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Recortes de Prensa    Domingo 23 Marzo 2008

ETA no olvida, Zapatero tampoco
EDITORIAL Libertad Digital 23 Marzo 2008

En otros tiempos, un atentado como el perpetrado ayer en Calahorra habría suscitado una rápida y enérgica condena por parte del Gobierno. Además de acompañar a los más de 200 afectados, el Ejecutivo habría declarado su firme voluntad de acabar con los terroristas y advertido a los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado contra nuevos ataques. Sin embargo, nada de eso ocurrió ayer. Rodríguez Zapatero solventó la cuestión con la presencia del Secretario de Estado Ignacio Camacho, y el PSOE con un endeble y calculado comunicado que afirma que ETA "jamás va a imponer sus objetivos con la violencia". ¿Y si alguien le brindara la oportunidad de conseguirlos de otra forma?

Es preciso recordar que, además de negarse a corregir los gravísimos errores cometidos durante el llamando "proceso", los socialistas siguen posponiendo la moción de censura en el ayuntamiento de Mondragón, donde uno de sus militantes fue asesinado hace tan sólo 15 días. Asimismo, los mensajes lanzados desde el Gobierno en las últimas semanas en el sentido de que ETA ya está derrotada, resultan, a la vista de los hechos de ayer, poco más o menos que un sarcasmo. Setenta kilos de explosivo y una logística perfecta deberían bastar para poner fin al engañoso discurso sobre el supuesto fin de ETA.

Lejos de escuchar a las víctimas y a los partidos políticos (PP y UPyD entre otros) que en las últimas horas han hecho nuevos llamamientos al Gobierno para el establecimiento del consenso antiterrorista basado en la firmeza y en la aplicación de la ley, Rodríguez Zapatero y sus socios nacionalistas pasan de puntillas por estas cuestiones, reiterando su creencia en la quimera del diálogo para conseguir la paz, lo que a estas alturas se asemeja mucho a un acto de simple deslealtad. Algunos siguen actuando como si los últimos cuatro años no hubieran sido suficientes para desterrar el delirio de una ETA pacífica y democrática en pie de igualdad con el Estado de Derecho. En este sentido, el nuevo llamamiento del PNV a lo que en ese partido denominan "la libre decisión vasca" resulta cuanto menos una burla a los damnificados por las atrocidades perpetradas en nombre de esa mal llamada libertad.

Es por esto que, ante la debilidad y la falta de una política de verdad contra la violencia, lo más lógico para los criminales es golpear y amenazar de nuevo, cada vez más fuerte, para recordarle al Gobierno sus compromisos, alcanzados durante su negociación política y congelados tras las elecciones municipales del año pasado. Lo más normal es que los terroristas crean que, una vez conseguida un nueva victoria en las urnas, el Gobierno estará dispuesto a reiniciar ese proceso por el que hasta la fecha no ha demostrado arrepentimiento.

En definitiva, ayer el Gobierno del PSOE perdió una oportunidad de oro para demostrar, al menos con palabras, que la negociación con ETA fue un error, tal y como el mismo Rodríguez Zapatero reconoció de pasada durante la pasada campaña electoral. Sin embargo, la tibieza y el mal disimulado hastío que producen en algunas esferas del poder los atentados hacen temer que los socialistas buscarán el momento adecuado para retomar el "proceso" donde lo dejaron, y así abrir una nueva brecha en la sociedad española. ETA no olvida, Zapatero tampoco.

Juegos del PNV, con ETA al fondo
Editorial ABC 23 Marzo 2008

EL PNV celebra hoy su «Aberri Eguna», o «Día de la Patria Vasca», en medio de una táctica improvisada de recolocación política, provocada por el revés sufrido en las urnas el 9-M y con el último atentado de ETA como recordatorio de que la única carencia de la democracia en el País Vasco no es el derecho a decidir -que reclaman al unísono los terroristas y demás familias del nacionalismo-, sino la falta de libertad y el terror etarra, como el pasado viernes puso de manifiesto el salvaje atentado en Calahorra, nueva «invitación» de la banda para abrir un nuevo proceso de negociación. Este es el conflicto vasco y no otro, aunque el PNV pretenda hacer creer que su retroceso electoral es sinónimo de «bloqueo» político.

Los nacionalistas obtuvieron seis escaños, uno menos que en 2004, y poco más de 300.000 votos, con una pérdida de más de 100.000 respecto a las anteriores elecciones. El gran beneficiado ha sido el PSE, con nueve diputados y un gran aumento en votos, datos que podrían consolidarse si el lendakari mantuviera el calendario que anunció el pasado año y convoca elecciones autonómicas anticipadas para el próximo otoño. Nada de lo que sucede en el PNV representa novedad alguna, ni hay que confiar en que la aparente moderación de su actual presidente, Iñigo Urkullu, signifique algo más que una terapia retórica para encajar el golpe electoral. La capacidad del PNV para cambiar según las circunstancias está suficientemente acreditada: ha sido capaz de gobernar en coalición con los socialistas hasta 1998, pactar la investidura de Aznar en 1996 y, en paralelo, cerrar con ETA el acuerdo de Lizarra. Ahora, la mano tendida de Urkullu a Zapatero es más por necesidad que por virtud, y se mantendrá en la medida en que permita al PNV mantener el statu quo actual, el único objetivo que mueve a los nacionalistas.

El cambio de lenguaje constatado en el discurso de Urkullu no representa una rectificación de la política nacionalista, aunque algo tendrá que hacer para recuperar electorado. No han pasado ni 48 horas desde que Urkullu insinuara que el plan soberanista del lendakari era ajeno al PNV y balbuceara una tímida versión del «Discurso del Arriaga», pronunciado por Arzalluz en 1988, y Egibar ya ha puntualizado que las consultas autodeterministas anunciadas por Ibarretxe están avaladas íntegramente por la ponencia política del partido y hoy no sufrirán ninguna desautorización en el «Aberri Eguna». La simulación de nuevos tiempos se acabó en cuanto apareció Egibar, devolviendo las cosas a su estado natural: en el PNV no hay moderados -los echan- y la posibiliad de pactar con el PSOE siempre estará condicionada a que todo siga igual. Es hora también de que los socialistas entiendan esta forma de ser de los nacionalistas vascos y dejen de atribuir el plan del lendakari a la etapa de intransigencia de Aznar. Precisamente ha sido con Zapatero cuando el PNV ha extremado sus planteamientos y actitudes, como lo prueba que Imaz accediera a la presidencia del partido cuando gobernaba el PP y haya sido defenestrado en tiempo de Zapatero. Las razones pueden ser muy diversas, pero la principal es que el primer mandato de Zapatero ha premiado a los extremistas frente a los moderados, quienes siempre se han quedado en fuera de juego ante la opción del PSOE de tantear a Batasuna, en el País Vasco, o pactar con ERC, en Cataluña.

De la tensión dialéctica entre PSE y PNV de estos días, lo que menos importa es la aparente firmeza de los socialistas: lo relevante es saber si el PSE está dispuesto a emplear su mayoría política para cambiar el País Vasco o para dejar las cosas como están, ahora que vuelve a no caber duda sobre la convergencia de objetivos entre ETA y el PNV. Es evidente que los pactos con los nacionalistas sólo han servido para afianzar el régimen abertzale. Con este PNV tan radical y extremo y con el Gobierno de un lendakari lanzado a la carrera de las consultas soberanistas, el PSE ya ha pactado los presupuestos de 2008 para el País Vasco, ha entregado la Diputación de Alava al sector más integrista del nacionalismo -pese a la clara mayoría formada por PSE y PP- y acaba de cerrar un incomprensible acuerdo para el reparto del poder político en las cajas vascas. Entre ser un motor de cambio radical o un comodín del inmovilismo nacionalista, los socialistas vascos tienen antecedentes de sobra para tomar la primera opción, pactar una política autonomista con el PP y, llegado el momento, formar una mayoría no nacionalista en el País Vasco.

¿Qué busca ETA?
Roberto Blanco Valdés La Voz 23 Marzo 2008

Hay un hecho nuevo en la táctica de ETA que a ustedes, como a mí, les habrá llamado profundamente la atención: que los terroristas combinen atentados mortales, como el que hace 16 días le costó la vida a Isaías Carrasco, con otros que terminan por no serlo porque así lo deciden los propios terroristas. ¿Qué habría pasado el viernes en el cuartel de la Guardia Civil de Calahorra, y en las casas colindantes, si ETA no hubiera avisado de la colocación del coche bomba? Pues quizá que, por desgracia, hoy estaríamos celebrando los funerales por las víctimas mortales de la última fechoría de esos criminales.

Esa táctica es nueva porque, hasta la declaración del último alto el fuego, ETA seguía alternativamente dos diferentes líneas de actuación: o cometía atentados (tanto más efectivos para su objetivo de presión cuanto más sanguinarios y brutales) o abría una tregua, que aprovechaba para aprovisionarse y reforzar su aparato delictivo.

Cada una de esas dos líneas de actuación respondía a momentos diferentes de una única estrategia criminal: la de buscar la negociación con el Gobierno, descartada, por delirante, toda pretensión de ganarle la partida por la mera fuerza al Estado democrático. Así, cuando ETA ha pretendido acumular capacidad de presión para forzar conversaciones, ha matado sin piedad (¡incluso niños!) y cuando se ha sentado a negociar ha declarado treguas durante las cuales ha dejado de matar.

Hasta la última tregua. Y es que, durante ella, el Gobierno de Zapatero permitió a ETA lo que ningún Gobierno le había permitido: negociar al mismo tiempo que mataba. El presidente lo reconoció así cuando, dando por buenas las informaciones que lo acusaban de haber mentido previamente, admitió haber seguido negociando con ETA después del atentado de la T4, que costó la vida a dos personas.

Resulta, en consecuencia, verosímil pensar que ETA, segura ya de que Zapatero volverá a ser presidente del Gobierno, considera posible volver a lo de antes: asesinar hoy y avisar mañana de que no se ha matado más porque no se ha querido hacerlo así. Es decir, presionar a favor de la negociación amenazando con la muerte y, al mismo tiempo, asesinando para hacer más creíbles de ese modo tan execrables amenazas.

Por eso es ahora -y no cuando, hace unas semanas, había que ganar las elecciones- cuando el Gobierno tiene la obligación de proclamar que «bajo ninguna condición volveremos a negociar con ETA». Así lo afirmó la vicepresidenta De la Vega en una entrevista publicada el 23 de febrero pasado en un diario de Madrid. Pues bien: eso, y no otra cosa, es lo que todos deberíamos oír cada vez que se cometa un atentado. Para que lo sepa ETA y no lo olvidemos los demás.

Obligada clarificación
Editorial El Correo 23 Marzo 2008

El atentado de ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Calahorra, dos semanas después del asesinato de Isaías Carrasco y de las elecciones generales, constituye una descarnada constatación de cuáles siguen siendo los propósitos de la organización terrorista en el arranque de la nueva legislatura. Los 70 kilos de explosivos con los que reventó el coche bomba sólo podían perseguir la mayor destrucción posible. La celeridad en acordonar la zona, muy transitada por la festividad de Viernes Santo, evitó consecuencias que podían haber sido irreparables, lo que no resta un ápice de gravedad a la conmoción sufrida por las cuarenta familias desalojadas de sus viviendas, por la pareja secuestrada para robarle el automóvil y por todos los vecinos de la localidad riojana. La coincidencia de la última acción criminal con el segundo aniversario de la declaración de tregua confirma con nitidez que la intención de la banda no fue renunciar a las armas y sí volver a empuñarlas salvo cesión a sus inaceptables exigencias.

Frente a la obcecación criminal de los terroristas, y también ante quienes aún confían en la recurrente apuesta por la vía dialogada, el nuevo Gobierno de Rodríguez Zapatero no puede ofrecer otra respuesta que la intensificación de los mecanismos del Estado de Derecho para procurar la pronta desaparición de la banda. Su escalada violenta fuerza al Ejecutivo a situar la lucha antiterrorista como una prioridad en la legislatura entrante, y de manera muy distinta a como lo fue en la anterior. Una prioridad que el presidente no debería soslayar, por tanto, en la política de alianzas que trate de tejer de cara a su investidura, singularmente en lo referido al PNV. La celebración hoy del Día de la Patria Vasca se presenta para el partido de Urkullu y el conjunto del nacionalismo como una cita ineludible para clarificar sus posiciones tras el revés del 9-M. Hasta ahora, ni las declaraciones del lehendakari, ni las de dirigentes como Joseba Egibar, ni tampoco el contenido del manifiesto elaborado con motivo del Aberri Eguna permiten inferir que la dirección peneuvista haya interiorizado su desgaste electoral como una advertencia sobre los riesgos que comporta el escoramiento soberanista. Al contrario: la pretensión de compatibilizar en su discurso la apuesta por el pacto con Madrid con la reivindicación de la nación vasca como sujeto de derechos políticos delimita el modelo de renovación estatutaria que propugna el PNV, que no es otro que aquél que asuma la capacidad para decidir y la bilateralidad con el Estado. Pero esa aspiración significaría tanto como ofrecer al Gobierno una reconsideración de la consulta de Ibarretxe exigiéndole, al tiempo, que acepte los presupuestos de la misma, como fruto de una pretendida voluntad mayoritaria identificada con el nacionalismo.

Nacionalistas y separatistas sacan brillo al cazo.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 23 Marzo 2008

A Zapatero no le va a salir gratis la investidura, como no le ha salido gratis a ningún presidente anterior necesitado de los votos de los nacionalistas y separatistas. Pensándolo bien lo que acabo de decir está mal planteado ya que debería haber dicho que a los españoles no nos va a salir gratis la investidura de Zapatero, seremos los paganos. Los nacionalistas catalanes del Partido Socialista Obrero Español que ha ganado las elecciones en Cataluña le van a pedir al Partido Socialista Obrero Español mas dineros, o como ahora se dice una nueva financiación, para dar su apoyo a su propio candidato, que eso ya tiene bemoles y hasta sostenidos. El PNV en cambio dice que no va a pedir gran cosa solo el derecho a la autodeterminación, que para no acojonar mucho al personal se llama de momento derecho a decidir.

Si la cosa la tiene que hacer Zapatero con otros nacionalistas o separatistas tipo CiU, ERC, BNG etc los cazos que le van a poner no variarán mucho en diseño ni en exigencias para ser llenados y solo pueden ser llenados con dos cosas, o pasta gansa o mas competencias.

En este mundo de dudas e inseguridades personales yo tengo solo dos o tres cosas claras y que ya sin indubitables y una de ellas es el hecho de que los nacionalistas y separatistas españoles, de momento, nunca tendrán hartura en sus exigencias, reivindicaciones de dineros y competencias. ¿Recuerdan ustedes cuando Zapatero nos dijo, muy satisfecho él, que con la firma del estatuto catalán la cosa esa de la presión nacionalista se había terminado por varias generaciones?. Ya conocemos las habilidades premonitorias de nuestro futuro presidente, pero es que en eso no hizo un pronóstico lo que elaboró fue una más de sus mentiras, el sabía y sabe que ni siquiera dándoles la independencia dejarían de pedir y reivindicar, pero ahí tienen a sus propios compañeros de partido en Cataluña reclamando ya una nueva financiación.

Yo había pensado que sería hacerles una buena jugada a esos pedigüeños irredentos el que el PP se abstuviese en la investidura para que Zapatero no necesitase pagar ya de entrada, pero la verdad es que viendo lo que hizo la pasada legislatura de pagar por cada prestación de lo separatistas nacionalistas, como en lo de la reprobación de su ministra de Obras Públicas o Fomento, que ya ni sé como se llama esa cosa, me huelo que hasta saldría mas caro.

Los nacionalistas separatistas la verdad es que lo tienen chupao, creo que ni tendrán que presionar ni hablar mucho con Zapatero, solo les bastará sacar brillo al cazo, para que se vea bien, y ponerlo delante de las narices presidenciales.

Y menos mal que Zapatero y sus chicos insisten en que no van a negociar con ETA, lo que significa que están negociando con ETA pero dirán que están negociando con ETA dentro de unos meses, porque la historia hasta ahora es cruel con Zapatero, desde hace 5 o 6 años cada vez que ha dicho que no estaba negociando con ETA estaba negociando con ETA y esta vez no va a ser menos. Pues bien, solo decir que el cazo al que le está sacando brillo ETA es tal vez el que tengamos todos claro de antemano como se llena.

Zapatero saldrá de Doñana con su Hoja de ruta al infierno remasterizada.

No me vengan con bromas
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 23 Marzo 2008

Unas elecciones son lo mismo que una juerga. Tras la tensión, tras el vértigo, viene la resaca. ¿Qué pasa durante la resaca? Que se piensa lento y, sobre todo, de forma desparramada, como si el cerebro hubiera abandonado su posición habitual y anduviera paseándose por la periferia.

El caso es que se están oyendo, por aquí y por allá, especies extrañas. A principios de semana, en Telemadrid, unos cuantos periodistas de confesión o inclinación socialista expresaron la certidumbre de que el PSOE abrirá una etapa de colaboración con el PP sobre los grandes temas de Estado.

No se habló de pactos sino más bien de buena voluntad, lo que no deja de resultar significativo, por las razones que dentro de un rato diré. Un redactor de «La Vanguardia» agregó que el electorado había castigado los extremismos y emitido el mensaje de que es preciso que los grandes partidos se entiendan. Malicio que el redactor había interpretado el vaciamiento de ERC en beneficio del PSC apelando a una analogía termodinámica: la clientela republicana se había templado, es decir, había adquirido la temperatura del socialismo catalán. Esta analogía es arbitraria, o admite una lectura inversa. Nada impide explicarse el proceso cambiando el orden de los factores: ha subido la temperatura del PSC, y por eso mismo el voto caliente de origen republicano ha podio aclimatarse en aguas socialistas.

Se respiraba, en todo caso, un ambiente de conciliación y borrón y cuenta nueva. Este estado de ánimo contaminó el área de opinión popular. Dos o tres días más tarde, distinguidos analistas de inclinación conservadora dedicaron buena parte de su espacio radiofónico a un posible «pacto de caballeros» entre el PP y el gobierno futuro. Los pactos de caballeros son de carácter informal: se fundan sobre la confianza que inspira la otra parte, no sobre garantías ejecutables si el asunto no se desarrolla según lo previsto.

Ahora bien, resulta obvio que Zapatero es la persona del mundo peor emplazada para presidir un arreglo de este tipo. Ha engañado al PP; ha engañado al PSC; ha engañado a CiU. Sobre todo, ha engañado al pueblo español, lo mismo en el Parlamento que a través de declaraciones públicas. En vista de todos estos precedentes, me causa estupefacción que haya vuelto a instalarse en zonas de la opinión un discurso risueño. Y también me ocasiona desazón, puesto que demuestra que seguimos sin medir la gravedad de los hechos ocurridos.

Los españoles, sencillamente, insistimos en no darnos cuenta de que no es normal que el máximo responsable político se ponga a hablar sobre la Constitución con una banda terrorista, amén de separatista, al tiempo que oculta esa circunstancia a los ciudadanos. No registramos la enormidad ni abandonamos nuestras rutinas, que es una manera como cualquier otra de metabolizar, con cara de alegría, una enfermedad que exigiría ser tratada en una clínica de urgencia. Sea como fuere, estas epifanías color de rosa se van a quedar en nada, por motivos varios.

El primero, es que el PSOE no busca un acuerdo. Lo revelan los movimientos iniciados por Conde-Pumpido para desplazar al juez de instrucción por fiscales, sujetos a consignas del Gobierno. La iniciativa sólo se explica suponiendo que aquél contempla una etapa procelosa, en que habrá que forzar muchas manos y violentar el espíritu, y aun la letra, de la Constitución.

Tenemos después el hecho de que Zapatero no puede permitirse que naufrague el «Estatut», recurrido por el PP. No puede correr ese riesgo, porque él lo ha apadrinado, y sobre todo, porque no lo toleraría el PSC, que es el que ha salvado los muebles de la quema. La deriva confederal adquirirá ímpetu y surtirá efecto en esta legislatura, y se verá impulsada por las concesiones que el PNV medita y que el Gobierno estimará más cómodo aceptar que contener. Lo del borrón y cuenta nueva es una broma que no resiste la prueba del algodón.

¿Por qué nos está distrayendo la broma? Porque la inflexión económica que no era patriótico llamar «crisis», ha resultado ser una crisis de caballo. Tendrán que quedarse en papel mojado las incalificables ofertas que se hicieron en sazón electoral, y el trago será menos duro si la oposición no se pone difícil. No creo que la cosa dé más de sí.

 

Principios, estéticas y patrias
CARMELO BARRIO BAROJA El Correo 23 Marzo 2008

Las elecciones en democracia, cualquiera que sea el destino y el objeto de su convocatoria, nos enseñan muchas cosas y, sobre todo, de aquéllas emergen conclusiones que no pueden pasar desapercibidas y sólo formar parte de la constatación de un simple resultado cuantitativo. Nos tienen que hacer reflexionar y, de ese análisis, sacar lecciones que incidan en la mejora de la convivencia, desde los principios que cada uno, persona, partido o colectivo ciudadano, defiende. Los de la patria vasca tienen una buena oportunidad para ello.

Y estos últimos comicios en España nos han dicho que el Partido Socialista ha ganado, y hay que felicitar al ganador. También han sido unos buenos resultados para el Partido Popular, que ha sumado un mayor número de votos (400.000) que ninguna otra formación política, con un mayor porcentaje y más escaños (6) que los obtenidos en 2004, siendo la primera fuerza parlamentaria en el Senado de la nación y afianzando posicionamientos territoriales de liderazgo institucional incuestionable. No es suficiente, pero ahí están los datos.

Nos han dicho los votantes que los nacionalismos y la izquierda radical están de capa caída, que no conectan con las inquietudes de los ciudadanos y que albergaban votos y actitudes de apariencia estructural, pero que pueden ser utilizados para dar utilidad a posturas 'anti' más que para concentrarse en fortalecer el proyecto que tratan de representar. Por primera vez hemos visto claro, pues, que el voto a estas formaciones que han apostado por la ruptura institucional, el desbordamiento constitucional y por la desmesura política, actitudes antimonárquicas o antioccidentales, ha recibido una potente ración de contestación en forma de fuga de apoyos ciudadanos. Es el momento de mayor fragilidad nacionalista de la historia democrática española y esta circunstancia debería ser clave para abordar con responsabilidad y firmeza un proceso de fortalecimiento institucional del Estado.

Y está claro que esos votos que el Partido Socialista ha logrado distraer y arrebatar a quienes han sido sus aliados parlamentarios en la anterior legislatura, y que lo son de manera activa en determinadas realidades territoriales, se han rentabilizado en su beneficio para frenar el avance inexorable y decidido del Partido Popular.

En estas elecciones no ha ganado la consecuencia de una buena y responsable acción de un gobierno sólido, ni la conexión de un proyecto con las necesidades futuras de una sociedad, ni siquiera el fortalecimiento de la idea de España moderna o 'progresista'. Lo que ha vencido en las urnas es el cultivo que han hecho muchos de su confrontación con el principal partido de la oposición y que se ha aglutinado y encontrado un cauce de expresión en un proyecto político que se ha esforzado por acercarse más al filonacionalismo, al marginalismo y a la alternativa radical que al centro político y a la estabilidad. Ésta es otra de las claves de que la alternativa al proyecto Zapatero, que sólo representa el PP en España, empezara a fortalecerse el mismo día de las elecciones salvo una improbable nueva ciaboga estratégica de los socialistas sobre el planteamiento político de la anterior legislatura.

Por ello hay que valorar la capacidad de los socialistas de demostrar de una manera práctica y gráfica la endeblez y la fragilidad de lo que parecía imposible de desarmar. Muchos han teorizado y han hecho constataciones en torno a la irreductibilidad electoral de los planteamientos nacionalistas en España. Se ha hablado mucho de las situaciones políticas en las que el empate infinito, la cuestión nacional vasca (nuestro caso), el contencioso y el conflicto se instalaban como inevitables. Y la verdad es otra muy distinta. El reto de este momento político debería ser aprovechar ese desenmascaramiento para debilitar estructuralmente a los nacionalistas en consonancia con la necesidad del fortalecimiento del Estado constitucional.

Por primera vez de una manera objetiva y nítida los votos abertzales en el País Vasco han salido del armario y se han posicionado fuera del marco que los albergaba con anterioridad. Pero han buscado una buena razón, y el PSE se la ha dado. Una estética y un transfondo nacionalista, la negociación política con ETA, la disposición permanente al apoyo parlamentario al Presupuesto de Ibarretxe (tres años de apoyos de López a los Presupuestos del PNV en sede parlamentaria), el apartamiento de la idea de España como clave política de un partido nacional y el afán por aislar al PP y su discurso constitucionalista, o, en el caso vasco, estatutario. Estas características del discurso y a estrategia del Partido Socialista de Euskadi han quedado claras y con ellas han logrado pescar en el caladero nacionalista.

Total, que a los indecisos, ese magma desconocido y oculto que obsesiona a los responsables y asesores de campañas electorales, hay que buscarlos, aparte de en la abstención, entre los votantes habituales de los partidos nacionalistas. Hoy en Euskadi los conceptos indeciso y tripartito forman un binomio que ha tenido un reflejo político en dos derivadas, la abstención y el voto al PSE. El plan de Ibarretxe se ha convertido en elemento desestabilizador, por supuesto, ése era su objetivo, pero también desmovilizador y de confusión (de indecisión). Ha desorientado a buena parte del electorado nacionalista y lo más curioso es que lo sigue haciendo si se analizan los discursos de Urkullu, Azkarate o Erkoreka. Líderes hablando lenguajes distintos proyectan un Aberri Eguna de crisis que o es de confrontación, dudosa opción, o es de más confusión por la falta de referencias uniformes. El día de la patria vasca, mirando desde el PNV a ver qué hace Zapatero para arreglarle el problema. Curiosa circunstancia.

En este escenario complicado de trasvases de votos y utilidades y aprovechamientos electorales, también de discursos mediáticos o de ciabogas políticas consolidadas, ya se pueden observar algunas referencias palpables. El nacionalismo espera la salida estética que les dé Zapatero a sus errores en un próximo encuentro. Mientras tanto, el aval lo sigue teniendo la 'hoja de ruta' de su retroceso electoral. Y en este contexto las elecciones en octubre, deseadas por el PSE y previstas por Ibarretxe, se han convertido en el mayor problema operativo de los jeltzales.

El PSE sigue orientando sus miradas en la dirección marcada durante los últimos años por Ferraz y avanza hacia la reforma del Estatuto de Gernika utilizando la justificación de neutralizar la propuesta Ibarretxe, pero siendo coherente con su estrategia filo-nacionalista y de acomodo estratégico a las políticas que en los últimos tiempos ha liderado el PNV. No dice nada de la futura negociación con ETA, no renuncia a ella y, sin duda, responderá a los votos nacionalistas obtenidos con más cesiones estéticas y políticas. Es más, el PSE se ha permitido ya construir un pacto de fondo nacionalista en torno a la Caja Vital y a su disolución contra la mayoría del sentir alavés. Asistimos a la segunda parte de la pinza PNV-PSE, antes lo fue la Diputación de Álava, entregada al PNV más débil de la historia, ahora le regalan la fusión al gusto de Sabin Etxea.

El Partido Popular tiene pues un camino claro que recorrer. La defensa de la Constitución española, de nuestra realidad foral y del Estatuto de Gernika se unen a la derrota de ETA y al trabajo desde Euskadi por la construcción de una España fuerte, y marcan una línea a seguir perfectamente definida y trazada en la que hay que incidir, con más acierto seguramente, pero con los mismos principios y convicciones que hasta ahora. Un apartamiento de este camino sería un error y un factor de confusión.

También el PP del País Vasco tiene espejos en los que mirarse para mejorar y están en nuestra propia casa. En comunidades como Madrid, Murcia o Valencia camina con paso decidido y firme. Se ha convertido en referencia ciudadana de gestión para la solución de sus problemas y, sobre todo, en ellas el compromiso constitucional supraterritorial preside la acción política de sus gobiernos. No hay que buscar fórmulas raras, alternativas partidistas o identidades nacionales, España es algo más que la suma de realidades territoriales y nosotros tenemos que seguir trabajando por que el fortalecimiento de España vaya más allá que la situación coyuntural o postelectoral de sus partes.

PNV y bloqueo mental
GERMÁN YANKE ABC 23 Marzo 2008

Si contemplásemos las cosas que pasan en España desde un sillón Voltaire, como diría Alfredo Bryce Echenique en su mejor momento, lo del PNV resultaría divertido, su habilidad -digo- para dar la vuelta a la tortilla, aunque lleve tiempo rompiendo todos los huevos, ante la bobalicona fascinación de medio país. Resulta que Ibarretxe hizo público su Plan y recibió un varapalo en las autonómicas. Pero al tortazo no siguió la rectificación, sino el empeño de salirse con la suya como si nada. Tras el Plan, un «nuevo» proyecto de autodeterminación con el que el lendakari se ha pasado la última campaña dando la murga. Y nuevo batacazo en las generales perdiendo más de 120.000 votos, con el añadido del drama de sus socios: EA queda fuera del Congreso y la versión vasca de IU, igualmente castigada, contribuye al descalabro nacional de la coalición con el descubrimiento de que tenía un acuerdo con ANV en Mondragón, escenario del asesinato del socialista Isaías Carrasco.

Ahora resulta que la propuesta de autodeterminación es una oferta «institucional» del Gobierno vasco para ser negociada entre el lendakari y Zapatero mientras que hay otro ámbito distinto, el de los partidos, en el que el PNV espera alcanzar un acuerdo con el PSOE para «desbloquear» la situación. Lo que se ofrece no es renunciar a la consulta, ni oponerse a ella si fuese, como a veces se quiere presentar, algo sólo de Ibarretxe y no del PNV, sino negociar los plazos de esa «hoja de ruta» a cualquier parte salvo un destino democrático. La táctica del PNV ha sido pedir un acercamiento a los demás, aunque no se llegase a coincidir con ellos y, después, pedir otro y otro aduciendo que no se pretende que se le dé del todo la razón. La estrategia se completa ahora con más cara dura: se plantea un referéndum ilegal y estrambótico y se ofrece modificar los plazos para el «desbloqueo».

El único bloqueo en esta historia abracadabrante, porque por desgraciada la padecemos y no podemos contemplarla con la distancia del sillón Voltaire, es el de algunas mentes. En primer lugar, la del propio nacionalismo vasco que, en la ensoñación de un «pueblo», que al parecer sólo ellos representan, quiere terminar con el concepto de ciudadano. Pero también el de tantos ingenuos que, a su alrededor, se han creído la historieta de que hay que acercarse a ellos y los beneficios de la «transversalidad», algo que, como se ve, sólo juega cuando la necesita el PNV.

Recordemos 2001, cuando parecía que PSOE y PP podrían gobernar en el País Vasco. Surgieron, en el nacionalismo y fuera de él, los defensores de la «transversalidad» entre nacionalistas y no nacionalistas por el bien de la convivencia. Ganó en el PNV y nadie la reclamó: los nacionalistas podían gobernar solos por decisión democrática. No se podía esperar, a estas alturas, que el PNV repasara su historia y rectificara su dogmatismo. Pero sí que en el socialismo español, y en el vasco en concreto, se diera más firmeza ante la reiterada propuesta de proyectos antidemocráticos.

Pues ahí están: unos diciendo que siempre quisieron el entendimiento con el PNV, como si tal vaciedad fuese un objetivo de los grandes teóricos del socialismo democrático; otros balbuceando que podría ser un buen socio para la investidura e iniciando una absurda negociación; aquéllos adelantándose a plantear una reforma del Estatuto para conseguir una sonrisa nacionalista. Por no citar a tanto socialista vasco acomplejado, como si su triunfo electoral fuese una desmedida y coyuntural punzada al PNV, fijémonos en López Garrido que se despide como portavoz parlamentario alabando el realismo de Iñigo Urkullu. Habrá que empezar a asustarse porque parece que los que están en el sillón Voltaire, y amodorrados, son los socialistas.

Mondragón no es Ermua
FERNANDO MAURA El Correo 23 Marzo 2008

Los seres humanos adornamos con ritos preconcebidos nuestros acontecimientos sociales. Las diversas confesiones religiosas tienen establecidas las ceremonias que les acompañan desde su nacimiento -el bautismo- hasta su muerte -el funeral-. Ritos que van con nosotros en los momentos más importantes de nuestras vidas y respecto de los cuales la sociedad observa atentamente el grado de su cumplimiento: ya no se trata de si aquella persona se comporta de manera más o menos religiosa -los tiempos han cambiado bastante en este sentido-, lo que no se le puede permitir a nadie es que sea asocial.

León Felipe decía que son los cuentos los que, incansables, acompañan a las personas. ¿Son los ritos unos cuentos? Es posible, siempre que carezcan de contenido: un matrimonio de conveniencia, por ejemplo, no es sino una impostación. Pero hay ritos que la sociedad crea prescindiendo de la confesión religiosa que corresponda. Se pretende que sean integradores y respetuosos de las convicciones personales de cada uno. En el País Vasco existe un elaborado rito que se refiere a los supuestos de atentados terroristas. Se sabe dónde se concentra uno y a qué hora desde que se conoce la noticia, se asiste a los servicios religiosos o a los oficios civiles y se convoca una gran manifestación que cierra el episodio. Los hay también para los aniversarios, en el caso de los muertos de partido, recordados por sus compañeros y simpatizantes con misas y/u ofrendas florales que congregan a un reducido público.

Son positivos los actos rituales, sin duda. Nos ofrecen un marco de seguridad en el que podemos ejercer nuestro derecho a la dignidad y al civismo. Pero no deben quedar carentes de un profundo sentimiento: el dolor; la rabia, a veces incontenible; la exigencia firme a los partidos para que actúen de una determinada manera...

Pero Mondragón no es Ermua, donde quienes llegábamos desde fuera para velar el cadáver de Miguel Ángel Blanco éramos sólo testigos de la noble ira -¿'Dies irae'?- de todo un pueblo. En Mondragón fuimos protagonistas los forasteros. Ocupamos el escenario de sus calles durante apenas un par de horas antes de abandonarlo. Nadie más pareció seguir nuestra marcha, no sonaban aplausos desde las ventanas, nadie arrojaba flores ni se sumaba a la comitiva. Se lo dije a la ministra de Fomento, que caminaba a mi lado durante un trecho de la manifestación. «Es tan diferente a otros casos», dijo asombrada.

Eso sí. Los vivos nos contamos a los vivos con delectación digna de mejor causa: '¿Dónde estará fulanita?'. '¿Has visto a Juanito? ¿No? Pues yo tampoco'. Y nadie faltó, desde el lehendakari que caminaba maquinalmente sobre el empedrado de Mondragón, hasta el último de los militantes socialistas venidos de no se sabe dónde. Y el que no pudo llegar deberá justificar su ausencia por razones de fuerza mayor o disponer de certificado médico acreditativo del impedimento causante -allí estaba también nuestro doctor entre los doctores, el consejero de Sanidad-.

Mondragón no es Ermua. Mondragón vive gobernada por el terror de un Ayuntamiento dirigido por los compañeros de quienes descerrajaron los tiros sobre Isaías Carrasco, una 'lista limpia' que dejara pasar el fiscal general por motivos de 'oportunidad política'. Y las palabras suenan huecas y los compromisos parecen vacíos si no hay un calor humano que los envuelva, los invada y los impulse.

Desmontado el tinglado del artificio, algunos se fueron a los autobuses, otros se dirigieron a la casa del pueblo a tomar un refrigerio -aunque no sabían siquiera dónde estaba-. Yo tuve que esperar a la puerta del aparcamiento, de donde se escapaban tres docenas de coches oficiales que huían de la dictadura del miedo hacia espacios en que se disfruta de una mayor libertad. ¿Más libres que Mondragón? No es difícil encontrarlos.

Trasvases cuando conviene
Editorial ABC 23 Marzo 2008

INFORMA hoy ABC, con todo detalle, de los planes de la Generalitat catalana en materia de política del agua, anticipados ya hace unos días desde estas mismas páginas. La naturaleza no entiende de competencias exclusivas, ni de estatutos para complacer a los socios radicales. El caso es que la sequía alcanza de lleno a Cataluña y el Ejecutivo que dirige José Montilla ha tenido que rescatar algunos proyectos que se parecen sospechosamente al Plan Hidrológico Nacional diseñado en la etapa de José María Aznar.

Como la palabra «trasvase» está mal vista después de tantas críticas demagógicas, la burocracia autonómica ha encontrado la expresión «captación provisional» para denominar la traída de aguas desde el Segre al Llobregat con el fin de abastecer al área metropolitana de Barcelona, sin descartar otros proyectos relacionados con el canal de Urgell y otras posibilidades. No es cuestión de complicarse la vida cuando la situación amenaza ya al consumo humano, de modo que, si hace falta, se copian sin pudor los proyectos que pretendía desarrollar el PP y que fueron boicoteados por una campaña impulsada desde el PSOE y el propio tripartito. En definitiva, la Generalitat está pensando seriamente en realizar tres trasvases encubiertos del agua del Ebro y, a mayor abundamiento, utiliza para ello competencias que le atribuye el polémico estatuto catalán, pendiente todavía de la sentencia del Tribunal Constitucional, en virtud de recursos no sólo planteados por la oposición, sino también por las comunidades de Aragón, Valencia y Murcia.

El sistema autonómico establecido por la Constitución sólo puede funcionar cuando se da prioridad al interés general y se aplica con rigor el principio de solidaridad. Por tanto, es incompatible con una visión estrecha y partidista que culmina en egoísmos insolidarios y provoca enfrentamientos entre territorios. El agua es un recurso escaso en España, cuyo aprovechamiento no puede depender de las coyunturas políticas circunstanciales. Rodríguez Zapatero utilizó las críticas al PHN para ganar votos en Aragón y complacer a sus aliados en Cataluña. Cuando le conviene, invoca la solidaridad para el envío de agua desalinizada desde Almería a Cataluña y abre o cierra el trasvase desde el Tajo al Segura. En cambio, nunca tiene tiempo para atender las necesidades inaplazables de diferentes zonas del Levante español, que le son poco propicias electoralmente. Ahora resulta que es el propio tripartito quien desea poner en marcha algunos aspectos del PHN. Sin embargo, nadie espera que el líder socialista se oponga a las intenciones del PSC, al que debe buena parte de su éxito en las urnas.

Cataluña y el PP de Rajoy
M. MARTÍN FERRAND ABC 23 Marzo 2008

CUANDO hablamos del «problema catalán», que es sÓlo una parte del inmenso problema español, son muchos quienes se remontan a Wifredo I el Velloso y a los condados de Urgel y Cerdaña. La historia que nos afecta tiene un arranque mucho más próximo. Comienza diez siglos después, cuando, a finales del XIX, Valentí Almirall deserta del federalismo republicano para impulsar el catalanismo. Bonaventura Carles Aribau, ¡que había fundado en Madrid, con Manuel Rivadeneyra la «Biblioteca de Autores Españoles»!, cuando redacta su Oda a la Pátria, el himno fundacional del fenómeno, lo hace en lemosín -en llemosí soná meu primer vagit, / quan del mugró matern la dolca llet bevía...- porque en aquellos tiempos, germinales de La Renaixença, los catalanes más fervorosos de serlo, tal que Manel Milá Fontanals o Joaqim Rubio Ors, decían hablar el dialecto provenzal propio de la región de Limoges.

El Centre Catalá de Almirall ya impulsó un maridaje, esencial en la definición el catalanismo vigente, en el que la defensa de la cultura y la lengua van del brazo con los intereses económicos de Cataluña. De hecho, la demanda proteccionista de la burguesía industrial catalana, entonces motor y ahora consecuencia del juego diferenciador, es el eje en el que, algunos, cuelgan la idea separatista que será tan buena como quieran y expresen los ciudadanos de las cuatro provincias catalanas, pero que carece de los antecedentes históricos que esgrimen, con más ruido que razones, algunos feroces -¿profesionales?- de la causa.

Uno de los problemas que el PP viene arrastrando en Cataluña, donde José Luis Rodríguez Zapatero le toma a Mariano Rajoy la distancia que le permite gobernar, reside en que no ha sabido mantener sus posiciones políticas del modo en que lo hacía Alex Vidal-Quadras, en la línea de los planteamientos históricos que van más arriba, y optó por los rotundamente catalanistas de Josep Piqué. Ahora, para que el error sea mayor, Daniel Sirera ha optado por el término medio. Algo que parecerá muy «centrista», pero que suele ser el fruto de la pereza mental, la falta de valor cívico y un siempre sospechoso afán acomodaticio.

Una de las estrellas del PP de Sirera, que ya lo fue de Piqué, Montserrat Nebrera, le ha dicho a TV-3 que José María Aznar es un «jarrón chino», algo de valor para lo que no es fácil encontrar emplazamiento. Lo del «jarrón chino» para señalar a los ex presidentes de Gobierno ya lo dijo Felipe González y, sobre todo, mal va Rajoy si, lejos de ejercitarse en la autocrítica a puerta cerrada, permite un festival de descalificación de sus mayores. En Cataluña es donde Rajoy luce su máxima debilidad. El viento del nuevo catalanismo tiende a expulsar al PP de Cataluña y eso no se remedia con salidas de pata de banco. Hace falta rigor. Incluso cuando se descansa de haber perdido.

Distancia
JON JUARISTI ABC 23 Marzo 2008

TRESCIENTOS kilómetros al norte de mi casa estuvo mi casa. Trescientos kilómetros hoy no son nada. Hora y media en AVE cuando lo pongan, cincuenta minutos en vuelo comercial. Sin embargo, la distancia es para mí insalvable. Puedo ir, en efecto, a ver dónde estuvo mi casa. Si quiero hacerlo, sólo tengo que llamar al inspector B, que montará de inmediato el dispositivo de seguridad. En el mismo aeropuerto me esperará un coche con dos o tres funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, que me llevará a donde yo quiera. Por ejemplo, a visitar a mis padres. Mis padres viven a diez kilómetros del aeropuerto. Estos días pasados de Semana Santa habrían sido perfectos para visitar a mis padres. No los veo desde hace tres años, aunque sólo vivimos a trescientos kilómetros de distancia. El miércoles murió mi tía monja, en Alicante. Tenía ochenta y siete años, cuatro más que mi padre. Ahora, de los once hermanos que fueron, sólo quedan dos. Me habría gustado visitar, estos días, a mi padre, pero para qué voy a estropearles las vacaciones a dos o tres funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

Contaba con ver a mis padres dentro de un mes. Un departamento de la que fue mi universidad me había invitado a participar en un homenaje a un catedrático recientemente fallecido, que fue mi amigo mientras vivió. La que fue mi universidad está a tres kilómetros de la casa de mis padres. A los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que me habrían trasladado del aeropuerto a mi antigua universidad no les habría importado desviarse de la ruta establecida durante, digamos, media hora, para que yo pudiera visitar a mis padres, pero el departamento de mi antigua universidad que me había invitado ha decidido retirarme la invitación, y me lo han hecho saber con tiempo suficiente para que yo advierta al inspector B de que ese día, el del homenaje, no voy a necesitar los servicios de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Es un alivio. No me gusta molestar a la gente, y menos a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Además, mis antiguos colegas del departamento de mi antigua universidad que organiza el homenaje a mi antiguo amigo, el catedrático fallecido, me han tranquilizado. No me retiran la invitación porque me consideren persona no grata, sino tan sólo porque soy una persona molesta. Conflictiva. La prueba es que habría tenido que acudir al homenaje acompañado de dos o tres funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

Trescientos kilómetros al norte de donde vivo -es decir, donde estuvo mi casa-, no se puede guardar un minuto de silencio en un estadio de fútbol, como homenaje póstumo a un concejal asesinado por ETA, porque medio estadio abronca al otro medio, a los silenciosos, y vitorea a los asesinos. Medio estadio lleno de personas ni molestas ni conflictivas. El conflicto les es impuesto desde el Estado, como repetirán hoy sus líderes políticos en las celebraciones del Día de la Patria, Aberri Eguna en la jerga falsamente vernácula que aprenden los niños en las escuelas, trescientos kilómetros al norte de mi casa. El presidente del gobierno autónomo, del gobierno que manda en ese sitio donde estuvo mi casa, el presidente elegido por la mayoría de los ciudadanos de ese sitio donde tendrían que acompañarme a ver a mis padres dos o tres funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, volverá hoy a plantear su propuesta para terminar con el conflicto. O sea, que la gente de ese sitio decida libremente qué relaciones quiere tener con el Estado que les impone el conflicto.

Trescientos kilómetros al norte de donde está mi casa, en el sitio donde estuvo mi casa, vive una mayoría de gente silenciosa, acobardada, proterva, embrutecida, dañina y además estéril en todos los sentidos de la palabra. Ni siquiera se reproduce. Y yo me planteo hoy qué relaciones quiero tener en el futuro con esa gente y con sus instituciones y con su universidad, y me sorprendo diciéndome que ninguna, salvo esta bendita distancia de trescientos kilómetros.

El PP se estrena con la ley del castellano
Comenzará la Legislatura en el Congreso con una iniciativa para garantizar la enseñanza del español en todo el territorio nacional ? Propone que sea la lengua vehicular en todo el sistema educativo
Rajoy no quiere que lo prometido sea deuda, pero tendrá que impulsar la ley del castellano desde las filas de la oposición.
José Manuel Martínez La Razón 23 Marzo 2008

madrid- «Una de mis primeras medidas, si llego al Gobierno, será elaborar una ley que permita garantizar que todos los ciudadanos puedan mandar a sus hijos a estudiar en castellano, en toda España y en todas las etapas del sistema educativo».

Son palabras del líder del PP, Mariano Rajoy, antes y durante la campaña electoral. Una promesa recogida en el programa y que, finalmente, se plasmará como iniciativa parlamentaria al inicio de la Legislatura, aunque su materialización corre el riesgo de quedarse en papel mojado. Los socialistas deberán pactar los grandes temas con los nacionalistas y apoyar una iniciativa de este tipo les supondría perder la confianza de sus previsibles socios a las primeras de cambio.

El PP ha hecho causa de la libertad lingüística en la pasada campaña. Es un asunto que siempre ha estado entre las prioridades del partido de Mariano Rajoy. El no haber conseguido la victoria electoral el pasado 9 de marzo condiciona casi totalmente que vaya a haber cambios en la política lingüística de las comunidades donde existe una lengua propia que comparte oficialidad con la común de todos los españoles. La aprobación de una ley de ámbito nacional queda, por lo tanto, relegada al menos cuatro años más, si es que entonces los populares consiguen volver a La Moncloa.

El peso cuantitativo y cualitativo de los nacionalistas catalanes (CiU) y vascos (PNV) en la composición de la Cámara Baja no permitirá que se recupere el consenso de las dos grandes fuerzas -PP y PSOE- en el ámbito lingüístico. Aunque ahora el PP contará con un nuevo aliado en el Congreso en la defensa del castellano, mejor dicho, una aliada, Rosa Díez, ésta tan sólo podrá aportar un voto a los objetivos de Mariano Rajoy. No es suficiente.

La Constitución, en el artículo tres, establece el deber y el derecho a usar el castellano como lengua oficial del Estado para todos los españoles. Un derecho que se conculca en Cataluña y que corren el mismo riesgo los ciudadanos del País Vasco, Galicia y Baleares, donde sus respectivos gobiernos autonómicos están derivando su política lingüística hacia la marginación de la lengua de Cervantes frente a la potenciación de las autóctonas.

Garantizar un derecho fundamental es el objetivo de los populares. Su propuesta programática es fijar un modelo de bilingüismo integrador en las comunidades autónomas con lengua cooficial. El PP quiere que el castellano sea la lengua vehicular en todas las etapas del sistema educativo y en todas las comunidades autónomas. Es evidente que donde existe lengua cooficial, pretende que ésta comparta su utilización con el castellano y sean las comunidades quienes fijen los porcentajes. No obstante, el objetivo de legislar desde Madrid se centra en evitar que estos porcentajes lleguen a la práctica difuminación y releguen a simbólica la presencia del idioma oficial de todos.

Mantener los equilibrios
Los populares, tal como queda reflejado en su programa, no pretenden cambiar los equilibrios en favor del castellano, pero sí restituir el derecho a aprender en toda España en esta lengua.

Tienen elaborada su propuesta de forma que antes del curso lectivo se fije en cada comunidad con lengua cooficial el porcentaje más alto o más bajo del castellano como lengua vehicular. Por ejemplo, si en una comunidad como Valencia o Cataluña se decide que un curso los estudiantes podrán estudiar geografía y matemáticas en valenciano o catalán, al año siguiente estas mismas materias sean impartidas en castellano. Unas propuestas del PP que ya fueron desacreditadas desde las filas socialistas durante la campaña.

A pesar de que en el PSOE existen no pocos dirigentes que manifiestan en privado su malestar por las prácticas impositivas de algunas comunidades, nuevamente los equilibrios que dependen de la aritmética parlamentaria mantienen en ese ámbito sus preferencias. En la pasada campaña fueron los socialistas catalanes, que gobiernan en la Generalitat con ERC e IC-V, los encargados de lanzar dardos contra las propuestas lingüísticas del PP.

Llegaron a calificar de «tsunami integrista», como dijo el socialista Miquel Iceta, que se establezca un sistema bilingüe que permita estudiar en castellano. También salió duramente a la contra la cabeza de lista de los socialistas por Barcelona, Carme Chacón. Consideran que las propuestas de Rajoy fomentan «el enfrentamiento y la división». Por lo tanto, los socialistas catalanes defienden, con el Estatut en la mano, que en Cataluña la lengua vehicular siga siendo el catalán.

Paralelamente, en el ámbito lingüístico el PP también apuesta por fomentar el aprendizaje del inglés en el sistema educativo en todo el territorio nacional. Rajoy prometió cursos de inmersión y miles de becas para estudiar inglés en los países de habla inglesa.

Más fácil en Madrid que en Barcelona
Las cosas parece que difícilmente van a cambiar tras los resultados de las pasadas elecciones. Por lo tanto, a partir del curso próximo se podrá dar la paradoja de que resulte más fácil a unos padres catalanes que vivan en Madrid que sus hijos estudien en su lengua materna que unos padres castellanos con residencia en cualquier provincia catalana puedan matricular a sus hijos en español. Como anunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se habilitará un centro público en el que se pueda estudiar en catalán. También dijo que tratará de que los hijos de vascos y de gallegos que viven en Madrid no jueguen con desventaja respecto a los catalanes. Siempre que la demanda lo posibilite. Por su parte, Cataluña la abanderada de normas lingüísticas que se alejan del bilingüismo. Tras varias décadas de gobiernos de CiU que solidificaron un modelo lingüístico, el Ejecutivo socialista ha endurecido incluso algunos aspectos, con la inestimable ayuda de sus socios independentistas.

Cataluña: 25 años de multas e inmersión lingüística contra el castellano
La llegada del tripartito a la Generalitat no ha modificado la línea coercitiva iniciada por CiU
La escolarización de un niño en castellano sigue siendo tarea imposible en los colegios de Cataluña.
Joan Planes La Razón 23 Marzo 2008

BARCELONA- La política lingüística de la Generalitat lleva años sustentándose en dos pilares básicos: las sanciones a comercios que no rotulan en catalán y, especialmente, la educación. No hay ninguna escuela en la que se pueda aprender en castellano en Cataluña, por extraño que parezca. Sí las hay en inglés, francés, italiano o alemán, en una comunidad autónoma en la que el 52 por ciento de las personas tienen al castellano como lengua materna.

Para hablar de la política lingüística de la Generalitat nos tenemos que remontar a los primeros gobiernos de CiU, a principios de los años 80. La baza eran, y son, las escuelas. En educación primaria y secundaria sólo se imparten en castellano las materias del propio idioma y de literatura española, nada más. Esta política duró 23 años, hasta que el tripartito de PSC, ERC e ICV llegó a la Generalitat y la consejería de Educación pasó a manos de la formación independentista.

Con la consejera Marta Cid en el cargo, se creó la figura del coordinador lingüístico. Aunque nunca se ha confirmado su existencia por parte del departamento, lo cierto es que se trata de un cargo que controla que tanto en las aulas como en el patio se hable catalán, aunque sin, aparentemente, medidas coercitivas. Es posible que todo viniera tras una frase del entonces polémico «conseller en cap», Josep Lluís Carod-Rovira, cuando dijo que «hemos perdido el patio en las escuelas».

La misma figura del coordinador lingüístico se encarga de preguntar a los alumnos en qué idioma se imparten las clases e incluso se reparten encuestas en los colegios con este objetivo. Todo ello proviene de la Ley de Política Lingüística aprobada en 1998, bajo el gobierno de CiU y reafirmada por el Plan para la Lengua y la Cohesión Social de ERC. Alguna que otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obligó a escolarizar a niños en castellano, a lo que la consejería de Educación hizo caso omiso. Lo más chocante es que la propia Ley de Política Lingüística permite que los niños sean escolarizados hasta los ocho años «con la lengua que deseen». Otro Decreto Ley obliga a los docentes universitarios a que garanticen por escrito sus conocimientos del catalán, tanto en centros públicos como privados.

Tras la caída del primer tripartito, la consejería de Educación pasó a manos del PSC, lo que provocó pocos cambios. Se mantuvo la política lingüística citada y el nuevo consejero, Ernest Maragall, anunció una apuesta por la educación trilingüe y redujo las clases en catalán y castellano una hora a la semana, pasando de tres a dos, por lo que sigue sin haber libros de texto en castellano, y cada vez hay menos horas de educación en el mismo idioma.

Y hay más. En las hojas de matriculación para los alumnos existía una casilla en las que se tenía que marcar con una X el idioma preferido para la escolarización. Esa casilla ha desaparecido. Fuentes de la entidad bilingüista Asociación por la Tolerancia aseguraron a LA RAZÓN que cada día reciben dos quejas de familias que quieren escolarizar a sus hijos en castellano y no pueden.

No menos polémica es la política lingüística con los comercios. La misma ley de 1998 obliga a cualquier establecimiento a rotular en catalán. La polémica normativa no fue aplicada por CiU hasta 2003 y alcanzó su auge con el primer tripartito de Pasqual Maragall, pasando de 22 sanciones a 2004 a 122 en 2005. No obstante, en 2006 y bajo la presidencia de José Montilla, se impusieron 65 multas, con una recaudación total de 48.625 euros. La infracción puede comportar pagos superiores a mil euros. Sin datos aún de 2007, quizá la presión haya disminuido, pero la normativa sigue ahí sin que nadie dé un paso para modificarla. En total, son 168.000 euros ya con 1.278 establecimientos multados, aunque con un criterio más que discutible.

Existen más quejas de particulares.
Lamentan que cualquier hoja oficial de la Generalitat sólo llega en catalán, y lo mismo sucede al acudir a cualquier oficina. Finalmente, la Ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales establece el catalán como «única lengua de los medios comunicación».

Cinco oficinas para fomentar el uso del catalán
Desde 2003, los ciudadanos de Cataluña tienen a su disposición cinco Oficinas de Garantías Lingüísticas creadas por la Generalitat. Según denuncian diversas asociaciones, el objetivo de estas sucursales es establecer un sistema de denuncias anónimas que cualquier persona puede interponer contra empresas y particulares, siempre en perjuicio del castellano y en beneficio del catalán. Cada año, estas oficinas reciben un mínimo de 500 reclamaciones. En la documentación todo es políticamente correcto y no se habla de delación ni de denuncias anónimas, pero sí se utilizan expresiones como «confidencialidad garantizada». Las normas de funcionamiento lo dejan todo bien claro: «Si consideráis que no se han respetado vuestros derechos como persona consumidora en relación con el uso del catalán y queréis que se inicie un procedimiento administrativo -que puede conducir a una sanción- podéis presentar una denuncia. Necesitamos vuestra colaboración para que las empresas con sede en Cataluña incorporen el uso del catalán, por eso hay hojas de reclamación y/o denuncia».

Cóctel de lenguas
En España hay registrados 52 dialectos ? Algunos luchan por la oficialidad, otros sólo buscan sobrevivir
F. de la Peña La Razón 23 Marzo 2008

MADRID- Si a usted le saludan a la voz de «afayaivos», no está usted en una república balcánica. Le están dando la bienvenida en bable, una de las lenguas o dialectos que se hablan en España y cuyos defensores quieren colocar en la misma oficialidad en la que se utilizan el gallego, el catalán y el euskera, junto al valenciano, al balear y al aranés en Cataluña, lengua materna de casi 3.000 personas.

Más o menos extendidos, con mayor o menor cotidianeidad en su uso, en nuestro país se podrían contar más de cincuenta dialectos, sin sumar a ellos las tres lenguas cooficiales reconocidas en la Constitución y añadiendo a la lista las dos variaciones del andaluz, con ceceo y con seseo. Junto a la lucha de los defensores del bable se sitúa la novedosa pelea de algunos sectores de Cantabria por que se reconozca el cántabro como lengua, pese a que hay hasta siete variantes del mismo, desde el lebaniego hasta el pejino pasando por el campurriano o el trasmerano.

Pero en la ensalada de lenguas o dialectos que encontramos en España hay «ingredientes» en franco desuso, para los que su lucha no es tanto por la oficialidad o el reconocimiento de su importancia como por su supervivencia. Quizá entre este nutrido grupo de dialectos destaque el aragonés o fabla, utilizado en el Alto Aragón, con cuatro variantes (occidental, central, oriental y meridional), que a su vez asumen otras catorce variaciones. Su uso está regulado por ley.

Entre los dialectos que han merecido un estudio más profundo por parte de los expertos destacan el andaluz, marcado en dos vertientes según el ceceo o el seseo con el que se habla. En el mismo nivel se sitúan las hablas canarias, influenciadas por el andaluz y con rasgos del guanche, lengua bereber extinta que hablaban los habitantes de las islas antes de la llegada de los castellanoparlantes.

A esta lista de los principales dialectos hay que unir el murciano o habla panocha, el leonés y el extremeño. Estos dos últimos sobreviven mezclados entre sí en la zona norte de Extremadura, y con otras lenguas o dialectos como el portugués, el gallego o el bable.

Y no se puede completar una lista sin hacer mención al silbo, el especial lenguaje silbado usado en la isla de la Gomera, cuya pecualiaridad y especial historia han llevado al Gobierno de Canarias a reclamar ante la Unesco que se le declare patrimonio de la humanidad. Eso sí, no conlleva pretensiones nacionalistas.

Más enseñanza en inglés a costa del español
Antich promueve el catalán en la televisión pública y en los rótulos de los comercios
P. Vendrell La Razón 23 Marzo 2008

palma de mallorca- Desde la llegada del socialista Francesc Antich a la Presidencia del Gobierno balear, la ofensiva nacionalista contra el castellano en las islas se asienta sobre tres arietes: la enseñanza, la televisión y radio públicas y el comercio. Igual que el tripartito ha maniatado en la Generalitat de Cataluña a José Montilla en cuanto al desarrollo de la política lingüística, Antich se ha visto condicionado en este terreno por sus socios nacionalistas (el Bloc por Mallorca, que incluye a ERC), empeñados en arrinconar al castellano en beneficio del catalán. No es de extrañar, por tanto, que al vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, le faltara tiempo para visitar Palma con el objetivo, debidamente cumplido, de cerrar un acuerdo de colaboración entre ambos Gobiernos autonómicos en materia lingüística.

Desde entonces, el Ejecutivo de Antich ha dado significativos pasos para promover el catalán en detrimento del castellano. En educación, Antich heredó del Gobierno del popular Jaume Matas un pionero sistema de educación trilingüe que repartía las horas lectivas, en los colegios que voluntariamente lo secundaron, entre tres idiomas: castellano (40%), catalán (40%) e inglés (20%). Matas intentaba así remediar las consecuencias de un decreto de 1997 según el cual al menos el 50% de las horas lectivas debía impartirse en catalán, una normativa que, de hecho, terminó por marginar al castellano en algunas aulas.
Pero la llegada del nuevo Ejecutivo, y su «servidumbre» nacionalista, pronto daría la vuelta a la tortilla.

«Sin talibanismos»
La primera decisión de Antich fue finiquitar el modelo trilingüe con una decidida apuesta por el inglés. Una medida encomiable de no ser porque pronto quedó de manifiesto que el aumento de la enseñanza en inglés se efectuaría en detrimento del castellano. En la práctica, la iniciativa supone avanzar hacia un modelo bilingüe catalán-inglés.
El otro puntal de la estrategia nacionalista en las islas tiene como objetivo los medios de comunicación públicos (IB3 Radio y Televisión), donde pronto se esgrimió la Ley de Normalización Lingüística, que establece que el catalán «debe ser la lengua usual en las emisoras de radio y televisión de titularidad de la Administración autónoma». El cumplimiento de este artículo era, precisamente, una de las exigencias de sus «socios» nacionalistas. El PSOE balear se apresuró a matizar que la normativa se aplicaría «sin extremismos ni talibanismos», pero el PP denunció que «arrinconar» al castellano en la radio y televisión públicas no contribuía a reforzar «nuestras señas de identidad».

El acuerdo de Gobierno entre el PSOE, Unió Mallorquina y el Bloc también incluía un espaldarazo al doblaje de las series y películas que emite la televisión pública.

En cuanto al comercio, el Gobierno balear sacó a colación una ley que obliga a rotular a los comerciantes en catalán y a atender en esta lengua a los clientes, con sanciones que llegan a los 15.000 euros para los infractores. De momento, y ante las críticas vertidas por la patronal balear, el Ejecutivo de Antich ha limitado su actividad en este terreno a la concesión de subvenciones a quienes se decidan a rotular en catalán.

El Gobierno balear se apunta al «.cat» en la red
La deriva catalanista del Ejecutivo del socialista Francesc Antich también ha llegado a la red. De hecho, el Parlament balear aprobó en noviembre del pasado año una proposición no de ley que abogaba por adoptar el dominio «.cat» en sus páginas web institucionales (por ahora, para compartir espacio con el «.es» y «.com»). La iniciativa contó con el respaldo del PSOE, Unió Mallorquina, Bloc per Mallorca y el Grupo Mixto y con el rechazo del PP. El diputado popular José Simón Gornés denunció entonces que la medida perseguía «continuar con la estrategia de implantación de la identidad nacionalista alrededor de lo que algunos llaman Països Catalans». Para el PP, la apuesta por el «.cat» supone «una de las mayores victorias del nacionalismo pancatalanista». De hecho, el grupo popular propuso sin éxito en la Cámara que el Gobierno adoptase la terminación «.ibs» como identidad territorial de las Islas Baleares.

Unió Mallorquina, uno de los «socios» de Antich en el Gobierno balear, justificó la apuesta por el «.cat» en que permite la identificación cultural de todos aquellos «que comparten la lengua catalana o que tienen una relación con ella». O lo que es lo mismo: promueve que los catalanoparlantes «se identifiquen de manera clara».

"INTENTAN POR TODOS LOS MEDIOS DAR PASOS A LA INDEPENDENCIA"
El Foro Ermua advierte que la unidad contra ETA junto a los nacionalistas es una "falacia"
Iñaki Ezquerra ha advertido este domingo de los peligros que entrañaría un intento de pacto contra ETA que incluya al PNV, cuyo horizonte, según ha recordado, sigue siendo la independencia. En su opinión, "sólo serviría para rebajar" el acuerdo entre los demócratas y "dejar miles de fisuras" para que los terroristas "sigan desarrollándose". También ha alertado de los riesgos que entrañaría una reforma del Estatuto de Guernica a cambio de que Ibarretxe renunciara a su referéndum.
Libertad Digital 23 Marzo 2008

En una entrevista en La Mañana del Fin de Semana, de la Cadena Cope, Iñaki Ezquerra se ha referido en primer lugar al atentado de ETA, que evidencia, en su opinión, que la banda "sigue con capacidad de amargarnos la vida", algo que atribuye a la "política de nuestro orwelliano presidente del Gobierno". Para el presidente del Foro de Ermua, sus palabras afirmando que ETA está ya derrotada forman parte de "frases huecas que no significan nada".

En la fecha en que el PNV celebra el día de la "patria vasca", Ezquerra ha querido advertir que es un partido "incansable" pese a su intento, ahora, de hacer una supuesta "autocrítica" tras el 9-M y "llevarse bien con el gobierno". "El PNV va a intentar por todos los medios dar pasos para la independencia en la medida que pueda", ha alertado el presidente del Foro de Ermua, a quien, según ha dicho, le "da un miedo enorme la reforma estatutaria" que podría servir como moneda de cambio para desactivar el referéndum secesionista de Ibarretxe.

El "teatro" de los nacionalistas
"A ver si para que Ibarretxe renuncie al referéndum nos vamos a echar en manos de un estatuto que sería un paso hacia el desastre", ha advertido Ezquerra recordando algunas de las demandas tradicionales de los nacionalistas, desde el control de los órganos judiciales –que serían "todo menos independientes– o el traspaso de las competencias penitenciarias.

Respecto a los terroristas, para Ezquerra "está claro" que en todo este proceso, ETA "va a hacer como que los avances que haya en autogobierno no le incumben". "Estamos acostumbrados a este teatro" y al "reparto de papeles", ha lamentado el presidente del Foro de Ermua, para quien "hay que estar prevenidos" contra los "falsos entendimientos en lucha antiterrorista entre el PSOE y el PNV" a los que se refiere este domingo El País.

"Eso sería lo deseable, pero como no he nacido esta mañana ya sabemos que sólo serviría para rebajar ese acuerdo y dejar miles de fisuras para que ETA siga viviendo y desarrollándose", ha manifestado Ezquerra antes de afirmar que tras el atentado, prima la unión entre los grandes partidos nacionales con el fin de derrotar a la banda terrorista. "Hay que prevenir e intentar que esta legislatura no termine con un asesinato", ha finalizado.

LA BATALLA FINAL. Libro
La desconocida historia de los macrojuicios que pueden acabar con ETA
Carmelo López-Arias elsemanaldigital 23 Marzo 2008

Durante años el entramado social que alimenta a la banda pudo hacerlo impunemente. Ese grifo se está cerrando gracias a una concienzuda labor que sólo la negociación de Z pudo desbaratar.
Daniel Portero. La trama civil de ETA. Prólogo de Luis Portero de la Torre. Arco Press. Madrid, 2008. 414 pp. + fotografías. 22 €

Durante años, la labor de las Fuerzas de Seguridad y de los jueces, fiscales y acusaciones particulares logró condenas contra asesinos, secuestradores, atracadores, chantajistas y miembros o encubridores de miembros de la banda, pero el entramado civil que la mantiene en pie parecía intocable.

Todo comenzó a cambiar en 1998, con el célebre sumario 18/98 que puso en marcha Baltasar Garzón a raíz del cierre de Egin. Fue el primero de una larga serie de procesos de instrucción en la Audiencia Nacional que han tocado todos y cada uno de los instrumentos, hasta entonces legales, de que disponía ETA para captar fondos económicos o como apoyo logístico e internacional.

Dignidad y Justicia
Como acusación particular en ellos ha brillado siempre la asociación Dignidad y Justicia, nacida precisamente para el buen desarrollo de esos procedimientos contra Egunkaria, Herriko-Tabernas, Haika, Gestoras pro Amnistía o Udalbiltza, etc., o contra PCTV y ANV, partidos que pudieron llegar al Parlamento vasco en 2005 y a los ayuntamientos en 2007 (con la inyección de dinero público que eso supone) como parte de la negociación política de José Luis Rodríguez Zapatero con ETA: que las urnas pueden lavar responsabilidades políticas, pero no acallar el grito de los hechos.

El presidente de Dignidad y Justicia es Daniel Portero, víctima del terrorismo porque su padre, Luis Portero García, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, fue asesinado por ETA en octubre de 2000. Esta asociación ha coordinado la labor de un equipo de abogados cuyo trabajo ha asombrado en la Audiencia Nacional por su rigor, coherencia y fundamentación jurídica, y que ha sido fundamental para sostener estas causas, sobre todo en momentos de la pasada legislatura en los que la labor de la fiscalía fue modulada por el Gobierno en función de las circunstancias.

La negociación como obstáculo
Ejemplos de esa modulación se cuentan algunos en La trama civil de ETA, que ha escrito Daniel Portero para dar a conocer la trastienda de los macrojuicios.

Se queja, por ejemplo, de la insólita prolongación de los sumarios. El 18/98, que finalizó en sentencia condenatoria el 19 de diciembre del año pasado, estuvo instruyéndose siete años, cuatro más que el del 11-M, con vistas orales de 16 meses (10 más que en el 11-M). Y era el sumario fundamental, no sólo por ser el de mayor número de acusados por terrorismo en la historia de España (56, con 46 condenados), sino porque de él pendían en buena medida los demás.

Y alguno de éstos estuvo a punto de irse al traste durante la negociación política con ETA. Como el del cierre de Egunkaria, en que la fiscalía llegó a pedir el sobreseimiento esgrimiendo los argumentos de la defensa. O el sumario contra los responsables del PCTV, en el cual el mismo Portero tuvo que avalar con su patrimonio las fianzas que para mantener la acusación exigía Garzón, un juez siempre pendiente de la conveniencia del momento: en un sentido cuando José María Aznar emprendió la ofensiva total contra ETA, en el otro cuando Z consideraba "hombre de paz" a Arnaldo Otegi y se preocupaba por la salud de Iñaki de Juana Chaos.

¡Hasta dónde llegará la modulación, que el Epílogo de esta obra, donde esperaríamos encontrarnos con unas reflexiones sobre ETA, es un alegato a favor de la independencia de la Justicia!

Condición "sine qua non" para el fin de ETA
El libro que comentamos reviste extraordinaria importancia. No bastan intuiciones generalistas: hay que estar bien persuadido -y estas páginas ofrecen las pruebas irrefutables- de que lo que se está ventilando en los macrojuicios no es el apoyo ideológico y moral de una parte de la sociedad vasca a ETA, o la existencia de una serie de organizaciones que proporcionan el caldo de cultivo necesario para fabricar delincuentes sin escrúpulos, sino una red de organismos hasta ahora legales que son parte de ETA y sin los cuales ETA no puede existir.

Es crucial comprender esto: el denominado MLNV (Movimiento de Liberación Nacional Vasco) tiene una estructura única, como demuestra un documento de septiembre de 2003 que cita Portero, con tres escalones en la capacidad de decisión y una dirección común del aparato político donde están ETA y los responsables de Batasuna, Askatasuna, LAB y Segi. En el escalón más bajo, un sinfín de organizaciones sectoriales dan soporte de toda índole a la banda.

Y esto, que los españoles sabemos que es cierto porque lo vivimos a diario, se empeñan en no querer verlo muchos fuera de nuestro país, por lo cual La trama civil de ETA no puede faltar en ninguna bibliografía sobre la banda, más abundante en contar sus aspectos operativos que su red de apoyo ciudadano. La documentación de la obra de Portero es exhaustiva en nombres propios de personas, organizaciones y empresas, con los lazos de vinculación directa con la estructura de ETA. E incluye un resumen de historia de la banda muy útil para los no iniciados.

Hay que apoyar a las acusaciones
El fin está muy cerca, reza el subtítulo. Pero penetrémonos de esta idea: para llegar a él, casi más importante que detener comandos (atenazados desde que funciona la colaboración francesa) es lograr condenas en los macrojuicios para que en el futuro no pueda surgir una organización de apoyo como la que ha podido crear ETA. Ése sería el verdadero puntillazo al crimen organizado.

Y sin él para sacudir el árbol (Xabier Arzallus dixit) se quedaría el PNV sin nueces que recoger. Doble victoria, pues, contra la raíz del problema.

UPyD reclama «que los políticos solucionen los problemas de verdad y no creen otros nuevos»
Francisco Espiñeira La Voz 23 Marzo 2008

Unión Progreso y Democracia (UPyD), el partido liderado por Rosa Díez a nivel estatal, dará la batalla en Galicia tanto en las próximas autonómicas como en las locales. Así lo confirma su coordinador territorial, Antonio Cascón Sardina (A Coruña, 1962). «Pese al escaso eco mediático que hemos tenido, la falta de recursos económicos y el hecho de que éramos una fuerza política nueva, hemos tenido unos grandes resultados que demuestran que somos una fuerza necesaria y que hay espacio para nuestro mensaje político», informa este jefe de márketing, que se apoya además en la sucesión de altas de nuevos afiliados -contaban con 300 antes de las elecciones- registrada en las últimas dos semanas.

Esos resultados, 1.395 votos y quinta fuerza política en la ciudad de A Coruña y 4.341 en toda la provincia, con votos en todos los municipios, son los que, a juicio de Cascón, «demuestran que hemos conectado con el electorado y que tenemos margen para seguir creciendo en próximas citas».

Él asegura que dio el paso al frente «porque empecé a ver cómo tomaban decisiones que afectaban a mi vida, a la de mi familia y a la de mi país que no son compartidas por la mayoría de la gente que conozco».

Esas decisiones, dice Cascón, «pasan por el nacionalismo obligatorio que parece haberse puesto de moda, por temas como la imposición del idioma y muchas otras cuestiones en las que creo que hay que hacer algo más que esperar a ver lo que hacen los otros». Insiste el coordinador territorial de UPyD en que «ofrecemos una nueva manera de hacer política a la que invitamos que se sumen todos los ciudadanos. No tenemos nada que ver con los modelos tradicionales de profesionales de la política, sino que queremos ser profesionales que hacen política durante un tiempo». «El resumen es que que queremos poder participar en las decisiones que nos competen», añade.

Cascón asegura que así «podremos cambiar el concepto y exigir a los políticos que solucionen los problemas que de verdad preocupan a los ciudadanos en lugar de crear otros nuevos, como la imposición del gallego, lo único que ha cambiado con el bipartito coruñés».

CASI 500 PERSONAS SOLICITAN INDEMNIZACIONES
Decenas de familias continúan sin poder regresar a sus casas tras el atentado en Calahorra
Un día después del atentado de ETA en el cuartel de la Guardia Civil, la situación sigue lejos de normalizarse en Calahorra. Decenas de familias deberán pasar la noche fuera de casa ante el estado en que han quedado sus viviendas, dañadas por la fuerte explosión de un coche bomba que estaba cargado con 70 kilos de explosivos. Ya se han recogido 490 solicitudes de indemnización. Desde el PP, Astarloa ha denunciado que ETA ha vuelto a las bombas para llegar más lejos en la "segunda ronda de la negociación".
Agencias  Libertad Digital 23 Marzo 2008

Los habitantes de Calahorra (La Rioja) afrontan con alivio, por no tener que lamentar pérdidas humanas, la reparación de los estragos causados ayer viernes por el coche-bomba que estalló junto al cuartel de la Guardia Civil, que ETA cargó con 70 kilogramos de explosivos.

Bomberos y operarios municipales continúan con las labores de desescombro y limpieza de cascotes y cristales, principalmente en las fachadas de la calle General Gallarza, donde estalló la bomba colocada por ETA, que ya atentó contra este cuartel en 1983. Los vecinos de estos edificios pudieron entrar este sábado a recoger parte de sus enseres personales, ya que no podrán dormir en sus casas durante varias noches, pero tendrán alojamiento en los albergues municipales.

El director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, cree que el coche-bomba contenía unos 70 kilogramos de material explosivo y que en el atentado participaron "varios individuos".

En declaraciones en el hospital comarcal de Villajoyosa (Alicante) tras visitar a un agente de la Policía Nacional herido esta madrugada al ser disparado por dos delincuentes en Benidorm, Mesquida ha explicado que todavía "es pronto para determinar la composición" del explosivo. Ha añadido que ahora los expertos proceden a analizar el contenido de las cámaras de vigilancia de la zona donde se produjo el atentado y a seguir "otras líneas de investigación".

Los técnicos en desactivación de explosivos continúan su trabajo para determinar con más exactitud el tipo de material utilizado por los terroristas para este atentado, que, según fuentes de la lucha antiterrorista, podría ser obra del "comando Vizcaya".

La Delegación del Gobierno en La Rioja ha recogido un total de 490 solicitudes de indemnización de los vecinos afectados por el coche-bomba, la mayoría por daños en viviendas. Entre estas reclamaciones presentadas entre ayer y esta mañana, hay 294 sobre desperfectos sufridos en viviendas, 90 en locales comerciales o bajos, 30 en vehículos y una de ellas en las oficinas de la ONCE, entre otras.

Trabajadores del Ayuntamiento de Calahorra proporcionan información y aclaran todas las dudas de los vecinos afectados para solicitar al Estado las indemnizaciones destinadas a reparar los daños producidos en sus bienes. Aunque, a la espera de informes técnicos precisos, ninguno de los edificios afectados por la onda expansiva presenta daños estructurales, pero hay cinco inmuebles cercanos al lugar de la explosión que no podrán ser ocupados hasta su completa rehabilitación.

Gracias a la solidaridad de los calagurritanos, los vecinos desalojados y los guardias civiles que vivían en la casa cuartel se pudieron alojar la pasada noche en los domicilios de familiares y amigos, pero a partir de hoy comenzarán a utilizar los dos albergues municipales, que tienen 65 plazas.

En los trabajos de limpieza, supervisados por un aparejador del Ayuntamiento, ha resultado herido de carácter leve un bombero al que tuvieron que darle cuatro puntos de sutura tras cortarse con un vidrio.

Los municipios riojanos celebraron a mediodía concentraciones silenciosas para condenar el atentado a las que asistieron cientos de ciudadanos, y en el caso de Calahorra, contó con la participación del alcalde, Javier Pagola, y el obispo de la Diócesis, Juan José Omella.

Pagola, además de resaltar la "serenidad mostrada por todos los vecinos ante un momento duro y complicado para todos", se mostró satisfecho de la magnífica respuesta de la Guardia Civil, la Policía Local y los Bomberos, que "evitaron la existencia de daños personales" al acordonar la zona en menos de veinte minutos.

En el acto celebrado en Logroño, el alcalde, Tomás Santos, en representación de todos los grupos municipales, ha manifestado el "respaldo total" y su "solidaridad y gratitud" a todos los miembros de la Guardia Civil y los Cuerpos de Seguridad del Estado, que "cada día desempeñan un papel clave en la lucha contra el terrorismo".

educación
El PP denuncia que las galescolas de Vicepresidencia carecen de consejo escolar

La Voz 23 Marzo 2008

El Partido Popular ha denunciado que las escuelas infantiles que gestiona el departamento de Vicepresidencia carecen del consejo escolar, que garantiza la participación de los padres en la toma de decisión de los centros.

Los populares añaden que por ley, en concreto tal y como recoge la Ley Orgánica de Educación (LOE), la comunidad educativa, incluidos los padres, tienen derecho a participar en la organización, gobierno y funcionamiento de todos los centros educativos.

La portavoz parlamentaria en el área de educación, Manuela López Besteiro, presentó una iniciativa en la Cámara gallega para interesarse por este incumplimiento del departamento que dirige Anxo Quintana.

Según la parlamentaria popular, este hecho oculta el afán de Vicepresidencia por utilizar las denominadas galescolas como «instrumento de ideoloxización dos cativos de cero a tres anos».

Una hipotética participación de los padres -añade el PPdeG- podría reducir la carga ideológica y contribuir a neutralizar los objetivos «políticos» para los que fueron diseñadas estas escuelas.


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