AGLI

Recortes de Prensa    Miércoles 23 Enero 2008

Lavado de cara
EDITORIAL Libertad Digital 23 Enero 2008

El empeño del Gobierno por borrar del mapa los episodios más abyectos de la legislatura continúa a buen ritmo. Habituados ya al uso intensivo –y abusivo– de la palabra España por parte de la propaganda oficial y reponiéndonos del repentino e imprevisto celo que en Moncloa están poniéndole a la lucha antiterrorista, la abogacía del Estado ha presentado en el juzgado de instrucción número cinco de Madrid una instancia dirigida a que su titular, Baltasar Garzón, impida por todos los medios el concurso de ANV y cualquiera de sus derivados a las elecciones de marzo.

La medida, que es del todo oportuna y absolutamente necesaria, llega con, al menos, tres años de retraso. En 2005 los batasunos burlaron la Ley de Partidos presentándose bajo las siglas PCTV-EHAK en las autonómicas vascas. A pesar de que entonces se demandó la irregularidad el Gobierno no hizo nada, y Garzón tampoco. Para el entorno político de la ETA, ese mismo que ahora Rubalcaba quiere hacer desaparecer de las listas, aquellos comicios fueron una oportunidad de permanecer en la cámara de Vitoria, después de haber sido expulsados de los ayuntamientos. Desde entonces, los diputados autonómicos de esta formación creada apresuradamente para torear a la Ley –con el concurso indispensable de un Gobierno complaciente y obcecado en negociar a toda costa– perseveran en su desafío al Estado de Derecho sin que nadie les importune. Ni el Gobierno ni Garzón.

Dos años más tarde, con motivo de las municipales de 2007, la ETA volvió a sacarse un conejo político de la chistera y presentó tantas candidaturas como el Gobierno le permitió bajo unas nuevas siglas, las de Acción Nacionalista Vasca. Los concejales de ANV, que son 437 entre el País Vasco y Navarra, proporcionaron a una organización concebida desde cero para aquellas elecciones casi 111.000 euros en concepto de subsidios estatales. A ello habría que sumarle el presupuesto de las alcaldías que controlan directamente y, sobre todo, la confirmación de que su causa, la de los proetarras, volvía a la legalidad. No es necesario remarcar que ni el Gobierno ni Garzón movieron un solo dedo para deshacer aquel disparate.

Con semejantes antecedentes la premura de Zapatero en poner fuera de la Ley a PCTV, ANV o cualquier organización de corte batasuno es cualquier cosa menos creíble. Caben, por lo tanto, dos posibilidades: que el Gobierno busque un simple titular sin más futuro que abrir el informativo de los medios adictos a Moncloa; o que, efectivamente, Zapatero busque méritos tangibles de cara a la parte más templada de su electorado para deshacer silenciosamente el camino andado una vez renueve en el cargo. Cualquiera de los dos lavados de cara es plausible. Un tercero, que pasaría por la aplicación estricta de la Ley hoy y en la próxima legislatura, ni se le ve ni se le espera.

El programa máximo del presidente del Gobierno ha sido durante cuatro años la negociación con la banda terrorista a cualquier precio, incluso al precio de las dos vidas que se perdieron en Barajas hace poco más de un año. Nada invita a pensar que haya cambiado de parecer de la noche a la mañana. La obsesión de Zapatero por entenderse con la ETA no es una cuestión de oportunidad política –de hecho, comenzó a negociar a escondidas con casi todo el país en contra–, sino una convicción personal. Por ello, lo más probable es que no haga nada contra la costra política etarra por quien tanto se ha desvelado en el pasado. Su inseparable Garzón, posiblemente, tampoco.

El tsunami
POR LAURA CAMPMANY ABC 23 Enero 2008

Como lo que se lleva esta temporada para la precampaña electoral -así entre en coma el sector de la construcción o se hunda la bolsa- es tildar de alarmista, crispamañanas o pájaro de mal agüero a todo el que se atreva a predecir infortunios, voy a darme el gustazo de aconsejarle al señor Iceta que se sosiegue, que a lo mejor porque el Estado garantice la enseñanza del español en Cataluña no va a acabarse el mundo, ni a temblar los cimientos de Las Ramblas. El hombre está tan hecho a las inexorables inmersiones, que todo se le antoja ya un tsunami.

Lo que pasa es que en Cataluña, como en otras zonas bilingües de la nación, si se permite a los niños hablar en español en los recreos, van ellos, inocentes, y lo hablan; si se permite a los comerciantes rotular en español, resulta que unos cuantos lo prefieren; hay personas tan tontas que, si la opción existe, eligen la enseñanza en castellano. Quizás, absurdamente, prevén cambiar de puesto o de destino, y quieren que sus hijos tengan algún futuro. Y ocurre que también son ciudadanos. Y más concretamente, ciudadanos de España.

Un tsunami -ya saben- es como un latigazo. En la costa, al principio, el mar se retrotrae, para luego volver crecido y aumentado. Donde menos se nota es en el epicentro. Devolver su carácter de derecho a esa lengua que a todos garantiza justicia, libertad y entendimiento no tiene, de tsunami o maremoto, más que la relación efecto-causa. Después de muchos años de leyes arbitrarias, tan discriminatorias y ajenas a la vida que hasta se han sustentado en multas, delaciones y espionajes, quizás las cosas vuelvan a su sitio. Igual que hacen las aguas cuando acaba el tsunami.

Las paradojas del mentiroso
José Luis González Quirós El Correo 23 Enero 2008

Los lógicos han estudiado ampliamente la llamada paradoja del mentiroso, una situación que se plantea cuando, por ejemplo, alguien afirma que no afirma nada. Si suponemos que lo que afirma es verdad, entonces lo que afirma es falso y si suponemos que lo que afirma es falso, entonces lo que afirma es verdad. La paradoja nos enseña que es posible decir cosas perfectamente coherentes, en apariencia, pero que no pueden ser ni verdaderas ni falsas, sino un puro sinsentido.

La cuestión me ha venido a la cabeza al pensar en la declaración de Zapatero reconociendo que había mentido al negar que hubieran existido contactos con la ETA después del atentado de la T4. Zapatero ha dado muestras suficientes de que la buena lógica no es precisamente una de sus grandes preocupaciones y, en materia de paradojas, suele encomendarse a Pepiño, un tipo que no parece extraordinariamente sutil y va más bien al bulto.

Pese a recordar a Epiménides, el cretense que primero incurrió en la paradoja al decir que todos sus paisanos mentían siempre, lo que me intriga en este caso no es la lógica de Zapatero, desde luego muy difusa cuando no incoherente, sino su psicología. ¿Por qué admitió que ni él ni los miembros de su Gobierno habían dicho la verdad después del atentado de Barajas?

Lo primero que se puede pensar es que de este modo salía al paso de una posible información de ETA sobre los tales contactos. Ahora bien, si Zapatero teme lo que pueda decir ETA, ¿cómo no ha tomado más precauciones? Un presidente dispuesto a admitir en público que lo de Barajas había sido un accidente, debería haber obtenido alguna contrapartida de peso equiparable a concesión semántica tan importante. Este análisis nos revela a un Zapatero dispuesto a lo que sea con tal de conseguir algo, disposición que no es la más recomendable cuando se negocia con gente de esa calaña. En este caso, Zapatero no solo habría cometido el error de negociar con ETA, yerro que ahora dice no volverá a cometer, sino, sobre todo, el error de haber negociado muy mal con ETA, sin cubrirse las espaldas con una buena dosis de desconfianza y sin haberse ganado el favor del PP por anticipado.

Otra forma de entender la confesión de Zapatero es que haya podido creer que el destape le beneficia directamente. Puede que Zapatero crea que quien dice haber mentido deja de ser mentiroso. Para creer tal cosa hay que ser muy osado, cosa que Zapatero es, sin duda. Hay que ser muy osado, porque hay que creer que los mentirosos son gentes que sólo mienten una vez y jamás vuelven a hacerlo. Como sustentar esta creencia le descalificaría por completo, hay que suponer que no le da demasiada importancia a que la gente le vea como alguien capaz de mentir, si ello le resulta conveniente en un momento determinado. Al fin y al cabo, debe pensar, esto es lo que hacen cada día los que saben cómo aprovechar las reacciones del público que les escucha, la mayoría de los políticos y, más en general, mucha gente, incluidos los periodistas.

Una tercera hipótesis se basa en la candidez del Presidente: la mentirijilla salió a flote como consecuencia del hábil interrogatorio al que fue sometido por uno de nuestros primeros espadas de la cosa. Por más que sea una hipótesis arriscada, seguro que hay personas que la dan por válida. La hipótesis más razonable, con todo, es la segunda. Zapatero miente siempre que le conviene porque sabe que hay un número suficiente de personas dispuestas a creerle. La prueba de que esto es así nos la proporciona, a renglón seguido, en la misma entrevista, cuando afirma que consintió en la continuación de los contactos ante la presión de instancias internacionales, obviamente incógnitas. ¿Hay alguien que pueda creer que el Zapatero que retiró las tropas de Iraq frente a presiones de todo tipo es incapaz de mandar estarse quietos a quienes negociaban en su nombre, nacionales o extranjeros?

Zapatero retiró las tropas porque creyó que le convenía; dejó que siguiesen las conversaciones porque creyó que le convenía; admite que mintió porque le conviene y miente, a continuación, por las mismas excelsas razones. Todo indica que lo hará siempre que le convenga y que, dado el panorama, le conviene mucho, de modo que no sabremos ni lo que hace ni lo que se propone hacer con ETA.

Los tres análisis concluyen en que Zapatero no es fiable. Hay gente que prefiere un presidente que no sea fiable con tal de que sea de izquierdas, aunque convendría que se preguntasen cómo saben que es de izquierdas si es tan poco fiable. Rubalcaba aumentó su muy bien merecida fama el día que, en plena jornada de reflexión, aseguró que merecíamos un Gobierno que no mintiese. Rubalcaba no estaba dando una lección de ética; simplemente, le convenía llamar mentiroso a Aznar: eso fue todo. Como Rubalcaba, Zapatero sabe que la mentira es rentable y que todavía le queda algún crédito para emplearla a fondo.

José Luis González Quirós es analista político y escritor.

El separatismo catalán empieza en el PSC
Vicente A.C.M. Periodista Digital 23 Enero 2008

La reacción del PSC a las manifestaciones de d. Mariano Rajoy en cuanto al tema de equiparar el español al catalán en toda España, ha desatado la más agria respuesta no ya del nacionalismo clásico de CiU o de ERC, sino del PSC y su portavoz el Sr. Iceta. Acusan al PP de integristas y que no van a consentir que se trate al español en igualdad que el catalán.

Negar lo que está recogido en la Constitución es algo a lo que ya nos tienen acostumbrados, porque para estos separatistas, Cataluña no es España y por tanto su Constitución no la asumen. Por ello aplican su propio Estatuto, ese que el Tribunal Constitucional lleva meses guardando en en el archivador de las causas pendientes y de difícil resolución, en el sueño de los justos.

La respuesta tan enérgica solo demuestra que el separatismo catalán empieza y acaba en el PSC. La pregunta es si el PSOE ya ha perdido todo el control, si es que alguna vez lo tuvo, sobre su Federación catalana.¿Estamos asistiendo a una ruptura de ese federalismo del PSOE?. Esa pregunta habría que hacérsela al Sr. Blanco o al propio Sr. Zapatero, que hasta ahora parece consentir todo lo que viniera, antes del Sr. Maragall y ahora del Sr. Montilla.

El problema que van a tener que justificar es por qué el PSOE admite esta postura anticonstitucional. ¿Quiere eso decir que admitirá también el referéndum de secesión?. Es hora de que empiecen a ser claros ante la opinión pública y expliquen cual es el modelo de Estado que defienden y si Cataluña sigue siendo España y allí los españoles tienen los mismos derechos que en cualquier otra parte del Estado español.

Será cuestión de que los españoles decidan si apoyan a un partido que no defiende los derechos fundamentales de los ciudadanos, uno de los cuales es la elección de la enseñanza en su idioma materno.

IV Congreso de Víctimas del Terrorismo
Unidad de medida democrática
Agapito Maestre Libertad Digital 23 Enero 2008

El comportamiento de las víctimas del terrorismo en España es una unidad de medida del proceso democrático. La acción ciudadana de las víctimas no es sólo una referencia moral, lo cual no sería poco, sino que también es una fórmula para evaluar el nivel democrático de la sociedad española. Su defensa del Estado de Derecho es de tal calibre que no tiene parangón en la sociedad española. Eso es lo que han vuelto a demostrar buena parte de las intervenciones del IV Congreso de las Víctimas del terrorismo.

Sin embargo, el presidente del Gobierno no quiere saber nada de este Congreso y, por supuesto, nada de la actividad ciudadana de las asociaciones de víctimas del terrorismo. Es la prueba del algodón de que Rodríguez Zapatero, lejos de ser un demócrata, alguien que fomenta la participación en el espacio público político de todas las opiniones de los españoles, entre las que deberían tener un lugar las víctimas, las excluye, las veja y les da la espalda.

Porque no es nuevo este proceso de exclusión, es menester volver a recordarles a los lectores que esa "política" de Rodríguez Zapatero sobre la víctima viene de lejos. Por lo tanto, puede comprenderse fácilmente que no haya aparecido por el Congreso. Es algo que las propias víctimas nos han enseñado desde que salieron por vez primera y con cierta timidez a la calle. Por fortuna, encontraron el respaldo de millones de ciudadanos. Merece la pena volver sobre aquella primera manifestación convocada por la AVT contra ETA, en enero de 2005, porque puso el dedo en la llaga de una errada política antiterrorista del Gobierno socialista.

Mostró a la opinión pública que el Gobierno no sólo era proclive a pactar con los nacionalismos a cualquier precio, sino que su política de negociación con ETA llegaría incluso a "comprar paz por territorios". Esa política "conciliadora", por no decir de entrega a los fines de ETA, estaba estimulada por un discurso ideológico marcado por una voluntad de ocultamiento de la víctima del terrorismo de ETA, que condujo, obviamente, al enfrentamiento entre el Gobierno y las víctimas.

A los pocos meses de la llegada del PSOE al poder estaban dadas, insisto, las bases de toda la legislatura, entre ellas figuraba, en primer lugar, la manipulación de las reivindicaciones civiles de las victimas del terrorismo. La reacción del Ejecutivo ante el éxito de la primera manifestación convocada por la AVT marcó un punto y aparte del Gobierno de Zapatero respecto a las políticas democráticas de los gobiernos anteriores de España. Rodríguez Zapatero tuvo claro, incluso antes de la llegada al poder, que sin una "política" de reducción de la víctima a mero objeto de referencia compasiva no tendría éxito su acercamiento a ETA. Por eso, nada más llegar a La Moncloa, Rodríguez Zapatero intentó atraerse a las víctimas a través del "abrazo del oso, o sea, acallando sus reivindicaciones de carácter ciudadano hasta reducirlas a meras peticiones sociales y económicas.

Después de que esta operación quedara frustrada por el éxito de las diferentes manifestaciones que siguieron a la de enero de 2005, intentó ocultar las reivindicaciones políticas de las víctimas fomentado la discordia entre las diferentes asociaciones de víctimas del terrorismo. Y, finalmente, cuando está maniobra fracasó, se enfrentó directamente a la víctima. Ese enfrentamiento aún no ha terminado, pero siempre tuvo el mismo objetivo para el Gobierno: matar civil y políticamente a la víctima. Matar, sí, otra vez a la víctima. Es menester hablar de la muerte sobre la muerte para que el lector se haga cargo de la crueldad que reviste la expresión "muerte civil de la víctima". A la víctima hay que dejarla sin suelo, sin lugar, donde alojarla. Hasta ahí ha llegado la "criminalización" de la víctima, que incluso ha sido "teorizada" con algún escupitajo periodístico por profesorcitos socialistas de "filosofía del Derecho".

Sin ese trato vejatorio hacia la víctima es imposible comprender la "política" de negociación del Gobierno a ETA y, sobre todo, es imposible hacerse cargo del terrible desprecio del Gobierno por la democracia.

Desmesura
EDITORIAL El Correo 23 Enero 2008

El conocido como 'caso Atutxa' ha sido perniciosamente interpretado desde el principio como si en él se dirimieran los grandes conceptos del Estado y el autogobierno. Y ese lastre se ha arrastrado a lo largo de los años, mientras la justicia seguía su lento recorrido y la política se adaptaba a las distintas coyunturas. La decisión de anteayer del Tribunal Supremo, revocando la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ha caído, por tanto, sobre un terreno abonado a la valoración partidista y propicio a las conclusiones sesgadas y de oportunidad, y más a pocas semanas de las elecciones generales. Pero, siendo legítimas las críticas hacia el fallo, es inasumible la virulencia y el alcance de las descalificaciones contra el Alto Tribunal, y por derivación hacia el conjunto del sistema judicial, cuando ni siquiera se conoce la sentencia y los argumentos en que se fundamenta. La proclamación de ayer del lehendakari, atribuyendo a las instituciones españolas la ruptura del «pacto de convivencia alcanzado en la transición» está tan cargada de desmesura que sólo puede explicarse desde una política cortoplacista y lejos de la lealtad institucional y del compromiso que se le debe exigir al más alto representante del Estado en Euskadi y al partido que ha gestionado la autonomía desde su implantación.

El peor camino para una sociedad tan necesitada de valores sólidos como la vasca es desprestigiar los poderes del sistema democrático por razones de conveniencia. Y hacerlo, además, elevando a categoría lo que no dejan de ser sino apreciaciones partidistas. Cada caso judicial es independiente y constituye una irresponsabilidad englobar todos los procesos bajo un mismo criterio de intencionalidad. Ni la justicia, pese a sus imperfecciones y errores, quiere cercenar los derechos de la ciudadanía y las instituciones vascas, ni mucho menos trabaja para un supuesto poder opresor. Unos argumentos deslegitimadores que alimentan imprudentemente a quienes tienen como principal objetivo desprestigiar el Estado de Derecho. Es cierto que la Administración de Justicia gana eficacia cuando se hace próxima en el tiempo con la causa de litigio y que ayuda poco que el Tribunal Constitucional aún no haya resuelto los recursos de amparo pendientes, pero los responsables políticos, y más los que ostentan cargos institucionales, están obligados al respeto y acatamiento de sus resoluciones. Hay una vía judicial abierta y hacia ella deberían encaminar sus actuaciones los afectados. Apelar, como hizo ayer el lehendakari, a su consulta como elixir mágico de cualquier problema es de un ventajismo inaceptable.

Alguacil alguacilado
J. M. Ruiz Soroa El Correo 23 Enero 2008

No deja de existir una poética equidad en la decisión del Tribunal Supremo respecto al ex presidente del Parlamento vasco y sus compañeros. Porque si algo caracterizó la labor de Atutxa al frente de la asamblea legislativa fue su barroca capacidad dialéctica y práctica para retorcer el reglamento cuando convenía a los intereses de su partido; su incesante construcción de interpretaciones novedosas para conseguir que se aprobaran unos Presupuestos; o para impedir votar a alguna parlamentaria alegando que el sistema informático decía que había votado ya, aunque la interesada presente dijera lo contrario. Siempre encontró el momento y la forma para inclinar la interpretación de las normas hacia su propio interés político.

Por eso, precisamente, resulta una feliz coincidencia que haya sido una matización jurídica a una anterior interpretación de la Sala del Tribunal Supremo la que haya habilitado a éste para poder entrar a juzgar del fondo del asunto. Que haya sido un «hilar más fino» el que ha llevado a su condena. Estas matizaciones de los jueces, sin embargo, no pueden considerarse irrazonables ni extemporáneas sino todo lo contrario. En primer lugar, porque devuelven a los ciudadanos un arma de participación de que nunca debieron ser privados: la acción popular. Una castiza institución española vigente desde 1882, recogida hoy en el art. 125 de la Constitución, y que sólo puede merecer un juicio global positivo desde una concepción activa de la ciudadanía. No podía suceder que la apertura de juicio oral estuviese en todo caso (incluso en delitos contra el interés general) subordinada al criterio de una institución tan permeable al impulso político como la del Fiscal. Y, en segundo lugar, porque en este caso la vista o juicio ya se había celebrado hace años, con lo que apelar a un tecnicismo para escapar a la sentencia de fondo era un puro sinsentido. No existía «pena de banquillo» a evitar a estas alturas.

Por lo demás, y dado que los argumentos de la sentencia en cuanto al fondo de la cuestión (la comisión de un delito de desobediencia al negarse a cumplir una orden judicial directa) no se conocen todavía, sólo cabe reservar el juicio para cuando sean públicos. Por lo menos, eso es lo que hacemos los mortales ordinarios, que procuramos callar acerca de lo que ignoramos. No lo que practica con entusiasmo nuestro Gobierno, compuesto de unos videntes que ya han encontrado en la sentencia (sin conocerla) un «ataque a la autonomía, el autogobierno y el pacto de convivencia». Nada menos. Y también una prueba de la ideologización extremista de un «grupo de magistrados sin control». No parecen haberse enterado de que la condena de fondo ha sido por mayoría del Pleno de la Sala Penal. Y es que, cuando uno posee la verdad absoluta, ¿para qué pararse en detalles?

Atutxa o el desprestigio del Fiscal
Editorial ABC 23 Enero 2008

LA condena impuesta por la sala Segunda del Tribunal Supremo al ex presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, es una decisión que refuerza de forma especial el Estado de Derecho y constituye un antecedente imprescindible para fijar las relaciones entre el poder político y las autoridades judiciales. Atutxa jugó con fuego cuando desobedeció reiterada e injustificadamente las órdenes de la sala del 61 del TS para que ejecutara la disolución del grupo parlamentario de Batasuna, Sozialistak Abertzaleak, en respuesta a la sentencia que aplicó la ley de Partidos Políticos al entramado proetarra.

El ahora condenado organizó una pantomima seudo-legal que ha sido desmontada por los jueces, porque las órdenes de Supremo no necesitaban, como excusaba Atutxa, la modificación del reglamento de la Cámara vasca. Su contumaz desobediencia no fue más que un acto de complicidad política con los proetarras y lo lógico es que haya sido sancionada por la Justicia. Aquellos jueces del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que iniciaron el proceso contra Atutxa, en medio de la coacción nacionalista, hoy deben sentirse totalmente reconocidos. En lo sucesivo, quien se dedique a facilitar las cosas a ETA, en cualquiera de sus disfraces; quien se niegue a cumplir las decisiones judiciales firmes; quien eluda las sentencias que aplican la ley de Partidos Políticos y quien busque impunidad escondiéndose tras la política, ya sabe a qué atenerse. El Estado de Derecho es mucho más fuerte gracias a la decisión de la Sala Segunda del TS, la cual matiza acertadamente el alcance de la doctrina sobre la acción popular, establecida en la sentencia del caso de las cesiones de crédito del Banco Santander. La acción popular sigue viva y gracias a ella se ha hecho justicia en este caso. Un argumento más para no aceptar el monopolio de la acusación por el Ministerio Fiscal.

Y si Juan María Atutxa ha sido condenado por los jueces, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha quedado nuevamente desautorizado para ejercer sus funciones institucionales. Conde-Pumpido tiene un problema de verdadera inhabilitación profesional, porque no se recuerda en la historia de la democracia un fiscal general que con tanta notoriedad haya puesto la Fiscalía al servicio del Gobierno, haya abdicado tan constantemente de la defensa de la legalidad -renunciando a defender las querellas presentadas por la propia Fiscalía- y haya asumido la protección, por acción u omisión, de intereses contrarios al Estado democrático y de Derecho.

No es una valoración discrecional; es lo que objetivamente se desprende de todas las decisiones judiciales que han rechazado o denunciado el uso arbitrario y oportunista que ha hecho el fiscal general de sus funciones, habitualmente en los casos en que al Gobierno le convenía frenar la acción de la Justicia contra ETA o contra el nacionalismo vasco. Por eso, la responsabilidad de Conde-Pumpido por pedir la absolución de Atutxa -en contra del criterio inicial del Ministerio Fiscal- es la responsabilidad de quien lo sostiene, defiende e instruye, es decir, del presidente del Gobierno. El fiscal general no ha hecho otra cosa que trasladar a la Justicia el comportamiento político del Ejecutivo en la negociación con ETA: aparcar los principios del Estado de Derecho para sobreponer los intereses políticos al mandato de la ley. La política de confianza en el ordenamiento jurídico y en las instituciones está dando resultado. En poco más de un año, los tribunales han condenado a las juventudes de ETA y a su «frente político» -Ekin, Xaki y demás títeres etarras- como miembros de la organización terrorista. Y ahora han sancionado la obstrucción a la Justicia perpetrada por Atutxa, quien, a su vez, también fue mera correa de transmisión de la falta de moral y principios que caracteriza al nacionalismo vasco en relación con ETA. Plantar cara a los nacionalistas no provoca ninguna crisis ni incita a la crispación. Antes bien, es algo imprescindible para resolver algunos de los principales problemas de Estado, como el del terrorismo. Conviene no ignorar una lección política de la condena a Atutxa. Este encomiable ejercicio de justicia, realizado por los magistrados del TS en su plena independencia jurisdiccional, no se debe a ninguna iniciativa del actual Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, cuya política de negociación con ETA exigía la abdicación del Estado de Derecho. Se debe a la determinación del Gobierno de José María Aznar de ir directamente a por la derrota de ETA, sin atajos, pero sin vacilaciones.

Hay motivo
POR IGNACIO CAMACHO ABC 23 Enero 2008

DESPUÉS de una profunda reflexión iluminada por el auxilio de los más doctos especialistas del Derecho patrio, el Gobierno y su Fiscalía acólita han encontrado al fin motivo suficiente para solicitar en los tribunales la ilegalización de ANV. Se trata de una razón incontestable para los adalides del relativismo jurídico, como los ministros Bermejo y Rubalcaba, partidarios confesos de la aplicación gradual de las leyes a tenor de las circunstancias. Tras varios meses de estudio de pruebas, consideración de indicios y ponderación de conjeturas, los juristas gubernamentales han hallado en algo tan simple como un calendario la piedra filosofal que permitirá considerar filoterroristas a los filoterroristas y proceder a la suspensión de sus filoterroristas actividades. Ya hay doctrina clara, argumentación contundente y fundamento irrebatible: faltan 45 días para las elecciones y las encuestas señalan que la cosa está chunga.

Tan chunga debe de estar que los estrategas jurisconsultos del zapaterismo no se fían ya de los plazos ni del criterio del Supremo, y han preferido que se encargue del trabajo alguien de confianza. Nadie mejor que el juez Garzón, otra minerva relativista, otra eminencia del circunstancialismo. Las circunstancias apremian tanto como el tiempo, de modo que conviene ser rigurosos con los procedimientos; Garzón goza de acreditada fama de expeditivo y buscará el atajo necesario para ejecutar el encargo en fecha justa. Tiene de plazo hasta la jornada de reflexión, más o menos, y la ventaja de que las pruebas acumuladas son incuestionables. Qué pena que no estuviesen listas cuando los sujetos bajo sospecha se presentaron a las elecciones locales. Mecachis.

La doctrina jurídica de Garzón, Bermejo y Conde-Pumpido se basa en el principio establecido por el célebre catedrático penalista Louis Renault, ficticio y cinematográfico capitán de policía de Casablanca y parroquiano habitual del casinillo de Rick Blaine, que se percataba de que en dicho local se hacían apuestas en el momento exacto en que le convenía cerrarlo. Así, se dieron cuenta de que Arnaldo Otegi, con quien se traían retorcidos tejemanejes de diálogo, era reo de exaltación del terrorismo justo después de que ETA rompiese la tregua, fechas en las que asimismo se apercibieron de que Iñaki de Juana recibía mejor trato penitenciario del que merecían sus crímenes. Ahora los próceres han caído en que esos alcaldes y concejales de ANV y las nekanes de las Tierras Vascas, a quienes en tiempo de negociación abrieron generosamente paso a instituciones forales y parlamentarias, no son sino sicarios del brazo político etarra, y se disponen a actuar en consecuencia con lógica irreprochable. Porque es ahora, precisamente ahora, cuando están listos los informes y soportes indiciarios que demuestran tan perniciosos vasos comunicantes. Justo a mes y medio de las elecciones, y justo el día en que se celebra en Madrid un congreso de víctimas del terrorismo al que ni Zapatero ni sus ministros han decidido honrar con su augusta presencia.

Y nosotros, los ciudadanos del común, nos lo creemos y, agradecidos por tanta clarividencia, aplaudimos hasta con las orejas y descartamos de corazón cualquier malhadada coincidencia con interés electoral alguno.

Por fin Atutxa es oficialmente delincuente
 Minuto Digital 23 Enero 2008

Más vale tarde que nunca, pero al final el Supremo ha condenado a Juan María Atutxa y a los ex miembros de la Mesa de la Cámara de Vitoria Kontxi Bilbao y Gorka Knorpor un delito de desobediencia a autoridad judicial por no disolver Sozialista Abertzaleak (SA) tras la ilegalización de Batasuna en 2003.

Ese es el mensaje que debería mandarse alto y claro a la sociedad: la falta de respeto al Estado de Derecho se paga. El problema es que esta condena debería venir seguida por la de Pachi López, Ibarreche, Imaz y cuantos han violado las resoluciones judiciales dando cancha y posibilitando la actuación política pública de un partido ilegal y terrorista como es Batasuna, llámese como se quiera llamar.

Ahora bien, la multa y a inhabilitación para ejercer cargo público, que se ha impuesto como pena a Atutxa nos parece muy benigna, a la vista del poco arrepentimiento que muestra el separatista vasco. En una entrevista que publicó ayer el diario Deia afirma con rotundidad que él no ha cometido “ningún delito” en ningún momento. Y añade que lo que sí puede garantizar y afirmar es que “si hoy volviese a darse la circustancia del 20 de mayo de 2003, 4 de junio de 2003 y todas aquellas circustancias, con el posicionamiento de la voluntad mayoritaria del Parlamento de la no modificación del reglamento por la vía del procedimiento de resolución de presidencia, este que habla, hoy haría lo mismo que hizo en 2003″.

La sentencia del Tribunal Supremo se ha dictado en contra del criterio de la fiscalía

No podemos dejar de resaltar que la fiscalía en este proceso ha seguido los mismos criterios de la defensa de Atutxa, que consideraba que la acusación popular carece de legitimación para conseguir la apertura de un juicio. Recordemos que el Ministerio Fiscal no acusó a Atutxa, y ha sido a instancia de la acusación particular de Manos Limpias quien impulsó la continuación del proceso

Apuros de última hora
Tonia Etxarri El Correo 23 Enero 2008

El PNV no se esperaba esto. Es cierto que no las tenía todas consigo ni en el 'caso Atutxa' ni en el 'caso Ibarretxe'. Pero después de la sentencia sobre el 'caso Botín' en la que el alto tribunal descartó la apertura del juicio oral porque contaba tan sólo con una acusación popular, los nacionalistas creyeron que el caso del ex presidente del Parlamento vasco estaba ganado. Que se había abusado tanto de la acción popular que el legislador terminaría por retirarlo. Si la Fiscalía había solicitado la absolución y no había acusación particular, miel sobre hojuelas. Pero el tribunal ha condenado a los imputados por no disolver al grupo de Otegi en el Parlamento.

La indignación, por la condena inesperada, ha sido de tal calado que el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, se lamenta de que las principales instancias judiciales se hayan convertido para algunos, en su opinión, en «refugio y defensa de las ideas y de los grupos de ultraderecha». Desde la televisión pública vasca se habla de «condena al Parlamento vasco» (cuando se ha condenado a tres representantes de los tres partidos del Gobierno). Y el lehendakari denuncia que el Estado español está rompiendo el pacto de convivencia de la Transición.

Habrá que tener cuidado con las palabras, que las carga el diablo armado de explosivos. En Euskadi, mucho más. Luego, nuestros representantes asisten impávidos a recoger los cascotes del Palacio de Justicia de turno después de que la campaña institucional contra la Justicia haya sido mayúscula. Tanto ha sido la presión de los nacionalistas sobre los jueces en esta legislatura, que el Consejo General del PoderJudicial tuvo que salir en defensa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para que dejaran ya su campaña de hostigamiento. Fue un apoyo unánime. De conservadores y progresistas. Todo un símbolo.

Eso ocurrió hace justamente un año. Pero las autoridades nacionalistas no pueden someterse al dictado de la Ley. Si las sentencias no les son favorables, se suben al monte. Para refrescar la memoria hay que recordar que no se trata de que Atutxa, así como Knörr y Bilbao, sean delincuentes. Se trata de que desobedecieron la orden del Tribunal Supremo de disolver el grupo parlamentario de Batasuna que, bajo otras siglas, disfrutó de la legislatura aun estando ilegalizada.

Atutxa recurrirá. Pero como ya está agotada la vía judicial del recurso de casación, le queda el Tribunal Constitucional para reclamar la tutela de sus derechos fundamentales. En cualquier caso, esta instancia no podrá decir nada acerca de si fue delito o no su desobediencia al no disolver el grupo de Batasuna. «Roma locuta». Los parlamentarios y concejales tendrán que tomar nota porque la suspensión de actividades de EHAK y ANV está al caer.

t.etxarri@diario-elcorreo.com

La "olvidada" Educación puede hacer que Zapatero pierda y Rajoy gane
Pascual Tamburri elsemanaldigital  23 Enero 2008

Si algo está claro, tanto por los datos objetivos como sobre todo por la percepción social, es que nuestro sistema de enseñanza y en general toda la educación española van mal. "Mal" no porque sean diferentes a como fueron hace unas décadas o unos siglos, ni porque pretendan cumplir funciones que jamás tuvieron antes; al fin y al cabo el cambio funcional –que siempre ha sido por ampliación, y no por abandono, al menos hasta ahora- es una característica peculiar de nuestra enseñanza desde su raíz medieval. "Mal", en cambio, porque cumplen mal esas funciones que la sociedad y el Estado le asignan.

Algunas de las propuestas que Rajoy lleva en su programa son aciertos evidentes, tanto que deberían impulsar a Zapatero a cambiar sus propuestas. No son pocas las familias y los docentes que, con raíces en la izquierda, no están de acuerdo con lo se ha hecho esta legislatura, y la oferta de Rajoy es en este sentido bastante razonable y potencialmente tentadora.

- Se plantea suprimir la asignatura Educación para la Ciudadanía, con lo que implica de adoctrinamiento ideológico, al menos en potencia.

- Se trata de garantizar unas enseñanzas comunes en toda España y el derecho a elegir el español como lengua de la enseñanza en todas las comunidades.

- Se pretende restablecer la dignidad del profesorado, el respeto y la disciplina en las aulas.

- La meta más inmediata es solucionar las carencias angustiosas en comprensión lectora, habilidades matemáticas e inglés, dedicando más horas y recursos a esas materias básicas.

- Rajoy aspira a multiplicar el número de alumnos de Formación Profesional de Grado Medio en ocho años, lo que llevaría a solucionar dos problemas estructurales del país: la baja cualificación de los trabajadores (pues muchos no obtienen esa formación) y el exceso de alumnado en Bachillerato (ante la ausencia, o ausencia de atractivos, de la FP).

Quizás atractivo sea demasiado. Digamos, sin más, necesario, frente a lo innecesario que estamos viviendo. Es una baza de Rajoy, pero sólo si sabe usarla, y si corrige algunos errores de fondo que sus asesores han colado en el programa. Por supuesto que el "modelo LOGSE impuesto por el PSOE en los 90 y ratificado por Zapatero ha convertido la enseñanza pública en un enfermo grave". Pero es que ese modelo sólo fue levemente maquillado por los ministros de educación del PP, que fueron Del Castillo, Aguirre y el mismo Rajoy. Maquillado en la dirección correcta, es verdad, pero sin el vigor necesario. La consecuencia de aquella dejación es la situación actual, en la que Zapatero ha podido construir sobre lo que dejó González. Es preciso comprometerse a no repetir ese error acomplejado.

¿Necesitamos "un modelo basado en la libertad, la calidad, y la disciplina y la autoridad en las aulas"? Sin duda, y el único camino que lo ofrece es el PP de Rajoy, aunque si nos fijamos en la Navarra del pobre Pérez Nievas es mejor no pensarlo. Pero la "calidad", la real, en educación nunca podrá medirse como en una fábrica de tornillos. El verdadero problema es el concepto de calidad. No es una industria en la que a iguales procesos, verificados documentalmente, hayan de responder iguales resultados, sin importar las cualidades del operario (docente) y de la materia prima (discente). Conseguir "que la tasa de graduados en ESO se sitúe en el 90 por ciento en cuatro años más, frente al 72,3 por ciento que se registraba en 2005" es muy sencillo, tanto como aprobar más: el problema es conseguir no más aprobados sino mejor formación, que efectivamente sepan quiénes fueron los Reyes Católicos, qué es una ecuación de segundo grado y cómo se come un silogismo. Hay que decirlo, y después de marzo hay que hacerlo.

España ante el error de Kosovo
PEDRO SCHWARTZ ABC 23 Enero 2008

LA República albanesa de Kosovo está a punto de proclamar su independencia frente a Serbia con el apoyo de Alemania y Estados Unidos, a pesar de que ese cambio de fronteras no parece acorde con el Derecho internacional ni con la práctica establecida de la Unión Europea. La creación de una República independiente albano-kosovar es un precedente para reclamaciones del mismo tipo en las muchas partes de Europa donde hay minorías que, a menudo frívolamente, se consideran discriminadas. El ejemplo de la autodeterminación de los albaneses de Serbia supondrá un precedente peligroso para España, pues animará a los nacionalistas a reclamar con aún más energía el derecho a declarar unilateralmente su independencia. Al menos en el continente europeo, las fronteras estatales se habían proclamado intangibles, cualquiera fuese la razón de las reclamaciones irredentistas, por un principio de elemental prudencia, inspirado en nuestra cruel historia. En mi opinión, casi más importante que el principio de no tocar las fronteras es el de no ceder a la tentación de crear nuevos Estados identificando territorio y grupo étnico: las sociedades resultantes de la unión entre el poder y la «raza» suelen ser lugares de opresión y expansionismo, como nos enseña el triste resultado de la experiencia nacionalista en el País Vasco y Cataluña y, ahora, en Galicia.

La sangrienta disolución de la Federación yugoslava en 1991 ha dejado una secuela de complicados problemas para la Unión Europea. Cierto que Yugoslavia era un país artificial, ensamblado con grupos de varios idiomas y religiones. La UE, sin embargo, debería haberle impuesto una solución confederal como condición de su entrada en el Club. Estallada la guerra civil en 1991, la UE se mostró incapaz de intervenir militarmente con rapidez y tuvieron que ser los EE.UU. en el marco de la OTAN los que malamente pusieran orden a la puerta de nuestra casa. Tan lamentable o más fue la decisión de Alemania y Austria, con el apoyo tácito del Vaticano, de reconocer la independencia de las católicas Eslovenia y Croacia, frente a la mayoritariamente ortodoxa Serbia. Eslovenia se libró de enfrentamientos militares, pero en Croacia sí que corrió la sangre y sí que se hizo limpieza étnica, con métodos tan salvajes como los utilizados en Serbia. Los crímenes contra la humanidad de algunos croatas parecen haberse olvidado mayormente, lo que no ha ocurrido con los de los serbios. Entretanto, Macedonia se había independizado en el extremo sur de la antigua Yugoslavia, sin mucho conflicto. El asedio de Sarajevo por los serbios y las vejaciones sufridas por los musulmanes de Bosnia a manos de católicos y ortodoxos escandalizaron al mundo. El resultado fue la independencia vigilada de Bosnia-Herzegovina. Por fin, la OTAN hubo de intervenir en Serbia, con la campaña de bombardeos que desembocó en el derrocamiento de Milosevic. Ello despejó el camino a la independencia de Montenegro.

Yugoslavia se había disuelto así en seis Estados de pequeño o mínimo tamaño. Contemos de norte a sur: Eslovenia (2 millones de habitantes), Croacia (4 millones y medio), Serbia (9,5 millones, ella misma dividida en 27 grupos étnicos y con 7 idiomas oficiales, si se incluyen Vojvodina y Kosovo), Bosnia-Herzegovina (4 millones), Montenegro (620.000), Macedonia (2 millones). ¿Qué importa que ahora aparezca un séptimo país independiente en forma de República Kosovar con sus dos millones de habitantes?

Ya de por sí, la dispersión de los yugoslavos ha sido la historia de una serie de divorcios no muy bien resueltos. Hay latentes muchas tensiones entre minorías étnicas, de las que es sólo una muestra el conflicto armado entre kosovares y macedonios, como parte de la llamada Guerra de Kosovo, de 1999 a 2001. Ese conflicto lo resolvió Macedonia por su lado con la concesión de una amplia autonomía a la minoría albanesa: es una herida que quizá se reabra con la independencia de Kosovo y su posible unión con Albania. Pero además, la forma en que está desenvolviéndose la actual separación entre Serbia y Kosovo, bajo la amenaza de los ataques de algunos terroristas kosovares «incontrolados» a comunidades serbias, tiene unas ramificaciones políticas que se extienden mucho más allá de los Balcanes.

Primero está el trato discriminatorio de la OTAN y Europa a Serbia en este asunto de Kosovo, como si culparan a todo un pueblo de las crueldades cometidas por personas individuales durante la guerra civil: la atribución de culpabilidades colectivas pertenece al Antiguo Testamento y no casa bien con las costumbres de pueblos ilustrados. En segundo lugar, preocupa la oposición de Rusia en el Consejo de Seguridad al nuevo desmembramiento de la República Serbia, que los rusos consideran hermana. En este caso tienen razón, pues subrayan que Serbia ha ofrecido la más amplia autonomía a su provincia de Kosovo, lo que hace innecesaria la separación de soberanías. Tanto Serbia como Rusia se preocupan de lo que ocurrirá con los habitantes de dos pequeños enclaves de mayoría eslava, caso de obtener los kosovares la independencia y luego unirse a Albania, como algunos pretenden.

Los kosovares, envalentonados por el apoyo del Enviado Especial del Secretario General de la ONU, un finlandés que atiende por el nombre de Ahtisaari, y por la virtual promesa de independencia por parte de EE.UU. y algunos miembros de la Unión Europea, no han mostrado ninguna disposición a llegar a un acuerdo sensato con Serbia. ¿En cuántas más partes ha de dividirse Serbia para satisfacer la ideología de los que quieren que el Estado coincida con la etnia? ¿Cuántas más provincias habrán de cambiar de manos para tranquilizar a los irredentistas croatas, húngaros, ucranianos, rusos? ¿Habrá que atender a las reclamaciones imperiales de los nacionalistas vascos en Navarra y el sur de Francia, o de los catalanes en Valencia y las Baleares, o de los gallegos en Sanabria?

A los federalistas europeos no creo que les preocupe ver que la UE contribuye así a la disolución de los viejos Estados de nuestro Continente: su ideal es el de unos Estados Unidos de Europa, con bandera, himno, capital en Bruselas y muchas, muchas pequeñas provincias. Tardíamente veremos a España negarse a reconocer la independencia de Kosovo, en vista de las repercusiones étnico-políticas que señalo: gesto fútil donde los haya. España no cuenta hoy para nada en la UE. Si Francia se opusiera a la nueva partición de Serbia, los europeos atenderían sin duda a la voz del presidente Sarkozy. Al presidente del Gobierno español, ¿cómo se llama?, ni se le oye ni se le escucha en las cancillerías europeas.
PEDRO SCHWARTZ ABC
de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

MÓNICA ARROYO , PORTAVOZ DE LA PLATAFORMA POR LA LIBERTAD DE ELECCIÓN LINGÜÍSTICA
«Tenemos derecho a elegir la lengua en la que estudien nuestros hijos»
El colectivo surgido ante la supresión de modelos en castellano afirma que el decreto de currículum «es ilegal»
M. F. VALLEJO El Correo 23 Enero 2008

Se ha embarcado de la noche a la mañana en una lucha de David contra Goliat. La de un puñado de familias contra el Gobierno vasco, contra la patronal de la red concertada y contra sus propios colegios por defender «el derecho de los padres a elegir la lengua de enseñanza para sus hijos»; en la práctica: por poder estudiar en castellano. Mónica Arroyo, abogada vitoriana de 34 años, es portavoz de la recién formada Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística.

- ¿Cómo surge la plataforma?
-Nace como reacción ante la aplicación del decreto de currículum del Gobierno vasco por el que el euskera se convierte en la lengua vehicular en todas las etapas educativas. Se formó un grupo de padres preocupados, al principio muy pocos. Funcionó el boca a boca y acabamos por reunirnos en un centro cívico y formar la plataforma. Acabamos de crear la web.

- Hubo una chispa que desató todo ese malestar.
- Sí, surgió en dos colegios de Vitoria. Tenían modelo bilingüe con inglés, y el otro, A y B. Convocaron a los padres y les dijeron que iban a desaparecer y que a partir del próximo curso implantarían uno único, de inmersión lingüística en euskera. Hubo un malestar muy grande. De ahí saltó la chispa.

-¿Quién forma el colectivo?
-Es una asociación apolítica, de padres preocupados por la educación de sus hijos. Y punto. Aquí no tenemos ni colores ni banderas políticas. Cada vez nos apoyan más personas, padres y profesores. Hemos recibido un respaldo muy fuerte. De todos las ideologías. No somos ni del PNV, ni del PP ni del PSE.

-¿Qué reclaman?
-Queremos que se respete nuestro derecho a elegir la lengua en la que van a estudiar nuestros hijos, ya sea euskera o castellano. Sea el idioma materno o no. Aquí se defiende el modelo A, el B y el D. Reclamamos que no se nos imponga por decreto una lengua o un modelo. Las lenguas no se imponen. La sociedad vasca tiene una realidad sociolingüística muy diversa y hay que respetarla.

Apoyo al euskera
Mónica saca del bolso un recorte de periódico con la entrevista a un líder nacionalista escocés. Y lo lee en alto:
-Le preguntan, '¿le parece bien que todas las clases sean en gaélico en las escuelas de Escocia?' Y él dice: «No. Vivimos en una sociedad multicultural. Hay realidades muy distintas en mi circunscripción y debemos respetar la lengua que cada uno quiera hablar». Yo me quedaría con lo que dice este señor. Es respetar no imponer.

-Utilicemos el discurso del consejero Tontxu Campos: hay dos idiomas oficiales y las leyes establecen que los escolares deben acabar sus estudios dominando las dos. Con el A no se consigue.

-El nivel B2 que quiere exigir Educación es inalcanzable entre castellanoparlantes, incluso si estudian en el modelo D. La política lingüística del Gobierno vasco no es realista. Las dos son dos lenguas oficiales. Y Tontxu Campos quiere marginar una frente a otra.

-¿Se ha cargado con la culpa a los colegios que quitan el modelo A?
-El colegio debe mantener una coherencia, una línea. Si creía antes en un sistema bilingüe con inglés, por ejemplo, o en castellano, ¿por qué ahora no? Otros colegios han mantenido sus líneas. Yo quiero pensar que están presionados por Educación, que tienen miedo a perder las subvenciones.

-Sólo se adelantan a las exigencias del Gobierno vasco.
-Suprimen la línea de castellano antes de aprobar la ley de la reforma de modelos, por un decreto impuesto por el Gobierno. Un decreto que va en contra de la ley.

-¿De qué ley?
-La ley de normalización lingüística reconoce el derecho de todo alumno a recibir la enseñanza tanto en euskera como en castellano.

-Pero en Vitoria hay colegios que mantienen el modelo A. Podrían llevar a sus hijos allí.
-No es así. Donde yo estoy empadronada, por ejemplo, no hay ningún centro que oferte la enseñanza en castellano. Los que quedan con línea A no me corresponden.

-Comenzaron un centenar de padres. ¿Tienen la sensación de que están solos contra la mayoría?
-Muchos colegios no están de acuerdo con el currículum, comparten nuestra preocupación, pero van por libre. Debemos juntarnos, que sea una sola voz la que se oiga en el Gobierno vasco. No sólo a los del modelo A, también a los del B, que está condenado a desaparecer con el nuevo sistema.

«No soy menos vasca»
-Les pueden reprochar que van en contra del euskera.
-No vamos en contra del euskera. Tenemos bien claro que es nuestro patrimonio cultural de todos los vascos y lo vamos a defender. Porque mi hijo estudie en castellano, no soy menos vasca que otro que lo lleva al modelo D. Cada familia, por sus diferentes realidades, elige uno u otro. Lo que no nos gusta es que se politice la lengua. Es un medio de comunicación, ese es su fin.

-Muchos no se atreverían a poner cara a esta lucha.
-¿Por qué? No soy ninguna delincuente, sólo defiendo algo natural: mi derecho a elegir la lengua de enseñanza para mi hijo. Es un deber moral de todos los padres y voy a luchar hasta el final.

-¿Cómo van a plantear su lucha?
-Preparamos una queja ante el Ararteko. Hablaremos con los partidos políticos, sindicatos, asociaciones de padres...., lo último será una iniciativa legislativa popular. Vamos a recoger firmas.

-¿No le han dicho que sus hijos no van a encontrar trabajo en Euskadi?
-He oído muchos argumentos para estudiar en euskera.Me hago otra pregunta, nuestro sistema educativo ¿qué quiere? ¿hacer una generación de funcionarios? Si es así, adelante. Pero hay padres que tenemos otros planes para nuestros hijos. Sólo pedimos respeto a nuestras decisiones sobre su educación.

Más información
www.libertaddeeleccion.org

PRESENTARÁN UN INFORME SOBRE LA ASIGNATURA
La lucha de los padres objetores contra EpC llega al Parlamento Europeo
Libertad Digital 23 Enero 2008

En el acto de presentación estarán presentes Miguel Gómez de Agüero, responsable de Relaciones Internacionales de Profesionales por la Ética, José Luis Bazán, doctor en Derecho y experto en Derechos Humanos así como Pilar del Castillo, eurodiputada y ex ministra de Educación.

La presentación del informe que se llevará a cabo en Bruselas se enmarca en la campaña internacional que los padres objetores están realizando en distintos países y foros internacionales. Una de las asociaciones que ha apoyado a los padres españoles en contra de la polémica asignatura ha sido el Observatorio de la European Parents Association, que representa a más de 150 millones de padres europeos.

Desde Profesionales por la Ética, se está organizando el I Encuentro de Objetores de Conciencia a Educación para la Ciudadanía que se celebrará el próximo 16 de febrero bajo el lema "Sin miedo", en el colegio Monte Tabor de Madrid.

El Constitucional empieza a debatir el Estatuto catalán en plena precampaña
J. ALBIOL ABC 23 Enero 2008

MADRID. Ya está en marcha. El debate sobre el Estatuto catalán, que se presume tenso y largo, ya está sobre al mesa del pleno del Tribunal Constitucional. La decisión que tomen los vocales será decisiva no sólo en el orden jurídico, sino que afectará de lleno al devenir político a medio plazo y sentará un precedente igualmente decisivo sobre el modelo de Estado.
Son once los magistrados del Constitucional, y no doce, los que han de dirimir lo que se presume uno de los casos fundamentales de la reciente historia de la democracia, porque el Estatuto catalán se refiere y afecta de lleno a la arquitectura del Estado. El duodécimo vocal, Pablo Pérez Tremps, fue recusado en su día el PP, abriendo así una batalla que ha dejado muy tocada a una institución nuclear del Estado.

El TC ya incluyó ayer este asunto en el orden del día del Pleno, pero otras materias pendientes, también de interés, según fuentes del Constitucional, impidieron abrir las conversaciones. Un recurso sobre otra ley, también muy polémica aprobada por el Gobierno, ocupa a los magistrados en este momento. Por ello, hasta que ese otro asunto no se resuelva, es muy probable que los magistrados no retomen las deliberaciones sobre el texto catalán.

Los tiempos serán largos y no parece previsible que haya un fallo del Constitucional antes del 9 de marzo, según fuentes conocedoras del proceso, por lo que no se prevé que distorsione notablemente la campaña electoral. Pero estas fuentes expresan todas las cautelas: el avance de las deliberaciones, las consensos sobre determinados artículos recurridos y el sentido que vaya tomando el debate es fácilmente trasladable a los medios de comunicación y a las fuerzas políticas, por lo que estas fuentes expresan su temor a que los trabajos de los magistrados puedan ser un arma en una campaña electoral que se avanza muy dura. La presidenta de Tribunal, María Emilia Casas, dejó muy claro en su momento que no habría resolución en plena campaña electoral.

114 artículos y 12 disposiciones
El Estatuto catalán suma siete recursos: el del PP, el Defensor del Pueblo y las Comunidades de Murcia, Baleares, La Rioja, Comunidad Valenciana (todas del PP) y Aragón (PSOE). Todos ellos fueron admitidos a trámite a lo largo de 2006. El Tribunal Constitucional rechazó en mayo de 2007 una petición para unir los siete recursos en uno solo, por lo que deberá resolver uno tras otro.

Verá primero el presentado por el PP, que ha recurrido 114 artículos y doce disposiciones. Los populares piden la revisión de artículos que afectan a la definición de Cataluña como nación, un aspecto que se presenta vital en el alborotado debate sobre el modelo de Estado y las crecientes tensiones nacionalistas. También está recurrida la obligatoriedad del catalán, la regulación de derechos y deberes (diferentes a los de la Constitución, por lo que se configurarían ciudadanos con derechos desiguales en el mismo país), la legislación judicial (una prácticamente propia en Cataluña, rompiendo la unidad), el reparto competencial (en muchos casos de forma unilateral) o la relación bilateral con el Estado.

El recurso del Defensor del Pueblo, que afecta a más de un centenar de artículos y que comulga en muchos aspectos con el del PP, mantiene que el Estatuto sienta una «desigualdad» entre los ciudadanos.

Emersión
ARCADI ESPADA, El Mundo 23 Enero 2008

Hace 30 años el argumento fue el mismo: no queremos que los escolares catalanes se separen en las aulas por razones de lengua. Hoy lo repiten para combatir la propuesta del opositor Rajoy. Es inconcebible que ese argumento sentimental pudiera plantearse, es inconcebible que alguien pudiera creerlo y es inconcebible que hayan vuelto a él. Para observar su carácter ficcional bastaba preguntarles a sus patrocinadores por qué se negaron a dividir las materias entre el catalán y el castellano: así los niños habrían permanecido en continua comunión y no es probable que la geografía o las matemáticas se quejaran de su suerte. Nunca tuvieron respuesta a esta pregunta y siguen sin tenerla porque su primer objetivo no era evitar la discriminación (presunta) de las personas, sino salvar la lengua. El argumento sentimental, caritativo, era y es una de las 100 prácticas semanales de la hipocresía socialdemócrata. Si me refiero a ella es porque la inmersión lingüística jamás podría haberse dado sin el asentimiento de la izquierda y es incuestionable que sólo la izquierda podría haber tenido éxito en la popularización de ese argumento, vamos a llamarle «social».

A principios de los años 80, un porcentaje muy exiguo de ciudadanos conocía de modo completo (comprensión, habla y escritura) la lengua catalana. La inmersión, aliada con la creación y desarrollo de TV3, ha sido un éxito y ese porcentaje ha aumentado de modo espectacular. Hoy en Cataluña cualquier alfabetizado lo es también en catalán. Y, desde luego, también en castellano: se trata de una lengua muy poderosa, de la lengua común de los españoles y de la lengua materna de la mitad de los ciudadanos catalanes; por si fuera poco, castellano y catalán son dos lenguas gemelas, dialecto una de la otra. Un cierto equilibrio se ha mantenido. Excepto en el establishment. Poco a poco los políticos catalanes han ido apartando al castellano de los ámbitos institucionales (pesadamente simbólicos), de la cordialidad pública, y han acabado tomando decisiones grotescas, como la aprobación del manual de uso lingüístico de los medios de comunicación, o claramente atentatorias contra la libertad, como las sanciones a los comercios. Una parte de la sociedad catalana se ha sentido humillada, y lo que tomó cuerpo político con Ciutadans ya forma parte destacada y novedosa del programa político del primer partido de la oposición: la exigencia de que el castellano sea también lengua de la enseñanza. El argumento que la sostiene es irrebatible: ¿cómo es posible que un ciudadano no pueda elegir la lengua oficial del Estado para educar a sus hijos?

El argumento siempre estuvo ahí. Si ahora se activa es porque tampoco el pacto de la Transición (una delicada trama de ficciones) puede romperse por un solo lado.

(Coda: «La introducción del español en la Cataluña moderna no requiere de muchas explicaciones». Juan Ramón Lodares, El paraíso políglota. Taurus, 2000)



 

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