AGLI

Recortes de Prensa    Jueves 1 Mayo 2008

Política lingüística
De aquellas leyes, estos lodos
Esta operación se ha practicado en nombre del bien de la otra lengua. Un bien que para estos sacamuelas metidos a cirujanos es superior a los derechos y a la libertad del ciudadano, perversión común a todos los totalitarismos
Cristina Losada Libertad Digital 1 Mayo 2008

Leo que el Gobierno balear se propone extirpar de la Administración autonómica el uso del español como si fuera un quiste maligno y lo que más me sorprende es que no lo arrancaran antes. Pues es ésta una operación en la que llevan delantera otras regiones y que, al igual que ahora en Baleares, se ha practicado en nombre del bien de la otra lengua. Un bien que para estos sacamuelas metidos a cirujanos es superior a los derechos y a la libertad del ciudadano, perversión común a todos los totalitarismos habidos, que no hay abuso ni atrocidad que no hayan cometido en aras de un benéfico fin situado por encima, y tan encima que los aplasta, de los sufridos individuos.

Por el bien del catalán, del gallego, del euskera o del valenciano se han justificado esas costosas intervenciones, pero sólo los políticos aquejados de severa miopía han podido ignorar que el mondongo que cocía bajo la tapadera lingüística era el chop-suey de las pequeñas naciones. Y si lo han visto, como si no. De manera que si la defensa de unas lenguas ha sido el pretexto, el texto lo han puesto aquí y allá las sucursales del partido que dice que España es una gran nación. En Baleares van a aplicar un decreto aprobado por el PP, pero del que su dirigente actual, Rosa Estarás, no se siente responsable. Entonces ella no estaba ahí. Hay quien entra en un partido como va a una cita a ciegas.

"Señorías, hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos", dijo el conde de Romanones. Si el conde fuera hoy nacionalista diría lo mismo: señores del PP, hagan ustedes las leyes y déjennos a nosotros y a los socialistas los reglamentos, que se van a enterar cuando gobernemos de lo que es la "normalización lingüística". Ni bilingüismo armónico ni integrador ni nada, sino puro y duro monolingüismo en todo cuanto roce el dedo de la administración, de momento.

Hace tiempo que en Galicia rigen no pocas de las normas que, en tono autoritario y esperpéntico, quieren imponer en Baleares. Muchos ayuntamientos desterraron hace décadas el español de sus comunicaciones, calles, señales de tráfico y rótulos informativos. Lo mismo ha sucedido en los organismos autonómicos y en la sanidad, aunque se conocen, sobre todo, los efectos en la enseñanza. Socialistas y nacionalistas recibieron, en ese aspecto, una buena herencia de Fraga. A fin de cuentas, la exaltación regionalista es tradición muy conservadora.

En cuanto a la página web del PP gallego, de la que informaba aquí Raúl Vilas, quien esto suscribe nunca la ha visto en los dos idiomas. Es más, en el verano del 2006 me interesé por ese particular asunto y se me dijo que pronto podría consultarse en ambos. Hasta ahora. Claro que también me comunicó un alto dirigente: "Pero si tiene que estar sólo en un idioma, que esté en gallego". Y viva el bilingüismo.
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Al PSOE se le acabaron las excusas
Más preocupante resulta el silencio del PSOE, que tras su triunfo electoral en el País Vasco podría, si fuera su deseo, articular una mayoría autonomista que desalojara a los nacionalistas del poder en las próximas elecciones autonómicas vascas
EDITORIAL Libertad Digital  1 Mayo 2008

La decisión de enviar a prisión a la alcaldesa de Mondragón por colaboración con organización terrorista es motivo de alegría para todos los defensores de la legalidad y del Estado de derecho frente ETA-HB, cuyas franquicias operan libremente en el País Vasco y Navarra a pesar de la suspensión de actividades de ANV, acordada por Garzón el pasado mes de febrero.

A la espera de que medidas como la de ayer se extiendan al resto de ayuntamientos vascos y navarros en los que las filiales de ETA aprovechan su representación para dar aliento a los terroristas, conviene preguntarse si el PNV y el PSE se dejarán de paños calientes y de inútiles "mociones morales" y se decidirán de una vez por todas a plantar cara a los totalitarios. Poco cabe esperar de Ezquerra Batua, aunque tampoco estaría de más que la dirección de IU actuara con la firmeza que cabe esperar de un partido que se dice democrático.

Una vez más, y como viene sucediendo en los últimos en lo que a lucha contra el terrorismo se refiere, el Partido Popular es la única formación política que ha demostrado coherencia y valentía frente a la amenaza que para la libertad de todos constituye la presencia de ANV, PCTV o otras organizaciones similares en la vida política vasca. A este respecto, la labor de Itziar Lamarain, la única concejal popular en Mondragón, así como la de tantos otros ediles del PP nos parece un ejemplo a seguir por muchos tanto en otros partidos como en el suyo propio. En nada ayuda a personas como Lamarain que mientras ellas se la juegan a diario en las calles de sus pueblos y ciudades, desde Madrid se lancen mensajes cuanto menos equívocos sobre la línea que su partido adoptará en esta legislatura.

Aún más preocupante resulta el silencio del PSOE, que tras su triunfo electoral en el País Vasco podría, si fuera su deseo, articular una mayoría autonomista que desalojara a los nacionalistas del poder en las próximas elecciones autonómicas vascas. Sin embargo, hasta la fecha ningún miembro destacado del partido socialista o del Gobierno ha dado muestras de querer iniciar ese cambio de rumbo anunciado durante la campaña electoral por algunos candidatos socialistas. Más bien parece que Rodríguez Zapatero estuviera haciendo justo lo contrario, complacer en todo lo posible al PNV (de ahí las "mociones morales") para evitar a toda costa que los nacionalistas pierdan su abundante cuota de poder en el País Vasco, y de paso asegurarse su apoyo en el Congreso de los Diputados.

Mucho nos tememos que al igual que en la economía, también en la lucha antiterrorista las promesas del presidente del Gobierno equivalgan a papel mojado y que una vez más renuncie a su papel como garante de la legalidad constitucional en todo el territorio nacional. Tras la detención de la alcaldesa de Mondragón, al PSOE y al PSE no les quedan más excusas para retrasar la urgente presentación de mociones de censura en todas las localidades vascas y navarras que cuenten con gobiernos municipales presididos por proetarras. Si es cierto que el infausto "proceso" de Zapatero terminó, ahora es el momento de demostrarlo.

Sin sentido
KEPA AULESTIA El Correo 1 Mayo 2008

La suerte que están corriendo las mociones ideadas por el PNV y aceptadas por el PSE-EE para empujar a ANV fuera de las alcaldías que ostenta en minoría no sólo ha evidenciado la endeblez política del empeño, sino que ésta acaba cuestionando el pretendido carácter 'ético' de la iniciativa. Si quienes calificaron así las mociones entienden por 'ético' un texto que expresa valores democráticos y cuya tramitación debía resultar aleccionadora, parece claro que con las votaciones de Mondragón, Hernani, Bergara y Eskoriatza la ética que se ha impuesto ha sido la del cinismo cómplice y la indiferencia.

Es de suponer que el PNV convenció al PSE-EE de la idoneidad de tan largo recorrido con el argumento de que así irían madurando las condiciones para acabar definitivamente con el descaro que la izquierda abertzale exhibía desde dichas alcaldías. Pero para eso hubiese sido imprescindible que el partido de Urkullu arrastrara con su decisión a Eusko Alkartasuna, a Ezker Batua y a Aralar.

Sin embargo, fue precisamente la indecisión jeltzale la que favoreció desde un inicio la interesada dispersión de voluntades. Dispersión que se vuelve hiriente cuando los votos en contra y las abstenciones son justificados con argumentos que conectan con el discurso de la izquierda abertzale del diálogo preciso para superar el conflicto.

Los dirigentes del PNV alegaron desde un principio que era necesario afrontar el problema con inteligencia. Pero está visto que el enfriamiento de la indignación provocada por el asesinato de Isaías Carrasco y la cobertura brindada por ANV al terrorismo etarra al negarse a condenar dicho crimen no ha aportado mayor sabiduría a los dirigentes democráticos. Si acaso, ha suscitado la lógica impotencia al comprobar que lo que hace un mes quizá pudo hacerse -aprobar una moción de censura contra la alcaldesa de Mondragón- hoy ya no es posible.

Mucho menos cuando Galparsoro es presentada por sus seguidores como víctima de una Justicia que hace el trabajo que los partidos democráticos no logran culminar. No es posible, entre otras causas porque las formaciones que hasta ahora han evitado emplazar a ANV y reprobar su conducta están más pendientes del pleno parlamentario que el lehendakari Ibarretxe parece empeñado en celebrar a finales de junio.

Y el resultado de ese pleno depende de lo que haga la marca de la izquierda abertzale que se sienta en la Cámara vasca. Lo ocurrido con las mociones exigiría poco menos que una investigación para averiguar a quién se le ocurrió realmente proceder por tan lenta vía. Pero llegados a este punto sería democráticamente 'más ético' no presentar ninguna más que continuar por inercia adentrándose en un callejón del que, al final, sea necesario salir marcha atrás.

k.aulestia@diario-elcorreo.com

ETA – Batasuna pierde de nuevo su representación institucional
EDITORIAL Elsemanaldigital 1 Mayo 2008

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dictado auto de prisión incondicional para la alcaldesa de Mondragón, Inocencia Galparsoro. La edil guipuzcoana, elegida en las listas de ANV, habría violado la Ley de Partidos y varios artículos del Código Penal al proseguir las actividades de un partido suspendido por formar parte del entramado de la banda ETA. Galparsoro habría actuado como miembro de ANV, es decir de Batasuna –ETA, y ahora está en la cárcel.

La defensa de la paz pública es la razón de ser del Estado de Derecho. La decisión de Garzón, que ha sido adoptada con todas las garantías procesales para los derechos de la imputada, es digna de la más amplia felicitación, ya que vuelve a definir con claridad dos campos entre los que no caben ni pactos ni componendas: a un lado los terroristas y sus portavoces en la sociedad y en las instituciones, y al otro los defensores de la Constitución democrática.

Garzón ha distinguido cuidadosamente en su auto los derechos individuales de la alcaldesa, como el de expresión, que no son objeto de ningún límite excepcional, e incluso sus atribuciones como miembro de un consistorio elegido legalmente en mayo de 2007. Galparsoro no ha sido enviada a la cárcel por ninguna de esas actividades, sino por haber dado continuidad a la vida de un partido suspendido por terrorismo y pendiente de definitiva ilegalización.

Las felicitaciones por la acción contundente de Garzón no deben empañar el problema de fondo de este caso: Galparsoro es concejala porque el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero permitió que ANV se presentase legalmente a las elecciones municipales de mayo de 2007, y conquistó la alcaldía porque hubo fuerzas políticas democráticas, como el PNV, IU-EB y EA, que lo permitieron pese a las advertencias del PP. Zapatero y sus socios parlamentarios de la primera legislatura rompieron el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo e incumplieron con ANV la Ley de Partidos. Encarcelar a Galparsoro es empezar a corregir aquellos errores, pero es el momento de volver a dejar a ETA sin portavoces en las instituciones. Es una exigencia de salud democrática, y la mejor manera de que Zapatero demuestre sus nuevas prioridades.

¿Volverá Filipinas a hablar español?
BORJA VIVANCO DÍAZ El Correo 1 Mayo 2008

El 1 de mayo de 1898, hoy hace 110 años, la flota española fue completamente destruida por la Armada de Estados Unidos en la batalla de Cavite, a la entrada de la bahía de Manila. Unas semanas más tarde, el desastre se repetiría en la batalla naval de Santiago de Cuba. España, como consecuencia, no tardó en ceder la soberanía de sus últimas posesiones en América Latina y Asia. Tan sólo un pequeño destacamento español, tras hacerse fuerte en una iglesia aislada de Filipinas, siguió combatiendo al enemigo durante varios meses después de firmada la paz, negándose a creer que nuestro país se había rendido a Estados Unidos y renunciado a su soberanía sobre aquel exótico archipiélago.

En la película que narra la truculenta historia, 'Los últimos de Filipinas', uno de los misioneros que acompañaba a los soldados en medio de tal desaguisado escenario, y aceptando que España debía abandonar las islas, intenta consolarse declarando que, al menos, nuestra religión y nuestro idioma permanecerán en el archipiélago. El sacerdote acertó en lo primero y erró, estrepitosamente, en lo segundo. En efecto, Filipinas continúa siendo un país mayoritariamente cristiano; excepción única en Asia junto a Timor Oriental. Quizá las islas Filipinas sean, ahora mismo, la nación más católica del mundo. Pero, en cambio, el español es hoy un idioma que muy pocos filipinos conocen.

Debe advertirse, ante todo, que la lengua española nunca fue de empleo general en Filipinas, si bien la mayoría de los nombres o los apellidos de sus ciudadanos pertenecen a nuestro idioma. En realidad, aunque Filipinas llegó a ser territorio español durante casi cinco siglos, su colonización fue mucho más limitada que en Hispanoamérica. En comparación con aquéllos que abandonaron la península y se instalaron en la América española, quienes emigraron a las islas Filipinas fueron muy pocos. Los misioneros, por su parte, no priorizaron la enseñanza del español entre los habitantes de las islas. De tal modo que si España lloró la pérdida de Cuba y Puerto Rico en 1898, se mostró casi indiferente cuando, en ese mismo año, cedió a Estados Unidos sus posesiones asiáticas; los restos de su imperio.

Al término del siglo XIX, coincidiendo con el fin de la presencia española en Filipinas, nuestra lengua era, básicamente, tan sólo frecuentada en las poblaciones más grandes (Manila, Cebú ) y entre las clases sociales más pudientes. Sin embargo, el líder del nacionalismo filipino, el joven novelista José Rizal, no escribió sus libros -duras críticas a la política colonial- en otro idioma que no fuera el español. Y la mayoría de sus correligionarios nunca tuvieron interés alguno en suprimir el español ni en el sistema educativo ni en el aparato administrativo.

Estados Unidos fue, por consiguiente, el principal culpable de que el español desapareciese paulatinamente, en la primera parte del siglo XX, de las escuelas, las universidades, los medios de comunicación y el entramado gubernamental o judicial. Incluso, en esta época, el empleo de la lengua española era interpretado, por parte de los filipinos, como símbolo de resistencia ante la presencia de Estados Unidos, que no estaba dispuesto a conceder la independencia al archipiélago y quería emprender su propia colonización a través de la imposición, en cualquier espacio, del inglés. Y de hecho, por muy paradójico que resulte, la Edad de Oro de la literatura hispano-filipina emergió justo en el momento en el que la soberanía española concluyó y se prolongó hasta que Estados Unidos se decidió, definitivamente, a arriar su bandera.

A mediados del siglo XX, el idioma español estaba herido de muerte en las islas Filipinas. Las jóvenes generaciones filipinas se desinteresaron del aprendizaje del español y los esfuerzos por hacerlo presente en los programas educativos fueron, desde entonces, mínimos e infructuosos. Hoy en día los filipinos que tienen el español como primera lengua prácticamente han desaparecido. A grandes rasgos, el declive de la lengua española en Filipinas, a favor del inglés, es paralelo al que ha ido aconteciendo en los antiguos territorios españoles del Pacífico. En la alejada isla de Guam, capital del archipiélago olvidado de las Marianas y que fue arrebatada también en 1898 por Estados Unidos, el uso del español ha sucumbido por completo. El español no es ya, por lo tanto, un idioma que podamos decir que se habla en los cinco continentes, a pesar de que sí lo ha sido durante medio milenio.

En la Constitución filipina de 1987, las lenguas oficiales son el tagalo y el inglés, y ambos idiomas canalizan el sistema de enseñanza. Medio siglo de dominio de Estados Unidos parece que ha influido más en el mapa lingüístico del país que más de 450 años de historia española. Pero es evidente que el incentivo del aprendizaje del inglés, por parte de las autoridades filipinas, responde también -como en otros países- al comprensible interés de ofrecer más oportunidades al desarrollo de las relaciones comerciales y al crecimiento económico.

No obstante, es sabido que el idioma español está presente en el tagalo, en otras lenguas nativas o en muy diversos dialectos hablados en multitud de islas del archipiélago filipino. El chabacano es considerado como el dialecto más directo del idioma español. En la citada Constitución, promovida por Corazón Aquino, el uso y el fomento del idioma español se equiparan nada menos que a los del árabe. Por el contrario, la primera Constitución de las islas Filipinas, de 1899, se redactó en español y sólo reconoció la oficialidad de nuestro idioma.

Pero algo parece que está cambiando. La actual presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal, manifestó su intención de devolver la oficialidad a la lengua española y de normalizar su enseñanza en las escuelas. El Gobierno español reaccionó con su compromiso de enviar a más profesores y más recursos didácticos. La presidenta no sólo conoce y habla el idioma con soltura, sino que además pertenece a la Academia Filipina de la Lengua Española. Si así sucediese, la oficialidad del español no debería interpretarse desde una óptica puramente cultural, es decir, como un mero intento de recuperar o completar el patrimonio, la historia o la identidad de las islas Filipinas. Al igual que ocurrió cuando el inglés se convirtió en idioma oficial, esta decisión estaría también motivada, en parte, por intereses de corte económico, que buscarían facilitar las relaciones mercantiles de las islas y, sobre todo, con América Latina. El comercio entre América y Filipinas se remonta al siglo XVI, unos cuarenta años después de que Fernando Magallanes avistara por primera vez el archipiélago, capitaneando la expedición que iba a dar la primera vuelta al mundo. Desde 1565, una o dos veces año, el conocido como Galeón de Manila recorría la ruta desde las Filipinas hasta México.

España debe apoyar, con todos sus medios, la oficialidad, la enseñanza y la divulgación de nuestro idioma en las islas Filipinas, a través no sólo de las relaciones bilaterales o el 'lobby' político, sino también por medio de instituciones como la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) o el Instituto Cervantes. Los países de América Latina deben colaborar también en ello. Así, contribuiremos a que el mundo global no prescinda del idioma que hablamos.

EN DEFENSA DE LAS LIBERTADES Y LA LENGUA OFICIAL
Rosa Díez presentará una batería de preguntas al Gobierno sobre la imposición del catalán en Baleares
Agencias Libertad Digital 1 Mayo 2008

La diputada del UPyD en el Congreso, Rosa Díez, presentará una serie de iniciativas parlamentarias para conocer qué medidas tiene previstas el Gobierno para "impedir la discriminación por razones lingüísticas" que conlleva la campaña de imposición de la lengua catalana que pretende impulsar el Gobierno balear. Desde el PP, Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado que presentarán una iniciativa que defiende el "bilingüismo integrador", aunque no se refiere en concreto a Baleares.

Concretamente, Díez ha presentado una batería de preguntas parlamentarias al Ejecutivo para conocer su opinión sobre las propuestas del Gobierno balear de imponer el uso de la lengua catalana en la administración autonómica, y que en su opinión pretende "relativizar" el decreto autonómico de 1990 sobre el uso de las lenguas cooficiales en la comunidad.

La diputada en el Congreso solicita al Gobierno qué medidas pretende emprender para "impedir la discriminación lingüística", que supone el decreto balear, habida cuenta de que la "misión principal" del Estado es la defensa de la integridad de la Constitución así como la vigilancia efectiva de los derechos y obligaciones que recoge la máxima norma del ordenamiento jurídico nacional.

Por ello, Díez entiende que con esta medida impulsada por el Gobierno balear se aspira a erradicar el bilingüismo en las administraciones públicas y de las relaciones de los ciudadanos de Baleares, incluidos servicios básicos como la sanidad y la educación. Por tanto, recuerda que la Constitución declara al castellano como lengua oficial y se reconoce la cooficialidad de la lenguas autonómicas en el artículo 3.3 de la constitución, que prevé incluso su especial protección.

No obstante, también argumenta en un comunicado que "especial protección" no puede interpretarse como la "exclusión" de castellano del espacio público, que en su opinión es el "objetivo último" de la política de normalización lingüística que pretende sustituir el bilingüismo existente por el "anormal modelo de diseño que discrimina la lengua común y convierte a la lengua local en la única del poder político".

Ante lo cual, también interrogará al Gobierno para conocer si piensa emprender medidas para asegurar la vigencia en Baleares del derecho constitucional al uso del castellano y las iniciativas para impedir que éste sea apartado de la administración balear a través del citado decreto.

Para UPyD, aunque el "objetivo oficial" de dicha campaña sea la de promover el catalán en las islas, la formación política entiende que la lectura del documento muestra que su finalidad es la "expulsión del castellano" del espacio público insular, por lo que ha decidido elevar esta serie de iniciativas parlamentarias en el seno del Congreso.

El PP presenta una iniciativa que defiende el "bilingüismo integrador"
El Grupo Popular quiere llevar el próximo 13 de mayo al Pleno del Congreso, el primero que se desarrollará con el formato habitual, una proposición no de ley para que el Gobierno se comprometa a garantizar la igualdad de los españoles en el uso de las lenguas, en la distribución de los recursos naturales y en las prestaciones sociales, con independencia de la comunidad autónoma en la que residan.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz del grupo parlamentario, Soraya Sáenz de Santamaría, avanzó que los populares han registrado hoy mismo esta iniciativa en la que instan al Ejecutivo a comprometerse a tratar "en condiciones de igualdad" a todos los españoles a la hora de elegir la lengua en la que sus hijos cursan sus estudios o en la que prefieren para desarrollar su actividad profesional.

La dirigente popular valoró como esencial que el Ejecutivo sea capaz de comprometerse a garantizar a los españoles "el principio de igualdad y libertad" a la hora de elegir su lengua con independencia de la región en la que trabajen, transiten o residan. "En las comunidades autónomas con lengua propia defendemos un bilingüismo integrador que ponga por delante de otras cosas la libertad a la hora de elegir la lengua", remarcó la portavoz de los 'populares' en el Congreso.

En concreto, y haciendo referencia a la pretensión de que el Gobierno balear de que todos los funcionarios del Estado conozcan el catalán para atender a los ciudadanos de las islas, Sáenz de Santamaría aseguró que esta iniciativa busca también garantizar la igualdad de los funcionarios y de quien quiera acceder a la función pública con independencia de la lengua que empleen.

LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA A DEBATE
PSE y PP aplauden al Consejo Asesor del Euskera y exigen cambios en Educación
La oposición cree que la ponencia de expertos que alerta de los peligros de imponer una lengua les «da la razón»
M. JOSÉ TOMÉ m.j.tome@diario-elcorreo.com El Correo 1 Mayo 2008

El documento base de política lingüística elaborado por el Consejo Asesor del Euskera, que aboga por el consenso y alerta del peligro de imponer un idioma, ha sido recibido «con gran satisfacción» por los partidos de la oposición al tripartito vasco. Tanto el PSE como el PP ven en la ponencia «una clara ratificación de sus argumentos» y un «toque de atención» al Departamento de Educación, en manos de EA, que apuesta por la euskaldunización «por la vía de la imposición y del decreto». Un «cambio de rumbo» promovido desde la consejería de Cultura, dirigida por el PNV, que para ambos partidos debería traducirse en «una rectificación de la política de máximos» aplicada hasta ahora en la enseñanza o la función pública.

Portavoces del PP y PSE, formaciones que han sido especialmente beligerantes con el currículum educativo o la valoración de los perfiles lingüísticos en las oposiciones a la Administración, alabaron el «esfuerzo de autocrítica» que contiene el documento presentado el martes por el viceconsejero Patxi Baztarrika. En un momento de intenso debate sobre la libertad de elección lingüística a raíz de la prevista desaparición del modelo A, las dos formaciones interpretan como un «espaldarazo» una ponencia que considera «inaceptable» obligar a estudiar una lengua y advierte del riesgo de ruptura de la cohesión social si no se aprueban los cambios con un amplio consenso. En su opinión, estos planteamientos constituyen una «más que evidente» desautorización de la política educativa de consejero Tontxu Campos que aprobó por decreto el currículum vasco.

«Grandes acuerdos»
«Sobre esa base de sensatez y racionalidad sí podemos avanzar», aseguró la parlamentaria socialista Isabel Celaá, que ve en el documento un punto de partida para «reconquistar» los acuerdos lingüísticos mayoritarios que hicieron posible la Ley de Normalización del uso del euskera en 1982 y la Ley de la Escuela Pública Vasca de 1993. La responsable del PSE de políticas sociales y sectoriales se congratuló ante el planteamiento realizado por el Consejo Asesor del Euskera que, en su opinión, «ha tenido en cuenta lo que nosotros hemos dicho». «Si podemos vincular las leyes a las necesidades reales, podemos avanzar en política lingüística sobre la base de la no imposición y el consenso», subrayó.

A juicio de Celaá, el documento contiene «una clarísima advertencia» al Gobierno. «Algo se está moviendo hacia la senda del diálogo», se congratuló la parlamentaria, que expresó el compromiso de su partido para llegar a acuerdos «siempre y cuando haya voluntad». «Espero que este mismo espíritu llegue hasta el Departamento de Educación», confió.

También el PP pidió al Ejecutivo autonómico que «tome nota» y «rectifique su línea de imposición», que es «incompatible» con la reflexión del Consejo Asesor del Euskera. Su portavoz, Leopoldo Barreda, lamentó que «muchos de los perjuicios causados que ahora se empiezan a reconocer serán difícilmente reversibles».

«Es necesario -reclamó- que esta reflexión se traduzca en una rectificación, y en modificaciones legislativas respecto a la exigencia del euskera en las oposiciones y en la función pública y respecto a la política lingüística en la Educación, donde el euskera se impone como lengua vehicular en el currículum que el Departamento ha aprobado vía decreto». «Nos dan la razón en muchas cosas. Ahora, es momento de rectificar», apostilló Iñaki Oyarzabal.

El secretario general de CC OO Irakaskuntza, Javier Nogales, valoró en similares términos la «posición de equilibrio» de la viceconsejería de Política Lingüística, una postura «mucho más inteligente que la demostrada desde los departamentos de Educación o Sanidad». «Es necesario aparcar el militarismo y reeditar los grandes acuerdos para cambiar las leyes, que es lo que necesita el euskera», dijo Nogales, para quien el «meollo» de la revitalización de la lengua vasca reside en «buscar la complicidad, la empatía y no el rechazo hacia políticas impositivas».

Pese a las evidentes referencias críticas que la ponencia contiene hacia la política impulsada desde la consejería de Educación, ningún responsable del Departamento quiso entrar a valorar el documento. Un portavoz de Tontxu Campos, que estos días visita Boston (EE UU) junto a una delegación de parlamentarios vascos, descartó, eso sí, que la ponencia suponga «desautorización alguna» a la gestión del responsable de EA en materia lingüística.

Partidos
El PP exigirá al Gobierno en el Congreso que garantice el uso del castellano
C. Morodo La Razón 1 Mayo 2008

La defensa de la igualdad real y efectiva entre los españoles es el objeto de una proposición no de ley que el PP ha registrado en el Congreso para su debate en Pleno. Se suma a la batería de medidas económicas y sociales ya presentadas. La propuesta insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los principios constitucionales que la defienden. Los problemas de desigualdades, según los populares, no se arreglan con un Ministerio y con marketing, sino con políticas transversales desde todas las carteras.

La igualdad fue uno de los ejes del programa con el que Mariano Rajoy se presentó a las elecciones. En el texto de la proposición no de ley que se someterá al Plenario de la Cámara se insta al Gobierno, como adelantó este periódico, a actuar contra el acoso que está sufriendo el castellano en comunidades como Cataluña o Baleares. «Todos los ciudadanos tienen derecho a utilizar y estudiar en castellano en todas las etapas del sistema educativo, garantizando un bilingüismo equilibrador e integrador en las comunidades que tengan lengua cooficial, de tal modo que la lengua sea un instrumento de libertad y solidaridad al servicio de las personas y nunca una fuente de desigualdades», se señala en el texto.

Los populares también defienden, y quieren que el Gobierno se posicione al respecto en la sede de la soberanía popular, el principio de que todos los españoles tienen que tener acceso a la Función Pública en condiciones de igualdad, sin que el conocimiento de la lengua cooficial en las comunidades en que la misma exista sea un mérito determinante del acceso a los puestos de trabajo.

Por último, la iniciativa abandera el principio de que no haya diferencias económicas o sociales entre los españoles en función de la comunidad en la que residen. Esto afecta al cuadro de derechos de protección social, pero también al acceso a recursos naturales esenciales como el agua.

Por otra parte, la dirección del grupo parlamentario estudia si sanciona a la diputada por Zaragoza Luisa Fernanda Rudi por romper la disciplina de voto, optando por la abstención, ante el decreto-ley que garantiza el suministro de agua para la ciudad de Barcelona.

Gloria Lago: "No decimos que el castellano esté en peligro; decimos que está en peligro la libertad de usarlo"
Francisco Galván Periodista Digital 1 Mayo 2008

.-El acoso al español es ya de órdago. Galicia Bilingüe es una asociación que se creó para defender la libertad de utilizar la lengua que se prefiera en Galicia y luchar contra la imposición lingüística del gallego. Gloria Lago es su presidenta. Tiene estadísticas de que un 85% de los gallegos piensan como ellos. Se muestra muy molesta con Touriño por no condenar algunos de los ataques recibidos por parte de los radicales nacionalistas y dice que su asociación “está por encima de siglas de partidos”.

Ustedes acaban de publicar una encuesta que demuestra que los gallegos rechazan la imposición lingüística. ¿Qué fue lo que llevó a Galicia Bilingüe a hacer la encuesta?

Nosotros la hicimos para informarnos, percibíamos en la calle cuando estábamos recogiendo firmas para nuestro manifiesto, que una inmensa mayoría de gente cuando le informábamos de nuestro manifiesto firmaban, la verdad que un 80% o 90% de la gente. Y por otra parte como había muchas encuestas hechas por la administración, pero eran encuestas que se centraban sobretodo en el idioma, lo que se intentaba era averiguar en qué grado se utilizaba el gallego y en qué circunstancias.

Nosotros lo que queríamos era centrarnos en las personas, para saber hasta qué punto la política lingüística llevada por la Xunta era aceptada por las personas. Nosotros somos una asociación que vive de sus propios recursos, no recibe ningún tipo de subvención y para nosotros supuso un reto económico importante. Queríamos hacer algo contundente y por eso le encargamos la encuesta a una empresa de mucho prestigio de Galicia, realizamos un muestreo de 800 personas, que solamente para Galicia es mucho, y queríamos hacer preguntas claras y el resultado no nos sorprendió, porque era lo que percibíamos en ese momento.

Más de un 80% quiere que sean los padres quién decida en qué lengua quiere que estudie su hijo, y sólo un 12% de los gallegos estaban de acuerdo en que solo la lengua gallega apareciera en las carreteras, en organismos públicos… La mayoría de los gallegos quieren lo que pedimos nosotros, que se refleje la realidad bilingüe de Galicia y que aparezca todo en los dos idiomas oficiales. En cuanto a las subvenciones también coinciden con lo que pedimos nosotros, y es que se subvencione el uso del galleo, pero siempre cuando eso no suponga una vulneración de los derechos que tienen las personas en utilizar la lengua que quieran.

¿Es que los medios distorsionan la realidad del conflicto lingüístico?

Creo que los medios en Galicia, en este momento, se ha creado un enorme debate, creo que gracias a nuestra asociación. Pero teniendo en cuenta que la cultura en Galicia está en manos de un sector determinado, los artículos de opinión en los periódicos yo creo que no reflejan la realidad de la calle. En este momento somos víctimas de una campaña de acoso a través de artículos de opinión, también hay articulistas que opinan a nuestro favor, cada vez más, pero es el sector de la intelectualidad gallega, lo que hacen en cierto modo es difamarnos, porque pervierten nuestro mensaje, dicen que nosotros lo que queremos demostrar es que el castellano está en peligro, y nosotros no decimos eso, decimos que está en peligro la libertad de los gallegos para poder utilizarlo, y la libertad de los padres para elegir la lengua de escolarización de sus hijos.

Lo que estamos percibiendo es que hay un cierto divorcio entre la opinión pública y la opinión de la calle. A nosotros nos está costando mucho llegar a los lectores, nosotros ahora somos aludidos indirectamente, antes era de forma directa y teníamos nuestro derecho a réplica, pero ahora no. La verdad es que es terrible, estamos sorprendidos del poder que hay detrás de la imposición lingüística, de todo el dinero que se mueve. Es un mundo muy complicado. Pero nosotros vamos a continuar, porque estamos convencido que una mayoría de los gallegos está con nosotros. Ya tenemos casi 70.000 firmas.

¿Cómo puede ser que en una comunidad que tenía la suerte de entenderse en dos idiomas ahora haya un conflicto social? ¿Qué responsabilidad le cabe a los políticos?

Es un problema que viene de atrás. Antes había un cierto complejo, y ganas de desagraviar a los hablantes de gallego. Durante la época de la dictadura los chicos no podían estudiar en Gallego y eso es muy injusto. Nosotros lo que queremos es que sí lo puedan hacer, pero que no vulneren los derechos de los otros chicos que quieran estudiar en castellano. Esto fue creciendo y se creo una ley por el PP de normalización lingüística, y esta ley tenía términos muy ambiguos como fomento, promoción, y eso ahora se está utilizando por el gobierno de la Xunta para convertirlo en obligación, imposición… y ese es el problema. Nosotros creemos que hay que cambiar la ley de normalización. Galicia tiene que dotarse de una legislación moderna que regule el uso lingüístico pero sin que se convierta su uso en una obligación.

El decreto del 50% impulsado por la Xunta ( la obligatoriedad de que al menos el 50% se impartan en gallego) iba a ser apoyado por el PP gallego hasta que ustedes presentaron 20 mil firmas hace un año y Feijóo echó el freno. ¿El PP de Galicia tiene una política lingüística clara o se deja llevar por lo que dice la calle?

El apoyo que en un principio habían dado al decreto, luego no fue tal. Necesitamos que se aclaren un poco, cuando se oye hablar de 50%... nosotros lo que queremos es que se aplique en Galicia y en el resto de comunidades autónomas con más de una lengua oficial lo mismo que sucede en otros países, y eso no es vulnerar los derechos de nadie, ni desprestigiar ninguna lengua.

En Irlanda, Gales y otros países que han suscrito la Carta Europea de Lenguas Minoritarias en los mismos términos que España, so ofrece la posibilidad de estudiar los dos idiomas, pero nunca imponiéndolo. Y nosotros lo que queremos es que todos los políticos se den cuenta de que esto es lo más sensato, y que además no se promociona una lengua de esta manera, porque estamos notando cierto rechazo por parte de un sector de la sociedad, y esto no es bueno. Porque en nuestra asociación también hay gallegohablantes pero que no están de acuerdo con la imposición.

Sería bueno que el PP se diera cuenta de que esto es así, y de que nos tenemos que convertir en una sociedad moderna. Creo que la percepción que tienen los políticos de la calle es algo distorsionada y en ese sentido nosotros creo que estamos más en contacto con la calle, porque incluso en las zonas rurales que se habla mayoritariamente en gallego, hay muchos padres que nos dicen que querrían una vía mixta para sus hijos, porque es verdad que hay muchos niños en la Galicia rural que les cuesta expresarse en castellano y los padres saben que eso tampoco es bueno para su formación. Lo que nosotros queremos es que se den cuenta de que lo que nosotros pedimos no es un predominio del castellano, lo que pedimos es una libertad para poder utilizar los dos de una manera sensata. Porque lo que está ocurriendo ahora no es sensato. Como el multar a las personas que no rotulen en gallego, eso son disparates.

Ustedes recorrieron en un autobús casi toda Galicia pidiendo libertad lingüística. Varios ayuntamientos les negaron el acceso y fueron objeto de decenas de agresiones por parte de los radicales nacionalistas. ¿Qué opina cuando escucha voces desde el Gobierno diciendo que el castellano no está siendo perseguido?

El castellano no está siendo perseguido, estamos siendo perseguidos los que lo queremos hablar. Y ese es el problema. A mí personalmente me dolió mucho la actitud del presidente Touriño cuando estábamos siendo objeto de todos esos ataques, en algún momento llegó a decir que no condenaba esos ataques porque provenían de sectores radicales próximas al PP y a mí eso me dolió porque nosotros tenemos muchos socios del PSOE. Esta asociación está por encima de siglas de partidos.

¿Ustedes proponen separar a los alumnos por aulas entre quienes hablan gallego y quienes lo hacen en castellano?

De alguna manera habrá que hacer algo así. Lo que habrá que hacer es un estudio a fondo para ver como se aplica en otros países.

¿Cuál es la diferencia entre su asociación y la Mesa por la Libertad Lingüística?¿Por qué hay dos asociaciones para defender el castellano en Galicia y no solamente una?

La Mesa para la Libertad Lingüística es una asociación más pequeña, la verdad es que no tengo muchas noticias porque estamos trabajando a un ritmo muy intenso.

Nosotros no defendemos el castellano, defendemos los derechos de los hablantes. No sé por qué hay dos, antes había más... Nosotros surgimos este verano y nos está yendo muy bien. De todas maneras todo lo que sea trabajar en este sentido me parece muy positivo.

SEGÚN PROFESIONALES POR LA ÉTICA
El TSJA "ha restablecido un derecho constitucional que nos quería quitar Zapatero"
La última sentencia del TSJA que anula parte de Educación para la Ciudadanía por ser "incompatible" con la "neutralidad del Estado" ha dado alas a los miles de padres objetores. De este modo, Leonor Tamayo, de Profesionales por la Ética, ha asegurado en La Mañana de COPE que se "ha restablecido un derecho constitucional que nos quería quitar el Gobierno de Zapatero" por lo que acusó al Ejecutivo de "invadir la autoridad de los padres". Tamayo no ahorró criticas al PP y les exigió a que "respeten la decisión de los padres" y que "cumplan con su palabra".
Libertad Digital 1 Mayo 2008

Los padres objetores de Educación para la Ciudadanía están contentos y esperanzados tras la nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha anulado parte de la polémica asignatura por ser "incompatible" con la "neutralidad del Estado".

De este modo, Leonor Tamayo, miembro de Profesionales por la Ética, ha asegurado que se "ha restablecido un derecho constitucional que nos quería quitar el Gobierno de Zapatero". En este sentido, acusó al Ejecutivo por "invadir la autoridad de los padres" y recordó el gran movimiento cívico que se ha producido contra EpC ya que "nos revelamos contra el Estado que quiere decidir la educación moral de nuestros hijos".

Para los padres objetores, el dictamen del Tribunal es una gran noticia debido a que "la sentencia dice que al Estado le corresponde una serie de cosas y a los padres otras". No es tanto tema de contenidos sino intromisión del Gobierno en algo de los padres", sentenció Tamayo. Por ello, subrayó que "cada uno tiene que estar en su sitio y no interferir en las cosas de otras" porque "es una invasión ilícita en el papel de los padres".

Leonor Tamayo no ahorrado tampoco críticas al Partido Popular, que se encuentra a la deriva con su nueva forma de oposición "simpática", y le ha exigido que "respete la decisión de los padres". De este modo, ha instado a los populares a que "respete lo que dice la Constitución y que cumpla con su palabra que dio hace un año de que apoyaría a los padres". "Ahora en La Rioja o en Castilla y León no hacen eso", subrayó.

La madre objetora pidió, por tanto, "unanimidad en el criterio" ya que "cada comunidad dice una cosa". Para ello, puso el ejemplo de varias autonomías gobernadas por los populares y dijo que "Valencia dice una cosa distinta a Madrid porque en Valencia no se opta por la objeción sino por aceptar la asignatura de otra forma.

Defensores del castellano denuncian a un grupo que reventó su protesta
La Opinión 1 Mayo 2008

Algunos jóvenes heridos en la carga policial denunciaron a los agentes por un presunto delito de lesiones. Los lesionados no tenían permiso para celebrar su concentración.

MARÍA PARDO. A CORUÑA. El enfrentamiento entre los defensores del castellano y del gallego que acabó con una carga policial en el Obelisco el pasado viernes 8 de febrero ha llegado a los juzgados. Por el momento, el Juzgado de Instrucción número 7, que estaba de guardia ese día, ha recibido seis denuncias que se unirán en un mismo procedimiento.

Algunos de los jóvenes heridos en la carga han presentado parte médico de las lesiones que les produjeron los porrazos y han denunciado a los agentes por un presunto delito de lesiones. Los afectados sostienen que los policías no advirtieron de que iban a cargar, como establece el protocolo de actuación para estos casos. Según los partes de los jóvenes convocados por SMS para reventar la concentración de los que protestaban contra lo que consideran una "imposición del gallego en las aulas", presentaban moratones en los antebrazos o en la espalda.

Los denunciantes serán llamados a declarar para que expliquen en qué circunstancias se llevó a cabo la carga y si es cierto que increparon a las personas que convocaron la concentración en el Obelisco. En caso de que la juez considere que la actuación policial no estuvo justificada, imputará a los agentes, que también tendrán que declarar, aunque es posible que no pasen por los juzgados si la magistrada entiende que cargaron para garantizar el derecho de la Mesa por la Libertad Lingüística a llevar a cabo su protesta, la única de las dos que contaba con autorización.

Al Juzgado de Instrucción número 7 también han llegado denuncias de miembros de la Mesa, que acusan a los contramanifestantes de un delito de coacciones, ya que consideran que les coartaron su derecho a participar en una concentración para la que habían pedido permiso. Por esta denuncia, los jóvenes que trataron de reventar la protesta de los defensores del castellano podrán ser llamados a declarar como imputados. Si se demuestra que son culpables de una coacción, serán condenados a una multa o incluso a penas de cárcel que van de los tres meses a los seis años.

Educación
La Justicia tumba los contenidos polémicos de EpC en Andalucía
ElTSJ andaluz cree que «la instrucción de los niños no puede estar orientada por el Estado ideológicamente».
Rocío Ruiz La Razón 1 Mayo 2008

madrid- Los contenidos de los manuales de la asignatura de Educación para la Ciudadanía que estudian los jóvenes andaluces de Primaria y Secundaria suponen una «invasión ilícita» en la ética, el derecho y la moral. Y no sólo eso, «sobrepasan lo que es una enseñanza teórica y práctica de los principios democráticos de convivencia y vulneran el principio de neutralidad ideológica de los poderes públicos». Así lo cree el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una sentencia sin precedentes que da la razón, en parte, a cinco padres objetores que recurrieron el contenido de la asignatura porque consideraban que «imponía la ideología de género», y que su carácter obligatorio vulneraba los derechos fundamentales a la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos.

La sentencia del Alto Tribunal andaluz suprime algunos términos como «ideología de género», porque la expresión no puede ser sustituida por otra o interpretada como si se tratara de «orientación sexual». También declara nula la expresión «diversas opciones vitales» porque entiende que son los padres los que tienen el derecho de educar a sus hijos en la concepción de sexualidad que resulte conforme a sus convicciones. Y lo mismo ocurre cuando se habla de la «construcción de la identidad», porque dado que ésta es «una tarea compleja, es necesario que la contribución de la escuela en este proceso huya de la simplificación y de los enfoques esencialistas para asumir una perspectiva compleja y crítica».

Sin embargo, el Alto Tribunal salva la referencia que hacen los textos a las «células madre» porque no deja de ser una expresión de «manifiesta inocuidad moral o ideológica». Lo mismo que las referencias a la clonación o la biotecnología.

En definitiva, los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior andaluz creen que los contenidos vulneran los derechos fundamentales de los padres ya que, al ser una asignatura obligatoria y «dirigida explícitamente a la formación moral de los alumnos, violenta la libertad ideológica y religiosa de las personas y al mismo tiempo el pluralismo político, constituido como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico». La sentencia incluye los votos particulares de dos de los cinco magistrados de lo Contencioso-Administrativo porque entienden que la asignatura «sólo pretende transmitir los valores que inspiran nuestra Constitución» y, por ello, la consideran legal. Además, sostienen que la asignatura defiende «los valores que inspiran la convivencia en una sociedad democrática».

Sostienen a su vez que la libertad ideológica y religiosa del recurrente no puede llevar a que pueda determinar conforme a sus creencias el contenido o modelo del sistema educativo».

El fallo también establece que, una vez que la resolución judicial sea firme, será el propio Tribunal Supremo el que decida sobre la cuestión de «ilegalidad» de los reales decretos que afectan a la puesta en marcha de la asignatura con lo que deja ver que es el Supremo quien tiene la última palabra sobre la implantación de la asignatura.

La Junta recurrirá
El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte consideró que la sentencia del TSJA no afecta a la Ley Orgánica de Educación, ni a la obligatoriedad de la asignatura. Además, fuentes ministeriales consultadas por Efe manifestaron que el departamento que dirige la ministra Mercedes Cabrera apoyará cuantas acciones lleve a cabo la Junta de Andalucía en relación con esta cuestión.

En un sentido similar se pronunció la Junta de Andalucía quien manifestó que la sentencia que ha anulado los contenidos de género de la asignatura Educación para la Ciudadanía «se refiere sólo a dos expresiones y a un párrafo» sobre una norma de 66 folios y que «no afecta en modo alguno a la obligatoriedad» de la materia. No obstante, ya ha anunciado que la recurrirá.

«El fallo evidencia el tinte ideológico y adoctrinador de la asignatura»
Paco Rodríguez La Razón 1 Mayo 2008

MADRID- La sentencia del tribunal andaluz tuvo una buena acogida entre las asociaciones que defienden la objeción a la asignatura pero solicitan que se tomen medidas drásticas. El coordinador de la Asesoría jurídica de Profesionales por la Ética, José Luis Bazán, recalcó que con «esta sentencia se ha puesto en evidencia el carácter adoctrinador de la asignatura».

«El Ministerio debe rectificar, retirar Educación para la Ciudadanía o, al menos, cesar en su afán adoctrinador, expulsar del sistema educativo cualquier planteamiento ideológico y asegurar la libertad educativa de los padres», afirmó.

Para Profesionales por la Ética, «esta sentencia ha torpedeado en su línea de flotación el esfuerzo adoctrinador del Estado que pretende imponer, mediante ideología de género, un modo de entender la persona y la familia completamente inaceptable para buena parte de nuestra sociedad».

«Al mismo tiempo –añadió– es una llamada de atención a las administraciones educativas para que dejen de lado las pretensiones impositivas del activismo homosexual y presten atención a la libertad educativa de los padres».

Límites constitucionales
Uno de los cinco padres que presentó la denuncia, Miguel Gómez, aseguró que esta decisión «avala nuestros planteamientos y favorece el movimiento de padres que lucha para que la educación de nuestros hijos no vaya más allá de lo que marca la Constitución». «Ahora, instó, le toca a las administraciones revisar los contenidos y los objetivos en los que les han prohibido entrar». Por ello, el abogado que ha llevado el caso, Carlos Seco, dijo que, ahora, «deberíamos sentarnos a negociar con las instituciones para intentar llegar a un acuerdo que sea del gusto de todos».

En la misma línea se manifestó Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia: «La sentencia reconoce que la asignatura tiene una carga ideológica incompatible con los preceptos constitucionales». En el siglo XXI es impensable que se intente formar la conciencia moral de los escolares».

«Vulneran el principio de neutralidad ideológica de los poderes públicos»
La Justicia andaluza anula contenidos de Educación para la Ciudadanía por «invadir» la moral
Efe - Sevilla La Razón 1 Mayo 2008

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el desarrollo en esta comunidad de los contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) referidos a ideología de género, homosexualidad y opciones vitales, que cree una «ilícita invasión» en la ética, el derecho y la moral.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, a la que tuvo acceso Efe, considera que esos contenidos anulados «sobrepasan lo que es una enseñanza teórica y práctica de los principios democráticos de convivencia» y «vulneran el principio de neutralidad ideológica de los poderes públicos».

Entre otros, anula las referencias de la asignatura a la ideología de género, a la «actitud crítica ante estereotipos homófobos», a fomentar el respeto a las «diversas opciones vitales» al rechazo a «cualquier discriminación por razón de género» y a que la escuela debe «huir de una simplificación en la definición de las identidades».

Al considerar que la anulación de estos contenidos puede afectar al desarrollo estatal de EpC, la sentencia acuerda plantear una cuestión de ilegalidad al Tribunal Supremo para que resuelva sobre los Reales Decretos nacionales que definieron los contenidos de la asignatura.

La sentencia ha sido emitida por el pleno de la sección de lo Contencioso del TSJA con sede en Sevilla y contiene los votos particulares de dos de sus cinco magistrados, que creen que la asignatura «sólo pretende transmitir los valores que inspiran nuestra Constitución», y por lo tanto es totalmente legal.

Sostienen en su voto discrepante que EpC defiende «los valores que inspiran la convivencia en una sociedad democrática» y que «la libertad ideológica y religiosa del recurrente no puede llevar a que pueda determinar, conforme a sus creencias, el contenido o modelo del sistema educativo».

Este voto particular está firmado por los magistrados Eloy Méndez Martínez y Rafael Sánchez Jiménez, que al ser el ponente original del asunto ha tenido que abstenerse de redactar la sentencia.

El fallo, por otra parte, sostiene que EpC es constitucional en otras materias como sus referencias a la clonación, biotecnología o investigación con células madre, que «al no saberse si son adultas o embrionarias, no deja de ser una expresión de manifiesta inocuidad moral o ideológica».

En cuanto a los contenidos anulados, los magistrados entienden que vulneran los derechos fundamentales de los padres, pues al ser una asignatura obligatoria y «dirigida explícitamente a la formación moral de los alumnos, violenta la libertad ideológica y religiosa de las personas y al mismo tiempo el pluralismo político, constituido como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico».

Tal vulneración deriva del hecho de ser una materia «transversal» de las demás asignaturas y que «los centros docentes, en su autonomía, solo pueden desarrollar y completar pero, desde luego, sin vulnerar» la normativa que la desarrolla.

El recurso fue presentado por cinco padres sevillanos encabezados por los hermanos Manuel y Carlos Seco Gordillo, ambos militantes del PP, y, respectivamente, ex diputado nacional y concejal en un municipio sevillano, y hasta ahora, como anticipo de este fallo, el TSJA ha permitido a varias decenas de padres andaluces objetar para que sus hijos no reciban las clases ni sean evaluados.

La Fiscalía de Sevilla, que al igual que la Abogacía del Estado se opuso al recurso, ha anunciado a Efe que recurrirá este fallo.

dos en san sebastián y una en arrigorriaga
ETA marca el 1 de Mayo con tres bombas contra organismos de trabajo en Guipúzcoa y Vizcaya
En el intervalo de media hora, la banda terrorista ataca contra un pabellón de la Seguridad Social en Arrigorriaga y la sede de Osalan en San Sebastián, sin dejar heridos
AGENCIAS MADRID El Correo 1 Mayo 2008

ETA ha querido marcar el 1 de Mayo, Día del Trabajador, con tres bombas: una contra la sede del Ministerio del Trabajo en el polígono industrial de Arrigorriaga y dos en San Sebastián contra la sede del Instituto Vasco de seguridad y salud laboral (OSALAN). La banda terrorista responde de esta forma al ingreso en prisión por orden de Garzón de la alcaldesa de Mondragón.

La primera explosión, de la que no hubo previo aviso, se ha producido en un pabellón industrial propiedad del Ministerio de Trabajo en la localidad vizcaína de Arrigorriaga hacia las 24.00 horas y ha causado importantes daños en el local y en los vehículos estacionados en su interior.

Casi al mismo tiempo, dos artefactos han hecho explosión en las inmediaciones de la sede del Instituto vasco de Seguridad y Salud Laborales, en pleno centro de San Sebastián. Previamente, un comunicante anónimo, en nombre de ETA, ha alertado a las 23.25 horas con una llamada a la DYA (Asociación de Ayuda en Carretera) de Vizcaya de que "dos potentes bombas" harían explosión en el citado lugar a las 00.30 horas -sin mencionar la explosión que se iba a producir media hora antes en Arrigorriaga- y finalizaba con la pregunta "¿Me ha entendido?".

Al tener conocimiento del aviso, la Ertzaintza acordonó la calle Maldatxo, del barrio donostiarra de Egia, y treinta minutos después de la medianoche se escucharon dos explosiones, una más fuerte que otra, que provocaron daños "inapreciables", según el departamento vasco de Interior.

Un boquete de 20 metros
Tras producirse el atentado, los artificieros de la Policía Vasca inspeccionaron el lugar y comprobaron que una de las bombas había explotado en una zona ajardinada cerca de las dependencias de Osalan y la otra en el aparcamiento del Instituto Oncológico. En este estacionamiento los investigadores de la Policía Autonómica hallaron algún resto de la explosión, aunque los coches estacionados no sufrieron daños.

En el atentado de Arrigorriaga, la fuerte explosión registrada ha abierto un boquete de unos veinte metros cuadrados en la fachada del local. La deflagración rompió totalmente la puerta de entrada al local y destrozó también varios vehículos aparcados dentro del pabellón, cuyo interior ha sufrido daños importantes. Asimismo, la persiana del local contiguo fue arrancada del marco.

Dos horas y media después del estallido, la Ertzaintza mantiene acordonado el polígono industrial Martiartu, ubicado en el barrio del mismo nombre de Arrigorriaga, y los agentes de la unidad de artificieros de la Policía vasca recogen evidencias para determinar el explosivo utilizado.

Oposición y víctimas plantan a Ibarretxe en un acto por los derechos humanos
PSE, PP y Covite no asistieron en protesta por la invitación a familiares de presos, que al final no fueron admitidos en la sala
MANU RUEDA El Correo 1 Mayo 2008

Los principales partidos de la oposición, PSE y PP, y las asociaciones de víctimas del terrorismo mayoritarias plantaron ayer al Gobierno vasco en el acto de presentación de la campaña 'Dignidad y Justicia para todos', destinada a divulgar la Declaración Universal de los Derechos Humanos con motivo de su sesenta aniversario. Las causas aducidas por quienes protagonizaron el plante fue la invitación cursada por el tripartito a la asociación de familiares de presos de ETA, Etxerat. Consideraron un «sarcasmo» y una «provocación» que se abriese la convocatoria a «quienes no condenan la violencia».

Se da la circunstancia de que, finalmente, el Ejecutivo autónomo impidió el acceso a la delegación de parientes de reclusos etarras por «protagonizar» a la misma hora «una concentración en la que nos insultan y amenazan» a las puertas de la Lehendakaritza, según explicaron fuentes del Departamento vasco de Justicia. Los allegados criticaron duramente esta decisión.

Entre las ausencias, y a pesar de haber sido invitadas oficialmente al acto en la sede de la Presidencia del Gobierno vasco en Vitoria, destacaron las del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), la Fundación Fernando Buesa, Gesto por la Paz y la Fundación Gregorio Ordóñez. Su renuncia a participar, unida a la de socialistas y populares, limitó la presencia de organizaciones políticas y sociales al tripartito -PNV, EA y EB- y Aralar, así como a Amnistía Internacional o los Amigos de la República Árabe Saharaui Democrática, entre otros colectivos.

El Grupo contra la Tortura de Euskal Herria (TAT) se encontraba igualmente invitado, aunque en este caso portavoces oficiales del Departamento de Justicia no confirmaron su asistencia. «Hemos querido organizar un acto abierto a todos y hemos invitado a todo el mundo, desde las asociaciones de víctimas hasta Etxerat», explicaron. Efectivamente, la asociación de familiares de presos de ETA había recibido una invitación para asistir a la presentación de la campaña y una delegación formada por su presidenta, Joxepa Arregi, y otros tres representantes, Elías Miner, Mari Luz Sebastián y Ana Azua, acudieron a la Lehendakaritza.

Sin embargo, los ertzainas que custodiaban la entrada no les permitieron el acceso, siguiendo órdenes del Departamento de Justicia. La razón de esta decisión fue la celebración, a escasos metros y a la misma hora, de una concentración de la izquierda abertzale, cuyos integrantes exhibían una pancarta donde se acusaba al Gobierno y al PNV de ser «corresponsables de la represión». Fuentes de la consejería justificaron la inadmisión de la delegación de Etxerat porque «no podemos permitir el doble juego de protagonizar una movilización en la que nos insultan y nos amenazan, y asistir con normalidad al acto como otra asociación».

El director de Derechos Humanos del Gobierno vasco, Jon Landa, mantuvo un breve encuentro con el portavoz de Etxerat, Elías Miner, para transmitirle personalmente la decisión. Posteriormente, Miner se quejó por que «no podemos entrar (al acto oficial) por una concentración que desconocemos», y aprovechó para acusar al tripartito de intentar «ocultar nuestra realidad». Los presos y sus familiares «también sufrimos la vulneración de derechos», remachó.

«Equidistancia imposible»
El PSE, por su parte, emitió una nota de prensa en la que calificó de «incomprensible» que el Gobierno vasco «siga a estas alturas instalado en una equidistancia imposible entre víctimas de ETA y sus victimarios». El parlamentario del PP Carlos Urquijo se pronunció en la misma línea y denunció que la invitación a Etxerat responde a la pretensión del lehendakari de «realizar nuevos guiños a ETA-Batasuna para conseguir el respaldo a su desafío independentista». «¿De qué vale aprobar una ley de reconocimiento de las víctimas si a quien se pone la alfombra roja es a los amigos de los terroristas?», se cuestionó.

Covite también se pronunció sobre la presentación y subrayó que, «una vez mas, vemos cómo el Gobierno vasco sonríe con mayor facilidad a los representantes y familiares de los asesinos, que a las víctimas. Esto es lo que entiende el Ejecutivo por deslegitimar el terrorismo utilizando los conceptos de dignidad y justicia perversamente, no en favor de las víctimas, sino de los que utilizan el terrorismo para cercenar los derechos y libertades de parte de la sociedad vasca».

REACCIONES A LA ÚLTIMA CAMPAÑA DEL GOVERN
Rosa Díez pregunta al Gobierno sobre la discriminación lingüística en Baleares
HUGO SÁENZ El Mundo 1 Mayo 2008

PALMA.- La diputada de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez, preguntará al Gobierno en el Congreso de los Diputados acerca de la discriminación lingüística que supondría en Baleares la puesta en marcha de la última campaña del Govern balear llamada 'Català, la teva eina de feina' y por la que el ejecutivo balear insta a todos los empleados públicos del archipiélago a emplear el catalán así como el hecho de que todas las comunicaciones, carteles, letreros y folletos de las instituciones estén escritos en ese idioma.

Rosa Díez se dirigirá al Gobierno para saber qué es lo que va a hacer para impedir la discriminación por razones lingüísticas que impone el decreto de “normalización lingüística” del Gobierno de Baleares, así como qué iniciativas piensa adoptar para impedir la expulsión del español de la administración balear prevista en ese decreto. Por último, UPYD solicitará respuesta por escrito sobre qué medidas piensa tomar el Gobierno para asegurar la vigencia en Baleares del derecho constitucional al uso público del español o castellano.

La líder de UPYD solicitará una respuesta por escrito al Gobierno sobre la pretensión del Govern balear de revitalizar el Decreto de uso de las lenguas oficiales, que data de 1990, y que tuvo lugar cuando el Partido Popular gobernaba las Islas. UPYD considera que aunque el objetivo oficial de dicha campaña es el fomento del uso del catalán en las Islas, de la lectura de su contenido se deduce de modo inequívoco que su verdadera pretensión es la expulsión del castellano o español, la lengua oficial del Estado y la común a todos los ciudadanos españoles, del espacio público en las Islas Baleares.
Práctica prohición del castellano

Este partido, que consiguió un diputado en las últimas elecciones generales celebradas en marzo, cree que de aplicarse plenamente este decreto, resultaría la práctica prohibición de que los ciudadanos residentes en Baleares puedan emplear la lengua española en los tratos con la administración autonómica, sea a título particular o en nombre de algún colectivo o empresa. A juicio de la formación liderada por Rosa Díez, esta campaña pretende erradicar el bilingüismo de la administración autonómica y de todas las relaciones de ésta con los ciudadanos de las islas Baleares, incluidos servicios básicos como la sanidad y la educación. De tener éxito esta campaña, el castellano pasaría a convertirse en una lengua de uso exclusivamente privado, y el catalán en la única lengua oficial, y por tanto pública, de Baleares.

RECLAMAN EL DERECHO A LA LIBERTAD LINGÜÍSTICA
El Círculo Balear amenaza con acciones judiciales si se prohíbe el castellano
* La institución estudia la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional
ELMUNDO.ES 1 Mayo 2008

PALMA.- El Círculo Balear anuncia, en un comunicado, su total rechazo a que el Govern impulse mediante una campaña informativa las obligaciones impuestas por el Decreto 100 /1990 respecto a la utilización exclusiva del catalán en todas las comunicaciones de la Administración pública autonómica, "afectando directamente a los trabajadores públicos que quieran hacer uso de su libertad lingüística".

En su nota señalan que "la mayoría de la ciudadanía no desea este tipo de normativa totalitaria que prohíbe el uso de la otra lengua oficial de la Comunidad Autónoma y oficial del Estado, el castellano".

La institución reclama el derecho a ejercer la libertad lingüística en la administración y en la educación, por lo que anuncian que están preparando una serie de recursos judiciales, incluida la posibilidad de acudir, mediante el Defensor del Pueblo, al Tribunal Constitucional, "para acabar con este tipo de normativas de política lingüística que atentan directamente contra derechos fundamentales como es el expresarse libremente en una de las lenguas oficiales y no ser discriminado por ello tal como se recoge en nuestra Constitución".

Asimismo amenazan con movilizaciones si el Govern, y en concreto su grupo mayoritario, el PSOE, "no atiende el sentir mayoritario de los ciudadanos, y sí a las minorías nacionalistas que pretenden acabar con las libertades en Baleares".

INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE IDESCAT
Los chinos que residen en Cataluña comprenden más el catalán que el castellano
EUROPA PRESS El Mundo 1 Mayo 2008

BARCELONA.- El 34,4% de los chinos que residen en Cataluña entienden el catalán mientras que sólo el 26,3% conoce el castellano, según consta en el documento de bases del Pacto Nacional para la Inmigración de la Generalitat.

Estos datos, extraídos del Idescat de junio de 2006, revelan que es el colectivo chino uno de los que más conocimiento tiene del catalán, ya que marroquíes, ecuatorianos y rumanos tienen mayor conocimiento del castellano que del catalán.

Según datos de enero de 2007, en Cataluña hay 33.689 chinos empadronados, aunque el principal país de origen es Marruecos, con 191.652 empadronados, seguido de Ecuador, con 81.831, y Rumania, con 63.534.

Un 64,6% de los chinos no entiende el castellano y un 10,8% asegura que no entiende el catalán. En el caso de los marroquíes, el 1,3% no entiende el catalán y el 0,3 tanto de ecuatorianos como de rumanos no lo conoce.
El 45,4% de marroquíes habla catalán

El documento también revela que el 45,4% de los marroquíes habla catalán, frente al 28,2% de los rumanos, el 27,1% de los chinos y sólo el 2,9% de los ecuatorianos.

Sin embargo, el 88% de ecuatorianos asegura saber escribir en catalán, igual que el 50,4% de rumanos, el 33% de marroquíes y el 26,9% de chinos.

El documento considera que el conocimiento de ambas lenguas es uno de los indicadores ilustrativos del grado de autonomía personal y de su capacidad de participación en la sociedad catalana. Añade que la situación de partida del catalán es "marcadamente desfavorable", por lo que considera necesario "fomentar el conocimiento y el uso social de la lengua catalana".

Recortes de Prensa   Página Inicial