AGLI

Recortes de Prensa    Jueves 17 Abril 2008

La pesadilla del nacionalismo
Amando de Miguel Libertad Digital 17 Abril 2008

El nacionalismo lingüístico suscita todo tipo de apasionados argumentos. Puede que alguien diga que no son justos, pero son reales. Apunten el de Ignacio Cordero:

Entiendo que los catalanes tendrán que aceptar, asumir, las consecuencias de su política lingüística, y cuando salgan de Cataluña y se presenten en el resto de la España castellanoparlante, a oposiciones, entrevistas de trabajo, y demás mecanismos de petición de trabajo, si no saben el castellano correctamente, como ellos exigen del catalán, no se les den trabajo en justa correspondencia su actitud. No pueden pretender que los españoles de la España castellanoparlante tengan que saber el catalán correctamente para tener trabajo en Cataluña y ellos no sepan el castellano correctamente como ellos lo exigen con el catalán. Si los políticos catalanes no han caído en este detalle, habría que hacerles ver que posiblemente se estén cavando su propia tumba, las de las futuras generaciones, pues el resto de la España castellanoparlante les va a ser difícil poder competir con los autóctonos de las localidades a las que vallan a pedir trabajo. Eso si siempre tendrán la salida de hacerse los mártires diciendo que por ser catalanes se les discrimina, y no admitirán que se les está aplicando la misma medicina que ellos dan en Cataluña.

Cuando nos referimos al nacionalismo lingüístico parece que el problema es solo el del País Vasco y Cataluña, pero ese mismo modelo rige también para Galicia. Una abogada gallega que desea permanecer anónima ("temo represalias") me envía la siguiente nota:

A muchos gallegos nos gustaría que desde los diarios digitales también se preocuparan de informar de la situación que estamos viviendo en nuestra Comunidad; ya que la Xunta de Galicia, gobernada por PSOE -BNG está copiando el modelo catalán de implantación lingüística, y prueba de ello es el Decreto 124/07 de 28 de Junio que obliga a que toda la enseñanza sea en gallego, tanto en centros públicos, como concertados y privados. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en su reciente auto de fecha 28 de febrero del actual desestima los recursos interpuestos por padres que solicitan se permita a sus hijos examinarse en castellano, argumentando que no existe un derecho de los padres a escoger la lengua de enseñanza de sus hijos. En su recurso solicitaban la suspensión de la vigencia del art.13.1 de dicho Decreto (obligatoriedad de expresarse el alumnado en gallego en todas las manifestaciones oral y escrita) en tanto no se resolviera mediante Sentencia firme los recursos interpuestos contra dicho Decreto, lo cual, lamentablemente ha sido denegado. De esta forma, hasta que haya una resolución definitiva, que tardará años, tendremos una generación perdida, pues el adoctrinamiento "puro y duro" que está llevando la Administración Autonómica con nuestros menores es escandalosa (sólo eres gallego si hablas gallego...) La única forma de "zafarse" de dicho Decreto es matricular a los niños en colegios internacionales, existiendo sólo UNO en toda la Comunidad gallega ("O Castro" en Vigo), y cuya andadura comienza el curso que viene, acogiendo únicamente niños menores de 5 años.

David T. se refiere a las pretensiones del nacionalismo asturiano, "esa Arcadia idílica en la que, para obtener un puesto de trabajo no servirá, o no bastará, saber hacer lo que tal puesto demande, no. Lo importante será saber tocar la gaita y hablar bable... [lo cual] no va a ayudar a sacar a Asturias de la crisis en que se encuentra sumida desde hace años". Mi impresión es que la crisis económica asturiana se debe fundamentalmente al abuso de la fórmula de la subvención. Desgraciadamente el intento de sacralizar el bable supone más subvenciones. Asturias seguirá expulsando población. Es una lástima en una tierra con tantas posibilidades. Aprendan los asturianos de Irlanda, un territorio tan próximo en distintos aspectos. También Irlanda tiene su "bable" particular. El resultado es la ingente contribución irlandesa a la literatura en inglés y, recientemente, el extraordinario éxito económico de la verde Erín.
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Inmersión
La lengua de los catalanes
Alfred Subirana Libertad Digital 17 Abril 2008

Según afirma E-noticies, un estudio sobre los hábitos de lectura de los catalanes del Gremio de Editores en Lengua Catalana y de la Asociación de Editores en Lengua Catalana, el 40% de los catalanes afirma no leer nunca o casi nunca un libro. Además, de los entrevistados, el 78% lee habitualmente en castellano, mientras que el 20, 4% lo hace en catalán.

Estas estadísticas nos reflejan la realidad social en Cataluña, sólo uno de cada cinco catalanes lee habitualmente en catalán. Esto nos lleva a pensar que los miembros de la Generalidad, es decir, los representantes de todos los ciudadanos de Cataluña actúan, en política lingüística, ignorando al 80% de la población catalana.

Las decisiones del Gobierno en materia lingüística como la de invitar a la feria de Frankfurt sólo a autores que escriben en catalán, las multas que reciben las tiendas y otros establecimientos comerciales por rotular en castellano o potenciar el cine catalán de forma exagerada con dinero público, falsifican la realidad catalana. Una sociedad plurilingüe pero más acostumbrada a utilizar como lengua de cultura el castellano antes que el catalán.

Esto demuestra una vez más que la Generalidad es incapaz de preocuparse por lo que realmente es alarmante, es decir que el 40% de los catalanes apenas lee nada y para confirmarlo sólo hay que comparar las subvenciones del Gobierno catalán dedicadas a fomentar la lectura y las dedicadas a imponer la lengua catalana.

Pero lo que es realmente más preocupante es que una sociedad catalana como la nuestra, sigue predominando un modelo político que ningunea al 80% de la sociedad.
Responsable de la Fundación Unidad más Diversidad en Cataluña

Política antiterrorista
Hacia un pacto de silencio
Cristina Losada Libertad Digital 17 Abril 2008

Don Miguel Maura insiste en sus memorias en la trascendencia del Pacto de San Sebastián para el buen advenimiento de la II República. Fue aquel –dice el primer ministro de Gobernación del régimen– un pacto que no se escribió en parte alguna, un auténtico pacto entre caballeros, que fue íntegramente cumplido por todos. No se redactó ni rubricó documento alguno. Para dar por firme el compromiso, bastó el acuerdo de palabra de los reunidos, pese a que los separaban discrepancias de fondo. El éxito del pacto radicó, pues, en que no había ningún José Luis Rodríguez Zapatero entre los adversarios de la Monarquía que se congregaron en la capital donostiarra el 17 de agosto de 1930.

Zapatero es un señor que incumple hasta los pactos que ha propuesto y no digamos los compromisos simplemente proclamados. La única salvedad a esa norma de conducta la representan los acuerdos contra la oposición. Esos los ha mantenido a machamartillo. Pero todos los restantes desaparecen de su acción y su memoria con la misma facilidad con que las aguas del Ebro se pierden en el mar. El compromiso de no hacer trasvases ha sido el último en caer, pero el primero que tuvo ese triste destino fue el Antiterrorista, idea suya o, mejor dicho, de Redondo Terreros, y que por ahora ostenta el récord: lo incumplía a la vez que lo suscribía al autorizar simultáneamente que ciertos socialistas vascos platicaran con los mandados de la ETA.

Ya estaba entonces, en realidad, cadáver, el famoso Pacto por las Libertades, pero fue tirando mientras la otra parte contratante lo cumplía desde el Gobierno. Cuando Zapatero llegó a La Moncloa hizo lo contrario de lo que allí estaba escrito y santas pascuas. Sólo un punto le ha interesado de aquel acuerdo: el que decía que la política para acabar con el terrorismo se eliminaría de la confrontación partidista. O sea, que Zetapé hizo con el Pacto Antiterrorista lo que Groucho y Chico Marx con el contrato para el cantante de ópera Lasparri. Los cómicos le fueron arrancando pedazos hasta dejarlo reducido a una minúscula cláusula "sanitaria". El presidente mutiló el que había firmado hasta que no quedó más que una frase a la que agarrarse para exigir silencio. Sanitaria también la cosa.

La salud del nuevo Gobierno zapaterino requiere una oposición silente en general y, en particular, en la cuestión de ETA. Insisten sus voceros en que ese asunto no debe de ocupar ni un nanosegundo de los telediarios y desean que así conste en cualquier nuevo consenso. Propugnan un pacto que garantice que no se hable de su política hacia ETA ni en el Congreso ni fuera. Y esto no tiene ningún sentido si pensaran hacer lo que debe hacerse. De abrigar el propósito de actuar firme y rectamente, no necesitarían ponerle a la oposición un esparadrapo en la boca. O que ella misma se lo ponga, que esa es otra. Que precisen tal mutismo revela que sus intenciones van por otros derroteros. Es indicio de que ese acuerdo que no ha de escribirse y cuyos mimbres urden con el PNV será un pacto para no que se hable de terrorismo mientras se vuelve a hablar con los terroristas.
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Gobierno Zapatero
El Ebro y la España rota
Como bien dijo Rosa Díez durante la investidura de Zapatero, estamos ya en la ruptura de España, es decir, en la quiebra efectiva de la igualdad jurídica de todos los españoles justo ahora que tenemos, loado sea Dios, un Ministerio de Igualdad.
José Enrique Rosendo Libertad Digital 17 Abril 2008

Habrá que añadir a las balanzas fiscales que va a elaborar Solbes a petición del tripartito catalán el agua que se trasvasará desde el Ebro a Cataluña. Me refiero al coste del agua y también, claro está, a las obras que sufragaremos todos los españoles después de que el Gobierno de Zapatero, en una de sus muestras de esmero en la ejecución del gasto público, es decir, en la custodia del dinero de todos nosotros, perdiera las subvenciones de la Unión Europea para el Plan Hidrológico Nacional.

Porque lo cierto es que el asunto este del trasvase del Ebro hacia Cataluña ha puesto en evidencia las muchas carencias de nuestro actual sistema autonómico. Barcelona necesita agua, como prácticamente toda la cuenca mediterránea española. Lo que ocurre es que los catalanes y muchos barceloneses salieron a la calle, en época de Aznar, para reclamar que no se tocara un centímetro cúbico del caudal del Ebro.

Y ahora, con toda justicia, son los valencianos, los murcianos y los almerienses quienes claman en el desierto ante el engaño y el agravio que va a propinarles, una vez más, un Rodríguez Zapatero pillado con las manos en la masa de una nueva mentira electoral. Porque el presidente sabía, perfectamente, que era imprescindible el trasvase del Ebro cuando se encaró con Rajoy, durante el debate electoral emitido por las televisiones, retándole a que dijera si iba o no a realizar el trasvase si el PP ganaba las elecciones.

Las autonomías, de tanto exagerar y de tanto rizar el rizo, se han convertido ya en el mayor problema de nuestro país. Los políticos han diseñado una arquitectura institucional, al margen de la Constitución, que deja una parte fundamental del esqueleto nacional en manos de los poderes regionales. Así, por ejemplo, la educación, buena parte de las competencias en materia económica que afectan a la unidad de mercado, la sanidad, infraestructuras y las cuencas hidrográficas. De modo que, como bien dijo Rosa Díez durante la investidura de Zapatero, estamos ya en la ruptura de España, es decir, en la quiebra efectiva de la igualdad jurídica de todos los españoles justo ahora que tenemos, loado sea Dios, un Ministerio de Igualdad.

Que el Gobierno trasvase agua a zonas de España donde es necesaria, incluyendo (¡faltaría más!) Barcelona, me parece bien. Que al trasvase le quieran llamar de otra manera, me parece peor, pero no deja de ser el modo de soslayo y disimulado con que Zapatero suele hacer política. Ahora bien, que el Gobierno tenga que entregar las balanzas fiscales y que otras muchas zonas de España se queden sin el agua que también necesitan, me parece, sencillamente, de sepulturero. De estar preparando el nicho de esa España de hombres y mujeres libres e iguales.

UPyD y la crisis del PP
José Antonio Zarzalejos Estrella Digital 17 Abril 2008

Antonio Mingote hace decir a uno de sus inconfundibles personajes en una de sus también magníficas viñetas (ABC, 14/4/08) la siguiente afirmación: “Pues si Rosa Díez, que es de izquierdas, se dedica a decir las cosas que debería decir la derecha, me temo que la derecha tendrá que limitarse a leer en el Congreso el parte meteorológico”. La reflexión del académico es toda una tesis editorial de la que, a buen seguro, participan muchos votantes del PP después de escuchar a la líder de UPyD en la sesión de investidura. Ahora que en el primer partido de la oposición parece querer desatarse un “debate de ideas” (Aguirre dixit y a la que sus consejeros animan a dar la batalla del liderazgo el próximo mes de junio), debate que Rajoy dice no rehuir, el fulminante éxito de UPyD y su predicamento en amplios sectores de la derecha democrática española aconsejaría conocer las razones del éxito de este partido que de buenas a primeras se ha hecho con más de trescientos mil votos y un escaño en la Cámara Baja.

Los cabeza de huevo populares deberían leer con atención el libro del verdadero ideólogo de Unión, Progreso y Democracia, que no es Fernando Savater como se cree, sino Carlos Martínez Gorriarán, un arriscado profesor de filosofía de la Universidad del País Vasco, alma que fue de ¡Basta ya!, escritor consumado y analista notable de la vida política desde la esquina vasca en la que ha lidiado —como el protagonista de la muy interesante película de Manuel Gutiérrez Aragón, Todos estamos invitados— con el matonismo de la izquierda proetarra. El libro en cuestión (Movimientos Cívicos. De la calle al Parlamento) define la organización dirigida por Díez con las siguientes características:

1. UPyD es un partido nacional y por tanto rechaza “la pretensión nacionalista de imponer sobre las libertades individuales supuestos derechos colectivos previos (…) Ser nacional equivale a afirmar que la nación, constituida democráticamente, persigue incrementar todas las libertades personales, garantizando la igualdad y el bienestar”.
2. La segunda característica de UPyD es que se trata de un partido transversal, es decir, que “pretende sumar sectores y personas con algunas ideas comunes importantes pero permitiendo la existencia de notables diferencias en otras cuestiones”.

Estos dos principios definitorios los completa Martínez Gorriarán con otros tres complementarios: el igualitarismo, el progresismo (no vinculado a la idea de izquierda o derecha) y el laicismo, compatible este último con la militancia en UPyD de “personas muy religiosas que no consideran sus creencias algo que deban imponer a nadie”.

Me pregunto, como de forma elíptica lo hace Antonio Mingote, si estas bases teóricas del partido de Díez, Savater, Buesa y Martínez Gorriarán, entre otros, son o no útiles en el debate de conformación de una derecha democrática renovada en España. Mi particular respuesta es que la teorización de UPyD aportaría al Partido Popular una refrescante perspectiva de la que ahora carece. Insistir en categorías ideológicas reduccionistas —derecha, izquierda—o en etiquetados al uso —blandos, duros— o en localizaciones convencionales —centro derecha, centro izquierda— provoca un rechazo intelectual porque la evolución política y partidaria en las grandes democracias las ha superado.

En Francia, Sarkozy ha hecho ministros a figuras de la izquierda; en Alemania gobierna un gran coalición; en Italia, la denominación de los partidos no responde ya a la identificación ideológica que se produjo después de la II Guerra Mundial (democracia cristiana, comunistas) y en Estados Unidos estamos comprobando cómo los partidos hibernan durante cuatro años y emergen como aparatos instrumentales para el soporte de las candidaturas a las presidenciales con un fortísimo sesgo transversal.

Si de verdad el PP quiere un debate de ideas que le ayude a rehacerse de la crisis en la que se encuentra, habrá de recurrir más a la lectura y las experiencias comparadas que al pasilleo. Puede empezar por acercarse a las bases teóricas de UPyD y extraer algunas conclusiones y, después, aunque parezca una boutade, apreciar en todo su valor determinadas aportaciones —plurales y rigurosas— de muchos trabajos elaborados por FAES. De esta necesidad de renovación ideológica se ha dado cuenta Rodríguez Zapatero y ha encargado a Jesús Caldera preparar un “laboratorio de ideas” para el futuro inmediato. Como en esa nueva destilación ideológica que imponen los tiempos el PP se quede retrasado habrá perdido las mejores opciones de regreso al poder y será sustituido por aquellos que como UPyD formulan con tanta contundencia como la siguiente sus convicciones: “No está de más que un partido político nuevo se declare comprometido con el pensamiento crítico y el universalismo ético y cultural”. (p. 217 de la obra de C. Martínez Gorriarán).

El gran riesgo de UPyD
Francisco Rubiales Periodista Digital 17 Abril 2008

La ambigüedad de Rajoy y su discurso débil y condescendiente están propiciando un rápido trasvase de simpatías desde el PP hacia UPyD, que aparece ante muchos ciudadanos como el único partido que defiende la unidad nacional, la democracia y la igualdad entre los españoles, tres conceptos básicos para una nación avanzada.

Por otra parte, con el objeto de desestabilizar a Rajoy y socavar su liderazgo en la derecha española, el diario "El Mundo" y la cadena COPE prestarán, a partir de ahora, un apoyo creciente a Unión, Progreso y Domocracia y a su portavoz y rostro visible, Rosa Díez.

Ese trasvase de simpatías y el apoyo mediático de esos poderosos medios que, tradicionalmente, apoyaron a la derecha representan un gran impulso teórico para UPyD, un partido que tiene la base y la solvencia suficiente para crecer, pero también un gran peligro porque puede escorar el centro de gravedad de UPyD hacia la derecha y radicalizarlo, dañando así su transversalidad, que es, junto con su defensa de la regeneración democrática, el gran valor del partido.

Los expertos consideran que por lo menos un tercio de los actuales militantes del PP están en contra de que Rajoy continúe al frente de su partido. El porcentaje de militantes y votantes del PP que se sentirían frustrados por una oposición "complaciente" y "dialogante" con el gobierno socialista es todavía mayor. Esas dos circunstancias podrían desviar grandes masas de votantes de la derecha hacia UPyD, sin duda un beneficio para el nuevo partido, pero que encierra también el riesgo de un derechización acelerada, que es lo que los estrategas del PSOE pretenden conseguir.

He escuchado a varios dirigentes del PSOE profetizar en privado que UPyD, un partido que les ha arrebatado votos en las últimas elecciones, terminará siendo un problema para la derecha, no para el PSOE, porque sufrirá un proceso rápido de derechización. Ese proceso, añaden, será cuidadosa e insistentemente alimentado desde el PSOE.

La estrategia socialista frente a UPyD es lograr que divida a la derecha en dos grandes bandos, con lo que en España habría sólo un gran partido, el socialista, que tendría que enfrentarse a una derecha partida y dividida. En sus análisis internos, el PSOE reconoce que si "el partido de Rosa", como le llaman con desprecio, consigue mantener sus atractivas ideas regeneracionistas y de defensa del Estado sin perder su transversalidad y su estética de izquierda, será un temible adversario ya en las próximas elecciones generales.

Supongo que Rosa y su equipo conocen esas amenazas y han visto ya estos riesgos, tomando las medidas y cautelas oportunas.

FRM Voto en Blanco

De Mondragón a Mondragón
KEPA AULESTIA El Correo 17 Abril 2008

Los atajos nunca ofrecen la vía más rápida para resolver los problemas más graves. Pero en el caso del terrorismo etarra, la convicción de que los atajos contribuyen a prolongar el problema se convirtió hace mucho tiempo en la justificación perfecta para emprender un largo rodeo. Además, en el tema que nos ocupa el tiempo no lo marca quien intenta ir a la cabeza de la réplica a ETA. Lo marca el más remolón. Y en este país siempre aparece alguien haciendo gala de mayor parsimonia que los demás. Hace tan sólo una semana parecía que era el PNV, decidiendo que antes de presentar cualquier moción de censura para sustituir a ANV en una alcaldía era preciso reprobar su actitud, y antes que eso parecía conveniente emplazarlos a condenar el terrorismo, y antes que eso podía ser mejor esperar a ver si ellos mismos lo condenaban.

Luego vino Eusko Alkartasuna a lastrar el pelotón, descubriendo que en Mondragón sí, pero que en los demás sitios no. Descubriendo que la réplica ha de depender de la localidad en la que esté empadronada la víctima mortal. Pero siempre aparece alguien más tardón; y ahora toca esperar a ver qué decide la asamblea mondragonesa de Ezker Batua. Isaías Carrasco fue asesinado el 7 de marzo. Ya han transcurrido un mes y una semana, y todavía el Consistorio del que había formado parte continúa en manos de quienes, en el mejor de los casos, consideran que su muerte fue la expresión de un «conflicto político y armado» que precisa una solución dialogada con quienes dispararon contra Isaías.

El término municipal de Mondragón permite múltiples rodeos; quizá más que ninguna otra localidad. No en balde está situado prácticamente en el centro de Euskadi. Pero resulta descorazonador que para acceder al núcleo de su poder local la democracia deba recorrer un trayecto tan extenuante. Y todo porque una parte de las fuerzas democráticas, las que integran el Gobierno vasco, se resisten a cortar definitivamente amarras con quienes siguen dando cobertura política al terrorismo.

En el cálculo de sus deseos soberanistas aparece la izquierda abertzale como sumando para el más allá del Estatuto. En el cálculo de sus expectativas electorales también aparece la izquierda abertzale, ilegalizada, como caladero del que extraer los votos precisos para que todo siga igual. Es decir, para que el tripartito de Ibarretxe obtenga una prórroga de otros cuatro años. Sólo los más perspicaces del nacionalismo parecen darse cuenta de que la izquierda abertzale representa ya un peso muerto. Pero tampoco son capaces de actuar con la presteza que exigiría su convencimiento, y van dando largas que otros, aún más renuentes al cambio, aprovechan para prolongar esto tan incalificable.

k.aulestia@diario-elcorreo.com

Las palabras matan
POR ALFONSO ROJO ABC 17 Abril 2008

Matan algunas. Y el ejemplo más sanguinolento es «autodeterminación». Ha sido ese derecho, tan aplaudido por la progresía, el que ha tapizado los Balcanes de fosas comunes y la excusa tras la que se han parapetado los grandes matarifes de la Historia, para perpetrar sus peores fechorías.

Nadie repara en ello, pero conviene recordar que el argumento con el que Hitler justificó el desmembramiento de la antigua Checoslovaquia, en vísperas de la II Guerra Mundial, fue el «sacrosanto derecho a la autodeterminación» de los tres millones de alemanes que habitaban los Sudetes.

A los energúmenos que enarbolan ese principio -sea en el País Vasco, Cataluña o Rusia- hay que restregarles por la cara que el ejercicio de la «autodeterminación» suele venir cargado de dinamita. Y antes de dar un paso deberían definir quién es el sujeto de ese aparentemente inalienable derecho: ¿Una raza? ¿Un territorio? ¿Una comunidad?

La imposibilidad de dar una respuesta coherente a una pregunta tan simple, provocó el rosario de carnicerías que salpicaron la antigua Yugoslavia hace 15 años. Los serbios de Croacia, que eran 400.000, se negaron a acompañar a los 4 millones de croatas, cuando éstos se proclamaron independientes de Belgrado. Para ellos, el sujeto del derecho era la comunidad serbocroata, ortodoxa y alfabetizada en cirílico, mientras para las autoridades de Zagreb era el territorio -todo él- englobado dentro de las fronteras de la República de Croacia. Y el asunto se dirimió a tiros, con campos de concentración, y limpiezas étnicas, como ocurrió después en Bosnia y ha pasado en Kosovo.

¿Con qué autoridad moral negarán ahora EE.UU. y los que han reconocido la independencia de Kosovo el derecho de los serbios kosovares a «autodeterminarse»? El Gobierno Zapatero tiene claro que no se ha respetado ni la Carta de la ONU, ni el Acta Final de Helsinki ni la resolución 1244 del Consejo de Seguridad, pero parece estar imponiéndose la tesis de que España debe mantener un «perfil bajo», participar en la misión de EULEX y en KFOR, dando la impresión de que lo ocurrido en Kosovo no puede tener repercusiones en España. En otras palabras: la táctica del avestruz.

Usaré contra El País el argumento progre universal, el y tú más
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 17 Abril 2008

Llevamos años y años viendo a la progresía carpetovetónica enfrentarse a cualquier crítica, acusación, hechos, realidades y circunstancias que les perjudican y se les imputa con un argumento que, a pesar de ser contraproducente para sus intenciones de desmentir lo que se les atribuye, siguen utilizando mañana, tarde y noche y es lo que yo llamo el argumento progre universal válido siempre y para todo y consistente en decir “... pues y tú más” que en un altísimo porcentaje de casos se particulariza en un “.... pues Aznar también lo hizo”. Hoy El País se rasga las vestiduras y pone el grito en primera porque la COPE despidió a una periodista que ha ganado el juicio y no ha sido readmitida y para mayor escarnio fue despedida por ser homosexual y simpatizando del BNG.

Mi particular opinión es que si un juez dice que un trabajador debe ser readmitido, debería ser readmitido aunque la realidad de este país es que la empresa puede no cumplir la sentencia pagando la indemnización que el juez impone para el caso de la no readmisión. Tal vez esta particular opinión mía esté fundamentada en el hecho de que yo personalmente pasé por esa situación de haber sido despedido, haber sido declarado ese despido como improcedente y no haber sido readmitido. Pero como eso no me permitiría el uso del argumento progre universal contra El País voy a obviar mi particular opinión y me pongo a decirle a El País que no es quien para criticar el despido de la trabajadora de COPE porque El País ha hecho lo mismo o peor o igual.

Allá por marzo del 2007, no hace tanto, El País despidió a uno de sus periodistas estrella, Hermann Tertsch, porque participaba en un programa de Tele Madrid en el vertía opiniones contrarias a la línea seguida por la división Das Reich mediática progresista y le dieron a elegir entre esa tele o El País.

Pues eso, que ahora debería decir, pero no digo, que el despido hecho por la COPE está muy bien hecho porque El País ha hecho algo similar. Solo diré otra cosa que dicen por ahí los políticos, que El País carece de autoridad moral, dados sus propios hechos, para poner el grito en primera y para rasgarse las vestiduras ante un despido como el de la COPE.

Ya me he quedado tranquilo, tenía ganas de utilizar el argumento progre universal. Estoy convencido de que en unos años se enseñará en la asignatura esa de la EpC así como también lo estoy de que llegará el día en que cuando el PSOE pague a algún tránsfuga de otro partido para se pase a los suyos dirá.... “pues no hemos hecho nada malo porque los fascistas de extrema derecha romanos también lo hicieron con los tipos que apiolaron a Viriato”.

Y mientras tanto siguen los integrantes del Observatorio de precedentes de Aznar analizando todo lo dicho, hecho, pensado, soñado, sugerido o pergeñado por Aznar para poder emplearlo como justificación de cualquier cosa que la progresia socialista en el poder decida hacer por más inconveniente que sea, por no decir delictuoso.

Documentación.
El País: La Cope despide a una redactora por homosexual y nacionalista
El Confidencial: Roma no paga traidores: Polanco despide al periodista Hermann Tertsch por ir a Telemadrid

Respuesta de Hermann Tertsch
CARTAS AL DIRECTOR ABC  17 Abril 2008

Tan sólo unas líneas para comentar mi enorme satisfacción de saber -por la carta que se publicó ayer en esta sección- que el comité de redacción de El País considera que «todos estamos en el mismo bando» y que «es de justicia reconocerlo». Nos referimos a la lucha contra ETA. Pero si tiene ese comité algo de memoria, habrá de recordar que ni su periódico ni su comité estuvieron en el mismo bando de los que no quisieron comulgar con las ruedas de molino del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero durante la negociación con ETA. Cuando el presidente del Gobierno, la vicepresidenta, el ministro del Interior y tantos otros implicados en aquella desgraciada aventura del llamado «proceso de paz» aseguraban, primero que se cumplían las condiciones para la negociación (mentira) y, después, que se habían roto las negociaciones tras el atentado de la T-4 (mentira también) hubo muchos periodistas en España que alzaron la voz contra esta intoxicación continua. Sólo recibieron como respuesta descalificaciones e insultos en artículos, columnas e incluso editoriales. El comité de redacción de El País no tuvo mayor problema en que desde su periódico se vertieran todo tipo de manifestaciones de desprecio contra todo periodista que no comulgara con las mentiras del Ejecutivo difundidas y defendidas con entusiasmo militante por el que ahora se considera agredido.

Agredidos han sido, incluso físicamente, cadenas de radio, periodistas y políticos que no creían en la tesis, extendida por columnistas, dibujantes e informadores de diversos periódicos afines al Gobierno socialista como el suyo, de que Batasuna y ETA querían la paz y el Partido Popular poco menos que añoraba muertos por el terrorismo y dinamitaba la paz deseada fervientemente por De Juana y Otegui y los negociadores socialistas. «No deberíamos en nuestra profesión propiciar ni alentar insultos ni descalificaciones entre profesionales como moneda de cambio, al menos no es nuestro estilo», nos dicen. ¿Están seguros? Busquen en su archivo.

En todo caso me congratulo de que hayan cambiado de opinión, el periódico El País y el propio Aizpiolea y consideren que los demócratas estamos todos en un bando y los terroristas y sus cómplices en el contrario. Pero habrán de reconocer que no ha sido la impresión dada durante la anterior legislatura.
Hermann Tertsch

PRIMARÁ LA LENGUA A LA PREPARACIÓN
El Gobierno balear aprueba que el catalán sea un requisito básico para ser funcionario
Primero fue en el colegio con el control en los recreos del uso del catalán y después el intento de que se use esta lengua obligatoriamente en los centros de salud. La persecución al castellano se ha instalado con fuerza en las Islas Baleares amparado por el Gobierno de Antich y sus socios nacionalistas. Este jueves, La Razón informa que el Parlamento Balear aprobó una proposición en la que el catalán será un requisito indispensable para poder optar a un puesto como funcionario en la Administración. El PP ha denunciado que el PSOE ha roto el pacto que tenían sobre la lengua en el Estatuto de Autonomía.
Libertad Digital  17 Abril 2008

La persecución al castellano también se ha instalado en las Islas Baleares tras la llegada al Gobierno autonómico de los socialistas de Francesc Antich apoyado por partidos nacionalistas minoritarios. Primero fue la educación, luego áreas como la salud y lo último ha sido la proposición no de ley aprobada por el Parlamento balear de obligar a dominar el catalán para poder optar a un puesto como funcionario.

De este modo, será un requisito indispensable en la oposición y que tiene como fin, según los partidos que lo han aprobado, "la normalización lingüística de la Administración Estatal en Baleares".

La proposición fue presentada por el Bloc per Mallorca y el PSM-Verds aunque finalmente salió adelante gracias a los votos del PSOE. Con ella reclaman que se garantice el conocimiento total del catalán en todos los servicios de la Administración para que se pueda atender en este idioma.

El Partido Popular fue el único grupo que votó en contra de esta propuesta y ha criticado duramente a los socialistas porque, a su juicio, han roto el pacto establecido en el Estatuto de Autonomía en el que acordaron la promoción de la lengua pero no su total obligatoriedad.

Con la aprobación del requisito indispensable del catalán para el acceso a un puesto como funcionario puede primar el conocimiento de la lengua a la calificación profesional por lo que los populares lo han tachado de "vergüenza absoluta".

Baleares obligará a dominar el catalán para acceder a un puesto de funcionario
El Parlamento aprueba una proposición no de ley con el rechazo de los populares
Los promotores aseguran que «es algo necesario para la normalización lingüística de las islas».
Marta Garau La Razón 17 Abril 2008

MALLORCA- La controversia lingüística en las islas sigue de máxima actualidad tras lo acontecido ayer en la última Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament en Baleares. El grupo del Bloc per Mallorca y PSM-Verds presentaban una proposición no de ley con la que reclamaban que el Gobierno garantice el conocimiento del catalán en todos los servicios de la Administración General del Estado. Ello supone que los funcionarios candidatos a dichos puestos deban conocer la lengua y puedan atender a los ciudadanos en ella. La proposición, que ha sido aprobada con el apoyo de los grupos de la mayoría nacionalista y progresista, y con el voto en contra del PP, ha causado cierta sorpresa entre la oposición.

Según afirma el coordinador del Grupo Parlamentario Popular, Antoni Serra, el PSOE rompe el pacto establecido en el Estatuto de Autonomía en el que se detalla la necesidad de la promoción de la lengua, pero no su obligatoriedad. En palabras de Serra, los socialistas han disuelto el amplio consenso que se consiguió en la anterior legislatura al alinearse con el PSM y aprobar lo que consideran una discriminación. Además, añade la poca viabilidad de esta propuesta, ya que puede afectar a una mala gestión de los organismos.

Si se precisa de una plaza determinada para cubrir un puesto y los únicos candidatos posibles desconocen el catalán, tilda de «vergüenza absoluta» que primen los conocimientos lingüísticos a la cualificación profesional del candidato.

«Necesario»
En el otro lado de la balanza, el diputado del PSM-Verds, Eduard Riudavets, califica esta proposición como «algo necesario para conseguir la normalización lingüística de la Administración Estatal en Baleares, y evitar los conflictos y la discriminación que padecen los ciudadanos de las islas cuando quieren ejercer su derecho de hablar en catalán con funcionarios estatales». Un día antes, en la sesión plenaria, el tema de la lengua volvía a estar presente cuando el consejero de Salud y Consumo Vicenç Thomàs, anunciaba su compromiso para llevar a cabo una auditoría y evaluar la situación lingüística del Servicio de Salud de Baleares (IB-Salut), previa a la puesta marcha de un plan para normalizar el catalán en la institución.

Mérito y no obligación
El consejero pretende solicitar el conocimiento de la lengua como requisito para el personal administrativo en las próximas oposiciones que convocará el IB-Salud. Al respecto, la oposición mantiene su desacuerdo en relación a la política lingüística de este Ejecutivo y señala que el catalán debe ser un mérito en los profesionales y no una obligación.

Ataques al castellano hasta en el recreo
En apenas una semana, el impacto mediático que ha producido la obligatoriedad del catalán en las instituciones ha sido una constante. En el ámbito de la educación, la alarma se generaba cuando un director de un colegio público de Mallorca afirmaba controlar el uso del catalán incluso en el recreo. Áreas como la salud tampoco se han visto exentas de esta problemática al anunciarse el requerimiento de la lengua para trabajar en los centros, pero lo realmente complejo es la imposición del catalán a los funcionarios estatales, algo que según los populares, podría poner en evidencia el funcionamiento de los servicios públicos en las Islas.

Socialistas y nacionalistas en Galicia imponen el gallego a la fuerza
 Minuto Digital 17 Abril 2008

La reciente encuesta hecha pública por Galicia Bilingüe revela claramente cuál es la opinión de los gallegos sobre el uso del idioma autonómico. La absoluta mayoría rechaza cualquier tipo de imposición y el uso político que pretende hacer el nacionalismo del gallego como instrumento disgregador y de conflicto para enfrentarse a España.

Para empezar el 80% de la población gallega se muestra a favor de que sean los padres, o los alumnos cuando tengan capacidad decisoria, quienes elijan el modelo lingüístico de enseñanza. Es más el 87% cree que se debería poder recibir la enseñanza en castellano en cualquier parte de España si así lo desea el ciudadano, y el 61% entiende que los estudiantes castellanohablantes llegados de fuera de Galicia tendrían que recibir las clases en español, y el gallego, como asignatura de iniciación.

El 60% de la población se inclina porque los funcionarios de los organismos públicos se expresen en la lengua que prefiera el administrado, y un porcentaje aún mayor, de casi el 68%, defiende que la señalización en carreteras o calles, así como la de cualquier cartel informativo de este tipo, figure en los dos idiomas. Con respecto a esta última cuestión, sólo un 12,42% apoya la situación actual, con el uso exclusivo del gallego.

Cerca de la mitad de los entrevistados entienden que el uso de la lengua gallega, para la adjudicación de un contrato público a una empresa privada, debería pesar menos que la calidad de los servicios en cuestión y que el precio ofertado. Y dos de cada tres ciudadanos se declaran contrarios a la obligatoriedad del uso del gallego en el comercio y rechazan, por lo tanto, las imposiciones que recoge el anteproyecto de ley elaborado por la Consellería de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia, que desea seguir los pasos de la inmersión lingüística que experimenta Cataluña.

Sin embargo la sociedad gallega se encuentra atenazada por la pinza nacionalista.
Por un lado, desde el poder, el bipartido formado por PSdeG y BNG, desprecia la voluntad popular y legisla para excluir el español de las aulas imponiendo la enseñanza en gallego. Legisla para obligar a la fuerza a los comerciantes a usar el gallego en vez del español y usa el chantaje de las subvenciones a para asegurarse que empresas o colectivos sociales se cuiden de usar el gallego y no el español, si quieren recibir ayudas públicas. En el ámbito municipal, donde PSdG y BNG tienen mayoría, se aprueban ordenanzas, como ha sucedido en El Grove o Ferrol para que sólo sea el gallego el idioma del municipio.

Por otro lado, desde los sectores del separatismo más radical, se encargan de coaccionar a quienes defienden la libertad de usar el español en Galicia. Atacan los autobuses de Galicia Bilingüe o intentan reventar sus actos, para silenciar la autentica voz de la sociedad gallega. O llenan con total impunidad las calles de sus consignas y dejan muy claro con sus pintadas cual es su idea sobre la Galicia que quieren imponer.

Baleares aprueba una proposición no de ley para que los funcionarios españoles conozcan el catalán
EP ABC 17 Abril 2008

PALMA DE MALLORCA, La Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento balear aprobó ayer, con el apoyo de los grupos de la mayoría progresista y nacionalista y con el voto en contra del Partido Popular, una Proposición no de Ley presentada por el grupo del Bloc per Mallorca y PSM-Verds, con la que se reclama que el Gobierno garantice que todos los servicios de la Administración General del Estado puedan atender a los ciudadanos en lengua catalana y que sea necesario el conocimiento del catalán para proveer estos puestos de trabajo.

Según un comunicado, el diputado del PSM-Verds de Menorca, Eduard Riudavets señaló que todavía los catalanoparlantes se ven «a menudo discriminados al no poder ejercer su derecho de utilizar el catalán en las relaciones con la Administración Estatal en Baleares».

Obligación legal
Por ello, Eduard Riudavets, ha afirmado que «lo que el Gobierno del Estado tiene la obligación legal de asegurar es que los ciudadanos puedan ejercer este derecho de dirigirse a las administraciones en la lengua que ellos deseen», añadió.
«Desde el grupo del Bloc per Mallorca y PSM-Verds de Menorca esperamos que la aprobación de esta proposición sea una primer paso para conseguir la normalización lingüística de la Administración Estatal en Baleares, y evitar así los conflictos que periódicamente surgen cuando los ciudadanos de las Islas Baleares quieran ejercer su derecho de hablar en catalán con funcionarios que atienden los distintos servicios de la administración estatal», aseguró el diputado del PSM-Verds de Menorca.

«Igualdad plena»
De esta manera, Riudavets apuntó que la «igualdad plena» que se reclama desde el Estatuto pasa porque se realize una «efectiva implicación de la Administración estatal en el proceso de normalización lingüística». Una normalización, que en opinión del diputado del PSM-Verds de Menorca, pasa por garantizar el derecho de interactuar con la administración central en la lengua que cada ciudadano elija.

inhabilitado por desobediencia
El Supremo desmonta el intento de blindar a Izaskun Bilbao ante un nuevo 'caso Atutxa'
ANTONIO SANTOS El Correo 17 Abril 2008

El Tribunal Supremo lanzó ayer una seria advertencia al Parlamento vasco: nada puede impedir que se cumpla una «sentencia firme». Ni la modificación del reglamento del Parlamento vasco, ni incluso la «reforma del Estatuto de autonomía» servirían para «proteger» a un cargo público del «deber general de acatamiento de las resoluciones judiciales» que impone la Constitución. Así lo recalcan los magistrados que componen la 'Sala del 61' -la que ilegalizó Batasuna- en la sentencia del 'caso Atutxa' hecha pública ayer después de que la huelga de los funcionarios la haya retrasado más de dos meses.

La argumentación jurídica del tribunal supone un severo revés para los tres partidos que sostienen el Gobierno vasco. PNV, EA y EB, apoyados por Aralar, han iniciado por la vía de urgencia el proceso para reformar el actual reglamento de la Cámara vasca con el fin de 'blindar' a su presidenta, Izaskun Bilbao, y ceder al Pleno la responsabilidad de disolver o no uno de los grupos que lo componen.

La iniciativa del tripartito pretende evitar que se repita con EHAK, que tiene abierto un proceso de ilegalización, lo acontecido en 2003 cuando el Supremo ordenó sin éxito hasta en cuatro ocasiones a la por entonces máxima autoridad parlamentaria, Juan María Atutxa, la disolución de Sozialista Abertzaleak, marca que representaba a Batasuna.

La sentencia, que rebate la absolución dictada por el Tribunal Superior vasco, impone a Atutxa un año y medio de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de 18.000 euros. Por su parte, condena a sus ex compañeros en la Mesa del Legislativo Gorka Knörr y Kontxi Bilbao -ésta es la única que sigue en el puesto- a un año de inhabilitación y a sendas multas de 12.000 euros. El tribunal cree que los tres «descartaron de forma consciente y deliberada» disolver el grupo parlamentario de SA.

Autonomía limitada
La resolución judicial -centrada en Atutxa, Knörr y Bilbao aunque, según fuentes del alto tribunal, extensible a Izaskun Bilbao- sienta precedente, dedica una parte importante de su texto a subrayar el «deber de cumplimiento» de cualquier sentencia emitida por el Supremo y desbarata el argumento de que un Parlamento como el vasco tenga «autonomía» para no llevar a cabo el mandato de un tribunal. Sostiene que esa autonomía es válida para configurar su reglamento, los Presupuestos, «para regular su personal», para organizarse y para fijar «su funcionamiento». Fuera, dice, queda la capacidad de impedir que se ejecute una sentencia firme.

No considera legal que un Parlamento pueda «aferrarse al ejercicio de la autonomía» para no hacer «posible la ejecución de las resoluciones judiciales» porque, de permitirlo, «se dibujaría un mapa de impunidad en el que las Cámaras que lo consideran oportuno resultarían blindadas ante el mandato imperativo del artículo 118 de la Constitución Española».

La advertencia del Supremo al tripartito vasco es taxativa al recordar que sólo hay un caso en el que la decisión del Parlamento se impone al del tribunal: cuando los implicados en un juicio son miembros del Senado o del Congreso. Entonces, recalca la 'Sala del 61', la Carta Magna sí obliga a que sea necesaria una «autorización» de las Cámaras «para decidir sobre la inculpación o el procesamiento» de sus miembros. «No se contempla -insiste- como prerrogativa de los parlamentos autonómicos. Pero, lo que es más importante, aunque así llegara a establecerse mediante la correspondiente reforma del Estatuto de Autonomía, nunca podría proteger frente a la ejecución de una sentencia judicial firme».

La sentencia alude, además, al papel de quien ostenta la Presidencia del Parlamento vasco y recuerda que quien esté al frente de esta institución ejerce las «facultades de policía en el interior» de la sede del Legislativo y debe asumir las «implicaciones jurídicas» que el cargo conlleva.

El 'caso Botín'
Antes de desplegar toda esta argumentación, el Supremo también dedica una parte destacada de la sentencia a constatar las diferencias existentes, en su opinión, entre el 'caso Atutxa' y el 'caso Botín' y que ha supuesto que en el primero se haya condenado a los imputados, mientras que en el segundo, no. Tal y como ya avanzó EL CORREO, el tribunal sustenta esta distinción en que en el proceso penal al presidente del Banco Santander sólo pedía ir a juicio la acusación popular ejercida por una asociación de consumidores, mientras que tanto la Fiscalía como la acusación particular -ejercida por la Abogacía del Estado, como víctima directa de un supuesto impago de impuestos- pedían la absolución.

En el procedimiento abierto contra Atutxa, sólo se personaron la Fiscalía y la acusación popular de Manos Limpias. Al no haber una víctima directa del presunto delito, el Supremo entiende que, para ir a juicio, basta con la petición de esa acusación popular, si el juez instructor lo estima oportuno.

Es precisamente este aspecto el que mayor discusión propició entre los magistrados de la 'Sala del 61'. Cinco de sus doce miembros entienden que la 'doctrina Botín' debía haber servido para Atutxa y, por extensión, debía haber acarreado la absolución del anterior presidente del Parlamento vasco. Así lo expresan, con diferentes argumentos, Joaquín Giménez, Carlos Granados, Andrés Martínez Arrieta, Luciano Varela y Julián Sánchez Melgar.

De los cinco, sólo Giménez entiende que los tres imputados no cometieron un delito de desobediencia tipificado en el artículo 410 del Código Penal. El magistrado sostiene que con esta sentencia se «ha quebrado» la presunción de inocencia de los imputados y se han vulnerado sus «derechos fundamentales».

DEBATE
EA afirma que con «veinte peticiones» los centros abrirían aulas en castellano
AITOR ALONSO a.alonso@diario-elcorreo.com El Correo 17 Abril 2008

En Euskadi no se ofertan plazas de enseñanza en castellano porque no hay demanda, según EA, cuya portavoz en Educación, Idoia Cuadra, fue ayer más allá: si «veinte padres, incluso menos, solicitaran el modelo A en cualquier centro de la red pública, estoy segurísima que se abriría una línea en ese centro», afirmó la parlamentaria del partido al que también pertenece el consejero Tontxu Campos. Pero no existen peticiones, de acuerdo a la visión del PP, porque los padres que sí quieren que sus hijos se escolaricen en esta lengua se encuentran con trabas a la hora de matricularles, por lo que acaban eligiendo los modelos bilingües y por tanto, la demanda latente no consta. Éste es el bucle sin fin, la pescadilla que se muerde la cola en el sistema educativo vasco, que ayer protagonizó el primero de los dos debates que están previstos esta semana en el Parlamento.

El posicionamiento político se reproducirá mañana con más intensidad en la sesión plenaria de la Cámara, mientras que ayer en la comisión de Educación apenas se esbozaron las posturas de los grupos. De hecho, sólo las intervenciones de los portavoces de PP y EA profundizaron en el debate. Éste fue impulsado por los populares con una iniciativa que exigía al Ejecutivo vasco garantías para que los padres pudieran elegir el idioma de escolarización de sus hijos al formalizar la matriculación para el curso 2008/09.

La propuesta -que salió derrotada- carecía de ninguna virtualidad, dado que el periodo de inscripción se cerró el pasado viernes. De todas formas, el tripartito aseguró que las exigencias que el PP reclamaba en su iniciativa ya estaban recogidas en los impresos de matriculación, que han sido «similares» a los de cursos precedentes, apuntó Cuadra. En ellos, los padres tienen la posibilidad de marcar la casilla del modelo A (en castellano), del B (bilingüe) o del D (en euskera), en función de sus preferencias.

El parlamentario popular Santiago Abascal admitió que la «libertad formal» para seleccionar la lengua de escolarización de los niños «existe», pero argumentó que «hay un abismo» entre ésta y la «libertad real» de poder recibir las enseñanzas en un idioma o en otro. «Es posible cumplir con la letra de la Ley y violar a su vez su espíritu», sostuvo Abascal. «A quienes eligen el modelo en castellano, se les amenaza en esos mismos impresos con que su solicitud será desviada a las delegaciones territoriales de vivienda. Éstas designarán a qué colegio irá el alumno, que puede ser otro diferente con el que los padres pueden no compartir la línea educativa», explicó. «Al final, muchos han tenido que marcar la casilla deseada por el consejero, por los colegios chantajeados o por funcionarios convenientemente adiestrados», acusó. Abascal dijo que él mismo había vivido esta experiencia, «cuando marqué la casilla del modelo A y me dijeron que ésa no la podía marcar», relató.

En dirección contraria
Cuadra defendió la política educativa del tripartito. Aseguró que allí donde existe demanda «se ponen aulas de castellano» y garantizó que, si no hay, es porque los padres no las reclaman. «El 99% de las familias no quiere que sus hijos estudien en castellano, no eligen el modelo A», apuntó, antes de comparar a los populares con un conductor que circula en dirección contraria y que piensa que son los demás los que van mal.

«Si en cualquier centro de la red pública de este país veinte padres, solicitaran modelo A, estoy segura de que se abriría una línea. Lo que no puede ser es que se abran aulas con una única petición», indicó. Cuadra invitó a Abascal a «acudir a los tribunales» si tiene pruebas de que se infringe la ley educativa y de los «chantajes y acosos» a los que se refirió el político popular.

El debate se retomará mañana en la sesión plenaria de la Cámara, que abordará una proposición no de ley de los populares por la que pretende reclamar al consejero Tontxu Campos a que «publique la demanda exacta por modelos lingüísticos» de todos los colegios y se habiliten aulas en castellano allí donde existan peticiones.

PERO EL 40% DE LOS CATALANES NO LEE NUNCA
El 78 por ciento de los lectores catalanes elige habitualmente libros en español
El mito de la Cataluña culta en cuestión; también el de una sociedad apegada a la lengua catalana. Una encuesta del Gremio de Editores, citada por E-Noticies, señala que el 40 por ciento de los catalanes no lee nunca o casi nunca un libro. Y de los que lo hacen habitualmente, el 78 por ciento elige libros en español, frente a sólo un 20,4 que lee preferentemente en catalán.
Libertad Digital 17 Abril 2008

Una clara mayoría de los catalanes lectores prefiere libros en castellano. Junto a este hecho, también destaca el bajo índice de lectura de los catalanes: un 40 por ciento reconoce que no lee nunca o casi nunca un libro. Son datos de una encuesta del Gremio de Editores en Lengua Catalana, citados por E-Noticies y que Alfred Subirana, de la Fundación Unidad más Diversidad, comenta para Libertad Digital en un artículo anexo a esta noticia.

El 21,6 de los catalanes no lee nunca un libro, y el 19, casi nunca. Un 45,1 se declara lector frecuente, es decir, leen libros diaria o semanalmente. Un 14,3 por ciento es lector ocasional.

Según se desprende el Barómetro gremial resumido por el citado diario, el número de lectores va en aumento. En concreto, se ha incrementado en dos puntos porcentuales con respecto al barómetro del año anterior.

Entre la población lectora de Cataluña, un 77,9 por ciento elige el castellano como idioma de los libros que maneja habitualmente, frente a un 20,4 que elige habitualmente libros en catalán.

POLÉMICA POR EL "PROCESO DE PAZ"
Tertsch y el comité de redacción de "El País" se enzarzan en "ABC"
Elsemanaldigital.com 17 Abril 2008

El ex periodista del diario de Prisa y sus antiguos compañeros llevan dos días librando su particular batalla en las páginas de Opinión del periódico centenario.

Las cartas al director de ABC echan humo. El columnista del diario de Vocento, antiguo periodista de El País, Herman Tertsch, y el comité de redacción del periódico de Prisa, para el que trabajó anteriormente, están librando su peculiar polémica por el tratamiento informativo dispensado al "proceso de paz" de José Luis Rodríguez Zapatero.

Todo comenzó en días pasados, cuando Tertsch, en una pieza titulada Del maltrato al abismo, propinó un sonoro varapalo a El País y a su cronista político Luis R. Aizpeolea por una entrevista al dirigente del PSE Jesús Eguiguren, uno de los diseñadores del proceso de negociación.

Ante el artículo, el comité de redacción de El País reaccionó enviando una carta al director, publicada el miércoles, en la que aseguraban que se había atacado "de manera inoportuna y gratuita a nuestro compañero Luis R. Aizpeolea". Dicho comité quería "mostrar nuestra indignación por las lamentables descalificaciones del columnista y llamar la atención sobre el peligro y la irresponsabilidad que supone señalar con tanto descaro a un colega, más cuando un asunto tan delicado como la lucha contra ETA está por medio". La misiva finalizaba de la siguiente manera: "Todos estamos en el mismo bando. Es de justicia reconocerlo".

La réplica de Tertsch no ha tardado en llegar, en el mismo lugar, un día después. El ex periodista de Prisa asegura tener una "enorme satisfacción" porque ahora todos estén en el mismo bando, aunque afirma que el comité "habrá de recordar que ni su periódico ni su comité estuvieron en el mismo bando de los que no quisieron comulgar con las ruedas de molino del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero durante la negociación con ETA".

"El comité de redacción de El País no tuvo mayor problema en que desde su periódico se vertieran todo tipo de manifestaciones de desprecio contra todo periodista que no comulgara con las mentiras del Ejecutivo difundidas y defendidas con entusiasmo militante por el que ahora se considera agredido", continúa, recalcado que las tesis de Zapatero fueron difundidas por "periódicos afínes al Gobierno socialista como el suyo".

Finalmente, Tertsch concluye así: "Me congratulo de que hayan cambiado de opinión, el periódico El País y el propio Aizpiolea [sic] y consideren que los demócratas estamos todos en un bando y los terroristas y sus cómplices en el contrario. Pero habrán de reconocer que no ha sido la impresión dada durante la anterior legislatura".

atentado en bilbao
ETA vuelve a atentar contra el PSE al colocar una bomba en la casa del pueblo del barrio bilbaíno de La Peña
BILBAO EL CORREO DIGITAL  17 Abril 2008

Siete ertzainas han resultado heridos leves por contusiones, daños en los oídos o impactos de cristales provocados por la deflagración
La explosión ha provocado importantes daños materiales y ha causado el corte del suministro del agua
Esta es la segunda vez en menos de dos meses que atenta en La Peña

Una bomba ha explotado hoy, poco después de las 6 de la mañana, en la sede socialista del barrio bilbaíno de La Peña, según han informado fuentes del Departamento de Interior del Gobierno vasco. Como consecuencia de la explosión, siete agentes de la Ertzaintza presentan heridas leves: uno por contusiones, dos por daños en los oídos y los cuatro restantes por impactos de cristales provocados por la deflagración. Uno de los agentes se vio sorprendido por la onda expansiva cuando volvía de haber evacuado del lugar a un vecino con una minusvalía.

Los siete agentes heridos han sido atendidos en el lugar por personal sanitario y no ha sido preciso, por el momento, su traslado a centro hospitalario alguno. Según ha podido saber El Correo Digital, varios de los ertzainas ya se encuentra descansando en sus domicilios.

ETA reaparece así en el mismo barrio donde el pasado 9 de octubre intentó matar con un coche bomba a un escolta de un concejal del PSE, formación que se ha convertido en el principal objetivo de la banda terrorista tras el fin de la tregua.
El artefacto fue localizado por una patrulla de la Ertzaintza a las 5:10 horas de la madrugada antes de que ETA avisara a la DYA de su colocación, lo que permitió el desalojo de la zona donde está ubicada la sede del PSE, en el inmueble número 5 de la calle Ibaialde. Los agentes, que realizaban su tradicional ronda, se percataron de la presencia de un maletín sospechoso atado a una cadena y en el que había escrito 'Peligro bomba'.

Poco después, a las 5:30 horas, una llamada realizada en nombre de ETA avisaba a la asociación de ayuda en carretera DYA de Vizcaya de que un artefacto estallaría a las 6 de la mañana en la sede socialista del barrio de La Peña. En su llamada, el comunicante dijo: "Escuche con atención, llamo en nombre de ETA. Dentro de media hora va a hacer explosión una bomba en la casa del pueblo del barrio bilbaíno de La Peña. Gora ETA askatuta" (Viva ETA libre).

Daños materiales y corte de agua
A la hora anunciada, la bomba explosionó, causando graves daños materiales en los edificios y locales colindantes al lugar de la explosión, entre ellos una peluquería próxima a la sede socialista, así como en 12 vehículos estacionados en el lugar, uno de los cuales acabó destrozado.

Del mismo modo, la casa del pueblo tiene importantes daños materiales en su interior, ya que la bomba afectó al mobiliario y las máquinas ubicadas en la sede. El propietario del local se dirigía a recoger una mochila con enseres de trabajo cuando la Ertzaintza le comunicó la colocación del artefacto. "He estado esperando, porque tenía un pastor alemán dentro, he estado esperando hasta que ha estallado. Al perro le he llevado al veterinario y está herido, pero está bien", ha declarado en Radio Euskadi.

Por otro lado, la explosión ha afectado a una tubería general de la red de distribución de aguas, motivando el corte del suministro de agua en la zona. Los operarios de este servicio tratan de reparar de forma urgente. Mientras tanto, la Ertzaintza y la Policía Municipal de Bilbao mantienen un amplio cordón en torno a la zona en la que a las seis de la mañana se ha registrado la explosión y los artificieros de la Policía autónoma examinan el lugar.

TRAS LA INVESTIDURA, LA EMBESTIDURA
www.tercerarepublica.org 17 Abril 2008

Con su victoria, el PSOE retoma el encargo de liderar la metamorfosis del régimen, su reformulación pluri-nacional, acelerada tras el 11-M, y que quedó incompleta en la pasada legislatura. Un segundo tiempo para la “segunda transición”.

Ahora Zapatero culminará la ocupación del llamado Poder Judicial, afianzará la legalidad del Estatuto de Cataluña, extenderá su modelo al País Vasco, al que entregará Navarra, y a Galicia y abrirá una nueva ronda del “proceso de la paz” con ETA. En suma, dará los pasos decisivos para convertir a lo que queda de España en un protectorado de los nacional-racistas vascos, catalanes y gallegos, bajo la forma de un confederalismo de factura medieval en el que los españoles definitivamente pasaremos a constituir una categoría de siervos. Todo ello sin olvidar los avances, que ya se producen subrepticiamente, hacia la cesión de Ceuta y Melilla a Marruecos, a través de alguna fórmula intermedia de co-soberanía.

Zapatero es muy consciente de que su hoja de ruta se ha complicado con la interferencia de la crisis económica. Por ello, oculta sus dimensiones. La presenta como una simple “desaceleración transitoria”, limitada a la construcción, Un “paréntesis” que será superado en dos años.

Para afrontarla en el corto plazo, propone “medidas de choque”: los cheques electorales –principalmente la deducción de 400 euros en el IRPF para los pensionistas, sectores de asalariados y autónomos- y al intento de hacer levitar de nuevo al moribundo negocio del ladrillo. Todo ello a cuenta del superávit acumulado en los últimos años. Son parches de efectos efímeros. El superávit, que se reduce a la Administración central y a la Seguridad Social, dejará de absorber en breve el impacto que una menor actividad en la economía tiene ya sobre los ingresos públicos, así como los gastos de protección social provocados por el continuo aumento del desempleo. Las consecuencias son claras: miente Zapatero cuando proclama que ni subirá impuestos ni impondrá recortes sociales.

A medio plazo, propone elevar la inversión en obra pública, ante todo en infraestructuras del transporte. Pero no existe margen presupuestario para serias políticas keynesianas de inducción de la demanda desde la actividad del Estado. En cambio, sí le resulta posible a Zapatero preparar condiciones para reanimar la oferta. Sabe perfectamente que el capital no volverá a invertir hasta que no esté lista la purga que le permita un relanzamiento de sus tasas de beneficios. Y esto significa mantenimiento de la presión de la inmigración –que Zapatero considera ya como un factor “estructural”- sobre las condiciones de trabajo de los españoles, bajada de la fiscalidad sobre las rentas del capital y reducción drástica de los costes laborales. Por ello, una de los aspectos más significativos del discurso de investidura de Zapatero ha sido la propuesta de “un gran Acuerdo Económico y Social que abarque, desde luego, al mercado de trabajo”, para el que serán convocados los empresarios y los sindicatos. En aras de la “competitividad” se preparan pactos inter-burocráticos que dejarán baldados a los trabajadores españoles.

El triunfo electoral de Zapatero le ha catapultado a una nube de omnipotencia. A su propia fuerza electoral espera añadir la reserva de los 800.000 votos que le restan a una IU en caída libre. A pesar de ello, en aras del talante, ha propuesto pactos a gogó. Ante todo, al principal partido de la oposición. Pero, a la vez, ha recordado a ese partido que los pactos “deben ser incluyentes de todas las identidades”. Pactará con uno o con otros según le convenga. Pero está con razón convencido de que podrá contar incondicionalmente con el PP para muchos “temas de Estado”, Ante todo, para descargar la crisis económica sobre los trabajadores.

Nunca hemos albergado dudas acerca del triunfo electoral del PSOE. Más aun: ya en enero de 2008 dábamos por descontado que ETA, para favorecer a Zapatero, intervendría en la campaña electoral con algún atentado. Pero la más importante ayuda a Zapatero ha sido la aportada por Rajoy.

A lo largo de la pasada legislatura, denunciamos reiteradamente la adhesión del PP al curso de reformas estatutarias; su acatamiento de la sentencia de “punto final” sobre el 11-M. Y, finalmente, su disposición a la “derrota de ETA” del brazo de los colaboradores con la misma, secundando los llamamientos del Borbón al “consenso” y “unidad de los demócratas”.

En los debates televisados de la campaña electoral, Rajoy llegó a calificar a Zapatero de mentiroso 14 veces. Pero, a la vez, fue aparcando toda discusión sobre el modelo de Estado, los procesos estatutarios, la lucha antiterrorista, etc. Optó por farfullar cifras y datos sobre “lo que preocupa a la gente”: la inflación subyacente, la cesta de la compra, el porvenir de una niña políglota y diestra en informática, etc. Con ello, se hizo evidente ante muchos que el PP en modo alguno constituía una alternativa al gobierno del PSOE.

Luego Rajoy se fue de vacaciones y, al regresar, durante el debate de investidura, le vimos pidiendo disculpas por existir: “por favor, señor Rodríguez Zapatero, yo lo único que hago es cumplir con mi función de oposición”. Fue un Rajoy servicial hasta el servilismo. Preocupado, ante todo, de no “crispar”: “ya he anunciado que en los próximos días presentaremos un paquete de medidas económicas por si a ustedes les sirve y, si no les sirve, tampoco pasa nada...”. Decidido a “mirar adelante”, en nombre de un “nuevo clima de confianza”, y a acudir presuroso a todas las propuestas de pacto que le ofrezca un hombre al que hace bien poco denunciaba por haberle engañado sistemáticamente.

El Partido Nacional Republicano entiende que es preciso mirar la realidad cara a cara y decir la verdad, por amarga que sea. La Nación es una comunidad ética, jurídica, política, económica y afectiva que se integra mediante el Estado. Pero el Estado que desde 1978 presume de integrar a la Nación española, en realidad la ha precipitado en la desintegración. España ya no existe como Nación. Todo lo más, existen españoles de convicción y emoción.

España es hoy un solar donde, además de ese sector de patriotas españoles, acampan nutridas huestes de antiespañoles furibundos, masas desnacionalizadas -únicamente atentas a que nada perturbe la pazzz de su “sociedad civil”-, y amplios conglomerados de plebe subsidiada.

El pueblo español, entendido como entidad política, como sujeto de soberanía, es algo que está por constituir. Y esto sólo podrá realizarse a través de la lucha. Nos referimos a la acción directa de masas. El cretinismo electoral bajo el vigente régimen sólo servirá para prolongar la pérdida de España. Sólo la lucha directa es útil, aunque sólo sea para resistir, como ha demostrado la huelga de los funcionarios de justicia.

Probablemente esa lucha arrancará con dificultad pues exige unos mínimos soportes de tejido asociativo, hoy inexistentes. Las plataformas que animaron las grandes movilizaciones de 2005-2007 fracasaron finalmente por sus ilusiones en la Constitución del 78. Un nuevo salto adelante implica posiciones de ruptura democrática con la monarquía, con su gobierno y con su oposición, para el avance hacia la III República española

Pongamos manos a la obra desde hoy mismo.

Secretaría General del Partido Nacional Republicano
Abril de 2008

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