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Recortes de Prensa    Domingo 11 Mayo 2008

EL DEBATE LINGÜÍSTICO
El lugar natural del euskera
ALBERTO LÓPEZ BASAGUREN El Correo 11 Mayo 2008

Alberto López Basaguren es miembro del Consejo Asesor de Euskera del Gobierno vasco y del equipo redactor de la ponencia 'Bases para la política lingüística de principios del siglo XXI'.

El documento para el debate sobre la política lingüística recientemente presentado está provocando numerosas reacciones. De eso se trataba; de que también sobre la política lingüística se pudiera debatir con normalidad, sin correr el riesgo de ser acusado de 'enemigo del euskera'.

La política lingüística ha estado cubierta por uno de los muchos tabúes que aquejan a la sociedad y a la política vasca. Pero el tabú se rompe con la palabra, hablando, afrontándolo directamente. Esa es la primera gran virtud del debate abierto: nada podrá ser ya igual a partir de ahora. Por eso hay que impulsarlo, para impedir que las cosas vuelvan a lo que muchos consideran su 'orden natural'. Pronto surgirán potentes voces que lo pretendan.

El objetivo no es juzgar la política lingüística desarrollada, sino abrir caminos nuevos, dar la oportunidad de plantearla de forma diferente. Pero esto exige un diagnóstico que permita fundamentar las opiniones sobre sus fines y sus límites; sobre lo que se debe y no se debe hacer, sobre lo que se puede y no se puede hacer.

El objetivo es lograr un consenso, no sólo político sino, muy especialmente, social, que sea vivido y sentido realmente por los ciudadanos. Pero, en mi opinión, esta pretensión choca con la perseverancia en una política lingüística como la presente, en la medida en que se identifica crecientemente con el nacionalismo, lo que la aboca a la desafección por cada vez más ciudadanos. La experiencia vital dota a los ciudadanos de resortes de percepción que les permiten constatar las consecuencias concretas de una determinada política. Y hay ya muchos damnificados de la política lingüística, que perciben que su sacrificio no tiene fundamentos razonables. Estas actitudes se manifestarán cada vez con mayor naturalidad y amplitud.

Cada vez sirve menos apelar al destino del pueblo vasco para conjurar este peligro; ni es suficiente afirmar la renuncia a instrumentalizar políticamente el euskera. Para lograr un consenso de este tipo no sirve ya 'vender' como inevitable una determinada política lingüística, presentarla como la única posible. En una sociedad crecientemente madura estas pretensiones tendrán cada vez peor fortuna.

Un consenso de esta naturaleza obliga a muchas renuncias. Por eso tiene tanto valor que el debate no se haya limitado al mundo euskaldun, y se pretenda que participen activamente quienes no hablan euskera, para lo que el documento se ha presentado también en castellano.

La política lingüística debe establecer lo que podríamos denominar el 'lugar natural de euskera'. En mi opinión, ello exige cumplir unos requisitos básicos.

En primer lugar, el principio de libertad de opción lingüística debe mantenerse como la base de todo el sistema. Sobre ello fue posible el consenso de 1982 y sin ello no es posible consenso alguno. Libertad de lengua, básicamente, también en la escuela.

En segundo lugar, la política lingüística debe asentarse en la realidad social de las lenguas. La fortaleza política del nacionalismo ha llevado a diseñar una política lingüística que ignora o desprecia el hecho real del euskera como lengua minoritaria. El desarrollo legal del estatus del euskera como lengua oficial no se corresponde con esa realidad. Aunque se presente como algo natural, es una situación absolutamente excepcional en el mundo que nos rodea. La realidad social impone límites en relación a lo que se puede hacer y a lo que se debe hacer. Límites que se han ignorado, que se han despreciado.

En tercer lugar, debe desterrarse el voluntarismo sobre el que se ha asentado la política lingüística. Entre otras muchas razones, porque ha equivocado su objetivo, centrándolo, obsesivamente, en la expansión de la lengua en lugar de situarlo en el fortalecimiento de la comunidad lingüística. Se ha creído erróneamente que la radical inversión de la planta lingüística era posible en una sociedad como la nuestra; y, además, de forma acelerada. El sistema educativo ha debido cargar con una tarea en la que estaba -y está- abocado a fracasar irremisiblemente; lo que no se remedia, como algunos parecen creer, con una vuelta de tuerca más al sistema: la escuela se enfrenta a un serio riesgo de sobredosis lingüística.

La convicción de que el conocimiento traería aparejado el uso del euskera se ha demostrado puramente ilusoria. Es el gran fiasco de la política lingüística. La brecha entre vasco-hablantes formales -quienes aparecen en las estadísticas- y reales -quienes lo usan realmente de forma cotidiana- no cesa de crecer y puede alcanzar niveles peligrosos para la estabilidad de la comunidad lingüística. En cualquier sociedad sensata sería una política insostenible. Pero debiera aterrar especialmente a quienes persiguen, con sinceridad, el fortalecimiento de la comunidad lingüística euskaldun; porque hay ejemplos, como el de la República de Irlanda, que muestran los efectos letales que una política lingüística expansiva provoca sobre una comunidad lingüística débil y minoritaria. Casi todos los irlandeses saben algo de gaélico, pero el gaélico es una lengua casi muerta. Ese es el resultado de la política nacionalista irlandesa tras la independencia. ¿No estamos cada vez más cerca de un riesgo semejante?

La gran coartada de la política expansiva reside en la voluntad de los ciudadanos. Pero en ello se escudan quienes la han fomentado sin límite ocultando a los ciudadanos sus costes y sus riesgos, transmitiendo una visión irresponsablemente idealizada de sus efectos, ocultando sus defectos. Estos procesos exigen condiciones y cautelas que la política lingüística ha ignorado.

Finalmente, la exigencia de conocimientos lingüísticos debe estar vinculada a una real necesidad de uso de la lengua. Se trata de una cuestión no siempre simple de precisar; pero hay que desterrar la naturalidad con la que parece que se ha instalado la expansión de exigencias lingüísticas en las administraciones públicas en puestos en los que su uso, en el mejor de los casos, llegará a ser anecdótico. Porque ello no hace nada por el fortalecimiento de la comunidad lingüística y hace mucho contra un consenso posible en esta materia.

El fomento del desarrollo del euskera debe situarse en este contexto, de forma que no sea incompatible con los fundamentos señalados.

El debate es muy importante. Podremos alcanzar el consenso buscado o fracasar en el intento. Pero el hecho de plantearlo tiene ya un gran valor. Que haya sido impulsado por los responsables de la política lingüística en el Gobierno vasco le otorga una trascendencia muy especial y merece un sincero reconocimiento. Algunos se preguntarán por las razones que les han impulsado. Cualesquiera que hayan sido no afectan para nada a su significado. Y debo constatar que, en lo que he vivido, en mi condición de miembro del grupo redactor de la ponencia base, el debate se ha desarrollado en un ambiente de flexibilidad y honestidad democrática no demasiado habitual, por desgracia, entre nosotros. Confío en que sea un buen augurio.
 

Un Gobierno sin proyecto
Editorial ABC 11 Mayo 2008

SE confirma cada vez más la impresión de atonía causada por Rodríguez Zapatero en el debate de investidura. Una vez superado el impacto mediático del primer momento, el Gobierno no tiene casi nada que ofrecer a los ciudadanos. El presidente no ha superado todavía el síndrome poselectoral y las cuestiones que preocupan de verdad a la opinión pública continúan a la espera de las decisiones imprescindibles. El equipo económico del Ejecutivo anuncia una y otra vez las mismas medidas que nunca terminan de ponerse en práctica. Mientras los titulares de Interior y de Trabajo hacen declaraciones sobre la inmigración que tampoco se concretan en nada. Otros ministros no han vuelto a hacer acto de presencia desde la toma de posesión y los departamentos siguen paralizados en medio de un goteo de nombramientos y de reformas orgánicas. Agotada la agenda social en la pasada legislatura, el PSOE no tiene un programa de medidas positivas que ofrecer a los españoles y, como es notorio, prefiere huir de aquellos asuntos conflictivos que no puede convertir en una operación de propaganda para su mayor gloria y beneficio. Por ahora, vive de distraer la atención hacia los debates internos del PP, liberándose así del desgaste que produce una acción efectiva de Gobierno. Rodríguez Zapatero está dispuesto a utilizar en provecho propio las discrepancias en el seno de la oposición, al tiempo que controla con mano férrea la situación en su propio partido. En definitiva, el presidente del Gobierno hace «política» en el sentido más estrecho y oportunista del término, pero no está dispuesto a tomar decisiones en serio con la eficacia y el sentido de la responsabilidad que exigen las circunstancias sociales y economicas.

La comparecencia de la vicepresidenta Fernández de la Vega ante el Congreso de los Diputados es la mejor prueba de que estamos ante un Gobierno sin proyecto que lanza cortinas de humo para disfrazar su alarmante falta de ideas. La última «novedad» es dar otra vuelta de tuerca a la laicidad, porque cualquier gesto que incomode a los católicos se presenta como un guiño hacia los sectores radicales, sin que les importe vulnerar la Constitución o los acuerdos Iglesia-Estado. El anuncio de un «plan» de derechos humanos es la prueba más llamativa de la inconsistencia del programa gubernamental. Los derechos fundamentales se reconocen en la Constitución y se desarrollan en las leyes, y todo lo demás son fuegos artificiales en una política de cara a la galería que no produce ningún beneficio tangible. El Ejecutivo pretende sobrevivir a base de ocurrencias más o menos ingeniosas, pero una sociedad desarrollada y compleja exige de sus gobernantes mucho más que retórica sin contenido. Los problemas siguen ahí y algunos empiezan a ser ineludibles, como la respuesta firme e inequívoca del Estado de Derecho ante el desafío soberanista de Ibarretxe.

Una cosa es que la democracia mediática sea un fenómeno característico de nuestro tiempo y otra muy distinta es que todo se reduzca a una política de imagen para salir del paso. Donde se juega de verdad la credibilidad de un gobierno es en esa letra pequeña de la gestión diaria, orientada por la eficacia y el sentido común. Todo esto se echa de menos en un equipo que agota su periodo de gracia dejando una impresión muy preocupante. Como demostró a lo largo de la pasada legislatura, Rodríguez Zapatero es especialista en eludir los problemas reales y en provocar conflictos artificiales. La opinión pública contempla la situación con un creciente malestar, porque el Gobierno no ejerce su responsabililidad y afronta la legislatura sin el respaldo de un proyecto serio para el futuro de España.

El PNV no baja del monte
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 11 Mayo 2008

Arzallus enmontó al nacionalismo democrático vasco ya hace unos cuantos años y por allí anduvo en muy peligrosas compañías de las que ahora hace como que quiere separarse. Pero ni acaba de romper el cordón umbilical, ni abandona la común liturgia de quien comparte mismos fines , siempre ha andado por allí la iglesia, ni termina de decidirse a bajar del monte y retomar sendas de concordia y Constitución que han permitido al País Vasco el mayor nivel de autogobierno de toda su historia incluso de la que mitifican y falsean hasta limites ridículos y racistas.

En el PNV gusta mucho el mus. Y saben jugar muy bien en pareja, donde uno hace de “borroka” con boina y el otro de “chicobueno” con corbata. Pero juegan a lo mismo y por lo mismo. A salirse por tanteo o a órdagos . Ahora pasado el tiempo de remolonear tras una partida , las generales, donde se han dejado muchos pelos en la gatera , y preocupados porque ven que se les puede ir la “vaca” entera , han ganado tiempo durmiendo la jugada, hasta cediendo alguna piedra , pero ahora le ha tocado mano al de la boina, al Ibarretxe y a una seña de la ceja se han lanzado, él y el postre, a echar órdagos a todo: a grande, a chica, a pares y a juego, o sea a Navarra, a Referéndum, a Soberanía y a Independencia.

En eso están. En eso no han dejado de estar . En eso estarán y a eso es a lo que ahora ha de enfrentarse Zapatero y España. Porque esto no le atañe solo al gobierno. Esto es un desafío a la soberanía nacional , a la voluntad soberana del conjunto del pueblo español sobre todo el territorio que aquí es lo que se quiere expropiar y usurpar. No hay soberanía troceada donde el resto de los españoles no tengan nada que decir. Pero eso es lo que conculcando historia, ley y constitución se quiere asaltar. Eso es lo que se juega y eso es lo que le ponen el día 20 a ZP en la mesa de Moncloa. Se lo trae Ibarretxe pero que nadie se engañe que en eso están los Urkullu encorbatados que dicen que van a bajar del monte.

Es la vieja trampa , el recurso del jugador de bazoki cuando se ve contra las cuerdas y en trance de perder el poder. Porque esa es la otra cara de la cuestión. El PNV se siente ahora más amenazado que nunca. Ha caido en las pasadas elecciones en los tres territorios, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Puede perder algo que consideran les pertenece por esencia y hasta por derecho “divino”, el poder. En el llevan anclados desde que comenzó a rodar la democracia. Para ellos la idea de una alternancia es una blasfemia contra el propio ser de Euskadi, un “imposible metafísico”, una aberración que las urnas pueden traer. Porque pueden traerla y por ello , tras dudar levemente sobre el camino, han vuelto a la vieja andada: al órdago , al trágala y en el fondo a la amenaza de romper incluso las reglas del juego si el contrario dice NO y se sale con las suyas, porque al final el que da voces ni lleva pares ni alcanza el juego.

El presidente Zapatero, en su días de vino y rosas, donde la oposición de tan encanallada en acuchillarse por los restaurantes ni le menta lo del paro, tiene la primera prueba de fuego de la legislatura, donde los viejos fantasmas del reciente pasado y sus errores y trapicheos del innombrable “Proceso de Paz” se reaparecen arrastrando las cadenas.

Pero el también juega. Y no lo hace en absoluto mal a tenor de los resultados. Su meta ahora, tras haberles pegado un buen bocado en amarracos , pasa por acabar de ganarles la partida en las próximas urnas autonómicas. Hacer salir al PNV de la lendakariza supondría un conmoción inaudita. Pero también una cada vez más necesaria regeneración democrática de aquella sociedad . Y posiblemente la única forma de que el PNV bajara de una vez del monte y dejara las peores compañías.

P.D. ZP tiene en su partido a sus propios nacionalistas, el PSC lo es antes que cualquier otra definición política y aunque haya nombrado a una de sus lideres Ministra de Defensa, y son también quienes lo están poniendo en otro brete. Su idea de unir a España separando a sus territorios y su visión de que la igualdad de todos los ciudadanos españoles se consigue a base de otorgar privilegios a los unos sobre los otros le crea estos guisos amontillados y arroja, mas alla de propagandas de género, a esa ministra que arenga con mucho Viva España y rinbde homenaje a su bandera mientras que en su casa sus alcaldes la desprecian y la ocultan y sus colegas desguaza su unidad fiscal, lingüística y constitucional. Eso si que es lo relevante para la Nación. Mucho más que su embarazo.

El comienzo del fin de la igualdad
Vicente A.C.M. Periodista Digital 11 Mayo 2008

El comienzo es más de la mitad del todo. No le falta razón al Sr. Zapatero, el comienzo de su “proceso de negociación con ETA” fue más de la mitad, fue un completo fracaso de una política de cesión ante el terrorismo y las aspiraciones secesionistas del nacionalismo vasco. El comienzo de la aprobación del insolidario e inconstitucional Estatuto de Cataluña, es más de la mitad de la guerra de financiaciones y del chantaje del nacionalismo catalán, incluyendo al cada vez más radicalizado PSC y el Sr. Montilla.

El comienzo de esta legislatura en la que debe contar con apoyos tan interesados como esos nacionalismos secesionistas, es más de la mitad de un seguro fracaso de la cohesión territorial y un retroceso en el principio de solidaridad y de igualdad entre las regiones y ciudadanos de España. Las relaciones bilaterales que quieren imponer los nacionalistas catalanes son una burla y un desprecio al resto de los ciudadanos y del régimen de Autonomías.

Lo que no entiende el Sr. Zapatero es que el comienzo de su disparatada política, impulsa las aspiraciones nacionalistas y cae en la cesión ante un chantaje, todo por no querer contar con el PP para mantener la gobernabilidad del Estado sin hipotecas. El ultimátum de su compañero de partido Sr. Montilla poniendo plazos a unas reuniones bilaterales sin justificación en lo que debe ser un consenso multi autonómico en el que primen objetivos nacionales de desarrollo, entendiendo a España como única nación.

Dar por bueno que Cataluña es una nación equiparable a España, es una aberración que el Tribunal Constitucional debería resolver antes de ese plazo de ultimátum. Por mucho que el Estatuto contemple esa bilateralidad y una capacidad de decidir cuánto va a contribuir Cataluña a las arcas generales de España, no deja de ser una ilegalidad que el Gobierno no debe permitir. Si lo hace, será el comienzo de que otras Autonomías se consideren con el mismo derecho y exijan igualdad de trato o se planteen una insumisión fiscal.

Así que este ultimátum del Sr. Montilla, sumado al que va a plantear el Sr. Ibarretxe, es el comienzo de lo que va a ser la tónica de esta legislatura, un constante chantaje y órdago basado en la debilidad de un Gobierno que cederá todo con tal de mantenerse en el poder, aunque sea a costa de la propia integridad de la Unidad de España. El comienzo del fin de una era.

Señora Cataluña, ¡váyase ya y déjenos en paz!
Pedro Fernández Barbadillo Periodista Digital 11 Mayo 2008

Se decía que la última colonia de Europa era Gibraltar. En realidad se trata del resto de España respecto a Cataluña.

El socialista (¿?) José Montilla, en la mejor tradición nacionalista, de los Pujol, Carod y Chacón, habla en nombre de Cataluña y plantéa un ultimátum a su correligionario Rodríguez: o nos das más dinero o nos enfadamos.

Es cierto que ese dinero se lo prometió Rodríguez al PSC y que la ley que lo hace posible, el nuevo estatuto, fue aprobado por todos los diputados y senadores socialistas, incluidos los extremeños, gallegos y andaluces que ahora protestan (como los patriotas Alfonso Guerra y Joaquín Leguina). Rodríguez se ve en un apuro. Puede dar agua del Ebro a los catalanes porque los aragoneses seguirán votando socialista, pero ¿podrá quitar inversiones y transferencias a Andalucía y Extremadura para entregárselas a los del 3%? Antes disponía del superávit para satisfacer a todos los que le han aupado al poder, hasta que éste empieza a disminuir. Quien sacrifica los principios a las consignas acaba encontrándose en un atolladero.

En este blog hemos escrito y discutido tanto sobre este asunto que no vale la pena repetir los argumentos: los impuestos no los pagan los territorios, sino las personas; el modelo fiscal constitucional es progresivo y en él pagan más los que más tienen; la Generalidad ha gestionado muy mal sus competencias y presupuestos (embajadas, enchufes, sobresueldos, academia del cine, autopistas de peaje) y los catalanes no pueden exigirnos a los demás que paguemos sus errores, tanto más cuanto ellos siguen votando a sus caciques.

Montilla (¡vaya socialista!) advierte que o se le da a la señora Cataluña y a él, que es el administrador, más dinero, sin controlar su destino, por supuesto, o estaremos ante "el desafecto con la política española".

¡¡Ya está bien de chantajes y chulerías!! ¡¡De que Maragall afirmase que no habría ni una gota de agua para Valencia!! ¡¡De que se nos amenace con una guerra civil si no hacemos lo que dicen los catanazis!!

Señora Cataluña, ¡váyase de una vez y déjenos al resto de los españoles en paz! Cuando vea que su casona, que usted cree palacio, no puede alimentar a su prole quizás decida volver, pero le conviene comprobar que de las glorias de su familia, reales o inventadas, no vamos a discutirlo, no queda casi nada.

¡¡INDEPENDENCIA PARA CATALUÑA!!

La respuesta a Ibarretxe
POR GERMÁN YANKE ABC 11 Mayo 2008

Como una de las más serias tradiciones de la Transición, una y otra vez encumbrada por todos, ha sido el complejo ante los nacionalismos, la política española ha ido generando anestésicas disculpas para justificarlo. En realidad, la ilegalización de Batasuna es la excepción a un largo empeño, tanto de la izquierda como de la derecha, de rebajar los proyectos políticos de las grandes mayorías parlamentarias para pactar con ellos, como si fuesen una minoría de bloqueo o, más bien, la garantía de un comportamiento democrático. No está de más, en este contexto, recordar la insistencia de Mario Onaindía, que había escapado del vientre de la serpiente, acerca de la falta de un proyecto democrático en el nacionalismo vasco de entre siglos.

La última estratagema exculpatoria es perorar sobre la necesidad de «ayudar» al PNV, es decir, facilitar que, en la también larga batalla que se libra en su seno, resulten vencedores los «moderados». En realidad, los «moderados», aunque pudieran tener inclinación por otros métodos, los consideran menos importantes que el poder. No han sido capaces de alejarse de un planteamiento etnicista contrario al sistema constitucional que aúna a todos los nacionalismos del País Vasco, y si el PNV, para conseguir sus objetivos no se separa de Batasuna -a la que quiere colocar de nuevo en la negociación política- es para que el chantaje de la hipotética resolución de la violencia aporte importancia a sus desvaríos; y los «moderados» que pueda haber en su seno no se separan de los «radicales» para no terminar siendo nada.

Así, en vez de colocar a los «moderados» ante sus propias contradicciones y el PNV reflexionar sobre el carácter antidemocrático de sus planes, se inventa como disculpa la necesidad de «ayudarles». Ahora, como el Gobierno y su presidente no pueden ni decir que sí ni dar esperanzas a esa antigualla impresentable de proceso de autodeterminación que Ibarrtexe pretende, aparecen otras voces complementarias subrayando la posibilidad de negociar «otro Estatuto», el reconocimiento de la bilateralidad al estilo del esperpento catalán y otras conquistas posibles basadas en el carácter «nacional» de la Comunidad autónoma. «Es mucho lo que se puede avanzar», apuntan.

Pero desde el punto de vista del nacionalismo este tipo de cesiones no hacen sino mantener abierta la puerta de las aspiraciones anticonstitucionales y, por tanto, las presiones de ETA-Batasuna sobre el PNV y de los más radicales de ese partido sobre los «moderados», que no quieren enfrentarse a la sinrazón. Sin Batasuna no son mayoría y sin los radicales no son nada. Conviene recordar el comentario del terrorista «Mikel Antza» cuando se le dijo que ETA podría haber terminado siendo una rémora en las reivindicaciones terroristas: «Desengáñate, si ETA desaparece, esto (el País Vasco) es España en cuarenta y ocho horas».

No debe extrañar que Ibarretxe, después de tanta retórica sobre la necesidad de que ETA no marque la agenda, incluya en su último documento para Zapatero la referencia explícita a un proceso «que permita abrir un escenario de solución al problema de la violencia». No se trata de enfrentarse a ella con todos los medios del Estado de Derecho (aunque condene el terrorismo, el nacionalismo vasco se ha opuesto a cualquier medida contundente), sino de utilizarla para colar en la hipotética negociación sus pretensiones. Es evidente que el presidente del Gobierno no puede sino responder no a la reiterada pretensión de Ibarretxe. Habrá tomado nota, además, de los errores y arbitrariedades del mal llamado «proceso de paz» de la anterior legislatura cuando el PNV, con una argucia que le descalifica a él mismo, menta las conversaciones de Loyola, no para decir que se hable con él de aquellas cuestiones sino para repetirlo «sin condiciones». Pero no basta, a estas alturas, con la negativa y el arrepentimiento nunca declarado. Tampoco con pretender que, al menos de momento, el plan de Ibarretxe vuelva a su bolsillo. Si ante esa deriva política a la que los «moderados» no se enfrentan no hay una política firme y sin concesiones, se irá alimentando su repetición. Porque el lendakari no pretende un acuerdo en La Moncloa, sino ese tipo de negativa que le permita seguir con lo suyo. Y con los que considera «suyos».

El Rey toma postura
Luis del Pino Libertad Digital 11 Mayo 2008

Que el Rey se permita alabar a un presidente de Gobierno constituye, en sí, una anomalía institucional. No sólo no es su función expresar opiniones, ni buenas ni malas, sobre los responsables políticos, sino que esa toma de postura va directamente en contra de lo que sí que es función del Rey, según la Constitución aprobada por todos los españoles: el artículo 56 de nuestra Carta Magna asigna al Rey, entre otras, la función de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones.

Pero si cualquier toma de postura sería errónea en el Monarca, las alabanzas concretas hechas a Zapatero constituyen algo más que un error. A lo largo de los últimos cuatro años, las víctimas del terrorismo que han dado su sangre por la Constitución a la que el Rey debe su puesto han convocado numerosas manifestaciones para exigir que no se negocie con quienes las convirtieron en víctimas. Y el Rey no ha acudido a ninguna de esas demostraciones cívicas.

Hasta ahora, cabía interpretar esa ausencia como un deseo del Rey de no inmiscuirse en la contienda política, aunque esa benévola interpretación es dolorosa de por sí para las víctimas de ETA, puesto que la radical oposición a todo tipo de cesión a los asesinos debería estar por encima de las diferencias y banderías políticas.

Pero que el Rey se permita decir que el Presidente de Gobierno que ha negociado políticamente con los asesinos de mil españoles es un hombre "muy honesto", "muy recto", "un ser humano íntegro" o que tiene "profundas convicciones", es aún más doloroso para los familiares de tantas personas que murieron por defender la democracia y la libertad de todos.

¿Qué persigue don Juan Carlos con semejante toma de postura en este preciso momento? Evidentemente, Zapatero no necesita que nadie salga a echarle un cable en estos instantes. Bastante tiene el PP con mantenerse a flote como para que Zapatero tenga que preocuparse por su imagen o necesite ayuda ninguna para defenderse del acoso político. Pero entonces, ¿cuál puede ser el sentido de unas declaraciones como éstas?

España se aproxima, a velocidad cada vez mayor, al punto de no retorno, dentro del proceso de sustitución de la Constitución del 78 por un marco confederal de articulación del Estado. ¿Está el Rey, quizá, lanzando el mensaje de que los cambios que se avecinan, y que Zapatero va personalmente a dirigir, cuentan con el respaldo del Monarca? En otras palabras: ¿nos está diciendo que la Corona no sólo no va a oponerse al cambio de régimen, sino que éste cuenta ya con su expresa bendición?

Evidentemente, el cambio de régimen no necesitaría de valedores si no existiera una profunda oposición, entre un extenso sector de la población española, a la abolición del texto constitucional pactado en el 78. El problema fundamental para la imposición del nuevo régimen es, precisamente, que éste nace huérfano de legitimidad. Porque una amplia capa de españoles percibe que se ha intentado superar la Constitución del 78 por la vía de los hechos consumados, en lo que constituye una clara usurpación de la soberanía nacional por parte de unos poderes públicos que han transgredido los límites que la propia Constitución marca.

¿Irían destinadas las declaraciones del Rey, en ese sentido, no a apoyar a Zapatero en sentido estricto, sino a tratar de dotar de legitimidad a un proceso que carece completamente de ella a ojos de uno de cada dos españoles?

¿O acaso lo que se pretende es provocar, precisamente, las críticas al Monarca por parte de quienes se oponen al cambio de régimen, para tratar así de vender la imagen de que esa parte de la sociedad está situada extramuros del sistema?

En cualquiera de los dos casos, las palabras de Su Majestad no constituyen una buena noticia para la salud de la maltrecha Constitución que una vez creímos, inocentes de nosotros, que era la constitución del consenso.

Alabanzas a Zapatero
El Rey, con los socialistas
No es que el Rey, insisto, se adelante al proyecto de Zapatero, no, sino que trata de adaptarse, subirse a ese tren en marcha, que ya nadie puede parar, entre otros motivos, porque el PP ya ocupa el segundo vagón de esa "locomotora" que conduce Zapatero.
Agapito Maestre Libertad Digital 11 Mayo 2008

Complejos y delicados son los tratos entre Juan Carlos I y los socialistas. Dice el Borbón que Zapatero es un hombre de profundas convicciones y principios, qué sabe bien lo que quiere y, por supuesto, dónde lleva a España. Acertado es el Rey en sus juicios políticos. Este Borbón es un buen analista de la situación política de España. No sé, sin embargo, si acierta con igual perspicacia a comprender y dirigir su buen gobierno personal. Pero, en lo fundamental, tiene razón. Más realista que su padre y menos ideólogo que su abuelo, el monarca de España se allana políticamente a lo que hay, se deja querer y, por supuesto, instrumentalizar, para que el proyecto final de Zapatero tenga éxito, a saber, él seguirá siendo el "Rey" de una confederación asimétrica de tres –o quizá más– naciones. Mientras que no nos matemos entre nosotros, el Rey seguirá reinando con fruición y empeño una "España" de "ciudadanos" –súbditos– que, naturalmente, no tendrán, de hecho ya no tienen, las mismas libertades ni, por ende, serán iguales ante la ley.

No es que el Rey, insisto, se adelante al proyecto de Zapatero, no, sino que trata de adaptarse, subirse a ese tren en marcha, que ya nadie puede parar, entre otros motivos, porque el PP ya ocupa el segundo vagón de esa "locomotora" que conduce Zapatero. Por lo tanto, que nadie interprete las palabras del Rey sobre lo bueno que es Zapatero como si estuviera justificándose ante los socialistas. No sólo se trata de que el Rey de España tenga que hacerse perdonar su nombramiento. La cosa es un poco más complicada. Sí, sí, el Rey de España fue nombrado por Franco. Quien olvide este sencillo dato histórico, o quien trate de enmascararlo con falsa ideología constitucionalista, no podrá entender las relaciones, los tratos o, dicho con lenguaje de la sociedad civil, los negocios entre los socialistas y el Rey de España. No negaré yo este problema histórico, pero, hoy por hoy, ese asunto ya es historia lejana. No es determinante de la actual situación política.

En efecto, ese litigio fue resuelto hace tiempo. Escrito está en este periódico, perdón por citar mis columnas de hace tres o cuatro años, que el problema de la monarquía en España era un asunto entre el Rey y los socialistas; serían ellos los únicos que podían dirimir ese asunto. Los otros partidos eran comparsas frente al fuerte tejido de negocios económicos, tratos sociales y relaciones políticas que se había formado entre el monarca y los socialistas desde la muerte de Franco hasta hoy. Finalmente, todo ha quedado aclarado, y bien dicho, el Rey sabe perfectamente el lugar que le ha sido asignado por los socialistas.

Sin embargo, en ese contexto terriblemente ideológico y lleno de medias verdades y mentiras terribles, la gente de la calle no menos que los "analistas" políticos de salón se hace preguntas del tipo: ¿quién tiene a quién cogido por sus partes más sensibles? ¿Controla el rey a los socialistas o viceversa? ¿Quién de las dos partes ostenta más poder sobre la otra? En fin, ¿quién manda sobre quién? Son preguntas sencillas de responder. Las respuestas son triviales. Las preguntas ofenden a la inteligencia tanto como las respuestas. La realidad está delante de nosotros, al alcance de una inteligencia media, pero la gente prefiere "distraerse", en el sentido que esta palabra tiene inglés, o sea, engañarse, confundirse y perturbarse –"suicidarse"–, con estas preguntitas y respuestas inútiles, en fin, con estas imágenes que el poder socialista construye sobre lo evidente para distorsionarlo, para convertir lo real en ficción. Engaño.

Volvamos, pues, a la verdad y levantemos acta de lo obvio: Juan Carlos I, el Rey de la España confederal y asimétrica, está no menos que Rajoy a las órdenes de Zapatero.

Adán, expulsado del paraíso
Roberto Blanco Valdés La Voz 11 Mayo 2008

Es difícil decidir si en José Luis Rodríguez Zapatero predomina más su lado astuto o su lado aventurero. Por eso nunca llegaremos a saber qué condicionó más la decisión presidencial de impulsar la locura de la segunda descentralización: si el cálculo taimado de que las reformas estatutarias romperían en dos el electorado del PP, que no podría mantener el apoyo simultáneo de la extrema derecha y la derecha moderada; o la irresponsable convicción de Zapatero de que él lograría lo que sus antecesores no habían conseguido: resolver, de una vez y para siempre, el llamado problema nacional.

En todo caso, y fuere cual fuere la mezcla de sectarismo y adanismo que determinó la disparatada decisión del presidente, el resultado de esa segunda descentralización que iba a garantizar la comodidad de los nacionalistas está hoy bien a la vista: Ibarretxe visitará próximamente a Zapatero para plantearle convocar, al alimón, un referendo de autodeterminación; CiU apostará también por la autodeterminación (instrumento para la secesión) en su próximo congreso; y, por si todo ello fuera poco, Montilla amenaza ya con la abierta desafección de Cataluña (que el PSC, CiU y ERC manipulan a diario) si el nuevo modelo de financiación no responde a lo que exige la Generalitat.

¡Menos mal que Zapatero se había propuesto resolver el problema nacional! ¡Estremece pensar cómo estarían las cosas si hubiera tenido la intención de agudizarlo! De hecho, con ese optimismo que tanto admiran sus forofos, el presidente llegó a considerar que todo estaba arreglado poco después de aprobado el Estatuto catalán. «Ahí lo tienen», vino a decir, con esa mezcla suya inimitable de cara dura e ignorancia: «El Estatut ya está aprobado y no ha pasado nada finalmente».

Y, en efecto, ni los mares se habían retirado, ni los cielos cambiado de color. Sencillamente, había pasado lo que era lógico esperar: que los beneficiarios de la nueva norma estatutaria cerraban temporalmente su negocio, por descanso del personal, para, ya recuperados del esfuerzo, iniciar la nueva etapa en que ahora estamos: la de exigir la puesta en vigor de lo que dispone el Estatut.

Pero, entre tanto, ganadas ya las generales, Zapatero había cambiado de prioridades para tratar de vencer en los comicios que se celebrarán en el 2012, objetivo al que se encaminarán desde este momento todos sus esfuerzos: lo de la reforma de la Ley de Libertad Religiosa va por ahí. Y es así como el supuesto gran resolvedor del problema nacional, expulsado del proyectado paraíso, ahora convertido en un infierno, no quiere ni oír hablar del engendro que con tanto mimo amamantó. Pero la criatura está ahí, exigiendo que le den lo que le habían prometido.

Lo que va de Santillana a hoy
JOSÉ ANTONIO PORTERO MOLINA La Opinión 11 Mayo 2008

Si no se acuerdan de la que fue importante declaración socialista de Santillana del Mar, de 30 de agosto de 2003, que muchos celebramos entonces pensando que de aquel espíritu saldría algo bueno, yo se la resumo. Frente a las tensiones avivadas por un gobierno Aznar con mayoría absoluta, los socialistas se comprometieron a reformas constitucionales y estatutarias ordenadas, útiles, consensuadas, constitucionalmente impecables. Parecían tener la solución definitiva para el Estado de las autonomías. Grandes protagonistas fueron Maragall, Bono, Simancas, Ibarra y alguno más, hoy con otras ocupaciones y ya sin preocupaciones autonómicas, ¡tal fue su éxito! A continuación vino el pacto del Tinel, se rompió la posibilidad de consenso con el PP, se olvidaron las reformas constitucionales y se abrieron las reformas estatutarias, cada una por su lado. A cinco años vista, lo de Santillana se ha esfumado. Montilla clama para que se cumpla con la bilateralidad que respalda el Estatuto catalán apoyado por los socialistas todos, y escribe sobre la desafección de Cataluña. Es su reacción a las críticas vertidas por sus propios compañeros y a la opinión de Felipe González: con la que está cayendo, dice el ex que hace poco mitineaba en Barcelona con enorme éxito, hay que atender otras prioridades antes que a las demandas de revisar la financiación autonómica que adelgazarán aún más la hucha estatal.

Por el escenario se pasea también el ministro de economía maldiciendo el sudoku y soltando entre dientes lo que calló durante la campaña electoral. Y de postre, en el norte, Benegas repitiendo que Navarra será lo que quieran los navarros, y en el noroeste, un presidente socialista discrepando de su vicepresidente nacionalista sobre el modelo de financiación. Es un buen enredo político, territorial y económico el que han traído los socialistas por desarrollar tan mal su España plural y en red, la de Santillana del Mar. Un modelo cuya puesta en práctica precisaba dos condiciones no cumplidas, unas fuertes convicciones nacionales y un presidente que, provisto de ellas, fuese capaz de sobreponerse a los barones territoriales, a la insolidaridad y a la voracidad autonómica.

Esto de la ordenación del modelo autonómico y de la mala coyuntura económica son los dos asuntos más importantes de la legislatura que empieza. Pero la agenda que presentó la vicepresidenta es otra. Zapatero echa el anzuelo de una interminable batalla ideológica en la que los populares acabarán siendo la derecha extrema. De la Vega habló, con la solemnidad de quien por vez primera anuncia tales cosas en España, de reformas constitucionales, de reformas de la ley de libertad religiosa, de la ley electoral, previo dictamen, otro más, del Consejo de Estado, y de la de igualdad, de nuevos supuestos de aborto y, cómo no, de más memoria histórica. Ya comentaremos cada cosa pero, de momento, no parece que a Montilla le importe todo eso más que su financiación, ni parece que la ciudadanía de a pie encuentre en esas propuestas motivos bastantes para olvidarse de lo que ahora le agobia y el presidente relativiza.

Nos habíamos acostumbrado, y, además, entre risas, a que los políticos nieguen hoy lo que afirmaron ayer, a que se insulten con las mismas ganas con las que luego se abrazan, a que prometan la luna y a que sigan alimentando los mitos de siempre. A que la Constitución fuera de chicle y el Estado, la reserva federal americana. Lo más probable es que ese hacerse a todo tuviera bastante que ver con el crecimiento imparable de la economía que hemos conocido en los últimos diez o doce años. Vamos a ver lo que nos dura la paciencia y ese sentido del humor tan inconsciente y tan perezoso, ese que explica el éxito del chiquilicuatre que tan zafia y lamentablemente representará a la televisión pública española, ahora que el crecimiento se desacelera y las autonomías piden más, sin el menor sentido de Estado. De la una y del otro, paciencia y humor, vamos a tener mucha necesidad.

José Antonio Portero Molina es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de A Coruña

Tiranía y libertad
Pablo Mosquera La Voz 11 Mayo 2008

ETA y su mundo tienen su propio lenguaje, en el que los conceptos que manejan adquieren significados diferentes al de nuestra cultura democrática. Incluso están convencidos de su propio modelo de sociedad en democracia. Una sociedad-pueblo, limitada por: Idioma para diferenciarse. Nación que debe construir su propio Estado. Carta de naturaleza, como miembro del pueblo vasco, solo para los que demuestren su etnia vasca, y además suscriban los principios fundamentales de la revolución por la libertad de Euskal Herria.

Cuando alguien les advierte de que tales «ideales» son un ensueño, entran en la fase del delirio paranoide. Llegan a declarar, en el mejor de los casos, menor de edad al conjunto de ciudadanos que no les siguen. «Aún no están preparados». O, en el peor y más frecuente de los actos, lo declaran enemigo del pueblo vasco, al que solo ellos representan, como portador de los derechos históricos de una raza que desciende de la costilla de Aitor.

En esta clave subcultural es como hay que leer e interpretar los comunicados de ETA. Ahora resulta que cualquier intento de pacto entre el Estado y la comunidad vasca es traición. Y los traidores son los socialistas y los nacionalistas del PNV, que están intentando un acuerdo para modificar y adecuar el Estatuto de Autonomía.

Por eso no hubo forma de llegar a un acuerdo para que el proceso de paz prosperara. Los más duros de ETA, los sacerdotes del Santo Grial, solo aceptan «la libertad total». El problema está en el propio concepto de libertad total, que consiste en desarrollar e imponer su modelo fundamentalista de libertad, y como aquellos viejos revolucionarios. «Y al que no quiera ser libre, le obligaremos a serlo».

Lo malo es que Ibarretxe se contagió del proceso de «iluminación divina». Son como algunos místicos. Hablan directamente con Aitor y se consideran los elegidos para conducir al pueblo.

Ibarretxe no se da cuenta de que ETA les desprecia, por colaboracionistas, derechosos-cristianos, burgueses-capitalistas. Si alguna vez Euskadi viviera la independencia seríamos testigos de otra carlistada.

La normalización que pretende el de Llodio, y que requiere de la decisión libre de la sociedad vasca, es imposible mientras exista ETA. Esto es lo que vio Imaz y transmitió al PNV. Negociar con ETA no es la solución, precisamente, por ser ETA el problema.

La euskaldunización de funcionarios ha costado 55 millones desde 2005
El Gobierno aumenta en un 13% el gasto previsto para este año
E. AZUMENDI - Bilbao 11 Mayo 2008

Este año la previsión del Ejecutivo es superar los 15,5 millones, lo que representa un incremento del 13% sobre los 13,7 millones desembolsados en 2007, según una respuesta parlamentaria al PP de la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia.

La principal partida se la lleva el aprendizaje de euskera por parte de los profesores, un colectivo vital para extender la euskaldunización. Los docentes aprenden la lengua vasca por medio del programa Irale, que incluye la liberaciones de hasta dos años de las tareas docentes para obtener el perfil lingüístico 2, que faculta para dar clases en euskera. Entre 2005 y 2007, el Departamento de Educación ha gastado 20,2 millones, y para este año prevé siete.

Otro sector donde se está dejando notar con fuerza el impulso de la Administración es en Osakidetza. Para 2008, el Departamento de Sanidad, que dirige Gabriel Inclán, ha consignado una partida de 5,5 millones de euros, uno más que el año anterior. En el periodo 2005-07 el gasto había ascendido a 12,7 millones. La plantilla del Servicio Vasco de Salud es la más amplia de la Administración, con más de 20.000 trabajadores.

A la euskaldunización de la plantilla de la Ertzaintza se han destinado 1,6 millones hasta 2007 y para 2008 se han reservado 766.000 euros. Mientras, a los funcionarios de la administración general se han dedicado 2,8 millones en el plazo 2005-07 y para este año la partida asciende a 758.000 euros.

Entre las diferentes acciones formativas que se ponen a disposición de los empleados del sector público, la más importante la constituyen los cursos de euskera, que pueden suponer la liberación total de sus tareas habituales y la contratación de sustitutos, o durante dos horas diarias. Mediante estos cursos, los trabajadores deben alcanzar el perfil lingüístico señalado.

La euskaldunización de los funcionarios recibió su mayor impulso a partir de 1989, cuando el Ejecutivo puso en marcha, con el apoyo mayoritario del Parlamento, un ambicioso plan dirigido a extender el conocimiento del euskera entre su plantilla.

LES "NIEGA" EL DERECHO A OBJETAR
Los padres objetores a EpC de Toledo presentan los primeros 20 recursos contra Educación
Familias objetoras de Toledo a EpC han presentado los primeros veinte recursos contencioso-administrativo contra las resoluciones de la Consejería de Educación y Ciencia que les "niega" el derecho de objeción. Este mismo procedimiento especial ha sido ya utilizado por los padres de Andalucía, comunidad cuyo TSJ ha reconocido en repetidas ocasiones tal derecho, e incluso ha declarado la nulidad de parte de las disposiciones que desarrollan esta asignatura.
Europa Press Libertad Digital 11 Mayo 2008

Otros veinte recursos se encuentran en vías de preparación y se presentarán en la próxima semana, según datos en poder de Educación y Persona y Concapa Toledo, organizaciones que han puesto a disposición de los padres objetores de la provincia los servicios de un equipo de abogados y procuradores, informa la asociación Educación y Persona en un comunicado.

Estos recursos judiciales se han presentado, según apunta, utilizando la vía del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, ya que los padres recurrentes consideran vulnerados por la Consejería el derecho a la libertad ideológica y de conciencia, el derecho a la intimidad personal y familiar, y el derecho a educar a los hijos en las propias convicciones morales y religiosas, derechos todos ellos recogidos en la Constitución.

"Este mismo procedimiento especial ha sido el utilizado por los padres de Andalucía, comunidad cuyo Tribunal Superior de Justicia ha reconocido ya en repetidas ocasiones el derecho de los padres a objetar contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía, e incluso ha declarado la nulidad de parte de las disposiciones dictadas por la Junta de Andalucía que desarrollan esta asignatura".

Según la asociación, los recursos contencioso-administrativos se irán presentando conforme se vayan recibiendo por los padres objetores las resoluciones desestimatorias de los recursos de alzada. "Por lo tanto, las previsiones son que su número se vaya incrementando progresivamente en las próximas semanas, hasta alcanzar finalmente un número cercano a los trescientos recursos".

Con esta decisión del primer grupo de padres de la provincia de Toledo, Castilla-La Mancha se suma a la lista de comunidades en las que ha sido recurrida jurídicamente la "polémica" asignatura "configurada para la transformación de la conciencia moral de los alumnos tal y como se reconocía ya en los borradores de la asignatura y en el Manifiesto del PSOE de diciembre de 2006".

Por la salubre flexibilidad
PAU BLASI, EL MUNDO 11 Mayo 2008

BILBAO.- La normalización lingüística de la Sanidad es un reto al que se enfrentan todas las comunidades con dos idiomas oficiales. Euskadi no es el único lugar donde la exigencia del dominio de las dos lenguas se está convirtiendo en un problema a la hora de contratar a especialistas, pero un análisis de la situación por la que pasan otros territorios permite conocer las diferentes estrategias con las que afrontan esta situación.
Euskadi.

Mientras que en Euskadi se está primando el dominio del euskara sobre otros méritos, como el de tener un doctorado, comunidades como Valencia o Cataluña están flexibilizando los criterios de contratación para poder hacer frente a la carencia de especialistas. En la actualidad, la mayoría de las plazas ofertadas en el Servicio Vasco de Salud exige un perfil lingüístico, bien sea en la OPE -en la última convocatoria, el 25% de los puestos exigían un elevado perfil- o bien a través del periodo de preceptividad abierto posteriormente y que en muchos casos concluye en 2010. Sólo los mayores de 45 años están exentos.
Cataluña.

Al igual que el resto de funcionarios públicos de la Administración catalana, el personal que trabaja para el Servicio Catalán de la Salud debe tener un conocimiento suficiente de la lengua catalana, que en este caso se acredita con el certificado C. Es el nivel intermedio -las titulaciones llegan hasta la E- y corresponde al dominio de la lengua que se deduce de cualquier persona que obtenga el bachillerato. La ley del Instituto Catalán de la Salud introduce esta exigencia y sólo recientemente se ha incluido el conocimiento necesario de castellano como requisito para trabajar en la Sanidad.

En cualquier caso, sin el certificado C de catalán no se puede acceder a la función pública y se incluye en toda convocatoria pública en Cataluña. Si no se tiene, existe la posibilidad de realizar una prueba de nivel de idioma y es aquí donde suele haber mayor flexibilidad en función de la necesidad de personal que haya en cada momento. En el caso de la Sanidad, esta vía está permitiendo la contratación de extranjeros, principalmente latinoamericanos. Con todo, para ellos el conocimiento del español es también un requisito.
Valencia.

Como norma, en los concursos de traslados, ascensos, bolsa de trabajo y OPE para el servicio de salud, el valenciano supone un 5% del valor total, por lo que no cabe considerarlo un mérito preferente. Se valoran mucho más los años y el lugar de experiencia.

De este modo, a la hora de acceder a una plaza en la Sanidad, además de la carrera, que resulta indispensable, un doctorado o una especialidad pueden aportar hasta un 15% de los puntos. El dominio del valenciano varía en función del nivel que se tiene. Hay elemental, medio y superior, y éste último sólo supone un 5%.

Por otra parte, la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad Valenciana fue modificada el pasado 28 de diciembre, logrando, entre otras cosas, hacerla más permisiva para poder contratar a médicos extranjeros. El castellano ha dejado de ser un requisito indispensable, aunque después el hospital pueda rechazar a un profesional si considera que el conocimiento del idioma es fundamental para acceder a una plaza, y ni siquiera hace falta tener convalidado el título. Sólo se requiere haberlo solicitado, ya que puede llevar ocho meses conseguir la convalidación del título de un país a otro.
Baleares.

La situación en la comunidad insular todavía está sin definir por completo, ya que nunca ha habido oposiciones en Sanidad desde que transfirieron las competencias y todavía no están elaboradas las bases para esta primera OPE.

Como referencia, sin embargo, cabe fijarse en las oposiciones al Consell de Mallorca, donde el nivel C de catalán se valora más que un doctorado. La convocatoria de las pruebas para acceder a una de las plazas vacantes en la Administración insular establece que por disponer de nivel C de catalán se obtienen 1,25 puntos y 1,50 por el nivel D. Por contra, tener un doctorado se valora con un punto. El nivel máximo de catalán, el E, se valora con dos puntos, más que si el concursante tuviera una segunda licenciatura.

La Administración insular exige, principalmente, la titulación en catalán de nivel A, B y C, en función del puesto de trabajo demandado en todas las convocatorias de concurso oposición. En el caso del Consell, desde la pasada legislatura se premia, además, al funcionario que va subiendo en su nivel de dominio de esta lengua con 33 euros al mes».
Con información de Carol Alvarez, Manuel Aguilera, Rafa Burgos y Vicente Useros.


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