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Recortes de Prensa    Lunes 21 Abril 2008

¿Está perseguido el castellano?
El fomento del catalán, el euskera y el gallego ha originado movimientos en defensa de la lengua común, aunque el verdadero debate está en los derechos individuales
PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL El País 21 Abril 2008

Cataluña, Euskadi, Galicia, la Comunidad Valenciana y Baleares tienen hace años leyes propias para proteger sus idiomas tradicionales y fomentar su uso. Catalán, euskera y gallego, prohibidos o marginados durante buena parte del siglo XX, son hoy lenguas oficiales junto al castellano en estas comunidades autónomas y están protegidas por la Constitución. En tres décadas de democracia, la presencia de estas lenguas se ha extendido notablemente.

El concepto de "política lingüística" es inaudito en el resto de España, donde sólo hay una lengua oficial. Pero estas comunidades siguen avanzando en la promoción de su lengua tradicional con el objetivo de llegar a equipararla en importancia con la lengua común. Por primera vez, desde hace pocos meses, hay quien levanta la voz asegurando que se está produciendo una progresiva falta de espacio del castellano, e incluso se habla de persecución.

Son movimientos pequeños, muy recientes en Euskadi y Galicia y más consolidados en Cataluña, articulados políticamente sobre todo por el PP. Pero hace un año que en Galicia surgió un movimiento asociativo que asegura ver sus derechos amenazados como castellanohablantes. En enero, también un grupo de padres de alumnos comenzó una protesta similar en Euskadi, donde antes no generaba tensión la política lingüística. En los tres casos, la clave está en la educación. En Cataluña y Galicia no existe la posibilidad de estudiar sólo en castellano. En Euskadi sí, pero es una opción minoritaria, y el Gobierno vasco proyecta hacerla desaparecer por completo en dos años.

Aunque el castellano está muy lejos de ser un idioma amenazado en estas comunidades, el tema toca uno de los pilares de la vida de las personas, la educación de los hijos y su futuro. Un ámbito en el que cualquier preocupación es legítima, más allá de ideologías.

Los afectados castellanohablantes esgrimen la Constitución y los derechos humanos para reclamar como un derecho escolarizar a sus hijos en su lengua materna. La Constitución dice que "el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla". Utilizarlo es un derecho constitucional, y conocerlo, un deber. Pero también dice la Constitución que "las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos". Es decir, todo lo concerniente a esas lenguas se regula en los estatutos y depende de las comunidades. Además, las protege: "La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección".

Por su parte, el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 dice: "Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos". La Declaración no hace ninguna referencia a la lengua materna, aunque sí rechaza en otro artículo la discriminación por razón de idioma. La Constitución cita a la Declaración como referencia cuando haya que interpretarla.

La clave que justifica las políticas lingüísticas es una convicción: la potencia del castellano es tal que las lenguas cooficiales son incapaces de competir con él. Y no se resignan ante el darwinismo lingüístico. Esta idea la resumió excelentemente el líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Josep Lluís Carod Rovira, durante el debate del Estatuto catalán en el Senado, en mayo de 2006. El PP se quejaba de la agresión al castellano que suponía el nuevo texto. Así respondió, en catalán, Carod Rovira: "El castellano es una lengua hablada por 400 millones de personas que dentro de poco serían muchas más. ¿Alguien puede sostener de verdad que el futuro de la lengua española depende de Cataluña? ¿De verdad? Quien haya entrado en cualquier establecimiento de Cataluña habrá visto que se usan normalmente las lenguas más diversas, y que el catalán no está entre ellas. ¿No tenemos derecho como ciudadanos a reclamar la presencia normal de nuestra lengua? [...] ¿Es normal que, fuera del ámbito catalán, haya sólo nueve universidades españolas en las que se enseña catalán? Eso frente a las 14 de Italia, 16 de Francia, 21 de Gran Bretaña y 29 de Alemania".

Hay que concederle a Carod Rovira que el futuro del castellano como idioma mundial no está amenazado por su partido, ni por la Generalitat catalana. En comparación, el catalán o el euskera tienen muchas más papeletas de ser barridos por la globalización.

Pero hay que distinguir dos niveles en esta polémica, y analizarlos por separado. Como explica el académico de la RAE José Antonio Pascual, "un asunto son los derechos individuales de las personas y otro es el peligro para el castellano". Pascual considera, por un lado, que "el castellano no está amenazado". Y por otro, que "el que no puede escolarizar a su hijo en castellano tiene derecho a quejarse. La discriminación positiva de una lengua no justificaría actuar contra otra, como supondría que no se pudiera enseñar".

Se queja, además, de que la politización de este asunto, "que no es ni blanco ni negro", haga parecer que todo el mundo está situado en algún bando. "Soy un defensor absoluto del bilingüismo. Y no estoy de acuerdo con amigos catalanes que lo fueron también, pero que ahora propugnan el monolingüismo con el fin de salvar al catalán: el fin no justifica los medios".

¿Hasta qué punto está ocurriendo esto en Cataluña, Euskadi y Galicia? En Euskadi, desde enero un grupo de padres, bajo la denominación de Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística, protestan porque creen que se margina el uso del castellano y se priva a sus hijos del derecho a escolarizarse en esa lengua.

En Euskadi la educación se divide en tres modelos: el A, en castellano, el B, bilingüe, y el D, en euskera (no hay C porque esta letra no existe en vasco). Apenas un 5% de los padres han pedido el modelo A para sus hijos en primaria este año. La educación en castellano ha ido reduciendo su implantación, según el Gobierno vasco, por falta de demanda. Según los padres de la Plataforma, estos centros se han ido convirtiendo en guetos de inmigrantes por falta de apoyo e inversión.

Lo que ha hecho el Gobierno vasco, que no tiene poder en el Parlamento para reformar la ley de educación, es fijar como objetivo mínimo un nivel muy alto de euskera. Así, "obligan a los centros a conseguir un nivel tan alto de euskera que la única forma de lograrlo es la inmersión total [todas las asignaturas impartidas en idioma vasco]", dice Susana Marqués, miembro de la asociación. Marqués opina que el origen de esta política está en que "en todos estos años no han conseguido el bilingüismo". Después de más de 20 años educando en euskera, este idioma no está en la calle. Ni siquiera todos los que han estudiado íntegramente en euskera toda su vida lo dominan. No tienen oportunidad de usarlo. El 70% de los comercios de Euskadi no utiliza jamás el vasco.

Patxi Baztarrika es el viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno vasco. Su objetivo es "articular un Euskadi realmente bilingüe". "No se trata de sustituir ninguna lengua. Sólo conseguir una mayor igualdad social de las dos lenguas y una mayor igualdad de oportunidad de uso de las dos", afirma. Es claro cuando dice que "en Euskadi, no aprender euskera no es una opción". "Los que estudian íntegramente en euskera no tienen ningún problema con el castellano. Si salieran del sistema sin hablar castellano bien, yo sería partidario de que se corrigiera", añade Baztarrika.

El castellano "está presente y debe estar presente", continúa. "Pero su fuerza es tal, afortunadamente para él, que plantearse cualquier peligro de debilitamiento por culpa del euskera es ridículo, si se me permite. El castellano es una lengua de Euskadi, pero sería absurdo que nuestro objetivo fuera asegurar la conservación del castellano". Aunque no es de la supervivencia del castellano de lo que se quejan estos padres.

En Galicia, la Xunta publicó el año pasado un decreto que desarrolla la antigua Ley de Normalización Lingüística. Al menos el 50% de las asignaturas deberán ser impartidas en gallego. Entre ellas, las más importantes. En castellano se pueden dar gimnasia, música, tecnología y plástica, aquéllas en las que apenas hay que leer y escribir. El modelo de política lingüística se pactó con el PP en la Xunta, pero ha sido ahora, con el BNG al frente, cuando se ha aplicado en su integridad.

"Vamos a la catalanización", clama Gloria Lago, profesora de inglés y fundadora de la asociación Galicia Bilingüe, surgida a raíz del nuevo decreto, porque considera que margina el castellano. Lago asegura que la situación de las aulas gallegas "es una ficción". "Los profesores fingen durante la clase. Los niños les piden que hablen en castellano y no pueden, porque lo prohíbe la ley. Luego suena el timbre y todos vuelven a hablar su idioma".

La responsable de Política Lingüística en Galicia es Marisol López. Reconoce que en Galicia no hay forma de escolarizarse en castellano, "pero tampoco en gallego". "El plan de estudios es el de una sociedad con dos lenguas. Queremos conseguir el dominio de las dos", continúa. "El castellanohablante, si no se discrimina positivamente el gallego, puede acabar no dominándolo". Y con ello "no se le hurta el derecho a conocer y usar el castellano" reconocido en la Constitución, dice. "Hace poco", argumenta, "se inauguró un colegio trilingüe, con un 95% de horas en inglés y unas pocas en castellano y gallego. ¿Ocurrirá que no aprendan bien estos idiomas? No, porque tienen otros ámbitos donde hablarlos".

Por último, en Cataluña la voz institucional en defensa del castellano la han puesto el Partido Popular y Ciutadans (cuarta y quinta fuerza, respectivamente, en el Parlament). El propio Mariano Rajoy hizo de ello un tema de campaña, y trató de acorralar a Zapatero en un debate televisado para que avalara la política lingüística de la Generalitat. "El 50% de la población de Cataluña es de origen castellanohablante, y es imposible estudiar en castellano, ni en los privados ni en los concertados", dice Carina Mejías, portavoz del PP en el Parlamento catalán. "Como todos ven la tele en castellano, se da por supuesto que se sabe castellano".

"El derecho a usar el castellano está en el artículo 3 de la Constitución, y ese derecho es aplicable a la educación". Para el PP, en las sociedades bilingües "no hay conflicto si no hay alguien que induce a él. En la calle se habla castellano y catalán con toda naturalidad. Los conflictos los inducen estas actuaciones sectarias".

Desde la Generalitat, el responsable de Política Lingüística, Bernat Joan, opina que esta protesta "sólo estaría legitimada si los alumnos en Cataluña no tuvieran una formación adecuada en castellano. Ése no es el caso". El modelo catalán se basa en un principio: "Si vivimos juntos, nos educamos juntos. Tener colegios diferenciados por razón de lengua es muy peligroso". Con esta política, "un entorno completamente catalanizado no es previsible. Creo que en el contexto social hay suficiente castellano como para que se pueda aprender bien".

La respuesta de algunos lingüistas es que la enseñanza del castellano no se puede dejar en manos de la televisión. Por ejemplo, el académico de la RAE Gregorio Salvador considera un "derecho" estudiar en la lengua materna. Y no cree que valga con conocer el idioma por el entorno. "Una cosa es conocerlo y otra es recibir todos los conocimientos en esa lengua. La lengua vehicular debe ser la misma en la que el niño crece, la lengua familiar. Hay niños que van a conocer un castellano hablado, vulgar, para el uso cotidiano. Pero el conocimiento de la lengua materna debe ser un conocimiento pleno en todos los órdenes de la vida". Con estas políticas no se perjudica al idioma, dice Salvador, "sino a las personas, que se ven privadas de la segunda lengua del mundo".

¿Hasta qué punto estas políticas están afectando al conocimiento del castellano? Como sus homólogos de Galicia y Euskadi, Bernat Joan no tiene problema en asumir que "si de repente hay un bajón en rendimiento en castellano, habría que corregir esta política". A este respecto, poco trascendieron fuera de Cataluña unas declaraciones del conseller de Educación, Ernest Maragall, en las que reconocía que los niños de una escuela que acababa de visitar en Olot (en el interior de Girona) tenían "dificultades" para expresarse en castellano.

Pero hay pocos datos para estudiar el fenómeno. En cuanto a Galicia y Euskadi, puede servir el famoso informe PISA, sobre la calidad de la educación en la OCDE. Los alumnos de estas comunidades hicieron la prueba de nivel mayoritariamente en castellano, y las notas en comprensión lectora superan con creces la media española. La enseñanza en estos idiomas tampoco parece influir en el rendimiento en matemáticas, donde las tres comunidades también superan la media de España. En Cataluña, la prueba PISA se hizo en catalán, pero sirva como indicador que las notas medias en selectividad son muy parecidas en las asignaturas de lengua catalana y lengua castellana.

La situación parece estar equilibrada en este momento histórico entre el castellano y las otras tres lenguas de España. Pero, ¿hasta dónde se pretende llegar? Imaginemos, por ejemplo, una Cataluña monolingüe en catalán. Bernat Joan responde rápidamente: "Sería horrible. Significaría que nos hemos aislado, que censuramos prensa y televisión en castellano. Eso es algo que los catalanohablantes hemos padecido, pero no lo hemos aplicado".

Comentarios de los lectores
Jose Luis ( http://www.geocities.com/agli.geo ) 21 Abril 2008

# 310
En Galicia, la Asociación Gallega para la Libertad de Idioma cumplirá el proximo mes de Mayo su vigésimo aniversario en la defensa o más bien en la custodia de los atropellos cometidos contra los español-hablantes. Nuestra asociación es sistemáticamente silenciada porque defendemos la libertad de elección de la lengua de la enseñanza infantil, sin imposición del estudio ni de la lengua regional ni en la lengua regional.

Contra la desubicación, coherencia
EDITORIAL Libertad Digital 21 Abril 2008

Si algo debemos agradecer a Esperanza Aguirre es la petición de que se produjera dentro del PP un debate sobre ideas, porque al hacerlo ha obligado a muchos a dejar claras las suyas, tras muchos años de incertidumbre. Así, tras la encendida aunque pacata defensa de la socialdemocracia formulada el sábado por Rajoy, su vehemente invitación a que liberales y conservadores se vayan del PP y las declaraciones de distintos parlamentarios populares urgiendo a su líder a que continúe por esa línea de supuesta unidad, moderación e independencia, pocas dudas caben respecto al tipo de actualización ideológica que intentará llevar a cabo Mariano Rajoy en el próximo congreso del partido.

Para desgracia de los muchos millones de españoles que no se declaran socialistas ni de izquierdas, el proyecto del actual líder del PP, consistente en la mimetización con el PSOE en busca de votos presuntamente centristas, conllevará la orfandad política de una buena parte del electorado, privado de un partido que defienda sus ideales o que al menos que se oponga a los contrarios.

Libertad Digital, coherente con su defensa de la libertad individual, la igualdad ante la ley, la economía de mercado y la nación española, nunca ha sido ni será un medio de comunicación "de partido". Así, ni hemos recomendado el voto a ninguna formación política concreta –sí hemos desaconsejado el apoyo a alguna por su práctica abiertamente contraria a los que aquí se defiende– ni hemos pretendido poner o quitar rey. Al contrario de otros medios, ni en nuestra fundación ni en nuestra dirección hay políticos, con o sin carnet. Si algo nos distingue es que nosotros no tenemos partido, sólo principios.

Por tanto, y tal y como hemos hecho siempre, nuestros criterios a la hora de elogiar o censurar a un partido o político determinado serán, en primer lugar, su defensa de aquellas formas políticas y económicas que a nuestro juicio mejor fomentan la libertad y responsabilidad individuales y la capacidad de elegir, es decir, el imperio de la ley y el Estado de Derecho. En segundo lugar, celebraremos cualquier iniciativa que redunde en la eliminación de privilegios y desigualdades entre españoles, el impulso de la libertad económica y la defensa de la civilización occidental frente al autoritarismo, la exclusión y el comunitarismo, vengan de donde vengan.

Mucho nos gustaría que la ponencia política oficialista que se presentará en el próximo congreso del PP reflejara estos principios. Sea como fuere, seguiremos criticando o elogiando aquello y a aquellos que dentro del Partido Popular o de cualquier otra formación política propongan políticas que consideramos conducentes a una sociedad más libre y más próspera, es decir, más justa.

De este modo, y acogidos al artículo 20 de la Constitución, que consagra el derecho a "expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción", sin censura previa ni servidumbres partidistas o caudillistas, seguimos donde siempre estuvimos. Son otros los que parecen haber mudado de sitio. En cualquier caso, sería deseable que tanto Mariano Rajoy como otros dirigentes del PP no olvidasen que la diferencia entre el sabio y el necio reside en que mientras el primero habla porque tiene algo que decir, el segundo lo hace porque tiene que decir algo. No basta con ser sensato; también hay que parecerlo.

Estado de las Autonomías
Un país serio con un rumbo fijo
José Enrique Rosendo Libertad Digital 21 Abril 2008

Cuando en 1982 la dirección de la CEOE, encabezada por su presidente, Ferrer Salat, y por su secretario general, José María Cuevas, visitaron la entonces República Federal de Alemania, se toparon con un canciller socialdemócrata, Helmut Smith, bastante amigo del flamante presidente del Gobierno español, Felipe González.

Smith, inopinadamente dicharachero en el encuentro con los dirigentes patronales españoles, le preguntó sin preámbulos a Salat cuál creía que sería el principal problema que tenía él como canciller. El viejo zorro catalán dudó un instante y contestó que resolver la crisis económica.

Smith negó con la cabeza y añadió: "Mire usted, la crisis es internacional y los alemanes saldremos de ella más rápido y mejor que la mayor parte de los países de Europa. No, eso no es lo que más me preocupa."

Ferrer Salat achinó los ojos y buscó rápidamente otra respuesta: "Claro, naturalmente, lo que a usted le preocupa es la reunificación de las dos alemanias". Pero el canciller teutón dibujó una leve sonrisa en la comisura de los labios y volvió a negar: "Eso se resolverá solo, porque los rusos, un día u otro, tendrán que sacudirse el socialismo y con él se derrumbará el muro como un terrón de azúcar mojado."

En fin, que como los españoles no adivinaban el propósito del mandatario alemán, éste terminó por confesarse: "Lo que más me preocupa es garantizar el Estado, y redibujar las competencias de los länders para que sean útiles al servicio a los ciudadanos sin estorbar en aquellos asuntos en los que tenemos que estar unidos para asegurarnos el futuro."

Lo dijo en 1982, según me relató un día el propio José María Cuevas, y en este cuarto de siglo que ha pasado desde entonces los länders alemanes no han recortado competencias al estado federal alemán, como reconoció Zapatero al brillante discurso de Rosa Díez.

La constitución alemana, la Ley Fundamental de Bonn, tiene mucho que ver con la española, porque fue una de las fuentes de las que bebieron los padres de nuestra Constitución de 1978, y sobre todo los socialistas. Por eso, las palabras de Smith son premonitorias de lo que la clase política española debiera hacer cuanto antes.

No crean que la cuestión es sólo política o simplemente ideológica. Afecta también y de modo muy importante a nuestra economía.

El tripartito catalán se ha empecinado en que el Gobierno de España haga públicas las balanzas fiscales de las diversas comunidades autónomas, en la seguridad de que con ello permitirá remover un río de agravios en el que pescar más peces para su propio zurrón. Los efectos de ese debate serían demoledores para la idea de una España que aspira a la igualdad jurídica de sus ciudadanos, a la igualdad de oportunidades en la que cada cual pueda desarrollar con la máxima libertad todas sus potencialidades.

Sin embargo, sus consecuencias devastadoras no se limitarían a esto último, ya que propiciaría, como ahora está sucediendo con algo tan importante para las personas y la economía como el agua, que consideremos el todo desde cada una de las partes y que, por tanto, se impidiera el desarrollo de un modelo coherente, compacto y estructurado de infraestructuras para el crecimiento económico.

Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que, al final, los españoles nos damos cuenta de que nuestra altísima e insostenible dependencia energética del exterior no se soluciona única ni preferentemente con la generación de energía verde, ya que además de cara la viabilidad de su negocio requiere de fuertes subvenciones públicas. Y que la solución lógica es, como sucede en Francia, o pronto posiblemente en Gran Bretaña y Alemania, desarrollar la tan injustamente denostada energía nuclear.

¿Saben ustedes cuál sería el siguiente debate? Pues que existen comunidades autónomas en España que no sólo no tienen déficit energético, sino que incluso exportan energías a otras comunidades. Léase el caso de Castilla y León, Galicia, Extremadura o Asturias. ¿Hablaríamos entonces de balanzas energéticas? Desde luego, emulando a los catalanes, algún presidente autonómico puede argumentar que las centrales no deben instalarse en regiones excedentarias de energía, sino en aquéllas en donde existe déficit, con independencia de que unas comunidades tengan mayores extensiones de territorio desérticas (desde el punto de vista demográfico), que otras más densamente pobladas y que, por tanto, puedan ser aparentemente las más adecuadas para acoger las centrales y los cementerios radiactivos.

Ignoro si el cortoplacismo en el que se ha instalado el nacionalismo termita, ya sea catalán o vasco, tiene o no en cuenta las complejas consecuencias colaterales de los debates que suscitan, aunque por lo que se ha visto en relación al trasvase del Ebro diríase que no. Pero lo que sí sé es que la demagogia populista de esos nacionalismos egoístas debe terminar cuanto antes si queremos ser un país serio con un rumbo fijo. Helmut Smith tenía razón.

Desbarajuste hidráulico
Editorial ABC 21 Abril 2008

EL oportunismo de Rodríguez Zapatero en la política del agua amenaza con crear una situación irreversible de ineficacia en la gestión y enfrentamientos territoriales. Es una cuestión muy seria, porque se trata de un recurso escaso que debe ser utilizado con criterios de eficiencia y solidaridad. A día de hoy, no sucede ni una cosa ni otra. En España, en efecto, llueve poco pero los expertos coinciden -como ha venido informando ABC- en que los 650 litros por metro cuadrado al año podrían ser suficientes si la administración hiciera las cosas como debe. Es muy significativo el dato de que entre el 25 y el 35 por ciento del agua que circula por las tuberías se desperdicia a causa de fugas y pérdidas innecesarias. Algún experto propone gráficamente que si la Agencia Tributaria tiene mecanismos para combatir las «fugas» de dinero, nuestra red hidráulica necesitaría instrumentos eficaces para detectar el desperdicio inútil de agua a través de fugas porque las infraestructuras no se revisan lo suficiente. El verdadero problema es la necesidad de un plan racional y con objetivos a largo plazo frente a una política de parches provisionales para salir del paso. Cuando José María Aznar impulsó un verdadero Plan Hidrológico Nacional los socialistas reaccionaron buscando únicamente ventajas coyunturales en determinados territorios y ofreciendo en su lugar obras que nunca se han llevado a cabo. El único objetivo consiste en salir del paso a través de trasvases parciales y obras ocasionales que resultan insuficientes al cabo de poco tiempo.

La reunión entre la ministra Elena Espinosa y los consejeros autonómicos competentes estuvo muy lejos de ser, como pretende el Gobierno, una prueba de diálogo y negociación. En realidad, se trata de transmitir un acuerdo ya adoptado a partir de una política de hechos consumados que resulta contraria al modelo cooperativo propio del sistema autonómico. Dadas las circunstancias, el Ejecutivo no debería sorprenderse de la reacción airada de los ciudadanos en muchas zonas de la España seca. A día de hoy, la opinión pública todavía se pregunta quién faltó a la verdad, si el Ministerio o la Generalitat catalana, respecto a la prohibición de hablar en público sobre cualquier plan de trasvase del Ebro antes de las elecciones. Y tampoco estaría de sobra una explicación concreta sobre los motivos de la pérdida de confianza en la recién sustituida Cristina Narbona. El PP no debería pasar por alto este asunto en las próximas sesiones de control parlamentario porque en democracia los ciudadanos tienen derecho a saber quién dice la verdad en cuestiones que afectan al interés de todos.

Es también llamativa la actitud del Gobierno de Aragón en el reparto de papeles que le toca a cada uno en esta extraña representación del desbarajuste territorial. Marcelino Iglesias empezó poniéndose serio ante José Montilla y negándose a cualquier trasvase. Pasó después a pedir informes jurídicos para buscar una coartada burocrática en forma de eufemismo que ocultara la realidad de dicho trasvase. Ahora parece que le ha convencido del todo el acuerdo del Consejo de Ministros, lo que demuestra en definitiva la función secundaria que corresponde al PSOE aragonés en esta peregrina historia. Al final, lo importante es que el Ejecutivo cumpla sus compromisos con el PSC para que Montilla pueda jactarse de que el agua para Barcelona y su área metropolitana la pagan todos los españoles. Es, por supuesto, un trasvase, como lo demuestra el enfado de ciertos sectores de ICV y de regantes contrarios al mismo y -como no podía ser de otro modo- la factura corre a cargo del Estado. La cuestión territorial sale así mal parada y la política hidráulica vuelve a ser víctima de las ocurrencias del momento sin que nadie haga frente de verdad a los problemas de fondo. Es probable que esto no le importe a los estrategas del PSOE de cara a sus compromisos coyunturales, pero supone un grave daño a medio y largo plazo para el interés general de España.

La pugna territorial
IGNACIO CAMACHO ABC 21 Abril 2008

SOSTIENEN los politólogos y otros expertos en pronósticos equivocados que gran parte de las guerras de este siglo tendrán que ver con la lucha por el agua. Incluso algunos teóricos del tardomaterialismo histórico ven en el conflicto judeopalestino una variante ideológica de la disputa hídrica. En España, gracias a los vaivenes del péndulo zapaterista (más bien una tosca horquilla de aprendiz de zahorí), estamos volviendo al primitivismo prepolítico de la trifulca por los recursos naturales, rudimentaria variante de la pugna territorial que sustituye los principios evolucionados del reparto y la solidaridad por una rebatiña elemental de apropiaciones primarias. Con el visto bueno del Gobierno, la autonomías de la España húmeda están cerrando el grifo a las regiones secas con la contumacia avarienta con que el viejo terrateniente auverniés de «El manantial de la colina» asfixiaba a su vecino de acequia en los ásperos dramas rurales de Marcel Pagnol. Esto no es exactamente el trasunto del país desarrollado y posmoderno que gusta de dibujar el presidente; más bien parece una riña atávica propia de sociedades ancladas en un ceñudo egoísmo aldeano.

Así será hasta que este gabinete de diseño, proyectado según modelos de marketing social, tome conciencia de que hay problemas que no se pueden abordar desde la retórica vacía de los grandes conceptos, sino desde una voluntad práctica de transformación estructural que requiere cierto compromiso. Por mucho énfasis deconstructivo que Zapatero quiera darle a su proclamada idea de nación, las naciones necesitan para serlo de una mínima cohesión que sólo puede garantizar el Estado. Conflictos como el del agua, de naturaleza intrínsecamente insolidaria, exigen la intervención de un arbitraje o un liderazgo unívoco que establezca la cordura desde una visión totalizadora del proyecto de España. Y llama la atención que ese sedicente socialismo igualitario que pretende liderar el presidente sea el responsable de una grave discriminación de los recursos que sostienen el desarrollo equilibrado de una nación moderna. La modernidad de un país no está en los discursos de sus dirigentes, sino en las estructuras que cohesionan a sus ciudadanos.

En esta España de taifas y micronaciones de la señorita Pepis, sólo el Estado puede arbitrar políticas de visión unitaria que impidan el espectáculo cavernícola de las guerras hídricas. Pero al poder le parece más prioritario pactar con la oposición las cuotas del Poder Judicial que una política seria de reparto del agua o la energía. Quizá porque le da miedo ejercer de Gobierno de una mayoría transversal en vez de agarrarse a alianzas sectarias, y prefiere practicar la moderna rabdomancia de un hechicero de tribu. No es un trasvase de más o de menos lo que está en juego en la nueva batalla política del Ebro; es la concepción de un Estado igualitario capaz de saltar sobre las fronteras interiores que irresponsablemente él mismo ha creado.

Del búnker a la tumba
HERMANN TERTSCH ABC 21 Abril 2008

No es ya ningún secreto que nuestro presidente o, mejor dicho ya, nuestro «amo del Gobierno», José Luís Rodríguez Zapatero, es especialista en combatir todos los males asumiendo la lógica de los mismos. Fagocita las razones del enemigo de la democracia y les concede un aura simpática de faldicortismo que es reflejo del relativismo moral propio, éste sí que, paradójicamente, absoluto. Con incorporar soluciones virtuales lacias a amenazas insistentes, su programa capta voluntades en principio adversas pero convencidas de que a la postre, bajo la protección del Gran Timonel, tendrán mejor cobijo y plasmación que en su expresión propia. Ha sucedido con ETA como con ERC, con el terrorismo islamista financiado por Irán, ese aliado. O con las fuerzas antisistema.

Las últimas elecciones son una perfecta manifestación del éxito de esta fórmula de gobierno, cuya piedra angular está en la voluntad expresa y propagada de aceptar la defensa de todo lo que se opone al enemigo real y cimenta el propio poder. Con la estrategia clásica de los partidos de vocación totalitaria en los años treinta. Zapatero, sus mandos y su soldadesca la aplican con gran efectividad desde hace cuatro años. Consiguió demonizar a sus únicos adversarios políticos reales, el Partido Popular, con una propaganda de descalificación y vejación desde las instituciones y los medios públicos y privados, obedientes por convicción o temor. Casi todos. Sólo así se explica que, en plena evidencia de la escandalosa inoperancia, de la incompetencia sangrante, de la obscena y sistemática ocultación de la verdad en cuestiones vitales así como de la mentira reiterada, no hubiera en la sociedad española una mayoría que expresara en las urnas su repulsa, su desprecio y su indignación a las prácticas de este Gobierno.

Lo que no imaginábamos muchos preocupados por las libertades, por las instituciones garantes de las mismas y por la prosperidad de nuestro país, es que el mendaz sistema de valores y actitudes del amo del Gobierno, su arrogancia sin límites y su adicción a la selección negativa que lo lleva a rodearse de gente peor que él mismo, se viera reproducido, esta vez no como tragedia sino como farsa, en el partido de la oposición. El PP es la única fuerza en España capaz de poner fin al periodo más destructivo habido en democracia para nuestra cultura política, el tejido social, la convivencia, el patrimonio y las perspectivas de las nuevas generaciones. Por eso supone una irresponsabilidad suprema el espectáculo al que asistimos estos días.

El líder que ha perdido las dos últimas elecciones tiene perfecto derecho y razón para seguir postulándose como líder del partido. Otros antes ganaron a la tercera. Pero Mariano Rajoy no tiene derecho ni razón para descalificar de la forma en que lo ha hecho a quienes pretenden que se debatan otras opciones. Ni a adoptar los mismos métodos que la secta zapateril ha impuesto en el PSOE para la liquidación de adversarios. El líder derrotado del PP tiene todo derecho y razón para postularse como líder en el Congreso e incluso para candidato para dentro de nada menos que cuatro años. Pero no tiene ni lo uno ni lo otro para intentar liquidar políticamente a quienes piensan que su forma de crear equipo ha sido una emulación de la selección negativa de Z. Quienes, en una opción opuesta al zafio izquierdismo populista propugnan el debate en libertad, la excelencia y el mérito, no pueden construir un búnker, cuyos coroneles no tengan otro galón que el de la dependencia y lealtad personal, y ordenar disparar contra los rivales en el propio partido con munición de mayor calibre que la utilizada contra los enemigos que intentan expulsarlos del sistema y los han equiparado a ETA como enemigos de la democracia. Y que siguen intentando destruir a su partido y hacer imposible la alternancia democrática. Así es más fácil ir del búnker a la tumba que a la victoria.

Rajoy-Aguirre, con Madrid al fondo

José Antonio Zarzalejos Estrella Digital 21 Abril 2008

La intervención de Mariano Rajoy en el mitin de Elche fue estratégica no sólo porque se produjo a dos días de la comparecencia —hoy— de Esperanza Aguirre en 59 segundos, en el prime time de TVE 1, a cuarenta y ocho horas del encuentro de ésta con Camps —también hoy, en Madrid— y en los prolegómenos —igualmente hoy comienzan los comicios internos— de la elección de los compromisarios para el XXVI Congreso del PP en junio en Valencia que, en cifra superior a tres mil, elegirán al presidente del partido. Además de por estos motivos de oportunidad, de timing político, las palabras de Rajoy fueron estratégicas por su significación y alcance. Y de entre ellas, las más sustanciales y lesivas para su oponente fueron las siguientes: “Creo en España, en una nación plural, pero creo en la diversidad de España, en el Estado de las Autonomías… Creo en Madrid, pero no se pueden confundir veinticinco personas de Madrid con España, porque España es mucho más grande”.

La alusión de Rajoy a la capital de España fue un recurso —dialéctico e ideológico— para ganarse aún más a la periferia del partido. Porque Aguirre, a diferencia de Gallardón, ha cultivado un madrileñismo muy acendrado en un discurso volcado en la ciudad y en la comunidad pero poco inteligible para el resto de la nación. Éste suele ser un error político muy habitual que suscita la animadversión de las llamadas “provincias” hacia la capital de España. Así queda perfectamente reflejado en el ilustrativo ensayo que acaba de publicar la socióloga Helena Béjar. Bajo el título La dejación de España. Nacionalismo, desencanto y pertenencia, la profesora ha trabajado con varios grupos de ciudadanos de distinta edad, estatus e ideología para tabular sus sentimientos de identidad nacional y el cortejo de cuestiones sentimentales que rodean al entendimiento del hecho nacional español. La consideración de Madrid —más como concepto que como lugar— suscita cinco impresiones valoradas transversalmente como negativas:

1. La primera es que Madrid resulta considerado “como el símbolo de toda incomprensión regionalista y nacionalista”, sensación que no es exclusiva ni de los nacionalistas ni de la izquierda política.

2. La capital de España es tenida por “el ámbito de la negación de un deseo de reconocimiento colectivo”, lo cual revela una victimización pero que, por razones históricas, fomenta un cierto sentimiento de agravio permanente.

3. Madrid, según el estudio de Helena Béjar, es percibido, negativamente, como “el ámbito de la burocracia y el gobierno”, idea que se opone a la de descentralización, autonomía y personalidad de otros territorios.

4. Quizá la característica más lesiva para la capital que se desprende de este estudio es que “Madrid es la sede del prejuicio español” de modo particular para los catalanes.

5. La ciudad, por fin, arrastra la desafección tan extendida a los símbolos nacionales de tal modo que es contemplada como “el enclave de la bandera española”.

La presidenta de la Comunidad ha cultivado un madrileñismo que, al mismo tiempo que ha arrasado en las elecciones autonómicas, ha inoculado en muchos sectores recelo y desconfianza, tanto por su propia potencia económica, como por su ambición hegemónica. Cuando Rajoy se refería a los “veinticinco de Madrid” que no son toda España y los motejaba de “doctrinarios”, estaba incidiendo en el nivel freático de la conciencia de la sociedad española que ya descubrió Ortega y Gasset cuando lanzó la consigna de “¡Las provincias en pie!”.

No había, pues, ni improvisación ni ingenuidad en esas palabras del presidente del PP, sino un golpe certero sobre la percepción de Aguirre en la periferia nacional representada en el acto de Elche por los “barones” de Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía. Rajoy sabe que Madrid es un elemento fijo del puzle electoral de PP y que donde hay que ganar es allí donde lo hace el PSOE —Cataluña y Andalucía—, territorios en los que el discurso de Aguirre, acentuado ahora con unos actos de fe en la militancia liberal exorbitantes en tiempos de crisis económica e incertidumbres de futuro, no es bien acogido y se cuestiona como centrípeto y con una pretensión de superioridad, sea o no ése el deseo con el que se formula. Dos libros sobre Aguirre —La presidenta, de Virginia Drake, y Duelo de titanes, de Lucía Méndez—, por si fuera poco, le han hecho a la inquilina del Palacio de Correos un flaco favor porque la estereotipan en ese madrileñismo “de veinticinco” y “doctrinario” que Rajoy ha manejado como un estilete en una pugna en la que se ha revelado con unos instintos político desconocidos en “un señor normal de Pontevedra”, como a él gusta definirse.

Viva Madrid
Nota del Editor 21 Abril 2008

Pues vaya con el estudio, ni los nacionalistas lo habrían podido hacer mejor.

1. La "incomprensión" regionalistas y nacionalista no tiene nada que ver con la comprensión de los problemas que crean los regionalismos y los nacionalismos.

2. Madrid es no es "el ámbito de la negación de un deseo de reconocimiento colectivo”, al contrario, es el lugar donde los que no hemos nacido allí nos sentimos libres de la negación a la que nos someten los nacionalistas.

3. Madrid, no es "el ámbito de la burocracia y el gobierno”, para eso ya están todas las autonosuyas y todos los entes locales, además con sus miles de empresas dependientes creadas para seguir ejerciendo el poder favoreciendo a los amigos y extorsionando a los contribuyentes.

4. Madrid es no es "la sede del prejuicio español” sino el lugar donde la mayoría de los catalanes que se acercan por allí siguen hablando catalán, pero ya estamos acostumbrados

5.Madrid no es “el enclave de la bandera española” para eso ya están todos los edificios públicos en toda España y embajadas en el extranjero. Los españoles todavía no tenemos el sentido patrio de la bandera para llevarla encima como hacen otros muchos ciudadanos de otros países, iba a decir igualmente respetables, pero después de la retirada de Irak, nuestra respetabilidad desapareció.

Presión mafiosa
EDITORIAL El Correo 21 Abril 2008

El atentado contra la sede socialista de Elgoibar responde a la estrategia mafiosa de los etarras de ejercer una presión insoportable sobre el PSE que conduzca a la quiebra de uno de los pilares políticos y sociales del País Vasco. El artefacto, en esta ocasión, no ha causado víctimas aunque sí un considerable destrozo material y, sobre todo, ha arrojado sobre las espaldas de la sociedad vasca una nueva carga de ansiedad especialmente dura para la familia socialista, que ya sufrió en plena jornada de reflexión del 9-M el asesinato de Isaías Carrasco y hace apenas cuatro días otra bomba en una sede de Bilbao, pero también contra todos aquellos que se saben en el punto de mira; lo que obliga a las fuerzas de seguridad a extremar las medidas de protección y a la ciudadanía en su conjunto a arropar a los amenazados con todas sus fuerzas.

ETA sigue al pie de la letra el execrable libro de estilo de cualquier organización extorsionadora y está convencida de que arremetiendo con saña contra una de las ramas políticas del partido en el Gobierno conseguirá doblar con su violenta presión todo el tronco socialista. Tan sencillo y macabro como forzar al PSOE a intercambiar concesiones políticas por seguridad para sus intereses y personas. Pero en su propia estrategia está su debilidad, porque el hastío moral que los asesinos han conseguido extender al conjunto casi absoluto de la sociedad española es tan profundo que los militantes del PSOE van a encontrar, junto a su determinación de resistir tan odioso chantaje, a todos los ciudadanos que se niegan categóricamente a traicionar a cambio de un peaje hacia ninguna parte la esencia del gran proyecto democrático que se inició hace ya 30 años. Y ETA, y eso es inapelable, dista ya mucho de ser una organización capaz de mantener semejante presión sin extenuarse en su delirio.

El PSOE pedía ayer una unidad sin fisuras, y el ofrecimiento del Partido Popular de todo su apoyo al Gobierno para combatir el terrorismo con todos los instrumentos del Estado de Derecho hasta su derrota final, es la respuesta que cabía esperar. Sin embargo, esa pretendida barrera contra el terror no se cerrará totalmente hasta que el PNV y el Gobierno vasco se olviden de sus erróneas o interesadas ensoñaciones sobre un quimérico alejamiento de la izquierda abertzale respecto de ETA.

Mondragón, como laboratorio
Quienes sostienen que ETA está derrotada, mientras persisten los ataques terroristas, cometen un error y una grave irresponsabilidad
TONIA ETXARRI t.etxarri@diario-elcorreo.com El Correo 21 Abril 2008

Con los últimos ataques terroristas, dos en menos de cuatro días, ETA echa por tierra la teoría de que está derrotada. Mientras la banda persista en los ataques, es un error y una irresponsabilidad sostener que está en fase terminal. Porque se baja la guardia en las fuerzas políticas, se desactivan los movimientos cívicos (el colectivo 'Basta Ya' ha quedado para el recuerdo) y, lo peor de todo, se alimenta una ilusión construida sobre castillos de arena que, al derrumbarse, provocan la consiguiente decepción. Y, de momento, aunque con movimientos dosificados pero muy destructivos, ETA sigue: en la calle, intentando extender el miedo entre la población y en las instituciones, pretendiendo utilizarlas para desgastar el Estado de Derecho.

En menos de cuatro días, y después de haber intentado ir a por un escolta privado, dos casas del pueblo han sufrido el ataque terrorista; en La Peña y en Elgoibar. No se trata de objetivos elegidos al azar; ni dianas indirectas contra el PNV, como ha llegado a insinuar Iñigo Urkullu, el presidente de los nacionalistas vascos. Si ETA sigue persiguiendo ahora a los socialistas no es fruto de una supuesta venganza porque salió mal la negociación con el Gobierno en la pasada legislatura, como muchos prefieren creer para remarcar la firmeza de un Gobierno que, al final, no cedió al chantaje.

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que han seguido de cerca la trayectoria de la banda en los últimos treinta años saben que ETA utiliza los atentados como medio de presión. Y de la misma forma que el abogado Esnaola señaló, horas después del ataque a la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, aquel 11 de diciembre de 1985, que ETA había matado para presionar al Gobierno a seguir negociando, ahora estamos ante una puesta en escena distinta pero con idénticas intenciones. Conmocionar y atemorizar para exigir. Y la presión se dirige sobre el partido que gobierna en España para señalarlo como el obstáculo para la resolución de los problemas generados en Euskadi.

Una actitud muy medida cuando se está preparando el caldo de cultivo de la próxima campaña electoral. Una coyuntura nada cómoda para un Gobierno como el de Zapatero, que llegó a creer que, gracias a su distinto talante a la hora de gobernar, podría encauzar a la banda terrorista hasta el fin de su existencia. ETA sigue también en las instituciones: en el Parlamento vasco y en los ayuntamientos desde donde se resiste a dar su brazo a torcer cada vez que un atentado le pone en la tesitura de tener que renunciar a sí misma. Porque eso es lo que se espera, ingenuamente, cada vez que se emplaza a ANV a que renuncie al terrorismo ¿Renegar de sí misma?

Desde que ETA mató a Isaías Carrasco, la población de Mondragón se ha convertido en un pequeño laboratorio político donde los experimentos están poniendo contra las cuerdas a los partidos que integran el Gobierno vasco. Por mucho que la portavoz Azkarate haya insistido, mientras amenazaba a los socialistas de Patxi Lopez, en que los partidos del Gobierno presidido por Ibarretxe persiguen el mismo objetivo, lo cierto es que lo disimulan francamente bien. Entre críticas, descalificaciones, enfrentamientos dialécticos e inasistencia a los plenos municipales, han transcurrido ya más de 40 días desde que ETA asesinó a Isaías Carrasco y la alcaldesa de ANV sigue en su puesto. ANV tiene 337 concejales en 33 ayuntamientos. Las censuras no irán mucho más allá de la experiencia de Mondragón. Y es ahí, en Mondragón, donde ETA está tomando la temperatura a los partidos democráticos.

La 'izquierda desunida' está ofreciendo un espectáculo tan lamentable que hasta el liderazgo de Madrazo ha quedado en entredicho. Si, además, su imagen de sumisión al lehendakari, de quien repite el mismo argumento de la crítica contra el presidente Zapatero, le está dibujando un perfil muy poco crítico con el poder establecido en Ajuria Enea, cabe pensar que los socialistas podrían beneficiarse de la desorientación de IU en Euskadi.

Quien no cambia es ETA, que sigue con su mismo lenguaje. Su cabecera política está en la cárcel y, por eso, el control de la banda sobre todo el movimiento de la izquierda abertzale es cada vez más evidente. No hay más que leer las octavillas que reparten por los pequeños municipios vizcaínos, firmadas por ANV, en las que utilizan el mismo discurso de la Herri Batasuna de los tiempos de Idígoras. Nada ha cambiado para ellos. Los últimos atentados siguen siendo «expresión del conflicto». La recuperación de la unidad democrática, por parte del Gobierno de Zapatero, debería significar una apuesta por los grandes acuerdos por escrito en materia antiterrorista. De lo contrario, con sobreentendidos se facilita las lecturas interesadas y los desmarques oportunistas, cuando vengan tiempos más difíciles.

ATENTADO EN ELGOIBAR
Daños en el vecindario
La campaña actual de ETA pretende convertir a los militantes socialistas y a sus locales en apestados sociales

f.dominguez@diario-elcorreo.com FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 21 Abril 2008

En el año 2005, la banda terrorista ETA cometió quince atentados con bomba contra otras tantas empresas del País Vasco a las que quería extorsionar. En cada bomba, como media, puso kilo y medio de material explosivo. También realizó ocho atentados contra edificios de la Administración con bombas cargadas con una media de 750 gramos de explosivo. Esas cantidades son ajustadas para dañar al edificio al que se quiere atacar, sin causar grandes destrozos en los inmuebles colindantes.

En los cuatro atentados contra las casas del pueblo perpetrados desde el pasado mes de diciembre, la banda ha pasado a utilizar bombas que contenían entre tres y cinco kilos de explosivo cada una. El resultado ha sido que, además de las sedes frecuentadas por los militantes socialistas, unas doscientas viviendas u otras propiedades han sufrido daños. Los terroristas son conscientes de los efectos de sus bombas, pero no han hecho nada para evitar esos daños. Al contrario, al utilizar semejantes cargas estaban buscando deliberadamente provocar destrozos entre los vecinos de las sedes socialistas.

No es una torpeza de los etarras a los que se les haya ido la mano con el explosivo, sino que con esos «daños colaterales» pretenden suscitar actitudes de rechazo hacia las sedes socialistas entre el propio vecindario, sea en el municipio que sea y da igual en qué barrio. Hay en el País Vasco demasiadas experiencias en las que los vecinos han protestado por la cercanía de la comisaría de la Ertzaintza, de las oficinas de Correos o en su momento del concesionario francés de vehículos porque consideraban que su presencia suponía un riesgo. No protestaban contra el que colocaba las bombas sino contra el que ponía la comisaría en el barrio.

Ahora ETA está buscando el mismo objetivo: echar encima de los socialistas las iras de unos vecinos atemorizados por los efectos de los atentados. Se trata de convertir a los militantes del PSE y a sus locales en apestados sociales. Ese es uno de objetivos de la campaña terrorista en marcha. El otro es intimidar directamente a los afiliados de base del PSE para que se enfrenten a los dirigentes de su partido y les obliguen a cambiar la política antiterrorista. Así lo viene reclamando ETA en los diversos comunicados que ha difundido a lo largo de este año. Los militantes de a pie, como Isaías Carrasco o los que frecuentan las casas del pueblo, que carecen de protección, son el eslabón más débil con el que se están cebando los etarras.

Para conseguir ese segundo objetivo, los terroristas han vuelto a aplicar la lógica sobre la que ya teorizaron en 1993: «El día que un tío del PSOE, PP, PNV» vaya a un funeral de un compañero de partido, «cuando vuelva a casa quizás piense que es hora de encontrar soluciones al conflicto o quizás le toque estar en el lugar que estaba el otro (o sea en caja de pino y con los pies por delante)».

¿Crisis? ¿Qué crisis? (un comentario sobre el mal Gobierno)
MIKEL BUESA, CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. ABC 21 Abril 2008

EL anuncio de la adopción por parte del Gobierno de un paquete de medidas destinadas a favorecer la actividad económica, es una buena ocasión para entrar en el análisis de las ideas que orientan la política del gabinete de Rodríguez Zapatero en su segundo mandato. El Presidente ya adelantó en su discurso de investidura una buena parte de lo que ahora son decisiones del Consejo de Ministros; y, por tanto, contamos con material de primera mano para diseccionar el pensamiento que orienta la acción del Gobierno.

Dejemos bien claro de entrada que el de Rodríguez Zapatero es un pensamiento de mínima complejidad en el que no cabe el menor atisbo de autocrítica y, menos aún, de reconocimiento de cualquier efecto negativo de su política. De ahí que ensalce a sus ministros, singularmente al de economía, hablando de sus virtudes personales, pero no de sus aportaciones a la acción de gobierno. Y de ahí, también, que los aspectos problemáticos se atribuyan a la insoslayable y negativa influencia exterior que, como no podía ser de otro modo, llega desde Norteamérica.

Veámoslo: señala el Presidente en su discurso que «muchos españoles se interrogan por el futuro de nuestra economía y sienten incertidumbre», para inmediatamente minimizar esas emociones, pues en realidad ven sólo «las subidas de algunos precios» y, además, sólo «algunos han visto en riesgo sus empleos». Ello es así porque, al estar España inserta en «la economía global,...dejan sentir sus efectos entre nosotros... la crisis que soporta Estados Unidos,...la llamada crisis de liquidez y la escalada de los precios del crudo...y de muchas materias primas y alimentos». Pero esa crisis internacional, americana, no es tal en España. Según Rodríguez Zapatero «la repercusión de la crisis mundial sobre nuestra economía está amortiguada porque nuestro país afronta esta coyuntura... con unos fundamentos económicos robustos». Y, por ello, para nosotros, la situación sólo puede ser caracterizada como de «desaceleración económica».

Hay, por tanto, en el pensamiento del Gobierno y de su Presidente, una clara elusión de la idea de que también la economía española participa de la crisis internacional. No deja de ser curioso que los dos indicadores principales de ello -el imponente déficit por cuenta corriente que, desde hace años, soporta España, y el diferencial de inflación con la zona del euro, que, siendo endémico, además se ha ampliado- son reconocidos por Rodríguez Zapatero como meros «desequilibrios» que no requieren mayor comentario, tal vez porque la complejidad teórica de estos conceptos está fuera de su alcance. Y de ahí se deriva el rechazo a la idea de crisis para afirmar inmediatamente que «el panorama más inmediato para nuestra economía... no es un horizonte prolongado, sino transitorio», por lo que «superado ese paréntesis,... retornaremos a elevadas tasas de crecimiento y reanudaremos con vigor la generación de empleo».

Por tanto, el manejo de la política económica para la actual coyuntura sólo requiere, para el Gobierno, medidas paliativas de corto plazo. Y así se ha anunciado. De lo que se trata es de inyectar liquidez en el sistema en una cuantía próxima a la décima parte del PIB, pues como se anunció en la investidura pueden emplearse «los superávits acumulados en los últimos años (para) absorber el impacto (de) una menor actividad... sin subir impuestos... (y sin) imponer recortes sociales». Los procedimientos por medio de los cuales se efectuará esa aportación de dinero a los ciudadanos se han diseñado para que su incidencia se agote en unos pocos meses. Así, la mitad de la devolución de 400 euros a los contribuyentes del impuesto sobre la renta se gastará seguramente en el verano, y el resto quedará diluido durante el semestre siguiente. Igual ocurre con las ayudas a los parados de larga duración, que tendrán un subsidio de tres meses, o con las ayudas a la movilidad geográfica de los desempleados, que al parecer solo estarán vigentes hasta final de año. Y otro tanto se puede añadir en cuanto al efecto de la supresión del impuesto sobre el patrimonio, con la peculiaridad en este caso de que los 1.800 millones de euros que dejarán de recaudarse se quedarán en los bolsillos de las personas más acaudaladas del país. En definitiva, un número apreciable de ciudadanos experimentará un alivio de sus cuentas; se generará en ellos una cierta ilusión financiera que les impedirá la percepción cabal de los efectos probablemente negativos de la mayor parte de estas medidas, pues, debido a su carácter puntual o no permanente, el aumento de la liquidez se traducirá en un incremento de la demanda frente a una oferta rígida y, en consecuencia, en una aceleración de la inflación.

La ilusión financiera se oculta también detrás de algunas otras de las medidas anunciadas. Es el caso del alargamiento del plazo de devolución de las hipotecas que, aunque no tenga costes de tramitación, sí los tiene en cuanto a la cuantía total de los intereses que acabarán pagando sus titulares, aunque ellos no lo noten porque su recibo mensual disminuya. O el del adelanto en las devoluciones del IVA a las empresas, que en nada va a rebajar la fiscalidad soportada por las transacciones en el mercado. O las ampliaciones en el aval estatal para la titulización de créditos a las empresas pequeñas y medianas y a los promotores inmobiliarios, con el agravante en este último caso que el estímulo a la construcción de nuevas viviendas ampliará el exceso de oferta que, actualmente, caracteriza al sector y que está dando lugar a reducciones en los precios, con el consiguiente efecto negativo sobre el valor de las garantías hipotecarias y, derivado de él, sobre la estabilidad del sistema financiero.

Pero no nos preocupemos, parece decirnos con todo esto el Gobierno, pues todo lo anterior es efímero y pronto volveremos al crecimiento. Y entonces de nuevo pagaremos los mismos impuestos, pues al parecer la deducción de los 400 euros es sólo temporal, y el Presidente ya señaló que la política presupuestaria será «cauta y prudente», pues «seguiremos comprometidos con la estabilidad macroeconómica y fiscal». Y también podremos volver a reacomodar el plazo de nuestras hipotecas. Y ya no harán falta las ayudas a los parados porque tendrán empleo. En ese momento, nos promete Rodríguez Zapatero, tendrá lugar «un cambio (en nuestro) modelo de crecimiento... que nos acercará a los países más avanzados del mundo».

El lector comprenderá, después de todo esto, que la crisis económica está fuera del horizonte conceptual del Presidente, no porque no sea real, sino porque resulta incompatible con el optimismo panglosiano de que hace continuamente gala. Él no ignora los retos -«las dificultades existen», dirá en la conclusión de su discurso de investidura- pero niega la posibilidad de que su política no responda adecuadamente a ellos -«el Gobierno sabrá estar a la altura de las circunstancias», añadirá para concluir que «seremos capaces de afrontar con éxito los contratiempos»-. Está convencido de que, debido a las políticas de I+D, infraestructuras, educación, competencia e igualdad que desarrolló en la anterior legislatura y a las que pretende dar continuidad, España es «un país próspero que genera(la) riqueza duradera que brota de la inteligencia y no de la explotación de la naturaleza, ni de la mano de obra barata; un país próspero y, además, decente, porque distribuye con equilibrio la riqueza que genera». Y, con tal bagaje, en su visión del futuro inmediato no cabe la menor sombra. Es a este tipo singular de gobernantes a los que habría que recordarles permanentemente el alegato del Macbeth de Shakespeare: «Si puedes ver en las semillas del tiempo y decir qué grano germinará y cuál no, entonces háblame».
MIKEL BUESA
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

La amenza terrorista
ETA atenta por segunda vez en sólo tres días contra una sede del PSE
Los terroristas hicieron estallar una bomba junto a la Casa del Pueblo de Elgoibar
J. M. Zuloaga / R. L. Vargas La Razón 21 Abril 2008

Madrid- ETA ha conseguido cometer, en un plazo de tres días, dos atentados contra el mismo tipo de objetivos -sedes del Partido Socialista de Euskadi- y en una misma provincia sin que las Fuerzas de Seguridad, en especial la Ertzaintza, que es la que está desplegada en Vizcaya, hayan podido evitarlo. Quienes se apresuraron a anunciar durante la pasada campaña electoral que la banda estaba derrotada se encuentran ahora con la realidad de una organización criminal que, poco a poco, incrementa la intensidad de sus atentados.

El último atentado ocurría la pasada madrugada en el municipio guipuzcoano de Elgoibar, un ataque que si bien no provocó víctimas mortales o heridos, sí que ocasionó cuantiosos daños materiales. La deflagración afectó al menos a siete u ocho vehículos estacionados en la zona, así como a cristales de ventanas y persianas de edificios colindantes, cuyos vecinos intentaban por la mañana recuperarse del susto que les levantó de sus camas sobre las tres y media de la madrugada.

Una hora antes, a las dos y media, un comunicante anónimo alertaba en nombre de ETA de la colocación del artefacto y de su explosión, a través de una llamada realizada a la Asociación de Ayuda en Carretera (DYA). Inmediatamente, la Ertzaintza se desplazó al lugar donde se preveía que iba a estallar, en la calle Urasandi número 14 de Elgoibar, donde, una vez localizado el paquete sospechoso, acordonaron la zona y desalojaron a los vecinos. Finalmente, la bomba, compuesta por tres kilos de explosivo, estalló donde estaba previsto, frente a la Casa del Pueblo de los socialistas elgoibartarras, sin causar daños personales, pero sí a siete u ocho vehículos debido a la onda expansiva que también rompió varios cristales de los edificios contiguos. Además, varios vecinos tuvieron que ser desalojados de sus hogares, aunque pudieron regresar a sus casas, una vez que se comprobó que no existía riesgo. Los ertzainas advirtieron por megafonía a otros vecinos de que no salieran de sus casas y de que no se acercaran a sus ventanas.

Varias personas que residían cerca del lugar de la explosión reconocieron haber pasado «mucho miedo» ante este nuevo acto de la barbarie terrorista, y un vecino denunció que la actividad de ETA «ya se pasa de la raya» y que «no tiene razón de ser». El hombre aseguró estar «harto de tonterías» y mostró interés por saber «qué opinan ahora» algunos de sus amigos «que son de Herri Batasuna».

Fuentes antiterroristas consultadas por LA RAZÓN creen que la infraestructura de ETA en el País Vasco esta formada por varios «comandos legales» (integrados por individuos no fichados) que han sido creados por «liberados» (fichados). A dos de ellos se refirió ayer el consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, cuando habló de que estaban identificados los autores de los últimos atentados. Jurdan Martitegi y Artkaitz Goicoechea Basabe han sido identificados, por huellas o rastros de ADN, como autores de algunas de las últimas acciones criminales y este último podría ser el que llamó para anunciar la colocación de un coche bomba contra el cuartel de la Guardia Civil de Calahorra, en La Rioja. De ahí a atribuirles la práctica totalidad de los atentados cometidos tras la ruptura del alto el fuego hay un trecho, según las citadas fuentes, que sostienen que la banda terrorista cuenta ya con una estructura de células «legales» no sólo en el País Vasco, sino también en Navarra.

Embrujados por las palabras
Teresa Vargas UPyD-Galicia La Voz 21 Abril 2008

Hablar de derechos se ha convertido en práctica habitual. Otro término muy en boga es el de pluralidad . Asistimos una y otra vez a propagandas repetitivas que pronuncian estas palabras, derecho y pluralidad , cada 30 segundos, esperando encandilarnos con su magia? Y solo si guardamos cierta ingenuidad, el embrujo de estas palabras funciona: pues al oírlas nuestro espíritu se relaja y asiente; pero si hemos perdido ya aquella bella cualidad de la infancia, nos ponemos alerta.

El discurso de la secretaria xeral de Política Lingüística nos es del todo conocido: se empieza afirmando el reto de la «pluralidade» para pasar, mediante el circunloquio de la libertad, a reclamar el derecho a vivir en gallego, derecho que se está viendo pisoteado. Está listo el brebaje mágico, pero antes de tragarlo debemos analizar su composición. ¿De qué obstáculos se está hablando? Porque todos estamos de acuerdo en que cualquiera tiene el derecho a desarrollar sus actividades en un idioma u otro, y, por tanto, debemos velar por el cumplimiento de este derecho. Otra cosa es que, al besar este principio, nos salte la rana y nos veamos obligados a rotular nuestros comercios en gallego, a responder al teléfono en el mismo idioma porque nos obligan, a escolarizar en gallego porque sí, y a cantar la mitad de la fiesta en lo que nos manden. ¡Pues claro que tengo derecho a vivir en gallego!, pero ningún derecho a imponer mi idioma al que me voy cruzando en la tienda, en la verbena y demás, porque si no, salta la rana. ¿Cómo entender estas imposiciones a la par que el respeto a la «plural diferenza»? ¿Su libertad exige «remover obstáculos de todo tipo e natureza»? ¿No será más bien que, allá donde hay pluralidad -y libertad- ustedes ven un obstáculo? Y como quien hace el discurso sabe de su trampa, necesita justificar la imposición lingüística: es fruto de la Lei de Normalización Lingüística «que é mostra do sólido consenso social actual».

Con estas palabras uno ya no sabe quién está hechizado: ¿Consenso social? ¿Pero es que la Secretaría Xeral de Política Lingüística pretende ignorar que el año pasado se recogieron más de 20.400 firmas en contra de la imposición lingüística en la escuela? ¿Ignoran que en Galicia hay un gran movimiento cívico que se manifiesta en contra de esta ley de la que se deducen injerencias injustificables en una democracia plural? ¿Miran hacia otro lado ante la reciente encuesta que demuestra que más del 80% de la población a la que ustedes se deben está a favor de la libertad lingüística, es decir, sin imposiciones? Es hora de que dejen de ocuparse con los problemas que ustedes suscitan e inducen y empiecen a cumplir con su deber: escuchar al pueblo y trabajar para él.

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