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Recortes de Prensa    Jueves 20 Marzo 2008

Alumnos discriminados en el País Vasco
Editorial ABC 20 Marzo 2008

EL Ejecutivo vasco desarrolla una política deliberada para imponer el euskera que obliga en la práctica a los colegios a dar preferencia a la opción D, es decir, enseñanza en euskera con el castellano como asignatura específica. La imposición de un examen con un alto nivel de exigencia en lengua vasca al final del ciclo educativo convierte de hecho en puramente teóricas las demás opciones. Como es obvio, el objetivo último es arrinconar a la lengua castellana y realizar un proceso forzado de «euskaldunización» lingüística.

Todo nacionalismo excluyente supone una amenaza para la libertad individual. En este caso, el perjuicio resulta especialmente grave porque impide a los alumnos el acceso pleno a una lengua y una cultura de alcance universal.

Es difícil entender que el español sea tratado como una lengua de segundo nivel dentro de España. Sin embargo, el Gobierno de Vitoria ejerce desde hace tiempo sus competencias educativas en la búsqueda de una imposición forzosa del euskera, a pesar de que una parte importante de la sociedad prefiera mantener abiertas otras posibilidades. Por supuesto, la enseñanza en castellano es perfectamente compatible con el conocimiento de la lengua autonómica propia, pero el sectarismo de algunas autoridades prefiere cerrar los ojos a la realidad con el objetivo de imponer sus propios dogmas.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación y Ciencia mira para otro lado y se desentiende del asunto, haciendo dejación de las facultades que la Constitución atribuye al Estado en materia de «alta inspección» educativa.

Los poderes públicos tienen el deber de ofrecer las opciones lingüísticas en condiciones de igualdad para que los padres puedan ejercer su derecho constitucional respecto de la educación de los hijos. Cuando las ofertas se plantean con un criterio discriminatorio, la lengua común de todos los españoles se degrada a una inaceptable posición secundaria. El PNV y sus socios imponen desde hace años un enfoque sesgado y unilateral a las competencias de la comunidad vasca. Así, la construcción forzada de un nacionalismo excluyente actúa en contra de los derechos de padres y alumnos y coloca a los titulares de los centros escolares ante una situación imposible porque no pueden exponerse a que sus alumnos suspendan de forma masiva, con el lógico desprestigio que ello conlleva. Al final, terminan por aceptar de manera irremediable los requisitos que impone la Consejería de Educación.

Ahora que las urnas reflejan el retroceso de los nacionalistas, es significativo que se insista en imponer unos planteamientos que resultan inaceptables para buena parte de la sociedad. Rodríguez Zapatero tiene el deber de hacer cumplir la Constitución y las leyes en ésta como en otras materias. Tal vez le resulta más rentable a efectos coyunturales dejar las cosas como están, pero esta actitud es intolerable en términos jurídicos y políticos. Discriminar a toda la comunidad escolar que no acepta la imposición lingüística es una actitud ante la cual debe reaccionar cuanto antes el Estado democrático de Derecho.

Los padres se rebelan contra la imposición por decreto del euskera en las escuelas
Ibarretxe obliga a los estudiantes a pasar un examen de alto nivel en vasco al terminar la escolarización
BLANCA TORQUEMADA. MADRID. ABC 20 Marzo 2008

«Nunca tanta verborrea escondió una única intención: la de erradicar la enseñanza en castellano en el País Vasco e imponer el euskera como lengua vehicular». Pablo Gay-Pobes, portavoz de la Plataforma por la Libertad Lingüística, se refiere al decreto 175/2007 del Gobierno vasco que establece el currículo de Educación Básica en la Comunidad Autónoma y que ha desatado una amplia contestación social porque, de facto, achica espacios al idioma común de los españoles hasta extremos de asfixia. La plataforma agrupa ya a dos mil padres que reclaman que se garantice la supervivencia del «modelo A», el que ellos quieren para sus hijos, en el que las clases se imparten en castellano y el euskera es una asignatura más. Una opción refrendada en teoría por la Constitución, por el Estatuto de Autonomía y por la Ley de la Escuela Pública Vasca, normas todas ellas de referencia y de alto rango que, según Gay-Pobes, «se intentan desactivar ahora subterráneamente mediante este decreto». El mecanismo no es expreso, pero tampoco excesivamente sutil: «La clave está en que han establecido que los estudiantes al terminar la etapa de escolarización obligatoria a los 16 años deben superar un examen de capacitación en euskera de nivel B-2, que viene a ser como el del «First Certificate» del inglés. Algo inviable para los hayan seguido una educación en castellano». No hay escapatoria posible, ni para las familias de mayor nivel económico, pues el decreto es vinculante para todos los centros educativos, ya sean públicos, concertados o privados.

El momento más desalentador para los padres de la plataforma se produjo cuando a principios de febrero se entrevistaron con el consejero de Educación, Tontxu Campos Granados, de Eusko Alkartasuna: «Le preguntamos si conocía algún país del mundo en el que no se pueda estudiar en la lengua oficial dentro de su territorio ¡y nos dice que sí, que Cataluña! Tuvimos que recordarle que Cataluña es hoy por hoy una parte de España». El consejero, de origen zamorano, explicó a la Plataforma que él no ha de rendir cuentas de su ejecutoria ante grupos cívicos, sino ante la Cámara vasca, y que en el ámbito parlamentario no se había movido resorte alguno, pues el plazo de los recursos contra la ley terminó en enero.

Reñido con la realidad
La mayor parte de los padres que se han implicado en la protesta son residentes en Álava, una provincia, según recuerda Gay-Pobes, «donde esta imposición del euskera está particularmente reñida con la realidad sociolingüística, pues el 94 por ciento de los habitantes somos castellanohablantes». Añade que «el Estatuto habla del derecho a conocer y hablar el euskera, no impone una obligación que vulnera las libertades individuales. La posibilidad de elegir era una derecho básico que hasta ahora se ha respetado y que se había consensuado en el Parlamento vasco en 1993 con apoyo de todos los grupos y que ahora se erradica y, encima, por decreto. De entrada, la oferta de enseñanza en castellano queda en un nivel casi testimonial, pues para el próximo curso sólo se ofertarán en Álava 200 plazas del modelo A. Hay una sangrante desproporción entre la oferta y la demanda que nos está invitando a marcharnos de nuestra propia tierra».

Para la Plataforma de Defensa de la Libertad Lingüística, el caso de Cataluña, con ser grave, no es tan traumático como lo que se pretende instaurar en el País Vasco a muy corto plazo, cuando actualmente sólo el 15 por ciento de la población se expresa habitualmente en euskera. Gay-Pobes explica que «para hacernos una idea de lo que se va a exigir, ningún alumno del modelo A en castellano está en condiciones de superar un examen de capacitación de lengua vasca como el que se establece. De los que siguen el modelo B, mixto en las dos lenguas oficiales, lo suspende el 70 por ciento. Y de entre los de modelo D sólo en euskera no lo aprueba un 33 por ciento. Es un nivel que permite mantener conversaciones elaboradas o científicas y formular frases complejas».

La entrada en vigor de este currículo otorga, teóricamente, un mayor grado de autonomía a los centros a la hora de alcanzar los objetivos mínimos de la etapa de educación obligatoria. Otra «trampa», en opinión de la plataforma de padres, pues el listón del nivel B-2 de euskera fuerza a los colegios a desechar el modelo en castellano, y a primar el D (incluso por encima del B mixto) como único que garantiza el «éxito» de sus alumnos. La plataforma por la Libertad Lingüística asegura que esta cuestión es crucial, pues estima que de los resultados académicos que los centros acrediten dependerán sus futuras subvenciones.

Decreto «contaminado»
El texto del decreto 175/2007 del Gobierno vasco está «contaminado» ya desde el preámbulo, en el que se revela que la normativa, más de euskaldunización que de desglose del currículo, nace «de la voluntad de construir una visión global, plural y abierta, a partir de la visión propia y específica de Euskal Herria, entendiendo por tal el ámbito referido al conjunto de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Navarra (Baja y Alta) y Zuberoa». Con estos mimbres (ajenos al espíritu de la Constitución y del Estatuto), el decreto entra en materia después: «El euskera será la lengua principal en este nuevo marco» y «ocupará un papel integrador en el sistema educativo como lengua principal».

Más que lengua, ideología basada en «Euskal Herria»
En su artículo 8.5, punto f, el decreto que fija el currículo escolar vasco enuncia que uno de los objetivos de la educación básica es «identificarse como ciudadano vasco en un entorno multicultural, valorando de forma positiva tanto la lengua y la cultura vasca como las lenguas y culturas de pertenencia y referencia, para que a partir de las identidades múltiples construya cada uno su propia identidad de forma inclusiva».

El punto g ahonda en la misma línea, y otro objetivo es: «Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de Euskal Herria».

No faltan las consideraciones referidas a una supuesta situación de privilegio de la lengua castellana: «En el actual escenario sociolingüístico, las condiciones del entorno favorecen el uso de la lengua castellana», con lo que «resulta fundamental» la utilización del euskera como lengua vehicular, «aun a costa de la libertad individual», según denuncia la plataforma de padres que reclama el respeto de sus derechos en el País Vasco.

IMITA EL MODELO CATALÁN
El Gobierno vasco impone por decreto la enseñanza del euskera en las escuelas
El diario ABC informa este jueves sobre la imposición del euskera respecto a la enseñanza del castellano en las escuelas del País Vasco. La nueva arma del Gobierno de Ibarretxe para el control ideológico supone la superación, por parte de los estudiantes, de un examen de alto nivel en vasco para terminar la escolarización. Este examen supone que, a pesar de que sólo un 15 por ciento de la población se expresa en euskera, las subvenciones a colegios dependan de los resultados de un examen que el sistema educativo vasco considera una mera "normalización lingüística".
Libertad Digital 20 Marzo 2008

Según el decreto 175/2007 el Gobierno vasco establece el currículo de Educación Básica en la Comunidad Autónoma reduce el espacio del castellano hasta casi eliminarlo. Pablo Gay-Pobes, portavoz de la Plataforma por la Libertad Lingüística, asegura al diario ABC que "intentan desactivar ahora subterráneamente mediante ese decreto" la enseñanza del castellano, saltandose por el camino leyes de mayor rango.

La asociación, que agrupa a más de 2.000 padres, pide que las clases se den en castellano, y el euskera sea una lengua más. ABC subraya que la plataforma en realidad sólo reclama la supervivencia del "modelo A", y no lo que el Gobierno de Ibarretxe planea, que es superar un examen de capacitación en la lengua vasca –el modelo B- que supondría el suspenso al 70 por ciento de los estudiantes.

Gay-Poves asegura que "la clave está en que han establecido que los estudiantes al terminar la etapa de escolarización obligatoria a los 16 años deben superar un examen de capacitación en euskera de nivel B-2, que viene a ser como el "First Certificate" del inglés. Algo inviable para los que hayan seguido una educación en castellano", señala el artículo publicado el jueves por ABC.

En la entrevista de los padres de la plataforma con Tontxu Campos Granados, de EA, "le preguntamos si conocía algún país del mundo en el que no se pueda estudiar en la lengua oficial dentro de su territorio ¡y nos dice que sí, que Cataluña!. Tuvimos que recordarle que Cataluña es hoy por hoy una parte de España". "El caso de Cataluña, con ser grave, no es tan traumático como lo que se pretende instaurar en el País Vasco a muy corto plazo, cuando actualmente sólo el 15 por ciento de la población se expresa habitualmente en euskera".

El texto del decreto 175/2007 establece, según menciona ABC, que "el euskera será la lengua principal en este nuevo marco" y "ocupará un papel integrador en el sistema educativo como lengua principal".

Otra importantísima "trampa" que menciona la plataforma por la Libertad Lingüística es que el listón del nivel B-2 del euskera fuerza a los colegios a desechar el modelo en castellano, y a primar el D (por encima del B mixto, incluso). Esto significa que las subvenciones que puedan obtener los centros, de cara a obtener más recursos, dependerán de los resultados al respecto que los centros acrediten.

En Álava, de donde son la mayoría de los padres de la plataforma, el diario ABC afirma que "esta imposición del euskera está particularmente reñida con la realidad sociolingüística, pues el 94 por ciento de los habitantes somos castellanohablantes". Gay-Pobes recuerda asimismo que "la posibilidad de elegir era un derecho básico que hasta ahora se ha respetado y que se había consensuado en el Parlamento vasco en 1993 con apoyo de todos los grupos y que ahora se erradica".

Ibarretxe impone un examen de alto nivel de euskera al terminar la escolarización
 Periodista Digital 20 Marzo 2008

El portavoz de la Plataforma por la Libertad Lingüística, Pablo Gay-Pobes, afirma que «nunca tanta verborrea escondió una única intención: la de erradicar la enseñanza en castellano en el País Vasco e imponer el euskera como lengua vehicular». Con esta declaración se refiere al decreto 175/2007 del Gobierno vasco que establece el currículo de Educación Básica en la Comunidad Autónoma y que ha desatado una amplia contestación social porque achica espacios al idioma común de los españoles hasta extremos de asfixia.

La plataforma agrupa ya a dos mil padres que reclaman que se garantice la supervivencia del «modelo A», el que ellos quieren para sus hijos, en el que las clases se imparten en castellano y el euskera es una asignatura más.

El momento más desalentador para los padres de la plataforma se produjo cuando a principios de febrero se entrevistaron con el consejero de Educación, Tontxu Campos Granados, de Eusko Alkartasuna:

«Le preguntamos si conocía algún país del mundo en el que no se pueda estudiar en la lengua oficial dentro de su territorio ¡y nos dice que sí, que Cataluña! Tuvimos que recordarle que Cataluña es hoy por hoy una parte de España».

El consejero, de origen zamorano, explicó a la Plataforma que él no ha de rendir cuentas de su ejecutoria ante grupos cívicos, sino ante la Cámara vasca, y que en el ámbito parlamentario no se había movido resorte alguno, pues el plazo de los recursos contra la ley terminó en enero según recoge ABC.

«Pues vete a Miranda»
B.T. ABC 20 Marzo 2008

MADRID. «Pues si no estás conforme, vete a Miranda. Total sólo está a veintitantos kilómetros». Así se despachó una madre satisfecha con la «inmersión» en respuesta a las quejas de Maite González Araújo, que reivindicaba el derecho a que sus hijos pudieran seguir estudiando en castellano. Unos meses después de esta escena de patio, Maite no puede ya más y ya está desmontando su casa en Álava. No se marcha a Miranda, pero sí a Logroño, donde podrá escolarizar a sus tres críos en la lengua común de los españoles, aunque tenga que pagar por ello un elevado coste personal y familiar: «Mi marido tiene su trabajo en Vitoria y tendrá que ir y venir todos los días. ¡Qué le vamos a hacer!».

Todo comenzó hace un año, cuando se empezó a hablar de que existía la intención de aniquilar el modelo A de la enseñanza: «En un principio se dijo que iba a afectar a los que se incorporaban a un ciclo, como era el caso de mi hijo pequeño, y ya entonces me rebelé, pues no consideré justo que el niño recibiera una educación diferente de la de sus hermanos. Después, la realidad ha sido peor, pues va a afectar a todos los alumnos en un plazo bastante corto. ¿Qué buscan, un futuro donde la única salida sea el funcionariado dentro del territorio vasco, con esos altísimo niveles de exigencia de euskera?».

Explica también el papel subterráneo que están desempeñando algunos centros: «Antes de que la Consejería aprobara este decreto, algunos colegios ya se estaban moviendo según las directrices de lo que se llama «proyecto Ulibarri», que va en la línea de ir imponiendo el euskera sin consultar a los principales afectados: los padres. Hacen lo que les da la gana. A mí me dijeron en el colegio de mis hijos que Religión se tenía que impartir en la lengua materna porque era una asignatura «vivencial», y resulta que sin decir ni mu a nadie han empezado a dar la clase en euskera. Sea por lo que fuere, por garantizarse el régimen de subvenciones o por una ideología subyacente, han ido primando esa lengua. Lo que es especialmente grave en lugares como Vitoria, donde ese idioma no se habla en la calle.

En Galicia o Cataluña yo creo que muchos padres se han encontrado con que a sus hijos se les está educando en una lengua en la que ellos no están alfabetizados pero que sí conocen. Entonces, la brecha que se abre a la hora de seguir los estudios de los hijos es menor».

Otro problema añadido es que «todo ese sobreesfuerzo y derroche de medios que se lleva a cabo para imponer el euskera va en detrimento de otros aspectos básicos de la educación. Acabamos de tener una huelga de los profesores de gimnasia porque ya les están quitando horas de clase para reforzar las de lengua y literatura vascas». «Siempre se escudan -añade- en preservar esa joya cultural que es el euskera, en resucitarlo, y hasta en inventárselo allí donde no se ha usado nunca. La familia de mi marido es de origen alavés y siempre ha hablado en castellano. Esto no es fruto de la opresión del franquismo, como nos quieren vender».

No es la única que está haciendo las maletas: «Hay más casos. Y sí, empieza a haber enorme demanda de plazas escolares en Logroño. También en Miranda».

Más que lengua, ideología basada en «Euskal Herria»
En su artículo 8.5, punto f, el decreto que fija el currículo escolar vasco enuncia que uno de los objetivos de la educación básica es «identificarse como ciudadano vasco en un entorno multicultural, valorando de forma positiva tanto la lengua y la cultura vasca como las lenguas y culturas de pertenencia y referencia, para que a partir de las identidades múltiples construya cada uno su propia identidad de forma inclusiva».

El punto g ahonda en la misma línea, y otro objetivo es: «Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de Euskal Herria».

No faltan las consideraciones referidas a una supuesta situación de privilegio de la lengua castellana: «En el actual escenario sociolingüístico, las condiciones del entorno favorecen el uso de la lengua castellana», con lo que «resulta fundamental» la utilización del euskera como lengua vehicular, «aun a costa de la libertad individual», según denuncia la plataforma de padres que reclama el respeto de sus derechos en el País Vasco.

Partidos
El PP arremete contra la Xunta por radicalizar sus ataques al castellano Cambiar el tamaño del texto
Los nacionalistas proponen etiquetar el vino en gallego como «símbolo de identidad»
Las medidas del BNG suponen una pérdida económica y para el sistema educativo, según los populares.
C. S. Macías La Razón 20 Marzo 2008

MADRID- Tanto el Partido Popular como colectivos lingüísticos y algunas asociaciones de educación coinciden en la defensa del castellano y aseguran que no van a permitir que se vulnere un derecho constitucional que otros utilizan para dividir. Además, creen que esta radicalización del gallego que va desde la fabricación de muñecas que hablen gallego, la uniformidad propia en las «galescolas» o las multas a las empresas que no contraten en dicha lengua supone un gran coste para la comunidad.

Para los populares gallegos, «la libertad de empresa es un reconocimiento explícito de la Constitución». Por ello, consideran que ninguna administración puede violar esos derechos. Desde el PP gallego tachan de «despropósito» el planteamiento que proponen los nacionalistas y aseguran que el patrimonio lingüístico es una riqueza y nunca puede considerarse una desventaja».

Las mismas fuentes populares creen que la imposición lingüística en Galicia puede provocar la fuga de las empresas a otras comunidades, «por lo que sería un grave perjuicio» para los gallegos y su tierra. No se pueden conculcar los derechos de las empresas ni de los ciudadanos». Por ello, desde el PP defienden «la libertad lingüística» y aseguran que trabajarán para «que se garanticen estos derechos».

Algunos colectivos lingüistas gallegos contemplan con sorpresa las medidas que se proponen desde la Xunta y tildan la situación de descabellada y se sienten como si vivieran en un « país de marcianos».

La presidenta de la asociación «Galicia Bilingüe», Gloria Lago, lamenta lo que está ocurriendo y no entiende esta obsesión del BNG, ya que «siempre hemos convivido con dos lenguas». Además, cree que «con la imposición están consiguiendo el rechazo».

Y es que ahora, en Galicia, hasta el vino tiene que «hablar gallego». Mediante el símil de que los caldos proceden de la tierra, ahora, deberán ser etiquetados en la lengua de Castelao porque ello refleja «un símbolo de garantía y calidad», denuncia la asociación gallega.

Si en el ámbito empresarial los nacionalistas han abierto una brecha, la educación no se queda atrás. Les «gusta mucho el ámbito de la educación» y la Consellería está imitando el modelo catalán, comenta Lago.

Las principales asignaturas de la enseñanza se imparten en gallego y «los que dan clases en castellano han recibido ya una inspección. En los colegios, hay muchos niños que son castellano hablantes y solicitan mediante el: ?profe, que no nos chivamos? que les impartan las clases en castellano». Pero ésto, a los docentes les trae consecuencias negativas.
Desde la Confederación Católica Nacional de Padres, Concapa, su presidente, Luis Carbonell, ve como un sinsentido que quieran galleguizarlo todo, «porque de esta manera se pretende utilizar a los españoles. Concapa cree que en Galicia pueden convivir las dos lenguas sin discriminar ninguna y consideran perjudicial para los alumnos el destierro del castellano.


Semillas de sonrisas
Pinza o muerte
Joan Valls Libertad Digital 20 Marzo 2008

La doctrina Comanche ha regido los destinos del Partido Popular de Cataluña a lo largo de la última década. Una doctrina basada en la fortificación de las posiciones y en el temor a decidir. Sus orígenes los encontramos en la famosa escena en la que Aznar le entrega a Pujol la cabeza de Vidal-Quadras a cambio de una legislatura. Ocho años más tarde, Rajoy extiende la doctrina al permitirle a un Piqué sin careta tinellizar al Partido Popular de Cataluña hasta la extenuación. La imagen ofrecida hasta la defenestración de Piqué fue tan desastrosa que, a pesar de los buenos oficios de Daniel Sirera, el PPC apenas ha tenido tiempo para ganar dos escaños en medio del caos del Tripartit.

Según la versión oficialista de la doctrina Comanche, Cataluña es un territorio enemigo en el que sólo se puede aspirar a mantener el Fuerte de los 7 a 10 escaños. La interpretación mariana de la DC, en cambio, ha ido más en la línea suicida de la autozanahoria: mantengamos un perfil muy bajo, casi invisible, para facilitar así un pacto futuro con CiU, que nos llevará a la Moncloa. Pero los resultados son tozudos y, tras el 9-M, se intuye que en Génova, finalmente, se ha asumido que Cataluña es ya imprescindible para aspirar a la Moncloa. La doctrina Comanche estaría viviendo, así, sus últimos días.

La lección más importante del 9-M ha sido, precisamente, la necesidad imperiosa de vencer en Cataluña, aunque, para eso, será imprescindible una obra de ingeniería política sin precedentes en la historia reciente de España. Una pinza o muerte que sirva al Partido Popular para asaltar definitivamente el discurso tinellista, que no es más que una telaraña frentepopulista adaptada al siglo XXI.

La construcción de una pinza en Cataluña pasaría, por un lado, por un PPC fuerte, con un discurso claro y valiente que denuncie la persecución al idioma español y la natural incompetencia de la izquierda catalana para manejar los asuntos decisivos de la economía y la sociedad. El PPC debe quedar en la retina de los electores como un partido abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, incansable e implacable. En ese sentido, Daniel Sirera ha demostrado ser un líder capaz y trabajador, por lo que habría que apostar por su continuidad, siempre y cuando tenga a su lado la figura de un dóberman de amplia solvencia intelectual. Para ello, nada mejor que Alejo Vidal-Quadras. La presencia de Vidal-Quadras constituiría un mensaje claro al electorado de que las cosas han cambiado y que el PPC no va a ser nunca más moneda de cambio con los nacionalistas, sino una alternativa de gobierno sólido y estable. En otras palabras, una disculpa que llega con diez años de retraso.

La pinza se cerraría con una UPN a la catalana. Un caballo de Troya en el seno del catalanismo moderado cuyo único objetivo consistiría en erosionar a CiU a lo largo de esta legislatura y en trocearla en la siguiente. Con un carácter marcadamente regionalista, podría ejercer, en ocasiones, las funciones de partido bisagra y acoger en su seno a aquellas voces y votantes de CiU que, aún no viéndose próximas al separatismo, tampoco se sienten cómodas, por el momento, en el PP. Tiempo hay, desde luego, para crear este partido, financiarlo y extender su discurso por todo el Principat, procurando, siempre, evitar caer en la tentación del modelo navarro, pues el PPC debe aspirar a lo máximo.

La pinza PPC/UPC podría tener un efecto devastador en las filas de CiU, cuyo alejamiento del poder debe ser un incentivo para el cambio de aires de cuadros y votantes. Las contradicciones en el seno del PSC entre capitanes procedentes de otras regiones de España y los sectores más catalanistas podrían facilitar un trasvase de estos últimos a UPC, así como de las corrientes convergentes menos proclives a las tesis soberanistas de Mas. En ese escenario, ERC podría recuperar parte del terreno perdido con la incorporación de voto convergente y del PSC. El PP, con un discurso españolista, debería centrar su actividad en el área metropolitana de Barcelona y los 31 escaños en juego, mientras UPC se convierte en la tercera vía del catalanismo, sobre todo en Gerona, Tarragona y Lérida.

CiU y sus diez diputados representan, todavía, esa frontera confusa en la que comercian separatistas, vividores y españoles catalanes atrapados en las aguas del Estanque Dorado. Trocearla significaría, entre otras muchas cosas, la soledad del PSOE en Madrid, que es la verdadera pesadilla del PSC.

Joan Valls es editor de debate21.com.

Y Zapatero instalado en su ‘dolce far niente’
Federico Quevedo El Confidencial 20 Marzo 2008

Es hora de volver a la realidad. Durante quince días de campaña electoral todo, absolutamente todo, estaba condicionado, viciado diría yo, por la proximidad de las elecciones. Y en esas circunstancias, bajo el prisma de la consulta electoral, todo parece relativo. Pero lo cierto es que lo que muchos veníamos advirtiendo desde hace tiempo, sobre todo desde este verano, se ha hecho realidad, y ya no vale decir que es “antipatriota” hablar de crisis económica. En los días previos a las elecciones al Gobierno le ha podido servir de reclamo la acusación al PP de infundado alarmismo, aunque yo creo que la percepción de la crisis es lo que ha evitado que Rodríguez obtuviera un resultado mejor el 9-M. Si lo piensan, ha pasado lo mismo que pasó en el 93: los ciudadanos le perdonan a la izquierda todos sus desmanes, salvo la crisis económica. Entonces le perdonaron a Felipe la corrupción y el crimen de Estado, y esta vez le han perdonado a Rodríguez la negociación con ETA y la ruptura del consenso constitucional. Lo que de verdad hizo que Felipe ganara por la mínima en 1993 y que perdiera en 1996 fue la crisis económica, y a Rodríguez puede pasarle tres cuartos de lo mismo.

Es importante que en la sede del PP, cuando analicen –si es que lo hacen- el por qué no han ganado las elecciones del 9-M tengan esto en cuenta. Es cierto que gracias a que el partido de centro-derecha ha mantenido una posición muy firme en esas dos materias –terrorismo y modelo de Estado- el Gobierno no ha ido más lejos, pero también lo es que esa actitud ha tenido un coste en términos electorales: la imagen que ofrecía el PP era antipática para una parte muy importante del electorado, esa parte que prefiere seguir viviendo sin saber nada de lo que pasa a su alrededor, sin importarle demasiado los problemas de los demás. Si hay alguien a quien le multan por rotular en castellano en Barcelona... ¡pues que rotule en catalán, coño! Pero esa parte también vota, inevitablemente vota, y su voto es tan legítimo como el de quien se siente preocupado por el destino de su país y por el futuro de todos. Claro que esto es así mientras esa parte del electorado sigue instalada en una especie de dolce vita ajena a las cuestiones importantes gracias a una boyante situación económica –heredada de la gestión del anterior Gobierno, todo sea dicho-... Pero, ¿qué pasa cuando la crisis empieza a hacerse notar en los bolsillos de todos?

Rodríguez y el PSOE han conseguido retrasar el efecto de la crisis lo suficiente como para no perder las elecciones, acusando de alarmismo al PP y, al mismo tiempo, haciendo creer que con ineficaces medidas sociales se conseguiría que las clases menos pudientes salieran adelante. Una falacia. Ahora es cuando, de verdad, el Gobierno se tiene que enfrentar al verdadero problema de esta legislatura. Les diré algo: se equivocará el PP si cree que debe seguir haciendo oposición con el terrorismo y el modelo de Estado. No digo que deban abandonar ambas cuestiones a su suerte, pero donde ha hecho más daño el PP en la recta final de la campaña ha sido en los asuntos que de verdad preocupan a los ciudadanos: situación económica, inmigración, seguridad ciudadana. Es ahí donde el Ejecutivo de Rodríguez va a seguir instalado en su particular dolce far niente porque carece de recetas eficaces para afrontar esos problemas. Rodríguez es lo suficientemente listo como para haberse dado cuenta de que ni en materia de terrorismo ni en su particular proyecto de reforma constitucional por la puerta de atrás puede actuar de la misma manera que lo hizo en su primera legislatura y con los mismos pactos, y va a moderar sensiblemente su maneras para romper el discurso del PP. Pero no sabe gestionar.

Ese es su punto débil, su talón de Aquiles. Cree que las cosas se solucionan por su propia inercia, pero la inercia se acaba. Y la crisis económica esta llamando a la puerta, y a la vista de cómo se presentan algunos indicadores, ya hace semanas que quienes solo se atrevían a hablar de crisis ahora hablan de recesión. Y Rodríguez debería saber, sin duda, que en las actuales circunstancias de nuestro país, una recesión acompañada de una destrucción fuerte de empleo amenaza seriamente con convertirse en un problema añadido desde el punto de vista migratorio y de seguridad ciudadana. ¿Qué se le ocurre al presidente en un caso como este? Gasto público, gasto público y gasto público. Y esa receta es la peor que puede endosarse a la economía española en este momento porque no hará sino agravar la crisis. Felipe perdió el poder por culpa de la economía. Rodríguez ha conseguido retrasar el cobro de la factura, pero más pronto que tarde tendrá que presentarla y los ciudadanos se la van a cobrar. La izquierda no sabe gestionar las crisis económicas, y es en el ojo del huracán de la recesión cuando los ciudadanos se van a preguntar sí a lo mejor no será verdad que todo eso del terrorismo y el modelo de Estado también es un problema. Pero Rodríguez seguirá mirando para otro lado, no porque no quiera hacer nada, sino porque no sabe qué hacer.

Exiliados vascos, un drama oculto que debería interesar a la ONU
Francisco Rubiales Periodista Digital 20 Marzo 2008

Ahora, tras los resultados electorales, cuando los del PSOE y los del PNV negocian para compartir el poder, deberían afrontar en sus conversaciones el drama del exilio vasco, un éxodo provocado por el miedo y la violación de los derechos humanos que ambos partidos procurarán ignorar porque no les conviene compartir esa vergüenza.

El país que el lehendakari Ibarreche quiere llevar hasta la independencia ha producido ya el exilio de casi 300.000 ciudadanos vascos, que viven dispersos por las tierras de España, asustados ante las amenazas, extorsiones y violencias que han tenido que sufrir en su propia tierra.

El de los vascos es un éxodo de magnitud suficiente para haber provocado la reacción de Naciones Unidas, del Tribunal de la Haya y de las numerosas instituciones y ONGs que dedican su esfuerzo en el mundo a la defensa de los derechos humanos. Pero el drama vasco, por causa de las miserias de la política española, está cuidadosamente oculto bajo las alfombras del poder, con la complicidad de los medios de comunicación y hasta de la Iglesia Católica, cuya implicación en esa tragedia humana es notable.

Numerosos expertos creen que si Ibarretxe consigue convocar el referéndum que pretende y si la ruta hacia la independencia se abre camino, bajo control nacionalista, otro cuarto de millón de vascos se verán obligados a abrazar el exilio, escapando de la tierra de sus antepasados, con lo que el éxodo forzado por el proyecto nacionalista alcanzaría a más de un cuarto de la población del "País".

El destino de ese drama vasco dependía en gran medida del resultado de las elecciones del 9 de marzo. Si Zapatero necesita el apoyo del PNV para gobernar, aumenta el riesgo de que el proceso de secesión vasco quede consumado o al menos que avance lo suficiente para tornarse irreversible. En las tierras vascas ya se habla con optimismo de la "factura" que pagará el PSOE por el apoyo de los diputados del PNV: un nuevo estatuto vasco apoyado por Zapatero, todavía más generoso que el otorgado a los catalanes en la pasada legislatura, que incluya, entre otros espaldarazos al nacionalismo, el acoso al idioma español y un impulso rotundo a la lengua vasca.

Conservar la poltrona de La Moncloa tendrá esta vez un precio mucho más alto que en el pasado, según han proclamado ya con desfachatez indecente los líderes del ultranacionalismo antiespañol, dispuestos a cobrarle ese precio a un Zapatero que, en principio y a juzgar por lo que ha hecho en el pasado, parece dispuesto a pagarlo con tal de seguir gobernando.

Negras sombras amenazan a España si su timón sigue en manos de un gobierno débil, hipotecado con el nacionalismo y sin autoridad moral. Es cierto que los dos partidos políticos con posibilidad de gobernar (PSOE y PP) han dicho que el referéndum de Ibarretxe no se celebrará, pero los acontecimientos ocurridos en nuestra historia reciente, la desesperante debilidad del poder central frente al nacionalismo y el comportamiento de la prensa, la Iglesia, las finanzas y los últimos gobernantes españoles con el nacionalismo permiten albergar todo tipo de sospechas y temores.

Si te fías de la prensa progre acabarás creyendo que Aznar calienta la Tierra
Pedro Fernández Barbadillo Periodista Digital 20 Marzo 2008

Los periodistas progres, que se presentan como paradigma de la seriedad y la objetividad, han empezado a recibir, no ya críticas por su malhacer, sino sentencias por mentir.

En El Manifiesto se ha publicado un artículo titulado No te fíes de la prensa de izquierdas que os recomiendo. Así comienza:

A La Noria de Telecinco la han condenado por manipular las declaraciones de una ciudadana sobre el caso del doctor Montes, el Gran Sedador, manipulación que hacía decir a la ciudadana lo contrario de lo que realmente dijo. Los tribunales también acaban de condenar a Enric Sopena, de Elplural.com, por cubrir de basura (falsa) al presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. A esta gente no se la ha condenado por sus opiniones, sino por mentir. Y ambos mintieron para favorecer al Gobierno Zapatero.

Y añade: el poder mediático de la izquierda, aunque sometido a eventuales vaivenes (véase la guerra del fútbol entre Prisa y La Sexta), se asienta en relaciones de muy buena vecindad. Hay dos polos fundamentales que son Prisa (El País, la SER, Cuatro, etc.) y Mediapro, la empresa del potentado socialista catalán Jaume Roures (La Sexta, Público).

No han sido éstos los últimos casos manipulación cometidos por el Imperio Progre.

El Faro del islam no gusta de publicar rectificaciones a sus informaciones (¿cómo se van a equivocar los que crean la realidad?), salvo que medie orden judicial. Bien lo sabe Pío Moa, al que se ataca en las páginas del diario de Prisa y no se le permite responder.

La última equivocación ha correspondido a la SER, que ha colocado en su web una foto manipulada de Aznar. ¿Qué controles de calidad tiene esta radio?

No olvidemos casos antiguos, como la acusación por la mujer de Sopena, Margarita Sáenz Díez (hija de un periodista franquista), de que la FAES financiaba al partido Ciutadans.

Por cierto, todavía no nos ha explicado Gabilondo cuáles eran las tres fuentes de la lucha antiterrista que le dijeron que había terroristas suicidas en los trenes de Atocha. Y tampoco ha explicado Rodríguez por qué llamó a varios directores de periódico la tarde del 11-M para decir lo mismo.

Educar en valores
EDITORIAL El Correo 20 Marzo 2008

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, hecha pública a principios de mes, reconociendo el derecho a «ejercer la objeción de conciencia frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía» y los recursos de la Fiscalía y la Junta ante el Tribunal Supremo permitirán dilucidar dos de las cuestiones suscitadas en torno a la impugnación de la materia: si el derecho a la objeción, como expresión de la libertad ideológica consagrada por la Constitución, puede ser ejercido sin una previa regulación del mismo, en este caso en la enseñanza; y si cabe objetar que un alumno curse una determinada asignatura, o la salvedad sólo puede referirse a aquella parte de su contenido que pudiera colisionar con la mencionada libertad ideológica.

Dictada en pleno período electoral, la sentencia del TSJA fue objeto de un debate partidario en el que la retirada de la asignatura se encontraba presente como promesa del Partido Popular. La renovación de la mayoría parlamentaria del PSOE hará que el litigio judicial prosiga y que la batalla política se mantenga. De hecho, tras la sentencia han sido las autonomías gobernadas por el PP las que han canalizado la insumisión a la materia. En Euskadi, son más de cuatrocientas familias las que han expresado su disconformidad con que sus hijos reciban Educación para la Ciudadanía y el Tribunal Superior del País Vasco deberá pronunciarse al respecto.

Lo que resulta de todo punto inconveniente es que la falta de consenso sobre una asignatura cuya implantación han recomendado las instituciones europeas desemboque en una sucesión de recursos y resoluciones judiciales que podrían eternizarse, afectando a la armonía que se requiere para alcanzar un sistema educativo de calidad e integrador. Es evidente que no se puede obviar la cuestión de fondo: la necesidad de educar a los más jóvenes en valores constitucionales como una tarea también de la escuela. Y sería deseable que, aplacada la efervescencia electoral, se buscara el más amplio entendimiento en el seno de la comunidad educativa y en el foro parlamentario para evitar algo tan contradictorio como que esa tarea sea en sí misma objeto de conflicto. Sería la mejor manera de educar en valores.

Kosovo y las incongruencias de Zapatero
EDITORIAL Libertad Digital  20 Marzo 2008

No le falta razón al portavoz de Exteriores del PP, Gustavo de Arístegui, al denunciar la incongruencia del Gobierno de Zapatero por mantener tropas españolas en Kosovo pese a no haber reconocido la ilegal declaración de independencia de esta provincia serbia. Claro que si lo que caracterizara a Zapatero fuera la coherencia, su Gobierno no habría repudiado en Irak lo que ha respaldado en Afganistán, ni hubiera suscrito una resolución de la ONU que pedía ayuda militar a la transición democrática en Irak tras haber dado orden de retirada a los soldados españoles de ese país.

En cualquier caso, es evidente que la declaración unilateral e ilegal de independencia de Kosovo ha trastocado moral, política y jurídicamente las obligaciones y responsabilidades originales del contingente de la KFOR en el que están integrados nuestros soldados. Nuestro Ministerio de Exteriores alega que lo que nuestros soldados llevan a cabo es una misión de "seguridad" y "estabilidad". Sin embargo, ¿cual es el statu quo al que se quiere dar estabilidad y seguridad? Vistas sus últimas actuaciones, la que fuera una misión de paz en un territorio bajo administración de Naciones Unidas parece ahora más bien una fuerza de ocupación destinada a someter a la minoría serbia a la política de hechos consumados de la mayoría albanokosovar.

El Gobierno de España no debe contribuir con su respaldo militar al gravísimo error que han cometido Estados Unidos, Francia y otros aliados al reconocer una independencia que no es sólo ilegal, sino que puede suponer un polvorín en el centro de Europa. Es además especialmente contraria a los intereses de España, pues semejante secesión constituye un peligrosísimo estimulo para las formaciones separatistas de nuestro país, que son –en otro alarde de falta de coherencia– las que Zapatero elige de aliados de gobierno.

El "derecho de los pueblos" –incluido el albanokosovar– a decidir por sí mismos no puede significar en la práctica que cada minoría étnica, lingüística o religiosa disponga de un Estado independiente, sino que toda minoría disfrute de la protección de las leyes del Estado del que forme parte. A este último objetivo estaban convocados originalmente nuestros soldados en Kosovo, y no, desde luego, a imponer la "estabilidad" y "seguridad" de una secesión ilegal.

Irak, cinco años después
Editorial ABC 20 Marzo 2008

CINCO años después de la caída de Bagdad, sigue viva la polémica sobre la oportunidad de haber desencadenado la operación que culminó con la caída de la dictadura de Sadam Husein. El presidente George W. Bush intentó ayer justificar la decisión que sin duda marcará para siempre sus dos mandatos consecutivos y sus adversarios aprovecharon la ocasión para reafirmarse en sus críticas. Más que ningún otro conflicto contemporáneo, el de Irak ha tenido la virtualidad de dividir profundamente a la opinión pública de todo el mundo y el hecho de que esa división persista es la demostración de que se trata de un asunto inacabado, donde es difícil ver todavía todos los perfiles. Cinco años es un tiempo relativamente corto en términos históricos; no es posible saber qué dirán los iraquíes dentro de cincuenta años ni cómo conmemorarán el acontecimiento que marcará para siempre un punto esencial en su historia como país independiente.

Mientras tanto, lo que seguramente no va a remitir es la intensidad del debate entre los que apoyan y los que critican la operación. El problema es que los argumentos no son siempre unívocamente utilizados. En Somalia, por ejemplo, Bill Clinton logró que la ONU bendijese su operación humanitaria en 1993, pero la estrepitosa derrota que sufrieron sus fuerzas y su retirada fueron retransmitidas por televisión a medio mundo. El resultado fue que aún hoy en Somalia no ha sido restablecido un gobierno digno de ese nombre, y sin embargo aquel episodio ha pasado a la historia como una anécdota irrelevante. Algunos de los que se rasgaban las vestiduras poniendo en duda la legitimidad del apoyo de la ONU a la invasión de Irak, ahora han celebrado alegremente la independencia de Kosovo sin ningún aval de las Naciones Unidas.

Pocos quieren recordar que las tropas norteamericanas fueron recibidas con gozo por la inmensa mayoría de los iraquíes cuando entraron en Bagdad. Que los kurdos y los chiís recuperaron entonces la libertad de existir como tales, sin miedo a ser aniquilados por el dictador; que muchos intelectuales que ahora están en la primera fila de las manifestaciones, escribieron aquellos días gloriosas odas a la libertad recobrada; que los iraquíes tienen hoy un gobierno electo y que ha demostrado varias veces con los hechos su independencia de Estados Unidos.

Otros quisieran que se olvidasen los gravísimos errores cometidos en la administración ocupante, la vergüenza de Abu Graib y que cinco años después millones de iraquíes siguen sin agua ni electricidad, o que las fuerzas norteamericanas no son capaces de controlar a los terroristas que masacran implacablemente a los civiles inocentes.

Siendo realistas hay que reconocer que en los últimos meses la gestión inteligente y eficaz del general David Petraeus ha logrado ciertos avances en materia de seguridad, pero mientras no sea posible que los iraquíes puedan volver a lo que se considera una vida normal, las tareas de reconstrucción seguirán estando muy comprometidas.

Un día no muy lejano los soldados norteamericanos se irán del país. Ojalá que para entonces las fuerzas iraquíes sean capaces de hacerse cargo de su destino en un Irak donde pueda decirse que han enraizado gérmenes democráticos. Pero por ahora seguirá la discusión. A través de la historia y por razones evidentes, las guerras las han contado los vencedores. Por desgracia, en el caso de Irak se empeñan en hacerlo los que se opusieron (antes o después), ignorando que tampoco son ellos los que han ganado la guerra, ni serán los que resolverán los problemas que ensombrecen la vida diaria de los iraquíes.

Guerra de Irak
Era peligroso asomarse al exterior
Cristina Losada Libertad Digital 20 Marzo 2008

De todos los países que apoyaron la guerra contra Sadam Hussein, ha sido España el que ha vivido, a cuenta de ella, las consecuencias políticas internas más espectaculares y, por lo visto, duraderas. Tales efectos se debieron al rechazo que provocó en la opinión pública el respaldo del Gobierno de Aznar a la decisión de los Estados Unidos. Y es justo por ello que resulta paradójico. Pues los españoles se declaran mayoritariamente desinteresados por la política exterior de sus gobiernos y en general por los asuntos que los periódicos incluyen en la sección Internacional.

Sin embargo, hace cinco años, cuando el ejército norteamericano iniciaba la invasión de Irak, las calles españoles habían acogido ya una ristra de masivas manifestaciones contrarias. No hay manera de explicar el éxito de aquella campaña por la existencia de un arraigado pacifismo. Hasta ese instante, tanto la opinión pública como los artífices del "no a la guerra" habían asistido imperturbables a los conflictos bélicos que ensangrentaban éste o aquel rincón del mundo. El ejército español había participado en la guerra del Golfo, también contra Sadam, y luego en intervenciones en los Balcanes, sin que ello suscitara más protesta que el ritual paseo de monigotes del Tío Sam por parte de la extrema izquierda.

Entre aquellas guerras y la de Irak sucedieron los atentados del 11-S. Un miedo cerval se apoderó entonces de una parte de Occidente. Un temor que reflejó aquel infausto titular del diario de Prisa (El mundo en vilo a la espera de las represalias de Bush), y que se alimentaba de un inmoral y suicida desplazamiento de la culpa: la amenaza no eran los islamistas autores del horror, sino los yanquis que los provocaban. Venía siendo éste el cliché de que echaba mano la izquierda de cualquier lugar del globo, pero tras el 11-S se convirtió en best-seller. Fue el parapeto intelectual de un deseo de apaciguar al enemigo que emergió con fuerza comparable a la que había tenido frente a la Unión Soviética –gran impulsora del "pacifismo"– y antes, frente a Hitler.

Zapatero y sus incondicionales de la farándula y la tele, explotaron en España aquella oleada de pavor. La reorientaron de Bush a un Gobierno que no envió tropas a la guerra, pero apoyó la decisión de un aliado imprescindible. Quien crea a estas alturas que eran apóstoles de la paz y les importaba el sufrimiento de los iraquíes padece una ingenuidad incorregible. Nunca se oyó lamentar a ninguno de ellos las masacres perpetradas por Sadam. Algunos se fueron a Bagdad a respaldar al tirano. Las filas del noalaguerra se nutrieron del miedo. Del pánico a un nuevo 11-S que, mira tú por dónde, fue 11-M y ocurrió en España, ya sabemos cuándo. Una parte de los españoles culpó del atentado al Gobierno, como había culpado de los ataques del 2001 a los norteamericanos. Ahí terminó una historia y empezaba ésta en la que andamos o reptamos.

Bien mirado, la paradoja no es tal. Si la guerra de Irak tuvo consecuencias políticas en España fue, en buena medida, por el desinterés de la opinión pública por los asuntos mundiales. Se percibieron los peligros de asomarse al exterior y, en 2004, se decidió que no había que sacar la cabeza por la ventana. Es así que hoy nos podemos cocer en nuestra propia salsa.
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

UN CIUDADANO ALERTÓ A LA GUARDIA CIVIL
Hallan en Ciudad Real dos fiambreras con un temporizador y con un anagrama de ETA
Dos fiambreras con un temporizador al parecer con el anagrama de ETA han sido halladas cerca de un pantano en la provincia de Ciudad Real por un ciudadano que paseaba por la zona y alertó a la Guardia Civil. Según fuentes de la investigación, el hallazgo se produjo este miércoles por la tarde en las inmediaciones del pantano de Torre de Abraham entre las localidades de Piedrabuena y Retuerta.
EFE Libertad Digital 20 Marzo 2008

El ciudadano encontró una bolsa verde en cuyo interior había un aparato eléctrico y una sustancia en polvo, que podría tratarse de explosivo, de la que sospechó por lo que avisó a la Guardia Civil. Al lugar acudieron los Tedax para examinar el contenido de la bolsa, que ha sido trasladada a un laboratorio de Ciudad Real para su análisis.

La zona de monte donde aparecieron los explosivos está en el límite noreste del parque natural de Cabañeros y es un robledal muy transitado por senderistas, próximo a casas rurales, una capilla, una fuente, un observatorio de aves y un mirador paisajístico.

La gerente del complejo de casas rurales Horiagua, que se sitúa en el punto kilométrico 43 de la carretera N-403, Domin Gómez, ha explicado que no apreció la presencia por la zona de la Guardia Civil este jueves por la tarde. En este mismo sentido se expresaron varios de los clientes de la hospedería que hoy pasean por las inmediaciones. "Sorprendidos pero no asustados" han dicho que estaban, mientras han destacado la "total normalidad" en la zona pese al hallazgo.

Fuentes de la investigación antiterrorista han informado de que la carga explosiva (dos fiambreras y un temporizador, al parecer, con el anagrama de ETA impreso) fue retirada por agentes de los Tedax y está siendo analizada en la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real.

La zona, de monte bajo mediterráneo con muchos robles, tiene sendas que conducen a un manantial de agua potable y a una pequeña capilla religiosa adyacente. Por ello es habitual la presencia de senderistas en estas inmediaciones del parque natural de Cabañeros. También existe un cortado vertical en el que se sitúa un observatorio de avifauna y un mirador del paisaje de Cabañeros. La zona pertenece a la pedanía d

OBJETIVOS: ESTABILIDAD Y SEGURIDAD
Bernardino León sale a tapar la contradicción de Zapatero en Kosovo
Elsemanaldigital.com 20 Marzo 2008

Diversos diarios, incluido el de Prisa, señalaban este miércoles la incoherencia de nuestra política exterior, consolidando militarmente una independencia que el Gobierno rechaza.

Los graves incidentes del martes en Mitrovica entre manifestantes de la minoría serbia y las fuerzas de seguridad de la ONU causaron heridas al sargento de la Guardia Civil Miguel Ángel Movina, quien en un rasgo de heroísmo protegía la vida de un compañero ucraniano.

Este hecho ha disparado la atención de la opinión pública española en torno a la situación en Kosovo, región de mayoría albanokosovar -tras expulsar a miles de serbios- que proclamó unilateralmente su independencia de Serbia el 17 de febrero, y cuya región de Mitrovica -de mayoría serbia- plantea también ahora su secesión.

El País, ABC o El Mundo señalaban este miércoles la contradicción de la política exterior española de mantener un contingente que, en la práctica, está fortaleciendo las instituciones de Kosovo, cuando la posición del Gobierno, apoyado por el PP, es de rechazo a ese acto de independencia, que en España celebran los nacionalistas.

Bernardino León, al quite
De ahí que el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, haya dado a conocer un comunicado de su departamento intentando deshacer esa incoherencia: según el Ministerio, la presencia de tropas españolas en Kosovo y su intervención en los incidentes de los últimos días no tiene "nada que ver" con respaldar la independencia de ese territorio, sino con el cumplimiento del mandato de Naciones Unidas para preservar la seguridad de la población.

"El propio Ministro de Defensa serbio envió una carta al Secretario General de la OTAN en la que invitaba indirectamente a la OTAN a permanecer en Kosovo, pidiéndole que ayudara a garantizar la seguridad de la población serbia que vive allí", dice León para justificar la presencia de los soldados de la KFOR y los policías de la UNMIK.

Añade Bernardino León que esa necesidad es "especialmente sentida en estos momentos de grave tensión en la zona después de una declaración unilateral de independencia que España no ha reconocido". Por tanto la intervención de las tropas españolas en los incidentes de los últimos días "no tiene nada que ver con un supuesto respaldo a la independencia de Kosovo, que España no reconoce". De hecho, subraya, esos incidentes se han producido al norte de Kosovo, "donde prácticamente no existe presencia de las nuevas instituciones kosovares".

Cien militares en Mitrovica
Una compañía de militares españoles, formada por unos cien hombres, está desplegada desde el pasado lunes en la ciudad de Mitrovica, al norte de Kosovo, para ayudar a las fuerzas de la OTAN a frenar los enfrentamientos en la zona.

Según indicaron fuentes militares, en un principio este refuerzo español sólo dura hasta mañana, pero apuntaron que el devenir de la situación hará extensible dicho cambio en el cometido de España.

Estos efectivos españoles están incorporados en las fuerzas de la OTAN, junto con soldados franceses y belgas, que han decidido tomar Mitrovica tras los últimos altercados que se están produciendo a raíz de la declaración unilateral de independencia, que apoyaron Estados Unidos y Alemania.

En Kosovo, los militares españoles están asentados en Base España, en la localidad de Istok, al oeste de Mitrovica, y tienen como zona de actuación unos 470 kilómetros cuadrados en la comarca de Istok (norte de Kosovo).

Además, tienen un destacamento en el Valle de Osojane para dar protección a los refugiados serbios que han retornado a la zona.

En estos momentos se encuentra en Kosovo la Agrupación Táctica Ceuta (Kspfor XIX), que inició su misión el 16 de diciembre de 2007 y está formada por 585 militares, pero será relevada dentro de un mes por militares de la Comandancia General de Baleares.

La Sala de la Audiencia Nacional sí cree que es delito dedicar calles a terroristas
P. MUÑOZ. MADRID. ABC 20 Marzo 2008

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional considera en un auto de diciembre del año pasado que dar el nombre de un terrorista a una calle puede constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo. Los magistrados se pronuncian sobre un recurso que afecta al «caso Bultó», pero sin duda es relevante porque abre la vía a que se recurra la decisión del juez Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de no perseguir penalmente que se pusiera el nombre del pistolero etarra «Argala» a una calle de Arrigorriaga (Vizcaya).

El auto de la Sección Segunda revoca una decisión del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional que archivaba la denuncia interpuesta por la familia Bultó por la denominación de una calle de Santa Coloma de Cervello como la de Jaime Martínez Vendrell, un independentista catalán que participó en el asesinato del industrial José María Bultó.

El juez de Instrucción consideró que no se podía perseguir ese hecho penalmente porque había un «expediente administrativo previo» a la concesión de la calle, por lo que «no concurre una antijuricidad mínima exigible para perseguir penalmente» la decisión del Consistorio. La Sala corrige al instructor y considera que «siendo cierta la existencia del referido expediente administrativo, consideramos que, al menos en este momento, no es en sede de antijuricidad donde se ha de colocar la atención, sino en sede de tipicidad (...) y entendemos que en los hechos, tal y como se plantean, no puede descartarse, por ahora, una apariencia de relevancia penal».

«En efecto -continúa el auto-, el término enaltecer viene a significar tanto como ensalzar, exaltar o elogiar la memoria, en este caso, de una persona; ensalzamiento que se muestra de una forma tan patente y pública, como es asignando el nombre de una vía pública a esa persona, a quien es evidente que se escoge por sus méritos o cualidades, de manera que pudiendo ser esto así y resultando que aquella persona que ha sido elegida para dar nombre a la calle por sus méritos o cualidades ha sido condenada por un delito considerado como terrorista, es por lo que decíamos que en los hechos denunciados no cabe descartar la apariencia delictiva».

Pedraz justificó su decisión de archivo en que poner un nombre de un etarra a una calle es una decisión sólo «administrativa que compete a cada Ayuntamiento», por lo que si alguien no está de acuerdo «debe dirigirse al mismo solicitando lo que estime oportuno».
 

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