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Recortes de Prensa    Domingo 13 Abril 2008

Consenso lingüístico
JAVIER NOGALES El Correo 13 Abril 2008

Educación se ha creado un callejón sin salida al dictar por decreto la 'principalidad' del euskera en la enseñanza vasca, relegando el castellano a un papel subsidiario, y al exigir al final de la ESO un nivel de conocimiento práctico de la lengua vasca que apenas es capaz de alcanzar el alumnado vascoparlante de las zonas más vascófonas del País Vasco. El consejero ha defendido su norma en función de la legitimidad del Gobierno y del supuesto apoyo de la comunidad educativa. Pero esta base política y social se resiente cuando se observa su contradicción con una legislación de mayor rango y mayor consenso como es la constituida por la Ley de Normalización y la Ley de Escuela Pública.

En privado son muchos, incluso entre los que avalan ese decreto gubernamental, los que consideran un error fijar por decreto la preminencia del euskera con un nivel de exigencia imposible, que ya fue cuestionado incluso por el Consejo Escolar de Euskadi cuando emitió su informe preceptivo. La mayoría de los profesionales de la educación creemos que este ámbito debe ser un terreno para el consenso y el acuerdo. Por eso, debemos recordar cómo se lograron los acuerdos sobre los que se desarrolla el pacto de convivencia lingüística alcanzado en el Estatuto de Gernika en 1978 con la proclamación del euskera como lengua propia y su cooficialidad con el castellano.

Estos acuerdos son, por un lado, la Ley de Normalización del uso del euskera de 1982 y, por otro, en el ámbito educativo, la Ley de la Escuela Pública Vasca de 1993, que vino precedida, un año antes, de un Acuerdo político para el Pacto Escolar firmado por PNV, PSE y EE. Resulta pertinente recordar que en 1980 el Parlamento vasco tenía 60 representantes (20 por territorio), 15 menos que los actuales (25 por territorio). La composición del Parlamento que aprobó la Ley de Normalización era: PNV: 25, HB: 11; PSOE: 9; EE: 6; UCD: 6; AP: 2 y PCE: 1. La aprobación de la ley contó con el apoyo de PNV, PSOE, EE, UCD y PCE. HB no participaba en el Parlamento para no legitimar el Estatuto y el marco jurídico estatutario. El PNV, con la ausencia de HB, contaba con mayoría absoluta con sus 25 parlamentarios y sin embargo buscó el acuerdo: 47 votos sobre 60 (el 78% de la Cámara) o 47 votos sobre 49 presentes si se prescinde de HB, es decir, el 95% de los presentes. Toda una referencia básica y un reto a la hora de plantearse cualquier modificación de esta ley que en su artículo 15 «reconoce a todo alumno el derecho de recibir la enseñanza tanto en euskera como en castellano en los diversos niveles educativos».

Fue un acuerdo transversal, un acuerdo entre diferentes maneras de sentirse vasco gracias al cual se ha conseguido llegar entre otras cosas a que la mitad de los jóvenes menores de 25 años conozcan el euskera y a que el euskera tenga el mayor número de hablantes de toda su historia; se ha conseguido que del 5% de profesorado vascoparlante pase a tener en la red pública un 75% y en la privada concertada un 65%. No se pueden entender los logros alcanzados sin la trama de acuerdos que los sustentan.

En 1993, la Ley de la Escuela Pública Vasca se aprueba con el voto de PNV, PSE y EE, es decir, de 44 parlamentarios que representan casi el 60% de una Cámara (más del 70% de los parlamentarios presentes, puesto que los 13 de HB siguen sin asistir) que había incrementado sus escaños hasta los 75. Actualmente, el Gobierno tripartito junto con EA y Aralar, incluso con los votos de EHAK no puede soñar con unas mayorías similares. El nivel de transversalidad o de acuerdo entre diferentes también quedaría tocado.

¿Se puede diseñar así una política lingüística y educativa? El objetivo de una mayor cohesión social, propio de cualquier sistema educativo que se precie y de cualquier política lingüística sensata, se alejaría sustancialmente si se continúa en la idea de conseguir un apoyo simple, en lugar de ir a reeditar los consensos anteriores. Resulta preocupante que algunos responsables de Educación se conformen con la mayoría política que apoyó la investidura del lehendakari y sustituyan un consenso con mayoría cualificada por un acuerdo de mayoría simple. No porque carezca de legitimidad, sino porque representaría un paso atrás y profundiza en la fractura y en la división social de este país. Si hay que actualizar las políticas lingüísticas y educativas, hay que partir de puntos de encuentro entre diferentes. Hay que partir de la consideración del euskera como patrimonio común de todos los vascos y un factor de integración, no de exclusión, de la sociedad. Hay que avanzar desde la consideración de los derechos referidos a los hablantes, lo sean del euskera o del castellano, sin que nadie pueda ser objeto de discriminación por razones lingüísticas.

Hay que recordar que la situación minoritaria del euskera precisa de medidas positivas de apoyo, pero no planes que la ponen en riesgo en un futuro. La política de hechos consumados a través de decreto convierte al euskera en un factor de confrontación, y lo debilita; da lugar a la judicialización de procesos que debieran estar caracterizados por su estabilidad, y a desafectos (o afectos fingidos) que no van a incrementar el número de hablantes de esta lengua. No sería aceptable volver a la situación anterior al 78 en la que la única lengua vehicular del sistema educativo era el castellano. Por eso, es necesario dar margen a los centros para que, en función de su proyecto lingüístico particular, puedan conseguir el conocimiento práctico de ambas lenguas oficiales, y eso probablemente pasa por que en ambas lenguas se produzcan aprendizajes significativos. Pese a la política de esta Consejería, hoy estamos en mejores condiciones de lograr este objetivo. Faltan recursos, pero mucho peor que esta escasez es la eliminación de la única vía de avance: consenso, consenso y consenso.

La ley del embudo
Nota del Editor 13 Abril 2008.

Lo que queremos la mayoría de españoles, aunque muchos no se hayan enterado, a la vista de los votos que ha recibido Zapatero, es que todos los ciudadanos españoles seamos iguales ante la ley y tengamos las mismas oportunidades, y eso pasa por el estricto cumplimiento de la Constitución Española: el único idioma que se tiene el deber de conocer es el español.

Que haya gente interesada en aprender el vasco, gallego, catalán, valenciano, ibicenco, aranés, etc. etc., allá ellos, pero este interés no puede suponer para los español hablantes pérdida de derechos o imposición alguna.

Todos los españoles deben poder establecerse en cualquier parte de España y educar a sus hijos en igualdad de condiciones, sin imposición de lengua regional alguna. Si en las regiones donde hay lengua cooficial, hay padres que quieren que sus hijos reciban las primeras etapas educativas en la misma, tienen que poder hacerlo; pero pretender que las etapas sucesivas, enseñanza media y universitaria las reciban también en la lengua regional, está fuera de lugar, hay deber de conocer la lengua española y España no está en condiciones desperdiciar los escasísimos recursos que todavía le quedan, disponiendo un múltiple-lingüe sistema educativo.

Si quiere vivir del cuento, si quiere que los españoles no constituyamos competencia para el empleo público y concertado regional, que esté reservado para los que conocen la lengua regional, siga como ahora, votando a ZP y consensuando, consensuando y consensuando la imposición y la erradicación del castellano y de los castellanohablantes.

La Izquierda se instala en el monte y la Derecha se echa atrás
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 13 Abril 2008

El nuevo Gobierno de ZP no es continuista, como dice Mariano Rajoy. Es mucho peor que el anterior y representa nítidamente el triunfo del ala más radical de la Izquierda, es decir, de esa infame alianza PSC-PSOE que resume lo peor de la progresía instalada y lo más sórdido y esquinado del nacionalismo catalán o, lisa y llanamente, antiespañol. Poner a una pacifista de Québec, separatista de corazón y vacuoprogre de cabeza, al frente del Ejército es una auténtica prueba de fuerza por parte de quien está seguro de ganarla y no dejar ni los rabos del régimen constitucional de 1978, de esa Transición que realizó la clase política franquista –el Rey, Suárez, Fernández Miranda– y tuteló, claro, el Ejército de Franco, con el apoyo, claro, de Tarancón, liquidador de la Iglesia de la Cruzada, aquel vivero de incontables mártires pero que llegó a interiorizar como pecado el milagro de su supervivencia, coqueteaba con ambos lados del telón de acero según barrios y parroquias, prohijaba el nacionalismo antiespañol en las sacristías, daba ostentosamente la espalda a los que la habían salvado de los rojos y estaba recién pasada por el Vaticano II, es decir, hecha un lío. Pero, liada y todo, confusa, generosa y hábilmente, así trajo la democracia el bando vencedor de la Guerra Civil, el nacional.

Tras perder dos elecciones generales, la izquierda llega al Poder en 1982, con una estrategia no muy distinta de la actual. El fallido golpe del 23-F, que siempre me parecido un estúpido intento de rectificación manu militari de las debilidades de UCD y un serio aviso al PSOE, fue hábilmente reconvertido por éste, tras firmar la LOAPA, en feroz campaña electoral antimilitarista y anti-occidental: "OTAN, de entrada, no". También entonces González fagocitó al PCE, entonces de Carrillo, que pasó de veinte diputados a cuatro o cinco y fue la base prestada de su victoria. También entonces, al formar Gobierno, nombró al catalanista Narcís Serra ministro de Defensa (recuerdo la lívida imagen de FG y NS en su primer acto militar, un día de lluvia, en la Acorazada Brunete) pero entonces el PSC era aún el PSC-PSOE, y Serra el hombre de Tarradellas –al que la derecha civil y militar llegó a querer– para frenar a Jordi Pujol. Ahora acaba de publicar un libro sobre su política militar, que no sé cuál fue pero cuyos efectos están a la vista: desactivar cualquier protagonismo político de las FAS, loable propósito, para blindar un propósito menos loable: asentar el poder de la Izquierda en España por tiempo ilimitado, al modo del PRI mexicano. De su éxito en ambos sentidos, el bueno y el malo, no cabe dudar. De la leal colaboración del Rey, también en ambos, tampoco. Ahí está la condena a Manglano y la caída de Serra por las actividades ilegales del CESID, ese chusco ministerio paralelo de Defensa político-venérea, ese cuartel de invierno climatizado de la calle Sextante, esos 007 siempre al servicio de Su Majestad.

Por cierto, el abogado de Manglano contra Pedro Jota, léase El Mundo, que fue el periódico que destapó las escuchas ilegales "aleatorias" del CESID, es el mismo que hoy defiende a Gallardón contra mí, léase la COPE. Por supuesto, si alguien cree que eso tiene que ver con la agresión del Jefe del Estado contra mí delante de Esperanza Aguirre, sin duda se equivoca. Y si alguien cree que en la súbita gallardonización del PP de Rajoy no ha tenido que ver la Zarzuela, tampoco, digo también. Es tan absurdo como suponer que el Rey obligó al débil Aznar de 1996, tras superar el intento de Polanco de sustituirlo por Gallardón, a poner como ministro de Defensa a Eduardo Serra, alias "Serra el chico", en vez de Rafael Arias Salgado, que era el que estaba nombrado ya. No hay tampoco el menor paralelismo entre la campaña en las postrimerías felipistas de la pandilla de Polanco, Godó y Asensio contra una supuesta "conjura republicana" de periodistas y políticos antiprisaicos encabezados por Antonio Herrero, Pedro J. y García Trevijano, denunciada en La Vanguardia por José Luis de Villalonga (luego biógrafo del Rey bajo la supuesta amenaza de contar su vida privada, finalmente detallada por el prisoso e izquierdoso Abad) y la supuesta "pinza antimonárquica" denunciada por los mismos y formada por las juventudes de Esquerra Republicana... y yo. Nada que ver.

Pero lo que sí tiene que ver con la reedición de la II República, ahora con la muy acertada colaboración de Alfonso XIII, es lo de poner las FAS en las manos del PSC, el partido que ha liquidado el régimen constitucional español a través del estatuto catalán. Y Bermejo en Justicia. Y Rubalcaba en Interior. Y Alonso en el Parlamento. Y Rajoy, con Gallardón, en la Oposición. La Izquierda no se ha echado al monte, se ha instalado en él. Y ante esa fortificación militar cuanto civil, e institucional cuanto subversiva, la Derecha se ha echado atrás. O se ha venido abajo. O se hace la muerta para sobrevivir.

Un pacto para derrotar a ETA
Ignacio Cosidó Libertad Digital 13 Abril 2008

El consenso no es un fin en sí mismo sino un mero instrumento para alcanzar fines políticos. Un instrumento que no debe ser sacralizado, que en ocasiones resulta sólo conveniente, pero que a veces es imprescindible para alcanzar determinados objetivos colectivos. Cualquier democracia consolidada se sustenta en un consenso básico de los partidos representativos sobre las reglas del juego. Ese consenso fundacional tiene su reflejo en la Constitución, que establece los principios y las instituciones sobre las que se sustenta la convivencia democrática. Como prolongación de ese pacto constitucional, en las democracias avanzadas se produce también un consenso sobre las denominadas “cuestiones de Estado”. Un acuerdo entre quienes se alternan en el poder que da continuidad, por ejemplo, a la defensa de los intereses nacionales en el exterior o al modelo educativo, cuestiones que no pueden estar sometidas al vaivén propio de la alternancia democrática.

La lucha contra el terrorismo forma parte de ese núcleo duro de políticas de Estado en el que el consenso resulta esencial para garantizar la victoria del Estado democrático y de Derecho sobre el terror. Primero, porque el terrorismo constituye en sí mismo un desafío al Estado que trata de doblegar a través del miedo la voluntad democrática de los ciudadanos. Segundo, porque resulta fundamental que los terroristas pierdan toda esperanza de poder alcanzar jamás los objetivos por los que matan, independientemente de cuál sea el partido en el poder. Tercero, porque los terroristas tratan siempre de dividir a la sociedad a través de su acción criminal para debilitar su capacidad de resistencia. Y también porque ese consenso fortalece la acción del Estado para derrotar a los terroristas.

Por todas estas razones, y algunas más que podríamos añadir, es necesario recomponer en esta Legislatura que ahora comienza el consenso sobre política antiterrorista que el Gobierno anterior rompió con su política unilateral de negociación política con los terroristas. El pacto debe tener como único objetivo la derrota de ETA, porque ése es el fin, y el consenso tan sólo el medio para poder alcanzarlo. Si el Gobierno lo que pretende es un pacto para dar cobertura a su historial de negociaciones con ETA y, si puede, a cualquier nuevo contacto con la banda, puede estar seguro de que no sólo no contará nunca con el apoyo del Partido Popular, sino que tendrá además la más firme y enérgica oposición del PP.

Para recomponer ese consenso en política antiterrorista no es necesario inventar un nuevo pacto, sino volver al pacto por las Libertades y contra el Terrorismo firmado por el PSOE y el PP en diciembre de 2001. Es cierto que Zapatero quebró ese pacto al iniciar su aventura de negociación con los terroristas, incluso a la vez que lo firmaba, pero el Pacto no ha sido formalmente denunciado por ninguna de las partes y puede, por tanto, ser reactivado. Ese Pacto es la mejor expresión de nuestra voluntad democrática de derrotar al terror y ya ha probado además su eficacia en la lucha contra el terrorismo, inspirando la política que condujo a ETA al momento de su máxima debilidad histórica.

El reto del nuevo Gobierno debe ser intentar atraer a otras fuerzas minoritarias a ese Pacto por las Libertades, pero lo que el Partido Popular no va a consentir en ningún caso es que ese Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que representa a la inmensa mayoría de los españoles, pueda ser desvirtuado o devaluado con el pretexto de atraer a fuerzas cuya representación es sumamente minoritaria en nuestra sociedad, y que, además, ven con muy buenos ojos los diálogos y las negociaciones con los terroristas. Si el nuevo Gobierno no logra alcanzar la unanimidad que pretende, Zapatero debe entender que siempre será mejor un consenso de más del 80 por ciento de los españoles para derrotar a ETA que un acuerdo de menos del 50 por ciento para pactar con ETA.

Zapatero ha ensayado en el debate de investidura un nuevo discurso de firmeza frente a ETA y búsqueda de acuerdo con el Partido Popular. Pero el PSOE tiene un serio déficit de credibilidad tras un fracasado proceso de negociación que ha estado plagado de ocultaciones y mentiras. Por ello, es necesario que el Gobierno demuestre ahora con hechos esa voluntad de derrota de ETA. En ese camino lo más urgente es expulsar a los terroristas y sus cómplices políticos de las instituciones democráticas a las que el propio Gobierno dejó entrar. Ésa será la primera prueba para comprobar cuál es la fiabilidad del nuevo Gobierno en esta materia.

La derrota de ETA constituye para el Partido Popular una cuestión de principios que se sitúa por encima de cualquier táctica o estrategia política. Creemos en el consenso como un instrumento esencial para derrotar a ETA, trabajaremos lealmente para fortalecer y ampliar ese consenso y seguiremos apoyando sin condiciones, como siempre hemos hecho, cualquier acción que se emprenda en el marco del Estado de Derecho para derrotar a los terroristas. Lo que jamás vamos a hacer es dar amparo político, ni siquiera con un silencio cómplice, a cualquier nuevo intento de negociación o diálogo político con los terroristas. No lo haremos aunque en esa defensa de nuestros principios nos quedemos tan solos como Zapatero en su investidura.
Ignacio Cosidó es diputado del Partido Popular por Palencia.

Las condiciones del pacto
JOSEBA ARREGI El Correo 13 Abril 2008

Está visto que el nacionalismo que se fue a Estella/Lizarra no va a darse por satisfecho si no saca algo de su viaje, por muy fracasado que esté. Los más sensatos entre ellos plantean la necesidad de proceder a algunas reformas que permitan, a posteriori, justificar mínimamente los destrozos causados por aquella apuesta en la política vasca.

Y en ese esfuerzo por legitimar, desde los mínimos, aquella apuesta nefasta, plantean la necesidad de proceder a refundar un pacto estatutario, que seguiría siendo estatutario, es decir, reconocimiento de que la sociedad vasca no puede definirse ni por un pacto exclusivo entre nacionalistas -Estella/Lizarra-, ni por un referéndum en el que supuestamente ganan los nacionalistas y adquieren así el derecho a decidir en solitario el futuro de la sociedad vasca, pero que exigiría el cumplimiento de nuevas condiciones para poder ser aceptable para el nacionalismo.

Estas nuevas condiciones se ubican en el campo semántico cubierto por el término blindaje, un término que entre nosotros se ha hecho común en relación al Concierto Económico cuando se pide que las normas forales que desarrollan las capacidades contenidas en él no esten al albur de las impugnaciones ante cualquier tribunal, sino que sólo puedan ser impugnadas ante el Constitucional. Un término que en las discusiones en torno a algún nuevo Estatuto, como el catalán, también se ha utilizado para reflejar la necesidad de proteger las competencias exclusivas del autogobierno.

El blindaje que algunos plantean para la refundación del compromiso estatutario vasco se refiere a la necesidad de dotar al Estatuto reformado de una protección especial ante los ataques previsibles de los órganos centrales del Estado. Se afirma que será necesario establecer mecanismos para evitar y hacer imposible una lectura unilateral del nuevo compromiso por parte de los órganos centrales del Estado -mejor dicho, para evitar una lectura unilateral del Estado, como si los órganos autonómicos no fueran igualmente Estado-. A simple vista puede parecer una demanda racional y aceptable. Pero siempre es bueno hacerse algunas preguntas. En primer lugar, la lectura obligada es la de por qué hay que premiar, aunque sea con algo que parece razonable, la vuelta del nacionalismo de su apuesta nefasta y fracasada de Estella/Lizarra, máxime cuando ese nacionalismo todavía tiene dificultades para enterrar oficialmente dicha apuesta, que es la única forma de de garantizar a todos que no volverá por esos fueros.

Pero es necesario, además, seguir preguntándose más cosas. En el planteamiento citado de algunos nacionalistas se da por supuesto que el único que atenta contra el compomiso estatutario, el único que ha atentado contra el Estatuto de Gernika es el Estado, es decir, los órganos centrales del Estado. ¿No es ésta una lectura unilateral de la situación? Llama la atención que el nacionalismo que ha sido incapaz de desarrollar un discurso de legitimación del Estatuto, del poder estatutario que lleva ejerciendo durante tanto tiempo, se erija en juez exclusivo de la ortopraxis estatutaria. Quiere, al mismo tiempo, reclamar el cumplimiento del Estatuto pretendiendo ser el único juez que sentencia sobre su cumplimiento, y además plantear su superación y rebasamiento radical.

Lo que lleva a plantear una tercera pregunta: ¿No sería necesario exigir primero una lealtad básica a los supuestos fundamentales del Estatuto, del compromiso estatutario, antes de ponerse a hablar de condiciones de blindaje del pacto? Porque de incumplimientos estatutarios, aunque parezca que sólo puede hablar el nacionalismo sentando en el banquillo de acusados siempre a los órganos centrales del Estado, pueden hablar más partes. ¿Cómo puede alguien creerse con derecho a reclamar cumplimiento de un pacto con cuyos supuestos, entre ellos la Constitución española, no es sinceramente leal? ¿Cómo puede alguien pasarse el día condenando el incumplimiento constante del Estatuto por parte del Estado, la deslealtad del Estado para con el pacto estatutario, manteniendo desde el principio una posición de reserva respecto al significado constitucional del mismo?

Lo que parece una reclamación racional del nacionalismo, aunque huela a ocultación de su fracaso o a petición de premio por su nefasta apuesta de unidad de acción nacionalista, es en realidad racional sólo si se le añaden más condiciones a las que plantea. No tiene sentido hablar de blindar la lectura del compromiso estatutario si no se está dispuesto a garantizar la lealtad mínima al mismo -al reconocimiento del pluralismo de la sociedad vasca con todas sus consecuencias políticas- y a sus supuestos constitucionales.

Muchas veces ha hablado el nacionalismo que huyó a Estella/Lizarra de que se habían frustrado las expectativas puestas en el Estatuto de Gernika, que no se había cumplido el compromiso estatutario tal y como se había explicado en el momento de su aprobación. Nunca se ha preocupado ese nacionalismo por preguntarse si la otra parte, los órganos centrales del Estado, el resto del Estado y los no nacionalistas en Euskadi, no se habrán sentido también defraudados en sus expectativas, especialmente en una: no pocos en España y en Euskadi, y en las responsabilidades de Estado, creyeron que el Estatuto y su gestión por parte del nacionalismo vasco servirían para terminar con la lacra de la violencia de ETA. Expectativa que no se ha cubierto y a cuyo respecto algo debiera preguntarse el propio nacionalismo.

Pero es que, además, el discurso de las expectativas no cubiertas por el desarrollo estatutario a veces da más la impresión de un discurso construido a posteriori que una constatación histórica. Es bastante dudoso que cuando el nacionalismo pidió el voto favorable al Estatuto negociado entre los distintos representantes de la sociedad vasca, y entre éstos y los órganos centrales del Estado, tuviera una idea clara y exacta de lo que era factible y posible con dicho estatuto en la mano, y es también bastante dudoso que lo que se ha conseguido, lo que ha devenido la sociedad vasca gracias al desarrollo estatutario, esté tan alejado de lo que entonces se pudo pensar y esperar.

Y es que la verdad es que el discurso de la muerte del Estatuto está estrechamente vinculado a la consecución de las condiciones para conseguir el fin de ETA. Y si para ello es necesario dar por muerto lo que supuso el escollo insalvable para que ETA se incorporara a la política, el compromiso estatutario, bien muerto estará el Estatuto.

Porque, reflexionando con algo de seriedad, debiera plantearse una cuarta pregunta con respecto a la racionalidad de lo que plantean algunos nacionalistas sensatos: ¿Por qué se arroga siempre el nacionalismo el derecho a juzgar si el Estatuto está cumplido o no, si el Estatuto ha sido bien desarrollado o no? Dejemos de lado si la Ertzaintza cumple bien con todos sus cometidos de policía integral, dejemos de lado si los municipios vascos gozan del desarrollo legal posible con este Estatuto y si no es el caso, de quién es la responsabilidad. Dejemos de lado si en el desarrollo de la educación, de la cultura, de la política universitaria se está haciendo todo lo posible con este Estatuto en la mano.

Si de evitar la unilateralidad se trata, habría que comenzar por pedir que nadie se arrogue unilateralmente el juicio sobre el cumplimiento estatutario, sobre la lectura de lo que dice el Estatuto. Porque, ¿quién garantiza que la lectura que hace del Estatuto de Gernika el nacionalismo hoy es la única lectura posible, de acuerdo con la letra y el espíritu del mismo? Un ejemplo claro está en las previsiones estatutarias respecto a la Seguridad Social, que en la lectura nacionalista deben ser interpretadas de acuerdo al espíritu del Concierto Económico, aunque este paralelismo fuera explícitamente excluido cuando se negoció el texto del Estatuto.

Bienvenidos sean los esfuerzos por volver a un planteamiento sensato del nacionalismo vasco, los esfuerzos por reconoceer el pluralismo de la sociedad vasca y el valor del compromiso estatutario como la mejor vía de reconocer las consecuencias políticas de dicho pluralismo y de la complejidad de la identidad vasca. Es razonable pensar que sería conveniente proceder a una reforma del Estatuto de Gernika, y que en dicha reforma se opte por introducir mecanismos de garantía para las competencias de autogobierno. Pero igualmente razonable será que la reforma no se plantee de forma unilateral: sólo el nacionalismo vasco pide algo más, mientras que los no nacionalistas y los órganos centrales del Estado están obligados a dar.

Mejor sería que, tratándose de un pacto, de un doble pacto, todas las partes implicadas pudieran plantear sus exigencias.

Alegoría del mal gobierno
Por Benigno Pendás, Profesor de Historia de las Ideas Políticas ABC 13 Abril 2008

HABLO, ya saben, de los famosos frescos de Ambrosio Lorenzetti. Siena: hermosa plaza del Campo y austero palacio con su torre esbelta. Efectos del buen gobierno: ciudadanos optimistas, mercaderes diligentes, paisajes luminosos. Secuelas del mal gobierno, en contraste cruel: desolación y violencia, mercados desiertos, casas en ruinas. Aquí la Soberbia ocupa lugar preferente y yace a sus pies la Justicia inerme, quebrada la balanza y dispersos los platillos por el suelo. Son alegorías propias de aquel otoño de la Edad Media que anticipa el esplendor renacentista, pero la lección es válida para cualquier otro tiempo. Crisis económica, Justicia doliente, sequía que causa estragos, obras sin terminar, malestar en la comunidad política... El lector es muy dueño de establecer a su gusto los paralelismos. El artista ilustra una secuencia inapelable: quien siembra vientos, no puede rasgarse las vestiduras cuando llegan las tempestades. El arte de gobernar es un asunto muy serio. En democracia, el pueblo, titular único de la soberanía, otorga su confianza al gobernante. «Trust» es la palabra clave. Si el político no está a la altura incurre en una grave responsabilidad. Nada peor que una sociedad privada de su legítimo derecho a la ilusión, al menos cuando empieza una etapa nueva, fuente natural de expectativas renovadas. El desánimo colectivo es el camino más rápido hacia el fracaso. Otra vez la tesis recurrente de Siena.

El Gobierno que ayer se anunció es una mezcla de «suma y sigue» con gestos ingrávidos a la retórica posmoderna. Continuismo en lo sustancial: vicepresidentes político y económico, Interior, Exteriores. Contumacia y espíritu de contradicción en Justicia y en Fomento. Cuando lleguen los problemas, el presidente no tendrá derecho a la queja. Cuotas territoriales sin excesos, con premio especial para andaluces y catalanes. Entra algún amigo y no queda -esta vez- ningún enemigo. Defensa, cuestión de imagen. Ocurrencias de corto recorrido, como el Ministerio de la Igualdad o la extraña mezcla de Educación con Asuntos Sociales. Despiste general sobre Medio Ambiente y empeño absurdo en mantener rango ministerial para Vivienda. Guiños al capitalismo global, a base de Innovación. Está claro que los socialistas del siglo XXI dejan los dogmas para jugar con la ingeniería social. En cambio, la cuenta de resultados es intocable. Este Gobierno tiene un perfil político muy discreto. Zapatero refuerza su poder personal al frente del PSOE y configura un equipo a la medida de sus opciones ideológicas: recetas socialdemócratas para la economía y amagos progresistas hacia una sociedad que sólo altera sus hábitos posmaterialistas cuando percibe peligros para el bienestar. La foto del Consejo de Ministros aporta muy poco a la ilusión colectiva. Con alguna excepción, tampoco irrita a casi nadie, mas allá de sectarismos a la baja y de aspirantes insatisfechos. El riesgo procede de la falta de ambición: buscar el aprobado raso es una fórmula segura para alcanzar un suspenso sin paliativos.

El presidente habla una y otra vez de «sociedad decente», y articuló su pálido discurso de investidura en torno a este concepto de moda. Corresponde al historiador de las ideas aclarar un par de cosas. Ante todo, que el líder y sus asesores creen estar copiando a Avishai Margalit, autor de un libro de cierto impacto en el ámbito académico. En realidad, deberían acudir a John Dos Passos y su siempre apasionante «Manhattan Transfer», a través de la voz de uno de esos personajes aplastados por el peso de la megalópolis. Dijo Zapatero unas cuantas veces que la sociedad decente es parte sustancial de su idea de España. Mucha gente se congratula de que tenga alguna, después de sospechar lo contrario durante largo tiempo. Dejemos de lado los debates sesudos: la libertad concebida como «no humillación», receta ideológica del PSOE actual, admite de antemano que la sociedad justa es inalcanzable. ¡Vaya con el socialismo! Lo importante es la traducción práctica. Si el objetivo es configurar otra vez una suma invertebrada de minorías políticas o sociales, vamos a perder una buena ocasión para hacer bien los deberes. Estamos ante la legislatura de las grandes mayorías traducidas en un bipartidismo abrumador. Los pactos de Estado, dijo Rajoy en el Congreso, son una «necesidad nacional». Incorregibles al margen, los sectores más sólidos de nuestra sociedad exigen de una vez a los grandes partidos un compromiso firme. No deberían fallar.

De las palabras a los hechos. Esta es la mejor oportunidad desde 1978 para vertebrar Estado y nación en torno a las dos opciones que los ciudadanos prefieren con notable diferencia. Como siempre, hay que hacer virtud de la necesidad. Un Gobierno poco ilusionante y una oposición narcisista suman un bloque constitucional irresistible. Rajoy ha tendido la mano en tiempo y forma y toda la responsabilidad recae ahora sobre el presidente. Zapatero sabe muy bien que ganó las elecciones gracias al «giro españolista» emprendido en el último año. Diálogo con ETA y estatutos soberanistas son opciones cerradas por la fuerza incontestable de las urnas. Los pactos tienen que ir en serio. Contra el terrorismo, sin circunloquios. Por el modelo autonómico, sin falsear la Constitución. Por la justicia, antes de que el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial engrosen la lista sin retorno de las instituciones fallidas: aquí tal vez tenga que arrepentirse por no haber cambiado al ministro. También es necesario un compromiso en política exterior o en educación, antes de que sea tarde para salir del furgón de cola.

Los ciudadanos juzgarán a los líderes por su capacidad para dar respuesta a los problemas. Maniobras tácticas y oportunismos partidistas no sirven en épocas de incertidumbre. Tal vez la verdad política ha cambiado de sitio. Una sociedad inquieta ante una crisis patente es mucho más difícil de seducir con artilugios retóricos. Como predijo uno de sus teóricos, el Estado de bienestar está desbordado por la política y sus gestores tienen que buscar soluciones realistas en vez de ofrecer evasivas ideológicas. Se acabaron las excusas para Zapatero. El crédito es muy limitado, porque cada cual es hijo de sus obras, aunque tiene algo a su favor: las expectativas son tan bajas que la gente se conforma con una legislatura mediocre si al menos triunfa el sentido común. En un baúl, bajo siete llaves: memoria histórica, alianza de civilizaciones, buscar pleitos con la Iglesia, pactar con partidos antisistema, negociar con terroristas, arrinconar al PP... Olvidar el síndrome del abuelo, la paz perpetua, el dogma anticlerical, los prejuicios juveniles, la foto de Blair en Stormont... La lógica implacable del poder exige dejar al margen la educación sentimental. He aquí la diferencia entre un político adulto y otro adolescente. ¿Qué va a pasar? Tengo amigos inteligentes que opinan cosas distintas. Los indicios no son malos a partir de la noche electoral, pero me declaro más bien escéptico. Aquí se abre el terreno para una oposición inteligente y activa, capítulo sustancial en democracia.

¿Recuerdan como empieza «El Castillo» de Kafka? «Cuando K. llegó, ya era tarde...». Zapatero está atrapado entre querencias y realidades, con un equipo de poco relieve, sinaliados estables, tras una investidura de perfil bajo... El PP no tiene que perder ni un minuto: todo el mundo sabe que las alternativas son ficticias y los desahogos personales se pasan más pronto que tarde. En el fresco de Siena, el peor efecto del mal gobierno es la tristeza colectiva. ¿Qué tal si alguien aporta un poco de ilusión?
BENIGNO PENDÁS
Profesor de Historia de las Ideas Políticas

Jugando a la italiana
POR JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 13 Abril 2008

El equipo elegido por Zapatero para su segunda legislatura es mayoritariamente femenino y claramente defensivo, lo que se complementa, pues las mujeres defienden mucho mejor que los hombres. En cuanto a la táctica, ha elegido la italiana: muchos jugadores atrás y un par en punta, listos a aprovechar cualquier error del rival.

No vamos a ver, por tanto, las espectaculares y dudosamente constitucionales iniciativas de la primera parte, reforma a fondo de los estatutos o «plan de paz» para el País Vasco. Sin darles tampoco el carpetazo. Zapatero los mete simplemente en la nevera, en espera de mejor ocasión, contentándose de momento con mantener el resultado de la primera parte, que tampoco ha sido malo —una victoria electoral—, mientras se concentra en los temas que preocupan a la gente, la inmigración, la vivienda, el agua, la violencia de género. De todo eso saben también mucho las mujeres.

En el resto, deja la iniciativa al rival, confiando, primero, en su torpeza ofensiva y, segundo, en la solidez de la propia defensa, ahora reforzada. El PP ha demostrado una alarmante incapacidad para marcar goles, incluso con portero batido, como ocurrido cuando ETA dinamitó el «plan de paz» del presidente. Mientras la defensa de éste ha resultado un auténtico muro en el que rebotaban los balones, para armar el contragolpe. Algo que tendrá que tener en cuenta el PP si no quiere acabar con más goles en su meta, ya que la nueva estrategia puede resultarle aún más peligrosa. Si Zapatero intentó en la primera parte acorralarle e incluso expulsarle del terreno de juego, en esta segunda va a cederle la mayor parte del campo, para que juegue a sus anchas, se estrelle contra su barrera defensiva y marcarle goles en cuanto se descuide.

Pero examinado de cerca, el cambio resulta más cosmético que real. Fíjense en que las principales carteras, ambas vicepresidencias, Interior, Exteriores, Justicia, se mantienen en manos de los actuales titulares. Lo que significa que el programa de gobierno se mantiene, eso sí, con nuevas caras, más atractivas, y nuevo talante, más agradable.

¿Qué es, en definitiva, lo que busca Zapatero con su nuevo equipo y su nueva táctica? No hace falta ser un genio para adivinarlo: capear la crisis económica que se nos viene encima, mil veces más peligrosa para él que todas las demás. Está visto que la ordenación territorial y el propio terrorismo nos importan poco a los españoles, si no nos afectan personalmente. Pero no poder irnos de vacaciones o tomar el aperitivo o coger el coche el fin de semana, que es ahora lo que está en juego, ya es otro cantar. Pero como el PP se descuide o siga enzarzado en sus rencillas internas, será acusado de la crisis económica, como se le acusó del fracaso del «plan de paz» o de la reforma estatutaria, por «no colaborar». Claro que si está enzarzado en sus rencillas internas ¿cómo va a colaborar o hacer oposición, que es su cometido, por no hablar ya de marcar goles?

Trampa con 2 bombas de ETA a la Guardia Civil en Navarra
Un artefacto falló y el otro estalló sin agentes cerca
JORGE A. RODRÍGUEZ - Madrid ELPAIS.com  13 Abril 2008

La existencia de la trampa fue conocida después de que, pasadas las once de la mañana, un caminante que pasaba por la zona -apartada, a 1.000 metros de altitud, con grandes vistas y, sobre todo, escasamente visitada- escuchase un estallido y viese una columna de humo, a unos 400 metros del casco urbano de Lapoblación. El ciudadano, que iba por el llamado "camino del Repetidor", telefoneó al 112, le saltó la central de emergencias de La Rioja (Lapoblación está más cerca de Logroño que de Pamplona) y ésta informó a la de Navarra, que llamó a la Guardia Civil. Al llegar, los agentes vieron que los terroristas habían dejado un cartel cerca del artefacto en el que ponía "Peligro. Bomba de ETA. No tocar".

La bomba que explotó estaba sobre una caseta de obra y teja ubicada dentro del cercado que alberga media docena de repetidores. El estallido apenas causó daños en la instalación y, de hecho, todas las antenas siguieron funcionando con normalidad. El artefacto había estallado parcialmente. De los aproximadamente cinco kilos de explosivo, supuestamente amonal, apenas habían estallado dos, según fuentes de la Guardia Civil. Estaba cargado de metralla.

No hubo aviso telefónico alguno por parte de ETA, como viene siendo habitual en los últimos atentados con bomba, lo que ha causado cierta extrañeza, ya que de no haber sido por el caminante, posiblemente nadie se hubiese dado cuenta de que ETA había colocado allí bomba alguna hasta que algún operario hubiese ido a revisar el repetidor, que da servicio a Bomberos, Radio Nacional de España, ETB-2 y Autopistas Vasco-Navarra.

La bomba que no estalló estaba programada con un temporizador para explotar a primera hora de la mañana y la segunda, para hacerlo a la hora que lo hizo cuando seguramente aún estuvieran allí los agentes, en caso de que alguien hubiese notado la primera deflagración.

Los daños materiales han sido escasos, según los agentes que recorrieron la zona. "Mínimos, casi inapreciables", insistieron. La segunda bomba, en realidad la primera, fue hallada por los artificieros (Gedex) de la Guardia Civil sin estallar durante la revisión de la zona.

El fallo es el segundo con bombas trampa que comete ETA este año. El pasado 23 de febrero, los terroristas planearon una trampa parecida contra efectivos de la Ertzaintza colocando un artefacto en una ventana de la caseta del repetidor de comunicaciones del monte Arnotegi, en Bilbao, informa la agencia Vasco Press. Pero en este caso hubo aviso para que acudieran los agentes de la Policía Autónoma Vasca.

La bomba de ayer estalló poco después de que Zapatero concluyese su rueda de prensa tras prometer el cargo en el Palacio de la Zarzuela. De hecho, las fuerzas de seguridad estaban convencidas de que ETA iba a intentar un atentado en la semana que ahora acaba. Y siguen sin descartar otra acción. Desde que concluyó oficialmente la tregua, la banda terrorista ha asesinado a tres personas: dos guardias civiles en Francia y el ex concejal socialista Isaias Carrasco.

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