” del presidente del Gobierno afirmaron en su día que si el “proceso” acabó fue porque no se había realizado ninguna concesión política a ETA, pero lo que hay que destacar es que ahora, a dos meses de las Elecciones Generales, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero quiere convencernos de que fue el Gobierno quien decidió no seguir negociando, cuando realmente fue el último en levantarse de las mesas de negociación.

Y aunque se pretendiera hacer pasar esta nueva tergiversación de los hechos por otro “lapsus” del presidente, lo que no podemos olvidar es cómo los socialistas se callaron que ETA daba por finiquitado el “proceso de paz” hasta días después de las últimas Elecciones Municipales, prueba de que el Gobierno pagó el “precio político” de dejar a ANV-Batasuna presentar candidaturas, así como de que postergaron hacer público el anuncio de los terroristas para no perjudicar sus propios intereses electorales, estrechamente vinculados al éxito o fracaso del “proceso de paz”. Todos estos datos, estos hechos y los intentos de ocultación y negación de los mismos han jalonado la política presuntamente antiterrorista del Gobierno, que más que un error ha consistido en una auténtica estrategia desplegada sin escrúpulos para dejar fuera del sistema al PP, el único partido en el Congreso contrario a negociar con terroristas. Y el libro de Alfonso Merlos da cabida a muchos de los que han denunciado esta situación, a través de un recorrido cronológico de la legislatura que sirve desde luego para llenar hasta rebosar todas las lagunas del actual presidente del Gobierno.

Por eso es tan importante este volumen de testimonios, y cada testimonio de aquí en adelante que haga memoria de lo que ha significado este Gobierno en materia antiterrorista: un auténtico obstáculo para acabar con ETA. En consecuencia, todos los que así lo vemos hemos de seguir denunciando con renovada insistencia de aquí al 9 de marzo, y aún después, la política sostenida por este Gobierno respecto a los terroristas, porque los españoles ya no podemos fiarnos de quien excarcela a criminales para encarcelarlos después, poniendo el Estado de Derecho al servicio de sus necesidades de imagen, ni de quien manipula las palabras para asignarles un significado distinto según la ocasión, trátese de “Paz” o de “Nación”, ni de quien decía atenerse al Pacto Antiterrorista mientras negociaba simultáneamente con los terroristas.

Los españoles, sencillamente, ya no podremos fiarnos nunca más del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Rendir con cuentos, rendir cuentas
Roberto Blanco Valdés La Voz 16 Enero 2008

Al igual que el sustantivo nación -polisémico según nos descubrió un día, pleno de inspiración, el presidente Zapatero-, también el verbo rendir tiene significados diferentes. Dos de ellos son especialmente actuales, ahora que con la convocatoria de elecciones la carrera electoral ha entrado en su etapa decisiva.

De hecho, si para algo debería servir el tiempo de precampaña que acaba de empezar es para que los elegidos, y, entre ellos, quienes más poder han ejercido -el Gobierno y la mayoría socialista-nacionalista que lo ha apoyado en las Cortes Generales- rindiesen cuentas de su gestión. Rendir significa aquí, claro, responder: es decir, explicar y asumir ante el cuerpo electoral lo realizado hasta la fecha.

Es de temer, sin embargo, que el verbo rendir funcione en las próximas semanas en otra de sus conocidas acepciones -como sinónimo de claudicar o desistir-, de modo que lejos de ser los elegidos los que rindan cuentas de su acción, seamos los electores los que acabemos rendidos (vencidos, agotados) por una campaña electoral inservible para lo único que justifica su existencia: para que nuestros políticos respondan de lo realizado en la legislatura 2004-2008 y expliquen lo que piensan hacer en la legislatura 2008-2012.

Si esa fuera -que no lo es- la actitud con la que unos y otros se enfrentan al proceso electoral, podría el Gobierno explicarnos, por ejemplo, como es posible que haya podido llegar a producirse un hecho que nos llena de ira, escándalo y vergüenza: que algunos dirigentes de Batasuna cobren 1.000 euros mensuales de las arcas de ANV.

Aunque es obvio que ninguna responsabilidad tiene el Gobierno en que ANV haya decidido poner a soldada a varios miembros del brazo político de ETA, lo es también que sí la tiene -y no pequeña- en que ANV pueda disponer de unos fondos económicos de los que carecería en absoluto de no haber podido presentarse a unas elecciones a las que pudo concurrir porque así lo permitió el propio Gobierno, pensando en que evitaría de ese modo el naufragio de aquel desgraciado proceso de paz que ya había naufragado antes de empezar. Fuimos legión los que entonces anunciamos, ante el desprecio del Ejecutivo socialista, que pasaría lo que ha sucedido finalmente, y alguien debería responder de tal desaguisado.

Los electores tenemos derecho a que no se nos escamotee ese debate, como lo tenemos a que se discuta con argumentos sobre otros tantos temas políticos centrales de la legislatura que ayer se cerraba oficialmente. Pues sin rendición de cuentas sobre lo hecho en el pasado y explicaciones sobre lo que queda por hacer en el futuro, la democracia se degrada y pasa a convertirse en una ceremonia, sí, pero de la confusión.

Ya se trabaja en una gran coalición que salve el Estado y la economía
Graciano Palomo  elsemanaldigital 16 Enero 2008

El desplome de la Bolsa este martes avisa de lo que puede venir, y mientras tanto los nacionalistas se crecen cada día que pasa: son los puntos negros que un gobierno fuerte debe resolver.

No es una fantasía. Tampoco un brindis a la política de salón. Se trata de una iniciativa surgida de las poderosas calderas de los poderes fácticos que creen con razones que los graves problemas que cuitan a España no se pueden resolver con un gobierno débil que tuviera que pactar con las fuerzas nacionalistas para sobrevivir.

Y es que todo parece indicar que al día de hoy y a tenor de los sondeos (todos), ni el PSOE de Zapatero ni el PP de Rajoy podrán obtener la mayoría suficiente para fortalecer el Estado e implantar las necesarias reformas que la crisis económica demanda a gritos.

Si un gobierno de esa naturaleza se ha plasmado en Alemania, la primera potencia de Europa (con buenos resultados), no se entiende cómo en un país mucho más pobre y débil en su Estado no puede ser posible.

En efecto, estas fuerzas, básicamente económicas y financieras pero también otras instaladas en la sociedad civil (intelectuales de rigor, gestores de alto nivel, universitarios de prestigio), entienden que el Estado se enfrenta a dos retos de singular importancia.

El primero de ellos el de su integridad territorial. No hay que olvidar que el lendakari Ibarretxe mantiene la consulta secesionista en el País Vasco para el 25 de octubre y en Cataluña el desarrollo del Estatut colocará al Estado en un mero rictus inexistente. Por si fuera poco, el conglomerado entorno a Galeuscat (PNV, Bloque Nacionalista Galego y CiU) anuncia ya que serán ellos los que designen al próximo presidente del Gobierno. Es decir, un tema esencial para empresarios y otras gentes que creen en la continuidad de la nación española porque, entre otras cosas, la famosa unidad de mercado ya está cuarteada en 17 normas distintas.

El segundo gran asunto es la economía. La profundidad de la crisis es tan enorme, sus consecuencias tan dramáticas (los estudios más serios apunta a que se puede llevar por delante un millón de empleos de forma directa e indirecta, y no es catastrofismo sino un mero cálculo de calculadora), que se hace necesario un poder ejecutivo fuerte, con amplia base, que se pueda permitir el lujo de reeditar los Pactos de la Moncloa.

El soufflé se ha venido abajo con estrépito y no depende ya del Banco de España, ni siquiera de La Moncloa.

Los impulsores de esta iniciativa no parecen estar completamente locos o fuera de la realidad. Y no son pocos los altos dirigentes del PP y del PSOE que no ven mal esta posibilidad. No estrictamente entre los instalados, pero sí en aquellos que tienen poder político autónomo y entre las bases de las dos grandes formaciones nacionales. Simplemente hace falta un poco de explicación para que se comprenda la magnitud del empeño que tendrá por delante el nuevo gobierno.

Añaden que un poder ejecutivo de esa naturaleza contaría con un respaldo no inferior al 80% de la población. Los ciudadanos quieren soluciones a sus problemas, están asustados y atemorizados ante el futuro inmediato que les aguarda (carestía, hipotecas, desempleo, peor calidad de vida, etc.) y más que hartos de que con su dinero los políticos se dediquen a tirarse los trastos unos a otros mientras la casa sigue sin barrer.

Duraría hasta garantizar el poder del Estado: no significa en modo alguno acabar con los nacionalismos, pero si reconducirlos a su auténtica fuerza democrática. Incluso ya se barajan nombres que podrían presidir ese gabinete. Si es el PSOE quien obtiene más votos y escaños, uno; si, por el contrario, fuera el PP, otro distinto.

Pero los nombres y apellidos, si me lo permiten, los daré otro día.

P.D. Los lectores y el archivo del Elsemanaldigital.com no me dejarán por mentiroso. Hace al menos seis meses que escribí acerca de Manuel Pizarro y sus posibilidades políticas. Ya está, después de haber superado no pocas reticencias por su parte.

Es, sin duda, el gran éxito preelectoral de Mariano Rajoy y, sin exageraciones, un triunfo para España y su necesidad civil.

¡Enhorabuena, Manolo!

La denuncia de torturas dentro de la estrategia política de ETA
Juan Frommknecht Periodista Digital 16 Enero 2008

La reciente detención de los miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola han vuelto a poner una vez más de actualidad el asunto de la tortura en España.

Denunciar torturas es una obligación, una exigencia para todos los integrantes de la banda. Se pretende con estas denuncias conseguir simpatías en el plano internacional, cuestionar la credibilidad de la naturaleza democrática de las instituciones españolas, generar presión en determinados países para que no concedan extradiciones de miembros de la banda y consolidar su propaganda al respecto de la existencia de un país, “Euskadi”, en conflicto con otro, España, que impide por la fuerza y recurriendo a métodos tan deleznables la independencia y territorialidad del pueblo vasco.

Transmitir la idea fuerza de esta situación de falta de respeto de los derechos humanos a un pueblo es el objetivo prioritario de ETA, y terceros países, colectivos internacionales como Amnistía Internacional, Comité Anti Tortura, Gobiernos extranjeros, grupos antisistema, movimientos ocupas, movimientos alternativos, antiglobalización o altas instituciones extranjeras son los destinatarios de estos mensajes, así como fuerzas políticas afines dentro de España.

Es curioso que el esfuerzo por denunciar torturas sea más fuerte cuanto menor es la práctica de tan execrables actos. Incluso en documentos internos, ETA reconoce la no existencia de torturas en los interrogatorios, y critica que pese a ello, los detenidos “canten “ con pelos y señales sus acciones terroristas y delaten a sus compañeros.En el año 1978, el número 37 de la publicación interna de ETA denominada Kemen dedicó varias páginas al asunto. Lo que en ella se reconocía no deja de sorprendernos en la actualidad.

Bajo el título “Actitud del militante ante su detención” ETA reflexiona sobre el problema de las declaraciones que los miembros de la banda realizaban tras ser capturados por los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y lo hace de una forma absolutamente crítica.

Comienza su disertación con una aseveración sorprendente que aún hoy día tiene su actualidad: “Según las informaciones más fidelignas, y a pesar de que se siga diciendo lo contrario, el uso de la tortura contra militantes vascos detenidos no es sistemático y ni tan siquiera frecuente”….”Se puede decir que sólo ha habido un caso de tortura en Euskadi a militantes vascos desde hace casi un año”.

Más adelante la dirección hace una interpretación de este hecho:”Este cambio de actitud en la txakurrada no dejará de sorprender a más de uno,… pero tiene su sentido, puesto que el Gobierno ha comprendido que, en las actuales circunstancias políticas, el uso de la tortura no es rentable”

Tras realizar su análisis del por qué no se tortura, y tras acertar en la predicción de que en el futuro existirían leyes que restarían importancia a las declaraciones realizadas en sede policial y garantizarían la asistencia de un abogado al detenido desde la primera declaración, el autor insiste:”En todo caso y ciñéndonos al hecho de que ahora no se tortura, pongo a consideración los siguientes hechos:

1-Contra lo que pudiera parecer el hecho de que hayan sido torturados no ha impedido que los militantes de los milis hayan cantado en gran cantidad.

2-Estas cantadas son tanto más sorprendente en cuanto que la Txakurrada española no domina todavía las técnicas de interrogatorios de las policías europeas(más basadas en la inteligencia que en la fuerza.

En cualquier caso, la biblia de denuncias de tortura para miembros detenidos de la banda sigue siendo el manual de denuncia de estos hechos intervenido al comando Araba por la Guardia Civil el 18 de marzo de 1998, que dieron lugar a las diligencias 1/98, y que pasaron al juzgado central de instrucción número uno como Diligencias Previas 4/98.

Este documento intenta mentalizar a los miembros de los comandos para no declarar ni en sede policial ni judicial y les ordena denunciar haber sido denunciados siempre que se produzca una detención:

Según el manual, con estas denuncias se consiguen crear testimonios impactantes de la represión en el País Vasco y se crean vías para que organismos internacionales se interesen por la situación de Euskalherría, se consiguen posicionamientos favorables de partidos políticos y asociaciones diversas, se crean tensiones en los partidos democráticos y se desgasta y mina la moral de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ante un acoso judicial permanente.

El manual es claro: Se debe denunciar torturas ante cualquier detención, “por corta e insignificante que sea” y”en todo el territorio español”. Ante cada detención “tiene que haber una denuncia y no parar hasta verlos sentados ante su señoría”.

Posteriormente da una serie de consejos para hacer más creíble la denuncia, como fijarse en las descripciones físicas de los agentes que intervienen en la detención, su número y en la descripción de las dependencias policiales. El cinismo también está presente en las instrucciones: “Si la detención se produce en la calle y es normal, dejar los golpes (se refiere a la denuncia falsa de los mismos) para la entrada en la comisaríao en el vehículo policial. Pero en este caso, gritar como si os mataran, gritar también el nombre y forcejear lo que podais, luego ya sacaremos testigos y hará creíble lo que contéis”.

“La imaginación no tiene límites y podéis desarrollarla sin miedo, nunca os van a represaliar por una denuncia falsa, aunque no se pueda comprobar ya habremos conseguido parte de lo que pretendemos y sin coste alguno”. Esta consigna no ha sido seguida al pie de la letra por los detenidos, ya que se tiende a realizar denuncias falsas sólo en aquellos casos en los que la pena que lleva aparejada los hechos que se imputan sea grave. Si no lo son, los miembros o colaboradores de la banda no suelen arriesgarse a realizar una denuncia falsa que puede acarrear una pena superior a la del el propio hecho imputado. En caso de delitos graves, como el asesinato terrorista , penado con cuarenta años en nuestro actual código penal, el aumento de la condena por denuncia falsa no se vería reflejada en el cumplimiento de la pena, pues esta nunca puede ser superior a los cuarenta años.

ETA da instrucciones para intentar siempre que algún político se interese por la denuncia de torturas, ya que eso le da repercusión a la denuncia y crea contradicciones entre partidos. Llama también a negar siempre las implicaciones asumidas en acciones terroristas, achacándolos a las trampas de la policía.

En cuanto a qué torturas denunciar, aunque no se hubiera incautado el documento podríamos suponerlo:”Hablar de interrogatorios, golpes, bolsa, bañera, potro, tortura psicológica…”

Posteriormente el manual invita a presentar denuncias en cualquier lugar y cuantas más mejor. Posteriormente justifica el por qué de estas denuncias: “Los Txakurras os amenazarán e intimidarán para que no denunciéis, darles largas cuando estéis en sus manos y luego caña.Ahí les duele, hemos comprobado con el tiempo que la denuncia, aunque sea como estrategia ha retirado a muchos enemigos de valor”

Finalmente, y como motivación, informan a los miembros de los efectos de cada denuncia: “Tras tu denuncia ponemos en marcha toda una maquinaria, tanto del aparato judicial del estado como de los diversos colectivos abertzales…no olvidéis que tú eres el actor, y que sin ti no hay película…Una vez que tú hayas denunciado, otros colectivos apoyarán tu acción, y así, todos en la misma corriente, llegaremos hasta el final de nuestros objetivos. No olvidéis que detrás de ti está la prensa, colectivos locales, juveniles, internacionales, frente de cárceles y con suerte algún partido oportunista y dubitativo…Como ves tu aportación nunca será estéril”.

Hasta aquí los hechos, que no revelan nada nuevo o desconocido tanto para el poder judicial, como para los cuerpos y fuerzas de seguridad, como para la mayoría de los ciudadanos pero, pese a todo, nos ha parecido oportuno recordarlos.

EL PRESIDENTE RETÓ A PEDRO J. A QUE SE LAS MOSTRARA
Rivera envía a Zapatero tres sentencias que demuestran que en Cataluña "se excluye" al castellano
El presidente de Ciutadans ha contestado a las afirmaciones que realizó Zapatero el pasado domingo en una entrevista a Pedro J. Ramírez. El presidente del Gobierno retó al director de El Mundo a encontrar alguna sentencia "que diga que algún ciudadano ha visto vulnerado su derecho a educar a sus hijos conforme a los criterios de la Constitución". Albert Rivera las ha encontrado. En concreto tres: un auto del TSJC y dos sentencias más del mismo tribunal. El PPC también demostró a través de un vídeo que es imposible estudiar en castellano.
Europa Press  Libertad Digital 16 Enero 2008

En la extensa entrevista que concedió Zapatero a El Mundo, el director de este periódico le preguntaba si le parecía "lógico" que hubiera lugares de España en los que es imposible que los padres escolarizaran a sus hijos en castellano. Como suele ser habitual, el presidente del Gobierno no contestó directamente a la pregunta y se justificó diciendo que era "una pregunta trampa porque usted no me ha puesto un caso concreto". Pedro J. Ramírez se lo puso, y Zapatero acorralado retó al director del diario: "¿Puede usted poner encima de la mesa alguna sentencia que diga que algún ciudadano ha visto vulnerado su derecho a educar a sus hijos conforme a los criterios de la Constitución?".

Es por esto que el presidente de C's, Albert Rivera, ha acusado este martes a José Luis Rodríguez Zapatero de mentir al asegurar que nadie cuestiona que el catalán sea lengua vehicular en las escuelas y que no hay sentencias que constaten la vulneración del derecho de los padres a escoger en qué lengua quieren que sus hijos estudien.

Los tres diputados de C's en el Parlamento catalán, Albert Rivera, Antonio Robles y José Domingo, registraron en la Delegación del Gobierno el programa de su partido para las últimas elecciones autonómicas, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre el derecho a la escolarización en las dos lenguas oficiales de Cataluña, un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y dos sentencias del TSJC más.

Estos documentos demuestran, según Rivera, que en Cataluña hay gente, como C's, que "lleva dos años pidiendo el bilingüismo en las aulas catalanas y la libertad de escoger para los padres", indicó en declaraciones a Europa Press.

Rivera pidió a Zapatero que "conozca el país donde vive, la legislación y lo que hace su partido en Cataluña", en referencia al PSC. Según él, Zapatero es "directo responsable, no sólo cómplice, del atropello a los derechos que se está materializando" en Cataluña y otras comunidades.

Tuvo palabras también para PP y CiU, que "mantuvieron" esta situación en su momento y reclamó "que no haya obligatoriedad, sino libertad". "Zapatero miente porque sabe perfectamente que hay sentencias judiciales contrarias a la política lingüística" de la Generalidad, añadió.

Las sentencias remitidas por el líder de C´s al presidene del Gobierno son:
- Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
Recurso 469/2000
Ponente: Enrique García Pons

- Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
Recurso 1807/2002
Ponente: Juan Fernando Horcajada Moya

- Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
Recurso 412/2005

Ciutadans denuncia por carta que Zapatero avale el modelo lingüístico escolar catalán con afirmaciones que no se ajustan a la verdad
 Estrella Digital 16 Enero 2008

SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
PALACIO DE LA MONCLOA
MADRID (ESPAÑA)

ALBERT RIVERA DIAZ, con DNI núm. xxxx, Presidente del Partido CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA, con domicilio a efectos de notificaciones en Plaza Urquinaona núm. 10, Planta 16, de Barcelona, comparece y MANIFIESTA:

1.- Recientemente, a través de un medio de comunicación, hemos conocido que el Presidente del Gobierno de España ha avalado el modelo lingüístico escolar del Gobierno de Cataluña con afirmaciones que no se ajustan a la verdad.

Es radicalmente falso que nadie haya cuestionado que el catalán sea la lengua vehicular de la enseñanza.

- Olvida que ochenta nueve mil ochocientos cuarenta catalanes en las recientes elecciones autonómicas apoyaron a Ciutadans-Partido de la Ciudadanía que, entre sus propuestas programáticas, abogaba por una escuela trilingüe en Cataluña con una presencia equilibrada del catalán y del castellano y una escolarización en inglés en diversas asignaturas.

- Olvida que recientemente se debatió en el Parlamento de Cataluña una Iniciativa Legislativa Popular suscrita por más de cincuenta mil catalanes que defendía que la escolarización en las escuelas y universidades catalanas se hiciera en las dos lenguas oficiales.

Es radicalmente falso que no existan resoluciones judiciales en las que se afirme que se ha vulnerado el derecho de los padres a disponer que sus hijos tengan el castellano como lengua vehicular.

- En un auto de 27 de enero de 2006 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se obligaba a la Administración educativa catalana a garantizar que un niño matriculado en un centro docente de Badalona recibiera la enseñanza correspondiente al 2ª curso de educación primaria mediante atención y soporte individualizado en castellano en todas las áreas de conocimiento.

- En reiteradas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de las que son exponentes las de 14 de septiembre de 2004 y de 14 de noviembre de 2005, se declara “la obligación de la Administración educativa de adoptar las medidas necesarias para que en el modelo oficial de preinscripción se pregunte por su lengua habitual a los padres o tutores de los niños preinscritos en los cursos escolares en centros sostenidos con fondos públicos por su lengua habitual, antes del inicio de la matriculación, a fin de poder hacer efectivo su derecho a recibir en aquella la primera enseñanza, lo que resulta conforme con la doctrina sentada por la Sentencia del Tribunal Constitucional 337/1994 y por las sentencias del Tribunal Supremo de 13 de julio de 1995 y 17 de abril de 1996”.

2.- El Presidente del Gobierno de España no debe engañar a la opinión pública y, tampoco, permanecer impasible ante la constante vulneración de los derechos lingüísticos de los ciudadanos que desean la educación bilingüe (castellano y catalán) o trilingüe (castellano, catalán e idioma extranjero) en Cataluña.

Presidente Zapatero, Vd. es directo responsable, no sólo cómplice, del atropello a los derechos que se está materializando en ésta y otras Comunidades Autónomas con cooficialidad lingüística.

Presidente Zapatero, sepa que muchos españoles nos oponemos a que el catalán, el vasco o el gallego sean las únicas lenguas vehiculares de enseñanza, porque defendemos un proyecto pedagógico que se asienta en la inclusión de las lenguas cooficiales y no en la exclusión del castellano, como actualmente están haciendo determinadas autoridades educativas autonómicas que anteponen su nacionalismo al bien común de todos.

Presidente Zapatero, los modelos nacionalistas de educación son contrarios a un proyecto de ciudadanía en libertad y en igualdad. Sepa que, con sus acciones y omisiones, su Gobierno y su partido los están apoyando.

En virtud de lo expuesto,
SOLICITAMOS:

A) Que se tenga por presentado este escrito y por acompañados los documentos siguientes:
- Iniciativa legislativa popular sobre el derecho a la escolarización en las dos lenguas oficiales de Cataluña;
- Programa de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en las elecciones autonómicas de 1 de noviembre de 2006;
- Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 27 de enero de 2006;
- Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 14 de septiembre de 2004 y de 24 de noviembre de 2005.

B) Que el Presidente del Gobierno de España deje de mentir y de confundir a la población y asuma su responsabilidad en la conculcación de los derechos lingüísticos de muchos ciudadanos que residen en Comunidades Autónomas bilingües que no pueden ser escolarizados en castellano. Es competencia exclusiva del Estado garantizar la igualdad de derechos de todos los españoles (art. 149.1.1 de la Constitución española) y la condición del castellano, como lengua oficial que proclama el artículo 3 de la Constitución, conlleva ineludiblemente el derecho a su enseñanza en todo el territorio nacional.

En Barcelona para Madrid, a 16 de enero de 2007

Rivera acusa a Zapatero de mentir sobre la situación del castellano en Cataluña
ABC 16 Enero 2008

BARCELONA. El presidente de Ciudadans (Partido de la Ciudadanía), Albert Rivera, acusó ayer al presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, de mentir al asegurar que nadie cuestiona que el catalán sea lengua vehicular en las escuelas y que no hay sentencias que constaten la vulneración del derecho de los padres a escoger en qué lengua quieren que sus hijos estudien.

Los tres diputados de Ciudadans en el Parlamento, Albert Rivera, Antonio Robles y José Domingo, entraron a registro en la Delegación del Gobierno el programa de Ciudadans para las últimas elecciones autonómicas, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre el derecho a la escolarización en las dos lenguas oficiales de Catalunya, un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y dos sentencias del TSJC más.

Bilingüismo
Estos documentos demuestran, según Albert Rivera, que en Catalunya hay gente, como Ciudadans, que «lleva dos años pidiendo el bilingüismo en las aulas catalanas y la libertad de escoger para los padres». Rivera pidió a Zapatero que «conozca el país donde vive, la legislación y lo que hace su partido en Cataluña», en referencia al PSC.

Según el dirigente del Partido de la Ciudadanía, José Luis Rodríguez Zapatero es «directo responsable, no sólo cómplice, del atropello a los derechos que se está materializando» en Cataluña y en otras Comunidades autónomas.

Asimismo, el lider de Ciudadans tuvo palabras para el Partido Popular y CiU, que «»mantuvieron» esta situación en su momento y reclamó «que no haya obligatoriedad, sino libertad». «Zapatero miente porque sabe perfectamente que hay sentencias judiciales contrarias a la política lingüística» de la Generalitat, concluyó.

El TSJA autoriza a niños de Málaga a que no asistan a clase de Ciudadanía
Los objetores son cuatro hermanos de cursos en los que no se da la materia
REYES RINCÓN - Sevilla  Estrella Digital 16 Enero 2008

Cuatro hermanos de Málaga han obtenido autorización judicial para faltar, por ahora, a las clases de Educación para la Ciudadanía, aunque este año a ninguno de ellos le tocaba cursarla. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aceptado los recursos presentados por los padres de los menores contra una resolución firmada por el viceconsejero andaluz de Educación, Sebastián Cano, que rechazó la solicitud de objeción de conciencia presentada por los progenitores.

La Viceconsejería no admitió la petición de los padres "por falta de objeto", ya que los cuatro menores, que asisten a colegios concertados de Málaga, no estudian ni 5º de Primaria ni 3º de ESO, los dos cursos en los que Educación para la Ciudadanía es obligatoria y evaluable para los alumnos andaluces desde el pasado mes de septiembre.

El menor de los hermanos cursa Infantil de tres años; el segundo, 2º de ESO; y los dos mayores, 4º de ESO y 2º de Bachillerato. Al hijo pequeño le faltan siete años para tener que cursar esta materia, mientras que el tercer hijo debería estudiarla el próximo año. Los dos mayores, ni se han visto ni se verán afectados por la implantación de la asignatura. No obstante, los padres solicitaron al TSJA que suspendiera de forma cautelar la resolución del viceconsejero y el alto tribunal andaluz les ha dado la razón.

Los firmantes del auto, fechado el 31 de diciembre, no se pronuncian sobre el derecho de los padres a ejercer la objeción de conciencia sobre la asignatura, una cuestión que queda aplazada para una posterior sentencia.

La resolución emitida ahora se limita a aceptar la suspensión cautelar de la resolución del viceconsejero sobre esos hermanos, para lo que los magistrados se basan en el artículo 130.1 de la Ley Reguladora de Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Esta ley establece que la medida cautelar "podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso".

Según explican los autores del auto, la medida cautelar procede cuando "la tardanza en dictar un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo pudiera hacer inoperante aquel". Los magistrados entienden que en el recurso de los padres malagueños "concurre este presupuesto". "Si se deniega la medida cautelar se produce una situación difícilmente reversible", advierten.

El argumento del TSJA no es compartido por la Consejería de Educación, que anunció ayer que recurrirá al auto. El viceconsejero reconoció su "perplejidad" ante la resolución judicial. "Este auto deja en suspenso algo que no tiene efectos prácticos" afirma Sebastián Cano.

Según los datos aportados por la Consejería de Educación a principios de septiembre, son 252 las objeciones de conciencia contra Ciudadanía que se han registrado en Andalucía. Pero el auto del pasado 31 de diciembre se refiere sólo a los cuatro hermanos de Málaga y el viceconsejero advierte de que no puede aplicarse a ningún otro caso. "Este auto resuelve un acto administrativo concreto y único, sin posibilidad de que se pueda generalizar", explica Cano.

Según publicó ayer el diario El Mundo, los padres de un alumno de Bollullos Par del Condado (Huelva) también han obtenido la autorización del TSJA para que su hijo no asista a clase de Ciudadanía. Ni la Consejería de Educación ni el gabinete de comunicación del TSJA tenían ayer constancia de este auto.

LLEGARÁ A CUATRO MILLONES DE PADRES
Presentan una guía que ofrece asesoramiento jurídico para objetar contra EpC
Continúa la lucha de miles de familias contra Educación por la Ciudadanía. Para ello, Profesionales por la Ética ha presentado una publicación que asesorará a los padres objetores mediante el manual Objeción de Conciencia frente a Educación para la Ciudadanía, Guía Jurídica. Mediante esta publicación pretenden resolver todas las dudas relacionadas con la polémica asignatura a partir de 73 preguntas y respuestas útiles para posibles objetores. La publicación llegará a 4 millones de hogares españoles.  www.profesionalesetica.com
Libertad Digital  16 Enero 2008

 Profesionales por la Ética presentó este martes una guía que pretende resolver todas las dudas posibles sobre la objeción de conciencia en la asignatura impuesta por el Gobierno. Educación para la Ciudadanía, según la Plataforma, arrebata a los padres el derecho de educar a sus hijos según sus creencias. La publicación consiste en un amplio cuestionario no sólo dirigido a los padres objetores sino para todo el público general. Está elaborada a partir de la asesoría jurídica a padres que ya han objetado o que pretenden hacerlo.

En la guía jurídica se presentan un total de 73 preguntas y respuestas que intentan solventar las dudas a las que tienen que hacer frente los padres que se oponen a la polémica asignatura. Los temas tratados se dirigen a los efectos de la objeción, los derechos de los padres, quiénes pueden objetar y cuáles son sus consecuencias prácticas. Además, asiste sobre cuestiones relacionadas con los formularios a presentar, cómo crear plataformas de padres o cómo acudir al Defensor del Menor.

En la presentación, José Luis Bazán, coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, aseguró que esta publicación llegará a más de cuatro millones de padres debido a que se podrá descargar a través de Internet. Afirmó además que "la batalla jurídica es muy importante. Gracias a los recursos interpuestos en Asturias, Andalucía, País Vasco y los que están en marcha se demuestra que este es un tema entre los padres y la Administración que intenta vulnerar una libertad fundamental como es la educación".

En el acto también intervino Cristina Rodríguez, madre objetora y presidenta de la Asociación de Madres y Padres de un colegio de Toledo. Relató las dificultades impuestas por la administración castellanomanchega, aunque según explicó, estos ataques tienen un efecto contrario. Acabó diciendo que "yo como madre no pienso dejar de pelear por el derecho a educar a mis hijos. No pienso dejarlo en manos del Estado". Y es que sólo en Toledo se han producido más de 5.000 objeciones.

Jaime Urcelay, presidente de la plataforma, cerró la presentación anunciando que el 23 de enero se producirá en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas la presentación del Informe para la Ciudadanía en España: la batalla por la libertad.. Este informe se enmarca en la campaña internacional que los padres están llevando a cabo por varios países.

EDUCACIÓN
Colegios concertados suprimen la enseñanza en castellano sin esperar a la reforma de la ley
J. MUÑOZ / M. J. CARRERO EL País 16 Enero 2008

Al menos dos centros de Vitoria anuncian que no ofrecerán plazas de modelo A en Infantil por las nuevas exigencias de euskera que marca el currículum. «Lo hacemos por el bien del alumno», argumentan en uno de los colegios

El currículum aprobado mediante un decreto por el Gobierno vasco que convierte el euskera en lengua vehicular de la enseñanza y el propósito de Educación de exigir los niveles de B2 y B1 al término de la ESO y de Primaria, respectivamente, ha llevado a los colegios concertados a replantearse sus programas educativos, a pesar de que el Ejecutivo no ha remitido aún el proyecto de reforma de los actuales modelos lingüísticos. Al menos, dos centros de Vitoria -los Marianistas y el Sagrado Corazón- ya han avisado que el próximo curso empezarán a suprimir el castellano en la etapa Infantil y optarán por la inmersión en la lengua vasca, una fórmula que otros colegios imitarán, previsiblemente, en un futuro próximo.

Kristau Eskola, la organización que agrupa a los colegios religiosos del País Vasco, explicó ayer a EL CORREO que cada centro ha analizado la situación sociolingüística de su alumnado y ha comprobado si los modelos actuales les permitirían alcanzar los niveles que el Departamento de Educación se propone exigir en el futuro. La inmersión en euskera que han anunciado los dos colegios de Vitoria se inscribe, por tanto, dentro de esa reflexión, un trámite que todos los centros educativos han iniciado sin conocer cómo se van a reformar los actuales modelos de enseñanza: A (castellano), B (euskera y castellano) y D (euskera). Y sin saber tampoco desde cuándo se van a exigir los niveles B1 y el B2, que equivale al 'first' de inglés.

Ambas cuestiones se plantean en el decreto de currículum aprobado por el Gobierno vasco, pero tienen que regularse a través de una ley de reforma de modelos lingüísticos que todavía no ha sido remitida al Parlamento vasco, aunque estaba previsto que se presentara a finales del pasado año.

«Reforma de facto»
Para Iñaki Oyarzábal, portavoz de Educación del PP en la Cámara de Vitoria, la situación planteada en los colegios de la capital alavesa equivale a una reforma educativa «de facto» y realizada «por la puerta de atrás», sin esperar a que la ley supere el trámite parlamentario. Comisiones Obreras denunció que los centros tienen que rediseñar sus proyectos en un clima de «inseguridad pedagógica», puesto que no conocen, oficialmente, los objetivos que les marcarán al final de cada etapa educativa.

Hasta ahora, el avance de la educación en euskera ha sido constante durante los últimos 25 años. De los 336.000 alumnos inscritos el año pasado en la enseñanza obligatoria, que abarca hasta 16 años, 170.529 estudiaban en el modelo D; 91.856, en el A y 72.567, en el B. En la etapa de Infantil, hasta los 6 años, sólo 5.000 de los 84.000 niños matriculados aprendían castellano. No obstante, el alumnado del modelo A crece a medida que avanzan los cursos, hasta el punto de que, en Bachillerato, alcanza prácticamente al 50%.

Los socialistas vascos dejaron claro ayer que sólo apoyarán la reforma de los modelos lingüísticos si existe previamente un consenso, se respeta la autonomía de los centros y se toma en consideración el punto de vista de las familias. Isabel Celaá, parlamentaria del PSE-EE, rechazó de plano que el B2 sea un requisito obligatorio en la ESO e insistió en que el inglés es un objetivo capital.

De todos modos, la reforma está en marcha en la práctica. De los ocho colegios concertados de Vitoria que tienen el modelo A, los dos que han decidido suprimirlo en la etapa Infantil aseguran haber tomado esta decisión «pensando en el alumno». Los Marianistas han enviado una carta a las familias en la que afirman que con el castellano no se pueden garantizar los niveles lingüísticos propuestos por Educación. «Mantenerlo -añade la misiva- sería un flaco servicio al objetivo final que la ley marca y que el colegio quiere ofrecer».

Por ello, el centro dispondrá el próximo curso de cien plazas para Infantil «de un modelo único que consistirá en una inmersión en el euskera, como se viene haciendo hasta ahora en los cursos del modelo B». El anuncio no ha sorprendido a buena parte de las familias de los Marianistas. Hace casi un año, su director, Chema Felices, avisó de que en el futuro sería «muy difícil compaginar el modelo A con los proyectos lingüísticos de cada centro». El docente argumentó que sólo el 6% del nuevo alumnado alavés -menos de 300 parvulitos- optaba por el castellano.

Sin instrucciones
Por su parte, el colegio Sagrado Corazón, que acaba de recibir la 'Q' de oro que acredita la calidad de su proyecto educativo trilingüe, convocó en diciembre a los padres para comunicar la decisión de prescindir del modelo A para los nuevos parvulitos. «No es un capricho», recalcó ayer su directora, Nieves Maya. «Lo hacemos pensando en el bien del alumno», dijo la educadora, en alusión a la necesidad de acreditar, al acabar la ESO, el conocimiento de euskera, castellano e inglés.

Otros tres centros concertados de Vitoria aún no han decidido qué harán el próximo curso, mientras que los tres restantes -Virgen Niña, Nazareth y Cooperativa San Prudencio- mantendrán el castellano en el curso 2008-2009. Por su parte, las siete escuelas públicas alavesas que también imparten el modelo A no han recibido «instrucciones» por parte de Educación para la prematrícula, que este año se retrasará a marzo.

La decisión de suprimir las líneas en castellano en algunos centros educativos ha despertado el rechazo de un centenar de familias afectadas de la capital alavesa, que han creado una plataforma para movilizarse contra el decreto del nuevo currículum vasco. Este colectivo de padres, denominado Plataforma por la Libertad de Elección Linguística, se presentará mañana en Vitoria. Su intención es reclamar «el derecho de todos los ciudadanos a que la lengua vehicular en la enseñanza sea la materna, bien en castellano o en euskera». «Es un hecho reconocido que estudiar en el idioma familiar fija mejor los aprendizajes», apuntaron. La agrupación de padres exige al Gobierno vasco que mantenga los modelos A, B y D, y que desista de «relegar la lengua materna en aras de la supuesta normalización lingüística».

El PP acusa a Ibarretxe de utilizar la escuela para el adoctrinamiento político
M. LUISA G. FRANCO ABC 16 Enero 2008

BILBAO. El Partido Popular ha pedido al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que «suspenda cautelarmente» la aplicación del «Currículum vasco», en el que el Gobierno que preside Juan José Ibarretxe, fija los contenidos de la enseñanza no universitaria en la Comunidad autónoma del País Vasco.

Los populares entienden que ese «Currículum» atenta contra el bilingüismo de la sociedad vasca, dado que plantea un modelo único de enseñanza en euskera. En la actualidad hay tres opciones para los padres: la enseñanza en castellano con el euskera como asignatura, la enseñanza bilingüe y la enseñanza en euskera.

El «Currículum» vasco tendría que comenzar a aplicarse al inicio del próximo curso escolar, pero el Partido Popular pretende que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco lo suspenda hasta que el propio tribunal resuelva el recurso contencioso-administrativo presentado por los populares, en el que se argumenta que el ejecutivo autónomo «pretende utilizar el sistema educativo para el adoctrinamiento político nacionalista».

El parlamentario vasco del PP Iñaki Oyarzabal consideró ayer que el establecimiento del euskera como lengua principal supone «un intento de imposición lingüística que vulnera el derecho de las familias a elegir el modelo lingüístico en el que estudien sus hijos».

«Manipulación»
El responsable de Educación de los populares vascos denunció lo que calificó de manipulación de los datos por parte del Ejecutivo vasco, al afirmar que la enseñanza en castellano, que constituye el modelo lingüístico A, ha desaparecido.
Según Iñaki Oyarzabal, el Gobierno presidido por el lehendakari Juan José Ibarretxe facilita únicamente las cifras de escolarización de los niños de cero a tres años, cuando el 54 por ciento de los estudiantes de Bachillerato, el 27 por ciento de los de ESO y el 80 por ciento de los de Formación Profesional están escolarizados en castellano, en el denominado modelo A.

Oyarzabal denunció asimismo la desaparición de la enseñanza bilingüe, que se denomina modelo B, para generalizar la enseñanza en euskera, que ahora se conoce como modelo lingüístico D.

Además, el PP defiende el derecho de los padres a escolarizar a sus hijos en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad del País Vasco. Sin embargo, la portavoz del Gobierno, Miren Azkarate, respondió ayer mismo a Oyarzabal que el Partido Popular no respeta la Constitución y el Estatuto de Autonomía y que «los alumnos escolarizados en el País Vasco deben tener «competencia suficiente» tanto en castellano como en euskera al término de la enseñanza obligatoria».

VINCULADA A CHENEY Y RUMSFELD
Cataluña, lanzadera de terroristas, según una fundación norteamericana
Elsemanaldigital 16 Enero 2008

El pasado 8 de enero el juez instructor del Tribunal antiterrorista de Sale (Marruecos) interrogó y ordenó la prisión preventiva de Mbarek El Yaafari, el hombre de Al Qaeda en España.

El pasado sábado 8 de enero el juez instructor del Tribunal antiterrorista de Sale (localidad cercana a Rabat) interrogó y ordenó la prisión preventiva de Mbarek El Yaafari, reconociendo éste de nuevo su relación con el argelino Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC, rebautizado Organización de Al Qaeda en el Magreb Islámico), según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores español.

Al Yaafari había sido señalado por la Fundación Jamestown como un integrante de Al Qaeda en España, donde tenía su base en Cataluña. La Fundación Jamestown es un think tank conservador norteamericano al que están vinculados Dick Cheney o Donald Rumsfeld, miembros de la Administración Bush. Se dedica a realizar informes sobre terrorismo internacional y en el último de ellos señala a Cataluña como una "lanzadera" de yihadistas a Irak.

En el documento de la Fundación se afirma que "cada mes, de tres a cinco musulmanes residentes en Cataluña salen con destino a Irak, Chechenia o Afganistán para ampliar su formación terrorista" porque el islamismo radical se está consolidando en Cataluña, "principal punto de reunión de los grupos salafistas que operan en España".

El documento indica que esta autonomía española es un "lugar seguro donde echar raíces ideológicas, logísticas y financieras" y cita al marroquí Mbarek El Yaafari como un lugarteniente que ha entrenado a 32 fundamentalistas islámicos.

Precisamente El Yaafari, tras su detención en Reus el 5 de febrero del año pasado, fue extraditado por el Consejo de Ministros al dictar Marruecos una orden de búsqueda y captura internacional por su vinculación al terrorismo de Al Qaeda. La orden aludía a la "constitución de una banda criminal con la intención de preparar y cometer actos terroristas" y "atentar contra el orden publico".

El Yaafari pasaba desapercibido en Reus porque practicaba hábitos occidentales en su ropa, comida, aspecto físico y costumbres. Los 32 yihadistas que envió a Irak fueron previamente contratados laboralmente en varias localidades catalanas y del resto de España, y tras pasar un tiempo trabajando con normalidad, eran enviados a Argelia y Marruecos para recibir entrenamiento de tipo militar. Sus responsables eran antiguos miembros del Ejército de Mohamed VI y de Bouteflika que habían sido expulsados de las tropas por su comportamiento radical. Una vez entrenados, viajaban a Turquía y Siria, desde donde entraban en Irak.

Sus operativos eran muy parecidos a los de algunos condenados por el 11-M y en este caso sus actos terroristas fueron realizados en mayo de 2006. Cuando este modus operandi fue detectado por los servicios secretos españoles, El Yaafari fue detenido acusado de enviar terroristas suicidas a Irak. Según fuentes del Ministerio del Interior, se declaró integrante de la célula Salafia Yihadiya (Salafismo yihadista) relacionada con la red Al Qaeda en el Magreb Islámico, que tiene su sede en Argelia. Tras pasar nueve meses en la cárcel, El Yaafari fue extraditado a Marruecos tras aprobarlo formalmente los ministros de Justicia, Mariano Bermejo, Interior, José Antonio Alonso, y Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos.

Gabriel Albiac: "La retórica de la paz oculta conflictos a favor del que gana"
Periodista Digital 16 Enero 2008

Los políticos son los predadores entre los predadores. Esta idea, explica, emana del hecho de considerar a los hombres como una subespecie de monos predadores y, como decía Freud, cuyo placer más intenso en el placer de matar.

Gabriel Albiac lamenta que los políticos del último tercio del siglo XX se han convertido, más allá de una clase social, en una casta emancipada de la sociedad para crear una estructura que les permita salir impunes de cualquier tipo de responsabilidad.

El Gobierno actual es sólo una prueba más de la tendencia de la política, de su casta, a separarse de la sociedad.

Para el autor de “Contra los políticos” (Ed. Temas de Hoy), si es en los laboratorios en los que se llevan al límite las situaciones para extraer conclusiones modélicas…

Este Gobierno es un laboratorio de todo lo aberrante. Hay una especie de hipermodernidad que convierte lo estúpido en el arma política fundamental.

A diferencia de España, afirma Gabriel Albiac, en otros países con mayor tradición democrática se han ido poniendo correctores. Fortaleciendo las asociaciones cívicas, un sistema de estanquidad entre los poderes públicos…

Las sociedades modernas nos vemos obligados a elegir, en ocasiones, entre lo pésimo y lo malo.

Albiac advierte que los últimos cuatro años hemos padecido el infantilismo con el que se nos ha gobernado.

Los debates entre Zapatero y Rajoy es la confrontación de un discurso de un niño de párvulos y un adulto. Sacar a pasear a un párvulo está bien, pero estar gobernado por uno es peligrosísimo.

El autor concluye explicando que la paz, la retórica de la paz sólo sirve para ocultar los conflictos a favor del que gana.

«En España no faltan médicos, sobran 17 mercados autonómicos muy rígidos»
DOMINGO PÉREZ. MADRID. ABC 16 Enero 2008

Algo falla en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Diecisiete comunidades, diecisiete sistemas diferentes, diecisiete remuneraciones y carreras profesionales distintas. Hace unos meses, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos hablaba de «reinos de taifas» y ayer la Organización Médica Colegial (OMC), con otras palabras, abundaba en la idea: «El Sistema Nacional de Salud necesita flexibilidad. No puede ser que a un médico español le resulte más fácil marcharse a ejercer a Francia o el Reino Unido que cambiarse de Galicia a Andalucía».

Esta reflexión la realizó la OMC durante la presentación del «Informe sobre el número, distribución y necesidades de médicos en España». La principal conclusión del estudio es que «en España no faltan médicos, sobran 17 mercados autonómicos muy rígidos, incapaces de corregir sus deficiencias. Hay sitios en España donde sobran médicos. Y hay bolsas de médicos que deben ser redistribuidas».

El informe realizado demuestra que en nuestro país no existe carencia de médicos, sino una mala distribución de los mismos. De hecho, mientras la media de médicos activos por cada 100.000 habitantes es de 300 en Europa, en España es de 414. De todos los países europeos, sólo Grecia, Bélgica e Italia superan a España en número de médicos.

Por Comunidades Autónomas, se aprecia cómo en Aragón, Navarra o Madrid, por ejemplo se superan los 500 médicos por cada 100.000 habitantes, mientras que en otras como Murcia y Castilla-La Mancha, y en Ceuta y Melilla, esta cifra se encuentra por debajo de los 350. Sólo Cataluña y Baleares se aproximan a la media nacional. Esta irregular distribución se da también a nivel provincial. Así, dentro de las propias autonomías se observan grandes desigualdades.

En España hay ahora mismo 203.305 médicos colegiados. Sin embargo, sólo 115.775 trabajan en el SNS. Para la OMC «no se puede hablar de falta de médicos cuando, al margen de los problemas de redistribución, hay casi 100.000 médicos fuera del SNS, y no todos en la medicina privada, que podrían ser recuperados». Citaron los ejemplos de los profesores universitarios que por culpa de la exclusividad no pueden compaginar su tarea docente con una actividad laboral en el SNS. También hablaron de los casos de los médicos españoles que ejercen en el extranjero (por encima de los 10.000): «Hay que reflexionar por qué prefieren irse».

La OMC también se mostró preocupada por la avalancha de médicos extranjeros no comunitarios que se está produciendo en el SNS: «Sólo la homologación de títulos a médicos argentinos en un año equivale a los que validan cuatro facultades de Medicina españolas en el mismo tiempo. Lo grave es que sólo son evaluados por sus papeles. Sólo cuenta sus expedientes. No son sometidos a un examen de competencias, habilidades e idioma, por lo que no tienen la misma garantía de calidad que los españoles».

Baile de lenguas
Nota del Editor

Ayer recibí una invitación para asistir a la conferencia "La derrota de ETA y la batalla de las ideas" de Iñaki Ezkerra (Escritor, Periodista y Presidente del Foro de Ermua) organizada por la Fundación Vocento en el Aula de Cultura de ABC el próximo lunes 21 Feb a las 20:00, pero como no sé si podré asistir,  al ver que los textos de las anteriores conferencias se pueden encontrar en  www.abc.es/informacion/aula_cultura, eché un vistazo y encontré un paquete de primicias entre las que destacaba una del desgraciadamente desaparecido D. Juan Ramón Lodares que por su interés copio a continuación.

Baile de lenguas. Los nacionalismos y el futuro lingüistico de la Unión Europea
D. Juan Ramón Lodares. Profesor de Lengua en la Universidad Complutense
Miércoles, 6 de Octubre de 2004

Empezaré afirmando algo que, aunque no resulta políticamente correcto, es un secreto a voces en la Unión Europea (UE): uno de los escollos con los que tropieza la competitividad de la UE y de sus redes de distribución económica es el fomento del plurilingüismo. Hace ya bastantes años, en 1988, la propia comisión de la UE dijo literalmente lo siguiente: “Las dificultades de comunicación afectan al desarrollo de las redes de comercio y negocio dentro de la comunidad”. Últimamente se ha referido también el director general de traducciones de la UE, quien –si le dejan– piensa reducir el número de lenguas útiles de su dirección general porque los trabajos se le escapan de las manos. También se ha referido a este problema el presidente de la Asociación por la Fundación de la Lengua Alemana. Alguna vez habrá que reconocer tranquilamente, por tanto, que el plurilingüismo puede complicar las cosas a la UE.

Si bien es verdad que nunca se va a poder llegar a una Europa con muy pocas lenguas o monolingüe –porque esto es realmente difícil, aunque no imposible–, no lo es menos que se pueden adoptar muchas iniciativas para evitar que la madeja de lenguas europeas se enrede de forma insalvable. Entre lo que se puede hacer, lo primero debería ser procurar no abrir brechas en las grandes comunidades lingüísticas que ya hay formadas en la UE. Y lo segundo, crear una ideología positiva hacia ellas. Es un hecho cierto que las grandes comunidades lingüísticas no son un estorbo ni algo que se haya impuesto con sangre y fuego, sino que, por el contrario, resultan algo beneficioso que facilita la comunicación y favorece la movilidad. Las grandes comunidades lingüísticas en Europa son un respaldo vital para el espíritu europeísta, porque la realidad de Europa no es que ésta sea multilingüe –eso es lo anecdótico de Europa, el multilingüismo es la capa lingüística de Europa–, sino que Europa ha sido el único continente que en muy poco tiempo ha sabido crear grandes comunidades lingüísticas, de exportarlas y de colocarlas entre las grandes del mundo. Actualmente, en 98 países –que es como decir la mitad de los países del mundo– son oficiales el inglés, el francés o el español. Ésa es la realidad de Europa: el continente creador de grandes comunidades lingüísticas.

Mi impresión es que el futuro seguirá por esta senda. Hoy los estudiantes jóvenes y no tan jóvenes se preocupan por estudiar idiomas. Lo hacen, además, con un éxito y un entusiasmo feroz y con mucha mayor facilidad que antes –en el pasado se estudiaba con el libro, y encontrarse a lo largo de la vida con un hablante de ese idioma era una suerte; si bien es cierto que después, por desgracia, no se le entendía nada–. Ahora bien, la impresión que tengo de esa preocupación y esa facilidad para estudiar idiomas no es que esto se haga por el mero cultivo del multilingüismo en Europa –es decir, por el gusto de cultivar las lenguas–, sino que, por el contrario, me parece que de esa circunstancia se va a derivar en el futuro una selección de unas pocas lenguas que serán las que servirán a los ciudadanos de la UE para entenderse entre sí.

Antes he dicho que Europa ha sido una gran creadora de comunidades lingüísticas. Desde finales del siglo XVIII hasta nuestros días –es decir, en 200 años– es sorprendente la facilidad con que en Europa se han generado comunidades lingüísticas muy grandes. Tomemos el caso francés, por ejemplo. A finales del siglo XVIII, el francés era una lengua que hablaba aproximadamente el 30% de la población francesa. Sin embargo, con las ideas de la Revolución Francesa (la igualdad, la fraternidad...), esta lengua se va extendiendo y, en prácticamente cuatro o cinco generaciones, no sólo se convierte en la lengua de Francia, sino que además es actualmente la lengua oficial de 27 países en el mundo.

El caso de Italia es más sorprendente todavía. En 1850 sólo un 3% –y digo bien: un 3%– de italianos hablaba lo que hoy conocemos como italiano, porque básicamente el italiano era la variedad dialectal de Toscana. Con la unificación política italiana se extiende la idea de que debe haber una lengua común para todos los italianos que resuelva el problema de entenderse entre las diversas regiones italianas. Entonces todos acuerdan hablar en la gran lengua literaria italiana –que había sido la lengua de Dante, Petrarca y Bocaccio– y la hacen lengua común en Italia en poco tiempo.

Es importante subrayar que la mayoría de las personas que ingresan en estas comunidades lingüísticas que se van extendiendo por Europa lo hacen con gusto, es decir, no lo hacen obligadas, sino muy deseosas de ingresar en una gran comunidad lingüística. Es importante que tengamos en cuenta esta idea, igual que la idea anterior de que Europa es la gran creadora de comunidades lingüísticas en el mundo. Ésa es una lección europea.

Está claro que, al ir engrandeciéndose y ensanchándose las comunidades lingüísticas y ocupando territorios cada vez más grandes, en Europa se van convirtiendo en lenguas particulares –o lenguas redundantes, si se quiere llamar así– otras muchas pequeñas lenguas que se van quedando arrinconadas en su localidad o región. De esta manera, nos encontramos con un tipo de hablante que, aunque puede hablar una lengua particular, también domina perfectamente la gran lengua común. Es decir, en el caso del español, cualquier hablante de euskera, catalán o gallego que no sea rústico puede expresarse perfectamente en español; es más, a veces se expresa mejor en español que en su lengua particular. Cualquier hablante de fisón en Holanda puede expresarse perfectamente en holandés; cualquier hablante de galés o de irlandés habla perfectamente inglés; cualquier hablante de suabo habla perfectamente alemán. En definitiva, la generación de grandes comunidades lingüísticas en alemán, inglés, francés o español ha arrinconado estas lenguas, pero ha hecho que sus hablantes puedan expresarse en ellas e igualmente en una gran lengua común. Conocemos como lenguas particulares o redundantes las que quedan en esta circunstancia. Aproximadamente el 11% de los europeos está en esta situación (hablantes de lenguas particulares que se expresan perfectamente también en una lengua común).

Últimamente España ha abierto una polémica lingüística en Europa a contra historia de lo que ha sido la formación de las comunidades lingüísticas europeas, y acaba de despertar una vieja pugna que siempre ha existido en Europa: por una parte, los unionistas –personas que piensan que en Europa se deben abaratar los costes de entenderse porque eso nos cuesta entre 800 y 1.000 millones de euros anuales– y, por la otra, los diferencialistas –personas que apuestan por abrir vías de confluencia entre los europeos facilitando que se conozcan las grandes lenguas de Europa; pueden concebirse como los partidarios del plurilingüismo a ultranza–.

Pues bien, parece que, en España, la propuesta se ha hecho a favor de los plurilingüistas. En mi opinión es una apuesta a contra historia porque, si hay algo que da sentido a la UE, es la comunidad de intereses. Las propuestas de oficialización de lenguas particulares como las que ha hecho España suelen estar inspiradas en general en medios nacionalistas o regionalistas, cuya obsesión, tanto de unos como de otros, es primero identificar a la gente y después diferenciarla cuanto más sea posible. Al subrayar propuestas de este tipo, lo que se hace es aumentar las barreras entre la gente, diferenciarla, dividirla e impedir las facilidades para su contacto y su movilidad, para que puedan entenderse entre sí y puedan confluir. En unas recientes declaraciones en Revista de Occidente, el intelectual George Steiner se preguntaba qué porvenir se puede tener en Europa, donde, al menos en algunas de sus regiones, las divisiones son cada vez más duras y feroces. “Un giro brusco hacia el chovinismo territorial es algo que me espanta”, respondía.

Yo pienso exactamente como George Steiner. Pero además creo que la inspiración nacionalista de promover las lenguas particulares está precisamente en la médula de ese giro hacia el chovinismo regional y, en el fondo, hacia la división de Europa. Hay que tener en cuenta un hecho: ningún gran país de la UE ha arbitrado en los últimos años políticas culturales dirigidas a erosionar su comunidad lingüística. Hay que tener en cuenta que en Francia, aparte del francés, se hablan diez lenguas distintas; en Alemania, siete aparte del alemán estándar; en Gran Bretaña podemos calcular que otras siete lenguas; en Suecia, cinco; en Dinamarca, cuatro. Ahora bien, todos estos países consideran que su comunidad lingüística basada en la lengua general o común que conocemos como alemán, inglés, sueco o francés es un bien político, social y, sobre todo, económico que no conviene fragmentar.

Así las cosas, de todos los grandes países de la UE sólo hay un caso –el español– que lleva arbitrando en los últimos veinte años políticas culturales destinadas a fragmentar la comunidad lingüística en español y, sobre todo, a atacar la ideología de la lengua común. Y lo hace con ideas sobre la lengua común (la lengua española ha sido impuesta, es la lengua del imperio y de la dictadura) que son falsificaciones históricas absolutamente groseras, pero que llevamos veinte años escuchando. ¿Qué ocurre en el caso de España? Al contrario de lo que sucede en Francia, Gran Bretaña o Alemania, en los últimos veinte años de España, en el terreno idiomático, en la ideología de las lenguas, llevan dominando las ideas de nacionalismos, regionalismos e independentismos de toda clase y condición. Lo que hacen estas ideologías es crear desconfianza sobre los valores de la comunidad lingüística basada en español. Y como éste es un problema que tenemos en España desde hace veinte años –cuando aparecen las llamadas “normalizaciones lingüísticas”–, España lo traslada a la UE en un momento en el que sabemos que las hipotecas del gobierno actual con los nacionalismos son muy fuertes.

Se da la circunstancia verdaderamente lamentable de que España, que es uno de los países que no sólo tiene una gran comunidad lingüística perfectamente constituida (sabemos que con el español nos entendemos todos), sino que además es copartícipe de una de las grandes comunidades lingüísticas del mundo (el español está entre las tres o cuatro lenguas del mundo más habladas), está dispuesta a complicar el sistema comunicativo de la UE y el nuestro propio con la propuesta de oficializar internacionalmente cuatro lenguas particulares (el gallego, el catalán, el valenciano y el euskera), cuyos hablantes pueden expresarse sin ninguna dificultad en una lengua que ya es común a todos ellos y que además es oficial en la UE.

Asimismo, la polémica que desata España es una petición que potencialmente no tiene fin porque, si prende en los nacionalismos o en los regionalismos franceses, alemanes, ingleses o suecos –que existen efectivamente– nos podemos encontrar con que dominios lingüísticos que hoy se recorren en dos o tres lenguas (el dominio lingüístico que hoy día se puede recorrer en francés, alemán o italiano) haya que recorrerlos mañana al menos en 25 lenguas. Es decir, estamos enredando la madeja de las lenguas de manera absoluta. Es el manual para construir un laberinto.

Ahora bien, la cosa no acaba ahí. Una vez abierta la puerta de la oficialización de cualquier lengua, Europa también tendrá que plantearse la oficialización de las lenguas de los emigrantes extracomunitarios. De hecho, hay ya iniciativas al respecto para que el árabe y el chino sean lenguas europeas, así como el urdu y el hindi en Inglaterra, porque en el fondo –y esto es una realidad– el árabe, el chino, el hindi y el urdu tienen en la Europa de ahora mismo más hablantes que el danés, el euskera o el letón. Es más, en España hay sólo en la Costa del Sol más hablantes de inglés que de euskera. En la Costa del Sol se publican dos periódicos en inglés, y yo no tengo conocimiento de ningún periódico que se publique exclusivamente en euskera que no sea Berria.

Por consiguiente, España abre una polémica sin fin. En mi opinión, las personas que, pudiéndose expresar con absoluta propiedad y dominio en una lengua que ya es oficial en la UE, son reticentes a hacerlo y se dedican a complicar la vida a los traductores, políticos, parlamentarios y taquígrafos con supuestos agravios sobre sus lenguas particulares, no mantienen, desde luego, una actitud civil ni cívica, ni tampoco una actitud que vaya a resolver los problemas de comunicación que ya tiene planteados la UE. La UE tiene veinte lenguas oficiales, ni más ni menos, después de la ampliación.

Además, nacionalismos y regionalismos plantean un problema falso y lingüísticamente inexistente que se entiende con mucha facilidad. Imaginemos una persona de la UE que habla una lengua minoritaria y no sabe hablar otra porque ésa es su lengua natural y materna y no ha aprendido otra. Se trata de lenguas como el checo, el letón, etc., lenguas minoritarias cuyos hablantes, efectivamente, no hablan otra. Si la UE no oficializa estas lenguas, se plantea el problema político de que estos hablantes quedan fuera o pueden quedar fuera de su devenir político y social.

Ahora bien, si un hablante de una lengua particular ya habla una lengua oficial, tiene ya un cauce de expresión que evita la marginación política. Ya tienen una lengua para expresarse, y nosotros tenemos además los hablantes de lenguas particulares. Ahora bien, lo importante es que ejemplos de este tipo proliferan sin que, de hecho, se sufra ninguna marginación política a la hora de expresarse. Por tanto, se plantea un problema falso, porque, según su versión, su lengua está relegada, oprimida y marginada del proceso político de la UE, cuando esto no sucede en absoluto, puesto que tienen una lengua oficial que conocen perfectamente, con lo que su presunto problema de marginación y silenciamiento no existe. Si la UE da eco a este tipo de discurso particularista que proviene de minorías que ya hablan con plena soltura una lengua oficial –y no sólo hablan con plena soltura una lengua oficial, sino que además, en general, hablan mejor la lengua común y oficial que su lengua particular (hay que decir que el representante del nacionalismo vasco en la UE, Josu Ortuondo, no sabe una palabra de vasco)–, no sólo estará complicando y encareciendo mucho su sistema de comunicación, sino que además, a largo plazo, estará alentando el chovinismo regional. El nacionalismo estará dificultando la movilidad entre los europeos (la posibilidad, por ejemplo, de que estudiantes, profesionales o trabajadores europeos se muevan con facilidad por Europa) y estará creando a Europa un problema social, político y –no hay que olvidarlo– económico: hay que tener en cuenta que, en el fondo, las lenguas también están sujetas a redes económicas, las cuales pueden abaratarse o encarecerse según se complique o no el sistema lingüístico en la distribución de bienes y mercancías.

La realidad es que, si la UE no quiere perderse en un laberinto de lenguas, creo que primero debería hacer una política inteligente en sentido contrario –no hacer caso a España, lamento decirlo así–, una política de estimación positiva de las grandes lenguas comunes que ya se han gestado en la UE. Además, no debe fiar el futuro lingüístico de la UE a las ideas de nacionalismos y regionalismos, porque mañana también tendrá que fiarlo a las ideas del multiculturalismo –plantearse, por ejemplo, la oficialización de muchas otras lenguas como el hindi, el urdu, el chino, etc.–.

De todas formas, hay que tener en cuenta que la petición española está hecha, en realidad, a contra historia, y constituye una hipoteca que el gobierno tiene con el nacionalismo actualmente. Con todo, una UE rabiosamente multilingüe que diera cabida a cualquier lengua sería un UE antagónica con respecto a sus principios fundacionales. En efecto, nos encontramos aquí ante una contradicción: las bases económicas que se han trazado en la UE son antagónicas en relación con las bases de comunicación que plantea España (regularización y oficialización de cualquier lengua). Y en esta contradicción, las bases económicas van a pesar mucho más, de manera que todo indica que la UE se va a orientar poco a poco hacia un directorio de muy pocas lenguas. De hecho, ya lo está haciendo, y es previsible que, si el afán de unificación persiste –y creo que persistirá–, la progresiva unificación de idiomas también persista.

Ahora bien, España se enfrenta en este contexto a otro problema: si nosotros planteamos en Europa la imagen de España como mosaico de lenguas, probablemente el español pierda mucho peso frente al inglés, al francés y al alemán, lenguas que sí se están presentando como grandes bloques lingüísticos homogéneos. De manera que, en realidad, lo lamentable de España es que, además de lo que ya he dicho, con estas propuestas está “haciendo el caldo gordo” a franceses, ingleses y alemanes, resolviéndoles el problema de la competencia con el español. Se trata, por tanto, de una estrategia muy poco inteligente, se mire por donde se mire. No nos vamos a engañar: sólo hay una lengua en España que puede hacer la competencia internacionalmente a las grandes lenguas de la UE, y pretender que el catalán, el euskera, el gallego o el valenciano vayan a hacer cosquillas al alemán o al francés es vivir en la inopia. Personalmente considero que, si España tuviera visión de futuro y una razón cierta de lo que económicamente supone la comunidad hispanohablante –que es una de las grandes comunidades lingüísticas del mundo–, debería presentar en la UE ideas más inteligentes que multiplicar por cinco las lenguas oficiales de la UE y abrir grietas en las comunidades lingüísticas ya constituidas, empezando por la propia.

En el fondo, la posición mantenida por España no deja de ser una posición noble, pero estúpida. Creo que hay ideas más convenientes que la de dividir lingüísticamente Europa. La primera es defender las grandes comunidades lingüísticas. En especial, hay que empezar por defender la comunidad lingüística que habla español. En este sentido, hay un hecho grave que no está entrando en este debate: la ausencia del español en las instituciones de la UE. Se trata de una ausencia escandalosa e injustificada, muchas veces ocasionada porque precisamente los hablantes de alemán, inglés y francés tratan de orillar la potente competencia del español. De este modo, nos estamos preocupando por lenguas que –voy a decirlo claramente– no tienen posibilidad de competir en Europa, mientras que nos estamos olvidando de la única lengua que sí la tiene.

La realidad es que podemos oponernos a las formas de convergencia lingüística como podemos oponernos a cualquier otro tipo de convergencia. También podíamos habernos empeñado en seguir pagando en pesetas o en reales de vellón, pero la realidad es que la UE está condenada a entenderse con agilidad y economía, y nosotros debemos saber si estamos dispuestos a jugar en ese terreno, que es el terreno donde juegan las grandes lenguas de la UE. Si desde las grandes comunidades lingüísticas que ahora hay formadas en Europa se va a llegar en el futuro a confluencias mayores –eso no lo sabemos ahora y el tiempo lo dirá–, sería una excelente práctica defender sin ningún complejo la ideología de las grandes lenguas y la ideología de la comunidad lingüística.

La tensión entre nacionalismos en España
JOAN ROMERO  El País 16 Enero 2008

El mayor riesgo que amenaza la convivencia y la estabilidad institucional en España tiene como causa las tensiones entre nacionalismos. Sea cual sea la opinión que merezca, lo cierto es que nuestro antiguo problema consume una gran parte de energías colectivas, condiciona ampliamente la agenda política, genera notables tensiones sociales y proyecta sombras de incertidumbre respecto al futuro. Viene derivado de nuestra ya histórica incapacidad para alcanzar un marco aceptable de convivencia en un Estado que alberga varias naciones internas, en acertada definición de Joan Subirats. Incluso parece que, de nuevo, las distancias entre las expresiones nacionalistas se agrandan. Desde el nacionalismo democrático vasco y catalán se asiste a un renovado esfuerzo por acentuar las reivindicaciones en favor de un reconocimiento más explícito al hecho plurinacional. Se habla con más claridad que nunca de derecho a decidir, de autodeterminación o de independencia. Incluso se anuncia de forma unilateral una consulta al pueblo vasco. De otro lado, desde el nacionalismo español también se enfatizan posiciones de repliegue, de estigmatización y de rechazo al "otro".

Tampoco en esto somos originales. Otras democracias maduras como Bélgica, Reino Unido o Canadá se enfrentan a situaciones similares y en todos los casos el reto colectivo es muy parecido: cómo integrar lo que Charles Taylor definiera como la "diversidad profunda" en el seno de sociedades cada vez más complejas, mestizas, diría Sami Naïr. Pero cuando se afirma que los nacionalismos constituyen, hoy como en el pasado, el mayor peligro para garantizar la estabilidad y la cohesión de nuestras sociedades, sugiero que se piense en plural. Como muy bien ha señalado Michael Billig, cuando se proyectan teorías sobre el nacionalismo muy frecuentemente suele restringirse el término "nacionalismo" a la ideología de los "otros", al que se le atribuyen signos de peligro y de extremismo. El "nuestro", nuestro nacionalismo banal, cotidiano, rutinario, es omitido, olvidado, e incluso negado. De ese modo "nuestro" patriotismo parece "natural", y por tanto invisible, mientras que el "nacionalismo" es considerado propiedad de "otros".

Es comprensible que en los países en los que se da esta circunstancia se instale el cansancio, el hastío e incluso la irritación entre amplios sectores de la ciudadanía. Máxime si tenemos en cuenta la gran cantidad de energías colectivas que estas cuestiones hacen consumir a la sociedad, en detrimento de otras prioridades muy relevantes. Pero eso no soluciona nada. Las naciones culturales están ahí y seguirán presentes en el nuevo contexto globalizado, porque la globalización no diluye esos fuertes sentimientos. Desconocer o negar la evidencia no ayudará a sentar bases sólidas de convivencia que supongan algún avance respecto de la modesta aspiración orteguiana de "conllevarse dolidamente los unos con los otros". La simple lectura de encuestas del CIS basta para saber de la existencia de estos sentimientos de pertenencia a una nación cultural en Cataluña, el País Vasco y, en menor grado en Galicia. Pero no debe desconocerse que quienes así se manifiestan sólo constituyen una parte de esa sociedad, puesto que la sociedad vasca y catalana también son plurales. De otra parte, ese sentimiento no necesariamente ha de traducirse en la existencia de una voluntad mayoritaria de separarse de una comunidad política mayor como la española.

Nuestro mayor desafío colectivo sigue siendo ser capaces de dejar atrás ese desencuentro histórico en el actual contexto de creciente complejidad e interdependencia en nuestras sociedades. Pero no será fácil. Porque, como dice Imanol Zubero citando a Kymlicka "todos los grupos nacionales son extremadamente partidarios de reivindicar y, siempre que sea posible, construir un sistema de protecciones externas (de las que la más desarrollada es el Estado-nación) que garantice su existencia y su identidad específica frente a las posibles influencias debilitadoras de la misma procedentes de las sociedades con las que se relacionan o en las que están necesariamente englobadas. Sin embargo, estos mismos grupos nacionales no suelen ser tan sensibles ante la existencia en su seno de pertenencias o identidades distintas de la nacional hegemónica, pero igualmente necesitadas de reconocimiento. Frente a la demanda de protecciones externas que estos subgrupos realizan, la respuesta del grupo nacional dominante suele ser la imposición de restricciones internas en nombre de la solidaridad grupal". Se trata de superar esas posiciones desde el (re)conocimiento.

Reconocer la existencia de diversas naciones en España no supone que se tenga que ser nacionalista. Muchos españoles no somos nacionalistas, pero eso no impide saber de un proceso que hunde sus raíces en nuestra(s) historia(s), más o menos fabulada(s) e interesada(s), y en la incapacidad de articular un proyecto colectivo capaz de integrar a distintos pueblos que se sienten diferentes. Precisamente ahí radica la diferencia fundamental entre quienes son nacionalistas y quienes no lo somos. Para algunos sectores del nacionalismo democrático vasco o catalán, el objetivo perseguido será conseguir que su nación se convierta en un Estado-(nación) o aspirar a algún tipo de asociación confederal, confundiendo de paso la parte con el todo en su propio ámbito cultural y negando la realidad crecientemente multicultural allí existente. Los riesgos y los costos de iniciar ese camino, poco realista a mi juicio, son tan importantes como imprevisibles. Por su parte, un nacionalista español procurará negar toda opción a las otras culturas sociales minoritarias. Persistir en esa posición, negando la diversidad y el reconocimiento en serio de hechos diferenciales, es igualmente indefendible e insostenible.

Lo más sensato, a mi juicio, sería hacer posible que las naciones encuentren mejor acomodo en una comunidad política integrada en un Estado compuesto. Manteniendo un exquisito equilibrio entre igualdad y pluralidad, distinguiendo con claridad, como decía Antoni Comín, entre ciudadanía e identidad, "garantizando la simetría en los derechos de ciudadanía de tipo social, cívico y político -y de las competencias, así como de las necesidades financieras que de ellos se derivan- y la asimetría en todas aquellas competencias y disposiciones simbólicas que afectan a la plurinacionalidad del Estado, así como su carácter pluricultural y plurilingüístico".

No deben descartarse nuevas y desconocidas tensiones. El camino recorrido demuestra que hasta ahora han sido sorteadas con éxito, generosidad e inteligencia política durante tres décadas. Como bien ha subrayado Juan José Solozabal en afirmación que comparto plenamente, "la clave del éxito del sistema autonómico ha sido evitar los argumentos identitarios en las diferencias entre los poderes centrales y autonómicos. Lo que ha conseguido el Estado autonómico es ni más ni menos que los conflictos territoriales no se hayan presentado en términos esencialistas, con una colisión entre identidades y lealtades, sino como disputas competenciales, aducidas en términos jurídicos y en ellos solubles por los tribunales, y específicamente ante el Tribunal Constitucional".

Los esfuerzos ahora, si todavía se está a tiempo de evitar tensiones mayores, debieran encaminarse a argumentar que el respeto a las reglas de juego constitucionales es uno de nuestros mejores activos como comunidad política y como sociedad plural y debiera ser uno de nuestros mejores legados; a convencer a la mayoría de que el mantenimiento de la identidad propia no necesariamente debe adentrarse por la vía arriesgada de la secesión, sino que formar parte de un Estado plurinacional es mejor que verse obligado a decidir, aunque fuera posible, entre nacionalismos o entre una de las identidades posibles; a defender los valores positivos de una comunidad política multinacional, multicultural y multilingüe; a exigir a los poderes públicos avances sustanciales en el terreno del reconocimiento simbólico de la diversidad existente en España. En definitiva, a perfeccionar el Estado autonómico en clave federal y a integrar mejor la España plurinacional.

Joan Romero es catedrático en la Universidad de Valencia y autor del libro España inacabada.

Pluriculturales, plurilingüísticos y simétricos
Nota del Editor  16 Enero 2008

Estos panfletos de gentes que dicen no ser nacionalistas, para etiquetarnos a los demás como nacionalistas-españolistas constituyen un burdo intento de manipulación que no aguantan el más mínimo análisis.

Especialmente la simetría, que utilizan para enmascarar pretensión de imponer su lengua regional a los demás, lo mismo que los pluris o multis que utilizan para enmascarar la pretensión de imponer sus condiciones.

Pluricultural es cualquier persona de un día para otro, a poco que haya pensado, escuchado, leído o hablado, su cultura ayer es distinta a la de hoy, lo mismo que plurilingüística, pues cada persona conoce con más o menos profundidad un conjunto de palabras en uno o varios idiomas, y entre las nuevas que le aparecen todos los días y las que olvida, ya tenemos un plurilingüísta sin ir más lejos.

Las mentiras del ministro
Nota del Editor 16 Enero 2008

Van a perdonarme mis sufridos lectores por esta intromisión en asuntos que aparentemente no tienen que ver con los desvelos cotidianos, pero teniendo en cuenta de que algunos socios y simpatizantes de AGLI somos pensionistas y por tanto AGLI se ve directamente afectada por sus problemas, me veo en la obligación de hacerles partícipes de la carta que uno de ellos ha enviado al ministro.

Sr. D. Jesús Caldera Sánchez-Capitán
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
C/ Agustín de Bethencourt 4
28071 Madrid  

xxxx,  La Coruña 16 de enero de 2008

Estimado sr. Ministro: 

Como pensionista acabo de recibir su carta anunciando la subida de las pensiones de la Seguridad Social para el año 2008, y en el punto segundo dice  Vd. “De esta manera, el poder adquisitivo de las pensiones queda restablecido y, además, se incorpora a la cuantía consolidada de la pensión que percibirá durante 2008 y futuro”, y debo manifestar que dicha afirmación está fuera de lugar pues en numerosos casos el aumento bruto de la pensión implica el aumento de la tasa de IRPF, el consiguiente aumento de la presión fiscal y por tanto una disminución del poder adquisitivo.

Sin otro particular, le saluda atentamente, xxxx

 

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