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Recortes de Prensa    Miércoles 14 Mayo 2008

Política lingüística y democracia constitucional
José María Ruiz Soroa
 14 Mayo 2008

... la democracia constitucional consiste en un régimen de gobierno popular que toma sus decisiones por sistema de mayorías pero limitadas en todo caso por el respeto infranqueable a un coto vedado de derechos de las personas, que ninguna mayoría puede violar....

Texto de la conferencia que, con ese título, pronunció el abogado José María Ruiz Soroa, el 22 de abril de 2008, en las Aulas de la Experiencia de la Universidad del País Vasco, en Bilbao, organizada por Aldaketa.

Índice del Artículo
Política lingüística y democracia constitucional.
Los dos grandes paradigmas en la política lingüística
¿Qué tiene que ver los derechos de las personas?
¿Y qué pasa con la identidad cultural?
En materia lingüística no hay derechos absolutos
Algunos términos que conviene comentar
Los derechos colectivos
El valor de la lengua como marco formativo de la personalidad humana
La integración y la cohesión social
La injusticia de la historia
El derecho de todo hablante a ser atendido y respondido
El consenso político

 Gracias a la Fundación Para la Libertad

La política lingüística puede ser examinada desde múltiples y diversas perspectivas. Aquí se va a seguir una muy concreta: la propia de la filosofía política. Es decir, que no vamos a analizar la cuestión de las lenguas desde el punto de vista de la lingüística (disciplina en la que nos reconocemos unos ignorantes), o de la educación (en que nos sucede lo mismo), o del estrictamente jurídico positivo (aunque algunas referencias haremos a textos jurídicos y constitucionales), sino desde la perspectiva de los principios y valores que informan la democracia constitucional.

El de democracia constitucional (o su equivalente “el Estado democrático de Derecho”) es un concepto hoy ampliamente extendido que pretende recoger las notas esenciales y características de las democracias actuales. Y, sobre todo, pretende recoger en un mismo término dos planos ideológicos e históricos distintos en la formación de las democracias como sistemas de gobierno: el núcleo liberal de la democracia entendida como limitación del poder público y el núcleo democrático de la democracia entendida como autogobierno popular. De esta forma, la democracia constitucional consiste en un régimen de gobierno popular que toma sus decisiones por sistema de mayorías pero limitadas en todo caso por el respeto infranqueable a un coto vedado de derechos de las personas, que ninguna mayoría puede violar. Pues bien, de lo que se trata aquí es de examinar la compatibilidad de las políticas estatales en materia lingüística con los principios clave de la democracia constitucional y, en concreto, con el corazón de “libertades” que posee. Es decir, examinar hasta qué punto determinadas políticas en materia lingüística afectan de manera negativa a la libertad de los ciudadanos o a la igualdad de estatus jurídico entre ellos. Puesto que si así sucediera, esas políticas no serían aceptables desde la perspectiva democrática. Este es el contenido de la primera parte de este trabajo.

Pero no terminará aquí el examen, puesto que entendemos que los principios claves de la democracia no sólo actúan como límites infranqueables para determinadas políticas intervencionistas o asimilacionistas, sino que también pueden servir para inspirar las líneas maestras de cualquier política lingüística. Es decir, que el objetivo de lograr la más amplia autonomía de las personas dentro de un sistema de acceso igual a las diversas opciones vitales (libertad e igualdad) determina con bastante claridad, dentro del contexto propio de cada país, las líneas maestras de la política en materia lingüística. A este aspecto dedicaremos la segunda parte.

PARTE I – LAS PERSONAS COMO LÍMITES
 

LOS DOS GRANDES PARADIGMAS EN LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Un somero repaso al tema lingüístico nos enseña de inmediato que en esta materia existen dos paradigmas diversos desde los cuales se comprende el problema, se analiza y se intenta regularlo. Hablo de “paradigmas” en su sentido fuerte (el de Thomas Khun), es decir, de modelos intelectuales que organizan nuestra precomprensión de un ámbito determinado de la realidad y desde los cuales los estudiamos e intentamos resolver sus problemas. Los paradigmas son verdaderos modelos cognoscitivos y normativos para un sector de la experiencia humana.

Pues bien, a la hora de comprender, estudiar y regular el fenómeno de la pluralidad lingüística pueden adoptarse dos paradigmas muy diversos:

a) El “paradigma de las lenguas” consideradas como bienes básicos o primordiales por sí mismas. En este modelo se parte fundamentalmente del valor cultural de las lenguas como marcadores de etnicidad de los grupos sociales que las hablan.

Dentro de su ámbito aparecen expresiones que sólo en él tienen sentido, tales como “lengua propia”, “riqueza cultural”, “patrimonio lingüístico”, “normalizar la lengua” y otras parecidas. El rasgo esencial del modelo es que, en todo caso, el eje conceptual desde el que se aborda la comprensión y regulación del fenómeno es la lengua misma. Es ésta la que reclama una política, sea cual sea ella, pues constituye un bien básico que el gobierno debe repartir. Por ello, en este modelo aparecen como sujetos activos esenciales de la política a desarrollar unos entes colectivos o abstractos, que son los poseedores de la lengua: el territorio, el pueblo, el grupo, la cultura. Las personas aparecen no tanto como sujetos sino como objetos de la regulación, en tanto en cuanto son miembros de un grupo o habitantes de un territorio.

b) El “paradigma de los hablantes”, que se fija en las personas, en tanto en cuanto animales locuaces que son, como eje de cualquier precomprensión, análisis y regulación. En este modelo se toma en consideración primaria los valores de las personas (autonomía en su desarrollo e igualdad de acceso a las oportunidades). Las lenguas son consideradas básicamente como instrumentos de comunicación al servicio de esos valores, aunque también se reconoce el hecho de que puedan ostentar un valor expresivo o simbólico para algunas personas. En este modelo suenan términos como “lengua de uso”, “lengua común”, “libertad lingüística”, “lengua oficial”, “no discriminación”, etc. El sujeto de cualquier regulación son las personas (los hablantes) no lo que hablan (la lengua).

“La distinción básica en materia de lenguas es entre la lengua entendida como habitualmente se hace, es decir, como un instrumento de comunicación, y la lengua como un emblema de grupo, como un símbolo, como un punto de reunión” (J. Edwards, “Language, Society and Identity”).

Esta división de modelos no es un mero prurito clasificador o dogmático, sino que revela una importancia trascendental. Según se adopte uno u otro, las realidades sociales existentes en nuestro derredor serán percibidas de una u otra forma. Los mismos términos significarán cosas radicalmente distintas según se utilicen en uno u otro paradigma. Por ejemplo, un término tan básico y simple como “igualdad” significa algo profundamente diverso en el paradigma de la lengua (donde significa que las diversas lenguas existentes son iguales y por tanto pueden aspirar a ser habladas por igual) o en el de los hablantes (donde significa que las personas deben tener iguales derechos lingüísticos). El término “bilingüismo” significa en uno que todos los habitantes de un territorio deben hablar las dos lenguas (bilingüismo personal), mientras que en el otro significa que en ese ámbito hay hablantes de una, de otra y de las dos (bilingüismo social). El término “lengua propia” significa en uno la lengua de un pueblo o de un territorio o de una historia, en el otro significa la lengua de las personas.

Dato trascendental: en España vivimos y nos regulamos dentro de y conforme con el primero de los paradigmas, el de las lenguas. Un paradigma que, ya de entrada podemos anunciarlo, ocasiona casos flagrantes de violación de derechos personales en materia de libertad e igualdad de los ciudadanos. Por eso, este trabajo tiene un acusado carácter crítico y revulsivo, puesto que está pensado desde el paradigma distinto. Advertimos desde ahora que contiene afirmaciones que serán consideradas casi como injurias o insultos, o por lo menos como desvaríos absurdos, por quienes habitan en el paradigma oficial. Esto es algo natural y ha sucedido en todos los casos en los que la precomprensión intelectual de un fenómeno físico o social ha cristalizado en un modelo rígido: que lo que dicen quienes hablan desde otro diverso semeja locura o delito.

¿QUÉ TIENEN QUE VER LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS?
La regulación lingüística entra en relación con varios derechos de las personas, derechos que, en principio y con las salvedades que más adelante haremos, debe respetar en todo caso. Fundamentalmente, se trata de la libertad y de la igualdad. La libertad en materia de lengua se plasma en el derecho a la libertad lingüística o libertad de opción, en el sentido de que cada persona es libre de hablar la lengua que decida autónomamente, sin que pueda ser coercionada por el poder público para adoptar una determinada. Este es un derecho que conecta con otros más generales como el derecho a la libre expresión, a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad. Además, la libertad en materia de lengua conecta también con otra faceta de la libertad personal, que luego comentaremos más ampliamente, la libertad de identidad cultural.
 
También la igualdad puede verse afectada por la regulación positiva en materia de lenguas. En efecto, en una democracia existe el más amplio derecho al trato igual de todos los ciudadanos en el acceso a las oportunidades o bienes públicos (igualdad de chances). Estas oportunidades o bienes se manifiestan en una amplísima gama de servicios públicos (enseñanza, justicia, bienestar, administración) y de acceso a puestos de trabajo, pero no se agotan en ellos. En efecto, la igualdad de acceso debe también incluir la participación en la actividad política y cultural de la sociedad en que se vive, de forma que ningún ciudadano podría ser discriminado por razón de su lengua en el derecho a participar, a tener voz en su sociedad.

Las políticas lingüísticas pueden interferir abusivamente en la libertad personal, por ejemplo, cuando imponen a las personas el conocimiento o utilización de una determinada lengua distinta de suya propia en contra de su voluntad. Y pueden interferir en la igualdad de los ciudadanos cuando condicionan el acceso a los bienes y chances de carácter público al empleo de una determinada lengua, o privilegian ese acceso en función de la lengua que posea/emplee el ciudadano. Sin embargo, llamamos la atención sobre el término que hemos empleado: “pueden” interferir. Y es que la imposición de una lengua no siempre constituye un atentado a la igual libertad de las personas. En este punto hay que ser cautos y no otorgar apresuradamente a los derechos de libertad e igualdad lingüísticos un carácter absoluto e incondicionado. La lengua tiene unos condicionantes sociales que hacen que ningún derecho con ella relacionado, ni siquiera el de libertad, pueda ser considerado fundamental o absoluto. Más adelante ampliaremos este punto.

Antes, sin embargo, conviene recordar lo que significa el carácter de “coto vedado” o “indisponibilidad democrática” de que gozan los derechos a la igual libertad de las personas en una democracia constitucional. Y las consecuencias que ello tiene. Porque resulta que, para una extendida apreciación vigente en esta materia, una política lingüística es legítima siempre que haya sido debatida y aprobada por los órganos representativos del país, es decir, es legítima siempre que haya sido objeto del adecuado consenso democrático. Y no digamos nada si ha sido objeto de un “superconsenso” como el que en ciertos casos se ha producido en los parlamentos representativos, en los que una determinada política ha sido aprobada por unanimidad de los representantes políticos. En virtud de esta difundida opinión, en democracia no cabría objetar nada a las políticas democráticamente consensuadas. Pues bien, esta opinión es precisamente la que desconoce flagrantemente el alcance de lo que constituye una democracia constitucional. El núcleo esencial que constituye la igual libertad de las personas no puede ser violado en ningún caso por la acción del gobierno, con independencia de que esa acción esté más o menos respaldad por un previo consenso democrático. Incluso si la igual libertad afectada fuera la de una sola persona y, por el contrario, la decisión adoptada fuera respaldada por todos los demás ciudadanos, la decisión y la política consecuente serían ilegítimas. Porque el corazón de libertades personales existente en toda democracia es literalmente “indisponible” para las mayorías, para el gobierno y para la sociedad. La cuestión no es de mayorías o minorías, es de pura y simple “incompetencia”.

¿Y QUÉ PASA CON LA IDENTIDAD CULTURAL?
Si hay un punto en el que la forma contemporánea de percepción política está desviada de los parámetros democráticos es el de la identidad cultural, y ello tiene serias consecuencias en la materia que tratamos, que conviene poner en claro antes de continuar. En efecto, el sentimiento más generalizado en nuestras sociedades es el de que la identidad cultural es una cuestión colectiva que afecta a grupos, etnias o naciones y que, por esa misma razón, pertenece al ámbito de lo que se ha llamado “derechos colectivos”. Serían los grupos o naciones los que poseerían un derecho a su conservación identitaria, a su pervivencia en el tiempo, y ese derecho podría imponerse incluso a las personas afectadas. Y dado que la lengua se considera (con razón o sin ella, eso es lo de menos) como uno de los más importantes y significativos “marcadores de identidad”, los grupos tendrían derecho a imponerla a los individuos como medio para lograr el fin supremo perseguido, el de garantizar la conservación del grupo.

A esta percepción generalizada, que no dudamos en considerar como desviada y errónea, se ha llegado en nuestra sociedades por la influencia de un conjunto de factores, tanto sociales como políticos e ideológicos. Ahora no nos interesa mucho desgranarlos, sino sólo destacar la trascendencia entre ellos del nacionalismo romántico como elemento político, y del comunitarismo como elemento ideológico para esta popularización de la visión de la cultura como hecho colectivo que se impone a la libertad del individuo. Hoy, entre nosotros, se ha convertido casi en una obvia banalidad que nadie discute. Véase, por poner un ejemplo, el caso del Estatuto de Autonomía andaluz recientemente aprobado en 2.007, cuyo art. 10 afirma que uno de los objetivos básicos del gobierno andaluz es nada menos que
“conseguir el afianzamiento de la conciencia de identidad y de la cultura andaluza”.

O el art. 3-2-h) de la Ley de la Escuela Pública Vasca que le señala como función:
“Facilitar el descubrimiento por los alumnos de su identidad cultural como miembros del pueblo vasco”.

Si nos tomamos en serio estos textos, y si nos fijamos en algo tan obvio como que esa “conciencia de identidad” que se pretende afianzar sólo existe y puede existir en los circuitos neuronales de los individuos andaluces y vascos (es su “lugar ontológico” por definición), lo que está diciendo el Estatuto es que el gobierno andaluz no sólo puede, sino que debe, intervenir en las conciencias individuales de los ciudadanos para imponer un determinado contenido (cultura) en ellas ¿Dónde quedan, entonces, los principios de libertad de personalidad y de conciencia que garantizan, en teoría, los arts. 10 y 16 C.E.? ¿Se imaginan un texto legal que autorizase al gobierno a “afianzar la conciencia de identidad cristiana” en la mente de los ciudadanos? Pues si substituimos religión por cultura, la violación del ámbito personal privado es idéntica. Y, sin embargo, lo que en un caso parecería escandaloso a todo el mundo, en el otro parece normal.

En cualquier caso, la doctrina nacionalista/comunitarista en materia de identidad cultural puede definirse como un caso típico del fenómeno consistente en deducir de una descripción correcta de un hecho social unas consecuencias normativas estrafalarias para con él. Pues si bien es banalmente cierto que el individuo se forma en ósmosis continua con su ambiente social y cultural, y extrae de ese ambiente los elementos constituyentes de su personalidad, es absurdo deducir de ese hecho la consecuencia de que los individuos estarían obligados a preservar, continuar y recrear indefinidamente esos contenidos culturales. Eso sería tanto como confundir la moralidad social (la sittlichkeit hegeliana) con la moralidad crítica o reflexiva. De una precedencia genética (el individuo se forma en una sociedad y cultura concreta) no puede deducirse una preeminencia ética o política (la cultura concreta estaría por delante de los derechos del individuo).

Desde el punto de vista democrático constitucional esta deducción de un presunto derecho de los grupos a conservarse a sí mismos por encima de los derechos de las personas que los componen es un puro dislate. El derecho a la identidad cultural existe, ciertamente, pero es un derecho de los individuos, por mucho que sea un derecho de ejercicio colectivo o conjunto, y a nadie se le puede imponer, o forzar a conservar, una identidad concreta en contra de sus deseos fundados.

“Nacer en una cultura particular no es evidentemente un ejercicio de libertad cultural, y la preservación de alguna cosa con la cual el individuo ha sido marcado simplemente debido al nacimiento difícilmente puede ser, por sí mismo, considerado como un ejercicio de libertad” ( Amartya Sen).

Esto no significa que la cultura no sea importante para los liberales igualitarios. Más bien podría decirse lo contrario: los demócratas pensamos que la cultura es un dato central en la vida de las personas y, precisamente por ello, creemos que dentro de un sistema de derechos iguales para todos, cada cual debe poder vivir su cultura, traspasarla a sus hijos, desafiarla o cambiarla, así como abandonarla y substituirla. La que resulta literalmente contradictoria y absurda es la postura de aquellos que consideran la pertenencia cultural como un bien primario para, a renglón seguido, pretender imponerlo a las personas que componen o participan de esa cultura.

“La protección igualitaria de la integridad de la persona, que todos los ciudadanos pueden exigir, incluye la garantía del mismo acceso a los patrones de comunicación, relaciones sociales, tradiciones y relaciones de reconocimiento que son indispensables o deseables para el desarrollo, reproducción y renovación de su identidad personal” (J. Habermas, “Entre naturalismo y religión”)

Si partimos, entonces, de la base cierta de que la libertad de identidad es un derecho individual, la relación del punto con la política lingüística se organiza también sobre la libertad personal. Es decir, que la conservación de la lengua de un grupo por motivos culturales, que puede ser un objetivo legítimo de un gobierno si se ha decidido democráticamente, nunca podrá afectar al derecho de cada persona a mantener, cambiar o rechazar esa lengua por motivos de índole precisamente cultural. Cuanto más se exagere la importancia de la lengua en la formación de la personalidad humana (la hipótesis Sapir-Whorff), más evidente resulta el derecho personal de cada uno a decidir libremente en esa materia.

“Los contenidos culturales están en los cerebros de los individuos, no en las abstracciones estadísticas que son los grupos sociales ni en las geologías descerebradas que son los territorios. Por eso, la única autonomía cultural real es la de los individuos, no la de las colectividades o los territorios. La única normalidad compatible con la libertad y la racionalidad es aquella situación en la cual cada ciudadano decide por sí mismo los contenidos culturales que prefiere” (J. Mosterín)

EN MATERIA LINGÜÍSTICA NO HAY DERECHOS ABSOLUTOS.
La afirmación de que no hay derechos absolutos es especialmente aplicable al caso de los derechos y libertades relacionados con la lengua, precisamente porque ésta es un fenómeno social de carácter muy especial.

En principio, ningún derecho es absoluto, en el sentido de que cualquiera de ellos debe someterse en su ejercicio a las limitaciones y restricciones derivadas de la existencia de unos derechos simétricos de los demás. Por ello, las personas están obligadas a soportar ciertas restricciones o limitaciones a sus libertades, cuando son necesarias para garantizar la igual libertad de los demás. Precisamente, el único título habilitante que poseen los poderes públicos para intervenir restrictivamente en la esfera personal de los ciudadanos es la protección de los derechos de los demás ciudadanos. Y ello condicionado a las circunstancias de razonabilidad y proporcionalidad (no arbitrariedad) entre la limitación del derecho de uno y la protección del derecho de otros. Esta es una idea trascendental, pues en materia de lenguas tiende a creerse que las concepciones del bien común que construye la mayoría de los ciudadanos y que, por ello, hace suyas el gobierno, son título suficiente para intervenir y limitar las iguales libertades de elección de las personas, de forma que una concepción particular de la buena vida sería causa suficiente para justificar una política limitativa o intervencionista de un gobierno. Y esto no es así. En democracia cada uno es libre de buscar su propio modelo de felicidad (la buena vida), y el gobierno no puede ni siquiera intentar imponer el que considera mayoritario o preferible si con ello interfiere sobre las libertades básicas. Por el contrario, podrá hacerlo para proteger o defender el igual derecho de todos a buscar la felicidad. El límite a la autonomía personal es, precisamente, el tener que convivir con la autonomía de los demás.

Ahora bien, cuando tratamos de la lengua, el carácter no absoluto de las libertades con ella relacionadas adquiere facetas muy especiales. Y es que las opciones lingüísticas, a diferencia de otras opciones personales como las religiosas, no pueden arregladas simplemente dejando solas a las personas. El Estado no puede levantar sus manos del asunto y dejarlo al libre juego interpersonal.

La solución de Babel no es ya posible.

Y ello por varias razones. En primer lugar, porque el Estado existe y habla, y tiene que elegir en qué lengua va a relacionarse con los ciudadanos y en qué lengua va a proporcionar esos servicios a los que los ciudadanos tienen derecho. Es decir, tiene que establecer cuál o cuáles son su lengua de interlocución.

“El Estado puede ser neutral respecto a las religiones de una forma en que no puede serlo respecto a las lenguas, sencillamente porque tiene que utilizar al menos una lengua para comunicarse con sus ciudadanos. La separación entre la iglesia y el estado es posible, pero no lo es la separación entre el estado y la lengua” (T. J. Miley)

En segundo lugar, el derecho personal en materia lingüística es un derecho que requiere de la asistencia activa de terceros, no es un derecho que, como la opción religiosa, pueda ejercitarse en la aislada intimidad de cada conciencia y hogar. Es un derecho fuertemente relacional y, por ello, proclamar un derecho de opción lingüística es tanto como proclamar una carga del resto de la sociedad, la carga de atender esa voz.

Pues bien, esta naturaleza particular de las cuestiones lingüísticas marca ineluctablemente, en forma de limitación evidente, nos guste o no, las libertades abstractas que inicialmente hemos proclamado. El derecho a usar la propia lengua no es un derecho humano en un sentido estándar de este término, pues está condicionado por factores arbitrarios que actúan al margen de cualquier criterio moral. Un ciudadano puede proclamar su derecho a una opción religiosa determinada, aunque sea el único de todo un país que practica esa religión. En cambio, un ciudadano aislado no puede proclamar su derecho a hablar en un determinado idioma en un país concreto si ese idioma no tiene presencia social apreciable en él. Es así de sencillo, por arbitrario que pueda resultar desde un punto de vista moral: el derecho está condicionado a requisitos puramente fácticos, es un derecho fuertemente contextualizado.

Por poner un ejemplo evidente, los inmigrantes que acceden a un Estado no poseen un derecho de opción lingüística, en cuanto que no pueden exigir ser atendidos (escuchados) por la administración pública en su propio idioma, ni que se les proporcionen los servicios en su idioma, ni que puedan participar en la actividad sociopolítica en su idioma. Otra cosa será determinar a partir de qué nivel o masa de inmigrantes con residencia el Estado afectado debe considerar como una obligación el concederles derechos de lengua minoritaria.

Otro ejemplo no menos evidente: hay países concretos en los que existen centenares de lenguas vivas (Indonesia 694, Papúa-Nueva Guinea 673, Nigeria 455, India 337, Camerún 247, limitándonos a los cinco primeros del ranking mundial), de las cuales muchas de ellas son habladas por menos de mil personas (el 25% de las lenguas del globo están en esta situación) o menos de diez mil (otro 25%). No hace falta razonar mucho la conclusión de que, en estos países, muchas personas no pueden proclamar un derecho de opción lingüística ante el Estado correspondiente. Sencillamente, no es posible atenderlo.

Más aún, otra conclusión no menos evidente, aunque seguro que choca con la percepción usual en nuestro ámbito, es la de que en estos casos el gobierno está obligado a imponer como lengua de instrucción una que sea ampliamente conocida y que garantice a los ciudadanos el acceso en igualdad de condiciones a los bienes públicos, por mucho que no sea la lengua “materna” de esas personas. Sí, han leído bien, son precisamente los derechos a la igual libertad de las personas afectadas los que a veces, no ya autorizan, sino que exigen a un gobierno que imponga una lengua de enseñanza diversa de la utilizada por las familias afectadas. Exigen la “aculturación” de las personas en una lengua diversa de la suya propia. De lo contrario, esas personas nunca serían ciudadanos en condiciones de ejercitar su autonomía personal ni tendrían acceso igual a las oportunidades vitales.

Esa política, con toda probabilidad, provocará la extinción de las lenguas minoritarias, es decir, causará lo que nuestros ecologistas culturales llamarían una pérdida irreparable de la diversidad lingüística. Aún así, desde el punto de vista de los derechos de las personas, está justificada.

“Los lingüistas, de forma típica, han lamentado la pérdida de la diversidad lingüística. Pocas veces se han fijado en los hablantes mismos en términos de sus motivaciones y de los costos y beneficios que les supone abandonar sus lenguas. Rara vez se han ocupado de la cuestión de si la supervivencia de una lengua implicaría una adaptación más adecuada de sus hablantes a la ecología socioeconómica cambiante. Han censurado la pérdida de las culturas ancestrales como si las culturas fueran sistemas estáticos y la emergencia de otras nuevas en respuesta a esas ecologías cambiantes fuera necesariamente peor” (Salikoko Mufwene, “Colonisation, Globalisation and the Future of Languages in Twenty-First Century”)

La conclusión evidente de estas situaciones es que los derechos de opción lingüística de las personas están vinculados al número de hablantes de una lengua, y no puede ser garantizado para personas pertenecientes a grupos muy pequeños.
“Un mundo en el que todos y en todos los lugares pudieran usar su propia lengua es totalmente utópico” (Eric Lagerpetz, “Sobre los derechos lingüísticos”).

Si no hay un derecho absoluto, si el derecho de libertad lingüística no es un derecho moral o humano, ¿qué validez tiene entonces? Pues tiene una validez contextual, pero aún así relevante. En primer lugar, una vez establecidas las condiciones de posibilidad que la realidad sociolingüística marca ineluctablemente en cada país a la política, es el que sirve de límite infranqueable a esa política. Por poner un ejemplo: un inmigrante aislado no tiene derecho a exigir que sus hijos sean educados en su idioma materno; un español tiene derecho a exigirlo, pues ello es posible y congruente con la realidad de su idioma en este país. En segundo lugar, la realidad lingüística (lo que la gente realmente habla) se impone como criterio de orden jerárquico superior al gobierno que pretende elegir su lengua oficial, precisamente porque expresa los derechos de los hablantes en forma inmediata: es un hecho social que el Derecho debe respetar. Un gobierno no puede imponer la lengua al margen de la realidad social efectiva existente.

De esta forma, la igual libertad en materia lingüística actúa de dos maneras: como límite para ciertas políticas en cuanto que es un derecho frente al poder, y como criterio de inspiración para cualquier política lingüística en cuanto es el valor más importante a preservar. Más adelante volveremos sobre este segundo aspecto, el de intentar pergeñar los ejes democráticos de una política lingüística. Por ahora, seguimos con nuestro análisis crítico de la realmente existente, es decir, de la que procede del paradigma de las lenguas como sujetos.

ALGUNOS TÉRMINOS QUE CONVIENE COMENTAR
Llegados a este punto, y aunque ello pueda parecer una digresión en nuestro caminar teórico en torno al tema, considero oportuno hacer un alto en el camino del análisis para intentar desvelar el significado de una serie de términos de uso frecuente en materia de política lingüística, pues no pocos de los problemas en torno a ella derivan de una comprensión defectuosa de algunos, o de la sacralización de otros como verdaderas “píldoras semánticas” evidentes por sí mismas, o del uso de otros como “metáforas que nos piensan”. Se trata de una labor indispensable de higiene mental antes de proseguir.

1) “Lengua propia”: formulada en abstracto, esta expresión haría referencia a la lengua que posee una persona, es decir, a su lengua de uso normal (podría incluso incluir más de una lengua en el caso de bilingües perfectos). Así, todas las lenguas son “propias” de alguien. Pero nadie la utiliza así en nuestro ámbito, sino en un sentido muy distinto. En concreto, esta expresión fue “inventada” por los Estatutos de Autonomía para designar a la lengua vernácula de cada nacionalidad o región de que se tratase (recuerda mucho a la de “Landsprache” que se inventó en el tardo Imperio Austrohúngaro), por oposición a la lengua “oficial” española. Se trata de un término que provoca inevitablemente un fuerte desajuste cognitivo para la percepción razonable de la situación lingüística de una sociedad y, por ende, en la orientación de la política a seguir. En efecto, a través de este término se califica como “propia”, “particular”, “correcta” o “ajustada” a una lengua vernácula, a pesar de que esa lengua no es hablada ni conocida por la mayoría de los habitantes. Es “propia” del pueblo, del territorio o de cualquier otra entidad metafísica, pero no es propia de las personas que allí habitan. Por el contrario, la lengua “propia” de todas estas personas como seres concretos, la que realmente hablan todos ellos (la lengua “común”) pasa a ser considerada como “lengua ajena” (que es el antónimo exacto de “propia”).

“Lengua propia: ¿hay alguna que no lo sea? Solamente existen gentes con lenguas propias” (Mikel Azurmendi)

2) De forma y manera que la situación tal como la ley vigente la contempla es la de que una mayoría de personas hablan una lengua ajena a ellas (el cómo podría suceder tal cosa, si nos lo tomamos literalmente en serio es algo cuya explicación me desborda), situación que debe ser corregida para restituirles (quieran o no) su propia lengua.

3) “Lengua común”: es un término ignorado por las normas vigentes que, sin embargo, hace referencia a un hecho trascendental, probablemente el más importante a tener en cuenta en una política lingüística razonable: que los ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca poseen todos ellos el dominio de una lengua común, que es la que les permite entenderse. Esto mismo sucede en España. Sin embargo, no encontrarán ustedes absolutamente ninguna referencia a la lengua “común” en la Constitución, los Estatutos u otro texto legal, sin duda porque es un hecho que se considera contaminado por un pasado injusto y rechazable, el de la imposición coactiva de esa lengua. A pesar de ello, se trata, como es obvio para cualquiera, sea lingüista o no, de un hecho trascendental que nos separa radicalmente de la situación de otros países con pluralidad lingüística (Suiza, Bélgica) que carecen del bien más preciado en esta materia: una lengua de uso universal.

4) “Lengua oficial”: en puridad, designa aquella lengua que es elegida por la Administración como lengua de comunicación, de manera que sus servicios son prestados en dicho idioma, por un lado, y no está obligada a atender a quien se dirija ella en otra lengua, por otro lado. Es el instrumento clave en el diseño de una política lingüística y pocos países carecen de una declaración de oficialidad de una o varias lenguas. Sin embargo, entre nosotros la expresión se utiliza con sentido peyorativo, para designar a la lengua “ajena” o “no propia” de “este pueblo”, de manera que la lengua “oficial” se percibe como opuesta a la lengua “propia” o “natural”, por mucho que sea la del cien por cien de la población.

5) “Lengua materna”: se ha convertido finalmente en una “tomadura de pelo”. Durante muchos años fue el término utilizado por los nacionalistas para designar un principio que se pretendía como básico en la psicopedagogía lingüística (el que la primera educación debía recibirse en la lengua materna so pena de graves daños al desarrollo infantil):

“Creo que es justo decir también que el derecho a la lengua materna es un derecho del hombre, un requisito pedagógico de la máxima importancia .. Cambiar de lengua en la niñez dificulta extraordinariamente la capacidad del niño.. Nosotros nunca vamos a obligar a ningún niño de ambiente familiar castellano a estudiar en catalán (R. Trías Fargas, CIU, Comisión Constitucional, debate sobre el art. 3 CE, 1978).

Posteriormente, y una vez conseguido ese derecho, pasó a ser un principio falso, pues se descubrió que el ideal educativo era la plena inmersión precoz del niño en el idioma no materno. ¿Dónde está lo cierto? Los especialistas no se ponen de acuerdo en cuál de ellos es el principio correcto, y más parece que su opinión depende su interés político personal. La postura más razonable parece ser la de considerar que la lengua “materna” no ostenta ningún valor especial como cauce de la educación (la educación practicada en nuestro ámbito en colegios franceses, alemanes o ingleses lo desmiente), y que lo que sí lo ostenta es la percepción del niño de la lengua usada como “no querida” o “impuesta”.

6) “Normalización”: en su sentido estricto, normalizar una lengua consiste sólo en establecer las normas estructurales, fonéticas y gramáticas de esa lengua, algo que sucedió muy tempranamente para el castellano o español y muy tarde para otras lenguas peninsulares. Tal como se utiliza aquí y ahora, viene a significar “hacer normal el uso de una lengua”, es decir, ajustar el Derecho al hecho. Lo cual implica dos asunciones previas de valor: que el uso que previamente se les daba era “anormal” y que “normalidad” significa universalizar el conocimiento de la lengua en toda la sociedad. En España no se concibe, en efecto, más situación “normal” que la de que toda la sociedad afectada conozca y hable la lengua normalizada. Esta opción carece de cualquier fundamento científico y se sustenta sólo en criterios de valor ajenos al uso de la lengua. En realidad, en lugar de ajustar la norma jurídica al hecho social, se intenta amoldar éste a aquélla. Aplicado a largo plazo significa que en los territorios autonómicos no podrá haber lenguas minoritarias, sino que todas serán “comunes”.

7) “Bilingüismo”: término que permite una amplísima gama de usos, en función del sujeto a quien se aplique. Entre nosotros, el término se aplica inicialmente a las sociedades o grupos y constata una realidad obvia: que en ellas coexisten dos idiomas. De esta descripción obvia se pasa sin solución de continuidad a una prescripción injustificada e injustificable: en una sociedad bilingüe todos los hablantes deben ser bilingües. Se trata de un caso típico de una “falacia de composición” en que los caracteres del conjunto se atribuyen a los individuos que lo componen. Sin embargo, la falacia se ha convertido en un argumento irrebatible para justificar las políticas lingüísticas intervencionistas.

8) “Patrimonio lingüístico”: es la metáfora preferida por los textos constitucionales y políticos para hacer referencia al plurilingüismo existente en España, metáfora cuya adopción tiene una trascendencia imposible de exagerar. Su solo empleo produce una asunción implícita de una densa carga valorativa de lo que en principio no es sino un hecho bruto (el plurilingüísmo), puesto que éste pasa a ser considerado como algo “bueno” por definición, que ha sido “heredado” de las generaciones precedentes, y que debe ser “conservado” e “incrementado”. Porque las personas no son las “propietarias” del patrimonio en cuestión, sino sólo sus depositarias temporales, obligadas a conservarlo y pasarlo íntegro y mejorado a la siguiente generación. De esta forma, es el patrimonio el que posee a los hablantes.

“Nuestra lengua es parte esencial de un patrimonio cultural del que el Pueblo vasco es depositario” (Preámbulo de la Ley de Normalización del Euskera 10/1982, las mayúsculas en el original).

LOS DERECHOS COLECTIVOS
El argumento suena así: “X (pongan aquí el grupo, pueblo o nación que deseen) es un pueblo con una cultura propia, que incluye como parte esencial una lengua determinada. Como todo pueblo o cultura, X tiene derecho a su supervivencia. Para sobrevivir, debe conservar sus marcadores de identidad. Luego puede legítimamente exigir a sus miembros que conserven o adquieran esos marcadores”.

El razonamiento hace uso del concepto de “derechos colectivos” o “derechos del grupo”, un concepto cuya corrección dogmática es más que discutida. Pero no vamos a entrar en esa discusión pues, incluso aceptando la idea de que los grupos pudieran ser sujetos de derechos, lo que es patente es que esos derechos nunca podrían en una democracia constitucional pretender anteponerse a los derechos individuales. El pretendido derecho de los grupos o las naciones a conservar sus señas de identidad podrá todo lo más justificar el establecimiento de “restricciones externas” frente a otros grupo o frente al colectivo social más amplio en que está inmerso el grupo en cuestión, es decir, un derecho a que las políticas culturales o lingüísticas del grupo amplio reconozcan y respeten su existencia. Lo que nunca podría ese presunto derecho es llegar a imponer obligaciones o restricciones sobre las personas que forman parte del mismo (o que se encuentran en su radio de acción territorial) que afecten a su derechos básicos como personas, es decir, su libertad e igualdad. Es el límite infranqueable de cualquier política gubernamental en una democracia liberal.

Por otra parte, el argumento es altamente contradictorio: puesto que si alguien forma parte de un grupo marcado por su identidad y lengua propia ello se deberá, precisamente, a que posee personalmente tales identidad y lengua. Si no es así, no forma parte del grupo y no tiene sentido imponerle nada.

La idea de que el presunto derecho de un pueblo a subsistir como tal implica la obligación de sus integrantes de adoptar un determinado idioma está siempre presente en el discurso nacionalista, incluso en aquellos casos en que pretenden adoptar posiciones de partida respetuosas con los derechos de las personas individuales:

“No se trata pues de que nadie renuncie a su lengua propia, sino de que conozca otra; no se trata de imponerles nada, sino de reconocer su derecho al acceso a la lengua del país (hasta aquí premisa totalmente respetuosa). Pero una de dos: o bien el catalán debe desaparecer, o bien quien vive en Cataluña tiene que conocerlo” (conclusión contradictoria) (Texto de Ana Moll citado como excelso por P. Etxenike en su defensa de la Ley de Normalización del Euskera, Parlamento Vasco, 25.11.1982).

Igual rechazo provocan, desde una perspectiva democrática, los discursos que pretenden “equilibrar” los derechos colectivos del grupo con los derechos individuales de los individuos que los componen, de forma que:
“Nuestro propio modelo se basa en derechos individuales, pero con el reconocimiento de que la lengua propia y el centro de gravedad de Cataluña es el catalán y de que, por ello, se le deberían otorgar ciertos privilegios ..” (J. Pujol, 1995 ).

No es cuestión de equilibrio, sino de jerarquía: los derechos individuales son de rango superior, son indisponibles para el gobierno, y no pueden contrabalancearse con ningún presunto derecho colectivo. Cualquier privilegio que se pretenda conceder a una determinada lengua o rasgo cultural tiene como límite infranqueable los derechos de las personas afectadas.

EL VALOR DE LA LENGUA COMO MARCO FORMATIVO DE LA PERSONALIDAD HUMANA
En este caso, el razonamiento sigue siendo comunitarista por su inspiración, pero adopta la perspectiva de la persona individual. En definitiva, este argumento subraya el valor que para toda persona tiene su marco cultural de pertenencia, pues nadie puede autocomprenderse sino en los marcos de su propia cultura. Nadie puede ser persona autónoma si no es tomando de su propia cultura los elementos que le permiten constituirse como tal. De forma que el marco cultural tiene para la persona un valor constitutivo, es un “bien primario” si queremos utilizar la terminología de Rawls. Y como tal “bien primario”, la persona tendría derecho a que el gobierno se lo distribuya y garantice.

El argumento es ciertamente difícil de seguir en su propia congruencia. En efecto, sin entrar a discutir el alto valor que para las personas pueda tener su marco cultural propio y que ello incluya su conservación en el tiempo (algo que habría que matizar enormemente), el problema de la validez de las políticas lingüísticas intervencionistas entre nosotros (aquí y ahora) no se plantea con respecto a los ciudadanos que desean conservar su marco cultural personal (personas que por definición están de acuerdo con esas políticas), sino con respecto a ciudadanos que poseen un marco lingüístico diverso y se ven forzadas a asimilarse al definido como adecuado por el gobierno. Es decir, que precisamente es el argumento del valor excelso de la “pertenencia cultural” el que más fuertemente milita contra la posibilidad de imponer una lengua a personas que no la hablan.

En realidad, y por muchos esfuerzos que hagan para disimularlo, en los razonamientos justificativos de las políticas lingüísticas practicadas en España que se hacen desde el argumento del valor de la cultura para las personas hay siempre un momento dialéctico tramposo, pues en algún momento del razonamiento se ha producido un mágico “cambiazo” de sujetos. Del sujeto “persona individual concreta” se ha pasado al sujeto “pueblo/grupo”. Del marco cultural concreto y real de cada uno se ha pasado al marco que ese uno “debería poseer” en función de la historia o el territorio. Si no es así, es inexplicable cómo se puede arrancar de una premisa que atribuye un valor superior al derecho de las personas para conservar sus marcos culturales y llegar a una conclusión que permite a los gobiernos alterar a su placer los marcos culturales de sus súbditos.

El valor intrínseco (identitario o cultural) que algunas personas atribuyen a la lengua que hablan puede ser un valioso argumento defensivo a favor de esas personas para oponerse a políticas asimilacionistas. Decimos “puede ser” porque en casos extremos su fuerza depende de la amplitud del grupo afectado o de su condición de nativos/inmigrantes. Puede ser, igualmente, un argumento válido para reclamar del gobierno la posibilidad real de atención, enseñanza y participación en esa lengua (su “oficialidad”) aunque también sujeto a las constricciones arbitrarias de la realidad social. Pero nunca podrá ser un argumento para imponer esa lengua a personas que no la poseen, si queremos respetar la propia lógica interna del valor argüido.

LA INTEGRACIÓN Y LA COHESIÓN SOCIAL
Este argumento proclama que en sociedades bilingües la cohesión social exige que todos los ciudadanos conozcan todas las lenguas existentes, pues de otra forma no podrán comunicarse entre sí y se formarán comunidades culturales aisladas. En el caso de sociedades con dos idiomas, el argumento exige que el bilingüismo se extienda a todas las personas, de forma que las políticas tendentes a implantar un bilingüismo universal estarían legitimadas por el fin beneficioso perseguido, la cohesión social.

El argumento resulta intuitivamente convincente, pero empieza a fallar no bien se examina más de cerca. En primer lugar, no existen estudios empíricos demostrativos de que el grado de cohesión social de un país dependa de su situación lingüística. Hay países profundamente divididos por razones étnicas o nacionales a pesar de hablar sus habitantes una misma lengua (India y Pakistán, dado que urdu e hindi son la misma lengua), y casos contrarios de alta cohesión con diversas lenguas (Suiza). En segundo, y ello es más importante desde nuestro concreto punto de vista, el argumento no tiene en cuenta que en Euskadi existe una lengua común de conocimiento universal, de forma que la posibilidad de intercomunicación y participación sociopolítica está en todo caso garantizada. Afirmar que la cohesión social vasca aumentaría si todos los habitantes conocieran el euskera es un puro desiderátum carente de la más mínima prueba empírica, y que resulta altamente dudoso. En efecto, una tal afirmación presupone que los conflictos existentes en dicha sociedad se relacionan con su diversidad cultural objetiva, cuando parece mucho más correcto pensar que se relacionan con la forma subjetiva en que es aprehendida esa diversidad. El sentimiento nacional manipula datos sociales objetivos, no es una simple traducción de ellos.

Una sociedad euskaldunizada a regañadientes dudosamente cambiará sus sentimientos de pertenencia y sus afinidades políticas.

Pero es que, en cualquier caso, la integración y cohesión sociales son objetivos que ceden ante los derechos primarios de las personas y, por ello, nunca podrán legitimar políticas que atenten a estos derechos. Alguien puede juzgar que la integración social de los inmigrantes aumentaría si todos ellos fueran indoctrinados en la religión cristiana, pero tal objetivo nunca justificaría una violación de su derecho a la libertad religiosa. La situación no es distinta en el caso lingüístico, por lo menos cuando lo que se pretende es alterar los usos idiomáticos de la mayoría. La cohesión social no funda en ningún caso un derecho que esté por encima de los derechos individuales. De lo contrario, y de seguir el argumento contrario fielmente, alguien podría plantear por qué no se ensaya alternativamente el suprimir las lenguas minoritarias y establecer una única como medio para la más perfecta integración social de todos los españoles.


LA INJUSTICIA DE LA HISTORIA
La historia es siempre un poderoso argumento en materias culturales. En el caso concreto que nos ocupa, el de las políticas lingüísticas practicadas en España, el razonamiento sonaría más o menos en la forma siguiente: “En un pasado la lengua vernácula fue casi universal en este territorio, pero como resultado del contacto con otra extrajera más generalizada se produjeron situaciones de diglosia y progresivo abandono de nuestra lengua; este proceso se agravó por una inmigración significativa desde ese extranjero, así como por las medidas coercitivas adoptadas por el poder extranjero para imponer su lengua en todos los ámbitos. De forma que la situación actual es el resultado de una pura injusticia histórica continuada”.

Ante una situación real que es fruto del abuso y la imposición, las actuales políticas lingüísticas de recuperación y normalización del idioma vernáculo estarían más que legitimadas, pues intentarían corregir una realidad que está artificialmente descompensada en su contra. Las medidas intervencionistas de fomento (tales como premiar la lengua vernácula en el acceso a los puestos de trabajo más allá de lo estrictamente necesario para su desempeño, o exigir su conocimiento en la enseñanza) estarían legitimadas puesto que pretenden corregir situaciones de injusticia histórica. La tarea de los poderes públicos incluye la de adoptar medidas positivas para corregir situaciones de injusticia enquistadas por el proceso histórico en la sociedad real. En definitiva, no se trataría sino de medidas de “discriminación positiva” a favor de la lengua más débil en una situación histórica de bilingüismo descompensado que es conveniente y justo corregir.
Como más adelante comentaremos, este razonamiento es aceptado en general con independencia de la filiación política de los autores, sean o no nacionalistas. Es más, forma ya parte del bloque de constitucionalidad español puesto que ha sido aceptado por el Tribunal Constitucional expresamente:

“La política lingüística … permitirá corregir situaciones de desequilibrio heredadas históricamente y excluir así que dicha lengua (vernácula) ocupe una situación marginal o secundaria” (T.C. 23.12.1994, 710/94).

¿Y qué valor tiene el argumento en cuestión enjuiciado desde los concretos principios de la democracia constitucional? Nos tememos que ninguno si lo que pretende es legitimar una violación o limitación de los derechos a la libertad lingüística de los habitantes de una Comunidad Autónoma, o su igualdad substancial en los requisitos de acceso a las oportunidades vitales. El argumento puede inspirar la política de los poderes autonómicos, pero carece de toda fuerza ante los derechos de los hablantes que viven en esa Comunidad.

Les ahorro dos cuestiones previas sobre las que habría que hablar largo y tendido cuando se estudia este argumento. La primera, de orden fundamentalmente científico, sería la de precisar hasta qué punto ese “relato de la gran injusticia” responde a la verdad histórica y a las reglas normales de la evolución de las lenguas cuando entran en contacto ¿Son de verdad la violencia y la imposición las que explican la expansión, asimilación, pérdida, abandono y difusión de las lenguas?

La segunda, de orden mucho más ético-político, sería la de examinar hasta qué punto las políticas de homogeneización lingüística practicadas por los Estados liberales el siglo XIX pueden valorarse como globalmente injustas o negativas, lo cual implica tanto como desconocer sus efectos positivos para la ampliación del campo de la autonomía personal de los mismos afectados por esas políticas. Aplicar un perentorio juicio negativo no es ni mucho menos tan sencillo como le parece a quien juzga desde el presente, desde una historia que ya se ha realizado y en la que no existe el contrafáctico: ¿sería un marco preferible al actual que tenemos el de una sociedad vasca en la que el 95% de los habitantes sólo conocieran y dominaran el vascuence? ¿Podríamos afirmar que los habitantes de una tal sociedad gozarían de unas posibilidades de desarrollo de sus opciones vitales mejores que las de la actual en que el castellano es universal?

Y si les ahorro esas cuestiones es porque no afectan para nada a la respuesta al argumento de la “reparación de la injusticia histórica” desde los principios de la democracia liberal. Una respuesta que podría sintetizarse en una fórmula muy simple:

“Una injusticia sobre un muerto no se arregla añadiendo una injusticia sobre un vivo” (F. Ovejero Lucas)

En una forma más analítica la refutación del argumento histórico deriva de la consideración atenta de los sujetos de que estamos hablando: cuando se menciona el desequilibrio injusta e históricamente provocado de las lenguas estamos asumiendo el punto de vista de las lenguas, o el de los pueblos como entidades transhistóricas. Desde este punto de vista, a una lengua le correspondería tener un número de hablantes por derecho propio, y si no los tiene se están violando sus derechos. Pero cuando se menciona la injusticia actual estamos hablando desde la perspectiva de personas concretas de carne y hueso. Y las personas son los únicos sujetos de relevancia moral que pueden legítimamente exigir y obtener derechos en una democracia constitucional.

“Si como consecuencia de las acciones políticas de hoy en la comunidad donde se hablaba mayoritariamente X se acaba por hablar Y, cualquier intento de retornar a X supondrá una injusticia con los habitantes vivos, como lo fue antes con los que padecieron el tránsito anterior” (F. Ovejero Lucas)

Expuesto desde otro ángulo, las políticas de “discriminación positiva” o de “acción positiva” exigen para su justificación democrática que un colectivo de personas concretas e individualizables, realmente existentes, estén penalizadas o sometidas a una privación total o parcial de derechos u opciones por razón de circunstancias arbitrarias (tales como el azar, la historia o una dominación tradicional). Para conseguir que esas personas accedan a los mismos derechos y opciones que las demás se pueden adoptar medidas transitorias de reequilibrio, que las privilegien aunque infrinjan el derecho a la igualdad de las otras.

“Es aconsejable distinguir entre la compensación por discriminaciones que tuvieron lugar en el pasado y la mejora de las actuales desventajas. Son éstas últimas las que exigen, en virtud del principio de igualdad de chances vitales, la aplicación de medidas preferenciales para superar una situación en la que lo relevante no es la génesis de las mismas sino su injusticia actual” (Ernesto Garzón Valdés).

Por tanto, para justificar medidas de discriminación sería preciso demostrar que hoy existen en Euskadi personas que están discriminadas o perjudicadas por hablar únicamente euskera. Y que esta discriminación exige, para corregirse, la limitación de los derechos de quienes hablan castellano. Lo primero podría ser cierto en algunos casos, pues algunos servicios públicos son todavía hoy deficitarios en su oferta lingüística. Pero no se ve en modo alguno cómo ese déficit exige, para corregirse, la limitación de los derechos de los demás.

La conclusión que se impone es que no cabe legitimar ninguna política lingüística que disminuya o afecte negativamente al estatus de igual libertad de todos los ciudadanos, o que imponga sobre algunos de ellos alguna carga u obligación especial, o que disminuya sus opciones de acceso a los empleos en condiciones de igualdad, por las pasadas injusticias históricas o por el deseo de reequilibrar los idiomas de un pueblo. Estos datos, con independencia de que sean más o menos ciertos, podrán inspirar (¿cómo no?) las más favorables, intensas y entusiastas políticas de recuperación de su idioma vernáculo que democráticamente sean decididas por cada sociedad. Poco puede decir la teoría democrática sobre su oportunidad, si la sociedad las decide. Pero lo que sí puede decir esta teoría es que tales políticas tienen como límite infranqueable el respeto a la libertad y la igualdad de los ciudadanos realmente existentes.

EL DERECHO DE TODO HABLANTE A SER ATENDIDO Y RESPONDIDO
Esta es una justificación que, en cierto modo, puede intentar complementar la anterior, la de la discriminación. Pues, en efecto, se plantea como un caso de protección de derechos personales ante su posible desconocimiento. En sustancia, el argumento dice: “El derecho de cualquier persona a hablar una lengua requiere, para poder ser consumado, que los demás ciudadanos le entiendan y respondan en esa lengua; de lo contrario, el hablante de la lengua vernácula vería limitado su derecho de opción lingüística al pequeño círculo de quienes dominan esa lengua; la ignorancia de la lengua por la mayoría de la sociedad estaría frustrando el ejercicio pleno de su propio derecho”.

Para poder sostenerse con éxito, este argumento requiere demostrar adecuadamente que el derecho de una persona a hablar su lengua propia implica necesariamente el derecho a ser atendido y respondido en esa misma lengua. Y que ese derecho se aplica no sólo a las instituciones públicas o administrativas, sino también a los particulares.

En el primer aspecto, el derecho a ser atendido por las autoridades, hemos comentado ya que no todas las pretensiones en tal sentido son legítimas, sino que el derecho en cuestión está limitado por la realidad empírica de su uso generalizado y consiguiente declaración como lengua oficial. Un inmigrante o un extranjero no tienen, en principio, un derecho lingüístico esgrimible ante la administración. Ahora bien, cuando el ciudadano en cuestión forma parte del ámbito de una lengua vernácula a la que, precisamente por su apreciable arraigo y difusión, se ha concedido estatus de oficialidad, no cabe la menor duda de que en principio ostenta el derecho a ser atendido y respondido por la administración en su lengua. Esto es lo que ocurre obviamente en el caso de los hablantes del vascuence.

Ahora bien ¿se extiende este derecho a las relaciones interpersonales? ¿Puede el hablante de la lengua vernácula exigir que todos los vascos aprendan y dominen el euskera por la sencilla razón de que ello es algo así como la condición de posibilidad para que él pueda hacer un uso universal de su lengua? ¿Puede lo que es su derecho convertirse en un deber para los demás? ¿Podría invocar algo así como un principio de reciprocidad según el cual “si yo domino tu lengua, tú estás obligado a dominar la mía”? De nuevo nos encontramos en un punto que no permite una respuesta simple y desconectada de la realidad social del país del que estemos tratando. Ya de entrada, resulta ciertamente difícil admitir un criterio general en el sentido de que un derecho personal pueda llegar a exigir a las demás personas no sólo su respeto pasivo y abstención, sino su colaboración activa mediante una conducta positiva y probablemente onerosa (aprender otro idioma). No se trata del deber de financiar mediante sus impuestos una política de plena atención a quienes hablan la lengua vernácula, lo cual ya implica costes personales, sino de mucho más, de implicarse en el aprendizaje de una lengua con los costes de oportunidad que ello conlleva.

Aún así, podría admitirse que en ciertas comunidades puede considerarse como lícita la imposición obligatoria de un cierto grado de conocimiento de la lengua vernácula de otra parte de la población; se trataría, en concreto, de aquellas comunidades plurilingües en las que no existe una lengua común y, por ello, cada comunidad posee sólo su lengua vernácula (casos por ejemplo de Suiza o Bélgica). En estos casos, parece que la condición de ciudadanía de estos países puede justificar la exigencia de conocer un mínimo de la lengua ajena, de manera que ese conocimiento podría considerarse como una parte obligada del más pleno desarrollo de la personalidad posible para todos.

En cualquier caso, la cuestión cambia radicalmente allí donde existe una lengua común universal. En este caso, el hablante de la otra lengua, la vernácula, sólo podría exigir como deber personal a los demás el empleo de su lengua propia si pudiera demostrar que el cambiar a la lengua común le supone un daño irreversible. Algo que es realmente difícil incluso de pensar cuando hablamos de personas bilingües. Hablamos de daño personal, no de gusto o de satisfacción. Es claro que para muchos bilingües sería una verdadera satisfacción encontrarse con una sociedad vasca compuesta al cien por cien de individuos bilingües. También es claro que a muchas personas les molesta tener que cambiar al castellano en su conversación para poder ser atendidos. Pero la satisfacción, el gusto o el interés personal de uno, por fuertes que sean, no pueden justificar una restricción a la libertad ajena. Sólo la evitación de un daño real podría hacerlo.

En definitiva, la hipótesis del daño se demuestra imposible en el momento mismo en que se formula, por una razón muy sencilla: porque si considerásemos que para un bilingüe es un daño el cambiar de idioma en su hablar cotidiano, deberíamos admitir que más aún lo es para aquel a quien se exige aprender uno nuevo. Estamos ante una tesis que se refuta a sí misma.

EL CONSENSO POLÍTICO
La legitimidad de las políticas lingüísticas ha sido frecuentemente defendida desde posturas estrictamente democráticas haciendo referencia al hecho de que han sido decididas en las instituciones representativas del sistema político y que, además, esa decisión se ha adoptado con un amplio consenso de todas las fuerzas políticas representadas. Incluso, como parece ser el caso catalán en lo que se refiere a sus leyes de normalización, con la unanimidad de todos los partidos representados (una especie de “superconsenso”).

Sin lugar a duda, el consenso democrático es un valioso argumento a favor de la legitimidad de una decisión política, de forma que puede decirse que crea una fuerte “presunción” de legitimidad. Sin embargo, en último término no añade nada al juicio de legitimidad cuando se alega que esa ley perjudica o restringe injustificadamente los derechos de las personas afectadas a su autonomía personal o a su igualdad ante la ley. Porque estamos hablando del núcleo duro de la democracia constitucional, que no puede ser lesionado por ninguna decisión de los poderes públicos, incluso si ha sido adoptada por la totalidad (menos uno) de los ciudadanos. Se trata de derechos que no están disponibles ni para las mayorías ni para las supermayorías.

Por otro lado, el argumento del “consenso” esconde un cierto equívoco cuando se analizan los hechos reales. Pues muy bien puede suceder que el “consenso político” esconda un “disenso social”, lo que sucede cuando se trata de políticas implementadas top-down. Y es de sospechar que éste es precisamente el caso, como lo ponen de manifiesto los datos del CIS en su Encuesta Sociolingüística de Cataluña o Euskadi de 1999.

A la pregunta de si “está Ud. de acuerdo en que la enseñanza pública primaria se desarrolle sólo en catalán/euskera”, contestaron afirmativamente el 27/31% y negativamente el 69/53%.
Sobre la preferencia de modelos de enseñanza lingüística respondieron: mitad en catalán/euskera, mitad en castellano (50/44%), mayor parte en catalán/euskera (33/24%), todo en catalán/euskera (9/12%), todo en castellano (10%).

Hablar de consenso social unánime para la “inmersión total” en el idioma vernáculo con estos datos sociométricos resulta carente de base seria.

Este repaso a los argumentos más utilizados para legitimar las políticas lingüísticas practicadas actualmente en España debe, insistimos de nuevo ello, ser interpretado adecuadamente. En efecto, no afirmamos que este tipo de argumentos sean totalmente inválidos y que no puedan ser utilizados para motivar las decisiones políticas. No se trata de eso. De lo que se trata es de mostrar su insuficiencia radical cuando de lo que se trata es de políticas que afectan a los derechos personales a la más plena autonomía cultural y a la igualdad de acceso a las oportunidades vitales. De lo que se trata es de mostrar cómo, una vez más, los derechos de las personas, tomados en serio, son verdaderos “triunfos” que ganan en cualquier competición con las decisiones de la mayoría popular, y que en esta competición los argumentos usuales no añaden nada ni evitan la derrota de las políticas intervencionistas duras. 

UNA PROPUESTA DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL
www.juntasrepublicanas.com  14 Mayo 2008

Apreciados amig@s,

En atención a la inmediata celebración del Congreso fundacional de Juntas Republicanas Españolas, ponemos a vuestra disposición, en archivo adjunto, los textos “Propuesta de reconstrucción nacional” y los Estatutos por los que habrá de regirse nuestra organización. Ambos documentos serán debatidos y, aprobados, con las enmiendas que en su caso se introduzcan, en dicho acto.

El primero de los documentos citados aparece con una nueva redacción que recoge las aportaciones de diversos junteros. En el supuesto de que sea aprobado en el Congreso sustituirá a la versión que, actualmente, aparece en la página para la formación de Juntas.

Vicente Carrión Lorente
Mayo de 2008

DIFUNDE ESTE EVENTO, REPARTE Y DISCUTE ENTRE TUS CONTACTOS LOS TEXTOS A DEBATIR EN EL CONGRESO FUNDACIONAL. VUESTRAS APORTACIONES SON NECESARIAS PARA CONSTRUIR LAS JUNTAS REPUBLICANAS ESPAÑOLAS.

Acude al Congreso que se celebrara el próximo dia 7 de Junio de 20008, en Madrid en el Hotel Tryp Centro Norte sito en, C/ Mariano Legendre, nº 16 (Metro Chamartin).

cordindor.nacional.gestora.juntas@hotmail.com Teléfono: 699 815 554 Web: www.juntasrepublicanas.com

UNA PROPUESTA DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL
1. HACIA LA REPÚBLICA NACIONAL

España ha dejado de existir como Nación. El rey, el PSOE, el PP y los separatistas son los principales culpables. Sólo queda a los españoles una alternativa: la completa ruptura con el régimen de 1978, que ha conducido a España a la desintegración, y el avance hacia la República Nacional.

Proponemos:
a) Una república unitaria de ciudadanos, y no de territorios “étnicos” y cortijos lingüísticos (“comunidades autónomas”, “nacionalidades”, “naciones”, “realidades nacionales”, “Estados asociados”, etc.). Protagonismo de las Provincias y los Municipios, con sus diversas formas de asociación.

b) Una república democrática presidencialista, con elección directa del Jefe de Estado por el conjunto de la Nación. Una única Asamblea Nacional, elegida sobre base provincial, ejercerá funciones legislativas y de control del gobierno.

c) Magistratura y Fiscalía independiente de los partidos políticos.

d) La lengua oficial de la República, en todas sus instituciones, administraciones y niveles educativos, será el español. Se protegerá y promocionará a las demás lenguas de España sin que ello les confiera el carácter de cooficiales.

e) Una república laica, promotora de una ética nacional basada en los valores de verdad, justicia y libertad.

2. JUNTAS REPUBLICANAS ESPAÑOLAS
Si los patriotas españoles no emprendemos el camino de la acción masiva contra el vigente régimen, en formas cada vez más amplias, nuestro pueblo está perdido. No podemos seguir engañándonos con promesas de regeneración del régimen o discursos electorales: sólo mediante un creciente curso de movilizaciones, que saque a nuestros compatriotas a la calle, podremos superar el vigente Estado antinacional, antidemocrático y antisocial.

Para ello es necesaria la formación de Juntas Republicanas Españolas por provincias, integradas por ciudadanos, sin importar su procedencia política. El ámbito de actuación de las Juntas debe ser nacional y su régimen de funcionamiento interno, democrático.

3. GOBIERNO DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL
La movilización popular estimulada por las Juntas debe favorecer la formación de un Gobierno de reconstrucción nacional de carácter provisional. Su tarea fundamental será la elaboración del proyecto de constitución que organice a España en República Nacional. Dicho proyecto se someterá a referendo constituyente del pueblo español, habiendo garantizado previamente que esa convocatoria se realice en las condiciones de la más completa libertad

4. DESDE AHORA MISMO
El gobierno de reconstrucción nacional acometerá tareas que las Juntas asumen ya como objetivos orientadores de su acción inmediata:

Desarticulación y encarcelamiento de las tramas del terrorismo etarra y de sus imitadores y colaboradores fuera de Vascongadas. Ayuda material y reparación moral a las víctimas del terrorismo.

Esclarecimiento total, caiga quien caiga, de los atentados del 11 de marzo de 2004.

Reversión a la Administración General del Estado de todas las competencias entregadas a las autonomías en materia de educación, justicia, orden público y régimen penitenciario, hacienda, sanidad, vivienda, relaciones exteriores, urbanismo y ordenación del territorio, medio ambiente e inmigración.

Defensa del español como lengua oficial de nuestra Nación, que todos los ciudadanos tendrán el deber y el derecho de conocer.

Supresión de las políticas “flexibilizadoras del mercado laboral” que abaratan los despidos y sumergen en la precariedad las condiciones sociales de nuestros compatriotas. Fin de la fiscalidad regresiva. Gestión pública directa, sin intermediación de entidades crediticias ni de promotoras e inmobiliarias, en la puesta a disposición de viviendas de protección oficial a precio de coste.

Repatriación de inmigrantes ilegales. Adecuación del flujo migratorio legal a las tasas de paro de los trabajadores españoles.

ESPAÑA, VICTORIA, SALVACIÓN

Manifiesto por una alternativa real a Zapatero

Luis del Pino Libertad Digital 14 Mayo 2008

Por una Alternativa real a Zapatero
http://www.alternativaazapatero.org/

Los abajo firmantes, desvinculados por completo de cualquier formación política y conscientes de que la titularidad de la soberanía nacional reside en el pueblo español, creemos necesario manifestar ante la opinión pública y las diversas instituciones de nuestro Estado de Derecho las siguientes consideraciones:

Sostenemos que el desarrollo del Estado de la Autonomías recogido en nuestra Constitución ha rebasado en sus límites naturales, jurídicos y racionales nuestro marco constitucional, y se ha convertido en fuente inagotable de enfrentamientos interterritoriales, de una profunda desigualdad de derechos entre los ciudadanos y en una fuerza con un potencial desintegrador de nuestro sistema de libertades fundamentales que no puede tolerarse por más tiempo. De hecho, se ha articulado un nuevo régimen distinto del establecido en la Carta Magna.

Sostenemos que ante esta situación, España necesita como contrapeso una representación real en el Congreso de los Diputados de la voluntad manifestada por más de diez millones de ciudadanos, que han votado por unos principios muy claros, como son la apuesta decidida por la igualdad de derechos, la defensa a ultranza de su dignidad y sus libertades fundamentales, la defensa de España como nación y su unidad indisoluble así como del marco institucional que le da forma como Estado de Derecho, con el consiguiente refuerzo del Gobierno Central en sus competencias exclusivas como única garantía posible de esa defensa. Millones de votos que han manifestado con rotunda claridad su rechazo al nuevo modelo de régimen que intenta instaurar el zapaterismo.

En consecuencia, la sociedad civil asiste con asombro a la actual deriva del Partido Popular hacia una integración en ese nuevo régimen, integración motivada por la primacía de los intereses personalistas, por las ambiciones de las baronías territoriales, por la cobardía en la defensa de los principios más elementales de nuestra democracia y por una falta absoluta de debate interno y apertura a la sociedad. Por todo ello, los abajo firmantes exigimos al Partido Popular fidelidad a los compromisos recogidos en su programa electoral, advirtiendo de que una traición a los mismos y a sus votantes tendrá como consecuencia un enorme coste electoral para ellos y la consolidación de un nuevo régimen en España que es gravemente perjudicial para los intereses de todos los españoles.

Firmantes: Gabriel Albiac, Ignacio Arsuaga, Francisco Barcones, Alejandro Campoy, Mª Ángeles Domínguez, Victor Gago, Maria Jesús González, Maria José Grech, Victoria Llopis, Jose María Marco, Pio Moa, Eloy Morán de la Fuente, Luis del Pino, Florentino Portero, Alfonso Sabán Astray

SI QUIERES ADHERIRTE AL MANIFIESTO, puedes hacerlo en la página web:
http://www.alternativaazapatero.org/
¡PÁSALO!

Crisis del PP
La desaparición de una ilusión
Lo cierto es que esta mujer, una verdadera política porque tiene una idea clara de España, era la última pieza importante que le quedaba por cobrarse a Rajoy para que nadie le importunase en su futuro triunfo de junio.
Agapito Maestre Libertad Digital 14 Mayo 2008

Rajoy rompe el partido. Este titular de prensa es preciso. Exacto. Aporta algo al análisis político. Quizá el PP está roto. El asunto de fondo no es otro que la nación española. O se defiende la unidad o morimos. La tibieza lánguida y mortecina de Rajoy ha optado por la segunda opción, esa que Zapatero ha preparado con perfidia política y bondad en los modos. Pero, antes de incorporarse definitivamente a ese juego suicida, tenía que enfrentarse a una ilusión, a un impulso vital, en fin, a una pasión política: España. Tenía que enfrentarse a quien mejor representa esa pasión: María San Gil. Vieja es la operación de enfrentamiento de Rajoy con San Gil: primero se la maltrata y, después, se la vindica retóricamente.

Después de haber expulsado de su círculo a gente que podría haberle ayudado en ese trabajo de acercamiento a los nacionalistas, Rajoy tenía que liquidar a los últimos, en realidad, a la última dirigente que se oponía a este proyecto de enganche al tren de Zapatero. La faena de liquidación, sin embargo, ha sido sucia. Está siendo sucia y torticera. Sus colaboradores tratan de limpiar los rastros de sangre que ha dejado. Será inútil. Todo el mundo sabe ya de qué va esta película. Rajoy ha forzado a María San Gil a salir de la ponencia política. Pero, luego, rectifica. Mantiene el texto que ella había pactado con los otros dos encargados de elaborarlo. Maniobras arteras. Unas cuantas más, entre las cientos que ha utilizado Rajoy, para eliminar a sus posibles competidores.

Lo cierto es que esta mujer, una verdadera política porque tiene una idea clara de España, era la última pieza importante que le quedaba por cobrarse a Rajoy para que nadie le importunase en su futuro triunfo de junio. Creía que superado ese escollo dejaría al margen el problema clave del PP en general, y del congreso de junio en particular, a saber, elaborar un pensamiento, un discurso, de unidad de España. Eso era todo lo que ofrecía el PP a sus electores, pero, finalmente, Rajoy quiere darle la puntilla. Ya sé, ya sé que nunca el PP, especialmente en los últimos cuatros años, tuvo claro ese discurso de unidad, pero sus votantes creían en que algún día podrían conseguirlo. Votaban, sí, una bella ilusión, que a veces parecía plausible, viable y al alcance de la mano, pero que ahora ha matado Rajoy y su gente.

¿Es Rajoy el único culpable de la muerte de esa ilusión? No, ni mucho menos; él es el precipitado final de todos los que en el PP se han ofrecido al nacionalismo de palabra y acción. ¿Para qué hablar de las relaciones de Aznar y CiU? ¿Para qué recordar las declaraciones de hace un año de una eminente dirigente del PP: "Hay que pactar con los nacionalismos para evitar el secesionismo"? ¿Cómo no va a proclamar José Manuel Soria, uno de los ponentes de la cacareada ponencia política, un entendimiento con los nacionalistas si está gobernando con ellos en Canarias? Son muchos, pues, los que han contribuido a cargarse la ilusión de millones de votantes, de millones de españoles, que buscaban con ahínco un pensamiento, una política, de unidad de España.

Por eso, tengan cuidado los últimos "críticos" en exigirles demasiadas responsabilidades a los nuevos "enanos" políticos que acompañan al gigantón de Rajoy. Tirarán de hemerotecas y muchos "críticos" quedarían tocados. Eso no significa que yo tenga mucho respeto político por los personajes que acompañan a Rajoy. No los respeto, políticamente hablando, porque todos hablan a un tiempo. Sáenz de Santamaría, Moragas, Núñez Feijoo, González Pons y otros tantos de similar catadura política hablan a la vez. Vociferan a la vez para que no se les entienda. Quizá a solas y en el cuerpo a cuerpo digan algo, pero en lo público, en el espacio común que comparten los españoles, nadie les presta atención porque no dicen nada. Se tapan unos a otros. Nadie los escucha. No tienen nada que decir. Nada que no sepamos. Todos ellos desprecian profundamente la unidad de España, entre otras razones, porque no respetan la unidad y pluralidad de su partido. La han roto.

Crisis del PP
Renovación o purga
Los rasputines de medio pelo que pululan por Génova y que con su intervención censora han provocado la salida de María San Gil no durarían ni un telediario haciendo política en el País Vasco.
Juan Morote Libertad Digital 14 Mayo 2008

No aparentaba Mariano Rajoy, gallego de lluvia y calma, querer llevar a cabo una purga en el Partido Popular. Aconsejado por sus coequipiers, nos anunció que pretendía iniciar una renovación para adecuar el partido a los nuevos tiempos. Esa renovación, a lo que se ve o se intuye, solo ha comportado de momento dos resultados, a saber, un reguero de cadáveres políticos y una deriva centrífuga similar a la del PSOE, con el que pretenden mimetizarse.

Es conveniente recordar que el PSOE, de forma ilegítima, ha reformado el Estado constitucional para vaciarlo de contenido, y lo ha hecho de manera torticera a través de la aprobación de los estatutos de autonomía, sin plantear abiertamente una reforma constitucional tal y como debería. De este modo, utilizando la política de los hechos consumados, ha cambiado el orden constitucional que nos regía y, entre otras cosas, ha acabado con dos pilares básicos de nuestro orden político como son la existencia de una única nación española y la igualdad de todos los españoles ante la ley.

El PP de Rajoy, con sus pastueños consejeros áulicos, ha optado por la misma táctica pero ad intra. Es decir, cambiar la ideología del partido en sus posicionamientos más elementales, abandonando paulatinamente la defensa de la nación española como una realidad única, y la defensa de la libertad en todos los ámbitos. Aunque sin decirlo de forma expresa, es decir, subrepticiamente.

La diferencia entre ambas acciones es palmaria. Zapatero no ha tenido ni la más mínima contestación interna a su proyecto, el socialismo internacionalista trocó en aldeanismo separatista en horas veinticuatro, y todos los rojiprogres tan contentos. Ahora bien, ese no ha sido el caso de Rajoy. El todavía presidente del PP nunca podrá decir aquello de "no perdí a ninguno de los que me diste", ya que, a poco que se descuide, se queda con la batuta y sin coro.

La decisión de María San Gil de negarse a dar coartada a la firma de la ponencia política que terminaron presentando sin ella Soria y Sánchez Camacho es un gesto de dignidad sin precedentes en la política española. Si éramos muchos los que confiábamos en el Partido Popular era, entre otras cosas, por la demostración diaria de coraje, de entrega abnegada, de coherencia, de integridad y de valentía que María San Gil ha llevado a cabo desde que era colaboradora de Gregorio Ordóñez. Los rasputines de medio pelo que pululan por Génova y que con su intervención censora han provocado la salida de María San Gil no durarían ni un telediario haciendo política en el País Vasco.

¿Qué va ha hacer ahora Rajoy? Además de a Zaplana, Acebes, Pizarro y Costa, va a echar a todos los que han considerado una tropelía el que haya intentado hacer comulgar con ruedas de molino a María San Gil; como son Mayor, Otaola, Astarloa, Botella, Aguirre, Aragonés, De Arístegui... Ánimo Mariano. Ya sabíamos todos que nunca serías un líder, pero ahora, con un poco de suerte, no llegas ni al Congreso.

Estatuto de Cataluña
La Constitución traicionada
Este tipo de nacionalismo, autodenominado democrático y moderado, instalado en las instituciones autonómicas de ambas comunidades, se ha convertido en un auténtico cáncer para nuestra democracia con el que nos vemos obligados a convivir.
Jaime Ignacio del Burgo Libertad Digital 14 Mayo 2008

Es posible que sea una filtración interesada. Tal vez se trate de un globo sonda para ver cómo reacciona la opinión pública. En cualquier caso la noticia es más que inquietante. Según La Vanguardia de Barcelona en el Tribunal Constitucional se habría formado ya una mayoría suficiente dispuesta a dar por bueno que Cataluña es una nación y que tal afirmación no contraviene la Constitución porque esto se afirma en el preámbulo y éste no tiene valor normativo.

¿Y qué pronunciamiento tan inútil como ineficaz –según el presunto fallo del Tribunal Constitucional– contiene la exposición de motivos del Estatuto de Cataluña integrado en el ordenamiento jurídico español mediante una Ley Orgánica? Pues que la Constitución reconoce la realidad nacional de Cataluña como nacionalidad. O dicho de otro modo; que la nación catalana está reconocida por la Constitución en su artículo segundo donde se reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades que integran España. He aquí el texto controvertido: "El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación. La Constitución Española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como nacionalidad."

No es cierto que en su articulado la referencia a la nación catalana no haya tenido ninguna efectividad. Es cierto que el artículo primero proclama que Cataluña es una nacionalidad: "Cataluña, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica". Pero no puede desconocerse que en el artículo 8º se declara que "Cataluña, definida como nacionalidad en el artículo primero, tiene como símbolos nacionales la bandera, la fiesta y el himno."

En su descargo el Tribunal Constitucional podría alegar que en una sentencia de 4 de octubre de 1990 declaró que la pretensión de declarar inconstitucionales determinados párrafos del preámbulo de la Ley de la Asamblea de Madrid 15/1984, de 19 de diciembre, del Fondo de Solidaridad Municipal de Madrid de la Comunidad de Madrid debía rechazarse "a límite" por cuanto "los preámbulos o exposiciones de motivos carecen de valor normativo" y por tanto "no pueden ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad". No es la primera vez que el Tribunal Constitucional modifica su criterio y no estaría de más que lo hiciera en esta ocasión.

Nación de naciones
En cualquier caso, los preámbulos han tenido siempre un valor interpretativo de primera magnitud aunque no resulten de aplicación directa. En las exposiciones de motivos el legislador hace una declaración de sus intenciones de forma que constituyen un elemento de la mayor trascendencia a la hora de interpretar el contenido normativo de los textos legales. Si el preámbulo del Estatuto afirma que Cataluña es una nación –y en tal declaración se fundamenta que los símbolos de la Comunidad puedan calificarse de "nacionales"– es claro que aquél ha proyectado sus efectos al articulado.

Pero hay otra cuestión de suma gravedad. En los debates constitucionales, el diputado de la minoría nacionalista catalana, Miguel Roca, al defender la introducción del término "nacionalidades" vino a decir que eso significaba que España es una "nación de naciones". Y aunque era consciente de que tal expresión significaba una "innovación" en el Derecho constitucional –imbuido todavía por el "principio de las nacionalidades" que proclama que toda nación tiene derecho a constituirse en Estado independiente–, Miguel Roca no negaba a España la condición de nación. Nación de naciones podría ser una forma de destacar la existencia de "hechos diferenciales" en el seno de España, pero suponía el reconocimiento de que España es una nación y que sólo al pueblo español le pertenece el poder constituyente. Pues bien, a pesar de ello, en el Estatuto de Cataluña la palabra "nación" para referirse a España ha sido radicalmente proscrita.

No deja de ser sospechoso que el Gobierno de España, de manera soterrada, haya eliminado ya el término "nacional" que calificaba a muchos de los organismos públicos del Estado. El más reciente y llamativo ha sido el cambio de nombre del Instituto Nacional de Meteorología que ha pasado a ser Agencia Estatal de Meteorología, realizado en vísperas electorales. Está prevista la creación de una Agencia Estatal de Museos. El del Prado dejará de ser un museo nacional para transformarse en museo estatal. Y pronto le tocará el turno a la Biblioteca Nacional.

La idea constitucional de España
El Tribunal Constitucional debiera tener muy presente que la Constitución responde a una idea de España que armoniza el principio de unidad nacional con el derecho a la autonomía de los diversos pueblos que integran la nación española. El artículo 2 proclama, sin lugar a dudas, que la unidad indisoluble de la nación española, como patria común e indivisible de todos los españoles, es el fundamento mismo de la Constitución. En el mismo artículo, tampoco no conviene olvidarlo, se reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la nación española. España es una y plural. Unidad y autonomía son el anverso y reverso de la misma moneda.

Esta concepción es incompatible con la conversión de España, por la vía de reformas estatutarias y al margen de la voluntad del pueblo español, en una mera suma o agregación de naciones adheridas por ahora y a regañadientes a un Estado al que se niega su carácter nacional y al que pretenden convertir en una mera comunidad prestadora de servicios incómodos o de gran coste como son la defensa y el servicio exterior. La España constitucional no es una confederación de naciones.

La pretensión de despojar al Estado de buena parte de sus funciones esenciales, previstas para garantizar la libertad y la igualdad básica de todos los españoles allí donde se encuentren y la consecución de los grandes objetivos nacionales, es contraria a la Constitución.

El cáncer de nuestra democracia
Hay quien piensa que muchos de nuestros actuales problemas son consecuencia del mal diseño del Estado de las autonomías. No estoy de acuerdo y lo voy a decir con claridad. El mal radica en la existencia en Cataluña y el País Vasco –y, en menor medida, en Galicia– de partidos nacionalistas, clara o vergonzantemente separatistas, para quienes la autonomía no es una estación término sino el punto de partida para avanzar hacia la meta final de la independencia.

Este tipo de nacionalismo, autodenominado democrático y moderado, instalado en las instituciones autonómicas de ambas comunidades, se ha convertido en un auténtico cáncer para nuestra democracia con el que nos vemos obligados a convivir, aunque cruzando los dedos para que la enfermedad no haga metástasis en todo el cuerpo nacional. Soy consciente de que por decir esto me arriesgo a ser crucificado como lo han hecho más de una vez por mi permanente debate dialéctico con el nacionalismo vasco. Pero si España ha avanzado y mucho en estos últimos treinta años, piénsese dónde podríamos estar si ese alto consumo de calorías inútiles provocado por el debate sobre el ser o no ser de España hubiera sido sustituido por un gran esfuerzo común para tirar todos juntos del mismo carro y poder competir en las mejores condiciones posibles en este mundo globalizado en el que, para bien o para mal, nos ha tocado vivir.

No estoy de acuerdo con quienes para sanar nuestro enfermo cuerpo nacional abogan por echar marcha atrás y sueñan con el restablecimiento del viejo Estado centralista o a lo suma por una Administración regida por los principios de una "sana descentralización". No es ésta, a mi juicio, la receta adecuada para resolver esta cuestión. El Estado de las autonomías es plenamente congruente con el ser de España, se ha consolidado y no es en modo alguno incompatible con el ideal de una nación de ciudadanos libres e iguales. No en vano la Constitución pone en manos del Estado los instrumentos necesarios para poner freno a las políticas disgregadoras. Pero hay que tener voluntad política para aplicarlos. En algunas materias, como la educación, el problema no reside en que el Estado carezca de competencias para garantizar, por ejemplo, el derecho a estudiar en el idioma común en cualquier parte del territorio nacional. El problema está en que el Estado ha hecho dejación de sus competencias y no está dispuesto, por inhibición cobarde o complacencia irresponsable, a ejercer la alta inspección y poner en marcha los procedimientos jurídicos previstos para cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.

La responsabilidad del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional tiene graves responsabilidades en todo esta dislocación de nuestro sistema autonómico. Por culpa de una de sus desdichadas sentencias el País Vasco y Cataluña abren "embajadas" en el exterior, a pesar de tratarse de una competencia exclusiva del Estado. Es un escándalo que los españoles hayamos ido a las urnas el pasado 9 de marzo sin saber si el Estatuto catalán, en todo o en parte, es o no conforme a la Constitución. La politización del Tribunal, fracturado en dos mitades, una conservadora y otra progresista, es un hachazo para la confianza de los ciudadanos en su papel arbitral.

Sea cual fuera el pronunciamiento del Tribunal sobre el Estatuto catalán, lo cierto es que está inspirado en la idea, manifiestamente inconstitucional y además falsa, de que Cataluña es una nación y España no lo es. Idea que alienta o justifica la aplicación de políticas de imposición lingüística incompatibles con los derechos constitucionales, o la homologación de libros que fomentan entre los jóvenes el rechazo a la idea nacional de España, o la reivindicación de selecciones deportivas a las que llaman "nacionales" para participar en las competiciones internacionales con sus propios himnos y banderas como si fueran estados independientes.

Todo esto contribuye a dar alas a los nacionalismos extremos que comienzan por quemar los símbolos de la nación y acaban ejerciendo violencia verbal y física contra todos aquellos a los que consideran enemigos de su patria por colaborar con el Estado opresor. Que nadie se lleve a engaño. Tan pronto como se consagre definitivamente que Cataluña es una nación se pondrá en marcha la campaña en pro de la autodeterminación. Y es que el nacionalismo exacerbado conduce tarde o temprano a la quiebra de la convivencia democrática.

El Tribunal Constitucional tiene en sus manos la suerte de la España constitucional. Cuando los magistrados tomaron posesión de su cargo juraron o prometieron defender la Constitución. Tienen por ello el sagrado deber de evitar que la Constitución sea traicionada. Recuerdo que Jordi Pujol, en las Cortes constituyentes, después de celebrar con gran alborozo el reconocimiento de la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España, abogó por un Estado fuerte y eficaz, porque España no podía permitirse un nuevo fracaso colectivo. Nuestros magistrados constitucionales tienen en su mano la posibilidad de evitar que España se deslice alegre y confiadamente hacia un proceso de "balcanización" de consecuencias imprevisibles.

Jaime Ignacio del Burgo fue diputado por Navarra de UPN-PP

El escándalo de una clase política atiborrada de privilegios
Francisco Rubiales Periodista Digital 14 Mayo 2008

Los ciudadanos españoles que conservan las libertad de pensar y de analizar están horrorizados ante los privilegios de la clase política española, que está alcanzando niveles de escándalo. Algunos observadores afirman que los políticos, en la práctica, están muy cerca de ser inmunes e impunes.

La lectura de la prensa diaria aporta ejemplos para escribir más de una tesis doctoral: el pueblo de Coslada extorsionado y aplastado durante por los representantes de la ley, sin que el alcalde dimita; piratas somalies que cobran dinero por secuestrar españoles y quedan sin castigo; el asesor personal de Zapatero en asuntos económicos, David Taguas cobrará su sueldo público además del de presidente de Seopan; Zapatero coloca a su primo José Miguel como director adjunto de su gabinete; el alcalde de Sevilla que encarga y paga a su primo hermano, experto en vender trajes de novias, una web institucional que no aparece por ninguna parte; las comisiones a políticos que muchos empresarios afirman pagar cada vez que realizan una inversión importante, sobre todo en el ámbito inmobiliario; los préstamos que las cajas de ahorro, políticamente intervenidas, perdonan a los partidos políticos; los sueldos y pensiones que los políticos se suben con una frecuencia escandalosa, mientras la mayoría de los españoles realizan esfuerzos sobrehumanos para que sus sueldos les lleguen a fin de mes, etc., etc..

En mi libro "Políticos, los nuevos amos", defendía la tesis de que los políticos, defendidos por sus partidos, que son las organizaciones más poderosas de la sociedad, han conseguido blindarse y ser prácticamente inpunes e inmunes frente a la Justicia. También pretendía demostrar que los fueros y privilegios de los políticos actuales, "los nuevos amos", no son inferiores a los que gozaron en el pasado absolutista las castas privilegiadas de la nobleza y el clero.

Pero lo peor de todo es que esos privilegios desmadrados, teóricamente imposibles en democracia, los recibe la clase política a cambio de una gestión pésima de lo público, de construir, con todos los poderes y recursos del Estado a su disposición, un mundo que cada día es más desigual, injusto, inseguro, violento y crispado, sin que se solucionen sus grandes problemas: el hambre, la miseria, la desigualdad, la escasez de viviendas, la injusticia, el empleo digno y la convivencia.

El balance de la actual clase política "profesional" es aterrador: el mundo que ellos dominan y gobiernan casi con poderes plenos no mejora ni en el respeto a los derechos humanos, ni en el ejercicio de las libertades y derechos, ni en el respeto a la democracia. Para colmo de males, las estadísticas demuestran, de manera terca, que la brecha que separa a los ricos de los pobres se agranda cada día más, al igual que crece la capacidad que tienen los poderosos de aplastar a los débiles.

Cada día es más evidente el principio de que "la política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos".

Entonces, ¿para qué les entregamos el poder, les pagamos y les colmamos de privilegios?
Voto en Blanco

¡Silencio, no os metáis en líos!
Vicente A. C. M. Periodista Digital 14 Mayo 2008

¡Haga como yo, no se meta en política!. Ese parece ser el mensaje del Sr. Rajoy con su recomendación de “silencio! Para no meterse en líos. Pues mal encaja D. Mariano las críticas y los desplantes políticos a su nueva estrategia y propuestas de ideario del PP. Se nota que la claridad de la postura de María San Gil ha hecho más daño de lo que parece y, lo que es mejor, ha abierto los ojos a muchos afiliados y líderes que parecen querer sumarse a este rechazo frontal de hechos consumados.

Pues la esencia de la democracia no es el silencio, sino el uso de la palabra. En eso reside la libertad, en que cada uno puede expresar sus ideas y contraponerlas a la de otros. Lo que pretende D. Mariano es que no se trate el tema de la evidente crisis que él mismo ha provocado con su actitud de “medrar en política interna de su partido” e intentar cambiar la propia naturaleza ideológica del mismo. Su apoyo en unos líderes regionales es inestable y más parecido a unas arenas movedizas que pueden acabar tragándole.

La rotundidad de la postura de la Sra. San Gil y su honestidad, palabra que últimamente se usa demasiado a la ligera, no admiten réplicas que se puedan sustentar en argumentos creíbles. El falso consenso que se quiere transmitir es otra burda maniobra de querer silenciar lo que ya es un grito de rebelión ante el autoritarismo y el “trágala” que intenta el Sr. Rajoy y su equipo.

Para las bases y la mayoría de los votantes del PP, no es comprensible este giro tan drástico que se quiere imponer. No se entiende el oportunismo de unas alianzas que hasta ahora se negaban por razones de coherencia política. No se entiende la separación tan burda y zafia de personas como Acebes, Pizarro, Mayor Oreja y el encumbramiento a dedo de otros sin historial político, ni experiencia previa, ni la confianza de un amplio espectro de las bases del partido.

Cada día que pasa el Sr. Rajoy se está encontrando con una oposición más nítida y que tarde o temprano, acabará teniendo forma y organización antes del Congreso de junio. Lanzar mensajes tan desesperados como el de “no meterse en líos” solo logrará que las voces sean más numerosas, tanto que acaben por silenciar la propia voz del Sr. Rajoy.

Nacionalismo catalán
No digáis que no os avisamos
Montilla, con la complicidad –en el sentido técnico-jurídico del término– de Prisa, ha amenazado a España con la que le va a caer si no nos devuelve todo lo que es nuestro (menos las obras del obispado de Barbastro que, si eso, ya las guardamos nosotros).
Maite Nolla Libertad Digital 14 Mayo 2008

Se preguntarán ustedes cómo están las cosas en Cataluña. Pues como siempre, para que engañarnos. Montilla, con la complicidad –en el sentido técnico-jurídico del término– de Prisa, ha amenazado a España con la que le va a caer si no nos devuelve todo lo que es nuestro (menos las obras de arte del obispado de Barbastro que, si eso, ya las guardamos nosotros). Sin que Iñaki Gabilondo se mostrara lo incisivo que suele ser cuando atiza a Zaplana o a Acebes, Montilla le soltó que el famoso superávit del Estado español plurinacional es a costa de que los catalanes lo pasemos mal. Para cuando venga la ruptura y la desafección, no digáis que no os avisamos.

Y los demás, más o menos igual. Por si el Tribunal Constitucional, con la jacobina María Emilia al frente, recorta el nuevo estatuto ya se están preparando las uvas de la ira por parte de Convergencia y de ERC. Sin novedad.

Bueno, alguna novedad si que hay y es que el PSC no solamente ha ocupado el papel político de CIU, sino que ha tomado prestado el discurso de ERC. Ojalá el PSC fuera un partido nacionalista moderado. Eso provoca alguna disfunción, incluso en sus propias filas. La que més em fa patir, que se dice aquí, es Carmen Chacón. Por un lado, dirige las Fuerzas Armadas, encargadas, según el artículo octavo de la Constitución, de defender la integridad territorial de España, y por otra está a favor de lo de las balanzas fiscales, las selecciones catalanas y todo el repertorio nacionalista. Me temo que un día esta mujer se va a despistar y a los insípidos ¡Viva España! y ¡Viva el Rey! va a añadir ¡Espanya ens roba!

Por lo demás, hemos conocido un nuevo insulto en Cataluña y es acusar a alguien de tener un pensamiento ciutadà, en referencia a Ciudadanos. Dirán ustedes, seguro que ha sido Carod o el hijo de Pujol quienes se lo han dicho a Antonio Robles. Pues no, se lo ha llamado una candidata a presidir el PP de aquí a otro candidato a presidir el PP. Fue en el Círculo Ecuestre, ¿dónde si no?

Otra novedad es el nombramiento de la nacionalista Mónica Terribas como directora de la tevetrés. ¿Pero eso es una novedad? Pues no, tienen ustedes razón. Es de suponer que seguirá la misma línea que en su programa dando cálido cobijo a Otegi, a Marcelo Otamendi y a los de Terra Lliure. Dicen que al margen de sus ideas es una gran periodista. De hecho, lo demostró cuando puso contra las cuerdas a Albert Rivera al descubrir su ignominioso pasado. ¿Pertenencia a un grupo neonazi? ¿Tráfico de drogas quizás? ¿Abuso de menores? No, es que firmó una hoja de afiliación al PP.

Más allá de la ponencia
TONIA ETXARRI El Correo 14 Mayo 2008

Sigue provocando tal impacto el abandono de María San Gil de la ponencia política para el congreso del PP que, ayer, la presentación del polémico texto por José Manuel Soria y Alicia Sánchez Camacho quedó ciertamente deslucida. Se trataba de la ponencia de la polémica, la ponencia en la que se han recuperado, al final, todos los planteamientos políticos de María San Gil que en un principio habían sido retocados y que, si la dirigente vasca no se hubiera mantenido «en sus trece», seguramente no habrían sido incluidos. Ésa fue su percepción.

Tal y como se han mantenido las diferencias en torno a la política que debe hacer desde la oposición en esta legislatura, María San Gil ya no tenía nada que objetar a la ponencia, pero no quiso firmarla porque terminaron por producirse dos movimientos al mismo tiempo y contradictorios. El dirigente canario volvía a declarar públicamente la apuesta del PP por acercarse a los nacionalistas mientras se tejía el «encaje de bolillos» en la ponencia. Y como Mariano Rajoy no desmintió en ningún momento a José Manuel Soria, ha ocurrido que a María San Gil se le ha quebrado la confianza sobre la dirección que vaya a tomar su partido después del congreso.

No es que, de repente, haya visto a un Rajoy coqueteando con los nacionalistas. No es eso. Se trata de una sensación de la dirigente vasca sobre cierta incapacidad de su presidente de tomar las riendas cuando se presentan los problemas. Ayer, en un desayuno 'off de record' con un reducido grupo de periodistas, el presidente del PP reconocía que si él hubiera intervenido, tras las primeras declaraciones del líder canario, efectuadas en abril, y hubiera aclarado las dudas planteadas sobre la política de alianzas, «seguramente se habría evitado los malentendidos» con María San Gil.

No calculó que el enojo de la dirigente vasca llegara a desbordar la situación. Rajoy es consciente de que muchos le quieren segar la hierba debajo de los pies, que se pueden dar más acontecimientos como los de María San Gil «que, al final, acaban embrollándolo todo». Pero no piensa realizar cambios estratégicos de fondo ni en Cataluña ni en el País Vasco, las dos comunidades que le preocupan por sus malos resultados electorales. Quiere seguir introduciendo los cambios en su equipo. Pero ni se le pasa por la cabeza pensar en una alternativa a la presidenta del PP en Euskadi. «Lo mejor que tenemos es María San Gil. Por goleada», dice.

Pero también sabe que, cuando se habla de quiebra de la confianza se ha abierto una herida difícil de curar; que no se restaura ya con una ponencia amañada. Pero es a María, que no le hace falta estar tutelada por nadie, pero de quien se pueden aprovechar no pocos oportunistas, a quién le tocará dar explicaciones. Sus compañeros así lo esperan. Sus votantes también. Sobre todo porque la campaña vasca está ya en puertas.
t.etxarri@diario-elcorreo.com

Concierto político vasco
ANDRÉS MONTERO GÓMEZ EL Correo 14 Mayo 2008

La última escenificación de hermandad jeltzale nos demuestra cuán complicado es considerar al PNV como si fuera un cuerpo con dos almas. Con periodicidad variable se nos transmiten tráilers en donde se ve el alma soberanista tratando de imponerse a la pactista, o la también llamada posibilista o autonomista a la denominada independentista. En ocasiones es la soberanista la que se hace más visible y se materializa, mientras en otras es la propicia a los pactos con el gobierno de Madrid la que simboliza al timonel que recobra la firmeza de la singladura en la tormenta política de Euskadi. De cuando en cuando el alma bipolar del PNV entra en crisis de identidad y tiene que hacer catarsis. Con Garaikoetxea la catarsis fue por automutilación y la reciente con Imaz, por purga con hemorragia cauterizada. Ahora, en la escena de esta pieza perpetua de teatro político jeltzale reaparecen los adultos posibilistas conteniendo a ese adolescente autodeterminista al que, aunque no creen equivocado, sí consideran poco hábil en el ritmo, en los tiempos.

Es complejo discernir si son dos almas en un solo cuerpo o dos cuerpos en una sola alma. La impresión que me queda es siempre la segunda. Por lo general albergo mis dudas de que el PNV sea un cuerpo poseído por dos almas disjuntas. Cierto es que tiene algo de bipolar en su comportamiento, pero nada ni siquiera cercano a un trastorno múltiple de la personalidad. El alma jeltzale es una, y tiene muy claro el color con el que están dibujados sus deseos: el color de la independencia, de la autodeterminación de España. Es decir, todos están de acuerdo en el 'qué' pero discrepan en el 'cómo' y en el 'cuándo', o al menos eso es lo que tratan que sea interpretado por el público a partir de su representación teatral. La convivencia en el PNV de aquello que desde fuera nos parecen dos sensibilidades es un mecanismo funcional que no responde a una división de identidades, ni siquiera de modos divergentes de pensamiento estratégico, sino a una dinámica interna para mantener siempre al partido en tensión, en movimiento.

El PNV ha interiorizado lo que en el sistema institucional de Estados Unidos de América sería el 'checks and balances', es decir, una especie de reparto de poderes y de papeles de manera que la propia tensión entre las partes genere impulso de avance. Todos están en el mismo barco jeltzale, pero las dos sensibilidades están continuamente poniéndose límites o desbordándolos, según el caso, para que el resultado sea siempre dar un paso más hacia la independencia. Imaz es tan soberanista como Egibar, o Ibarretxe como Urkullu. La distinción entre independentistas y autonomistas en el PNV es equivalente a la que tienen los dos bandos de un mismo equipo de fútbol durante los entrenamientos: uno se pone un peto verde y otro rojo, pero encima del mismo color de camiseta. A veces en el PNV toca que los soberanistas defiendan y los autonomistas ataquen, y en ocasiones es al contrario. En ese partido a disputar en 2008, soberanistas atacan y pactistas defienden, para un posterior contraataque de los últimos que se alce con la victoria de todos, con la victoria del PNV, un gol más hacia el soberanismo.

Si el PNV hubiera obtenido otro resultado en las pasadas legislativas al Congreso o, por mejor decir, si los socialistas de Euskadi no estuvieran cuestionando el monopolio nacionalista de las urnas, probablemente Ibarretxe tendría otras cartas que jugar. Sin embargo, parte del electorado está escorándose hacia la alternativa que les ofrece una política antiterrorista basada en el desmantelamiento de ETA al tiempo que no les niega un horizonte constitucional de cuotas quasi-federalistas de autogobierno. Algo más de cien mil nacionalistas o supuestos nacionalistas votaron socialismo en la última convocatoria entendiendo que materializarían con mayor probabilidad su mandato genético independentista si obligaban al PNV a pactar con el PSE que si dejaban manos libres al plan Ibarretxe.

Eso si suponemos racionalidad al electorado, porque bien podríamos suponerle miedo, miedo a un desbordamiento institucional que tapone el autodeterminismo otros cincuenta años. De manera que toca integrar todos esos elementos, sin que el PNV renuncie a sus principios soberanistas, moderando la estrategia para recuperar electores en las autonómicas, acercándose al PSE y por tanto transmitiendo la sensación de cooperación antiterrorista pero, sobre todo, intentando obtener una muesca más en el recorrido soberanista inherente a lo jeltzale. Esta aproximación al PSE tiene que ser cuidadosa y no debe prolongarse más de seis meses, porque después llegará la hora de distanciarse y diferenciarse para las autonómicas.
Ibarretxe quiere hablar a toda costa con Zapatero, verle incluso en domingo. La estrategia ahora es negociar un nuevo estatuto, aunque en este partido el PNV juega con el tiempo en contra. Los errores de bulto del lehendakari ante la prometida consulta al pueblo vasco no permiten mucho margen de maniobra. Con todo, sería mucho peor para el PNV que Ibarretxe convocara un referéndum en junio y lo ganara, que tener que renunciar a la consulta popular. Una victoria eventual en esa consulta imposible pondría al lehendakari ante dos realidades: una, que no puede traducir un casi psicodélico resultado soberanista en nada tangible, porque Zapatero les diría que es ilegal; y dos, que ETA no va a dejar de asesinar porque se consulte al pueblo vasco sobre la autodeterminación. Incluso y por razones obvias, en un resultado favorable al soberanismo pero no traducible legalmente a un marco distinto del autonomismo, el referéndum de Ibarretxe reforzaría en ETA la percepción delirante de que tiene que continuar con el terrorismo. O sea, que con un referéndum oficiado en junio todo para el PNV son pérdidas, antes de celebrarse ya lo están siendo y después de convocarse sin duda lo serían.

El PNV está mal de tiempo si el amago de Ibarretxe de adelantar elecciones autonómicas es algo más que un farol. Si dentro del encaje de bolillos urdido con Urkullu aprovecha el inevitable plante de Zapatero ante el referéndum de junio para llamar a las urnas autonómicas en octubre, no hay manera de presentar una oferta electoral ilusionante a la ciudadanía que superara al nuevo estatuto que abanderaría el PSE. En cambio, si las autonómicas buscan su calendario natural hasta abril de 2009, igual el PNV tiene recorrido suficiente para negociar al menos los rudimentos de un nuevo concierto que trascienda lo económico, el concierto político vasco, un traje a medida para Euskadi.

El concierto político vasco tiene un planteamiento muy sencillo. A semejanza del concierto económico, se trataría de hacer palanca en la disposición adicional primera de la Constitución (reconocimiento de derechos históricos) para transferir a la comunidad autónoma todas las competencias políticas, dejando para el Gobierno central nada más que Defensa, Asuntos Exteriores y Aduanas. De este modo, Euskadi tendría el dinero que ya recauda con su régimen foral y competencias decisorias en todo lo que no fueran dimensiones supra-vascongadas. Desde luego, suena igual que el plan Ibarretxe pero con mucha más ingeniería política. Puede ser la apuesta amable de Urkullu, prescinde del confederalismo del plan Ibarretxe, es disfrazable de constitucional y acapara, de facto, las competencias soberanistas del programa del lehendakari. En estadística se dice que si se torturan los datos lo suficiente te acaban diciendo lo que quieras que te digan. Pues en la política vasca el dicho puede ser que si acabas retorciendo la disposición adicional primera de la Constitución lo suficiente puede acabar haciendo independiente a Euskadi.

Diecisiete problemas sanitarios
Javier Carro La Voz 14 Mayo 2008

Estado de autonomías. Presupuestos transferidos. Gestión federal. Estas máximas se cumplen a rajatabla en sanidad. La más importante de las competencias de cada comunidad autónoma. El pilar del bienestar ronda el 35-40% del presupuesto. En una encuesta que hice a mis alumnos -directivos del sector sanitario y farmacéutico-, señalaban como principales problemas: listas de espera, urgencias, ineficacia de las autoridades sanitarias, incremento del gasto sanitario y la mala imagen de la industria farmacéutica. A estos curiosos resultados, en cuanto a problemas sanitarios, habría que sumarle el escaso tiempo que pueden dedicar los médicos a sus pacientes, el incremento de agresiones en las consultas y hospitales, la falta de profesionales médicos y de enfermería, una gestión económica poco profesional, y una deshumanización de la medicina.

Y tres cuestiones claves: ¿ha sido acertada tanta descentralización en sanidad? ¿Se están produciendo desajustes entre comunidades en tratamientos y cartera de servicios? ¿Cómo abordará el vicepresidente Solbes la ingente necesidad de financiación para los próximos años? En el panorama nacional, un ministerio descafeinado con tan solo 1.000 millones de euros de presupuesto, y con visos de perder las competencias en investigación, deberá tener como axioma velar para que no se sigan produciendo diferencias interregionales. Solidaridad económica y cartera de servicios común. Y no diecisiete comunidades con diecisiete sanidades. Asistimos a un horizonte de problemas y desigualdades: Navarra, la que destina más recursos a sus habitantes. País Vasco, que puntúa y valora más el conocimiento del euskera que la titulación de doctor. Canarias, desde la asunción de Mercedes Roldós como consejera, tiene las urgencias colapsadas. Galicia, mal valorada por los pacientes, con unas polémicas listas de espera. Cataluña investiga y destaca por sus fondos. Andalucía ha apostado por el modelo sanitario como catapulta electoral de Chaves. Madrid, con continuas huelgas y problemas con los nuevos hospitales. Esto último ha llevado a que el consejero Güemes delegue en Ana Pastor, para que esta dirija desde la sombra la sanidad de Esperanza Aguirre. El último escollo es que la Comisión Europea exige que España elimine el céntimo sanitario, recargo que se aplica en los carburantes en Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid, y Valencia. ¿Y ahora, qué inventamos?

La mentira como política
POR JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 14 Mayo 2008

ESTOY de acuerdo con el Rey en que Zapatero sabe adónde va. ¡Vaya si lo sabe! No ha alterado un milímetro su rumbo desde que llegó al poder. Pero ¿recto, honesto, íntegro? Suena a guasa, como lo de sus cejas. Oírle en Baracaldo clamar contra las aventuras, los caminos inciertos y la violación de las reglas del juego era como oír a Ronaldo predicar la castidad. ¿Qué aventura más arriesgada que negociar con ETA, como él que lo hizo? ¿Qué camino más incierto para reformar los estatutos que dar carta blanca a los nacionalistas? ¿Qué mayor desafío a las reglas de juego que intentar cambiarlas sin contar con el mayor partido de la oposición? Si los españoles queremos como presidente el mejor mentiroso del país, hemos elegido bien. Si queremos alguien que vaya con la verdad por delante, nos hemos equivocado de medio a medio.

Zapatero miente a diestro y siniestro, a colegas y a rivales, a empresarios y a obreros, a jóvenes y a viejos, a nacionalistas y a constitucionalistas. Mintió a Maragall, prometiéndole dar lo que le pidiera para darle luego la patada; ha mentido a Montilla, prometiéndole una nueva financiación para darle ahora largas, y completó la faena catalana, engañando a Mas. Mintió a ETA, ofreciéndole en Loyola concesiones anticonstitucionales, que, menos mal, los terroristas rechazaron por juzgarlas insuficientes, y trata de engañar al PNV, aunque éste se lo merece, pues es experto en dobles palabras. Pero mintió, sobre todo, a los españoles, en el Congreso, al sobrepasar la autorización para negociar con ETA, y en la calle, al decirnos que se había acabado el diálogo con ella, cuando seguía negociando. Nos mintió en la campaña electoral al calificar la crisis económica de turbulencia pasajera, y sigue mintiéndonos cuando pide calma, unidad, templanza, firmeza, cuando fue él quien nos ha enfrentado durante cuatro años, iniciando reformas que sólo pedían unos cuantos, e ignorando los verdaderos problemas del país, desde el cambio de modelo económico a la reforma de la justicia, pasando por la mejora de la educación y la falta de agua. Y ahora tiene la cara de presentarse como moderado, como unificador, como consecuente.

Si Bismark definió la política como «el arte de lo posible», Zapatero la ha dejado en el «arte de la mentira», aunque en el suyo, como en muchas piezas del arte moderno, no hay belleza ni gracia. Hay sólo las normas brutales de los dos mayores mentirosos de la historia, Goebbels y Lenin: «Una mentira, cuanto más grande es más creíble» y «Una mentira repetida mil veces termina siendo verdad». Zapatero lo practicó en su primer mandato y parece dispuesto a seguir haciéndolo en el segundo. Tras el fracaso del comunismo y del nazismo, sin embargo, confiemos en que se imponga el mucho más esperanzador proverbio americano «Puedes engañar a una persona una vez, pero no a todos, siempre». Aunque con la ayuda del PP a lo mejor, a lo peor, lo consigue.

Una ponencia sin sospecha
Editorial ABC 14 Mayo 2008

EL Partido Popular debería entrar en un periodo de sosiego después de que ayer se hiciera pública la ponencia política que se presentará a los compromisarios designados para el próximo congreso nacional. Sean cuales sean los antecedentes de la redacción del documento, lo cierto es que su redacción final recoge fielmente los principios ideológicos del PP y ratifica las directrices fundamentales de su labor de oposición en los cuatro años del primer mandato de Rodríguez Zapatero. Ayer quedó disipada cualquier duda sobre si la nueva estrategia política auspiciada por Mariano Rajoy iba a implicar un cambio de valores o un giro brusco en la defensa de los mismos. En su lugar hay un documento inequívoco, contra el que sólo se pueden oponer, en este momento, conjeturas. No sólo no se postula un cambio ideológico, sino que el texto que se presenta como guía para los próximos años consolida el discurso más nítido, contundente y directo del PP sobre los asuntos que han protagonizado su actuación política en los años anteriores. Únicamente, como solitaria concesión a un atisbo de autocrítica, se apela a «mejorar e intensificar la comunicación de nuestro proyecto político y hacer un esfuerzo adicional en este campo», propuesta con la que nadie podrá discrepar dentro del PP porque existe la convicción unánime de que una futura victoria electoral requiere mejorar la relación de este partido con determinados sectores de la sociedad, todavía condicionados por los prejuicios contra la derecha.

Por tanto, el próximo congreso va a debatir una ponencia que reitera la defensa de España como Nación indisoluble, que apuesta por el Estado de las Autonomías, que reivindica el orden constitucional, la soberanía nacional y la igualdad entre los españoles, que denuncia el separatismo nacionalista y la complicidad socialista, que repudia el modelo federal o confederal y que señala directamente la responsabilidad política del PNV por no cooperar en la derrota de ETA. Reclama pactos de Estado en los asuntos fundamentales, y lo exige con carácter «público, concreto y por escrito» contra ETA; propugna un sistema educativo ambicioso, el control de la inmigración, una política exterior digna, la defensa efectiva de la familia, una auténtica economía de mercado y un sistema eficaz de protección social. Y además coloca la memoria de las víctimas del terrorismo «en el frontispicio» de su actividad política y define «la memoria, la dignidad y la justicia» como «la guía de nuestro quehacer en este terreno».

Esta ponencia, sobre la que decidirá en última instancia el congreso nacional, no puede ser tachada de pusilánime o claudicante. Las legítimas discrepancias que se han manifestado en los últimos días tendrían que reconducirse porque ya hay una propuesta concreta para la estrategia del PP en esta legislatura y se ajusta a la estricta ortodoxia ideológica. Si subsisten estas discrepancias o desencuentros pese al texto de la ponencia, no sólo harán que la carga de la prueba recaiga en quienes los mantengan sobre la base de la desconfianza hacia Mariano Rajoy, sino también empezarán a hacer conveniente que esa oposición difusa al actual presidente del PP se pronuncie con claridad e incluso dé el paso de articularse en una candidatura alternativa para que el debate sea transparente, directo, bilateral y al alcance de la opinión pública. Los desacuerdos políticos se pueden arreglar, pero no las conjeturas o las hipótesis que pronostican que la dirección del PP que salga elegida en junio no se atendrá al texto de la ponencia. Esto pertenece al terreno de la subjetividad, muy respetable pero insuficiente para ser tenida como una opción discutible en el seno de un congreso. Aunque Rajoy haya cometido errores, no tiene fundamento deslizar contra él -que por otra parte está haciendo un derroche de prudencia frente a una dura campaña de acoso-la sospecha de que está dispuesto a abandonar los principios del PP para llegar al poder.

San Gil no se vende y pone en evidencia al PP de Rajoy

Redacción Minuto Digital 14 Mayo 2008

¿Existimos los españoles como pueblo y como nación? ¿Tenemos patria? Esta es la verdadera cuestión política de nuestros tiempos. Los nacionalismos disgregadores son el principal problema con que se enfrenta la España de hoy, por mucho que la clase política o las mismas instituciones quieran ocultarlo y evitar que el pueblo se pronuncie expresa y directamente sobre ello. Y se trata de algo tan importante como la concepción de España. Deberemos decidir si España va a seguir existiendo como una nación con identidad propia o sólo seguirá dando nombre a una confederación de naciones, nacionalidades, estados autonómicos, cantones, taifas o como los quieran llamar.

En el PSOE ya lo han decidido. Su majestad el Rey, vistas sus últimas declaraciones, parece que también. Por supuesto, siempre y cuando mantenga la corona de esta Commonwealth ibérica de naciones.

Y en el PP parece que también lo están decidiendo. No porque crean en ello, sino porque a su dirección actual y a la mayoría de sus barones autonómicos, las cuestiones de principios no les van. Lo que verdaderamente les interesa es como ganar elecciones y estar en el poder, y manejar la pasta, claro. De ahí la genial idea de abrir una nueva relación del PP con los partidos nacionalistas, ser más simpáticos con los separatistas, que dice Núñez Feijoo. Se trata de ganar elecciones, no de ser antipáticos defendiendo una concepción de España unida, solidaria, igual y libre. Eso suena a lo de una, grande y libre, y ya saben, buff, que asco de fachas.

Pero hete aquí que María San Gil sale con lo de los principios y no traga con venderse por un plato de lentejas. No quiere manchar su nombre con el bodrio que están pariendo en Génova como ponencia política para el congreso de junio. San Gil no cambiará su proyecto político “para caer bien a los nacionalistas”. “La historia nos ha demostrado que si te acercas al nacionalismo éste se radicaliza mucho más. La única manera de frenar sus ansias independentistas es con la ley en la mano y defendiendo un proyecto alternativo más atractivo para la sociedad”.

San Gil no está en el juego de poderes dentro del PP nacional, ni a diferencia de otros líderes del PP vaso se envuelve en la bandera de España para medrar y hacer méritos delante de Jiménez Losantos. Por ello su gesto es tan importante. No es sospechosa de obedecer a ningún tipo de maniobra, ni pertenece a clan o lobby alguno con oscuros intereses personalistas o empresariales. Simple y llanamente representa los principios en los que la mayoría de votantes del PP cree.

Si Rajoy acaba quitando del medio al PP como oposición a esta transformación de España como unidad nacional en carcasa formal de la nueva forma de un estado confederal o federal, en realidad lo que está decidiéndose, no es ni más ni menos, que el PP forma parte del problema y no representa ninguna solución alternativa para los que sí creemos en la unidad de España. Que los fontaneros del PP vaya haciendo cuentas de los votos que van a ganar por acercarse a los nacionalistas y de los que van a perder por alejarse de la defensa de la cohesión nacional.

En nombre de la unión, del progreso y la democracia
José Manuel Palacín Minuto Digital 10 Mayo 2008

Es curioso observar como a lo largo de la historia la mayoría de los sistemas de gobierno sustituidos por caducos acaban dejando una estela parecida a la de la luz de un cometa, carente de energía, sentido y utilidad pero de una estética suficiente para hacerse atractivos y perdurables; Así tras la imposibilidad de supervivencia política de las polis griegas nació una nueva Super-Polis, Roma, que en realidad era un ingente Imperio con una estructura totalmente antagónica a la que forjaron los clásicos helenos pero que hacía remedar aquellas en su parte ceremonial; así de las Grandes Monarquías Absolutas e omnipotentes europeas, una vez extinguidas, ha permanecido el boato de una serie de familias que despiertan el morbo social en sus respectivas patrias sin que su sentido práctico para los Estados que habitan quede testado por prueba objetiva alguna.

Pero el caso más próximo de esta teoría es el de la pervivencia de los llamados “Partidos Socialistas”, sobre todo tras el hundimiento de la Unión Soviética y la constatación de que el tinglado de los Utópicos o de Marx era una auténtica quimera impracticable.

Hundido el Socialismo del Soviet los aspirantes a forjar en la Europa libre estados similares comprendieron la imposibilidad de tal sinrazón y comenzaron a evolucionar hacia posiciones más eclécticas, admitiendo en su regazo el corpus teórico de Adan Smith. Los casos de los Laboristas británicos o el de la Social Democracia en Alemania son admirables. Sin embargo en Francia, Grecia o Portugal los ensayos evolutivos han permanecido imbuidos en patrones más estrictamente encadenados a su filosofía progenitora pero que jamás han mirado al pasado. La pervivencia del socialismo Francés resulta, bastante vehemente, pero puramente cosmético. Así, la izquierda francesa se adapta a la teoría de la estética de la estrella fugaz.

El caso español ha fluctuado desde la Transición, resumiéndose, para no pecar de demasiado exhaustivo, en dos etapas: una primera, liderada por Felipe González, de clara vocación reformista y que llevó al PSOE a posturas mas adaptativas al medio y una segunda, que vivimos, capitalizada por José Luís Rodríguez Zapatero, que ha vuelto su mirada al modelo socialista y federalista del II República, lo cual implicaría en política comparativamente lo mismo que en genética la liquidación de los mamíferos y su sustitución por organismos del tipo trilobite de la era paleozoica.

Rodríguez Zapatero pretende convertir la cola de un cometa, como dije antes, carente de energía, en el motor de su política. Lo que es para el resto de los social – demócratas europeos una estela de identificación con una procedencia es para Zapatero el camino a seguir con marcados objetivos, la liquidación del 1) Estado español, 2) de la propiedad privada y por último 3) de las libertades individuales.

¿Y como atenta Zapatero contra estos tres pilares de nuestro modo de vida?

Para acabar con España ZP alimenta el independentismo permitiendo de manera impune los desafíos separatistas, centrifuga el Estado a través de una subasta infame de competencias, legisla de la mano con los antisistema, enfrenta a unas Comunidades con otras, ridiculiza y debilita la imagen de nuestra nación en Europa y en el Mundo.

Contra la prosperidad y la propiedad privada este hombre se ha generado un sistema de minado en profundidad; el no haber hecho nada para evitar, o como mínimo para paliar la crisis es una forma encubierta de torpedear la pequeña y mediana empresa, la inversión extranjera, la balanza de pago y generar una recesión y por último un colapso total del sistema financiero español que se caracteriza por la generación de paro e inflacción. De este modo el ciudadano, al perder su poder adquisitivo, tiene que depender para sobrevivir más y más del Estado patriarcal que cubra sus necesidades y así convertir a los españoles en arroceros de los 400 euros, del cheque bebe, de la beca baldía de mérito, al más puro estilo Hugo Chavez.

Para finalizar contra las libertades, un lupus disfrazado de Bambi utiliza el diálogo con la banda terrorista ETA, otorga alas a la religión del proselitismo y de la intolerancia, llena el país de inmigrantes ilegales que generan una inseguridad atroz en las calles, colapsa la Justicia y la descabeza en su propio interés para que no pueda reaccionar per se, utiliza un sistema represivo contra quien no piensa como él utilizando elementos propagandístico dignos de la GESTAPO como son los pseudo-intelectuales; Y este proceso de reconversión además se efectúa con un subjetivismo personal propios de un totalitarismo enfermizo puesto que lo que no le gusta al Presidente queda fuera de lo que el determina que es: LA ESPAÑA DECENTE.

Necesitamos un antídoto contra este prurito; para defender España hay que articular un escenario de UNIÓN, para salir de la crisis debemos apostar por el la fe en PROGRESO y en la defensa de nuestras libertades luchar por la DEMOCRACIA.

Al final Unión, Progreso y Democracia es un nombre más que acertado para un partido regeneracionista, lejos de las falacias de la derecha y la izquierda y que en cambio hace hincapié en nuestros anhelos y necesidades.

TODOS LOS HERIDOS ESTÁN FUERA DE PELIGRO
ETA asesina a un guardia civil y hiere a otros cuatro en un atentado en Legutiano
La explosión de una furgoneta-bomba junto a la casa-cuartel de Legutiano (Álava) ha provocado la muerte de un agente y herido a otros cuatro. Según EFE, todos éstos últimos están fuera de peligro aunque según ha informado el Hospital de Txagorritxu a Libertad Digital, uno de los agentes se encuentra en la UCI aunque su vida no corre peligro. El guardia civil fallecido –identificado como Juan Manuel Piñuel Villalón– era natural de Melilla, tenía 41 años, estaba casado y con un hijo. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se traslada en estos momentos al lugar.
Agencias Libertad Digital 14 Mayo 2008

El atentado ocurrió minutos antes de las tres de la madrugada, sin que los terroristas avisaran previamente. Los terroristas estacionaron el vehículo, una furgoneta Citroën Berlingo, a unos metros del edificio, de tres plantas, que quedó prácticamente derruido, al igual que el vehículo utilizado. Un caserío cercano se ha visto seriamente dañado y la deflagración afectó también a algunas viviendas unifamiliares de la zona.

Piñuel, que se encontraba en un pequeño edificio de vigilancia quedó enterrado entre los escombros, junto a otro compañero, un sargento, al que los bomberos lograron rescatar con vida. Los cuatro heridos, dos hombres y dos mujeres, de edades comprendidas entre los 35 y los 41 años, fueron hospitalizados en los centros de Txagorritxu y Santiago, en Vitoria, a 20 kilómetros de Legutiano, y no se teme por la vida de ninguno de ellos. Una de las lesionadas ya ha sido dada de alta. La Cruz Roja envió al lugar a cuatro psicólogos que atendieron a los habitantes de la casa cuartel, de forma especial a los familiares de las víctimas.

Según los destrozos causados y la situación del vehículo, los terroristas habrían utilizado un potente explosivo. En el lugar de la explosión se ha producido un cráter de varios metros y apenas hay restos de la furgoneta empleada en el atentado. Varios edificios próximos han quedado también dañados. Testigos han señalado que la explosión se pudo oir a varios kilómetros de distancia.

La Ertzaintza, que procedió a acordonar la zona en un perímetro de unos dos kilómetros, encontró abandonado en el alto de Urquiola, en Vizcaya, un turismo Peugeot 306, que fue inspeccionado por artificieros de la policía autonómica, ante la posibilidad de que hubiera sido utilizado por los autores del atentado. El vehículo disponía de un dispositivo incendiario que no llegó a estallar, que incluía una garrafa de gasolina.

Los terroristas de ETA aparcaron la furgoneta-bomba a unos diez metros de las instalaciones de la Guardia Civil, en una carretera que pasa junto al perímetro de seguridad, informaron a Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista. La casa-cuartel está situada junto a la carretera N-240, a la entrada del pueblo.

Rubalcaba se traslada al lugar
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, viaja esta mañana a Vitoria, desde donde se desplazará a continuación a Legutiano. Fuentes del Ministerio del Interior han confirmado a EFE que el ministro viaja en avión desde las 08:00 de la mañana a la capital alavesa, junto al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, el director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, y el director adjunto operativo de la Benemérita. Rubalcaba ha informado puntualmente al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de los detalles del atentado.

ETA mata a un guardia civil y hiere a cuatro en un atentado contra la Casa Cuartel de Legutiano
AGENCIAS. ÁLAVA ABC 14 Mayo 2008

ETA asesinó hoy a un guardia civil e hirió a otros cuatro agentes al hacer estallar esta pasada madrugada una furgoneta cargada con un potente explosivo ante la fachada del edificio en Legutiano (Villarreal en castellano). En la Casa Cuartel se encontraban 40 personas, entre ellas, mujeres y niños.

El fallecido, Juan Manuel Piñuel, de 41 años de edad y natural de Melilla, llevaba dos meses destinado en Alava, donde se había desplazado desde Málaga para lograr la preferencia que le permitiera volver a su lugar de origen.
El atentado ocurrió minutos antes de las tres de la madrugada, sin que los terroristas avisaran previamente. Los activistas de ETA estacionaron el vehículo, una furgoneta Citron Berlingo, a unos metros del edificio, de tres plantas, que quedó prácticamente derruido, al igual que el vehículo utilizado. Un caserío cercano se ha visto seriamente dañado y la deflagración afectó también a algunas viviendas unifamiliares de la zona.

El guardia civil falleció cuando avisaba por teléfono
El guardia civil fallecido, Juan Manuel Piñuel Villalón, se encontraba hablando con la central operativa de servicios del instituto armado, alertando de que había una furgoneta estacionada fuera del acuartelamiento de Villareal, en Legutiano, cuando estalló el explosivo y se cortó la comunicación, según informaron a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.
Juan Manuel Piñuel se encontraba en el interior del pequeño edificio de vigilancia anexo al cuartel y, al advertir la presencia del vehículo, procedió a comunicar la existencia de una furgoneta sospechosa, así como que un guardia civil había salido a identificarla.

En ese momento, se produjo la explosión y se cortó la comunicación. El agente falleció al estallar el vehículo-bomba.
Los cuatro heridos, dos hombres y dos mujeres, de edades comprendidas entre los 35 y los 41 años, fueron hospitalizados en los centros de Txagorritxu y Santiago, en Vitoria, a 20 kilómetros de Legutiano, y no se teme por la vida de ninguno de ellos. Una de las lesionadas ya ha sido dada de alta.

La Cruz Roja envió al lugar a cuatro psicólogos que atendieron a los habitantes de la casa cuartel, de forma especial a los familiares de las víctimas.

Un coche abandonado sin estallar
La Ertzaintza, que procedió a acordonar la zona en un perímetro de unos dos kilómetros, encontró abandonado en el alto de Urkiola, en Bizkaia, un turismo Peugeot 306, que fue inspeccionado por artificieros de la Ertzaintza, ante la posibilidad de que hubiera sido utilizado por los autores del atentado. El vehículo disponía de un dispositivo incendiario que no llegó a estallar.

15 familias desalojadas
Unas 40 personas, entre ellas, mujeres y niños, se vieron obligados a abandonar sus viviendas, dentro de la casa cuartel después de estallar la furgoneta bomba, cargada con un potente explosivo.
Con la ropa y objetos que tenían en ese momento en su poder, fueron evacuadas a las instalaciones de la Guardia Civil en Sansomendi, donde serán realojadas, ya que los destrozos causados en el edificio les imposibilita volver a sus viviendas.

RAJOY IMPONE SILENCIO AL PARTIDO
Génova intenta desacreditar a San Gil exhibiendo ahora como propia la ponencia que quiso censurar
Tanto Alicia Sánchez Camacho como José Manuel Soria han dejado en manos de María San Gil la respuesta a su ausencia en la presentación de la ponencia política. La estrategia que sigue Génova es que el texto que se ha asumido es el que quería la presidenta del PP vasco. Pero esconden las presiones que ha sufrido para que corrigiera más de una decena de puntos y los cambios que quería imponer, a través de Lassalle, la dirección popular. Los medios hostiles al PP han comprado el argumentario de Génova. Mayor Oreja dice que mienten. Mientras, Rajoy aconseja a los curiosos del partido "que no hablen y no se metan en líos".
EFE Libertad Digital 14 Mayo 2008

En una conversación informal con periodistas en los pasillos del Congreso, Rajoy ha hablado por primera vez desde que el pasado domingo la presidenta del PP vasco anunciara que abandonaba la ponencia política por diferencias de criterio fundamentales, lo que ha abierto un nuevo frente en la crisis interna del partido. "Estoy bien y con responsabilidad, que es la única forma de actuar en estos momentos. Y punto", ha dicho Rajoy.

Tras informar de que ayer habló varias veces con San Gil y de que hoy no lo ha hecho, ha señalado que, como presidente del PP, no piensa decir "nada inconveniente ni conveniente". Además, ha explicado que, dentro del partido, a todo aquel dirigente que le pregunta por la decisión de San Gil y por la situación del PP, le responde que "no hable y que no se meta en líos".

Mariano Rajoy ha explicado que él tiene la vista puesta en el XVI Congreso que el PP celebrará en Valencia del 20 al 22 de junio y en "intentar ganarlo". Acerca de la estrategia del Partido Popular, ha apuntado que ésta "no se cuenta, sino que se hace" y, preguntado si dará alguna pista más sobre el que será su nuevo equipo a partir de junio, ha dicho que es un asunto que aún está pendiente.

Además, el presidente del PP ha confirmado que no acudirá el jueves a Vitoria al acto que iba a celebrar junto a María San Gil, ya que ésta tiene un viaje previsto en esas fechas, y ha explicado que han quedado en hablar más adelante para fijar otra fecha. No obstante, otras fuentes del propio PP reconocen la dificultad de celebrar ese acto conjunto después de la decisión de María San Gil comunicada en la noche del domingo de apartarse de la Ponencia Política del PP, que se ha presentado en Madrid este martes con la ausencia de la política vasca.

Soria y Sánchez Camacho presentan la ponencia sin San Gil
José Manuel Soria y Alicia Sánchez Camacho han vendido la ponencia política del PP como un ideario "consensuado por todos sus miembros", incluida María San Gil (pese a que ésta rechazó firmarla por diferencias ideológicas). Además, consideran que el partido tiene que ser capaz "de ver que asistimos a nuevos tiempos que requieren enfoques renovados". En el capítulo dedicado a nacionalismos, critican su "permanente deslealtad".

María San Gil ha sido la absoluta protagonista, pese a su ausencia, de la presentación de la ponencia política del PP. Ha dicho Sánchez Camacho que el ideario del PP fue consensuado "personalmente" con la dirigente vasca. "Se cerró el domingo por la tarde con María San Gil", ha recalcado antes de asegurar: "Comparte al 100% el texto que hemos consensuado".

En este sentido, ha asegurado que no considera "deslealtad política" que la presidenta del PP vasco no haya estado presente aunque sí advierte que "nos hubiera gustado que estuviera". "María San Gil ha sido un referente político y moral", ha dicho José Manuel Soria, otro de los ponentes.

La casi totalidad de preguntas han ido destinadas no al contenido del texto sino a la crisis interna del PP. Sin embargo, tanto Soria como Camacho han negado la mayor. "Los congresos (referido al de Valencia) se hacen para debatir sobre ideas y eso es lo que vamos a hacer", ha dicho José Manuel Soria. "No tengo ningún temor al debate de ideas", ha insistido.

Soria ha querido apuntar que el actual texto es "un documento de base, es una ponencia, esta no es la ponencia que va a ser aprobada en su literalidad" ya que los "los compromisarios van a estudiarla". Agregó que entonces "la que salga del Congreso es la que va a marcar el partido en los próximos tres años; ese sí será el documento que dará la línea política del partido" al tiempo que ha insistido en que no ha habido " ningún tipo de discrepancia" y fue aprobado "con el visto bueno de los tres" pese al alejamiento de San Gil.

Al ser preguntada por qué San Gil no les acompañaba en la presentación del texto, Sánchez-Camacho replicó que sobre "decisiones personales" debía contestar la presidenta del PP vasco. "Si ella no puede acompañarnos yo no lo puedo responder, pero el documento fue consensuado personalmente con ella y sus propuestas están íntegramente en este documento", enfatizó, para añadir después que "lo importante es el resultado, no el proceso".

Ante la posibilidad de que la dirigente del PP vasco pudiera enmendar a la totalidad el documento estratégico, Sánchez-Camacho confesó que no concebía esa opción porque el texto es fruto del trabajo de los tres ponentes. "Y sé que (San Gil) comparte al cien por cien el texto que hemos presentado", aseveró. En parecidos términos se expresó el vicepresidente del Gobierno canario, quien destacó también que la ponencia tiene "el visto bueno de los tres". Por eso, subrayó que "habrá que preguntarle a María por qué no está aquí".

Asimismo, Sánchez-Camacho explicó que el diputado del PP José María Lasalle, portavoz de Cultura del PP, ha realizado una labor de coordinación, igual que en las demás ponencias han contado con ese respaldo de la estructura nacional. Así, reveló que Juan Carlos Vera ha coordinado los trabajos de la ponencia de estatutos y Cristóbal Montoro, la económica. "Lasalle ha sido un apoyo extraordinario", indicó, para reiterar que "únicamente" había realizado un trabajo de coordinación. Según aseguraron a Europa Press fuentes 'populares', Rajoy delegó en Lasalle la tarea de intentar acercar posiciones entre San Gil y José Manuel Soria.

Ejes de la ponencia del PP
El PP ha remitido a la prensa el contenido de su polémica ponencia política. En su ideario, arremete contra los nacionalismos y su "permanente deslealtad". En este capítulo, presta especial atención a la actitud del Partido Nacionalismo Vasco: "El PNV condena el terrorismo, pero todos sus actos desmienten sus palabras".

Sobre el régimen actual, el ideario popular destaca que "la Constitución es la mejor de nuestra historia y revela la vocación de futuro y una vitalidad extremadamente importante". Además, defiende la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles independientemente de su lugar de residencia.

El polémico texto también hace referencia al proceso de renovación emprendido por Mariano Rajoy: "Nuestro esfuerzo sería baldío si no fuéramos capaces de ver que asistimos a nuevos tiempos que requieren enfoques renovados".

Política antiterrorista y Justicia, también en el ideario
En política antiterrorista, el PP insta a actuar "con la máxima coordinación por parte de los partidos democráticos". Para ello, tiene un condición: "un acuerdo público, concreto y por escrito para la derrota de ETA".

Otro de los puntos más críticos del documento es la reforma de la Justicia, en pleno debate por su modernización."No podemos decir que los derechos de los ciudadanos estén plenamente protegidos", destaca la ponencia. Por ello, reclaman "más severidad" en delitos como "la pederastia, la violencia de género y la pornografía".

Arenas ve "impecable" la ponencia política
Este nuevo texto ya ha generado reacciones. El presidente del PP-A, Javier Arenas, ha calificado de "impecable" el ideario del PP que se ha elaborado para ser debatida en el Congreso Nacional, al tiempo que deseó María San Gil se vuelva a incorporar, cuando lo estime oportuno, de forma activa a las tareas de cara al cónclave de junio. "Quiero expresar lo mucho que la queremos y el afecto y admiración que sentimos por ella", apuntó el dirigente popular, para quien si en el País Vasco está lo "peor" de España, como es el terrorismo, también está "lo mejor", como son María San Gil y los compañeros que viven en esa comunidad.

"Confió por ello en que la dirigente vasca --con la que ha tenido ocasión de hablar telefónicamente-- se vuelva a incorporar de forma activa a las tareas del Congreso Nacional por cuanto es una figura que siempre ha "engrandecido" el proyecto del Partido Popular. Para Javier Arenas, la Ponencia Política que se ha elaborado y que tuvo ocasión de leer ayer, es un "buen instrumento" que podría ser suscrito por todos los militantes, simpatizantes y votantes del PP, mientras que en ella se "recogen las aportaciones" que ha hecho María San Gil, según dijo.

se celebrará el próximo martes
Covite renuncia a participar en el homenaje a las víctimas tras un debate que divide a su directiva
El colectivo de damnificados, que tenía diez minutos para exponer sus quejas ante Ibarretxe, protesta por un acto que celebró hace dos semanas Derechos Humanos
IGNACIO MEDRANO EL Correo 14 Mayo 2008

EUSKALDUNA. Las viudas de un guardia civil y un policía se abrazan en el homenaje de 2007. / JOSÉ MONTES
Covite no estará el domingo en el Kursaal donostiarra, en el segundo homenaje institucional a las víctimas del terrorismo organizado por el Gobierno vasco, si bien asistirán a título individual algunos miembros de su junta directiva. El colectivo mayoritario de damnificados de Euskadi ha reconsiderado su decisión inicial de participar en el acto a cambio de exponer, desde el escenario, durante diez minutos y ante una amplia representación política e institucional encabezada por el lehendakari, sus ideas sobre la deslegitimación del terrorismo, que conllevan una posición muy crítica con el Gabinete de Juan José Ibarretxe. Según ha podido contrastar este periódico, la renuncia de Covite se ha producido tras un muy intenso debate interno marcado por la división de opiniones entre los responsables de la organización, que, finalmente, no han logrado tomar este acuerdo por unanimidad.

El cambio de planes de Covite -que evita al lehendakari la posibilidad de enfrentarse a los reproches de la organización mayoritaria de víctimas vascas a sólo 48 horas de su esperada reunión con José Luis Rodríguez Zapatero- fue dado a conocer a primera hora de la tarde de ayer por el propio colectivo a la Dirección de Atención a las Víctimas. La comunicación se produjo por medio de una carta en la que expresa el malestar que le generó conocer que la Dirección de Derechos Humanos, adscrita a Justicia, había invitado a Etxerat -el colectivo de familiares de presos de ETA- a la presentación de la campaña 'Dignidad y Justicia para todos', acto que tuvo lugar el 30 de abril en la sede de Lehendakaritza. Precisamente ese mismo día y casi a la misma hora, las once de la mañana, la oficina de Maixabel Lasa celebraba una rueda de prensa en San Sebastián para dar a conocer los detalles del homenaje del domingo.

Covite considera completamente incoherente con el mensaje central que el Gobierno vasco pretende trasladar en el Kursaal -la deslegitimación del terrorismo- que la consejería de Joseba Azkarraga tuviera esta deferencia con los familiares de reclusos condenados por actos terroristas y, sin embargo, no invitara al principal colectivo vasco de víctimas, aún a pesar de que el primero de los derechos humanos es el derecho a la vida. Se da la circunstancia de que, aún a pesar de haber sido invitados oficialmente, los representantes de Etxerat no pudieron traspasar la puerta de Lehendakaritza porque el Ejecutivo autónomo se lo impidió, por «protagonizar» a la misma hora en el exterior de la sede de Presidencia «una concentración en la que nos insultan y amenazan«, según explicaron entonces fuentes de Justicia.

En la comunicación remitida ayer a la dirección de víctimas, el colectivo que preside Cristina Cuesta también censura la intervención del propio Ibarretxe en aquella convocatoria de Derechos Humanos, por entender que colocó en un mismo nivel los asesinatos de ETA, la política de dispersión penitenciaria y las denuncias de tortura.

Asimismo, además de informar de su renuncia a participar, el colectivo de víctimas remitió a Maixabel Lasa otra breve nota en la que resume su postura, con la petición de que sea leída en el Kursaal.

En medios conocedores del intenso debate que ha celebrado Covite antes de llegar a esta conclusión confirman que la decisión no ha sido unánime y dejan entrever la posibilidad de que el cambio de planes no se deba sólo a la razón aducida.

Sorpresa por el acuerdo
Según las informaciones recabadas por este periódico, tanto Cristina Cuesta como otros destacados miembros de la junta directiva recibieron con enorme sorpresa la decisión de la Dirección de Atención a las Víctimas de acceder a su petición de tomar la palabra en el homenaje institucional. De hecho, al plantear esta condición, entendían que, muy probablemente, no podría ser asumida por la oficina de Maixabel Lasa. A pesar de que Covite confirmó su acuerdo con la Dirección de Víctimas, el pasado 15 de abril, el colectivo siguió debatiendo sobre este tema en fechas posteriores.

El plazo de trece días transcurrido desde la presentación de la campaña de Derechos Humanos que ha esgrimido Covite como detonante de su decisión hasta ayer han sido interpretados en medios cercanos a la organización del homenaje del domingo como un indicio de que el debate interno en este colectivo de víctimas no se ha debido únicamente al hecho de que Etxerat fuera invitada a aquella convocatoria. Estas fuentes interpretan que en el fondo de este cambio de planes se encuentra la incomodidad de un sector de Covite con la posibilidad de que su presencia en ese acto, aún crítica con el tripartito, pudiera ser interpretada como un pequeño éxito del Gobierno vasco, dado que el colectivo de Cristina Cuesta no asistió al primer homenaje institucional a los damnificados por el terrorismo celebrado en el Euskalduna de Bilbao el 22 de abril del pasado año.

MÁS DE 5.000 EMPLEADOS COLOCADOS A DEDO
El TSJA critica los nombramientos a dedo de Chaves y anula un decreto que los favorecía
Pedro de Tena Libertad Digital 14 Mayo 2008

Cuenta El Mundo este martes que se ha producido otro varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a la política que la Junta pretende implantar en su función pública. El TSJA acaba de dictar una sentencia en la que censura que la Administración andaluza pretenda usar de forma «generalizada» los puestos de libre designación para cubrir sus vacantes, a pesar de que se trata de un «mecanismo extraordinario o excepcional». Libertad Digital ya denunció en su día que el propio presidente de la Junta de Andalucía cifró en 5000 empleados públicos los colocados a dedo por el PSOE.

La Junta de Andalucía ya ha intentado en varias ocasiones modificar su normativa para suprimir los requisitos asociados a los puestos de libre designación. Durante una negociación con los sindicatos, los responsables de la Consejería de Justicia y Administración Pública exhibieron un borrador de decreto para suprimir "el número de años de experiencia, la formación y la titulación de los puestos con modo de acceso por libre designación" en todas las consejerías y delegaciones provinciales de la Junta.

De hecho, el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) número 31 de febrero de 2007 da cuenta de un decreto que firman el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y la entonces consejera de Justicia y Administración Pública, María José López, en el que se suprimen los requisitos para puestos 'a dedo'. "Queda suprimida la experiencia, formación y titulación de los puestos de libre designación adscritos a los Cuerpos Generales de la Administración General de la Junta correspondientes a la Consejería de Educación», dice literalmente el B0JA. La presión sindical del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía ha evitado que este decreto que iba a afectar a toda la función pública de la Junta saliera adelante. Sin embargo, cada vez que se modifica la relación de puestos de trabajo de alguna consejería, se suprimen los requisitos asociados a los puestos ‘a dedo’.

A propósito de tal cuestión, los magistrados del TSJA han anulado un decreto de la Consejería de Justicia y Administración Pública que modificaba la relación de puestos de trabajo en la Consejería de Economía y Hacienda "única y exclusivamente" para que determinados puestos se convirtieran en libre designación, también conocidos como a dedo. La sentencia da la razón al Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (SAFJA), que planteó un recurso contra el decreto.

La ley nacional sobre la Función Pública establece importantes «limitaciones» para que las administraciones implanten la figura de la libre designación en su relación de puestos, detalla la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA en Granada. "El sistema de libre designación previsto en la ley difiere sustancialmente de un sistema de libre arbitrio, ya que su perfil viene delimitado por su carácter excepcional", precisa la sentencia en poder de EL MUNDO de Andalucía, que está fechada el pasado 28 de abril.

No es la única limitación. La libre designación "se aplica a un puesto determinado en atención a la naturaleza de sus funciones y sólo entran en tal grupo los puestos directivos de confianza", añade el fallo.

Además, los puestos de esta "clase de especial responsabilidad están incorporados a la relación de puestos de trabajo, que deberá incluir en todo caso la denominación y características esenciales de los puestos" y debe ser "pública". Igualmente, la legislación andaluza reserva la libre designación para "puestos expresamente calificados de confianza o asesoramiento, con nivel de complemento de destino comprendidos entre 26 y 31 y, excepcionalmente, supuestos debidamente justificados para los puestos de nivel inferior al vértice", recuerda la sentencia.

La sentencia explica que, "por muy amplia que pueda considerarse la potestad de la Administración para decidir" la forma de organizar su plantilla de funcionarios, "no puede olvidarse" que la Junta "debió motivar convenientemente" los cambios en la relación de puestos de trabajo. "La obligación de motivar se convierte en una exigencia per se y su falta debe sancionarse" con la anulación del decreto de la Junta", aclara el fallo.

Educación
Amenazas de expulsión para los objetores de Navarra y Asturias
Los centros avisan de que no darán el título a quienes falten a clase
Los colegios han empezado a abrir expedientes disciplinarios ante el absentismo en las aulas.
R. Ruiz La Razón 14 Mayo 2008

madrid- Ser objetor se ha convertido en un verdadero «infierno» para padres y alumnos que se resisten a cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía, especialmente en comunidades autónomas como Navarra y Asturias. En la Comunidad Foral, donde ya se han presentado cerca de 800 objeciones de padres contrarios a que se imparta la asignatura, los alumnos que no van a clase de Educación para la Ciudadanía empiezan ya a sufrir las consecuencias. Un ejemplo es el caso ocurrido en el colegio público Valle del Ebro, de Tudela, donde un alumno de 3º de ESO ya ha recibido, con todo el rigor administrativo (por correo certificado), una amonestación que supone el primer paso de la apertura de un expediente disciplinario.

Los responsables del centro educativo han decidido seguir a rajatabla los decretos forales que regulan los derechos y deberes de los alumnos de centros de niveles no universitarios. Así, si persisten las faltas de asistencia, que el centro considera «no justificadas», el alumno de Tudela podrá sufrir un cambio de clase o ser expulsado durante cuatro días lectivos. Además, el «aviso» al alumno «constará en el expediente individual», según regula el artículo 31 del Decreto Foral 417/1992.

Profesionales por la Ética consideró ayer «justificadas» las faltas de asistencia a clase de Ciudadanía porque «el alumno presentó su objeción de conciencia ante la Administración educativa». Además, ha solicitado al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra que «retire la amonestación y deje limpio el expediente del alumno e inicie los procedimientos oportunos sobre la base de una objeción de conciencia y el respeto al ejercicio de este derecho.

José Luis González, responsable de la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) en Navarra, lamentó la apertura del régimen sancionador y denunció el hecho de que haya centros concertados en la Comunidad en los que no se está respetando la objeción «con la excusa de que se está adaptando la asignatura al ideario del centro».
Un caso similar es el que está ocurriendo en Asturias, donde los objetores a la asignatura también han criticado la apertura de expedientes sancionadores a los alumnos. Ángel Mario Díaz, portavoz del Foro de la Familia en Asturias, informó de que en esta Comunidad se ha abierto expediente a siete alumnos entre los más de 500 que asegura que han presentado la objeción ante la Administración educativa.

Algunos centros ya han remitido una carta a los padres informándoles de que la no asistencia a clase de Ciudadanía por objeción de conciencia «se considerará falta no justificada que podrá llevar aparejada la imposición de correcciones... Además, impedirá la evaluación continua del alumno y, en consecuencia, podrá llevar aparejada la no obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria».

UGT dice que Educación debe evitar contratar a las ikastolas por «la más elemental prudencia»
M. F. V. El Correo 14 Mayo 2008

El sindicato UGT censuró ayer que el Departamento de Educación «deje en manos de empresas ligadas a las ikastolas privadas» la evaluación de los alumnos vascos al adjudicarles las pruebas piloto. «Estas decisiones lo único que consiguen es que se establezcan desigualdades en el sistema educativo», señaló el responsable de Enseñanza de la central, Luis Santiso. La más «elemental prudencia» tenía que haber evitado esta situación, añadió.

UGT recordó que la Ley Orgánica de Educación (LOE) pretende a través de la realización de exámenes en cuarto de Primaria -alumnos de diez años- y en segundo de Secundaria -de 13 años- evaluar las competencias de los escolares en los diferentes áreas del conocimiento y en las lenguas. El sindicato reclama que deben ser los 'berritzegunes' -centros de apoyo pedagógico-, la Inspección educativa y el Instituto Vasco de Evaluación (IVEI) los que asuman todo el proceso examinador. «Lo más adecuado sería hacerlo con servicios que dependen del Departamento de Educación y con funcionarios públicos ya que la objetividad estaría garantizada y se ahorraría un gasto en financiación», añadió Santiso.

Según el programa piloto diseñado por la consejería, los técnicos del IVEI elaboran las preguntas de los exámenes y el personal de la agrupación de ikastolas de Vizcaya (BIE) aplica los ejercicios y los corrigen. «No es posible que un sistema educativo que sobre el papel lucha por la inclusión y la igualdad adopte medidas de este tipo, que acabarán por enfrentar a las redes educativas», añadió Santiso. A su juicio, la consejería en manos de EA está «desbordada» y «sumida» en «una total incompetencia».

Partidos
La Generalitat gasta 625.800 euros para promover el catalán en Francia Cambiar el tamaño del texto
El Ejecutivo de Montilla ya destinó casi tres millones al mismo fin en 2007
M. S. La Razón 14 Mayo 2008

bARCELONA- La Generalitat de Cataluña aprobó ayer destinar 625.800 a la Asociación Amigos de la Bressola, entidad dedicada a la gestión de escuelas de educación maternal y primaria en el sur de Francia. Las escuelas «la Bressola» se caracterizan por ofrecer una enseñanza laica en francés y catalán, con el objetivo de asegurar la supervivencia de la lengua catalana en el sur de Francia.

No es la primera vez que el Ejecutivo catalán destina partidas de ayuda a esta entidad. El año pasado la Generalitat ya subvencionó a esta entidad con 2.915.894 euros para poder construir un nuevo centro educativo de enseñanza secundaria en El Soler, localidad de la región del Rosellón.

Esta asociación sin ánimo de lucro gestiona un total de ocho centros, que acogen a más de 600 alumnos. De todas formas, esta asociación asegura en su web que reciben centenares de peticiones de escolarización que deben ser denegadas por «falta de espacio y recursos». Aunque la Constitución francesa propugna que la educación debe cursarse solamente en francés, desde estas escuelas consideran que hay un sentir colectivo que desea poder escolarizar a los niños en catalán y «recuperar el uso de la lengua catalana», sobretodo en el sur de Francia, territorio que se anexionó al estado francés después del Tratado de los Pirineos de 1659.

La vicepresidencia de la Generalitat, dirigida por Josep LLuís Carod-Rovira, se «reafirma en su compromiso con la enseñanza de la lengua y la cultura catalana en la Cataluña Norte», a través de la nueva subvención a la «Asociación de Amigos de la Bressola» destinada a «ejecutar sus proyectos educativos» programados para el próximo curso.

30 años de La Bressola
Esta entidad cuenta con centros en varias localidades del sur de Francia. En concreto, hay «Bressolas» en Perpiñán, Prada, El Soler, Caldegás, Nyls , entre otras localidades francesas.

Este proyecto se inició en el año 1976 de la mano del político Francesc Ferrer y el escritor Enric Larruela. De todas formas, no fue hasta el año 1986 cuando se legalizaron estos centros educativos, que han tenido centenares de alumnos, a lo largo de los más de treinta años que llevan en funcionamiento.

Alcaldes del PP apoyan las galescolas
Redacción Minuto Digital 14 Mayo 2008

El dinero es cobarde dice el refrán, y cuando desde el poder te amenazan con cerrarte el grifo de las ayudas públicas hay que ser muy valiente y tener mucha dignidad para defender principios. Tres de los ocho alcaldes del PP que habían calificado como ‘mafia siciliana’ la actitud del vicepresidente de la Xunta Anxo Quintana, al que acusaron de ‘chantajear’ a los ayuntamientos para que se sumasen al Consorcio de Servicios Sociais han dado marcha atrás y se han mostrado dispuestos a volver a entrar en el Consorcio después de que desde el BNG se finiquitase los convenios entre los concellos y vicepresidencia alegando que ‘dos no discuten si uno no quiere, tampoco pueden acordar si a uno le desagrada’.

Los alcaldes de Vilamartín de Valdeorras, O Rosal y Antas de Ulla, rectificaron tras la misiva que les remitió el vicepresidente para informarles de que el convenio que firmaron el día 29 de abril quedaba sin efecto debido a las críticas vertidas desde el PP denunciando que Vicepresidencia en manos del BNG estaba dispuesta a «asfixiar económicamente» a los concellos que no se sumen al Consorcio.

El convenio que se esconde detrás de ese Consorcio de Servicios Sociales, y que los nacionalistas han obligado a aceptar a los alcaldes de estos pequeños pueblos gallegos, pasa por incorporar las escuelas infantiles de sus respectivos municipios en la red de galescolas. Es decir los niños de estos pueblos no podrán aprender español.

Lo más grave es que alguno de los alcaldes del PP llega a arrastrase ante los nacionalistas hasta extremos que causan vergüenza ajena. En concreto Manuel Candal, alcalde de Vilamartín de Valdeorras (Orense), expresa en su carta de rectificación al líder del BNG su agradecimiento a la labor de Anxo Quintana y tras criticar la gestión de la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), “que nunca defendió los intereses de los pequeños municipios”, el aguerrido alcalde del PP numantinamente le dice a Quintana: “Es más, lo defino como una persona capaz de presidir los destinos de Galicia”, e incluso en un alarde de osadía digna de Guzmán el Bueno afirma: “Le animo por el bien de los gallegos y no espere de mí algo que pueda dañar su labor ni su persona, todo lo contrario, tiene mi colaboración”.

Por su parte el regidor de Antas de Ulla, Javier Varela, de disculpa por utilizar la frase “mafia siciliana” en sus críticas, y ahora dice, mostrando su temerario arrojo, que lo que quiso decir es que las condiciones para incorporarse a la red de galescolas eran tan buenas que resultaba “absolutamente irrechazables”. Tras insistir en las disculpas por la formas, Javier Varela le recuerda a Quintana que está invitado a la Festa dos Maiores que se celebrará el próximo día 15 y que para él será un honor recibir al vicepresidente de la Xunta.

LA JUNTA DE ANDALUCÍA TAMBIÉN LO HARÁ
El Gobierno recurre la sentencia del TSJA contra Educación para la Ciudadanía
PALOMA DÍAZ SOTERO El Mundo 14 Mayo 2008

MADRID.- La Abogacía del Estado ha iniciado, en nombre del Gobierno, los trámites para recurrir ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que dictaminaba, el pasado 30 de abril, que Educación para la Ciudadanía vulnera el "principio de neutralidad ideológica de los poderes públicos" e invade de forma "ilícita" los campos de la moral, la ética y el derecho.

El representante legal del Ministerio de Educación presentó el lunes ante el TSJA el escrito de preparación del recurso de casación, trámite previo necesario para presentar el mismo ante el Supremo. Fuentes del Ministerio no concretaron cuándo se materializará el recurso.

El fallo del tribunal andaluz respondía al recurso planteado por unos padres andaluces y declaraba nulas expresiones de los reales decretos que desarrollan la asignatura en Andalucía tales como "discriminación de género" y "diversidad de opciones vitales", que, según los padres en cuestión, corresponden a una "ideología de género".

También anulaba el deber de la "contribución de la escuela" en la "compleja tarea" de construcción de la identidad de los adolescentes.

Pero, además, la sentencia cuestiona la legalidad de la asignatura en los decretos estatales que fijan los contenidos mínimos de la materia y emplaza al Tribunal Supremo a que estudie dicha normativa. Por estas alusiones, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte se ha visto "legitimado" para recurrir el fallo.

Recuerda que EpC es "una asignatura obligatoria recogida en la Ley Orgánica de Educación que aprobó el Parlamento español en 2006" e insiste en que sus contenidos "son necesarios y contribuirán a la mejora de la educación de los alumnos españoles". También destaca que la materia se imparte en una veintena de países europeos en coherencia con una recomendación del Consejo de Europa.

Quien anunció desde un principio su intención de recurrir ante el Supremo y todavía no ha emprendido el proceso fue la Junta de Andalucía. Su consejera de Educación, Teresa Jiménez, afirmó este lunes que los servicios jurídicos de la Junta están elaborando el recurso, que se presentará "en plazo" y que "no cabe diálogo ninguno" con los padres que recurrieron la asignatura, a pesar de los ofrecimientos de éstos.

Elpresidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), Luis Carbonel, calificó de "empecinamiento absurdo" que Gobierno recurra la sentencia del TSJA "en lugar de consensuarlos con la sociedad", informa Europa Press.

Actualmente, se enseña en 3º de la ESO en las comunidades que gobierna el PSOE y en Navarra (UPN). Las comunidades gobernadas por el PP prefirieron esperar al curso que viene y tendrán que incorporarla en 2º de la ESO. En el curso 2009/2010, tendrá que impartirse en 5º o 6º de Primaria.

Cuando el TSJA hizo pública su sentencia, el Ministerio anunció su intención de apoyar al Ejecutivo andaluz en su intención de recurrir el fallo y defender la asignatura, y aseguró que «enseñar a eliminar discriminaciones por cualquier motivo es necesario».

El PP, en lo que suponía un cambio de matiz en su postura, ofreció al Gobierno central pactar los contenidos de la asignatura y eliminar lo que, según ellos, es "contenido ideológico".

Carod monta colegios en Francia cuando hay 802 barracones en escuelas catalanas
IVA ANGUERA DE SOJO. BARCELONA. ABC 14 Mayo 2008

El Gobierno catalán aprobó ayer la concesión de una subvención de 625.800 euros para la Fundación La Bressola, que escolariza en catalán a 600 alumnos en ocho centros del sur de Francia. Se da el caso de que esta fundación ya recibió el pasado octubre una subvención de 2,9 millones de euros. El Ejecutivo argumentó ayer que esa ayuda estaba destinada a la construcción de un nuevo centro, mientras la subvención actual se dedicará «a la actividad ordinaria» de La Bressola.
Paralelamente, en este curso hay todavía en Cataluña 802 barracones en centros escolares, que acogen a más de 19.000 alumnos, más que en el curso anterior, debido al aumento de la población escolar derivada de la inmigración. Sin embargo, las subvenciones otorgadas a La Bressola no parten del Departamento de Educación de la Generalitat, si no del de Vicepresidencia, en manos del líder de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira. La Generalitat ha subvencionado esta fundación desde su nacimiento, en 1986, con cargo a los presupuestos de Política Lingüística.

Denuncia contra la Generalitat
Por otro lado, el Gobierno catalán se puso ayer «a disposición de la Justicia» después de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) abriera diligencias contra siete consejerías por presuntas irregularidades en la adjudicación de informes. La portavoz del tripartito, Aurora Massip, aseguró que el Gobierno catalán «actúa siguiendo la normativa» y se mostró convencida de la legalidad de todas las adjudicaciones.

El vicepresidente de la Generalitat defendió que «no es ningún delito» encargar informes a personas vinculadas a los partidos que integran el Ejecutivo. «Sólo faltaría que ahora, además, las personas que tienen una ideología o simpatizan con un partido determinado no pudieran trabajar, porque sería el final del sistema democrático», sentenció Carod.

Por contra, el presidente del PPC, Daniel Sirera, aplaudió la decisión de la Fiscalía y recordó que fue él quien presentó la pregunta parlamentaria que ponía al descubierto esta práctica. «Estaba claro que se estaba pagando un dinero que es de todos para hacer informes que no tenían ninguna utilidad para los ciudadanos» concluyó.

El sindicato Manos Limpias, autor de la denuncia, considera que la Generalitat podría haber incurrido en los delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos por la adjudicación -denunciada en su momento por ABC- de 1.583 informes técnicos a personas externas a la Administración, por un coste total de 31 millones de euros. Parte de esos estudios fueron encargados a personas vinculadas a PSC, ERC e ICV. Sin embargo, el Gobierno catalán no estudia tomar medidas para limitar el gasto en este ámbito.

Educación
EpC, en los juzgados de Castilla-La Mancha
R. R. La Razón 14 Mayo 2008

Madrid- Educación para la Ciudadanía se encuentra ya en los tribunales de Castilla-La Mancha. Padres de la provincia de Toledo han presentado los primeros veinte recursos contencioso-administrativos contra resoluciones de la Consejería de Educación que les niegan la objeción sobre la polémica asignatura. Son los primeros pero no los últimos, ya que se preparan otros veinte recursos que se presentarán en los próximos días, según la asociación de objetores Educación y Persona y la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa). Las dos organizaciones han puesto a disposición de los padres un equipo de abogados y procuradores comprometidos con la causa.

Toledo se encuentra a la cabeza del número de objeciones de toda España con más de 5.000 y se espera que, dentro de poco, también encabecen el ranking de recursos jurídicos contra la asignatura.

El PSOE vota contra el derecho a utilizar y estudiar el castellano
El PP no logra ni el apoyo de Díez para garantizar la igualdad en el uso de las lenguas
El popular Alfonso Alonso lamenta que «España sea el único país» donde se impide hablar en castellano.
Esther L. Palomera La Razón 14 Mayo 2008

MADRID- Victoria matutina; derrota, vespertina. El Grupo Popular en el Congreso consiguió ayer ganar su primera votación en las Cámara Baja. Fue en Junta de Portavoces, donde impidió que el Gobierno ampliase el plazo para la presentación de preguntas orales en pleno hasta el próximo viernes. Soraya Saénz de Santamaría frustraba así la intención «monclovita» de echar el cierre el miércoles por la tarde para disfrutar del puente de San Isidro. El tanteo del marcador registraba un 1-0 en favor de un PP, al que ya por la tarde en pleno, el PSOE conseguía empatar al lograr que decayese una proposición no de ley que pedía la igualdad en el uso del castellano y las lenguas oficiales en el acceso a la función pública y en la educación.

Dicho de otro modo: los socialistas se negaban a garantizar el derecho constitucional de una igualdad real y efectiva. Pero también a que los españoles, como pedía el texto del PP, «tengan asegurado, en cualquier lugar de España, el acceso a los recursos naturales esenciales», y a que puedan «acceder a la función pública y participar en los correspondientes concursos para la provisión de puestos de trabajo en condiciones de igualdad, sin que el conocimiento de la lengua cooficial en las Comunidades Autónomas sea un mérito determinante por sí sólo». Así fue cómo la primera iniciativa de los populares era «tumbada» con el voto en contra de todos los grupos, con la única excepción de UPyD, el partido de Rosa Díez, que se abstuvo en la votación al esgrimir que el texto era impreciso. La propuesta incluía también la igualdad en la distribución de los recursos naturales, entre ellos el agua.

El popular Alfonso Alonso se esforzó tanto en explicar que el texto a debate representaba la esencia de la «opción política» de los populares como en lamentar que España sea «el único país del mundo» en el que se impide utilizar el castellano por la «imposición y abuso» que, según denunció, se produce en Cataluña y el País Vasco.

De nada sirvió que el popular Alfonso Alonso invocase una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce que la igualdad de las posiciones jurídicas fundamentales de todos los españoles debe garantizarse por Ley de las Cortes Generales. Tuvo que escuchar, uno a uno, los reproches y las negativas del resto de portavoces. Primero los de la socialista catalana Meritxel Batet, para quien en Cataluña hay un «bilingüismo integrador» que garantiza el vigente modelo educativo, y el PP sólo persigue «cuestionar» el «principio de autonomía» de las Comunidades Autónomas.

Siguió con parecida retahíla Jordi Xuclá, de CiU, que vio tras la propuesta popular un intento de «volver a uno de sus clásicos», una actitud con la que dudó que sea «una buena forma de hacer amigos». Luego, Aitor Esteban (PNV)diría que el arrinconamiento del castellano «suena a broma». Y el republicano Joan Ridao habló de un «debate tramposo» con el que el PP busca «colar por la puerta de atrás» la discusión sobre si las Comunidades Autónomas pueden o no regular derechos y deberes.

El PP se estrena con el castellano
M. C. MADRID. 14 Mayo 2008
Las primeras iniciativas de los grupos parlamentarios suelen dar una pista de por dónde van sus prioridades, o sus preocupaciones, en este momento de apertura de legislatura. El Grupo parlamentario Popular se estrenó ayer en el Congreso con una Proposición No de Ley «para garantizar el principio de igualdad» de todos los españoles, con independencia de la Comunidad Autónoma donde vivan.

En la iniciativa, que fue defendida ante el Pleno del Congreso por Alfonso Alonso, se afirma que «todos los ciudadanos tienen derecho a utilizar y estudiar en castellano en todas las etapas del sistema educativo, garantizando un bilingüismo equilibrado e integrador en las Comunidades que tengan lengua cooficial».

La proposición fue rechazada, con 148 votos a favor y 177 en contra. Coalición Canaria y Rosa Díez (que había apoyado la iniciativa anterior del PSOE sobre el Senado) se abstuvieron: «Comparto el objetivo del PP, pero el texto es impreciso y equívoco», explicó la portavoz de UPyD, mientras Mariano Rajoy la escuchaba con mucha atención desde su escaño. Díez presentó cuatro enmiendas, pero el PP no aceptó ninguna. Como era previsible, los nacionalistas saltaron contra los populares: «No es una buena forma de hacer amigos», comentó el portavoz de CiU.

Las prioridades de Zapatero
Soraya Sáenz de Santamaría tendrá su estreno como portavoz del Grupo Popular ante el Pleno esta tarde, en la sesión de control al Ejecutivo. Preguntará a la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, si cree que «existe sintonía entre las prioridades del Gobierno y las prioridades de los españoles». La primera pregunta de Rajoy a Zapatero será si «figura entre las prioridades del Gobierno resolver el problema del agua en España».

Bilingüismo integrador = bilingüismo impuesto
Nota del Editor 14 Mayo 2008

No es por echar tierra encima del PP, pero hay que resaltar que su bilingüismo integrador es absolutamente anticonstitucional puesto que impone el deber de conocer la lengua regional como mínimo y según la zona escolar defiende la imposición de la enseñanza en la lengua regional, siempre con carácter obligatorio, aunque también defienda la imposición de la enseñanza del castellano, deber constitucional.

Lenguas minoritarias
M. PRIETO PEROMINGO - LAOPINIONDEZAMORA.COM 14 Junio 2008

Estoy presente en una discusión sobre si la literatura escrita en lenguas "minoritarias" debe tener o no un buen apoyo por parte de las administraciones públicas, llámense éstas ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas. No entran en el fondo de la cuestión, pero se hace ver que una cosa será apoyar y otra muy distinta hacer política usando la literatura, porque se está cayendo en las mismas equivocaciones en las que se movían durante la etapa franquista, en la que se intentaba por las autoridades "ningunear" a las literaturas escritas en lenguas "no oficiales".

Escribir en la lengua materna de cada uno o escribir en otra lengua que se domine para poder hacerlo bien debe ser una elección de cada autor libremente tomada sin coacciones de ningún tipo, sobre todo en las comunidades autónomas en las que el bilingüismo es algo natural y una realidad histórica y social. Otra cosa será la imposición. La calidad de un escritor la da la propia obra como la calidad de un periodista viene dada por la noticia y su enfoque. Un escritor malo en castellano, catalán, gallego o euskera es un mal escritor en función de lo que escriba o de cómo lo escriba, no por la lengua en la que lo escriba. La lengua es sólo el vehículo y este debe funcionar bien; si no es así, no sirve como vehículo o mediador..

Las políticas totalitarias siempre en la historia han querido controlar y administrar la literatura a favor de un solo pensamiento ideológico y con ello han coartado la esencia de libertad de todo quehacer creativo. Todavía hoy hay escritores en el mundo que sufren por no seguir los criterios de los gobiernos de turno del país en que viven o de las zonas en que habitan. El exilio o el silencio son las dos únicas alternativas a las que pueden acogerse en contra de su voluntad, casi siempre. En España hoy se escribe con libertad relativa. Hubo tiempos en que la literatura estaba bajo sospecha y debía pasar una censura (aunque hubo muchas formas de evitar tal censura, como se ha sabido después) y fue en esa etapa cuando las lenguas minoritarias tal vez fueron víctimas de una ideología excesiva. En la actualidad puede estar ocurriendo lo contrario en algunas autonomías.

Escribir en tu propia lengua sobre tu modo de pensar es algo tan natural que nadie lo discute, sin que importe mucho si esa lengua la hablan cuatrocientos o quinientos millones o si sólo lo hacen cien mil o dos millones. Demos libertad. Dejemos, por fin, los fantasmas de otros tiempos y hagámoslos descansar en los libros de historia. Literatura y política no han sido nunca hasta ahora buenas compañeras de aventura, sobre todo cuando la política hace de la literatura un instrumento a favor de archisabidos intereses ocultos, sean políticos o de cualquier otro signo. "Ningunear" ahora el castellano, como están empezando a hacer en comunidades autónomas periféricas, puede traer consecuencias inesperadas para todos. La lengua debe servir para unir, no para enconar sentimientos íntimos.
 

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