AGLI

Recortes de Prensa    Viernes 18 Abril 2008

La Guerra del agua
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 18 Abril 2008

Julián Marías hablaba de la «España posible» como un modo de no imaginar lo «imposible» que podía ponerse la vida si no se terminaba con el terrorismo etarra, el alejamiento de la ciudadanía de todo lo que un día representó el sentir nacional, la deformación cultural de tres generaciones y la prohibición en los colegios del idioma común. No sólo nada de este se ha resuelto, sino que ha ido a más. El pancatalanismo avanza en Baleares de tal modo que ciertas figuras, como la del alcalde de Calviá, comienzan a ser heroicas. Pero ¿quién dijo apocalipsis? Para los que mandan desde los gobiernos o desde las oposiciones estas tres últimas décadas han sido tiempos gloriosos. Es cierto que Boadella se exilia de Cataluña, pero ¿cómo conseguir el contento de todos?

Y ahora llega lo del agua. La guerra del agua. Con ella se ha revelado el peor de los rostros de Zapatero. El de quien es capaz de andar sobre cadáveres. ¿De Zapatero digo? Debo hablar también de sus votantes. Quiero decir, de los energuménicos seres que le han votado en Murcia, Valencia y Aragón y que al hacerlo eran perfectamente conscientes de que estaban prefiriendo su orden socialista a la justicia y al bien común.

La guerra del agua es la última expresión del modelo de Estado confederal y antiespañol que vienen defendiendo los Rubalcaba, los Puigcercós, los Ibarreche, los Eguíbar, los Mas... descendientes de aquellos políticos turbios, correosos y toscos que fueron Pujol, Maragall, Arzalluz. La guerra del agua está en la lógica del odio, es decir, del motor del nuevo sistema, bien regulado por los socialistas... La guerra del agua recuerda a los españolitos de Goya que se aporrean medio enterrados para no poder escapar.

Tienen razón los que dicen que no es verdad que España se rompa. Simplemente volveremos a matarnos entre nosotros.
Y este chico llamado Camps, que va a preparar unas grandes manifestaciones en Valencia, ¿acaso no se apuntó con entusiasmo a un nuevo Estatuto porque le dejaron poner la famosa cláusula del «y yo más»?

Blanco se niega a disculparse
EDITORIAL Libertad Digital 18 Abril 2008

En este nuevo clima de paz y consenso entre Rajoy y Zapatero, parece casi incómodo que ETA vuelva a hacer lo de siempre. El atentado contra una sede socialista en Bilbao vuelve a poner sobre el tapete la realidad criminal de la banda, cuya única forma de vida es la violencia. Algo que se supone sabemos todos, pero que ignoraba el presidente del Gobierno cuando decidió sentarse a negociar con quienes asesinaron a Isaías Carrasco y han puesto una bomba este jueves.

En el colmo de la desfachatez, Blanco ha llegado ha exigir disculpas a quienes denunciamos durante el proceso de rendición que el Gobierno se estaba sometiendo a los dictados de ETA. Para él, los atentados contra objetivos socialistas demostrarían que no cedieron. El problema, para Blanco y los demás socialistas, es que dichas cesiones no son asunto opinable; son hechos fehacientes, de los que existe toda la constancia posible.

Así, Zapatero reconoció en la sede de la soberanía nacional el "derecho de los vascos a decidir su futuro", el último eufemismo de moda para referirse a la independencia de esta región. Al llevar al Parlamento Europeo una votación sobre su proceso, "internacionalizó el conflicto", que es lo que siempre ha querido ETA. El Fiscal General del Gobierno, Conde Pumpido, ordenó reducir la petición de pena para De Juana Chaos, al que posteriormente se trataría con guante de seda durante su publicitaria y publicitada huelga de hambre. Permitió la presencia del PCTV en el Parlamento de Vitoria y de ANV en los ayuntamientos vascos. Y destruyó el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo sustituyéndolo por una moción parlamentaria autorizando la negociación con ETA, moción que el PSOE sigue negándose a retirar.

Todas esas concesiones y muchas más se perpetraron durante el proceso durante el que Zapatero intentó que el Estado se rindiera ante la banda terrorista ETA. Mientras tanto, procuraba cerrar los ojos de los españoles hablando de "proyectos de zulo" y asegurando que se había verificado el cumplimiento de la tregua mientras los empresarios seguían siendo extorsionados por la banda y el terrorismo callejero reinaba a sus anchas. Si no consiguió llevar a buen término sus planes fue porque la rebelión cívica liderada por la AVT en contra de la sumisión al chantaje etarra le impidió obedecer a la velocidad exigida por la banda.

Aún estamos esperando que alguien en el PSOE pida disculpas por haber negociado con ETA mientras Zapatero firmaba el pacto antiterrorista. Aún estamos esperando que alguien en el PSOE pida disculpas por insistir en que nunca se negoció con ETA antes de la tregua ni después del atentado de la T-4. Aún estamos esperando que alguien en el PSOE pida disculpas por acusar de "no querer la paz" a quienes advirtieron desde el principio que ninguna negociación con ETA llegaría a buen puerto. Aún estamos esperando que alguien en el PSOE pida disculpas a las víctimas del terrorismo por la campaña desatada en su contra por negarse a apoyar a los socialistas en su empeño por premiar a quienes mataron a sus familiares o los hirieron de gravedad. ¡Si ni siquiera Blanco o López Garrido se han disculpado todavía por sus ataques contra la AVT por facilitar una silla de ruedas en una manifestación a un pobre cojo!

Pero como buen propagandista que es, el secretario de Organización del PSOE ahora echa la culpa de las consecuencias del proceso a quienes se opusieron a él. Y, por supuesto, habrá millones de españoles que le creerán. Entre otras cosas, porque no habrá nadie en el PP para llevarle la contraria.

PSOE y España
La retórica de Bono
Agapito Maestre Libertad Digital 18 Abril 2008

Zapatero ha puesto a Bono en un lugar privilegiado, el tercero en importancia formal, del Estado. Ocupará el poder con especial delectación y pasión al servicio de su amo, nadie lo olvide. La retórica populista de Bono será determinante, desde el punto de vista ideológico, para mediatizar, o sea ocultar, el principal objetivo del Gobierno de Zapatero. Sin embargo, hay mucha gente empeñada, parte por ingenuidad y otra parte por estulticia y perversidad, en pasar de este trascendental problema para todos los españoles. No crean que exagero sobre este desprecio al papel que desempeña Bono; por ejemplo, el otro día, en una tertulia de radio, me reprocharon públicamente todos mis interlocutores, alguno de ellos más inteligente de lo que se cree, que diera tanta importancia al rol de Bono para esta nueva legislatura dominada de modo absoluto por Zapatero.

"Bono sólo tiene una función institucional", decían mis correctos y bienintencionados contertulios. ¡Como si controlar la institución política más importante de España no tuviera importancia! Guardé silencio, entre otros motivos, porque ya no tuve ocasión de contestar. El programa de radio había terminado. Pero me dejó perplejo la arrogancia con que todos ellos mantenían que Bono, en el Congreso, no tenía ningún poder. Era, según ellos, sólo una figura decorativa. Era poco menos que nada. Sólo nos ofrecería algún espectáculo gracioso a hora de "dar y quitar la palabra" a los congresistas. ¿Quién tuviese el poder de dar y quitar la palabra?, pensé para mis adentros. Zapatero, en fin, lo había puesto allí como una figura decorativa y para que no conspirase contra él. Este tipo de opinión ni valora como se merece la inteligencia de Zapatero ni entiende la deriva totalitaria de nuestro sistema político.

Creo que con ese tipo de "análisis", por otro lado muy extendido entre los periodistas más críticos del Gobierno, no sólo no entenderemos nada de lo que está pasando, sino que contribuiremos poderosamente a ocultar el objetivo fundamental de la legislatura, a saber, asentar el golpe "revolucionario", o sea, totalitario, que sistemática y programadamente lleva dando Rodríguez Zapatero a la nación democrática, España, desde que llegó al poder. En efecto, la nación como sujeto político, como es sabido, está desapareciendo bien por un desarrollo perverso de los estatutos de Autonomía, que siempre ha promocionado el PSOE y ha visto con buenos ojos un sector del PP, o bien porque los estatutos reformados ya han ocupado jurídica, política e institucionalmente el lugar que tuvo antes la nación española, o sea, Cataluña, Valencia, Andalucía, etcétera, se definen como naciones.

Hay gente que no quiere enterarse, por no pensar algo peor, que el golpe de Zapatero a la nación democrática está dado. Tampoco ven que sus colaboradores son múltiples y diversos sus grados de colaboración e inmoralidad. Las consecuencias, sin duda alguna, ya las estamos soportando, el problema del agua es sólo un ejemplo y, si me permiten decirlo así, no el más incruento. Pues que esta medida de llevar agua a Barcelona, y no a otros lugares que quizá la necesitasen con más urgencia, se hace a la luz del día, mientras que el robo permanente de la libertad de todos los españoles para decidir qué tipo de nación queremos se nos está haciendo de noche y con la alevosía de decirnos que es por el bien de todos. En fin, para asentar políticamente ese engaño, ese por "el bien de todos", cuando en realidad es por el bien del PSOE, y quizá también por el bien de una clase política que se considera vicaria de esa decisión totalitaria, entre la que abunda muchos políticos del PP, Zapatero puso a Bono en el Congreso, incluso antes de decidir quiénes serían sus cabezas de listas electorales y sus ministros.

En este contexto de ocultación y engaño democrático, ¿creía alguien en sus cabales que Bono haría un discurso de apertura de las Cortes que no cayese en la demagogia, es decir, en comparar lo ya incomparable? "No ha nacido un español que valga más que otro", dijo el presidente de las Cortes, para ocultar la cuestión del día, de la legislatura, que el agua iría a Barcelona y no a Valencia. ¿De qué "igualdad" hablaba Bono? Y, sin embargo, su "discurso" era tan eficaz como la portada de El País sobre la candidatura de Aguirre al Congreso del PP. ¿Faramalla? Sí, sí, faramalla, basura, ideología para ocultar el mayor robo que se nos está haciendo a los españoles. Nos están quitando la posibilidad de ser libres, sí, de actualizar la posibilidad de decir "no" al poderoso Zapatero, que ha hecho de la destrucción de la nación española, naturalmente sin que el personal se entere, su principal objetivo para seguir en el poder.

La decisión de Zapatero de poner a Bono en la presidencia del Congreso de los Diputados ha sido tan importante como situar a Carme Chacón, una defensora a ultranza de una confederación ibérica, al frente del Ministerio de Defensa. Son la cara y la cruz del golpe dado a la nación democrática por Zapatero.

El régimen se desmorona
Regina Otaola Libertad Digital 18 Abril 2008

Vivimos en una sociedad en donde nada es lo que parece y lo que es se desvanece en el lenguaje ambiguo que tanto gusta, cada día más, a muchos políticos.

Cuando el lehendakari Ibarretxe llama “conducta deshonesta” al robo de casi 500.000 euros perpetrado por el director de Finanzas del Guggenheim; cuando se da por hecho que la condena de un asesinato “no aporta ninguna solución” (ANV); cuando ante la presentación de una moción de censura se coincide al afirmar que no aporta ninguna solución (Joseba Egibar) y se inventa “la pedagogía local”; cuando, en definitiva, de forma premeditada no se habla claramente, es que algo se quiere ocultar.

Está claro que desde hace año y medio, más o menos, estamos asistiendo los vascos a una serie de descubrimientos de “conductas deshonestas”, como dice el lehendakari, por parte de altos cargos del PNV o muy afines al partido.

Comenzamos enterándonos del robo de millones de euros en la delegación de la Hacienda Foral de Irún, con ramificaciones en otras delegaciones de la Hacienda Foral y en la propia Hacienda, por parte de cargos de confianza o personas nombradas por los responsables del PNV.

Seguimos con el frustado intento de presentar como candidato a diputado general de Guipúzcoa a un miembro del PNV, Jon Jáuregui, al que se le “había olvidado” declarar todo su patrimonio y que, cuando fue consciente de su olvido, presentó una declaración complementaria para poder presentarse, sin ningún rubor, como candidato. Esto motivó que los altos cargos del PNV de la Hacienda Foral, junto con el anterior diputado general, González de Txábarri, propiciaran la filtración a la prensa de los datos que poseía esa institución sobre el susodicho candidato, datos que eran confidenciales y que se hallan sujetos a la Ley de Protección de Datos.

Y podemos seguir con más “actitudes deshonestas”, como la del ex alcalde de Guetaria en el Museo Balenciaga.

Pero de lo que estamos hablando, en definitiva, es de millones y millones de euros que han sido robados a los ciudadanos por parte de responsables públicos del PNV, principalmente. Hechos que sólo hemos podido conocer cuando las “dos almas” del PNV han entrado en conflicto, porque hasta entonces todo se tapaba y sellaba en beneficio del “Pueblo Vasco” -quiero decir: en beneficio de unos ladrones vascos, que sin escrúpulo alguno han hurtado parte del salario de sus administrados.

Si las “dos almas” siguen separándose, me pregunto de cuántos hechos delictivos más podremos llegar a ser testigos los vascos.

En definitiva: terrorismo, corrupción, abandono de la responsabilidad política hacia los ciudadanos en los pueblos más pequeños, etc. Y todo ello protagonizado por los descendientes de Sabino Arana, no por “los de fuera”, sino por vascos y en algunos casos vascos euskaldunes, los que presenta el PNV como “de pura cepa”.

Por eso se utiliza un lenguaje tan eufemístico y falaz para describir estos escándalos de corrupción y desidia, porque el PNV vive de vender su papel como creador de una presunta Arcadia que disfrutaríamos todos los vascos gracias a los esfuerzos de sus hombres y mujeres, siempre trabajando sin descanso y honradamente por preservar nuestros derechos y libertades frente a la perversa España y los saqueadores españoles.

Pero en realidad, en esa Arcadia feliz sólo viven algunos nacionalistas.
¡Euskolandia se desmorona!

Rechazo al chantaje
EDITORIAL El Correo 18 Abril 2008

La bomba que ETA hizo explotar ayer contra la casa del pueblo del barrio bilbaíno de La Peña, hiriendo a siete ertzainas que trataban de socorrer a los vecinos, confirmó que la banda está decidida a emplear buena parte de las exiguas fuerzas de que dispone para acosar violentamente a los integrantes del Partido Socialista. Es lo que ha venido indicando en textos internos y en comunicados públicos, especialmente a raíz de que rompiera su propio 'alto el fuego permanente'. Los terroristas acarician la idea de que arremetiendo contra la formación que ostenta el Gobierno pueden obligar al Ejecutivo a ceder ante sus pretensiones. Se trata de la lógica propia del matonismo, que envalentona a los etarras con sólo pensar en la eventualidad de que los socialistas pudieran sentirse conminados a comprar su propia seguridad a cambio de concesiones políticas. No quieren percatarse de que se trata de una estrategia abocada al fracaso, no ya porque los militantes amenazados se resistan con todas sus fuerzas a verse arrastrados por tan macabro chantaje, sino porque es la propia sociedad la que se opone a toda pretensión de trueque entre la paz y una drástica modificación de los fundamentos del Estado democrático. Como reflejo de esta firmeza, ayer fue unánime la condena de ETA expresada por los distintos partidos políticos, rechazando todos ellos el sometimiento al dictado terrorista y comprometiéndose -socialistas y populares en particular- con la unidad.

Atentados como el de ayer reflejan fuera de toda duda la insensibilidad del entorno radical hacia el dolor de sus conciudadanos y ponen en evidencia la incomprensible, cuando no interesada, paciencia con la que las formaciones nacionalistas aguardan a que la izquierda abertzale recapacite y se distancie de ETA. Ayer mismo, a las pocas horas del atentado contra la casa del pueblo socialista, representantes de ANV se concentraron frente a las sedes del PNV en Bilbao y en Vitoria advirtiendo de que sólo «el reconocimiento de Euskal Herria como nación y el derecho de la ciudadanía vasca a decidir sobre su futuro político» permitirían poner fin a la violencia etarra. Su mensaje resulta tan diáfano que, en el fondo, constituye toda una invitación para que la sociedad secunde cuantas iniciativas políticas y procedimientos judiciales tratan de acabar con la impunidad de que han venido gozando quienes prestan su cobertura política o ejercen directamente de cómplices de la barbarie terrorista.

Todos contra ETA
Germán Yanke Estrella Digital 18 Abril 2008

No se trata de repetir obviedades, pero sí de recordar algunas cosas que precisan una respuesta. ETA mantiene su ideología terrorista (porque la violencia no es su instrumento, sino su entraña) y, en esta hora, ataca tratando de amedrentar a los socialistas. No son los únicos amenazados, pero sí las últimas víctimas: tras el asesinato de Isaías Carrasco, el ataque de ayer a una sede del PSE en Bilbao hiriendo a siete policías autonómicos. Se confirma una y otra vez la vieja tesis de que en la banda terrorista no hay resortes internos para un abandono voluntario del terror. Sólo cabe, por tanto, perseguir a los terroristas y ponerlos a disposición de los tribunales.

Otra evidencia —constatada por las investigaciones policiales, por los tribunales y por el sentido común— es que ETA, la ETA que quiere seguir matando, no son sólo los pistoleros, sino una trama en la que desempeñan papeles distintos, pero siempre propios de una organización criminal, los que los sostienen, protegen, ayudan, financian o dan cobertura. La persecución policial, judicial y política debe, por tanto, afectar a todos los extremos para que su derrota sea real.

En ambos casos, la unidad de los demócratas es esencial, pero la unidad responde a unos objetivos, no al deseo de sumar a muchos. Lo que a estas alturas sería un error contumaz es rebajar la exigencia, que no es otra que la defensa eficaz de los derechos de los ciudadanos, por conseguir aplausos minoritarios de quienes, todavía, tienen muchas asignaturas pendientes para ser valedores de la libertad y la democracia y que, además, han recibido un merecido varapalo en las urnas.

En estos momentos, en los que es bueno que el PP manifieste sus criterios, es absolutamente necesario que la oposición se coloque junto al Gobierno y junto a los socialistas atacados y amenazados como si la amenaza y los ataques fueran contra ellos mismos, que es lo que realmente ocurre. Lo ha hecho muy acertadamente el presidente del PP en Vizcaya, Antonio Basagoiti, colocando a los suyos junto al presidente Rodríguez Zapatero para terminar juntos con esta lacra.

Y hay que estar junto al presidente y el PSOE para que, también juntos, se haga saber al PNV el grado de indignidad que supone, en estas circunstancias, la tesis de que junto a los pistoleros hay una izquierda abertzale que “hay que explorar” y a la que hay que tratar “políticamente”, lo que no es sino un subterfugio para colar, en medio del drama, sus aspiraciones políticas, las de unos y otros.

Lo que interesa de la Justicia
Editorial ABC 18 Abril 2008

LOS portavoces parlamentarios del PP y del PSOE en el Congreso de los Diputados mantuvieron ayer una larga jornada de reuniones para pactar las presidencias de las comisiones de la Cámara baja e iniciar la renovación de vacantes en el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. La nueva dirección parlamentaria de los populares ha concedido una clara prioridad al acuerdo sobre estas instituciones y parece que las renovaciones serán el primer objetivo en lo que todo apunta puede ser una estrategia de diálogo con carpetazo a la anterior legislatura. Sin duda, una actitud de consenso es siempre positiva, más aún si se aplica a unas instituciones especialmente afectadas por polémicas y bloqueos partidistas. Ahora bien, ese consenso será tanto más sólido cuanto más considere las circunstancias que han provocado el deterioro de ambas instituciones y mayor sea la amplitud del pacto entre ambos partidos. Como dijo Mariano Rajoy en la sesión de investidura, Rodríguez Zapatero «viene con un pasado».

Por lo pronto, el PP no debería afrontar la renovación del CGPJ y del TC como un control de calidad de su proceso de renovación. Pactar rápido no hará más centrado el nuevo discurso del PP y, además, puede debilitar innecesariamente su posición frente al Gobierno. Hay que renovar ambas instituciones, como es lógico, y rescatarlas de esa falta de consideración en la que están sumidas por la discordia partidista. Pero el PP cumpliría también -y mejor- con su labor de oposición constructiva si insertara estas renovaciones en un pacto global por el Estado de Derecho, que es lo que de verdad se está resintiendo en este momento. Rajoy fue certero cuando reprochó a Rodríguez Zapatero que de la Justicia sólo le interese la renovación del CGPJ. En general, al PSOE sólo le ha interesado en la pasada legislatura controlar los centros de decisión y poder internos de la magistratura y de la Fiscalía. En gran medida lo ha conseguido y por eso afronta la negociación con el PP con la tranquilidad de saber que el fruto de la discordia está consolidado en el Poder Judicial, con las reformas de la designación de magistrados del Supremo, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y del TC.

Antes que decidir quiénes van a gobernar el Poder Judicial parece más razonable definir cómo va a ser el Poder Judicial que regirán los veinte vocales y el presidente del CGPJ. El PSOE, sin tocar la Constitución y en contra del criterio del PP, ha drenado el sistema constitucional de la Justicia a través del Estatuto de Cataluña, aún pendiente de sentencia. Además, Rodríguez Zapatero anunció en su investidura que retomará las reformas procesales y orgánicas que quedaron paralizadas en el anterior mandato, citando expresamente la de creación de los Consejos Autonómicos de Justicia. Sobra decir que estos proyectos de ley saldrán adelante con el apoyo de los nacionalistas, porque son reformas que avanzan en el sentido deseado por los nacionalismos de vaciar de contenido el principio constitucional de unidad jurisdiccional. Nunca han sido tan divergentes las prioridades de los partidos y las de los ciudadanos en relación con la Justicia. Mientras la opinión pública sigue conmocionada por los fallos detectados en la ejecución de la condena impuesta al presunto homicida de la niña Mari Luz Cortés y reclama soluciones para evitar nuevos escándalos, la clase política ha olvidado sus apremios electorales y se concentra ahora en el interés de partido para extenderlo a las principales instituciones del Estado de Derecho. El implacable diagnóstico hecho ayer por el presidente del Tribunal Superior de Justicia andaluz -«el sistema judicial no funciona»- es compartido ampliamente por la sociedad. Admitirá matices y correcciones, por supuesto, pero describe bien la situación. El PP debería ser coherente con sus pasadas críticas y no conformarse con acuerdos parciales sobre el CGPJ y el TC.

ETA sigue a lo suyo
Editorial ABC 18 Abril 2008

UNA vez más, queda claro que ETA continúa haciendo lo único que sabe y quiere hacer. Siete ertzainas heridos y múltiples daños materiales es el balance de una bomba que contenía cinco kilos de explosivos y un temporizador, lista para explotar en la Casa del Pueblo del barrio bilbaíno de La Peña. El objetivo de crear el máximo trastorno social se consiguió también al provocar el desalojo de las viviendas próximas. El PSE es ahora objetivo preferente de la banda desde el fracaso del proceso de paz, pero en el País Vasco, como en el resto de España, nadie está a salvo del terror practicado con fines totalitarios. En este contexto, debe recuperarse de inmediato el consenso en materia antiterrorista que Rodríguez Zapatero rompió de forma unilateral a lo largo de la pasada legislatura. Superadas las tentaciones de diálogo y negociación, la sociedad española exige una reacción contundente del Estado de Derecho contra una banda de asesinos alentados en su día por una política errónea cuyas consecuencias saltan a la vista. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, advierte desde hace tiempo de que se avecina una época difícil; mientras que ETA deja cada poco una señal inequívoca de su capacidad operativa, en algún caso -como el de Isaías Carrasco, por mencionar el más reciente- con resultados irreversibles. Nadie duda del triunfo final de la democracia frente al totalitarismo, pero el Gobierno tiene que demostrar de forma inequívoca que el espíritu del Pacto Antiterrorista sigue en vigor.

La desvergüenza de Zapatero, de su Gobierno y del "tripartito" catalán
David Lozano elsemanaldigital  18 Abril 2008

La mentira como política. La negación de la evidencia como filosofía. El sectarismo como religión. El espectáculo de estos días con el TRASVASE de agua del Ebro a Cataluña ha retratado una vez más a este Gobierno que lejos de ser rosa es negro. No quiero entrar en tecnicismos de por qué le falta agua a Barcelona (no reutilizan ni un 5% del agua que se reutiliza en la Comunidad Valenciana o Murcia), pero sí que como es necesaria está bien que llegue. Pero trasvase del Ebro para el norte y también para el sur. El Gobierno socialista ha conseguido que la AP-7 sea a partir de ahora la "autopista de la vergüenza" o de la desvergüenza.

José Luis Rodríguez Zapatero
Él mismo hace tiempo dejó claro que "cualquiera puede ser presidente del Gobierno". Practica en primera persona esta teoría porque es un completo y frívolo incapaz. Le importa un bledo el país, la cohesión de los españoles y la solidaridad. Y también le importa otro bledo los territorios que no han tenido a bien votarle mayoritariamente. Así nos va a lucir el pelo a madrileños, murcianos o valencianos esta legislatura. Sabe que debe su reelección a Cataluña y para ellos hoy va el agua y mañana irá oro, el moro o lo que pidan.

María Teresa Fernández de la Vega
La verdugo que firmó la derogación del PHN ofrece estos días una imagen patética, grosera, descarada también cuando en sede de Consejos de Ministros niega por activa y por pasiva que el trasvase sea trasvase. No le duele en prenda ser cabeza de lista por Valencia. Miente cada vez que abre la boca. Mentiras solemnes que en la Comunidad Valenciana le costó el ridículo de ser vapuleada por Esteban González Pons. Y lo peor de todo es que, como portavoz del Ejecutivo, seguirá faltando a la verdad por lo menos otros cuatro años más.

Elena Espinosa
La ministra del medio al cubo (Ambiente, Rural y Marino), que no sabe distinguir una alcachofa de una naranja, se arrastraba entre los micrófonos de los periodistas para aclarar lo imposible de aclarar; que "técnicamente no es trasvase". No me extraña el tremendo cinismo que destila esta señora porque aterrizó en esto de los ministerios de manos de su mentor, Pepe Blanco.

Marcelino Iglesias
El presidente de Aragón si tuviese vergüenza no saldría más a la calle. Ha manipulado a los aragoneses, para llevarse un buen saco de votos, con falsos augurios sobre las consecuencias catastróficas del trasvase y ahora les miente y traiciona al no mantener su autoritaria negativa a trasvasar agua del Ebro. Además se escuda en la recurrente excusa de pedir informes que se dilatarán en el tiempo mientras el agua fluirá por esa tubería de la AP-7.

Tripartito catalán
Lo de los catalanes no tiene nombre. Pasqual Maragall –primero- y José Montilla –después- han sido buen ejemplo de cómo el sectarismo, la radicalidad, el odio, la manipulación, la mentira… al final se vuelven en tu contra. La sed que ahora sufren los barceloneses es culpa de la falta de infraestructuras hídricas a la que los ciudadanos quedaron condenados con la derogación del PHN. Montilla debería dimitir de manera inmediata. Lo de Josep Lluis Carod-Rovira, caricatura de político ahora con la cabeza escondida como avestruz, es como para hacerle cambiar su cómodo y bien pagado cargo por el de "aguador" y deslomarse llevando el agua, como pollino, sobre sus espaldas.

Por cierto que haciendo caso a la ideología del tripartito, la Comunidad Valenciana también es catalana (la Catalunya del Sud) y bien podrían haber pedido una "prolongación" de la tubería de la AP-7 hasta tierras alicantinas. Pero claro, sólo es territorio catalán para lo que interesa: esto es vulgar imposición lingüística e imperialismo falto de rigor histórico y trasnochado.

El trasvase a BCN tiene trampa gorda en la letra chica.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital  18 Abril 2008

Toda la progresía al completo y al unísono se ha enfrentado al trasvase del Ebro a Barcelona con una gran tranquilidad de conciencia antitrasvase porque les han dicho y nos han dicho que eso no es realmente un trasvase porque el caudal del Ebro no va a variar ya que se llevarán a Barcelona caudales no utilizados por los agricultores o conseguido mejorando sus sistemas de regadío evitando pérdidas en las canalizaciones o bien comprando derechos a los agricultores sin más. Como los chicos antitrasvase del tripartito catalán están que se salen por haber conseguido un trasvase para Barcelona que deberían haber pagado ellos, y ahora pagaremos todos, resulta que en la letra pequeña de la normativa que Zapatero va a publicar el viernes hay una cosita en la letra pequeña que dice que si los agricultores no tragan pasarán por encima de ellos, se llevarán el agua sin más porque el trasvase que no es trasvase sin más se declara un trasvase de interés general.

Esta trampa hídrica y saducea se publica en El Periódico en un artículo titulado “Medi Ambient se desdice del plan del delta y busca agua río arriba”. El artículo se las trae porque desmonta toda la historia pergeñada para demostrar que no se llevan ni una gota del Ebro, nos dice que todo es cuento, que ni siquiera podrán hacer las obras en las conducciones del delta para evitar pérdidas ya que en estos momentos y durante semanas los canales están siendo utilizados para el riego del arroz. Tan mal tienen la cosa que ahora dicen que irán hasta Cantabria, Navarra y Aragón para comprar derechos de agua a los agricultores de esas zonas.

No obstante hasta el último párrafo no aparece la trampa gorda entre la letra chica.

“Además, y por si fuera poco, el arsenal de Baltasar no finaliza ahí. El decreto que aprobará el viernes el Gobierno considerará el trasvase de interés general. En otras palabras, la captación --provisional-- se podrá hacer aun cuando no exista acuerdo alguno con los agricultores. El conseller, dicho esto, añadió raudo que no era intención del Govern, ni del Gobierno central, llevar las cosas a ese extremo ni mucho menos hablar de expropiaciones. Y dijo confiar en llegar a un acuerdo.”

En otras palabras nos están mintiendo al decir que el trasvase no es trasvase, nos están mintiendo diciendo que recuperarán agua que se pierde, nos están mintiendo como siempre incluso cuando dicen que todo se hará con acuerdos con los agricultores. Al final les sale la vena dictatorial propia de la progresia antidictatorial. Y eso si no van amenazando a los agricultores con hacer una nueva ley que les quite los derechos al agua que ahora tienen, cosa también muy propia de los políticos que no hacen trasvases.

La captación provisional, en definitiva, se hará porque así lo ha decidido Zapatero al no ser trasvase y Montilla porque se lo pagan y se hará con un par se oponga quien se oponga, con acuerdo o sin acuerdo. ¡Y vale ya!. Lo único malo que tiene esta dictatorial toma de decisiones es que muchos progres concienciados antitrasvases ya no podrán dormir a pata suelta por haber hecho el milagro de las aguas y las aportaciones puntuales que no minoran ni en una gota el caudal del Ebro.

El Estado de las desigualdades
Manuel Muela* El Confidencial  18 Abril 2008

Cada día conocemos hechos y circunstancias que ponen de manifiesto la intensidad de un fenómeno, el de la desigualdad, que debería estar en fase de superación, sobre todo en aquellos países dotados de un orden democrático que trae causa de los viejos ideales de libertad, igualdad y fraternidad. El caso de la España actual es paradigmático de cómo, a partir de una constitución formalmente democrática, se ha ido construyendo una red de valores y realidades jurídicas cuya maduración se ha producido en términos de sublimación de las desigualdades, siendo las más visibles las que se derivan de las diferentes políticas emanadas del poder público, que parecen tener como objetivo la construcción de una sociedad desigual. Es algo insólito que vuelve a poner a nuestro país en una dirección doctrinal y política contraria a la imperante en las naciones democráticas.

Se ha reiterado hasta la saciedad que el papel del Estado en las sociedades modernas ha sido y es contribuir a su desarrollo equilibrado para evitar injusticias y penurias, que impiden el avance y desarrollo de la sociedad. Y España no podía ser una excepción: todos aquellos movimientos sociales y políticos que en nuestro país han querido transformar la sociedad, concedían al Estado, sobre todo a su reforzamiento y crédito, la mayor importancia. Liberales, conservadores, republicanos y socialistas han acreditado en los dos últimos siglos de Historia española su respeto por el Estado como garante del bien público y de la consecución del interés general, sin perjuicio de las diferencias ideológicas y las políticas concretas que cada grupo pudiera ejecutar.

Esa tradición que nos homologaba con las corrientes doctrinales imperantes, al menos en Europa, empezó a quebrarse a principio de los años 80 del siglo pasado, una vez aprobada la constitución. El derecho a la autonomía de las regiones contemplado en la misma se fue convirtiendo en la práctica en una operación de desmontaje del Estado en beneficio de otras realidades, las comunidades autónomas, que en su afán por afirmarse se han negado a aceptar el interés nacional y, en consecuencia, han procurado el descrédito y empobrecimiento del que representa tal interés, el Estado. Han sido casi 30 años de transferencias jurídicas, materiales y humanas, hasta el punto de que a estas alturas poco o casi nada queda por transferir. El Estado es poco más que un residuo, todavía incómodo para algunos.

No habría objeciones importantes que hacer a esa gigantesca tarea de descentralización del poder público si su resultado fuera el avance en la igualdad, en la libertad y en la administración austera de los recursos públicos. Todos nos felicitaríamos de haber inventado una construcción jurídico-política interesante y singular. Pero no ha sido así: el Estado se ha fragmentado, la igualdad y la libertad de los españoles han salido malparadas en materias muy sensibles, tales como la educación, la sanidad, la fiscalidad y la propia seguridad en algunos lugares del país. Solo la superestructura política y determinados poderes económicos se sienten satisfechos de esa realidad: los unos porque tienen privilegios y prebendas, y los otros porque tienen enfrente un poder político débil, al que resulta muy fácil manejar.

Todo este proceso ha sido posible porque el crecimiento económico del país y el caudal de recursos recibidos desde nuestra integración en la UE en 1985 han permitido una administración “generosa” de los dineros públicos. La sociedad, por su parte, ha procurado acomodarse a ese nuevo orden que, en no pocas regiones, ha generado importantes redes clientelares de individuos y empresas al abrigo del nuevo feudalismo. Ha sido una época de divertimento y lujo que ahora empieza a pasar factura. Los ejemplos serían interminables; desde la disparidad en la remuneración de los funcionarios públicos hasta la imposibilidad de elegir la lengua oficial para la educación de los hijos, pasando por la ruptura de la unidad de mercado, con fiscalidades diversas y diferentes exigencias administrativas, etc., etc. En el vértice, el Gobierno de la nación, que carece de facultades para ejecutar las políticas públicas sanitarias, educativas, asistenciales y fiscales, convertido así en predicador de lujo de la impotencia.

Por eso resulta un debate sin fundamento analizar la enjundia o liviandad de los recientes nombramientos ministeriales. Excepto el ministro de Hacienda, que conserva su papel de máximo recaudador a secas, casi todo lo demás es relleno e imagen. Una penosa devaluación del poder público con los impuestos de todos. Aunque parezca un ejercicio de pesimismo, el panorama actual, con una crisis económico financiera que tiene mala cara, nos sugiere que, como los ateos que piden rogativas para que llueva sobre Barcelona, recurramos al “Dios proveerá” para no terminar como el rosario de la aurora.

*Manuel Muela es economista.

Nueva trampa de ZP al PP: ahora le acusa de fomentar la ‘guerra del agua’
Federico Quevedo El Confidencial  18 Abril 2008

Titular de ayer en el diario El País: “El PP prepara la guerra del agua”. Oigan, estos tíos de la izquierda son unos maestros, hay que reconocérselo. Para quitarse el sombrero. O sea que resulta que Rodríguez se ha pasado cuatro años mintiendo como un bellaco en el tema del agua, nos ha engañado a todos, ahora la lía pero bien aceptando uno de los trasvases que estaban incluidos en el PHN del PP que derogó nada más llegar al Gobierno en 2004, pero los que preparan la guerra del agua son los chicos de Rajoy. Es la ostia, oiga, perdonen por la expresión, pero es que me parece el colmo del cinismo y de la hipocresía, una tomadura de pelo descomunal, una engañifa sin precedentes, y no se les cae la cara de vergüenza. Y estos tíos de El País, ¿no tendrían a bien evocar, por ejemplo, lo que dijo Rodríguez en el mitin de Zaragoza en la pasada campaña electoral, sin ir más lejos?

Se lo voy a recordar yo, hombre... Por mi que no quede: “Rajoy no tiene valor para decir qué va a hacer con el trasvase del Ebro si tuviera la responsabilidad de gobernar. Mientras yo sea presidente, no habrá trasvase del Ebro”. Toma ya. ¿Cuánto vale la palabra de un presidente? ¿Nada? ¿Absolutamente nada? ¿Menos que nada? Supongo que los aragoneses se lo tendrán en cuenta, aunque creo que Rodríguez sabe que, a la larga, todo se olvida y que sus desmanes de hoy son votos mañana, porque de lo contrario esto es inexplicable. Si al menos hubiese hecho un ejercicio de humildad reconociendo su error de hace cuatro años, cabría perdonarle el engaño, pero en lugar de eso se dedica a lo mismo de siempre, es decir, a utilizar sus términales mediáticos para echarle la culpa al PP de sus propios errores, una estrategia que, hasta ahora, hay que reconocer que ha tenido bastante éxito.

Cuando digo desmanes no me refiero al trasvase en sí, el cual entra dentro de lo razonable. Lo que no es razonable es que el trasvase se limite sólo al área de Barcelona, porque digo yo que la sed que pasen los catalanes será igual que la sed que pasan en Valencia, en Murcia o en Almería y, entonces, ¿porqué no se alarga la obra del trasvase para llevar agua a toda la zona del Mediterráneo en proceso inevitable de desertización? Y es que, independientemente de que el Gobierno y las autoridades catalanas- a las que sus ciudadanos deberían pedir muchas explicaciones a la vista del escaso o nulo interés que han puesto en el asunto hasta que se ha convertido en drama- lo llamen captación temporal o la estupidez que quieran, lo cierto es que se trata de llevar agua del Ebro a Barcelona, y si eso era malo en 2004, ¿porqué es bueno ahora? ¿Qué ha cambiado? Se lo digo yo: los 25 diputados que el PSC tiene en el Congreso y que pueden darle un disgusto a Rodríguez.

Aquí hay una cuestión de fondo, y en esto es donde los presidentes de Valencia, Francisco Camps, y Murcia, Ramón Luis Valcarcel, tienen toda la razón: la igualdad de trato o, en este caso, la desigualdad. La posición del PP no es contraria al trasvase -¡como va a serlo, si estaba incluido en el PHN!-, sino contraria a que el Gobierno de Rodríguez diga una cosa y haga la contraria, predique igualdad y ejerza de gobierno insolidario y fomente las desigualdades territoriales. Por eso es importante que el PP mantenga en esto un discurso coherente: si siempre ha defendido el trasvase, debería seguirlo haciendo, entre otras cosas porque el coste político en Aragón ya lo ha pagado, y ahora el que tiene que dar explicaciones en aquella comunidad se llama Rodríguez Zapatero.

Y lo primero que debería hacer el PP, además de pedir la comparecencia de Rodríguez en el Congreso de los Diputados y de apoyar las movilizaciones que anuncian Camps y Valcarcel, es reclamar también la comparecencia en Pleno o en Comisión de la nueva ministra de Igualdad, Bibiana Aído, pues este es un tema que, supuestamente, entra dentro de sus competencias ya que se está produciendo un agravio muy serio entre los ciudadanos de Cataluña y los ciudadanos de Valencia, Murcia y Almeria. ¿Son unos de primera y otros de segunda? Aparentemente, sí. Y esto es algo que la ministra debería de corregir, que para eso le vamos a pagar un buen sueldo que sale de los bolsillos de los ciudadanos catalanes, valencianos, murcianos y almerienses, entre otros. Es evidente que a Rodríguez la igualdad solo le importa como operación de cosmética, pero en realidad se la pasa por el arco del triunfo, de su triunfo electoral, salvo que le sirva para poner al PP contra las cuerdas con otra de sus mentiras.

¡Agua para todos!

Los escoltas en el punto de mira etarra
 Minuto Digital  18 Abril 2008

La Asociación Española de Escoltas (ASES) ha vuelto a pedir que los escoltas destinados en el País Vasco y Navarra puedan llevar arma las 24 horas del día, algo que no es posible en la actualidad, ya que sólo se permite ir armados durante la jornada laboral. El presidente de ASES, Vicente de la Cruz, ha lo ha pedido de nuevo, después del ataque registrado la pasada semana contra una vivienda en Vitoria. Según De la Cruz, el domicilio pertenecía a un escolta de los que dan protección a personas amenazadas del País Vasco.

El responsable de ASES afirma que en las últimas semanas habían recibido el aviso de que los escoltas podían ser de nuevo objeto de atentados por parte de ETA o de su entorno. En este sentido, el pasado 10 de octubre el escolta Gabriel Ginés resultó gravemente herido al explotar bajo su coche un artefacto, lo que provocó el incendio del vehículo.

Según De la Cruz, esta amenaza debería llevar al Ministerio del Interior a cumplir su promesa de permitir que los escoltas del País Vasco y Navarra porten armas las 24 horas del día, ya que esto aumentaría su seguridad.

“Es necesario incrementar la protección de los escoltas”. remarcó el presidente de ASES, quien aseguró que el ataque la pasada semana en Vitoria muestra que los escoltas están en el “ojo del huracán” del entramado etarra.

SER ESCOLTA, UNA PROFESIÓN DE RIESGO
Tal como indicaba el diario ADN hace unos meses, los requisitos para ejercer la profesión de escolta en España no son complejos. Tan sólo hay que tener la nacionalidad española, medir más de 1,70 metros (hombres) o de 1,65 metros (mujeres), haber obtenido como mínimo el graduado escolar, realizar los módulos formativos correspondientes y homologados (240 horas), superar las pruebas establecidas por Interior y, en consecuencia, obtener el carnet profesional que concede el Ministerio.

Para portar armas, además, se ha de obtener la licencia correspondiente, para lo que se realiza un curso y se han de superar las pruebas establecidas por la Guardia Civil. Poseer un historial policial impecable, sin el más mínimo antecedente, es condición indispensable para lograrla.

Características del trabajo
El escolta realiza su función de protección sirviendo a un empresario privado o protegiendo a algún cargo público o institución. Además de profesionalidad, de él se exige lealtad y complicidad con su protegido, con el que, al menos, ha de mantener una buena o correcta relación.

En la práctica, esto significa disponibilidad absoluta y muy pocos días de descanso. Proteger a una persona exige renunciar a tener vida propia para convertirse en la sombra de un cliente con unos horarios y unas costumbres que el profesional ha de adoptar como suyos.

El riesgo es otra de las características de la profesión. Ellos mismos se saben posibles objetivos, por lo que aplican a su persona idénticas precauciones que las que toman con sus protegidos. Esto sucede especialmente en el País Vasco y Navarra, donde la imposibilidad de bajar la guardia un solo instante, incluso cuando no están trabajando, aporta un plus de estrés a su actividad.

Los escoltas hablan también de la soledad como elemento clave en sus vidas. Casi el 100% de los escoltas que trabajan en el norte de España son naturales de otros lugares, por lo que la aceptación de un empleo significa un traslado de domicilio y el abandono de su entorno, familia incluida.

Otro hándicap lo encontramos cuando desde ASES apuntan que es raro que la vida profesional del escolta se prolongue más allá de los 50 años de edad. Por delante hay 15 años hasta la jubilación.
Los que llevan más tiempo en la profesión afirman que los servicios de custodia de instituciones suelen ser los mejores, aunque sólo sea por el hecho de que en esos casos los protegidos no se mueven.

Salarios
El sueldo medio de un escolta en el País Vasco es de 2.600 euros mensuales, aunque la gran demanda existente está haciendo que éstos suban hasta situarse entre los 3.000 y los 3.200 euros, según ASES.

Los mejores profesionales, la élite del sector, y los mejor pagados trabajan en Madrid encargándose de la protección de grandes ejecutivos. En la capital, el sueldo de un escolta está entre los 1.800 y los 5.000 euros mensuales.

Por ley, en España, los escoltas han de ser contratados a través de empresas de seguridad, lo cual provoca que una importante cantidad de lo que cuesta a la Administración y a las empresas contar con sus servicios se pierda en la intermediación.

Desde la Asociación de Escoltas se está tratando de cambiar esto. Su presidente, Vicente de la Cruz, apunta el siguiente y significativo dato: “el departamento de Interior del gobierno vasco paga 7.800 euros al mes por cada escolta asignado a proteger a un cargo público, mientras que el escolta recibe una media de 2.600 euros mensuales. La diferencia de dinero va a parar a la empresa de seguridad, que no hace nada más por el escolta”.

De las cerca de 900 empresas de seguridad que operan en España, tan sólo 50 están autorizadas a ofertar servicios de protección de personas. El 10% de los servicios que se contratan en seguridad requieren personal con licencia de armas. OMBUDS, Eulen, Prosegur, Segur Ibérica, Coviar, Socosevi, Sabico, Prosetecnisa, Vinsa y P3 son los nombres de algunas de las más conocidas. Entre ellas se reparten un millonario y suculento pastel.

Lo que cuesta la seguridad
Por cada cargo electo a proteger son necesarios un mínimo de dos escoltas, llegando a ser hasta cuatro los responsables de velar por la seguridad de alguno de ellos.

En el ámbito privado, los empresarios requieren los servicios de tantos escoltas como creen necesitar, o de tantos como se pueden permitir. Según Vicente de la Cruz, prácticamente el 100% de los empresarios que se niegan a pagar el mal llamado “impuesto revolucionario” recurre a este tipo de protección.

Los Presupuestos Generales del Estado contemplan una cantidad anual cercana a los 100 millones de euros para la protección de cargos públicos y sedes institucionales en el País Vasco y Navarra, cifra que “no ha dejado de incrementarse en los últimos tres años: ha crecido alrededor de un 30% desde 2004?.

Por su parte, el catedrático de Ciencia Económica en la Universidad Complutense de Madrid y presidente del Foro de Ermua , Mikel Buesa, estimaba en un informe del año 2006 que los empresarios vascos gastan en seguridad 339 millones de euros al año.

Decreto aprobado por el gobierno balear del PP
Anulado un decreto de 2003 que exigía catalán a todos los funcionarios
Los técnicos superiores y de grado medio y los administrativos de la Administración de Justicia deberán acreditar ahora un nivel superior C de catalán.
Ep - Palma de Mallorca La Razón  18 Abril 2008

La Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Baleares anuló hoy la parte del Decreto aprobado en 2003 por el entonces conseller de Interior, José María Rodríguez (PP), mediante el cual sólo exigía el nivel B (elemental) de catalán para todo el cuerpo de funcionarios de la Comunidad Autónoma en los procedimientos selectivos de acceso a la función pública.

Como consecuencia de esta decisión judicial, el gobierno del socialista Antich deberá aplicar el Decreto aprobado por el Pacto de Progreso en 2001, que presidía él mismo, incrementando así el nivel de exigencia del catalán en los procesos de selección de técnicos superiores (letrados, Intervención, Inspección de Transporte Terrestre, etc), técnicos de grado medio y administrativos de la Administración General de Justicia, quienes deberán acreditar un nivel superior, el C, mientras que los auxiliares administrativos y los ordenanzas deberán continuar acreditando el Nivel B.

Concretamente, el TSJIB ha fallado a favor del recurso contencioso administrativo presentado por CC.OO. al considerar «totalmente inaceptable» que el Decreto de 2003 sólo exigiera conocimientos «elementales» de catalán para los técnicos superiores, los técnicos de grado medio y los administrativos de la Administración General de Justicia. Así, el sindicato denunciaba que estos cuerpos de funcionarios debían acreditar el Nivel básico de catalán (B), que es el mismo que se exige a los auxiliares administrativos y ordenanzas.

De esta forma, la sentencia sostiene que el Decreto aprobado por Rodríguez y que sustituía al aprobado en 2001 por el ‘Govern’ del Pacto de Progreso presidido por Francesc Antich, supone un «paso atrás» respecto al primer Decreto «vulnerando el artículo 45 de la Ley de Normalización Lingüística aprobada en 1986», debido a que se exigía el nivel más básico de catalán para todos los funcionarios de la Comunidad Autónoma.

Por este motivo, el TSJB ha anulado varios artículos del Decreto de 2003, relativos a los capítulos de ‘Conocimientos exigibles para el ingreso en los grupos, cuerpos y/o escalas de funcionarios, categorías profesionales de naturaleza laboral, ocupación de los puestos de trabajo de funcionarios y puesto de trabajo de naturaleza laboral’.

De este modo, el TSJB señala que el Decreto anulado incumple el artículo 45 de la Ley de Función Pública del Govern aprobada en 1989, que establece que «se debe acreditar el conocimiento de la lengua propia de la Comunidad Autónoma respetándose plenamente el principio de proporcionalidad a nivel de exigencia de un determinado conocimiento, que deberá estar relacionado con las plazas o funciones que se traten».

En esta línea, la sentencia indica que el Decreto aprobado por el Ejecutivo de Jaume Matas evidencia una «clara regresión en la exigencia de los conocimientos de la lengua catalana», debido a que hace «tabla rasa» con los diferentes niveles de catalán exigiendo únicamente el nivel elemental para acceder a cualquier puesto público de la administración «sin ningún tipo de distinción para los diferentes cuerpos o niveles».

Tras conocer el fallo judicial, el conseller de Presidencia, Albert Moragues, dio la «enhorabuena» a CC.OO. por esta sentencia «contundente y clara», que, a su juicio, pone de manifiesto que el Decreto aprobado en la pasada legislatura «atenta» contra la Ley de Normalización Lingüística y el Título I del Estatuto de Autonomía de Baleares, que hace referencia a la lengua propia de la Comunidad Autónoma. Por este motivo, recalcó que el Ejecutivo de las islas «aplaude» esta decisión del TSJB con la que se «ha hecho justicia» y que, en su opinión, ha puesto de manifiesto que el Decreto aprobado por el Govern de Antich en el 2001 iba por el «buen camino» al exigir diferentes niveles de catalán en función del puesto de trabajo que vaya a ocupar el funcionario.

Así, Moragues anunció que a partir de las próximas convocatorias de ofertas públicas de empleo, el Govern exigirá un mayor nivel de catalán (C) para aquellos puestos destinados a titulados superiores y explicó que la sentencia del TSJB no tiene carácter retroactivo, por lo que no afecta a los funcionarios que han logrado entrar en la administración autonómica desde la aprobación del Decreto de 2003.

Rivero, obligado a pronunciarse en el Parlamento sobre el independentismo
ABC  18 Abril 2008

SANTA CRUZ. El grupo socialista en el Parlamento de Canarias ha presentado una pregunta dirigida al presidente del Gobierno autonómico, Paulino Rivero, sobre si cree que el Archipiélago «debe aspirar a ser un Estado Libre Asociado».
La cuestión fue registrada en la Cámara autonómica en la mañana de ayer y será formulada en el próximo pleno parlamentario que se celebrará a partir del próximo miércoles. La iniciativa de los socialistas responde a una polémica surgida en las Islas tras unas declaraciones del presidente del Cabildo de El Hierro, Tomás Padrón, y del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, ambos pesos políticos pesados dentro de Coalición Canaria , que abogaron en distintos medios de comunicación de las Islas por redefinir el estatus jurídico del Archipiélago.

En concreto, Tomás Padrón reclamó para Canarias «el derecho que tiene todo pueblo a determinar su destino», ante un Estado que «le da la espalda» y que «no ha sido consciente hasta ahora de lo que es Canarias». Incluso, pidió para El Hierro el estado de «isla libre asociada» al resto del Archipiélago canario.

Miguel Zerolo también fue explícito en las últimas emanas a la hora de anunciar su voluntad de reclamar la soberanía de Canarias, para la que pidió que se estudiara una especial condición de «estado libre asociado» a España.

«Puede que sea la hora de hablar, no sé si de ser un estado libre asociado, pero sí de que el Archipiélago canario tiene identidad propia suficiente para emprender un nuevo diálogo -sin histrionismos, pero sí con la suficiente fuerza- con el Estado español», señaló el el alcalde de Tenerife.

Templar la controversia
Antes de conocerse la petición de los socialistas canarios, Paulino Rivero ya expresó sus dudas de que exista un debate sobre independentismo dentro de CC, y señaló que sus preocupaciones se centran en otros asuntos, como la tasa de desempleo que se registra en el Archipiélago en estos momentos. A este problema «hay que prestarle la máxima atención», dijo el presidente, quien insistió en mostrar su interés en valorar asuntos de actualidad y no entrar en la materia de la voluntad soberanista mostrada por Tomás Padrón con sus declaraciones de este martes.

Forzado a pronunciarse, Rivero dijo que «todo lo demás», lo que no se refiere a la problemática actual, «son situaciones coyunturales y anecdóticas de un momento determinado, frases sueltas que no obedecen a los objetivos generales en los que está centrado Coalición Canaria en estos momentos».

BALANCE EN LD DE SUS CUATRO AÑOS DE PRESIDENCIA
Alcaraz deja la AVT: Del hostigamiento del Gobierno a la rebelión cívica
El 11 de diciembre de 1987 ETA asesinaba a su hermano y a sus dos sobrinas de tres años de edad. Los verdugos hacían estallar un coche bomba en la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. Desde entonces, adquirió el compromiso de defender a las víctimas del terrorismo. Francisco José Alcaraz deja el sábado la presidencia de la AVT tras cuatro años en el cargo. Durante este tiempo, se ha tenido que enfrentar al hostigamiento del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Sin embargo, se va con la satisfacción de haber despertado la rebelión cívica de millones de personas.
Pablo Montesinos Libertad Digital 18 Abril 2008

Tras cuatro años de férrea defensa de las víctimas del terrorismo, Francisco José Alcaraz deja la presidencia de la AVT "por motivos personales". El sábado le pasará el testigo a Juan Antonio García Casquero, que seguirá una línea claramente continuista.

Durante estos cuatro años, Alcaraz ha tenido que soportar como una "ETA moribunda y muy debilitada" volvía a tener "oxígeno" gracias a las cesiones. "El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dio esperanza a los terroristas", ha recordado en una entrevista concedida a Libertad Digital con motivo de su despedida.

Lo peor, según Francisco José Alcaraz, ha sido la soledad a la que el Ejecutivo ha mantenido a las víctimas. "Nunca imaginé que además de reivindicar nuestros derechos tendríamos que defendernos; hemos sido perseguidos", ha recalcado.

Una persecución y una cesión del Gobierno a ETA que se topó con una contundente respuesta ciudadana. Una "rebelión cívica" en la que el todavía presidente de la AVT ha tenido mucho que ver. En total, ocho manifestaciones que han marcado todo un hito en la historia de la democracia.

"Las víctimas, después de luchar solas durante mucha tiempo, han activado la rebelión cívica". Y es que, según explica, la sociedad "no se quiso rendir" y por ello cientos de miles de personas se echaron a la calle. Lo hicieron con sus banderas de España al hombro y con un clarísimo mensaje: "Memoria, dignidad y justicia". Unas marchas, ha recordado, en las que la AVT siempre estuvo sola, a pesar de que a posteriori se sumaran muchos dirigentes del Partido Popular.

Los episodios de una cesión: De Juana Chaos
Durante toda la entrevista, Alcaraz quiso dejar claro que los españoles no pueden olvidar las mentiras del Ejecutivo socialista. Aquellos hechos deleznables que han quedado "en la mente de la sociedad". Dice el presidente de la asociación mayoritaria de víctimas que nunca podrá olvidar al sanguinario De Juana Chaos paseando en libertad tras las atrocidades cometidas. "Se benefició de una política de rendición y todos lo sabemos", resalta.

El chuleo de Otegi también fue "indignante". Con la ayuda de la Fiscalía, el Gobierno de Zapatero permitió "que se fuera a su casa" después de ser llamado a declarar por un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Zapatero también cedió al permitir que ETA estuviera presente bajo las siglas de ANV y PCTV (como finalmente ha quedado demostrado) o cuando reconoció haber mentido a la sociedad tras el bombazo de la T-4, que provocó dos víctimas mortales. A todo ello se ha tenido que enfrentar Francisco José Alcaraz, que se ha visto "arropado" por los ciudadanos.

Su mensaje a García Casquero
Asegura Francisco José Alcaraz que no tiene mucho que decirle a García Casquero, que el sábado se convertirá en presidente de la AVT, ya que tiene "plena confianza en él". "Sé que trabajará por y para las víctimas". Por ello, augura que el "movimiento social" que ha creado su asociación durante estos cuatro años "seguirá existiendo con más fuerza todavía".

"Será muy activo" y seguirá exigiendo decencia al Gobierno. Un Ejecutivo del que espera "lo peor". Las perspectivas, en su opinión, son "muy malas" ya que José Luis Rodríguez Zapatero no tendrá inconvenientes en ceder todo lo necesario a los nacionalistas. "Habrá cesiones sobre Navarra y el País Vasco", sentencia. Todo con el objetivo final de retomar el proceso de negociación.

Por motivos personales, el seis de marzo Alcaraz anunciaba que no se presentaría a la reelección. Este sábado se hace efectiva su renuncia.

Sus vais a enterar
Luis del Pino Libertad Digital  18 Abril 2008

El Presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ha convocado una reunión de urgencia del Comité Federal del Partido Socialista para determinar cómo puede contrarrestarse la brutal ofensiva lanzada por el PP a cuenta del trasvase del Ebro.

Preguntada en rueda de prensa qué iba a hacer el PP, ahora que el Gobierno y la Generalidad de Cataluña han acordado trasvasar a Barcelona el mismo agua que les niegan a valencianos y murcianos, la nueva y combativa portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que el PP dedicará al asunto nada menos que su primera interpelación parlamentaria al Presidente del Gobierno. Esta desmesurada respuesta ha causado honda preocupación en las filas socialistas, que temen que Zapatero no sepa salir del brete. Los rumores en la Carrera de San Jerónimo apuntan a que el portavoz socialista, Alonso, habría ofrecido ayer a Sáenz de Santamaría, en una reunión a puerta cerrada que duró seis horas, abrir negociaciones sobre el trasvase a cambio de la retirada de esa interpelación, que podría hundir a Zapatero en las encuestas de opinión.

Por su parte, los presidentes autonómicos de Valencia y de Murcia, sabiéndose respaldados por la opinión pública de sus respectivas comunidades, han dado otra vuelta de tuerca a la estrategia de acoso y derribo del gobierno de Zapatero y han anunciado que piensan recurrir al Tribunal Constitucional. La amenaza, que indica bien a las claras que el Partido Popular está dispuesto a todo en el tema del agua, causó estupor entre los analistas políticos y provocó una bajada de la Bolsa de Madrid, que a mediodía perdía un 7%, ante la perspectiva de que el enfrentamiento a cara de perro se traduzca en una inestabilidad política a medio plazo. Según nos confirmaron en fuentes de la sede socialista de Ferraz, el presidente Zapatero se reunió ayer con Bermejo para analizar las consecuencias que tendría la decisión del Tribunal Constitucional sobre ese recurso del PP, decisión prevista para agosto de 2013. Tres fuentes distintas de la judicatura nos confirmaron que entre las soluciones barajadas por Zapatero y Bermejo estaría la de modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para expulsar al único miembro que resta del sector conservador, con el fin de que no haya votos particulares.

Interpelados por los periodistas, los presidentes valenciano y murciano descartaron convocar manifestaciones para exigir igualdad de trato con los catalanes. "No queremos hacer sangre, por el momento. El PSOE sabe que está acorralado parlamentaria y judicialmente". Pero, por si acaso Rodríguez Zapatero no se ha dado por enterado, los dos presidentes autonómicos dejaron clara cuál es su determinación: "Si alguien convoca una manifestación, nos sumaremos". El Partido Socialista envió inmediatamente una circular a todas sus sedes locales con órdenes estrictas de no convocar ninguna manifestación en contra del trasvase a Barcelona, para no dar a Camps y a Valcárcel ninguna excusa para asistir.

Prueba de que la estrategia de confrontación inaugurada por el Partido Popular está causando mella en los socialistas es que ayer se recibió en la sede de los populares, en la C/ Génova, una nueva propuesta del PSOE para acordar entre ambos partidos una denominación para el trasvase que no incluya la palabra trasvase. Recordemos que el Partido Popular ya había rechazado anteriormente las alternativas de "canal", "canalización", "tubería", "aportación puntual de agua", "reutilización de los excedentes de riego" y "chorrito". Al parecer, el PSOE, en un intento de convencer a los populares de que cesen en su ofensiva, habría ofrecido llamar al trasvase "micción".

Aunque no se sabe aún cuál será la respuesta del Comité Ejecutivo del PP, algunos analistas apuntan a que el Partido Popular podría finalmente aceptar esta propuesta de consenso. Al parecer, Arriola ya ha hecho llegar a Mariano Rajoy un informe donde se indica que esa propuesta de llamar micción al trasvase cuadraría muy bien con el lema de campaña previsto para las generales de 2012: "Verlas venir, dejarlas pasar y si te mean, decir que llueve".

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