AGLI

Recortes de Prensa    Martes 18 Marzo 2008

Libertad sí, imposición no
Carmen GURRUCHAGA La Razón 18 Marzo 2008

El derecho de los padres a elegir la lengua en que quieren escolarizar a los hijos debe ser inalienable y nadie mejor que ellos para saber qué conviene a sus vástagos para obtener mejores resultados académicos.

La enseñanza es parte de la educación y no un ente aparte, desintegrado del conjunto. Todos o casi todos los progenitores saben que hoy en día el inglés resulta imprescindible y, sin embargo, muy pocos optan por hacer la inmersión lingüística de sus hijos en esa lengua. Y aunque se las ingeniarán para que, de una u otra manera, la hablen al final del bachillerato, no les obligarán a utilizarla como lengua vehicular durante toda la enseñanza a no ser que el padre o la madre la domine. Porque sólo así podrán valorar los textos, opinar sobre lo que enseñan y cómo, compartir tareas escolares?, de forma que la educación no resulte ajena al círculo familiar.

El Gobierno vasco ha aprobado un decreto que designa el euskera como lengua principal en la enseñanza y que trata de sustituir, vía aprobación parlamentaria, a La Ley de la Escuela Pública Vasca que, inteligentemente, contempla tres modelos: «A», en el que se estudian todas las materias en castellano y el euskera como asignatura; «B», que es bilingüe y «D», con todas las materias en euskera y el español como asignatura. En todos ellos se introduce el inglés desde los tres años. Es una fórmula magnífica, ya que son los padres los que deciden qué modelo van a utilizar, en función de lo que interese a sus hijos. Pero, de repente, los actuales dirigentes del Gobierno vasco han decidido imitar a Galicia y Cataluña y obligar a utilizar el idioma autóctono como lengua vehicular.

Craso error, en el caso vasco. Y lo es por varios motivos: en primer lugar, porque nada tiene que ver el euskera con las otras dos lenguas, de raíz latina, como el castellano y, por ende, mucho más fáciles de aprender; y, en segundo, porque la imposición genera animadversión y si los vascos queremos que se extienda el uso del euskera, sólo lo lograremos infundiendo cariño y respeto hacia nuestra querida lengua.

De lo contrario, la aprenderán para aprobar una asignatura o una oposición, pero no la utilizarán en la calle y así no progresará por muchos millones que se inviertan.

El modelo Libertad
Nota del Editor 18 Marzo 2008

El personal anda ya tan despistado por las innumerables tropelías cometidas por casi todos los políticos que se olvidan de que la Constitución Española sólo establece el deber de conocer el idioma español, no impone el conocimiento de lengua regional alguna, por tanto la inexistencia de un modelo en el que la lengua regional sea opcional, es absolutamente anticonstitucional, a pesar de lo que diga el Tribunal (Anti)Constitucional, de que los niños no tienen derechos constitucionales porque sus padres no pueden elegir el idioma español como lengua vehicular para la enseñanza, en las regiones donde es español es lengua "impropia".

La Constitución Española establece el deber de conocer la lengua española, y  no establece la obligatoriedad de inocular la lengua regional, quienes quieran aprender en y la lengua regional en sus regiones respectivas, no pueden ser causa de que a los demás ciudadanos se les obligue a estudiarla ni comprenderla. Quienes quieren que las lenguas regionales no desaparezcan para seguir manteniendo sus feudos y sus ventajas en contra de los demás, son como poco, unos indeseables.

De todos modos, si se puede elegir el modelo A, enseñanza enteramente en lengua española y como asignatura la lengua regional, se puede suspender tranquilamente, no asistir a clase, presentar objeción de conciencia, y en caso de que se pongan pesados y no quieran expedir el título correspondiente, pedir traslado de matrícula a cualquier centro donde no haya lengua regional y conversión automática, ni siquiera sería preciso pedir la convalidación.

Asesinos e "hijos predilectos"
EDITORIAL Libertad Digital  18 Marzo 2008

Aunque no sea tan conocida como la reiterada negativa a revocar la resolución parlamentaria en favor del diálogo con ETA, otra de las innumerables bajezas que ha perpetrado el Gobierno de Zapatero con tal de capitalizar en su favor el frente nacionalista fue la de negarse el pasado 18 de diciembre a respaldar en el Congreso una proposición no de ley que requería a los ayuntamientos del País Vasco y de Navarra que retirasen los nombres de calles, placas conmemorativas o cualquier monumento que homenajee a los terroristas. En dicha proposición presentada por el PP también se instaba al Gobierno a que pidiera a las corporaciones locales que revocasen los acuerdos por los que se hubieran designado como hijos adoptivos a etarras o les hubieran dado cualquier otro tipo de honores.

Pues bien, este lunes, y gracias a la infatigable labor de las víctimas del terrorismo en general, y de los familiares del asesinado Jesús Velasco Zuazola en particular, la Abogacía del Estado se ha dignado por fin a hacer un informe en el que se señala que el Ayuntamiento de Hernani debe anular el acuerdo adoptado en 1982 que da a un parque de la localidad el nombre del etarra José Manuel Aristimuño, quien asesinó en 1980 al comandante Velasco delante de sus hijas.

Argumenta la Abogacía del Estado que la "existencia de un parque con el nombre del etarra y de un símbolo conmemorativo en su honor vulnera el derecho fundamental al honor y es un atentado contra la dignidad, no sólo contra sus víctimas, sino contra toda la sociedad". En realidad es mucho más que eso. Es un acto de apología del terrorismo, por el que deberían ser procesados sus autores.

En cualquier caso, esperemos que la Delegación del Gobierno reclame inmediatamente al Ayuntamiento de Hernani –presidido por ANV– la revocación de dichos acuerdos, y que la Abogacía del Estado proceda igualmente en Lejona, Durango, Amorebieta, Arrigorriaga, Elgueta, Alegría o Llodio y tantos otros municipios en los que se homenajea con calles, plazas y parques a militantes de ETA como Argala, Txikia, Txiki, Otaegi o Txabi Etxebarrieta, entre otros.

Que en una localidad como Zizurquil, cerca de San Sebastián, haya dos plazas con los nombres de dos etarras –uno del comando Madrid y otro del comando Donosti–, es un hecho tan escandaloso como que en la localidad navarra de Etxarri-Arantz se nombrara "hijo predilecto" a Vicente Nazábal, el asesino del alcalde Jesús Ulayar. La plaza en la que vivía su familia se llama hoy "plaza de los gudaris".

Y no son, insistimos, los únicos casos en los que las familiares de las victimas pasean o viven por parques o calles que rinden homenaje a sus verdugos.

Gobierno Zapatero
PSOE y PP ante el cambio de régimen
GEES Libertad Digital 18 Marzo 2008

Ni José Luís Rodríguez Zapatero es un político cualquiera, ni el PSOE un partido democrático cualquiera. Al contrario, puede que el dirigente y su aparato sean una fuerza que poco tiene que ver con la democracia liberal tal y como la hemos entendido hasta ahora. Ni comulgan con la separación de poderes, ni con el respeto a los derechos inalienables de la persona. Es decir, que en lo que a los pilares de la democracia liberal se refiere, poco o nada comprometidos están con la salvaguarda y defensa tanto del sustento democrático como del liberal.

El PSOE de Zapatero es una fuerza política para el cambio de régimen: en lo político, porque aspira a que la alternancia en el Gobierno sea una ficción y porque no le importa para ello destrozar la cultura de la convivencia y la tolerancia; en lo económico, porque no respeta las leyes básicas del libre mercado, con sus políticas continuas de injerencia personal y política en la economía; y en el de los derechos básicos, donde no reconoce más autoridad que la suya y la fuerza que le otorgan los votos, estando dispuesto a legislar sobre la vida, la muerte, la educación, la investigación científica y los valores consustanciales a la persona. Valores que, en la tradición verdaderamente liberal, son anteriores a cualquier planteamiento político e institucional.

Como dice la Constitución Española, en línea con las de nuestros vecinos, "se reconocen" todos estos derechos, esto es, que no son otorgados ni por el texto ni susceptibles de ser manipulados por los gobiernos, porque ya estaban ahí, son superiores a la política. Con su deseo de intervenir sobre ellos, el actual socialismo se coloca en el límite de lo constitucional.

El PSOE de Rodríguez Zapatero busca una profunda transformación social, institucional y política. En verdad, una autentica revolución no violenta que ponga fin al antiguo régimen, no sólo al salido de la transición, sino al democrático-liberal. De ahí su asalto al poder judicial, su guerra abierta contra la Iglesia, su ambición de dominar la educación. Por no hablar de su confrontación a muerte con el Partido Popular, a quien querría ver por completo impotente, cuando no eliminado.

Todo eso lo ha intentado en sus primeros cuatro años, con una minoría exigua de gobierno. Y si no lo ha logrado ha sido, en buena medida, por la resistencia de un sólido entramado liberal-conservador español, factor novedoso por lo que de propio tiene respecto al PP. Esa fue su interpretación peculiar de gobernar con "talante".

Ahora, con mayor libertad política se atreve a decir que gobernará "con humildad", en una copia vulgar de la frase de su odiado George W. Bush en su primera campaña electoral allá por el 2000. No hay quien le crea. ¿O sí? Ya hay voces entre los populares que abogan por acuerdos y un entendimiento en las grandes materias de estado con el Gobierno de Zapatero. Vana tarea, cuando no suicida. Las elecciones del pasado 9 han puesto de relieve que hay dos visiones absolutamente encontradas sobre lo que es España y lo que debe ser. Zapatero busca una nueva España, irreconocible desde los planteamientos consustanciales a nuestra historia y convivencia.

Aún peor, el PSOE de Zapatero exige repensar la realidad política de una forma nueva. El PP no se enfrenta a un partido tradicional que respeta las reglas del juego. El juego se lo han cambiado y se lo seguirán cambiando en tanto en cuanto lo necesite ese proyecto de vaciar de contenido a las instituciones democráticas y despojar de derechos a los españoles.

La legislatura que ahora se abre no puede ser, desde el punto de vista de la derecha, de business as usual, porque de obrar como siempre, el PSOE pasará a ser el PRISOE, instalado por décadas en el poder y con un proyecto que pondrá fin al experimento liberal surgido tras la muerte de Franco. No existe democracia postmoderna como quiere hacernos creer Zapatero. No es el momento de discutir sobre marianismo, postaznarismos, esperanzismos, campsismos o gallardonismos. Tampoco es el de centrismos, pactismos y consensuismos. Es simplemente la hora de la verdad de la derecha española. Que es tanto como decir la hora de la verdad de la democracia en España.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

PSOE y nacionalistas
Integrar desintegrando
Cristina Losada Libertad Digital 18 Marzo 2008

Tras las elecciones, el PP se ha tomado un respiro, mientras el PSOE coge aire para continuar lo iniciado. Podría uno dejarse llevar por las apariencias y pensar que, arrojadas a un rincón marginal las que ya eran minorías nacionalistas, Zapatero buscará pactos de Estado con el partido de la oposición en aquellas cuestiones sobre las que debería haber consenso: reformas estatutarias, política antiterrorista, educación, justicia o política exterior. De ilusión también se vive, que decía aquel. Lo cierto, sin embargo, es que el PSOE de Z se ha desarrollado sobre otras premisas. Y que su triunfo el 9 de marzo, aparentemente, las avala.

Al PSOE no le interesa el bipartidismo, que implica alternancia en el poder. En el 2000 se percató de sus peligros y pronto dio un viraje. Así, frente al eje de los dos grandes partidos, que había regido mal que bien durante unas décadas, estableció otro: el de su partido con los nacionalistas. Y, a la vez, reforzó una tendencia interna por la que el nacionalismo se le metía dentro. El resultado es que hoy –más que ayer– el partido de Z está preparado para resolver la siempre pendiente integración del nacionalismo por el procedimiento de desintegrar el Estado.

Las elecciones no han reforzado el bipartidismo, sino, paradójicamente, el nacionalismo. Qué importa que pierdan votos los partidos que llevan esa etiqueta, si a fin de cuentas ganan sus doctrinas, sus mitos, sus imposiciones y sus exclusiones. Y ganan en la medida en que ese bagaje lo asume el PSOE y, por tanto, todas sus franquicias y el propio Gobierno de España. Los nacionalistas retroceden, pero el nacionalismo avanza.

Patxi López, recién ungido por las urnas, ha venido a decir que el lugar del PNV lo ha ocupado su partido. Y es verdad, aunque no diga hasta qué punto. "Le votaban (al PNV) porque era el partido de aquí. Pero ahora muchos nacionalistas se han dado cuenta de que el PSE es tan de aquí como el PNV". El sueño de López y su partido era, pues, que se le aceptase en el territorio político marcado por los herederos del racismo sabiniano con su obsesión identitaria. No han discutido tal demarcación, no se oponen a que la categoría definitoria de la política consista en "ser de aquí". Simplemente la han hecho suya.
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

El ‘sorpasso’ catalán y la eterna duda existencial del PP en la región
Federico Quevedo El Confidencial 18 Marzo 2008

Los lectores se acordarán de una historia que creo haber contado en alguna ocasión. Hace años, antes de que Aznar llegara a la Presidencia del Gobierno, el entonces líder del PP mantenía una intensa amistad con veterano portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Durán i Lleida, hasta el punto de que éste acudía aquellos veranos a Oropesa junto a su mujer para compartir días de vacaciones con el matrimonio Aznar-Botella. Por eso, el ex presidente decía que hablaba catalán en la intimidad, no porque lo hiciera realmente. Entonces, aunque en el PP se aborrecía a Jordi Pujol, el entendimiento con el nacionalismo moderado catalán era bastante fructífero, como se demostró cuando el PP ganó las elecciones del 96 por la mínima. Pero lo que me importa es recordar que de aquella amistad surgió una idea que pudo haber sido buena: la de separar a Unió Democrática de CiU e integrar en ella al PP, algo parecido a lo que ya existía en Navarra con UPN. Unió ponía el carné nacionalista y el PP la estructura.

Aquello nunca pasó de un simple dibujo en una servilleta. Luego se diluyó como un azucarillo en la medida que Unió ha seguido siendo rehén de sus propias contradicciones y de la coalición. Probablemente era una buena idea, pero no valían sucedáneos y, sin embargo, Aznar lo intentó enviando a Cataluña a Josep Piqué para que deshiciera el camino de Vidal Quadras –víctima propiciatoria del pacto con CiU- y buscara la equidistancia del nacionalismo de uno y otro lado. Los experimentos, dice el refrán, con gaseosa. El PP sólo tiene dos alternativas en Cataluña: o disolverse en Unió, o volver a buscar la identidad perdida el día que se sacrificó a Vidal Quadras. Fue la única vez que el PP soñó con el cielo en Cataluña, pero duró muy poco. Después de Piqué, cuya experiencia fue novedosa en términos políticos y catastrófica en términos electorales, seguramente Daniel Sirera era de las pocas personas que, como Vidal Quadras, podían encarnar ese espíritu del españolismo catalanista que tanto daño le hizo al PSC y a una parte del nacionalismo.

Si en estas pasadas elecciones generales en Madrid le hubieran dejado a Sirera hacer las cosas como él quería, probablemente hubiéramos podido comprobar hasta dónde llegaba el afán aventurero del nuevo líder del PP catalán. Sirera quería poner a Luis Ayllón de cabeza de lista por Barcelona, una apuesta ariesgada, pero llena de juventud y apasionamiento. En lugar de eso, Génova apostó por romper amarras con el españolismo más duro de los Fernández Díaz, pero sin atreverse a innovar, y optó por el perfil algo más bajo de Dolors Nadal. Y en política, a veces, es necesario correr riesgos. El resultado no ha sido del todo malo y, de hecho, Dolors ha mantenido el pabellón bien alto en Barcelona donde, finalmente, le han arrancado el escaño 154 a Convergencia i Unió, pero el hecho de que el PP mantenga el tipo a costa de que Cataluña, con todo lo que ha llovido, le siga dando la Presidencia del Gobierno a Rodríguez, no es suficiente y obliga a que en Génova 13 se reflexione seriamente sobre lo que hay que hacer allí.

De entrada, el PP tiene que tomárselo en serio, hacer una apuesta muy firme por su gente en Cataluña que, durante bastante tiempo –y lo he visto con mis propios ojos- se han sentido como huérfanos, abandonados de la Dirección Nacional, sin rumbo, sin ideas y sometidos a una política de exclusión brutal, hasta el punto de que las agresiones físicas a los militantes y dirigentes ‘populares’ son el pan nuestro de cada día. En cierta ocasión, un militante del PP de un pueblo gobernado por ERC me dijo que se sentían como los antiguos cristianos metidos en sus catacumbas, perseguidos, estigmatizados, agredidos física y moralmente. Que esto ocurra en un país democrático en pleno siglo XXI tiene narices, pero casi tiene más la escasa sensibilidad que a veces demuestra el PP de Madrid hacia sus organizaciones territoriales. En esta Legislatura, el PP debería volcarse con la organización que dirige Sirera, y hacerlo sin contemplaciones. En primer lugar, buscando un discurso consecuente con la estrategia del PP y con las necesidades que tiene en Cataluña. Y, en segundo lugar, apostando por su gente sin matices.

Es evidente que la estrategia de Piqué, aquella por la que apostó en su día Aznar cayendo en la condescendencia con el nacionalismo, era un error, aunque estuviera cargada de buenas intenciones. El españolismo exacerbado de los hermanos Fernández Díaz, aderezado con un nacionalcatolicismo de factura casi franquista, tampoco parece la mejor solución. Por el contrario, la búsqueda de un españolismo catalanista, un proyecto que ya inició Vidal Quadras con mucho éxito, puede abrirle al PP las puertas de un sorpasso que le permita convertirse en segunda fuerza política en Cataluña por detrás del nacionalismo. Se trata, simplemente, de combinar un discurso marcadamente liberal en lo social y económico, con un antinacionalismo muy definido en la defensa de la libertad y de la democracia. Es decir, romperle al PSC el discurso españolista, y dejar a los socialistas enfrentados al nacionalismo más radical, de donde es difícil que puedan seguir obteniendo facturas tan provechosas como las obtenidas hasta ahora.

OPOSICIÓN DE MILES DE PADRES
Familias vascas denunciarán a todos los centros que se nieguen a enseñar en castellano
La inmersión lingüística sigue siendo un objetivo prioritario para los gobiernos nacionalistas. El Ejecutivo Ibarretxe pretende ahora eliminar la enseñanza en castellano en favor del euskera. Según informa La Razón, la Plataforma por la Libertad Lingüística ha instado al presidente del Gobierno a que trate la eliminación del castellano en las aulas en la Conferencia de Presidentes. Además, denunciarán estos hechos al Tribunal de Luxemburgo y al Superior de Justicia del País Vasco e incluso al Constitucional.
Libertad Digital 18 Marzo 2008

Los padres del País Vasco se están revelando contra la inmersión lingüística que está imponiendo el Ejecutivo de Ibarretxe. De este modo, la Plataforma por la Libertad Lingüística ha solicitado reuniones con los presidentes de las Comunidades Autónomas para informarles de las consecuencias, que tendría el proyecto del lehendakari, para los ciudadanos que se instalen en la comunidad vasca.

En una declaración producida este lunes, la plataforma ha anunciado que denunciarán a todos los centros que no permitan a sus hijos escolarizarlos en castellano. Para ello, han anunciado que hablarán con todos los agentes sociales y políticos implicados para que se pueda garantizar la libertad de los padres para elegir la lengua de escolarización. Si el Ejecutivo de Ibarretxe no cumple este derecho recurrirán al Tribunal Constitucional.

En este sentido, la Plataforma por la Libertad Lingüística podría denunciar la vulneración de este derecho al Tribunal de Luxemburgo y al Superior de Justicia del País Vasco. Además, entienden que el gobierno vasco utiliza las subvenciones a los centros concertados para llevar a cabo su proyecto de inmersión. En el TSJPV se encuentra también recurrido por el Partido Popular el decreto del currículum vasco en el que se prima el aprendizaje del euskera.

Pablo Gay-Pobes, secretario de la plataforma, ha anunciado que van a presentar una queja ante la alta inspección del Ministerio de Educación para que obligue a dos centros de Vitoria a ofertar los modelos A (castellano) y B (bilingüe) el próximo curso, después de que los hayan suprimido de un año para otro. Concretamente se ha referido a los colegios "Sagrado Corazón" y "Marianistas", que "sin acreditar la falta de demanda de estas dos líneas educativas, las han cerrado".

Este proyecto pretende introducir la eliminación del castellano en las aula. Por ello quieren aprovechar la promesa del presidente Rodríguez Zapatero de convocar una conferencia de Presidentes a la mayor brevedad. En ella, la plataforma aspiraría a que se debatiera la vulneración del derecho a elegir la lengua en la que quieren que sus hijos estudien que se está produciendo en comunidades como Cataluña, País Vasco y Galicia.

El nuevo modelo tendría al vasco como lengua dominante sobre todo en las asignaturas de mayor calado con el adoctrinamiento ideológico que podría conllevar. Así, se suprimirán los modelos de estudio en castellano y el sistema bilingüe y se exigirá a los alumnos a tener un nivel en vascuence equivalente al first de inglés.

Según denuncian varios padres vascos en el diario de Planeta, los centros ponen todo tipo de excusas para no ofertar plazas en castellano asegurándoles que no les garantizarían tener plaza en ese colegio y que tendrían que "marchar a otro lleno de marroquíes".

En este sentido, la Plataforma por la Libertad Lingüística podría denunciar la vulneración de este derecho al Tribunal de Luxemburgo y al Superior de Justicia del País Vasco. Además, entienden que el gobierno vasco utiliza las subvenciones a los centros concertados para llevar a cabo su proyecto de inmersión. En el TSJPV se encuentra también recurrido por el Partido Popular el decreto del currículum vasco en el que se prima el aprendizaje del euskera.

El cambio ENTRARÁ EN VIGOR en 2008-09
Educación establece el euskera como «lengua principal» también en la etapa de Bachillerato
El decreto prima la lengua vasca en los dos cursos previos a la Universidad, razón por la que fue recurrido el currículum ante el Tribunal Superior de Justicia
MARTA FDEZ. VALLEJO m.f.vallejo@diario-elcorreo.com El Correo 18 Marzo 2008

El Departamento de Educación ha elaborado un decreto para reorganizar los estudios de Bachillerato en el que introduce la consideración del euskera como «lengua principal», al igual que ya hizo con el currículum vasco para la etapa obligatoria -Primaria y Secundaria-. Si el currículum marca lo que tiene que aprender un escolar en Euskadi entre los 6 y los 16 años, esta nueva normativa que debe entrar en vigor el próximo septiembre fija los contenidos de estos dos cursos postobligatorios, previos a los estudios universitarios. La consejería que dirige Tontxu Campos extiende de ese modo su proyecto lingüístico a toda la enseñanza, a pesar de que el currículum está recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia del País vasco, precisamente por considerar el euskera idioma principal en la escuela, y que el Gobierno aún no ha llevado al Parlamento una ley de reforma de los modelos lingüísticos que rechazan PP y PSE.

Los responsables educativos vascos han aprovechado la necesidad de elaborar un decreto que desarrolle las ordenanzas de la nueva Ley Orgánica de Educación en Bachillerato para abrir la puerta al impulso del euskera en esa etapa. La LOE establece una modalidad de Bachillerato menos que las actuales -Ciencia y Tecnología, Artes y Ciencias Sociales y Humanidades-, y dos asignaturas más: Ciencias para el Mundo Contemporáneo y Filosofía y Ciudadanía. Para introducir esas modificaciones la consejería ha elaborado el decreto de Bachillerato.

El documento al que ha tenido acceso este periódico establece «el tratamiento de las lenguas» como una de las cuestiones prioritarias. La normativa pendiente de aprobación señala que uno de los objetivos del Bachillerato será «dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua vasca y la lengua castellana». Detalla que para que el alumnado de Bachillerato alcance ese «dominio suficiente», los centros «podrán incrementar la utilización de las diferentes lenguas como idiomas de uso», según «los resultados que obtengan en las evaluaciones y las características sociolingüísticas de su entorno».

El documento hace referencia así a las «evaluaciones» que pondrá en marcha la consejería al finalizar Primaria y Secundaria. El currículum vasco establece un nivel B1 al acabar sexto de Primaria, y un B2 -similar a un 'first' de inglés-, al concluir la Secundaria. Estas metas futuras a alcanzar han empujado ya a muchos colegios a cambiar sus proyectos lingüísticos antes de que se apruebe la ley.

El nuevo decreto argumenta la razón por la que «el euskera» deberá ser la principal lengua vehicular. «Dado que en el actual escenario sociolingüístico las condiciones del entorno favorecen el uso y la competencia en la lengua castellana, y que la praxis y las evaluaciones han demostrado que la exposición al euskera en la enseñanza resulta fundamental para adquirir una capacitación comunicativa oral y escrita suficiente, el euskera debe ocupar el papel integrador que le corresponde como lengua principal en el proceso de aprendizaje», indica el texto. El Departamento advierte de que adoptará «las medidas oportunas» para «consolidar un sistema bilingüe y aumentar la competencia comunicativa en las lenguas oficiales al acabar el Bachillerato».

Ley de reforma
Educación subraya que el proyecto lingüístico de cada centro deberá respetar «lo que dicte el Parlamento vasco». La consejería dirigida por EA tiene previsto llevar antes del verano a la Cámara vasca su ley de reforma de modelos en la que desaparecen las actuales líneas A, B y D -y que en la práctica extiende un sistema de inmersión lingüística en euskera-, a pesar de que el Gobierno no cuenta con el respaldo de los partidos para sacar adelante esa iniciativa.

La elaboración del decreto, que insiste en la reforma de modelos lingüísticos sin haber cambiado previamente la Ley de la Escuela Pública Vasca, se ha ultimado sin contar con todos los agentes educativos y su implantación puede acarrear los mismos problemas que ha causado la aplicación del currículum. Con esta normativa todos los alumnos del modelo A, de enseñanza en castellano, no cumplirían los objetivos marcados para el euskera en esta etapa que da paso a la Universidad, señalaron ayer fuentes sindicales.

Los centros de enseñanza esperan la publicación del decreto «con preocupación», indicaron las mismas fuentes, ya que necesitan conocer su contenido para informar a los padres de los cambios y completar el proceso de matriculación, que comienza tras la Semana Santa. Se van a encontrar con la obligación de reforzar el uso del euskera entre alumnos de 16 a 18 que han cursado la enseñanza en castellano.

La aplicación del currículum ya ha dado lugar a la creación de una plataforma ciudadana de defensa de los actuales modelos. Además, el currículum vasco está recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, órgano que ya ha adelantado que para la supresión de modelos hace falta reformar antes la ley.

Educación
Padres acuden al Gobierno central para recuperar el castellano en dos colegios
La plataforma por la libertad lingüística aporta actas notariales para probar que «hay demanda del modelo A» y, en esas condiciones, su supresión es «ilegal»
LUIS LÓPEZ El Correo 18 Marzo 2008

La Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística sigue subiendo escalones en su peregrinaje institucional para atajar los efectos del nuevo currículum vasco, que en la práctica supone la desaparición de la enseñanza en castellano. El decreto del Ejecutivo autonómico convierte el euskera en lengua vehicular y exige al final de la enseñanza obligatoria un nivel en el dominio del idioma vasco equivalente al 'first' en inglés, imposible de conseguir con los modelos A (en castellano) y B (bilingüe). Ante esta perspectiva, y sin esperar a la ley de reforma de modelos que prepara el Departamento de Educación, dos colegios vitorianos, los Marianistas y el Sagrado Corazón, anunciaron hace dos meses que el curso que viene empezarán a suprimir el castellano en la etapa Infantil.

La decisión enardeció a un buen número de padres, que constituyeron la plataforma donde hoy se agrupan dos mil personas. Tras varias protestas y reuniones con representantes políticos y sindicales, ayer el colectivo dio un paso más: pidió la intervención del Ministerio de Educación para recuperar el castellano en esos dos centros escolares ante la inminencia de las matriculaciones para el curso que viene. En concreto, solicitaron a la Alta Inspección de Educación que «inicie expediente para la reapertura de las líneas en castellano».

Según Pablo Gay-Pobes, secretario de la plataforma, la Alta Inspección es «una competencia no transferida al Gobierno vasco» cuya finalidad es «vigilar que no se vulneran los derechos constitucionales y las normas básicas en materia de educación». Entre estos aspectos está, «la libertad de elección lingüística, que se está vulnerando».

La solicitud ha sido acompañada de un acta notarial en la que demuestran que «24 padres de familia a quienes les corresponde el Sagrado Corazón quieren matricular a sus hijos en el modelo A y no pueden hacerlo». Con el documento pretenden rebatir uno de los motivos esgrimidos por la dirección del centro para tomar la medida: «Dicen que no hay demanda de esa línea, y nosotros demostramos que no es cierto. Hay centros de FP donde, con cuatro alumnos, se abre línea D». Un acta notarial similar entregaron en el Sagrado Corazón, y la próxima semana harán lo propio en Marianistas, donde, aseguran, también hay demanda de modelo A.

Su intención es que la Alta Inspección «abra un expediente para ver si la decisión de los dos centros de cerrar las líneas de modelo A es legítima». La plataforma dice tener a su favor la ley, tanto nacional como vasca, donde se señala que «cada centro debe respetar la voluntad de los padres y la realidad sociolingüística de la zona. Y el 85% de la población del País Vasco, y el 96% en Álava, es castellanoparlante». Según aseguran, el organismo dependiente del ministerio tendría capacidad para exigir la reapertura de las líneas en castellano ya que «la autonomía de los centros» para diseñar su sistema «tiene límites, y los marcan esas leyes».

Además, la plataforma presentó una serie de iniciativas para poner de relieve la demanda real del modelo A que, aseguran, muchos padres no piden porque no les es ofrecido o porque eso implicaría enviar a sus hijos a centros escolares alejados de sus hogares. Así, ponen a disposición de los padres un formulario para que los centros «entreguen por escrito el proyecto curricular» y los pormenores del modelo en el que estudian los pequeños. De esa manera se pretende evitar que «niños que entraron a estudiar en modelo A, en la práctica estén haciendo un B o incluso un D» ante el incremento de la carga en euskera. Una práctica esta «ilegal» por «dar un servicio diferente del contratado».

La plataforma también anunció la apertura de un centro de asesoramiento para padres que, con residencia temporal en Euskadi, deban matricular a sus hijos en colegios vascos. Además, pretende reunirse con la Conferencia Episcopal ya que tanto Marianistas como el Sagrado Corazón son centros religiosos.

PP y PSOE cargan contra el Gobierno vasco por vetar el castellano en las aulas
Fernando Savater critica que se «arrincone» al español y promete que UPyD utilizará su «voz en el Parlamento» para debatirlo a escala nacional - Los padres demuestran con un notario que la demanda del idioma es real
Los partidos no pararán hasta que los padres puedan elegir la lengua en la que desean que estudien sus hijos.
Fernando Cancio La Razón 18 Marzo 2008

Madrid- «Talibanismo lingüístico», «Radicalismo», «Exigencia discriminatoria»... Así definen los padres y la mayoría de los partidos políticos el polémico currículum vasco que promueve el Gobierno de Juan José Ibarretxe y que impone el euskera como lengua vehicular de la enseñanza. Las reacciones a la información publicada ayer por LA RAZÓN no se han hecho esperar y son muchas las voces críticas con una medida que tiene más detractores que seguidores. Partido Popular, socialistas vascos, Unión Progreso y Democracia... Diferentes fuerzas políticas con una queja similar: que no se vete al castellano en las escuelas vascas y se reconozca la libertad de los padres.

La Plataforma por la Libertad Lingüística, que aglutina a cerca de 2.000 padres, fue la primera en salir en defensa del derecho a decidir de los progenitores y, poco a poco, los partidos han ido adoptando esa queja para que el Gobierno actúe en consecuencia y garantice que cualquier padre que lo desee pueda escolarizar a su hijo en castellano en el País Vasco. Y no como ocurre en la actualidad en muchos centros vascos, en los que se niega la posibilidad de elegir la enseñanza en castellano alegando que no hay demanda.

El Partido Popular -que recurrió el decreto que impulsa el currículum vasco- no tardó en reaccionar. Así, Santiago Abascal, portavoz de Educación en el Parlamento Vasco, aseguró que «lo que está en riesgo es la propia libertad de los padres». En su opinión, «el Gobierno vasco radicaliza la política lingüística. Lo que hace es una política de limpieza lingüística», asegura. Su partido, señala, llegará hasta el final y confía en que se cumpla la promesa de Mariano Rajoy de cara al 9-M de garantizar el castellano como lengua principal en las escuelas. «Nos vamos a dejar la piel», afirma Abascal, quien tiene claro que no hay fuerza más grande que «el amor de los padres hacia sus hijos». Por ello, no tiene dudas de que el PP llevará al Congreso esta «discriminación». Lo mismo opina su compañero de partido, Leopoldo Barreda, portavoz popular en el Parlamento vasco, quien destaca que «es un asunto clave de libertades» oponerse al currículum vasco.

Pero no fueron los únicos en alzar la voz contra este «atropello que amenaza la educación de los hijos». Así, el filósofo Fernando Savater, miembro de la dirección de UPyD, aseguró ayer que su partido llevará al Congreso el decreto del Gobierno de Ibarretxe. Savater aseguró que su partido va utilizar su «voz en el Parlamento» para que este asunto sea debatido a escala nacional ya que, a su juicio, el castellano no puede «arrinconarse» en la educación de las distintas comunidades, informa Servimedia. «Vamos a apoyar a estos padres» y hacer oír su voz en el Parlamento, para que, «por lo menos, los españoles sepan que esto se puede y se debe discutir», destacó.

Y ante esta situación, también salió a la palestra el PSE. Los socialistas vascos criticaron la medida promovida por el Ejecutivo de Ibarretxe y aseguran que el euskera y el castellano deben estar «en pie de igualdad» en los colegios de esta comunidad autónoma. A través de su portavoz de Educación en el Parlamento vasco, Isabel Celaá, destacaron que rechazan el decreto aprobado en octubre. Celaá destacó que el PSE se opone al currículum vasco, sobre todo «porque su perspectiva es la Euskal Herria de los siete territorios», en referencia al concepto nacionalista que incluye al País Vasco, Navarra y parte del sur de Francia.

Demanda real
Y mientras, los padres, los primeros afectados y los que libran la principal batalla, siguieron ayer con su particular guerra. La Plataforma por la Libertad de Elección presentó una queja ante el Ministerio de Educación, para que se obligue a dos centros de Vitoria a ofertar los modelos A (en castellano y con el euskera como asignatura) y el B (bilingüe) el próximo curso. Su presidente, Pablo Gay-Pobes, concretó que se trata de los colegios «Sagrado Corazón» y «Marianistas» y, para forzarles a reconocer que sí existe una demanda de estos modelos de enseñanza, llevan las firmas de cerca de 30 padres ante notario que demandan que sus hijos puedan aprender en castellano.

Dos hijos y dos educaciones distintas
Susana Marqués, madre de dos hijos, es uno de los muchos casos de padres afectados por el currículum vasco. El mayor, de 3 años, está matriculado en un colegio de Vitoria en un modelo trilingüe, donde el 50% de las clases es en castellano y la otra mitad en euskera e inglés. Pero el colegio «Sagrado Corazón» no le asegura una plaza en este modelo para el año que viene, pese a haber demanda por parte de los padres. Su otro hijo, de 2 años, también está matriculado para el año que viene, aunque también le dan largas a la hora de garantizar una plaza en castellano. Tendrá que esperar a saber en qué idioma aprenderá cada uno.

EL INFIERNO VASCO, NUEVO FILM DE ARTETA
Treinta testimonios de un drama: Adiós al País Vasco para ser feliz
Treinta personas que, por ser no nacionalistas, tuvieron que abandonar el País Vasco para buscar "una vida mejor". La película documental El infierno vasco retrata las condiciones "nada democráticas" de quienes viven en dicha Comunidad, marcada por el terror de ETA. A dos semanas para que esté terminada, su joven director, Iñaki Arteta, analiza para Libertad Digital las "condiciones tan horribles" de aquellos que han dejado su tierra para "buscar la felicidad".
Pablo Montesinos Libertad Digital 18 Marzo 2008

"Son experiencias muy duras que al final tienen un final feliz". Así resume Iñaki Arteta su última producción cinematográfica, "El infierno vasco", en la que recoge el testimonio de treinta personas que han tenido que abandonar el País Vasco al sentirse hostigadas por el terrorismo o las presiones nacionalistas.

Las historias, afirma, tienen "un final feliz" ya que se marcharon para buscar "una vida mejor" y finalmente la encuentran. Sin embargo, no lo consiguen en su tierra. En ella, "han tenido que ver como asesinaban a un familiar o se han visto amenazados". "Es dramático", sentencia.

La película sigue la estela de anteriores como "Trece entre mil" y vuelve a poner de manifiesto las "muchas dificultades" que tienen los no nacionalistas para hacer una vida normal en el País Vasco. "Incluso para conservar su vida", resalta. En esas ocasiones, cuando "el clima nada tiene que ver con condiciones democráticas", la única salida es abandonar su hogar. "Viven amenazados", apunta en declaraciones a Libertad Digital.

En la película documental, que estará acabada dentro de dos semanas, también se presta atención a la educación, "un problema para muchos padres". Reconoce Iñaki Arteta que la imposición lingüística es tan fuerte en esta materia que hay familias que no tienen la posibilidad de educar a sus hijos en castellano.

Dificultades para sacar adelante "una realidad"
A pesar de ya estar "casi terminada", las trabas puestas al nuevo filme de Arteta han sido continuas. El primero en negarle cualquier tipo de ayuda fue el Ministerio de Cultura. "Yo no soy muy de quejarme", advierte, aunque asegura que le "sorprendió" que la administración no quisiera ayudarles. "No entro en valoraciones, eso lo dejo en manos de los periodistas", asegura.

También le molestó que, a pesar de las muchas peticiones realizadas, ningún cantante de renombre quisiera participar en su película. "Ofrecí colaborar a un buen número de cantantes españoles y no he obtenido más que negativas y evasivas", afirma Arteta. Según argumenta, sólo hubiera sido "un pequeño esfuerzo" pero se encontró con "nada de sensibilidad".

En cuanto al calendario para esta producción, "abierto". Es "una incógnita" ya que no saben si podrán llevarla al cine, por no ser "muy comercial". Intentarán, eso sí, llevarla a festivales de categorías. El objetivo, hacer ver a la sociedad que todavía son muchas, y muy importantes, las cosas que han de cambiar en el País Vasco.

Trece entre mil, un homenaje a las víctimas
Arteta ya sabe del dolor que sufren las víctimas. Lo retrató a finales de 2005 en su premiado documental "Trece entre mil". La película recogía trece sinceros testimonios de las víctimas de la banda terrorista.

Testimonios como el de Fabio, que vio como una bomba de ETA acaba con la vida de su padre cuando él tenía tan sólo tres años. El padre de María Ángeles Rey, también asesinada por la banda terrorista en Madrid, recordaba como su hija se marchó el 13 de septiembre de 1974 para hacer un examen y ya nunca regresó. Ambos exigían entonces, como ahora lo siguen haciendo, que sus testimonios no caigan en el olvido.

Sólo dos testimonios de un documental, "Trece mil", que creó escuela y cuya secuela llega ahora con "El infierno vasco".

SANCIONES DE 3.000 EUROS
La Xunta multará a las empresas que no contraten en gallego
La Xunta ha elaborado un anteproyecto de Ley de Consumo en el que los usuarios podrán exigir los contratos en gallego, independientemente de que la empresa no sea gallega.
Libertad Digital 18 Marzo 2008

De este modo, la Plataforma Galicia Bilingüe informa a Libertad Digital que si no se cumple y el consumidor considera que sus derechos han sido vulnerados pueden sancionar a la empresa con hasta 3.000 euros. La Junta de Galicia se ha propuesto que el gallego sea la única lengua oficial en su comunidad. Para ello, no hay nada mejor que la sanción. .

El Anteproyecto de Ley de Consumo de Galicia tiene como objetivo conseguir la inmersión lingüística en Galicia mediante una "regulación de los derechos lingüísticos de los consumidores". De este modo, la Junta de Galicia pretende abrir diferentes frentes para eliminar el castellano a golpe de sanciones y multas dejando al gallego como única lengua, olvidando la "oficialidad" del castellano.

En este sentido, si se llevará a cabo esta propuesta, se podría obligar a una empresa a redactar los contratos en gallego, si así lo pide el usuario, aunque la empresa no tenga su domicilio social en la comunidad gallega. Así, los consumidores "podrán exigir que las condiciones generales de contratación les sean proporcionadas en gallego". Esto afectará desde la venta de una vivienda hasta la realización de un contrato telefónico.

Por ello, según informó El Faro de Vigo, fuentes de la Consejería de Industria afirmaron que la futura ley afectará a todas las compañías que comercialicen sus productos en Galicia, obviando su sede y procedencia. La oferta de un servicio por parte de una empresa, puede ser exigido en gallego. Si esto no se produce y el consumidor considera que se ha atentado contra sus derechos, la compañía puede ser objeto de una multa de hasta 3.000 euros.

La Xunta multará a las empresas que se nieguen a contratar en gallego Cambiar el tamaño del texto
El anteproyecto, redactado por el BNG, contempla sanciones de hasta 3.000 euros
Ésta ley será aplicada a todas las empresas sea cual sea su sede social, siempre que operen en territorio gallego.
E. Bouza Efe La Razón 18 Marzo 2008

LA CORUÑA- La guerra lingüística no cesa y cada vez son más los casos en los que se llega a multar a los ciudadanos por no usar la lengua de su comunidad. En esta ocasión, la Xunta de Galicia, mediante la Consellería de Industria, gestionada por el Bloque Nacionalista Gallego, está trabajando para aprobar una Ley que, bajo el paraguas de la defensa de los derechos de los consumidores, pretende garantizar que el cliente que así lo solicite pueda optar a un contrato escrito en gallego. Eso sí, las empresas que se nieguen a facilitar estos documentos en el idioma de Castelao serán multadas, algo que ha levantado ampollas en numerosos sectores.

Esta normativa todavía se encuentra en pleno desarrollo como anteproyecto de Ley y está regida por cuatro principios básicos, entre ellos, la mejora de la eficacia en la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. En este punto radica la propuesta de que cualquier ciudadano de la comunidad autónoma pueda exigir el contrato de un servicio en lengua gallega, ya sea una hipoteca, la apertura de una cuenta bancaria, los recibos de la luz o del gas o simplemente el dar de alta una línea de telefonía móvil.

Empresas gallegas
Esta Ley, de llegar a prosperar, será aplicada a todas las empresas, sea cual sea su sede social, siempre y cuando opere dentro del territorio de la comunidad autónoma de Galicia. Entidades bancarias, compañías eléctricas y telecomunicaciones, constructoras, promotoras, agencias de viaje y franquicias, entre otras, deberán ajustarse a esta normativa de consumo.
De esta manera, el anteproyecto de Ley, que podría entrar a vigor a finales de este año, incorpora, por primera vez, los derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios gallegos. «Con ello se pretende reconocer a los consumidores la posibilidad de usar el idioma gallego en sus relaciones de consumo, hecho por el que no podrán ser discriminados», según reza el anteproyecto en su apartado de derechos fundamentales. Y añade, «los consumidores podrán exigir que las condiciones generales de contratación les sean proporcionadas en gallego».

Pero la Ley también incluye un régimen sancionador que obligará a multar a aquellas empresas que se nieguen a facilitar el documento o contrato en gallego, aunque no tengan su sede o domicilio social en Galicia, «siempre y cuando el lugar donde se cometa la infracción sea la comunidad autónoma gallega».

A este respecto, la asociación Galicia Bilingüe mostró ya su malestar, tras la presentación pública del borrador de la Ley, asegurando que con este tipo de medidas, la Xunta de Galicia sólo pretende un objetivo: que el gallego sea la única lengua oficial de la comunidad autónoma, y temen que las multas puedan llegar incluso para las empresas infractoras hasta los 3.000 euros.

INFORME CONTRA EL PARQUE ARISTIMUÑO DE HERNANI
Abogacía del Estado dice que no es legal dar a las vías públicas nombres de etarras
ELMUNDO.ES 18 Marzo 2008

MADRID.- Un informe de la Abogacía del Estado dice que el Ayuntamiento de Hernani (Guipúzcoa) debe anular el acuerdo adoptado en marzo de 1982 que da a un parque de la localidad el nombre del etarra José Manuel Aristimuño, como solicitaron el pasado mes de enero los familiares de Jesús Velasco Zuazola, asesinado por el terrorista en 1980 delante de sus hijas. De no hacerlo en el plazo de un mes, recurrirá a los tribunales.

La nulidad comprende también la retirada de las placas con el nombre del terrorista que hay en este parque. Según argumenta la Abogacía del Estado, la existencia de un parque con el nombre del etarra y de un símbolo conmemorativo en su honor vulnera el derecho fundamental al honor y es un atentado contra la dignidad, no sólo contra sus víctimas, sino contra toda la sociedad.

Por ello, considera nulo de pleno derecho el acuerdo en virtud de la interpretación de dicho derecho hecho por el Tribunal Constitucional y de su relación con la dignidad de la persona reconocida en la Constitución. Así, da un plazo de un mes al Gobierno vasco para que pida a las autoridades de Hernani que retiren el homenaje antes de acudir a un tribunal contencioso-administrativo.

Además, recuerda la nota que, en conformidad con la doctrina del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), no se ajusta a derecho que una institución pública adopte acuerdos de enaltecimiento de personas por su relación con una actividad contraria al ordenamiento jurídico.

José Manuel Aristimuño, 'Pana', fue un activo miembro de la banda terrorista que participó en asesinatos, robos y atracos pero contra el que nunca existieron pronunciamientos judiciales porque no llegó a ser detenido. Aristimuño murió en un tiroteo con la policía cuando procedía a reunirse con miembros legales de ETA, según el informe de la Abogacía.

El informe remata que esta decisión podría hacerse extensible a otros supuesto semejantes en los que se homenajee a miembros o colaboradores de ETA. Caso de localidades como Lejona, Durango, Amorebieta, Arrigorriaga, Elgueta, Alegría o Llodio, que rinden su particular homenaje a militantes de ETA como Argala, Txikia, Txiki, Otaegi o Txabi Etxebarrieta, entre otros.

Educación
Los padres objetores de Cáceres recurren contra Educación para la Ciudadanía
Marcelino Ollé La Razón 18 Marzo 2008

mérida- La Plataforma Independiente de Padres Objetores a la asignatura Educación para la Ciudadanía de Cáceres presentó ante la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura un recurso de alzada contra esta materia. Y es que, según explican, se trata de «una imposición» cuyos contenidos «son lesivos para la libertad de los padres a educar a sus hijos».
Esta plataforma cacereña ha expuesto que la presentación del litigio busca que los responsables de la educación extremeña reconozcan el derecho constitucional de los padres al ejercicio de la objeción de conciencia a EpC.

Además, anuncian en el texto del recurso su «disposición a aceptar y a dialogar una alternativa a la asignatura EpC que no vulnere nuestros derechos fundamentales». La presentación del recurso se ha decidido, según explican, tras la resolución del delegado Provincial de Educación de Cáceres, que obliga a cursar la materia, ante las objeciones de conciencia a la asignatura de EpC presentadas por estas familias, con hijos en tercero de la ESO que no están asistiendo a clase. Estas familias tienen escolarizados a sus hijos en tres colegios distintos de la capital cacereña.

Los padres señalan que ellos y otras asociaciones «han realizado propuestas que permitieran dar una salida satisfactoria al debate sobre EpC, como vaciarla de contenidos ideológicos para que sea acorde con el resto de países europeos o transformarla en una materia optativa». Sin embargo, añaden, no ha sido posible «por la negativa de Educación de estudiar estas posibilidades y por el empecinamiento de mantener la obligatoriedad de la asignatura.

Por otra parte, en Murcia, el consejero de Educación, Juan Ramón Medina, recibió ayer a la Plataforma por la Libertad de la Educación, que le presentó 130 nuevas objeciones de conciencia a la asignatura recogidas en centros de Primaria y Secundaria de Cartagena. De este modo, las recibidas ayer se suman a las 541 presentadas hasta ahora.

El diputado del PSOE Jesús López consideró «irresponsables» las declaraciones del consejero de Educación y Cultura de la Región, Juan Ramón Medina Precioso, en las que éste «anima a objetar sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía».
López recordó que el consejero aprobó en septiembre mediante sendos decretos que la asignatura «Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos» se impartiera en el tercer ciclo de Primaria y en segundo curso de ESO, algo que hizo «porque así se lo exigían las leyes del Estado al que pertenece la Región de Murcia, que es España».

MANIFIESTO REFORMA ELECTORAL ¡YA!
http://www.firmasonline.com/1Firmas/camp1.asp?C=1273   18 Marzo 2008

A.A.: "A las más altas instituciones del Estado"

Lo que tenemos:

Listas bloqueadas y cerradas confeccionadas por las élites de los partidos.
Los candidatos sólo responden ante quienes les colocan y no ante los ciudadanos.
Políticos profesionales vitalicios.
Injusto reparto de escaños que concede una desmesurada influencia a los partidos nacionalistas/ separatistas.
Abismal lejanía entre los políticos y los ciudadanos.
Total impunidad de los políticos ante los incumplimientos de las promesas o programas electorales.

Lo que pedimos:
Un cambio profundo en el sistema de representación que propicie una mayor libertad del individuo a la hora de elegir a sus representantes.
Que quien aspire a un cargo político demuestre una independencia económica previa, producto de su esfuerzo personal, que acredite su voluntad de anteponer el interés general al suyo personal.
Limitación de los mandatos: que nadie pueda estar más de 8 años ostentando un cargo político.
Mayor cercanía de los políticos a los ciudadanos para la mejor recepción de las demandas y necesidades de los individuos.
Exigencia de responsabilidad a los políticos por parte de sus electorales ante los incumplimientos de las promesas y programas electorales.

Lo que debiera ser una democracia se ha convertido en una partitocracia corrupta, que roba a los ciudadanos la soberanía que les corresponde, mantenida por una oligarquía política, institucional, financiera, empresarial y mediática, dejando fuera a la inmensa mayoría de ciudadanos, eliminando así su libertad. Y, si no hay libertad, no hay democracia.

Manifiesto de Córdoba, adhiérete.

Rosa Díez: "Ahora nos silencian en El País para que la gente se olvide de que existimos"
 Periodista Digital 18 Marzo 2008

"No voy a dejar de decir lo que pienso a estas alturas de mi vida". Rosa Díez, a punto de entrar al Congreso como diputada por Unión Progreso y Democracia, escribe un texto al diario El País que lo deja temblando. "Déjenme que les cuente un par de anécdotas que dan ejemplo de cómo ese medio del grupo más cercano al gobierno de la Nación (¿seguirá llamándose tras las elecciones el "Gobierno de España"?) tiene a Unión Progreso y Democracia entre sus oraciones".

Rosa Díez recuerda cómo ironizaba el director de El País, Javier Moreno, sobre si silenciaban al nuevo partido o no en su periódico.

Escribe así en su blog personal:

"Si primero nos silenciaban para que pareciera que no existíamos, ahora nos silencian para que la gente se olvide de que existimos. Y a eso le llaman política de comunicación de progreso".

"Ayer mismo las páginas de Opinión de El País acogían un artículo de Bonifacio de la Cuadra titulado "Izquierda,democracia y votos", que era todo un alegato a la reforma de la Ley Electoral. El autor sostiene que hay que cambiar la Ley actual, pero curiosamente su preocupación no es que esta norma perjucdque el derecho individual del ciudadano de que su voto valga lo mismo que el de su vecino, sino el "daño" que le ha hecho a Izquierda Unida. Como si fuera la primera vez que hay elecciones con esta Ley; como si fuera la primera vez que la ley actual perjudica a los partidos que son son ni nacionalistas ni uno de los dos grandes; como si sólo IU se hubiera visto perjudicada; como si IU no se hubiera "plegado" en el pasado y no hubiera desperdiciado todos sus años de pactos sin pedir nunca que se modificara una Ley tan profundamente injusta. En todo el artículo no hay ni una sola mención a Unión Pregreso y Democracia; ni cuando se habla de los votos que a cada cual le ha costado ganar su escaño (no existimos), ni cuando se cita la propuesta legislativa alternativa. El articulista cita a Gregorio Peces Barba que --curiosamente-- propone exactamente lo mismo que nosotros en nuestro programa electoral:elevar a 400 el número de diputados y elegir una parte de los mismos en circunscripción única. Pero de nosotros, ni pío".

"Se me dirá que El País no es responsable del "olvido" del citado colaborador... Es verdad que no lo es; pero sería una anécdota si no se uniera a todos los análisis que al respecto a hecho el citado diario desde el día siguiente de las elecciones: la ocultación de nuestra existencia está, nuevamente, decretada. Y la injusticia de la ley sólo es aplicable a IU; los ciudadanos no tienen nada de que quejarse; y Unión Progreso y Democracia, tampoco. Si no existimos, ¡cómo nos vamos a quejar! "

"Déjenmé que les cuente otro "sucedido", que diría un vasco. El pasado sábado, en Cartas al Director del citado diario, se publicó una que llevaba por título: "Rosa Díez y Ruiz-Gallardón". El País la enmarcó en un recuadro negro, no fuera a ser que a alguien se le despistara tan "magnífica" reflexión:

Padres cacereños presentan a la Junta un recurso de alzada contra Ciudadanía
ABC 18 Marzo 2008

CACERES. Un grupo de padres cacereños presentó ayer en la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura un recurso de alzada contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), ya que consideran que es «una imposición» y que sus contenidos «son lesivos para la libertad de los padres a educar a sus hijos». Así lo asegura la Plataforma Independiente de Padres Objetores a EpC de Cáceres en una nota de prensa, recogida por Europa Press, en la que explica que este recurso busca que las autoridades educativas extremeñas reconozcan el derecho constitucional de los padres al ejercicio de la objeción de conciencia a EpC.

El recurso expone que es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional desde la sentencia del Pleno de 16 de abril de 1985, que el derecho a la objeción de conciencia, «existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el Art. 16. 1 de la Constitución».

Derechos fundamentales
También el recurso presentado por los padres cacereños hace mención a la reciente sentencia del TSJ de Andalucía (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, recurso 787/07), de 4 de marzo de 2008, que establece que «la Ley puede regular el derecho a la objeción de conciencia, pero la falta de regulación, de reconocimiento legislativo, no puede impedir su ejercicio cuando están en juego derechos fundamentales».

En esa misma sentencia, añade la plataforma, el citado tribunal reconoce el derecho de los padres al ejercicio del derecho a la objeción de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía, declara el derecho del hijo de padres objetores a no cursar la materia y el deber del centro y del Estado de no evaluarle. Explica que los padres extremeños también exponen en su recurso su «disposición a aceptar y dialogar una alternativa a la asignatura, que no vulnere nuestros derechos fundamentales».

La decisión de presentar el recurso se comprende, explican, tras la resolución del delegado Provincial de Educación ante las objeciones de conciencia a la asignatura de EpC presentadas por estas familias, con hijos en tercero de la ESO que no están asistiendo a clase. Estas familias tienen escolarizados a sus hijos en tres colegios distintos de la ciudad de Cáceres. Recuerdan que los padres objetores a Educación para la Ciudadanía y diversas asociaciones «han realizado varias propuestas que permitieran dar una salida satisfactoria al debate sobre la EpC, como vaciarla de contenidos ideológicos para que sea acorde con el resto de países europeos o transformarla en optativa».

Sin embargo, lamentan que «la negativa del Ministerio de Educación de estudiar estas posibilidades y el empecinamiento de mantener el carácter obligatorio de la asignatura han hecho que la objeción de conciencia sea la única medida posible para los padres disconformes con la materia».

Informa esta plataforma que hasta la fecha se han presentado en España más de 27.000 objeciones, y en la actualidad son ya tres comunidades autónomas, en concreto Madrid, Valencia y Murcia, las que han anunciado el pleno reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia de los padres ante esta asignatura.

Firmas en Cartagena
Ayer precisamente el consejero de Educación, Ciencia e Investigación del Gobierno Murciano, Juan Ramón Medina, recibió a la presidenta de la Plataforma por la Libertad de la Educación, María Angeles Linares, que, acompañada de otros padres, le presentó 130 nuevas objeciones de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, recogidas en centros de Primaria y Secundaria de Cartagena. De este modo, las recibidas hoy se suman a las 541 presentadas hasta ahora en este departamento.

Los miembros de esta plataforma, constituida en septiembre del pasado año, manifestaron su apoyo al consejero tras manifestarse en defensa del derecho de los padres a objetar a la asignatura de EpC.

Igualmente, dijeron no entender la postura defendida por los sindicatos UGT y CC. OO «al poner en duda la libertad de los padres, derecho recogido en la Constitución y en la carta de los Derechos Humanos», según informó el Gobierno regional.
En esta misma línea, informaron al consejero de que «en los próximos días tienen intención de constituir en los centros educativos cartageneros de Primaria y Secundaria mesas para recoger objeciones en defensa de la libertad de los padres y cuenta con un blog de participación en internet».

Por su parte, el diputado murciano del PSOE Jesús López consideró «irresponsables» las declaraciones del consejero, en las que éste «anima a objetar sobre la asignatura». López recordó que el consejero aprobó en septiembre mediante sendos decretos que la asignatura se impartiera en el tercer ciclo de Primaria y en segundo curso de ESO, algo que hizo «porque así se lo exigían las leyes del Estado al que pertenece la Región de Murcia».

«Ha triunfado la libertad de los padres de educar a sus hijos conforme a sus ideas morales, éticas y religiosas»
La Plataforma Lucentina por la Libertad de Educación ha acogido con «satisfacción» la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de admitir de forma «cautelar» el derecho de unos padres a objetar la asignatura de Educación para la Ciudadanía, tal y como informa Efe. Según el auto, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso del TSJA establece «acordar la medida cautelar» de suspensión de la resolución que había dictaminado la Junta de Andalucía por la que se denegaba a los padres de los alumnos el derecho a la objeción de conciencia sobre la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía. El colectivo de la localidad cordobesa de Lucena afirma en un comunicado que «ha triunfado la libertad de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales, éticas y religiosas» frente «a las presiones y amenazas».

El matrimonio afectado por el dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía presentó en el comienzo del presente curso escolar la objeción para no cursar esta asigntura en nombre de su hija menor y, según la plataforma cordobesa, desde entonces han venido recibiendo «multitud» de presiones procedentes de la Administración educativa andaluza. Esta presión se traducía en forma de «amenazas de suspensos, incoación de expedientes disciplinarios para su hija, aplicación de la Ley de Absentismo o, incluso, la intervención de la Fiscalía de Menores en esta cuestión». Todo ello, tal y como afirman desde la plataforma cordobesa, con el fin de presionar u obligar a los padres de la niña a que accedieran a que su hija cursara la polémica asignatura.

Para el coordinador de la Plataforma Lucentina por la Libertad de Educación, Juan Ángel Huertas, la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía «nuevamente da la razón» a los padres objetores, al señalar que «es más digno de protección» la libertad ideológica y religiosa de los padres a elegir la educación de los hijos que los «difusos intereses generales».

DA UN MES DE PLAZO AL AYUNTAMIENTO PARA CAMBIARLO
El Gobierno anula el acuerdo de Hernani de 1982 por el que se dio el nombre de un etarra a un parque
Agencias Libertad Digital 18 Marzo 2008

La Abogacía del Estado ha emitido un informe en el que considera nulo el acuerdo que adoptó en marzo de 1982 el Ayuntamiento de Hernani por el que se dio el nombre del etarra José Manuel Aristimuño a un parque de la localidad. Da un mes de plazo al pueblo para cambiar el nombre. Los servicios jurídicos del Estado responden de esta forma a la solicitud que formuló la Delegación de Gobierno en el País Vasco después de que en enero pasado los familiares de Jesús Velasco Zuazola, asesinado por Aristimuño, pidieran que se adoptaran las medidas necesarias para la modificación del nombre del parque y la retirada de las placas en su honor.

Con la anulación de este acto administrativo, la Abogacía del Estado considera procedente que la Delegación del Gobierno pida al Ayuntamiento de Hernani, gobernado por Acción Nacionalista Vasca (ANV), que anule el acuerdo de 1982 y que, en el plazo de un mes, modifique el nombre del parque y retire las placas conmemorativas.

En el supuesto de que la Corporación no atienda a este requerimiento en el plazo marcado, la Abogacía del Estado advierte de que impugnará el acuerdo del Ayuntamiento ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Según el informe de los servicios jurídicos del Estado, la existencia de un parque público con el nombre de Aristimuño y de un símbolo conmemorativo en su honor "vulnera el derecho fundamental al honor y es un atentado contra la dignidad, no sólo de las víctimas de los delitos cometidos por esa persona, sino de toda la sociedad, que desde hace mucho tiempo viene sufriendo las consecuencias de la actividad de la banda terrorista ETA".

En segundo lugar, considera nulo de pleno derecho el acuerdo del Ayuntamiento de Hernani en la medida en que supone "una vulneración del derecho fundamental al honor de las víctimas de los delitos cometidos por Aristimuño, en la interpretación que de este derecho ha realizado el Tribunal Constitucional y de su relación con la dignidad de la persona reconocida en el artículo 10 de la Constitución Española".

Asimismo, la Abogacía del Estado, de conformidad con la doctrina emanada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), establece que es "contrario a Derecho" que una institución pública adopte "acuerdos de enaltecimiento de personas por su relación con una actividad contraria al ordenamiento jurídico".

Pese a que el informe analiza las formas de reacción jurídica que proceden contra el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Hernani, la Abogacía del Estado afirma que debe entenderse que esta doctrina es de aplicación a "otros supuestos semejantes" y, por lo tanto, que "sería procedente extender el mismo análisis e idénticas consecuencias a otros acuerdos por los que en el País Vasco se homenajee a miembros o colaboradores de ETA".

PSOE y PP de Asturias buscan un acuerdo rápido para su Estatuto
La oficialidad del asturiano se convertirá en el centro de la polémica

SUSANA NEIRA ABC 18 Marzo 2008

OVIEDO. Tras el parón por las elecciones generales, PSOE, PP e IU de Asturias retomaron ayer los encuentros para la reforma de su Estatuto de Autonomía. Socialistas y populares quieren cerrar la modificación en verano con un acuerdo «rápido» que logre el respaldo de los tres grupos. Será complicado. IU ya ha advertido que no renunciará a planteamientos como la oficialidad del asturiano, erigido como el principal escollo en la negociación.

El debate resurge en un momento en que desde algunos sectores sociales se está replanteando algunas de las transferencias como la Sanidad, que absorbe una tercera parte del presupuesto asturiano, y la Justicia. La reforma ha sido uno de los principales caballos de batalla de IU y el PP no lo ha querido debatir hasta ahora por la estrategia nacional del partido, para que no coincidiera con el debate de Andalucía y Cataluña.

A pesar de que Asturias es una región que históricamente dice sentirse discriminada por la Administración Estatal, las intentonas de partidos nacionalistas, como Andecha Astur, para impulsar su reforma nunca han tenido respaldo en las urnas.

Informe del Letrado Mayor
En este contexto se creó hace cinco meses el grupo de nueve parlamentarios encargados de la reforma. Ayer reanudaron los trabajos con el informe del Letrado Mayor de la Junta General del Principado de Asturias, Alberto Arce. El documento recoge las reformas estatutarias de otras comunidades y las propuestas elaboradas para la del Principado. En dicho informe de 400 páginas se analiza cada artículo del actual estatuto, aprobado en 1981, y se reflejan los posibles cambios que le afectarían según las modificaciones ya puestas en marcha en otras regiones, así como las planteadas en Asturias por el Consejo Consultivo y el comité de expertos del Gobierno regional, que encargó una informe sobre la reforma.

El asturiano se convertirá en el centro de la discusión, cuyo debate intentó relanzar en campaña el candidato del PP al Congreso, Gabino de Lorenzo.

Ayer, tras la reunión, el socialista Fernando Lastra advirtió a IU que será necesario renunciar «a ciertas posiciones» como su oficialidad. «Aquí cada uno puede tener la posición que quiera y es libre de tenerla y mantenerla, pero las reglas del juego son muy claras: la reforma estatutaria requiere una mayoría cualificada» que se da con la participación de PSOE y PP «aunque queremos que la reforma sea a tres».

Hasta ahora, el PP ha mantenido una posición intermedia en relación al bable. Según recordó ayer el diputado popular Joaquí Aréstegui, su grupo propondrá «una fórmula más flexible» sin llegar a dar carácter oficial a la llingua. Sin embargo, es consciente de que los socialistas son muy rotundos en el rechazo y no sacrificarán un acuerdo por este punto.

Sin grandes diferencias
Por lo demás, parece que no habrá grandes diferencias entre los dos grandes partidos. «Aquí hay un acuerdo básico entre el PP y el PSOE porque los socialistas de Asturias, frente a los de otros sitios, tienen un modelo de Estado bastante similar al nuestro». Por tanto, continuó, no habrá cuestiones complicadas como la definición de la comunidad autónoma u otras competencias.

En principio, el documento se negociará artículo por artículo, aunque no se descarta tampoco la posibilidad de hacerlo por bloques en función de que resulta «más rápido, cómodo, operativo y riguroso», señaló Lastra.

La Audiencia Nacional impone una fianza a la AVT
B.T. ABC 18 Marzo 2008

MADRID. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) expresó ayer su malestar después de que la Audiencia Nacional le impusiera ayer la obligación de pagar una fianza de 2.000 euros al admitir a trámite la querella de la entidad para personarse como acusación particular en el caso del asesinato del ex concejal socialista de Mondragón Isaías Carrasco.

La AVT recordó en un comunicado que «esta acción se enmarca en la normal actividad de defensa jurídica de los intereses de las víctimas del terrorismo» y que nunca hasta ahora se les había obligado a abonar fianza alguna.

RESISTENCIA CONTRA LA IMPOSICION.
email "Capitán Escarlata" <capescarlata@tagoror.net 18 Marzo 2008

Introducción:

Para llevar adelante el objetivo de desmembración de España se emplean tres herramientas fundamentales:

-Los Estatutos de “nación”
-La babelización, eliminando el idioma español y fomentando el monolingüismo autóctono.
-Los referendum de independencia.

En el curso actual 2007-2008, se ha impuesto por la Xunta de Galicia la obligación de que se impartan en gallego al menos el 50% de las asignaturas de la Enseñanza media, obligando a que empleen dicha lengua tanto profesores como alumnos. Dicha normativa es inconstitucional.

La realidad es que parte de los profesores más veteranos se niegan a cumplir dicho Decreto (*) en su clase y continúan dándola en español como venían haciendo. Ante esto, se prepara la represión y expedientes a los incumplidores por parte de la Administración.

Otras reacciones son tibias, por el momento, y no pasan de meras notas de prensa rechazando el Decreto y acciones de propaganda de algunas Asociaciones bienintencionadas. Ni siquiera los posibles recursos administativos tienen visos de tener influencia significativa en la paralización de la dictadura lingüística.

Por ello se sugiere poner en prácitca otras medidas de mayor efectividad, de acción directa, como las siguientes:

I) Informar a alumnos y profesores de sus derechos, mediante un grupo de voluntarios que reparta un FOLIO INFORMATIVO a la salida del Instituto.

Esta acción se debe planificar y realizar, si es posible, conjuntamente el mismo día en múltiples sitios mediante acciones informativas, para evitar mediante la sorpresa la posiblidad de que aparezcan piquetes de rojos que pretendan impedir la libertad de información.

Habría que estudiar si sería más conveniente que los Folios informativos no fueran firmados, para que el receptor solo se enfrentara con la veracidad de los datos y sus propias impresiones sobre el idioma, en lugar de añadir el dato de unas siglas o partido que haya sido previamente definido en la reciente campaña electoral como contrario. La actitud de defensa del idioma español redunda siempre a medio plazo en un incremento del apoyo a los partidos nacionales patrióticos.

-Además de la distribución manual, es posible hacer una distribución por correo electrónico bastante efectiva, mediante listas de direcciones.

II) Aumentar la resistencia pasiva, negándose los alumnos y profesores a cumplir el decreto, y recurriendo a la vías siguientes (c) y (d), en caso de sentirse presionados excesivamente o expedientados.

Es suficiente con que en cada Instituto se pongan de acuerdo un pequeño grupo de alumnos para objetar y rebelarse contra el decreto.

III) Demandas ante el Juzgado por acoso escolar o laboral

IV) Recursos de Amparo ante el tribunal Constitucional
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@@@ LA ACCIÓN DIRECTA SI FUNCIONA, la inacción y la vagancia, NO @@@

Para los que duden de la eficacia de las actuaciones directas se envia una pequeña muestra de lo que aparece en prensa:

@@ Contra la política irresponsable, buzoneo cristiano: 33.000 cartas en Reus.(TARRAGONA)

@@ Los «lobbys» católicos ya ganan batallas:
http://www.almudi.org/Inicio/tabid/36/ctl/Detail/mid/379/nid/256/pnid/0/Default.aspx

@@ El Centro Jurídico Tomás Moro presentó ayer por la mañana ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una querella criminal contra el fiscal general del Estado, Conde Pumpido...
www.deia.com/es/impresa/2007/03/23/bizkaia/politika/349709.php

@@ Madrid, 4 de marzo de 2008.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía TSJA ha dictado hoy una sentencia por la que reconoce plenamente el derecho de una familia a que su hijo no curse la asignatura de EpC por haber ejercido el derecho de objeción de conciencia.

@@ E-Cristians denuncia los folletos de sexo infantil de la Generalitat ante la Fiscalía de Menores
http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=9288&PHPSESSID=01db8c28e93ecd980273c3cb9eb3a2b5

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>>>A los efectos descritos en (I) se envía un ejemplo de Folio Informativo (DIN A4):___

- anverso del folio, titulado: INFÓRMATE DE TUS DERECHOS
- reverso del folio: “Antecedentes históricos de la actual estrategia lingüística”

- Márgenes con los que se ha escrito dicho folio en una página Word (DIN A4):
Superior: 2cm , Inferior 1,5cm ,, Izquierdo 2cm ,, Derecho, 1,5 cm

INFÓRMATE DE TUS DERECHOS
Que no te roben tu libertad

La Constitución Española, establece las siguientes libertades y derechos, iguales para toda la ciudadanía:

- La libertad de Expresión (C.E., artículo 20.1.a)
- El derecho a usar el idioma español o castellano (C.E., artículo 3.1)
- El derecho a usar la lengua vernácula, en las Autonomías en que exista reconocida en su Estatuto.
- No impone el deber ni la obligación de hablar ninguna lengua en particular.
- La libertad de cátedra, en su artículo (C.E., artículo 20.1.c)

Como todos saben, la Xunta de Galicia ha impuesto la obligación de hablar el gallego en al menos el 50% de las asignaturas de la enseñanza obligatoria, mediante el Decreto 124/2007 (*)

Sin embargo dicho decreto es una ley de menor rango que la Constitución y por lo tanto sus artículos son nulos de pleno derecho en todo lo que contradigan a los derechos y artículos constitucionales.

No están por lo tanto obligados los ciudadanos a acatarlos, y contra dicha imposición anticonstitucional puede actuarse de varias maneras:

1ª. Simplemente negándose a cumplirlas.
Debe saber todo profesor y todo alumno o grupo de alumnos que deseen expresarse en español en las clases (salvo la específica de lengua gallega) que tienen perfecto derecho constitucional a hacerlo, y que no están obligados a expresarse en gallego, ni siquiera a pesar de que el profesor se lo mande.

Para reforzar su argumentación, pueden llevar a clase la Constitución y leerle los derechos constitucionales que les amparan, al profesor que intente impedirles ejercerlos.

Los profesores que deseen dar clase en español, pueden actuar de la misma manera y alegar los mismos derechos ante la dirección o la inspección, añadiendo el derecho de libertad de cátedra.

A esta actitud se le llama resistencia pasiva a cumplir leyes injustas que contradicen la Constitución.

2ª. Presentar una Demanda ante el Juzgado por acoso escolar o laboral, al impedirse el libre ejercicio de los derechos constitucionales, bien sea contra un profesor, contra el Instituto, etc. Se pueden exigir el abono de daños y perjuicios por daños morales, y la aplicación del Artículo 314 del Código Penal por discriminación por el uso de lengua oficial. También se puede denunciar el Decreto 124/2007 de la Xunta por contradecir a la Constitución, siendo de rango inferior a ésta.

3ª. Presentar un Recurso de Amparo ante el tribunal Constitucional, presentado por cualquier persona física o jurídica, alegando que se conculca el derecho constitucional a:

-La Libertad de expresión (CE, Art.20.1.a) “expresar y difundir libremente los pensamientos/…/mediante la palabra/..” Puesto que al obligarle a usar un idioma concreto impide su expresión libre.
-La libertad de cátedra” (CE, Art.20.1.c)

* Fuentes localizables en Internet y referencias legales:
-Decreto 124/2007, de 28 de junio sobre uso del gallego en el sistema educativo (DOG 29/06/2007)
http://libertadlinguistica.com/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=1
- Mesa por la libertad lingüística
http://libertadlinguistica.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=28
-“Ataque al castellano en Galicia”, Por Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional
http://revista.libertaddigital.com/articulo.php/1276232790

-- PÁSALO --
Antecedentes históricos de la actual estrategia lingüística.

¿De donde viene este afán de los políticos de imponer a los ciudadanos el idioma en que debemos hablar?

No se trata de una posición romántica e inocente sino de un plan independentista, disgregador y balcanizador, elaborado a principios del siglo XX o finales del XIX, que pretendía la destrucción de España, el cual se materializó, entre otras actuaciones, en la creación de “Galeuzca” en 1924. En ese contexto, la eliminación del idioma común español juega un papel disgregador.

Dice al respecto el historiador Xosé Estévez, en: http://www.euskonews.com/0134zbk/gaia13403es.html
“GALEUZCA es una palabra que restringe en siglas los nombres de Galicia, Euskadi y Catalunya y abarca un movimiento de solidaridad y reivindicación de los partidos nacionalistas de la tres naciones con el fin de lograr en primera instancia mayores cotas de autogobierno y autonomía, articular un Estado federal o confederal o encaminarse directamente hacia la independencia.

El nombre de Galeuzca fue utilizado por primera vez por el líder catalanista Josep Conangla i Fontanilles el 31 de agosto de 1924 durante una conferencia pronunciada en el Centre Catalá de la Habana […]

La historia de las relaciones trinacionales galaico-vasco-catalanas comienza el 11 de septiembre de 1923 con el sello de la TRIPLE ALIANZA en Barcelona. Con anterioridad las relaciones habían sido bilaterales, efímeras, puntuales y escasamente relevantes.

La TRIPLE ALIANZA tenía un carácter netamente independentista, con apelaciones a la vía armada en el caso de que el Estado español obstruyese cualquier posibilidad de sendero pacífico. “

-Bajo la apariencia romántica de defender el idioma gallego late un objetivo oculto, siniestro y nada inocente:

El intento de destruir España, la nación más antigua de Europa.

Para ello se cuenta con el empleo de tres potentes herramientas:

1) Los Estatutos de "nación".
2) La babelización.

Erradicación del idioma español, mediante la promoción forzada de las lenguas autóctonas, implantadas dictatorialmente, y si es preciso ilegalmente, mediante coacción, impidiendo ejercer el derecho constitucional a hablar el español, establecido en el artículo 3.1 de la constitución.

Una actitud anticultural paralizante consiste en ocultar, o no tener en cuenta, el MILENIO DE LENGUA COMÚN (aproximado), ya que durante casi un milenio en toda la península Hispánica se habló el latín vulgar -el latín fue lengua oficial tanto con los romanos como en el reino de Hispania visigodo-, cuya unidad fue destruida con la invasión musulmana, apareciendo las lenguas romances como descomposición paulatina del latín vulgar, allá por el siglo décimo (los escritos más antiguos en gallego son posteriores), y como signo de decadencia cultural.

Y también la ocultación de que con el final de la Edad Media, la conquista de Granada y la reunificación de España por los Reyes Católicos, a partir de los siglos XV-XVI el castellano se extendió (incorporando multitud de voces locales) por todas las ciudades de España, incluidas las de Cataluña y Galicia, y las de América, constituyéndose en idioma español y lengua de intercomunicación peninsular, permaneciendo en constante crecimiento su empleo hasta nuestros días. Dicho idioma lleva por tanto más de quinientos años utilizándose en Galicia por nuestros antepasados, y es tan gallego como el gallego.

En la actualidad una fuerte defensa de la lengua común, el idioma español, aceptando el bilingüismo pero no la eliminación del español, haría retroceder a las minorías separatistas y a sus apoyos encubiertos que pretenden sorprender la buena fe de los hablantes apelando a su emotividad y ocultando datos relevantes de la Historia.

3) Referéndum de Independencia o Autodeterminación.
Nota (a).- El objetivo balcanizador no afecta solo a España, es mundialista, estando ya concretado a finales del siglo XIX (se hablaba de la “exaltación de los etnicismos regionales para romper las naciones”) (existen mapas de aquella época, de la Europa regionalizada) y fue claramente expresado el 7 de junio de 1991 en Baden-Baden (Alemania) por David Rockefeller:

“La soberanía supranacional de una élite intelectual y banquera es absolutamente preferible a la autodeterminación nacional practicada durante los siglos pasados”.

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