AGLI

Recortes de Prensa    Viernes 28 Marzo 2008

Todos contra ETA
POR GERMÁN YANKE ABC 28 Marzo 2008

El presidente del Gobierno, en su intervención ante los grupos parlamentarios socialistas, confió en que «el sufrimiento compartido» del terrorismo de ETA posibilite, en esta nueva legislatura, un entendimiento «sincero y noble», y general, para luchar contra la banda. Añado general porque parece que el procedimiento ha cambiado desde el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo que él mismo impulsó. Si entonces se entendió que el acuerdo básico tenía que ser entre los dos grandes partidos, invitando a los demás a que se sumaran, ahora se pretende que la negociación de ese «entendimiento» sea entre todos los partidos de la cámara y, en concreto, con la especial participación del PNV, al que el presidente quiere todavía salvar de sus derrotas electorales sin que los nacionalistas vascos reflexionen y rectifiquen.

El nuevo planteamiento es ingenuamente atractivo y se basa en la reiterada declaración de que el PNV ha cambiado. Reiterada por algunos socialistas y comentaristas, no por el citado partido. El Pacto citaba en su preámbulo el acuerdo de Estella y se indicaba que sería imposible cualquier acuerdo o pacto institucional con PNV y EA mientras aquel no se rompiera. Ya no hay acuerdo de Estella, se dijo durante el primer mandato de Zapatero. El PNV de Urkullu no es aquel PNV, se dice ahora. Hacía falta un pacto antiterrorista que diera cabida a los nacionalistas vascos.

La ingenuidad está en el espejismo de ese cambio. Ha desaparecido el acuerdo de Estella arrastrado por los hechos, pero ¿por qué ha sido sustituido? En primer lugar, por el Plan Ibarrexte, anticonstitucional y antidemocrático, aprobado en el Parlamento vasco con el préstamo de votos de Batasuna. Y, en segundo término, ahora mismo, con el proyecto autodeterminista del Gobierno vasco, referéndums ilegales incluidos. En ambos casos, la filosofía es la misma que la de Estella: se asume el lenguaje y el proyecto político del nacionalismo más radical y, aunque se disfrace con un calendario «que no dependa de ETA» se trata de vender como la única fórmula para terminar con el terrorismo, es decir, como la trampa de que los violentos quedarían sin «argumentos».

En este escenario es en el que el Gobierno debe buscar el «entendimiento» para un acuerdo razonable y amplio contra el terrorismo. El problema de contar con el PNV para negociarlo desde el principio no está en la intransigencia de los no nacionalistas, sino en las posiciones de ese partido. No puede haber acuerdo contra la violencia nacionalista con precio, con planteamientos soberanistas que rebasan la Constitución, con la negativa a la exclusión de aquellos que forman parte del entramado de ETA. No lo puede haber, además, sin aquella lealtad constitucional que reclamaba en el Parlamento vasco el socialista Fernando Buesa, en su discurso quizá más importante antes de ser asesinado por la banda. No lo puede haber con cualquier proyecto que incluya la idea de que la modificación del status legal y democrático es necesario para quitar «argumentos» a ETA.

Eso es lo que significa la «derrota» de ETA, un concepto que ahora se quiere identificar con el punto de vista de la derecha («estamos hablando más bien de cómo terminar con el terrorismo más que de derrotarlo», dice Eguiguren) aunque está muy claro en el Pacto que impulsó Zapatero: «Nos comprometemos a trabajar para que desaparezca cualquier intento de legitimación política directa o indirecta, de la violencia. Por eso, también, afirmamos públicamente que de la violencia terrorista no se extraerá, en ningún caso, ventaja o rédito político alguno».

Estos llamamientos al entendimiento general son o ingenuos o una disculpa para no hacer lo que se debe. Lo lógico es tratar esta cuestión con el PP, para que quede claro que la alternancia no cambiará la política en el futuro e invitar a los demás, como se hizo en 2000, a sumarse a la defensa de la paz y la libertad. Y no rebajar estas para que quepan todos.

Puñaladas políticas
El partido como patria
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 28 Marzo 2008

Si hay que atender a la definición de Stuart Mill, que concebía la nacionalidad como "reunión de hombres atraídos por simpatías comunes que no existen entre ellos y otros hombres", no hay por estos pagos ni uno solo de esos artefactos. Siendo así que manejo una traducción, cabe la posibilidad de que el original dijera sympathy y se tratara más bien de una colectiva unión en la compasión. Sea como fuere, llevándose los pueblos de España a matar, no menos inquinas hallaremos en el interior de cada nacionalidad o región española.

Pero, al igual que para algunos la patria es la infancia, y para otros el idioma, para muchos no hay más patria que la formación política que les sustenta, les da abrigo y continuidad en la manduca y en el cargo, ya sonrían las urnas, ya caigan chuzos de punta. Por conservar tal abrigo (pues todos los políticos son conservadores de lo suyo) mudarán de nación, de principios y de lo que convenga. Y en esa patria de siglas, ay viejo Stuart, hallará el curioso menos simpatías y compasiones mutuas que en ningún otro lugar, palacio o cueva. El colmo del odio africano, el no va más de la tirria al prójimo se vive en el interior de dichos monstruos. La Constitución, al dictarles organización y funcionamiento democráticos, incurrió en uno de los chistes más graciosos del ordenamiento jurídico.

Quien lea la memoria del director de Comunicación de Pasqual Maragall sabrá de jugarretas y traiciones sin cuento, de las que fue generalmente víctima el ex presidente de la Generalidad y victimarios sus conmilitones, de Zeta a Iceta. Cuantos se asomen ahora mismo a la Esquerra descubrirán una guerra sin cuartel, de tal fragor que las facciones se han olvidado en las últimas semanas de insultar a España, que era su distracción, para ponerse a parir entre sí. Carod y Puigcercós sólo se avienen para amañar el próximo congreso, a fin de vetar el corral a otros gallos. El PNV, con las pugnas entre el lehendakari y el jefe del partido, o CiU, con la eterna liza entre sus dos mayúsculas, son otros tantos ejemplos de malestar crónico. Los comunistas, siempre tan desinteresados, han olvidado por completo la política para gestionar la urgencia de la subsistencia: sin grupo no hay dineros ni alegrías, ergo necesitamos grupo. Y todo así.

Lo del PP tiene tintes especiales, pues hace apenas media hora se han dado cuenta de que han perdido las elecciones. Zaplana, que es el más rápido, lo vio antes que nadie. Rajoy, en cuanto despierte, lo sabrá también. El curioso modo que tienen los populares de lanzarse dardos y clavarse dagas es reclamar una renovación del discurso. Reconozcamos que son los más educados.
Juan Carlos Girauta es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Ideas o pragmatismo
¿Qué renovación?
GEES Libertad Digital 28 Marzo 2008

Los silencios de Rajoy, cuándo más ansiedad hay por conocer sus propuestas, han desata­do una cascada de artículos valorando cuál debe ser el sentido de la renova­ción que, oficial y públicamente, está en curso. El vacío atrae. La ausencia del líder desata ríos de tinta y la polémica está sobre la mesa.

¿De qué renovación estamos hablando? Hay quien considera que es cuestión de personas. Cuando hace cuatro años Rajoy llegó a la Presidencia del PP, por las razones que fuera no hizo los cambios que cabía esperar y que debían apuntar el tono y contenido programático de la nueva etapa. Como parece que hay acuerdo sobre la necesidad de realizar relevos significativos en los órganos de dirección del Partido y del Grupo Parlamentario, aunque no sobre las personas a elegir, no nos detendre­mos más en este punto.

La segunda línea argumental apunta a concentrar la atención en la estrategia. El Partido Popular vive un debate interno muy semejante al de los restantes partidos de centro derecha europeos. Por una parte están los que defien­den una política enraizada en principios y valores, muy próximos al lega­do de Margaret Thatcher o José María Aznar, que entienden la política como una batalla de ideas. Por otra parte encontramos aquellos más preocupados por lo inmediato, por la resolución de las demandas del electorado, que a falta de compromisos doctrinales buscan convertirse en un producto político atractivo para un público más amplio. David Cameron o Ruiz Gallardón parecen responder a este perfil.

Si se confirma lo publicado sobre dar más peso al Grupo Parlamentario a costa del Partido y a no tratar en el próximo Congreso temas programáticos, pues ya quedaron resueltos en el Programa Electoral, estaríamos claramente ante un giro hacia el segundo grupo, hacia los más pragmáticos. Se trataría de bajar el tono e intentar hacerse más atractivos al electorado para dejar de movilizar al sector más radical de la izquierda en su contra y para atraerse votos de la izquierda moderada y del nacionalismo conservador. El debate en curso en el seno del PP vasco refleja estas tendencias generales en un espacio determinado. Pero ese debate existe igualmente en Cataluña, Valencia o Galicia, por poner sólo unos ejemplos.

La opción pragmática presenta algunos flancos débiles. Reforzar el Grupo a costa del Partido supone creer que la política se sigue haciendo como en el siglo XIX, cuando el Parlamento era el centro de la actividad política. Desde 1945, por lo menos, ya no es así. El Parlamento tiene que compartir con los medios el protagonismo. No hay duda de que el PSOE se enteró del cambio y actúa en consecuencia. De ahí la fortaleza de su estructura partidista. Los populares podrían cometer un grave error avanzando hacia el pasado decimonónico. Si todo lo que el PP puede ofrecernos es lo que recoge el Programa Electoral, un documento vacío, lleno de prevenciones y complejos, no hay duda de que se opta por dejar de ser para hacerse merecedores del perdón y volver a ser admitidos en el corralito. El sólo hecho de que esa opción sea la que alientan tanto el Partido Socialista como los grupos mediáticos afines al Gobierno debería hacer sospechar a los dirigentes populares de que tiene trampa.

En los delicados momentos que vive España la política es, sobre todo, lucha de ideas. Hay dos modelos de país sobre la mesa. La victoria ha estado y seguirá estando en el lado del que sepa comunicar mejor. Se equivocan aquellos que piensan que renunciando a su ideario van a ganar atractivo. El aparato mediático los arrasará igual que ahora, pero además perderán identidad y votos. La movilización de la derecha es su principal activo. Si para tratar de captar nuevos electores ponen en peligro el núcleo de sus votantes tradicionales estarán cometiendo un gran error. La victoria no va a llegar tanto de la mano de nuevos simpatizantes como de la desmovilización de los electores de la izquierda y eso se logra a través de la comunicación, siendo capaces de explicar mejor por qué el Gobierno de Zapatero es una amenaza para los intereses de España y de los españoles.

La renovación que necesita el Partido Popular es más técnica que de personas o estrategias. Su problema es que es una antigualla, un resto de una época superada. O se adaptan a un nuevo entorno político, o incorporan las nuevas técnicas de comunicación y mercadotecnia al conjunto de su acción y no sólo en época de elecciones, o continuarán arrinconados a la espera de que, por puro desgaste, la sociedad española decida darles paso. Pero para entonces puede ser muy tarde. Los votantes del PP tienen claro su ideario, sólo necesitan de una máquina política capaz de llevarlo a la práctica. Ése, y no otro, es el reto que tiene Rajoy.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Izquierda liberal
La derrota de la razón
Antonio Robles Libertad Digital 28 Marzo 2008

No sé en qué momento se instaló la impunidad entre nosotros. Un buen día, la coherencia entre la ideología y su representación se convirtió en plastilina. Ya no era preciso sujetarse al principio de no contradicción. Ahora el principio lo imponía la marca ideológica.

Tantos años de ateismo ilustrado, mofas y rechazos descarnados contra curas y crucifijos, y ahora de golpe... tolerancia reverencial por creencias parecidas, aunque ajenas. La contradicción no nació con Zapatero, sólo se ha institucionalizado con él. La intolerancia con que la izquierda progre trató y trata a obispos y campanarios se torna en diálogo de civilizaciones cuando se cruzan con el islam. Esa distancia entre la quema de iglesias de antaño y la pleitesía otorgada hoy a todo tipo de creencias la ha recorrido el PSOE y sus arrabales históricos sin dejar de ostentar ni por un instante el monopolio de la razón ilustrada y el laicismo de Estado. Bailes regionales, trajes típicos, leyendas medievales, lenguas propias, fiestas nacionales, naciones inventadas, inventos virtuales, virtudes propias que se tornan en vicios si son ajenas, santo respeto por alimentos prohibidos en comedores escolares y aviones de lujo; el imperio de la creencia llevado a su máximo esplendor y respeto. Tres siglos de Ilustración convertidos en cartón piedra por políticos rojos y ateos de pacotilla.

El siglo de las luces, aquel mito de la razón costosamente creado por lo mejor de la inteligencia y de la dignidad humanas, es ya un cascarón vacío en consignas y proclamas de la izquierda. Su brillo sólo es cáscara para poder seguir creyendo, aunque el objeto de la creencia sea ahora "el derecho a decidir", el derecho a decidir cualquier cosa siempre que no sea inspirada por la razón universal o la igualdad ante la ley. Lo que importa es tener una creencia, exigir su respeto, a menudo confrontado y contradictorio con las leyes constitucionales que fundamentan la igualdad de todos los españoles ante la ley.

Tiene razón Arcadi Espada cuando dice con cínica resignación que el error de quienes hemos reivindicado la igualdad de derechos lingüísticos a través de la razón reside en haberlo exigido bajo las reglas laicas del Estado de Derecho fundamentadas en la razón ilustrada. Si en vez de razonar hubiéramos convertido la reivindicación en un rezo, puede que estos curas laicos de la izquierda relativista a conveniencia nos hubieran tomado en serio.

Nosotros tan aseados, exquisitos espadachines de la razón, nos hemos empeñado en repetir el mismo error de Marx en nuestro empeño por sacar de la alienación a quienes pacen distraídos, ajenos a la suerte que nosotros consideramos esclava. Y huimos del lerrouxismo, del vaho reconfortante de España, de la creencia instintiva en el destino. Era un pasaporte seguro para unirse a la estupidez general, pero deseábamos salir del aquelarre histórico de una España negra, recuperar el espíritu de 1812, regirnos por reglas y leyes constitucionales. Graso error para tiempos mágicos. Es seguro que con esta tropa de gobernantes ociosos, vagos y vacíos, usurpadores de una herencia ilustrada de contraportada, el camino sería excitar el espíritu del pueblo, el ser eterno de la nación española, agitar banderas y exigir respeto a la lengua como se exige el respecto a la madre. El incendio de los corazones pronto devastaría el territorio de otras creencias. Y creceríamos. Pero la ocurrencia religiosa entraría en confrontación con las demás y la guerra estaría servida.

Pasarán. A menudo la desesperación del fracaso continuado nos invita a tomar el atajo más corto. Provechosa decisión para quien quiere llegar, pero insensata para quien quiere permanecer. Franco ganó la guerra civil en tres años y la estuvo perdiendo los 40 siguientes. Resistirse a la fiebre estúpida de la creencia puede que no nos reporte poder ni el respeto debido, pero hemos conseguido respetarnos a nosotros mismos. Como la indolente sensación de fracaso de Arcadi, sólo el cinismo le salva, nos salva, de la derrota del pensamiento.
antoniorobles1789@hotmail.com

¿Hay demócratas en las Cortes de España?
Francisco Rubiales Periodista Digital 28 Marzo 2008

Las Cortres españolas padecen un escalofriante y deprimente déficit de democracia.
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Los auténticos demócratas sentados en los escaños de las nuevas Cortes españolas quizás puedan contarse con los dedos de una mano.

En sentido estricto, no pueden considerarse demócratas a los representantes de los dos grandes partidos, ambos satisfechos con la partitocracia reinante y con nuestro sistema político transformado en una oligocracia, que es, precisamente, lo que los demócratas griegos clásicos consideraban como la cara opuesta de la democracia.

Ni los representantes del PSOE ni los del PP sentados en las cortes echan de menos o reivindican principios tan necesarios para que exista democracia como la separación, independencia y competencia entre los poderes básicos del Estado, el protagonismo de los ciudadanos, la existencia de controles ciudadanos al poder del Estado, la existencia de una sociedad civil fuerte, el funcionamiento de una prensa libre y crítica y, lo que es más grave, un sistema electoral libre y justo que garantice a los ciudadanos su derecho a elegir, sagrado en democracia.

El sistema electoral vigente, además de estar basado en la desigualdad y en el valor distinto de los votos, según en qué provincia se emitan y a que partidos se voten, no permite al ciudadano otra cosa que decir "sí" o ¨no" a unas listas cerradas y bloqueadas que han sido confeccionadas por las poderosas e intocables élites de los partidos, que son en realidad las que eligen.

El sistema español impide también otro rasgo fundamental en democracia: la relación directa y dependiente de los representantes con sus electores. Los diputados y senadores españoles sólo rinden cuentas a los dirigentes de sus partidos y se relacionan con los miembros de sus propios partidos, olvidando a esos ciudadanos a los que dicen representar y que sólo en teoría son los soberanos del sistema.

Los restantes miembros del Parlamento, son casi todos nacionalistas, cuyas reglas y principios se distancian dramáticamente de lo que se considera como democracia pura, un sistema basado en el deseo de los pueblos que integran una nación de convivir en libertad e igualdad. El nacionalismo dinamita la democracia al destacar más lo que disgrega que lo que une, al resaltar las diferencias, al repudiar la igualdad y al convertir la relación con los restantes miembros de la nación en un constante lamento victimista que busca ventajas y privilegios.

No conozco a pensador o filósofo moderno y demócrata que se atreva a considerar democráticos los principios que mueven a Izquierda Unida, heredera espiritual y política de un marxismo, del que es incapaz de separarse a pesar de que su plasmación comunista, el ser derribado el Muro de Berlín, fue despreciada y derrotada por el propio pueblo al que decía representar y conducir hacia el paraiso.

Sólo queda en las tristes y vergonzantes Cortes Españolas un representante que, al menos por ahora, puede exhibir su apuesta por la democracia. Se trata de Rosa Díez, cuyo partido, UPyD, ha basado su campaña en un programa de auténtica regeneración democrática, protagonismo ciudadano y crítica feroz a la obscena oligocracia de partidos reinante.

Voto en Blanco

Un espejo

EDITORIAL El Correo 28 Marzo 2008

Euskadi lleva décadas difuminando su realidad cotidiana, haciendo compatible el desarrollo económico y el progreso social con el terrorismo más abyecto; aislando la muerte, el chantaje y la extorsión en aras de una calidad de vida tan cierta como, en muchos casos, insolidaria. Un escapismo, sustentado en el miedo y la supervivencia, pero también en la indiferencia o la complacencia, que ha terminado por construir mil realidades diferentes que han encontrado su acomodo político y hasta su discurso. Desde el terrible 'algo habrá hecho', con el que se explicaban crímenes injustificables, al 'ven y cuéntalo', que pretendía vender un país atractivo y pujante más allá de bombas, y terminando con el contumaz 'ETA no puede marcarnos la agenda', nunca han faltado el argumento, el eslogan o el razonamiento que permitieran soslayar una violencia que gangrenaba día tras día la convivencia. En estos años ha ido creciendo, sin duda, el clamor frente a ETA, se ha ganado la batalla social contra el terrorismo y cada vez están más aislados quienes lo sustentan. Pero durante mucho tiempo la sociedad vasca ha vivido enajenada y todavía transita 'cómoda' en su propia anormalidad. Lo que Manuel Gutiérrez Aragón, el director de 'Todos estamos invitados', una película rotunda sobre la tragedia del perseguido, define como 'la sombra de la pistola sobre el txangurro'.

Muchas veces, la ficción es la mejor manera de vislumbrar la realidad o al menos de dejar ver parte de su verdad. Permite tomar distancia, despojarse de prejuicios y mostrar hacia sus personajes una empatía no aplicada en la vida cotidiana. La creación, el arte, ha ido entrando poco a poco en esta realidad. Y a través de documentales, montajes, fotografías, cuadros, esculturas o películas ha retratado sus mil facetas. Un esfuerzo desigual, en ocasiones de parte, pero útil para hacer visible lo que durante tanto tiempo se ha intentado ocultar o diluir. Cuando Gutiérrez Aragón esbozaba su proyecto, ETA aún no había declarado su 'alto el fuego permanente'; el guión y la preparación se desarrolló en tregua y la primera escena se rodó el mismo día que la organización terrorista robaba 350 pistolas en Francia: 'Todos estamos invitados' se estrenará en plena ofensiva terrorista. Un proceso creativo que es, en sí mismo, un paradigma de la Euskadi del presente. Se trata de una película, no de un documental, y así debe contemplarse. Pero también es un espejo donde reflejarnos y vernos. Y Euskadi necesita miradas sinceras. Aunque sólo sea para ver las víctimas que ha creado.

Destapada la cara oculta de la alcaldesa y la corporación de Mondragón
Juan Frommknech Periodista Digital 28 Marzo 2008

Destapada la cara oculta de la alcaldesa y la corporación de Mondragón
La intuición a veces no falla. Ha bastado tener un poco de tiempo para descubrir en Mondragón una de esas famosas listas limpias para el Gobierno de Zapatero que solo a raíz del asesinato del ex concejal Isaías Carrasco se ha revelado como un monumental error.

La lista de ANV de Mondragón estaba llena de integrantes contaminados por haber pertenecido a listas ilegalizadas por ser parte de ETA. Desbrozaremos los nombres y ustedes sacarán su propia conclusión.
Inocencia Galparsoro Marcaide, la alcaldesa, ha sido candidata desde 1987 en listas de Herri Batasuna, varias veces concejala e incluso teniente de alcalde de la localidad. Su hija Saioa ha pasado dos años en prisión por presunta integración en banda armada y está pendiente de juicio. El marido de su hija, su yerno, Gaizka Azcárate, está imputado por los mismos cargos .A ambos se les acusa de haber prestado cobijo durante días al etarra Iker Heredia, que fue detenido en diciembre de 2002 con el entonces máximo dirigente de ETA, Ibón Fernández de Iradi, “Susper”. GaizKa fue candidato por Herri Batasuna en Mondragón en elecciones anteriores, y fue condenado antes por violencia callejera. Con este pedigrí, no se comprende muy bien que intentara acudir al hospital donde agonizaba Isaías Carrasco.

El número dos de la lista, el Navarro de Etxalar Francisco María Arburúa Mihura, fue miembro de la lista de HB en Mondragón en 1995, con el número 10. Pueden comprobarlo en el BOG-02/05/1995.

El número tres Ohian Aramburu Iriarte, perteneció a la ilegalizada Herri Anitza con el número 7, como pueden comprobar en el BOG 29/04/2003.

El número cuatro Arkaitz Biain ha mostrado públicamente su adhesión a los condenados por pertenecer a ETA en el macro sumario 18/98. Para comprobarlo basta con visitar la página web www.gazteriaurrera.org y comprobar su adhesión.

El número 5 de la lista es ocupado por maría Yolanda Perez Arenaza, que también estaba incluída en la de la mencionada candidatura Herri Anitza , ilegalizada por el Supremo por ser parte de ETA Batasuna.

El número seis, Juan María San Pedro, también tiene a un hijo preso por pertenencia a ETA, curiosamente la pareja del hijo también cumple condena por pertenecer a EKIN.

La número 9, Amaia Pagaldai, figura ya en listas de HB en 1987, en concreto en la séptima posición de aquella lista.

El Número 10 estaba ocupado por Garmendia Elorza, también militante en la lista de Herri Anittza, según el BOG 29/04/2003.

El 16 lo ocupaba Ascarate Iturbe, también miembro como los anteriores de Herri Anicha.

El 20, Iturbe Altuna, figuró en la lista de HB al año 1991, tal y como pueden comprobar en el BOG 30/04/1991.

Hasta el primer suplente no se libra de su pasado, Juan José Anzoátegui figuró en las listas de 1979 y 1983 de Herri Batasuna.

Nueve miembros que han figurado en una lista ilegalizada formaron parte de la lista de ANV de Mondragón, a los que hay que sumar el padre de un preso y un firmante de la adhesión contra los imputados del 18/98. Esta lista se les pasó por las narices a Abogado y Fiscal. En 2003, Herri Anitza fue ilegalizada porque diez miembros de la lista estaban relacionados con Batasuna. En 2007, con ese número no bastó.Esta lista Gobierna en Mondragón. Esta lista fue apoyada por IU para obtener la alcaldía y esta lista no condenó el asesinato de Isaías, un hombre honrado. Esperemos que el Gobierno no vuelva a caer en tan enorme error.

Bailando con Zapatero
POR JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 28 Marzo 2008

¿LE prestaría usted cien euros a alguien que le insulta y menosprecia cada lunes y cada martes? Sería tonto, ¿verdad? Pero eso precisamente es lo que pide el PSOE al PP: que ceda a los nacionalistas alguno de los puestos que le corresponden en la mesa del Congreso y en otras altas instituciones, como el Senado y el CGPJ, para que estén allí dignamente representados. La respuesta del PP ha sido la lógica: que se los ceda el PSOE, a quien los nacionalistas apoyan siempre. Y aunque el PP es famoso por meterse goles en su propia meta, no llega, todavía, a sentir vocación de cornudo y apaleado.

Teóricamente es bueno que los nacionalistas se impliquen en la gobernabilidad del Estado. Por desgracia, lo que hacen en la práctica es aprovechar esos cargos para adelantar su agenda egoísta y separadora. Y eso no es ya malo, es suicida. Así que si el PSOE quiere que estén en las más altas instituciones del Estado, que les cedan alguno de los puestos que le corresponden, y allá él si se dedican a boicotearlas y hacer lo que aquel miembro del CGPJ, propuesto por CiU, que se despachó con la calumnia del «genocidio catalán» a manos de los españoles.

Otra cosa es la postura del PP ante la candidatura de Bono a la presidencia del Congreso. El que los nacionalistas estén contra ella es un tanto a su favor, pero tampoco puede despacharse asunto tan complejo de forma tan simple. Bono es volátil. Bono es dúctil, maleable, flexible. Bono es... Bono. Tan pronto se aleja de los arriesgados experimentos de Zapatero como los apoya con entusiasmo. O sea, que lo mejor con él es esperar lo mejor, prepararse para lo peor y rezar a la virgen de la cofradía a que pertenece el ex presidente de Castilla-La Mancha y ex Ministro de Defensa. O sea, abstenerse.

Bastante más difícil es la pregunta de si el PP debe también abstenerse en la investidura de Zapatero o votar en contra, ya que votar a favor está descartado por principio. Votar en contra significaría dejar a Zapatero con los nacionalistas, y al PP, aislado. Ratificar, en suma, el Pacto del Tinell, de infausta memoria. Pero abstenerse podría tomarse como darle un margen de confianza, que el presidente no se merece por su labor durante la primera legislatura y sólo merecería si estuviera dispuesto a pagar el precio correspondiente, que es muy alto. Pero lo que mucho vale, mucho cuesta. En este caso, lo que cuesta la abstención del PP a la investidura de Zapatero es que no haya negociación con ETA. Ni nuevas iniciativas para desvertebrar España. Ni planes para secuestrar la justicia. Es un precio alto, pero justo, pues garantiza que todo ese alarde de sonrisas y manos tendidas que estos días está desplegando el presidente no es una mera cortina de humo para seguir haciendo lo de siempre.

El problema con Zapatero es que ha engañando a todo el mundo, y cuesta creerle. A Rajoy le ha engañado no una vez, sino varias, lo que no habla mucho a favor de éste, y caer de nuevo en la trampa significaría el fin de su carrera política, tocada desde su segunda derrota en las urnas. Es lógico, por tanto, que se ande con pies de plomo y en los últimos días, le haya salido el gallego cauteloso, que guarda sus cartas, en espera ver de por dónde va a salirle el contrario. Hay, sin embargo, una fórmula muy simple de probar la sinceridad de Zapatero: que acepte la hoja de ruta que el PP propone para la próxima legislatura. Sería una especie de «gran coalición» sin llegar a ningún acuerdo formal.

Con lo que los términos de la pregunta se invierten. No se trata de si el PP está dispuesto a abstenerse en la investidura de Zapatero, sino de si Zapatero acepta tal abstención, que haría innecesarios el apoyo nacionalista en la investidura y vale más que todos sus votos juntos. Vale que la próxima legislatura sea de diálogo en vez de bronca, de estabilidad en vez de inestabilidad, de firmeza en vez de debilidad. De España en vez de las españas. Mucho me temo, sin embargo, que sea demasiado hermoso para ser verdad. Pero soñar está permitido. Todavía.

Carod-Rovira quiere morir matando
Lorenzo Contreras Estrella Digital 28 Marzo 2008

Ya se sabe que Carod–Rovira, hasta ahora líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ha anunciado que no optará a “liderar el partido” para “dejar paso a una nueva gente que promueva una nueva cultura política”. Eso de que no piensa optar es una manera clásica de retirarse de algo antes de que a uno le retiren. En realidad, como es obvio, le han retirado los votantes del 9–M. No le ha podido salvar ni siquiera ETA con todo su carisma ante el electorado radical independentista, pese a que Carod se entrevistó en Francia con la dirección de la banda para que Cataluña fuera excluida de cualquier operación terrorista. Algo que, desde luego, ha conseguido. Cataluña, santuario incólume.

Pero lo significativo es que el nacionalismo extremista no inspira confianza ni siquiera a los presuntamente incondicionales de la causa del independentismo. El PSOE ha vaciado esos caladeros para mejorar sus activos electorales. Y entre tales caladeros se encontraba ERC. Los zapateristas ya presumían que el trasvase de votos nacionalistas se iba a producir. Lo anticipó, debidamente asesorado, el secretario de Organización del PSOE, Pepiño Blanco, cuando en octubre del 2007 pronosticó que la victoria socialista de marzo sería nada menos que “contundente”. Decía entonces Blanquiño que los electores darían al PP un “portazo” en las urnas. Algo de eso ha ocurrido, aunque no contundentemente en términos aritméticos. El golpe contundente y el brutal portazo se los ha llevado ERC en Cataluña, y concretamente, por su efecto liquidador, en las narices de Carod–Rovira.

Electoralmente, ERC, que vestía decorosamente sus ropajes parlamentarios, se ha quedado en paños menores. Y Carod–Rovira es ahora un desarrapado al que, para mayor humillación, le disputa los harapos su socio Puigcercós, que en el próximo congreso de junio se presentará como candidato a presidir el partido. Pero, claro, aquí hay una contradicción con lo manifestado por Carod sobre la “nueva cultura política” de la formación republicanista. Porque Puigcercós, procedente del antiguo terrorismo “a la catalana” de Terra Lliure, no encarna precisamente ninguna cultura nueva. Y además se va a encontrar con la competencia interna de la corriente crítica que representan Joan Carretero y Uriel Bertrán, además de Jaume Renyer, este último el más calificado para aspirar a la presidencia del invento. O sea, que la “nueva cultura” viene a ser más de lo mismo, aunque, eso sí, agravado.

Tal vez porque es consciente de que ERC entra en caída libre, Carod-Rovira se ofrece a “todo”, seguramente porque entiende que sin él no hay remedio posible. Y ahí lo tenemos anunciando primero “su renuncia” al liderazgo y avisando al mismo tiempo que, con vistas a las elecciones catalanas del 2010, “no renuncio a nada”. Es decir, que sueña con ser presidente de la Generalitat.

La verdad es que resultan patéticas estas entradas en barrena que tanto se prodigan en las aventuras políticas experimentales, en principio favorecidas por una cierta fortuna y pronto desahuciadas por la realidad. Estos líderes de ocasión, como sucede con Carod–Rovira, mueren proclamando una falsa inmortalidad. En su despedida provisional —según él— el hombre que firmó con ETA un tratado de paz para Cataluña dice encontrarse hoy “en plenitud de energías personales, con más madurez que nunca y con la máxima ilusión”. Esto le recuerda a uno la escena de tebeo en la que un ratón en fuga le dice a otro, con los gatos encima, “antes morir que perder la vida”.

Carod–Rovira subsistirá algún tiempo a base de mantenerse en el Gobierno de Montilla hasta el final de la legislatura catalana. Su filosofía es muy práctica: nada que hacer por la soberanía desde la oposición. Por su soberanía, claro.

solicitud
Padres exigen a Educación que publique la oferta lingüística de cada centro vasco
Denuncian que resulta «imposible» conocer los modelos de los colegios a tres días del inicio de la prematrícula
EL CORREO 28 Marzo 2008

El conflicto en la comunidad educativa vasca por la aprobación del nuevo currículum continúa abierto. La Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística, asociación que agrupa a más de 2.000 padres de toda la comunidad autónoma, exigió ayer al Departamento vasco de Educación que publique los modelos educativos de cada centro «ante el inminente inicio del período de prematrícula». En este sentido, la agrupación denunció que resulta «imposible» conocer la oferta lingüística de los distintos colegios a tres días para que se abra el plazo de las preinscripciones en Infantil y Primaria, con «la confusión y la incertidumbre» que supone para los padres. «Estamos al límite», subrayó la portavoz de la plataforma, María Aldecoa.

La asociación criticó que el departamento dirigido por el consejero Tontxu Campos todavía no haya hecho público la oferta de cada colegio y le ha exigido que clarifique el tema «cuanto antes». «La situación resulta especialmente preocupante en Vizcaya y en Guipúzcoa», indicó Aldecoa. Según denunció, la información que se ofrece en el territorio vizcaíno se refiere al curso pasado, mientras que en el caso guipuzcoano, la Delegación de Educación no facilita ningún listado de los modelos existentes en cada centro y remite a los padres a los propios colegios. «La prematrícula empieza el lunes y nadie sabe nada. Es increíble», lamentó la portavoz de la agrupación.

Para la junta de la Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística, al «oscurantismo por parte de la Administración» se unen «las contradicciones y las medias verdades de los centros, que se ven obligados a decidir entre cumplir la ley y ofertar los modelos lingüísticos como hasta ahora o acogerse al polémico decreto del currículum», que apuesta por la línea en euskera en detrimento de la bilingüe o en castellano.

Ante esta situación, la agrupación de padres recordó que la reforma que propone el nuevo proyecto educativo «cuenta con un rechazo importante y ni siquiera ha pasado el trámite democráticamente exigible del Parlamento vasco», precisaron en un comunicado.

Los miembros de la plataforma también advirtieron ayer de que los planes de reforma educativa del Gobierno vasco trascienden la etapa de enseñanza básica y «van a afectar a Bachillerato». Aunque el decreto del currículum todavía no está publicado, la agrupación de padres mantiene que «sí está elaborado». Es más, aseguran que los centros educativos «tienen el documento desde hace algún tiempo».

No obstante, el colectivo recordó ayer a los padres que «sin su consentimiento expreso ningún centro puede variar el modelo educativo contratado con ellos y cuyo tratamiento jurídico es similar al de los derechos de los consumidores».

Por ello, la junta directiva de la asociación ha puesto a disposición de los interesados un formulario para poner de manifiesto su desacuerdo con la modificación de la oferta inicialmente pactada con su colegio para que en caso de que se produzca un cambio tengan la posibilidad de acudir a los tribunales. A su vez, facilitarán otro documento a aquellos padres que quieran matricular a sus hijos en el modelo A o B y no lo puedan hacer en el centro deseado. La plataforma justifica la adopción de estas medidas al entender que el Gobierno vasco y los propios colegios «presionan y mienten» con el fin de impedir a las familias ejercer su «derecho» a matricular a sus hijos en castellano.

Partidos
Ibarretxe amplía la imposición del vasco entre los 2 y los 18 años
La Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística acusa al Gobierno vasco de ocultar la oferta de los centros
«A los dos años se dicen las primeras palabras, que el Ejecutivo de Ibarretxe pretende sean en euskera», dice la asociación.
Iker Moneo La Razón 28 Marzo 2008

Vitoria- La escalada del Gobierno vasco en su afán de imponer el euskera en las aulas continúa. La Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística, integrada por dos mil padres de alumnos, denunció la intención del Ejecutivo de Ibarretxe de ampliar los efectos del decreto de currículum vasco que aprobó el pasado mes de octubre y que sitúa al euskera en la lengua vehicular de la enseñanza hasta los 16 años.

Según el portavoz de la plataforma, Pablo Gay-Pobes, a esta norma se suma otra, que aún no ha publicado el Departamento vasco de Educación y cuya existencia les consta porque algunos centros ya disponen del documento para aplicarlo también en el próximo curso, mediante la cual la inmersión al euskera se extiende al bachillerato, es decir, a los 18 años. El decreto vigente exige una prueba de euskera equivalente al «First» de inglés al acabar el ciclo de enseñanza obligatoria; el que está pendiente de aprobación demandará en el Bachillerato un nivel semejante al «Advance» de inglés. «Algo prácticamente imposible de alcanzar siquiera para los alumnos integrados en el modelo D (en euskera)», señaló Gay-Pobes.

El portavoz del colectivo de padres también denuncia que «de manera torticera» el Gobierno vasco establece en una orden sobre los requisitos de admisión para el curso 2008-09 –emitida el pasado día 7 de marzo y que ha pasado desapercibida– «la obligación de escolarizar a nuestros hijos a partir de los dos años».

En el texto, al que ha tenido acceso LA RAZON, apenas se hace referencia a un asunto que sí es novedoso en una orden de este tipo. En concreto, lo refleja en los dos primeros artículos, en los que indica que la orden «será aplicable desde los dos años» y en un párrafo que reza así: «La continuidad de los estudios en los diferentes niveles y etapas en el mismo centro se garantizará de forma automática y, por tanto, no requerirá solicitud de admisión, salvo cuando se trate de acceder a un aula de dos años».

Desde la plataforma se preguntan por qué no se ha informado a los padres sobre este aspecto, a la vez que denuncian que no se trata de una opción, sino de otra «obligación». Según una integrante de la plataforma y madre afectada, «la trampa está en que aquellos que accedan a la escuela a los dos años, obtendrán plaza automáticamente para el curso siguiente sin necesidad de que se les tenga que baremar; por el contrario, quienes decidan comenzar el colegio un año después, a los 3, lograrán sólo puesto si los de 2 años dejan alguno disponible y perderán todos los puntos que habrían obtenido si hubieran ido a la escuela un año antes».

Para Gay-Pobes, «se esconde el objetivo final del proyecto educativo planteado por el Ejecutivo vasco, y es que cuanto antes tenga en su circuito de enseñanza a los niños, antes podrá proceder a realizar una inmersión lingüística en euskera».

En su opinión el propósito no es otro que el de «convertir la lengua materna, en caso de que esta sea el castellano, en la lengua denominada como propia». «Va a ser más difícil tener argumentos para luego no matricular a los niños en euskera. A los dos años es cuando emiten las primeras palabras, que el Gobierno vasco pretende que sean en euskera, dado que las aulas de esa edad son en esta lengua», añadió.

Pero el obstáculo más inminente con el que se toparán los padres vascos es el de la falta de información respecto a los proyectos lingüísticos de cada centro. La plataforma denunció que el Departamento de Educación continúa sin facilitarlo a falta de tres días para la apertura del período de prematrícula en los ciclos de infantil y primaria.

Confusión e incertidumbre
En un comunicado, señaló que «la confusión y la incertidumbre de los padres se encuentra al límite». Los casos más graves se dan en Vizcaya, «donde la información que ofrecen no está actualizada sino que es del curso pasado», y Guipúzcoa, «donde la Delegación de Educación no facilita ni el listado de centros ni el proyecto lingüístico de cada uno de ellos y remite a los propios colegios», lamentó.

Para la asociación, el Departamento de Educación está actuando con «oscurantismo» y está obligando a los centros a decidir entre cumplir la ley y ofertar los modelos lingüísticos como hasta ahora (A, en castellano; B, bilingüe; y D, en euskera), o acogerse al decreto de currículum y aplicar una reforma sin pasar por el Parlamento Vasco.

Denuncias
1/ primero, hasta los 16. La plataforma ya denunció la intención del Gobierno vasco de situar al euskera en la lengua vehicular de la enseñanza hasta los 16 años.

2/ por «decreto» A la vista de los nuevos datos, ahora considera que escolarizar a los hijos desde los dos años no es una opción, sino otra «obligación».

3/ una lengua «propia». En su opinión, el propósito es «convertir la lengua materna, en caso de que ésta sea el castellano, en la lengua denominada como propia».

Partidos
El último atropello
José Antonio VERA La Razón 28 Marzo 2008

Nos complicamos la vida con normas absurdas, cuando todo es mucho más fácil de lo que parece.

En el País Vasco el idioma común es el castellano. El euskera es una lengua preciosa y preciada, pero apenas hablada y comprendida por el veinte por ciento de los vascos. La sociedad no tiene problemas de convivencia entre el español y el vascuence: se habla y escribe habitualmente en castellano, y el euskera se aprende porque es bueno conocer algo tan bello y con tanta historia.

Hay que enseñar y aprender bien el euskera, es evidente. Pero no a costa de maltratar el español, lengua materna de 435 millones de personas en todo el mundo, e instrumento de comunicación internacional de primer orden. Esto es algo evidente que entiende la gente sensata sin problema alguno.

Pero hay mucho insensato que se empeña en no ver la realidad y que intenta levantar muros innecesarios entre los ciudadanos. El último atropello lo constituye la idea peregrina de impedir que el castellano se convierta en lengua vehicular de la enseñanza en el País Vasco. Fundamentalmente por el hecho de que se trata de una imposición. El sistema actual, aún hoy vigente, es más que razonable. Cada padre elige la lengua vehicular de su hijo. Al que pide euskera, se le da euskera. Al que prefiere castellano, se le respeta su elección.

Pero hete aquí que para el nacionalismo eso es poco. Y andan enfrascados en la tarea de imponer el vascuence como lengua vehicular a todo el mundo. Un nuevo exceso ante el que cientos de vascos se están revelando con razón.

PARA EVITAR LA DISCRIMINACIÓN
Arenas presentará en el Congreso una Ley de Igualdad ante las Administraciones Públicas
Javier Arenas ha afirmado que presentará en el Congreso una Ley de Igualdad de los españoles ante las Administraciones Públicas "para que los andaluces no sean discriminados ni por la lengua, ni por cualquier otra circunstancia en ningún lugar de España". Los andaluces, ha repetido, se sienten muy españoles y contemplan su futuro como parte del proyecto común de España y por eso, el PP de Andalucía tiene que rebelarse contra hechos que suponen agravios y discriminaciones de hecho respecto de otras comunidades de España.
Pedro de Tena Libertad Digital 28 Marzo 2008

Principalmente, el objetivo de este futuro proyecto de Ley es resolver una serie de problemas que afectan a los andaluces:

a) Andalucía ha visto cómo su deuda histórica reconocida por el Estado – porque el atraso de Andalucía era mucho y muy grave en 1982 -, era postergada por una supuesta deuda histórica acordada una noche de negociación entre el presidente del Gobierno y el tripartito catalán, con el silencio del señor Chaves.

b) Andalucía ve cómo los andaluces afincados en otras Comunidades tienen dificultades para educar a sus hijos en la lengua materna española.

c) Andalucía ve cómo sus trabajadores y profesionales tienen desigualdad de condiciones a la hora de trabajar en algunas Comunidades porque en éstas se exigen lenguas diferentes del castellano para tener opciones de aprobar oposiciones o pruebas privadas.

d) Andalucía ve cómo, año tras año, los presupuestos nacionales son regidos no por criterios de solidaridad y de cooperación, sino por criterios de conveniencia política, cuando no de cesión política ante partidos nacionalistas minoritarios que tienen la fuerza por sostener al gobierno nacional.

e) Andalucía ha visto cómo existe una desigualdad manifesta de trato ante situaciones de catástrofes medioambientales.

Arenas no especificó en qué momento de la legislatura va a proponer al PP que eleve su propuesta de Ley en el Congreso de los Diputados.

Partidos
Manos Limpias denuncia la inmersión lingüística ante el Defensor del Pueblo
R. N. La Razón 28 Marzo 2008

Madrid- La inmersión lingüística que están llevando a cabo los gobiernos nacionalistas de Cataluña, el País Vasco y Galicia y el socialista de las Islas Baleares ha llegado hasta el Defensor del Pueblo. El colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias presentó el pasado martes un escrito en la sede del departamento que dirige Enrique Múgica para denunciar una política que consideran «excluyente y totalitaria».

En el escrito se denuncia la «restricción y limitación a usar el castellano» en las citadas comunidades y el «rodillo y «aparheid» lingüístico, y el rodillo del castellano. Se denuncia, en definitiva, «el racismo y la xenofobia contra el castellano», al que se quiere «exterminar».

Para este colectivo, «es público y manifiesto que la sociedad española está asistiendo alarmada día a día al fomento y promoción de las lenguas de las comunidades autónomas», que obligan a imponer la misma sobre la lengua oficial, el castellano. Todo ello, añade, ante la pasividad del Ejecutivo de la nación de «dejar hacer y no poner freno a los desmanes e ilegalidades de los Ejecutivos de las comunidades autónomas denunciadas».

Manos Limpias asegura que la inmersión lingüística vulnera tres artículos de la Constitución. En primer lugar, el 3, que especifica que el castellano es «la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». Ambos preceptos, sin embargo, se están conculcando en estas comunidades en opinión de esta asociación.

También se está transgrediendo el artículo 9, «en el sentido de que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico».

Por último, Manos Limpias cree que se vulnera el artículo 14 de la Carta Magna, puesto que se discrimina por la circunstancia de residir en la comunidad autónoma de Cataluña, País Vasco, Galicia y Baleares.

Por todos estos motivos, la asociación solicita al Defensor del Pueblo que interponga los correspondientes recursos de inconstitucionalidad contra las leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley de las citadas autonomías.

Savater: «Con una población atemorizada por el terror, no puede haber consulta»
B. TORQUEMADA. MADRID ABC 28 Marzo 2008

Insiste Fernando Savater en que artículos que escribió hace un par de años servirían para mañana mismo, sin apenas necesidad de retoques, y por eso se ha decidido a recopilar una selección significativa de los que ha venido publicando en prensa desde la llegada al poder de Zapatero y a recogerlos en un nuevo libro, bajo el título de «Saliendo al paso». Editado por Espejo de Tinta y dotado de una coherencia interna que supera ampliamente la suma de «retales», el libro disecciona los acontecimientos más destacados de una legislatura convulsa y marcada por el «proceso» de negociación con ETA y por la deriva nacionalista. Así, lo que ayer dijo el filósofo en el acto de presentación del libro sobre la «consulta» de Ibarretxe entronca con lo que ya manifestó cuando el jefe del Gobierno vasco planteó el primer desafío al llevar su «plan» a las Cortes: que «no puede haber libre decisión de una población atemorizada a través del terror».

Con «Saliendo al paso» quiere además desmontar el trazo grueso del que ha sido víctima su propia figura «por no responder a los patrones maniqueos de unos y otros». Recordó que muchos de los ataques que ha sufrido en estos últimos tiempos surgieron «a raíz de la entrevista informal que mantuve con Zapatero», de la que se derivaron todo tipo de interpretaciones, pese a que el filósofo ha rechazado siempre cualquier tentación de negociación política con los terroristas. Al tiempo, ha sentido también que algunas de sus posiciones le han «aislado»; por ejemplo, la de diferenciar claramente entre «la «rebelión cívica» de verdad, la que ha venido protagonizando el movimiento ciudadano del País Vasco contra ETA, de las «caceroladas» contra el Gobierno de Zapatero». «No es lo mismo -abundó- manifestarse contra ETA en Sevilla, aunque sea respetable, por supuesto, que hacerlo en Guernica. En el País Vasco salir a la calle para defender las instituciones democráticas es un riesgo. A Fernando Buesa le mataron días después de participar en una movilización de «Basta Ya»». Sobre UPyD dijo que espera mucho de la entrada de Díez en las Cortes: «Hay escaños y escaños. Bandrés fue el único diputado de su partido y no pasó desapercibido».

Jaime Rosales e Iñaki Arteta, otras dos miradas sobre ETA
MADRID. ABC 28 Marzo 2008

El cine español ha posado su mirada sobre uno de los principales problemas que padece nuestro país desde hace décadas: el terrorismo de ETA. No es un asunto que se haya tratado con profusión, aunque sí hay varios filmes de muy distinta naturaleza y punto de vista: desde «Operación Ogro», que recreaba el asesinato de Carrero Blanco, hasta «Días contados», en que Imanol Uribe hacía vivir a un etarra una apasionada historia de amor, pasando por «Yoyes», de Helena Taberna; «A ciegas», de Daniel Calparsolo, o el polémico documental de Julio Médem «La pelota vasca».

Iñaki Arteta firmó hace tres años un valiente documental, «Trece entre mil», en el que le daba la palabra a las víctimas del terrorismo etarra. En declaraciones a Alfonso Armada, el cineasta aseguraba que «en tiempos difíciles, lo más fácil es mirar hacia otro lado», y añadía que estos tiempos exigen tomar postura. «Estar en el medio me parece que no es el sitio donde tenía que estar». Arteta vuelve ahora a abordar la cuestión con una película de significativo título, «El infierno vasco». En ella presenta tres historias de otros tantos ciudadanos vascos que se vieron obligados a abandonar su tierra: «un profesor de ética que se alejó de su hijo tras un intento de asesinato, para subsistir sin domicilio fijo; un sacerdote condenado a muerte por los terroristas y abandonado por sus fieles; y un político local acosado desde hace quince años». Son, según Arteta, «las otras víctimas», los que «silenciosamente han tenido que dejar su tierra a causa de la opresiva realidad que se vive en todas y cada una de las localidades del País Vasco».

La noticia del asesinato de los guardias civiles Fernando Trapero y Raúl Centeno a principios de diciembre de 2007 impresionó a Jaime Rosales, que se puso enseguida a escribir el guión. La película, rodada en San Sebastián con actores no profesionales, está filmada, según ha contado el propio cineasta, con teleobjetivo, y el espectador ve hablar a los personajes, aunque no puede escuchar los diálogos.

EL INFIERNO VASCO'
Tráiler en la Red del nuevo filme de Iñaki Arteta

El Correo 28 Marzo 2008

Ertzainas apaleados con saña en pleno Bilbao por los cómplices de ETA; maledicencia y persecución contra los que no piensan como ellos; miles de personas atacadas o amenazadas, la mayoría no nacionalistas, que abandon su propia tierra en silencio... La explicación del fenómeno no se agota con las andanzas de la organización criminal. Hay más. Iñaki Arteta lo explica en su nueva película, 'El infierno vasco'. Aún no tiene fecha de estreno, pero sí un sitio propio en la Red (www.elinfirnovasco.com).

La Generalitat defiende la sanción a un mosso por escribir en castellano
El agente expedientado por no redactar el texto en catalán recurre a los tribunales
Escribir una diligencia en castellano le costó a un Mosso d?Esquadra de Gerona que le abrieran un expediente.
Montse Espanyol La Razón 28 Marzo 2008

Barcelona- Un miembro de los Mossos d?Esquadra ha sido expedientado por escribir unas diligencias policiales en castellano. El agente, del área de Investigación de Girona, redactó las diligencias de un caso relacionado con la estafa de una entidad financiera, teniendo en cuenta la relevancia del presunto delito y que las declaraciones de los imputados fueron tomadas en español. Cuando tuvo todo redactado, sus superiores le avisaron de que debía traducirlo al catalán porque es la lengua de la administración autonómica. El mosso se negó a cumplir este requisito porque las diligencias tenían muchas páginas, y le acabaron abriendo un expediente de Información Reservada alegando desobediencia.

Los argumentos de Saura
El polémico episodio llegó ayer al Parlament de Cataluña a través de una denuncia del diputado de Ciutadans José Domingo. Pero en vez de encontrar una rectificación, Domingo se encontró con que el consejero de Interior, Joan Saura, defendió que hayan expedientado a un agente por utilizar una de las dos lenguas oficiales de Cataluña, en este caso, el castellano.

Saura argumentó que el agente debía escribir en catalán la diligencia y no en castellano porque «el catalán es la lengua propia de la administración catalana, como lo es el castellano de la española». Domingo respondió que «es sarcástico que sea más importante la lengua en que están escritas las diligencias que el contenido, aunque es más sarcástico aún que se abra un expediente a un agente alegando desobediencia por no traducir el escrito del castellano al catalán». El portavoz adjunto del grupo mixto subrayó que esta manera de actuar «sólo tiene un nombre: totalitarismo», a lo que Saura respondió que «totalitarismo es lo que ha padecido la lengua catalana». El consejero de Interior, responsable de la policía autonómica, entiende que no se puede comparar «el totalitarismo con que se haga cumplir un decreto en una situación democrática». Saura alegó que alrededor de la lengua catalana «hay un gran consenso», y reiteró que la Administración catalana utiliza la lengua que le es propia.

El mosso sancionado no está de acuerdo con el argumento de Saura y ha llevado el caso al Contencioso-Administrativo de Girona, donde está pendiente de resolución.

Denuncian ante la Fiscalía el encargo de informes a personas afines al tripartito
MARÍA JESÚS CAÑIZARES. BARCELONA. ABC 28 Marzo 2008

El encargo a dedo de informes técnicos a personas afines al tripartito ha llegado a la Fiscalía. El sindicato colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias considera que el Gobierno catalán podría haber incurrido en los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, por lo que ayer presentó una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la que pide que se investigue si los hechos son delictivos.
La denuncia fue presentada a raíz de la publicación en ABC de una información sobre los 1.583 informes técnicos encargados el año pasado por la Generalitat a personas externas a la administración, por un coste total de 31 millones de euros.

«Sectarismo y clientelismo»
Parte de esos estudios fueron pedidos a personas vinculadas a PSC, ERC e ICV y entre ellas se encuentran ex diputados, antiguos cargos de la Generalitat y asesores de estos partidos que habrían cobrado más de 300.000 euros, cifra que podría ser más elevada, dada la larga relación de empresas que han efectuado este tipo de trabajos.

En la denuncia presentada ante el ministerio público, el sindicato califica de «escándalo» los «sectarismos, clientelismo y pago de favores» que, en su opinión, se desprende de ese listado de informes. Considera esta agrupación que la Generalitat «ha actuado sin objetividad y sin preservar los intereses generales. Se ha actuado con subjetividad y favoreciendo intereses particulares». El Ejecutivo catalán habría lesionado, según los denunciantes, «el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial» de la comunidad autónoma».

Los informes que han dado pie a la denuncia de Manos Limpias fueron facilitados por la Consejería de Interior y Relaciones Institucionales de la Generalitat, en respuesta a una pregunta parlamentaria del presidente del PP catalán, Daniel Sirera, quien coincide con el sindicato en que la asignación de esos trabajos a dedo es «una forma encubierta de pagar favores a amigos del partido». Sirera también criticó la externalización de informes que podrían ser realizados perfectamente por funcionarios y personal laboral que ya trabaja para la Generalitat.

Por su parte, el portavoz de CiU en el Parlamento catalán, Oriol Pujol, acusó al Gobierno catalán de «gastar recursos con demasiada manga ancha», mientras el consejero de Economía, Antoni Castells, pide una mejora de la financiación. Pujol cree necesario controlar la acción del Ejecutivo de José Montilla porque su partido tiene sospechas de que se externalizan informes a empresas de consultoría y asesoramiento sin motivo aparente. El PSC, partido mayoritario del tripartito, rehusó ayer hacer valoraciones sobre estos informes, alegando que no conoce el contenido de ese listado.

La falsificación del ayer envenena el mañana
Pío Moa Libertad Digital 28 Marzo 2008

(texto de la conferencia de Zaragoza, ligeramente retocado)

Les leeré un manifiesto publicado hace semanas en algunos medios:
“Diversos políticos y partidos propugnan una determinada visión de nuestro pasado mediante la llamada Ley de Memoria Histórica. Esta ley, por sí misma, constituye un ataque a las libertades públicas y a la cultura.
De modo implícito, pero inequívoco, la ley atribuye carácter democrático al Frente Popular. Hoy está plenamente documentado lo contrario. Dicho Frente se compuso, de hecho o de derecho, de agrupaciones marxistas radicales, stalinistas, anarquistas, racistas sabinianas, golpistas republicanas y nacionalistas catalanas, todas ellas ajenas a cualquier programa de libertad.

También está acreditado suficientemente que, ya antes de constituirse en Frente, los citados partidos organizaron o colaboraron en el asalto a la república en octubre de 1934, con propósito textual de guerra civil, fracasando tras causar 1.400 muertos en 26 provincias; y que, tras las anómalas elecciones de febrero de 1936, demolieron la legalidad, la separación de poderes y el derecho a la propiedad y a la vida, proceso revolucionario culminado en el intento de asesinar a líderes de la oposición, cumplido en uno de ellos. Esa destrucción de los elementos democráticos de la legalidad republicana hundió las bases de la convivencia nacional y causó la guerra y las conocidas atrocidades en los dos bandos y entre las propias izquierdas.

La Ley de Memoria Histórica alcanza extremos de perversión ética y legal al igualar como “víctimas de la dictadura” a inocentes, cuyo paradigma podría ser Besteiro, y a asesinos y ladrones de las checas, cuyo modelo sería García Atadell. Así, la ley denigra a los inocentes y pretende que la sociedad recuerde y venere como mártires de la libertad a muchos de los peores criminales que ensombrecen nuestra historia. También erige en campeones de la libertad a las Brigadas Internacionales orientadas por Stalin, a los comunistas que en los años 40 intentaron reavivar la guerra civil o a los etarras que emprendieron en 1968 su carrera de asesinatos. ¿Cabe concebir mayor agravio a la moral, la memoria y la dignidad de nuestra democracia?

La falsificación del pasado corrompe y envenena el presente. Nos hallamos ante una adulteración de nuestra historia agravada por la pretensión de imponerla por ley, un abuso de poder acaso compatible con aquel Frente Popular, pero no con una democracia moderna. La sociedad no puede aceptarlo sin envilecerse: los pueblos que olvidan su historia se condenan a repetir lo peor de ella. Que el silencio no nos condene”.

El manifiesto está firmado por César Alonso de los Ríos (ensayista), Federico Jiménez Losantos (ensayista y periodista), José María Marco (historiador), Adolfo Prego (magistrado del Tribunal Supremo), Milagrosa Romero Samper (historiadora), Pedro Schwartz (catedrático Universidad), José Luis Orella (historiador), Ricardo de la Cierva (historiador), Jesús Palacios (historiador), Juan Carlos Girauta (ensayista), Sebastián Urbina (profesor de Filosofía del Derecho), César Vidal (historiador), Eugenio Togores (historiador), José Vilas Nogueira (catedrático Universidad ), y 7.640 firmas más, entre ellas la mía, que fui el redactor del documento.

Paso a ampliar el contenido del manifiesto. La versión izquierdista-separatista sobre la república y la guerra puede resumirse así: la república llegó democráticamente en abril de 1931 y desde el principio se vio acosada por conjuras de la derecha reaccionaria, que temía perder sus injustos privilegios. Sanjurjo encabezó el primer golpe contra el nuevo régimen, pero fue vencido. Luego surge un hecho inexplicable para esta versión, y es que, tras dos años de experiencias liberadoras y presuntamente favorables al pueblo, este vota muy mayoritariamente al centro derecha, en 1933. Pero en cualquier caso, el nuevo gobierno implanta una opresión y explotación tales que empujan a los catalanes y a los mineros asturianos a una rebelión, aplastada de forma brutal por el poder reaccionario. No obstante, en febrero del 36 ganan las elecciones las izquierdas, agrupadas en el Frente Popular, y a partir de ahí la conspiración militar y fascista se refuerza hasta desatar la guerra civil. El bando reaccionario, mandado por Franco, gana la guerra gracias al apoyo de las potencias fascistas, Alemania e Italia, e implanta una feroz dictadura durante casi cuarenta años. Luego, la transición democrática respetó en exceso al franquismo, etapa vergonzosa que debemos condenar sin paliativos y saltar sobre ella para enlazar nuestra democracia con el Frente Popular.

El punto de vista franquista puede resumirse, a su vez, de este modo: llegó la república mediante un golpe de estado y desde el principio se despeñó en una serie de convulsiones, de ataques a la religión y a la unidad de España. Esa deriva pudo haberse corregido durante el segundo bienio, de derecha, pero la violencia izquierdista y separatista, en lugar de ceder, se incrementó hasta asaltar sangrientamente el poder en octubre del 34. Aunque el ataque fracasó, en febrero de 1936 volvieron al poder en unas elecciones signadas por una radicalización extrema, y enseguida abrieron un proceso de comunistización en el que, como admitía el antifranquista Madariaga, ni la propiedad ni la vida estaban seguras. Por ello se alzó un sector del ejército con vasto apoyo popular, fracasando a medias y dando origen a la guerra civil. Ganaron las fuerzas patrióticas y de orden, y crearon un régimen de democracia orgánica mucho más acorde con la idiosincrasia española, como prueba su duración y la escasa oposición que tuvo. Por desgracia, la transición posterior a la muerte de Franco se realizó traicionando el legado del franquismo y, aunque el peligro comunista ha pasado a la historia, nos hallamos ante una gravísima amenaza separatista que nos empuja a una nueva crisis de convivencia nacional.

Las dos versiones tienen algo de verdad, pero parten, a mi juicio, de visiones en gran medida adulteradas de la historia reciente. La más peligrosa es la versión izquierdista, porque intenta imponerse desde el poder y fundamenta otras medidas antidemocráticas en curso, mientras que no parece haber riesgo de una vuelta al régimen anterior.

Analicemos, pues, la versión izquierdista y separatista. La base de su historiografía, de una multitud de iniciativas políticas actuales, de la llamada ley de memoria histórica y de movimientos emocionales diversos, consiste en la identificación del Frente Popular con la república, y la afirmación de que dicho Frente formó un gobierno legítimo y democrático. Dense cuenta de que esta cuestión constituye la clave del juicio sobre nuestra época: si la tesis mencionada corresponde a la realidad, entonces el franquismo ha de ser rechazado inapelablemente, y lo mismo la monarquía y la democracia que han derivado de ese régimen. De hecho, esta concepción se encuentra en la base de las maniobras actuales contra la Constitución. Sin embargo las cosas no son tan sencillas, como veremos.

La república llegó mediante un golpe de estado, es cierto, pero sus autores fueron los monárquicos, no los republicanos. Tras ganar unas elecciones municipales y despreciar a sus propios votantes y programa, los monárquicos entregaron el poder a sus contrarios. Golpe de estado contra sí mismos explicable solo por una quiebra moral muy profunda y casi sin precedentes. La república nació así con legitimidad suficiente y como un proyecto de democracia liberal. Pero ese proyecto sufrió un primero y salvaje desbordamiento en las jornadas de quemas de iglesias, bibliotecas y centros de enseñanza, apenas inaugurado el nuevo régimen. Lo más grave no fueron los hechos mismos, con ser gravísimos, sino la pretensión, por parte de la izquierda, de que las bandas de delincuentes incendiarios representaban al pueblo, más aún eran el mismo pueblo, con el cual se identificaban, claro está, las izquierdas y parte del mismo gobierno. Ello abrió una profunda brecha en la sociedad española y generó las primeras conspiraciones derechistas, que no surgieron al instaurarse el nuevo régimen, como se dice, sino a partir de actos como los mencionados. La brecha social se amplió con una Constitución no laica, sino anticatólica, contraria al sentimiento religioso mayoritario y a derechos elementales, reduciendo a los religiosos a ciudadanos de segunda y a la indigencia. Aun así, las conspiraciones derechistas contra la república no pasaron de marginales, como probó el golpe de Sanjurjo, falto de respaldo de la gran mayoría de la derecha y saldado con 10 muertos, casi todos rebeldes.

En solo dos años la experiencia de izquierdas, republicano-socialista, dirigida por Azaña quedó desprestigiada. Y no por la acción de las derechas, sino por el fallo de sus reformas, como la agraria, cuya ineptitud lamentaba Azaña; o la del ejército, reforma razonable pero aplicada con tal torpeza que multiplicó las tensiones, como admitió también el propio Azaña; o el estatuto catalán, que para el gobierno era la solución al problema y para los nacionalistas solo el primer paso de una escalada reivindicativa; asimismo el plan de extender la enseñanza quedó neutralizado por la persecución contra la educación religiosa. Finalmente, Azaña no recibió el golpe decisivo de las derechas, sino de las insurrecciones anarquistas, quince veces más mortíferas que el golpe de Sanjurjo, en particular de la represión gubernamental de Casas Viejas.

Las violencias y desbarajustes de la etapa republicano-socialista motivaron la amplia victoria electoral del centro derecha en noviembre de 1933. Y entonces se produjo la quiebra -- aunque todavía oculta-- de la república, al rechazar las izquierdas la votación popular. Azaña y sus correligionarios intentaron golpes de estado para impedir gobernar a los ganadores de las elecciones; los líderes del PSOE, el partido más masivo, apartaron al moderado Besteiro y se volcaron en la preparación de una insurrección, concebida como guerra civil, para liquidar la república e imponer un régimen de tipo soviético; los nacionalistas catalanes y vascos emprendieron movimientos de rebeldía. Estas acciones llevaron a la insurrección de octubre del 34, que en Asturias, durante dos semanas, cuajó en guerra civil como había planificado el PSOE; pero en el resto del país la población no siguió a los revolucionarios ni a los nacionalistas catalanes. Ante la derrota, los jefes rebeldes pretendieron que el levantamiento había sido espontáneo, pero hoy sabemos con certeza que mentían. Y tampoco rectificaron sus actitudes. Lejos de ello, lanzaron una enorme campaña nacional e internacional contra la represión gubernamental en Asturias. Esa campaña utilizó la mentira de forma masiva y envenenó el ambiente popular, como había advertido Besteiro.

Podemos considerar aquella insurrección el comienzo de la guerra civil justamente por eso, porque sus promotores no cambiaron nada esencial de las ideas que les habían llevado a sublevarse, y siguieron fomentando el clima de odio necesario para un enfrentamiento definitivo. Si entonces subsistió la república se debió solo a que las derechas, Franco incluido, no replicaron con un contragolpe y defendieron la legalidad.

De todas formas la derrota izquierdista pudo haber estabilizado una democracia liberal, según el sentido inicial del régimen, pero los derrotados formaron pronto el llamado luego Frente Popular, irreconciliable con las derechas. En cuanto a estas, tras su victoria sufrieron divisiones y los manejos del presidente conservador Alcalá-Zamora, el cual terminó expulsando a la derecha del poder de modo a duras penas legal. La crisis abocó a las elecciones de febrero del 36, que no pueden llamarse democráticas, tanto por las violencias, la huida de las autoridades y las irregularidades en los recuentos, también mencionadas por Azaña, como porque las votaciones reales nunca se publicaron. Durante años, los cálculos de los historiadores variaban en más de un millón de votos, hasta que las investigaciones de Javier Tusell, ya en 1971, proporcionaron cifras más fiables, con un empate aproximado entre derechas e izquierdas.

Así, el triunfo del Frente Popular no procedió de unas elecciones normales y no puede considerarse legítimo. Y su ilegitimidad de origen empeoró al momento con un doble proceso revolucionario. Desde la calle, las masas y partidos izquierdistas imponían su ley en una serie de liberaciones de presos, asesinatos, incendios, ocupaciones de tierras y mil desmanes más, no perseguidos por el gobierno, que en cambio se cebaba contra las débiles réplicas de los grupúsculos falangistas. Y desde el poder, el gobierno mismo procedió a demoler la legalidad republicana para sustituirla por un sistema al estilo del PRI mejicano, reduciendo a la derecha a una oposición impotente, pero que mantuviese una fachada de pluralismo democrático bajo el dominio real e irreversible de las izquierdas. A ese fin despojó arbitrariamente de escaños a las derechas, destituyó ilegalmente a Alcalá-Zamora y suprimió los restos de independencia judicial, sometiendo a los jueces al control de sindicatos y partidos revolucionarios; entre otros atentados a la legalidad. Las reiteradas peticiones de los líderes derechistas en las Cortes para que se cumpliera e hiciera cumplir la ley, una obligación sin la cual todo gobierno se vuelve una tiranía, fueron contestadas con burlas y amenazas de muerte. El asesinato del jefe de la oposición Calvo Sotelo, realizado por fuerzas combinadas de seguridad del estado y milicianos socialistas, culminó el proceso y constituyó un diagnóstico preciso de la situación. De hecho, el proyecto de democracia liberal había dejado de existir tras las elecciones de febrero.

Podemos observar, en resumen, tres fases en la demolición de la república: una primera fase de desbordamiento del régimen durante el bienio republicano-socialista; una segunda fase de asalto armado de las izquierdas al poder durante el bienio de centro derecha; y una tercera de proceso revolucionario abierto y eliminación de la legalidad desde un gobierno salido de unas elecciones no democráticas. El Frente Popular, por tanto, no era ya la república, aunque por motivos propagandísticos usurpara su nombre durante la guerra civil y así se le siga identificando comunmente. Era, de manera precisa, lo contrario de la república, el embrión de un nuevo régimen. Solo una persistente propaganda, el “Himalaya de embustes” denunciado por Besteiro, impide aún a mucha gente percibir estos hechos, hoy perfectamente documentados.

Pero reitero que ni siquiera hace falta saber mucha historia para percatarse de la realidad, basta recurrir a un elemental sentido de la lógica. Figúrense, insisto, a los stalinistas, marxistas del PSOE, racistas del PNV, anarquistas, golpistas de Companys y de Azaña… ¡defendiendo la democracia todos juntos (y matándose de paso entre ellos)! La falsedad es tan chocante, tan estridente como si se pretendiera hacer de Hitler un protector de los judíos. Y sin embargo este formidable engaño se ha impuesto en gran parte de nuestra sociedad, generando a su vez falsedades en cadena, desenfocando de raíz la visión de nuestro pasado y orientando peligrosamente el porvenir.

Muchos creen esas fábulas por ignorancia pero, en mi opinión, sus promotores conocen bastante bien la realidad. No puede ser de otro modo, por cuanto algunos historiadores nos hemos aplicado en los últimos años a poner en claro los datos, su lógica y los documentos que demuestran inapelablemente el fraude histórico. Puesto que nuestras tesis contradicen de frente las más divulgadas hasta hace poco, debiera haberse suscitado un debate intelectual, pero, por cuanto a mí respecta, he topado con una cerrazón tal que ha llevado a Stanley Payne a preguntarse si realmente la democracia ha calado en la universidad española. Este cerrilismo ha cundido mucho más allá de la universidad por medio de ataques personales, hasta la incitación al asesinato o el intento de meterme en la cárcel para “reeducarme”, a raíz de la publicación de Años de hierro.

Otra postura defendía el conocido locutor Iñaqui Gabilondo en entrevista a un historiador stalinista llamado Espinosa, el cual, consecuente con su ideología, pedía la censura oficial de mis libros; el locutor, en apariencia más moderado, prefería que la sociedad misma los rechazara, sin prohibiciones expresas. Desde luego, la forma mejor y más honrada de obtener ese rechazo sería precisamente un debate en profundidad, que dejara al desnudo mis supuestas falacias, pero no buscaba nada parecido nuestro buen Gabilondo: su método para alcanzar el deseado rechazo social consistía en combinar el ataque personal con el silenciamiento de mis tesis. El diario El País fue el primero en aplicar la censura y negarme el derecho de réplica, ejemplo seguido por la mayoría de los medios de masas. Podría extenderme, pero lo dicho permite entender cómo la promoción de la falsedad histórica no obedece a ignorancia ni hay en ella la menor inocencia.

Entre las causas de esas posturas cabe percibir una comprensible debilidad humana: muchos intelectuales, políticos, periodistas e historiadores han seguido durante años, sin mayor crítica, una corriente que parecía defender la libertad y facilitaba éxitos profesionales. Dar marcha atrás se vuelve difícil, por más que lo exija la honestidad intelectual. Con todo, es perceptible un cambio de la marea, que seguramente irá en ascenso en los años próximos, pues no se puede tapar el sol con una mano.

Más allá de implicaciones personales, la agresiva persistencia en errores patentes se explica por la crisis ideológica de la izquierda, la cual ha debido abandonar el marxismo, ha asistido a la caída del muro de Berlín, ha puesto de relieve la sustancia de los famosos cien años de honradez, ha practicado el terrorismo desde el poder, etc. Estos graves tropiezos la han obligado a buscar otra fuente de legitimidad y la han encontrado en la historia: al identificarse con un Frente Popular pretendidamente democrático, las izquierdas buscan ganar una legitimidad inmensamente superior a la de las derechas, las cuales descenderían del franquismo, supuesto asesino de aquella libertad. Se comprende bien la importancia de defender el mito.

Y se comprende asimismo que en esa defensa empleen métodos como los del Frente Popular e intenten imponer por ley una versión de la historia, como en los países totalitarios. Esa ley se presenta con el objetivo, en apariencia muy humano, de reivindicar la dignidad de las víctimas del franquismo, pero queda en evidencia al insultar a las víctimas inocentes y prestigiar a los criminales de las chekas o a los terroristas de la ETA. Ello no es una casualidad, sino consecuencia lógica de la gran mentira de base. Se ignora, además, que si bien la represión franquista de posguerra fue brutal, no lo fue más que las de tantas otras posguerras en Europa y el resto del mundo, con la diferencia de que en España casi toda se realizó por medios legales y no por simples asesinatos sin juicio, y que muchos de los ajusticiados habían cometido crímenes sádicos durante la guerra, para verse luego abandonados por sus jefes, que huyeron al exterior sin preocuparse en lo más mínimo de ellos. En esta ley tampoco hallamos ignorancia o inocencia, sino una mezcla de hipocresía y de exhibición triunfante de querencias tiránicas, asentadas en el abuso del poder.

Por lo tanto, y contra una masa de historiografía surgida en los últimos cuarenta años, la sublevación derechista de julio del 36 no combatió a un gobierno legítimo y democrático, sino a un proceso revolucionario. No destruyó ninguna democracia, sino que surgió a causa de la previa destrucción de la democracia por las izquierdas. Esta conclusión terminará imponiéndose sin duda, a pesar de todas las resistencias intelectuales y políticas, porque corresponde claramente a los hechos, y determina una visión radicalmente distinta de nuestra historia posterior.

Si el Frente Popular, lejos de continuar la república, asaltó en 1934 su legalidad, base de la convivencia social entonces, y la hundió en 1936, causando así la guerra civil, ¿cuál podía ser el resultado? La mayoría de la derecha había desconfiado de la república, pero la había aceptado y hasta la había defendido en octubre de 34. Solo tras las elecciones de febrero del 36 llegó a creer que la democracia liberal nunca funcionaría en España. Y, desde luego, ningún régimen de libertades puede funcionar si uno o varios de los principales partidos rechazan sus reglas del juego, como ocurrió entonces. Por consiguiente, el radical enfrentamiento de unos y otros solo podía dar paso a una dictadura. La lucha se planteó entre una opción totalitaria de izquierdas y una autoritaria de derechas. Ganó la autoritaria, que se mantuvo por 36 años, y quienes menos derecho tienen a quejarse de ella son aquellos que la hicieron inevitable y habrían traído una tiranía mucho peor, si hubieran triunfado.

Importa mucho la diferencia entre autoritarismo y totalitarismo. El pensador polaco Leszek Kolakowski, antiguo stalinista, la exponía con bastante claridad cuando, para ilustrar a unos recalcitrantes laboristas ingleses, les hacía notar que él, tras conocer la España de Franco, había constatado en ella mucha más libertad que en los regímenes marxistas. Además, señalaba, “Los españoles tienen las fronteras abiertas (…) y ningún régimen totalitario puede funcionar con las fronteras abiertas”. Observaciones parejas haría Solzhenitsin, despertando la ira extrema del mundillo autodenominado progresista.

Julián Marías, en sus memorias, observa la misma diferencia: el franquismo no impedía mil actividades independientes de él, e incluso contrarias a él dentro de ciertos límites. Un profesor polaco me indicaba hace tiempo cómo en Polonia el disidente se veía expuesto, además de a la represión, a una total indigencia, pues quedaba excluido de cualquier empleo, al estar toda la economía en manos del estado, es decir, del partido. Nunca ocurrió algo así bajo el franquismo, el cual tampoco desarrolló, ni de lejos, los aparatos de control y vigilancia de la población propios de los totalitarismos. En realidad había mucha menos policía y varias veces menos presos incluso que en la democracia actual. Y tanto Besteiro como los llamados padres espirituales de la república, Ortega, Marañón y Pérez de Ayala y otros liberales, al paso que maldecían en los más indignados términos a las izquierdas por haber traído la catástrofe, aceptaron el franquismo como un mal menor, justificado por el servicio históricamente trascendental de haber librado al país de la revolución.

Les ruego reparen en este punto: si el franquismo derrotó a un proceso revolucionario, como efectivamente ocurrió, y no a la democracia, toda nuestra perspectiva sobre la historia y el presente derivado de ella debe cambiar. Por lo demás, no fue el único servicio. Franco también frustró el plan izquierdista de enlazar la guerra española con la europea y luego mantuvo a España fuera de la beligerancia, un hecho de consecuencias incalculablemente beneficiosas tanto para España, al librarla de invasiones y destrucciones que habrían dejado empequeñecidas las de la guerra civil, como para los Aliados, según supo apreciar Churchill. También derrotó el franquismo los intentos de volver a una nueva contienda entre españoles al terminar la mundial. Como he intentado exponer en el libro Años de hierro, se trató de servicios de valor inestimable para un país sometido durante tantas décadas a convulsiones causadas por sus políticos, tan a menudo demagogos y utopistas. Finalmente el país prosperó como nunca antes y los viejos odios de la república se diluyeron casi por completo.

Es muy necesario mencionar estos datos porque sin ellos no se explica la evolución posterior de España. Guste o no, el franquismo careció de oposición democrática significativa. Al llegar la transición los pocos centenares de presos políticos en las cárceles eran casi todos comunistas o terroristas, o las dos cosas. Por lo tanto, una evolución política hacia las libertades solo podía venir (o no venir) del propio régimen. Dentro de este cabe distinguir dos tendencias básicas: una entendía el franquismo, llamado democracia orgánica, como la superación tanto del comunismo como de la democracia liberal, y destinado por ello a perpetuarse; otra lo entendía como una respuesta excepcional a una crisis histórica excepcional, una dictadura en el sentido romano, que antes o después debía dejar paso a una situación más acorde con el entorno del oeste europeo. En realidad, pese a no existir alternativa democrática viable mientras vivió Franco, los propios éxitos de la dictadura la encauzaban a una liberalización creciente. Y así, una vez agotado el régimen, y desde él, pudo hacerse la transición. De él salieron Juan Carlos, Adolfo Suárez, Torcuato Fernández Miranda, los procuradores en Cortes que votaron la reforma democrática, etc. Fue la derecha procedente del franquismo, no la oposición rupturista, quien organizó la evolución política. Lo cual significa que, contra un tópico extendido, pero vacuo, fue posible pasar con normalidad desde una dictadura autoritaria a un sistema de libertades. En cuanto al antifranquismo, agrupaba a comunistas, socialistas, separatistas, partidarios y practicantes del terrorismo, algunos democristianos, pacifistas, carlistas, etc., enjambre variopinto pero coincidente en un plan llamado de “ruptura democrática”, para pasar por encima de cuarenta años de historia y retomar el legado del Frente Popular. Los rupturistas perdieron entonces, por amplia votación popular, frente a la reforma “de la ley a la ley”, pero vuelven hoy a la carga , treinta años después.

Otro efecto de esta distorsión de la historia ha sido el surgimiento de miles y miles de antifranquistas retrospectivos. Durante la dictadura los antifranquistas algo activos éramos muy pocos, además de totalitarios; ahora se han multiplicado y tratan de vencer a Franco, cuando no es posible ni hace falta. Pero si no pueden derrotarle, pueden en cambio destruir nuestro actual sistema de libertades. Si observamos los peligros sufridos por la democracia, veremos que provienen casi siempre de esos antifranquistas. De ellos ha surgido la corrupción rampante, el terrorismo y las connivencias y “diálogos” con él, el terrorismo desde el poder, el separatismo, las intrigas para enterrar a Montesquieu, es decir, para acabar con la separación de poderes, los ataques crecientes a la libertad de expresión, empezando por la libertad de las víctimas más directas del terror, los asaltos a sedes de partidos contrarios, manifestaciones tumultuosas y otros fenómenos parecidos, sin olvidar ciertas complicidades en el 23-F. Josu Ternera, Ibarreche, Carod Rovira, Rodríguez Zapatero, Juan Luis Cebrián, Carrillo, Alfonso Guerra, Roldán, Mas, De Juana Chaos, Rubalcaba y un largo etcétera, comparten ese sentimiento político mal meditado de aversión incondicional al régimen anterior. Comparten una visión negativa de la historia de España, como señalaba Julián Marías de los socialistas, y positiva del Frente Popular, durante el cual, tampoco debe olvidarse, el grito de “Viva España” llegó a considerarse subversivo. En fin, ni ahora ni antes fueron sinónimos antifranquismo y democratismo, y tiene la mayor importancia disolver también ese equívoco interesado. El antifranquismo ha funcionado, además, como una bula para mentir sin inhibiciones y para conductas en otro caso inadmisibles.

¿Cómo ha sido posible una falsificación tan sistemática, y a menudo tan grotesca, de nuestro pasado? No lo entenderíamos sin tomar en cuenta la inhibición intelectual de la derecha. Esta –al igual que gran parte de la izquierda--, procede del franquismo y, tras cosechar un gran éxito al organizar la transición frente a los partidarios de la ruptura, pasó a eludir la batalla de las ideas, juzgó que a los españoles no les interesaba su historia, sino su bolsillo y “mirar al futuro”. Ideas, o más bien falta de ellas, expuestas recientemente por Rajoy, junto con un entusiasmo oficioso o servil por el idioma inglés. “Mirar al futuro” es una expresión demagógica, una de esas frases biensonantes que no significan nada. Por desgracia o por suerte, el futuro permanece oscuro y las pitonisas fallan más de lo aceptable, aunque cobren caro. Con tal actitud, la derecha ha atacado también a algunos intelectuales independientes que recordaban los hechos y ha reducido la política a niveles pedestres.

Pero, por supuesto, a los españoles nos interesa mucho conocer nuestro pasado, aunque solo fuera por el dicho de Cicerón: “si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño”. Y, por cierto, percibimos un auténtico programa de infantilización de la sociedad, desde el enorme aparato del estado y desde la oposición derechista, como el que profetizaba Tocqueville:“Un poder inmenso y tutelar que se asemejaría a la autoridad paterna si, como ella, tuviera por objeto preparar a los hombres para la edad viril; pero, por el contrario, solo persigue fijarlos irrevocablemente en la infancia”. Pienso ahora en la nena angloparlante de Rajoy. Si la izquierda vive con una visión distorsionada de la historia de España, la derecha, poco lectora, ignora cada vez más el pasado.

Esa mentalidad derechista recuerda, por paradoja, a un marxismo en extremo vulgar, más tosco aún de lo que fue siempre el marxismo español. En plan revolucionario, Rajoy pretende que la gestión económica lo determina todo y que el pasado carece de relevancia actual. Se ha contagiado de la aversión izquierdista-separatista hacia la historia de España y aspira a una ciudadanía sin raíces, futurista, interesada exclusiva o muy preponderantemente en llenarse el bolsillo y aprender inglés.

Pero cuando el PP rehúsa clarificar la historia reciente está cavando su propia fosa, pues por un lado deja libre a sus adversarios ese terreno crucial, y por otro demuestra cuánto teme ver confirmadas las horripilantes acusaciones que le hace la izquierda. De nada le sirve al PP afirmar que no existía como partido durante la dictadura, pues sin duda viene del franquismo, sociológica y a menudo personalmente. Así, pues, ¿qué futuro cabe esperar de un partido con un pasado tan negro como el que se le achaca? Es natural que el PP no quiera ni acordarse de él, y no menos natural que sus contrarios se lo recuerden, no vaya a repetir en el futuro sus criminales inclinaciones fascistas. El pasado importa, vaya si importa, incluso más que algún punto de crecimiento económico, aunque no logren entenderlo los expertos del PP, extraños marxistas ultravulgares.

Pero no nos interesa tanto el destino del PP como el de la sociedad española, expuesta nuevamente a ser víctima de sus políticos. La renuncia de la derecha, ya con la UCD, a lo que los marxistas llamaban la lucha ideológica, centrada en amplia medida en la clarificación histórica, ha causado enormes males a la democracia. Consideremos, por ejemplo, el terrorismo de la ETA, auténtico motor de la radicalización separatista, de los odios a España y otras muchas demagogias. El terrorismo, no lo olvidemos, ha tenido aquí durante el siglo XX un papel de mayor relevancia que en cualquier otro país europeo. Él socavó el sistema liberal de la Restauración hasta llevarlo a la crisis, luego convulsionó a la república, y ahora a la democracia. Pues bien, la ETA se ha beneficiado desde la transición de la llamada “solución política”, consistente en negociaciones al margen de la ley, al margen del estado de derecho y con la perspectiva de dar a los pistoleros partes sustanciales de sus exigencias, convirtiendo el asesinato en un modo privilegiado de hacer política. Y este tratamiento privilegiado se debió en gran medida al prestigio de los atentados de la ETA contra el régimen anterior. La gran mayoría de las izquierdas y sus prohombres no habiendo luchado realmente contra Franco o incluso habiendo colaborado con él, arrastraban un sentimiento de reverencia y de inferioridad moral hacia quienes sí habían luchado de verdad: ¡el historial etarra les merecía mucho respeto!

Solo en tiempos de Aznar, y por influencia de Mayor Oreja, empezó el gobierno a obrar conforme a la ley, aplicándola a los asesinos cada vez con menos vacilaciones. La nueva orientación rindió los mejores frutos, reforzó las libertades y sembró la alarma en los partidos dedicados a recoger las consabidas nueces. En un momento dado, el PSOE pareció sumarse a esa línea al proponer y firmar el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, una excelente noticia para toda España. Hoy sabemos que muy pronto los jefes socialistas comenzaron a traicionar lo firmado, hasta transformarlo literalmente en su inverso una vez llegados al poder: un Pacto con los terroristas y los separatistas contra las libertades y la Constitución. Pacto justificado implícitamente en la presunción de que la convivencia establecida en la transición carecería de legitimidad al proceder del franquismo, siendo la legitimidad real la procedente del Frente Popular. Tal inversión, y la involución política correspondiente, resumen la historia de estos últimos años, con sus estatutos enfocados a sustituir la nación española, base de la soberanía, por un conglomerado de pequeñas naciones al gusto de los demagogos regionales, con el acoso al poder judicial, a la Iglesia, a las víctimas del terrorismo, a la libertad de expresión, etc. Y, no en último lugar, con las campañas de adulteración de la historia, campañas nunca abandonadas desde la transición y reforzadas ahora. Esas campañas han creado el ambiente propicio a las demás maniobras involucionistas. La ley que justamente podemos llamar de la adulteración histórica es al mismo tiempo una carga de profundidad contra la monarquía y la democracia actuales, deslegitimadas por su origen. Hoy los partidos frentepopulistas se sienten cerca de la victoria, con un presidente que no reconoce a España como su patria ni la considera nación, y se define como “rojo”, con toda su carga simbólica y política de intención totalitaria.

Estamos ante un problema realmente serio. ¿De dónde nacen estos comportamientos? Echando la vista atrás constatamos que nunca existió aquí una izquierda democrática e identificada con su propio país, y de ahí las convulsiones y desventuras del siglo XX. Bajo la liberal Restauración -- régimen con muchos defectos, pero también con grandes virtudes, ante todo sus amplias libertades, una cultura brillante y un progreso económico acumulativo-- las izquierdas practicaron el pistolerismo o lo apoyaron; sabotearon, en combinación o en concomitancia con los separatismos, al sistema que les permitía actuar y agitar libremente; organizaron revueltas y golpes hasta provocar la crisis que desembocó en la dictadura de Primo de Rivera. Las izquierdas solo se moderaron bajo la dictadura, bien colaborando con ella, como el PSOE, bien cejando en sus violencias, como los anarquistas o los separatistas. Pero todas volvieron a radicalizarse durante la república, hasta destruirla en el proceso antes descrito.

Al llegar la transición, los principales partidos de izquierda, el PCE y el PSOE, parecieron civilizarse al renunciar ambos a la doctrina que los había guiado a lo largo de su historia, el marxismo en diversas variantes. El marxismo ha sido, justamente, la ideología más totalitaria del siglo XX, y su abandono implicaba un reconocimiento de sus consecuencias nefastas. Sin embargo ese abandono ni nació ni se acompañó de un análisis en profundidad de la doctrina y de las conductas políticas a que había dado lugar. Fue un cambio dictado por la mera esperanza de acceder al poder, un cambio superficial, sin sustituir los principios anteriores por otros de mediana solvencia intelectual; y los viejos tópicos de la guerra y el franquismo permanecieron.

El PCE, sometido a campañas de denuncia de su pasado desde la derecha y la izquierda, no pudo cosechar los frutos de su prestigio como único partido de oposición permanente al régimen de Franco, y por ello sufrió un declive acelerado. Por el contrario el PSOE, visto como una izquierda más aceptable, recibió ayudas morales, políticas y económicas hasta de la UCD y la extrema derecha alemana, y pudo presentarse como el partido de los “cien años de honradez”, patraña del mismo calibre que la democracia del Frente Popular, pero muy eficaz publicitariamente. Como marxista, el PSOE había sido un partido totalitario y esa idea le había llevado a organizar la insurrección de 1917 o, con plena deliberación, la guerra civil en los años 30, amén de incontables actos terroristas, chekas y expolios, o la supeditación del Frente Popular a Stalin mediante la entrega de las reservas financieras españolas. Pero, al revés de lo ocurrido con el PCE, nadie se preocupó de traer a colación ese pasado sombrío, y mucho menos de analizarlo. Prevaleció, dentro y fuera del partido, la imagen autocomplaciente de los cien años famosos, que afianzó a los socialistas en la opinión pública. Y la vieja legitimación ideológica, ya inaceptable, se trasladó a una legitimación histórica sobre la base de la gigantesca falsificación ya examinada. En consecuencia, el PSOE continúa sin ser un partido democrático, y sí un muy grave peligro para la libertad y la unidad de España, como constatamos a cada paso.

Con ello no niego que haya izquierdistas demócratas. Siempre los ha habido, y su paradigma podría ser Julián Besteiro, posible modelo para una regeneración de la izquierda. Besteiro denunció en su día el tenaz “envenenamiento de la mente de los trabajadores” practicado por los otros líderes del PSOE, Largo Caballero y Prieto, y anunció proféticamente el baño de sangre al final de aquel camino. No obstante, la historia de Besteiro es también la de un fracaso: los otros líderes, mucho menos escrupulosos y mucho menos respetuosos con las reglas del juego, lograron marginarlo. Hoy asistimos a un proceso semejante, de especial incidencia, y no por casualidad, en las Vascongadas, con Gotzone Mora, Redondo Terreros, Rosa Díez y otros. Pocos, por desgracia, para lo que exige la situación, y sin apenas ejemplos en otras regiones, prueba del efecto avasallador de un aparato partidista atento en exclusiva a las ventajas del poder y del dinero público, a manejos “sin ninguna idea alta”, como decía Azaña de sus correligionarios. Y sin embargo, o más bien por eso mismo, es absolutamente urgente la formación de una izquierda democrática e identificada con España y no con fantasmas siniestros y utopías extravagantes. Mientras ello no ocurra, nuestra libre convivencia seguirá en vilo.

Ahora les sugiero considerar qué pasaría si todos abandonásemos la asombrosa pretensión de que el Frente Popular o el antifranquismo representaron la libertad. En tal caso podríamos valorar debidamente el hecho crucial de que el resultado de la guerra civil abrió el período de paz más largo, con diferencia, disfrutado por España en los dos siglos pasados y lo que va de este; una paz en lo esencial muy fructífera, pues ha convertido a España en un país reconciliado, próspero y relativamente potente, y por fin ha asentado una convivencia en libertad mucho más firme que cualquier etapa anterior, abriendo perspectivas excelentes para el porvenir. Consideremos asimismo que casi toda Europa occidental debe su democracia y su prosperidad ante todo a Usa, mientras que nosotros nos las debemos ante todo a nosotros mismos, motivo de satisfacción y confianza. La perfección no existe en los negocios humanos y no vamos a ignorar los rasgos negativos del período, pero los positivos pesan más, mucho más, y el balance difícilmente podría ser más favorable.

Y, por el contrario, la persistencia de aquellos mitos infundados nos lleva a mirar con pesadumbre nuestros logros, favorece las utopías baratas y las tendencias disgregadoras y contrarias a las libertades, fomenta entre nosotros conflictos innecesarios que nos hacen perder absurdamente nuestras energías, nos debilitan en todos los sentidos y ensombrecen nuestro porvenir. Los períodos de crecimiento acumulativo de nuestra sociedad se han visto rotos en varias ocasiones por tales fenómenos, y sería una locura despreciar la experiencia para repetir los errores. El falseamiento del ayer envenena el hoy y el mañana, sin duda alguna, y un pueblo que olvida el pasado o lo distorsiona, se expone a repetir lo peor de él, en palabras de Santayana, a caer “en una segunda infancia muy próxima a la imbecilidad senil”, como expresó Menéndez Pelayo.

¿Proteger o imponer?
Xoán Xulio Alfaya Periodista Digital 28 Marzo 2008

El BNG y el PSOE no están de acuerdo con Benigno López, el Valedor do Pobo, en su idea de potenciar “por igual” la lengua gallega y el castellano. Nacionalistas y socialistas afirman que la lengua marginada en Galicia es el gallego y que por lo tanto éste debe tener mayor protección. Pero una cosa en proteger el gallego, en lo que estaríamos casi todos de acuerdo, y otra muy distinta imponer, privilegiar, subvencionar desproporcionadamente y tratar de marginar e incluso eliminar el castellano, que eso es lo que trata de hacer el bipartito basándose en una ley de 1983 firmada por Gerardo Fernández Albor, de Alianza Popular, entonces presidente de la Junta de Galicia.

Benigno López considera que "habrá que fomentar el gallego en aquellos ámbitos donde prime el castellano, pero también a la inversa, habrá que impulsar el castellano cuando predomine el gallego, sin imposiciones". A nadie sensato, a la vista de la historia de España más reciente, se le ocurre recurrir a la imposición coactiva para conseguir un objetivo político o ideológico, pues toda imposición provoca el consiguiente rechazo.

Imposición y rechazo van de la mano.
El nacionalcatolicismo franquista trató de imponernos la religión católica como condición “sine que non” para ser buenos españoles y lo que consiguió fue fomentar el anticlericalismo y la laicización de la mayoría de la sociedad. Hoy, en Alemania, no quieren ni oír hablar del nazismo porque les avergüenza. Los alemanes buscan distanciarse ideológicamente lo máximo posible de Hitler, incluso en temas que se supone que no son políticos, simplemente se avergüenzan de su pasado.

El nazismo, por su brutalidad y gracias a la intervención de los EE.UU. en la Segunda Guerra Mundial, duró muy poco, no así el comunismo que se extendió en la URSS a lo largo de casi todo el siglo XX y todavía hoy perdura en China, Laos, Corea del Norte, Vietnam del Norte y Cuba... y no precisamente porque los comunistas sean Hermanitas de la Caridad, sino por otras razones que sería demasiado largo analizar aquí.

Benigno López le recordó al diputado nacionalista Iago Tabarés el derecho de cualquier ciudadano a optar "libremente" por una u otra lengua. Además le advirtió, frente a las pretensiones de éste de imponerlo coactivamente en la justicia, que usar el gallego en la justicia "podía ser peligroso" si no se dominaba. Es evidente que en un juicio cada palabra es analizada con lupa y cualquier declaración debe lo más nítida y precisa posible. No me parece que el gallego, con los constantes cambios ortográficos y sintácticos a que es arbitrariamente sometido por la RAE y el ILGA, se preste ni a la nitidez ni a la precisión.

Compruebo a diario cómo la gente de la calle (no los intelectuales) cuando quiere expresarse con precisión recurre al castellano. Y no deja de resultarme curioso que personas que me hablan siempre en gallego por ser su lengua habitual lo hacen en castellano cuando la conversación es telefónica.

Deseo que Benigno López, con su sentido común y su integridad, dure mucho en el cargo. Lo contrario sería muy mal síntoma.

Nueva estocada a la libertad en Galicia.
Paco Sande Periodista Digital 28 Marzo 2008

Ya estamos otra vez: los nacionalistas gallegos dan otra vuelta de tuerca en su programa para imponer el uso del gallego, Con un concienzudo y sistemático plan concebido para implantar una dictadura nacionalista, la Junta sabe dónde tiene que intervenir para cambiar las costumbres. Con la escuela y los medios de comunicación públicos sometidos a la "normalización lingüística" nacionalista, lo siguiente era tomar el control de las fiestas populares.

La Presidencia, a través de la Secretaría de Política Lingüística, junto a la Televisión pública de Galicia y el ayuntamiento de Redondela han lanzado una campaña de observancia del gallego en las fiestas populares

La campaña lleva por título Mil festas máis para a lingua galega –Mil fiestas más para la lengua gallega– y recuerda a las Comisiones de Fiestas y Ayuntamientos su obligación, por mandato legal de la Ley de Normalización Lingüística de "promover y fomentar el uso de la lengua gallega en todos los órdenes de la vida social, cultural y económica, debiendo ser los primeros en dar ejemplo".

El programa de infiltración del gallego en las más de 7.000 fiestas patronales y populares de Galicia desciende a detalles como el repertorio de las orquestas de verbenas.

El Plan de Normalización Lingüística, con fuerza normativa, ya establece la obligatoriedad de que las orquestas y cantantes populares interpreten al menos la mitad de su repertorio en gallego.

Esta imposición deberá plasmarse en una cláusula específica de los contratos de estos músicos ambulantes con los ayuntamientos y comisiones de festejos.

De momento, la campaña es sólo un aviso de cómo ha de imponerse el gallego en las fiestas locales de cada aldea, cada concejo y cada municipio de Galicia.

Así mismo van a tratar de controlar, también, los usos lingüísticos del ritual católico. Así, se pide a las Comisiones de festejos y a los Ayuntamientos que pongan "especial énfasis para que las liturgias religiosas programadas sean en lengua gallega (novenas, misas patronales, etcétera)".

También se les avisa de la conveniencia de que "en el momento de la Consagración de la Misa se interprete el Himno Gallego".

¡Hay que joderse! ¡Interpretar el Himno Gallego en el momento de la Consagración de la Misa! Si la cosa no fuese tan seria, sería como para echarse a reír y no parar hasta el día del juicio final.

Y es que yo ya no se lo que me asombra mas. ¿Si la grandísima cara dura que esta gentuza le echa a la vida o la estoicidad con que los gallegos aguantamos todo lo que nos echen?

Aquí nos mean encima y decimos que llueve.

Y es que uno ya pierde cuenta de todo lo que estos gañanes nos quieren imponer:

La educación en la escuela, los mandilones de los niños con la bandera de Galicia.

Lo mismo en las residencias para mayores, todos nuestros acianos vestidos con la bandera de Galicia, haciendo patria hasta el final. ¡Si señor!

Las inscripciones en las lapidas de los cementerios en gallego.

Galleguizar los nombres y apellidos.

Galleguizar los topónimos de nuestros pueblos ciudades y, además, que estos se pronuncien siempre en gallego, aun cuando se esté hablando en otra lengua.

Los mensajes sms de los móviles, también tienen que mandarse en gallego.

Y así hasta el infinito. Se están metiendo tanto en nuestras vidas, interfiriendo tanto con lo que hacemos o dejamos de hacer, que de seguir esta tendencia, -y no veo traza alguna de que vaya a cambiar- acabaran por preguntarles a los niños en la escuela en que lengua hablan en sus casas, y castigando a aquellas familias que no cumplamos con la sacrosanta obligación de hablar en gallego. Esto ya lo hicieron los comunistas en la antigua URSS y en Cuba, allí también les preguntaban a los niños de lo que se hablaba en sus casas y si el niño, en su inocencia, contaba que sus padres o familiares hablaban algo que pudiera interpretarse como que era en contra del régimen, toda la familia era deportada algún GULAG en Siberia o condenados a cadena perpetua.

Y es que la dictadura nacionalista está llegando a tal intensidad, a tal paroxismo, que el que no lo viva en sus carnes, no se da cuenta. Tienes que vivir en un lugar donde todo lo que te rodea esta dictado por alguien que ordena que todo tenga que ser como ellos desean, tus deseos no cuentan, te han anulado. Te das cuenta, tus vecinos, tus amigos, también se dan cuenta, lo comentáis, alguno se enfada, otro dice que no hay que hacerles caso y otro dice que ya se cansaran, no, no se van a cansar, están ganando, hasta la factura del teléfono nos viene ahora en gallego y no puedes hacer nada al respecto, llamas a telefónica, protestas, dices que la quieres en castellano, dicen que toman nota y se olvidan, -se comprende, así se ahorran disgustos y dinero- nos están metiendo el gallego con embudo, nos guste o no y, además viven de eso, viven de ese cuento.

Ahora han instaurado un nuevo premio: “Premios Nacionales da Cultura Galega”, está dotado con 15.000 euros. Galicia es una de las autonomías con menos población de España, pero la que más premios da. Hay tantos que, posiblemente, de repartirlos tocaríamos a uno por gallego. Pero no se preocupen, no va a caer esa breva, les va a tocar siempre a los mismos, a una pandilla de amigotes nacionalistas. Este año yo soy el jurado y te toca a ti y para el año tú haces de jurado y me toca a mí. -Todo muy al modo de lo que hacen los titiriteros cuando reparten los premios a sus peliculitas-
Leí en algún sitio no hace mucho que: Las lenguas no nacen del diseño académico; las academias sólo recopilan códigos de comunicación históricos y, en todo caso, realizan propuestas para facilitar la comunicación. Los estándares lingüísticos (al igual que los comerciales, los tecnológicos o los monetarios) no deberían imponerse a la sociedad, sino que deberían competir entre ellos, para que se sepa cuáles son más útiles y eficientes en cada momento.

La política estatal con respecto a una lengua debería consistir, simplemente, en permitir cualquier manifestación, sin persecuciones ni discriminaciones. Si existen individuos preocupados por el uso y la difusión de una lengua, tan sólo tienen que montar campañas publicitarias y culturales destinadas a fomentarla. Si ni siquiera de este modo consiguen que su número de hablantes se incremente, o bien son unos inútiles integrales o bien los destinatarios de la campaña no desean volver a utilizarla. Ninguno de los dos casos justificaría el uso de la violencia estatal para reimplantarla.

Y aunque esto es algo tan básico, tan rematadamente lógico que el negarlo se nos antoja imposible, el nacionalismo antiliberal lo hace, ellos lo tienen claro: las lenguas tienen derechos propios que justifican la concesión de privilegios compensatorios aun cuando atenten contra la libertad de los individuos.

Sin embargo, las sociedades no son una masa que pueda moldearse al gusto de un planificador central. Las injusticias pasadas no pueden solucionarse con nuevas injusticias. Es absurdo pretender que la represión de la libertad de los ciudadanos de hoy repara la represión de la libertad de los ciudadanos de ayer. Es absurdo creer que hoy debe reprimirse a individuo para compensarle por la represión que sufrió en el pasado.
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