AGLI

Recortes de Prensa    Miércoles 21 Mayo 2008

EUSKALDUNIZAR, GALLEGUIZAR, CATALANIZAR (y 3)
Francisco Rubiales Periodista Digital 21 Mayo 2008

Luchar contra la lengua española es la batalla más desesperada de los nacionalismos, su última línea de defensa frente al progreso y la cultura universal.

El nacionalismo extremista e independentista ya no puede recurrir a odios, conspiraciones judeo masónicas, historias manipuladas o fantasmagóricos Rh particulares porque ya no se sostienen. Como dijo Jordi Pujol ante la oscura situación: "Si se salva la lengua, se salvará todo".

Los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos saben muy bien que la lengua española representa una riqueza para España del 15% del PIB, tanto como el turismo. Conocen muy bien que el idioma español es uno de los tres idiomas más importantes del mundo, que el español es el idioma que los universitarios de EE.UU. eligen como segunda lengua, antes que el francés o el alemán, que en pocos años el español tendrá igual fuerza o superará al inglés en usuarios de internet. No quieren reconocer que el español es una lengua que, por su fuerza, dinamismo y amplitud, une y no es de las que producen guetos culturales con lacras de endogamia.

El nacionalismo necesita dominar a sus súbditos controlando el nivel de su instrucción, impidiendo el desarrollo de sus facultades y produciendo ¿ciudadanos? aptos para el redil. Les privan de la herramienta principal para su contacto con el exterior, la poderosa lengua común, y se la sustituyen por una limitada lengua local, algunas en vía de confección.

Luchar contra la lengua española es la batalla más desesperada de los nacionalismos, su última línea de defensa frente al progreso y la cultura universal. Por eso la frenética actividad de decretos de inmersión lingüística, inversiones masivas, represión, teléfonos de denuncias, oficinas de delación, comisarios en centros de enseñanza, participación de estudiantes en el control lingüístico (chivatos), escuelas como las Icastolas y las Galescolas donde los padres no pueden opinar sobre la enseñanza, la exigencia de que hasta en los recreos se hable el idioma del quimérico taifa. Esa es la razón de barbaridades como que la lengua vasca puntúe 24 puntos y un master solo 4 en la Sanidad Vasca, que el las escuelas gallegas se cambie hasta el nombre a los ríos de otras regiones, que el Júcar se llame Xúcare y que hasta se exija cambiar el nombre de las lápidas al gallego.

Los dirigentes nacionalistas saben muy bien que el imponer lenguas como el catalán, vasco o gallego, en detrimento o sustitución de la lengua española, atrasará a sus regiones, tanto económica como culturalmente. Pero no les importa porque lo que está en juego es su poder y su dominio sobre sus súbditos. Galicia ya tiene dificultades para captar directivos en sus empresas por la enseñanza en gallego. Cataluña ha sido considerada recientemente como el farolillo rojo en la educación en España.

Por todo esto, las CC:AA afectadas por los nacionalismos obsoletos, amarillentos y folclóricos invierten cantidades desmesuradas en promocionar lenguas que, sin restar ni menospreciar su valor cultural, no pueden ni deberían sustituir a la lengua española como vehículo de comunicación.

Quienes pagarán un precio altísimo por esa locura de sus políticos serán los jóvenes, cuya capacidad intelectual y profesional ha sido sacrificada sin misericordia por el nacionalismo.

El gobierno de Ibarretxe ha invertido 41 millones de euros en liberar al personal sanitario para que estudie vascuence, 15,39 millones en la formación del personal de su administración para aprender vasco en ikastolas y 25,77 millones en la sustitución de ese personal.

Alzar barreras lingüísticas es cuestión de supervivencia para los reyezuelos catalanes, vascos y gallegos. Nada les importa que sus súbditos, sin conocimientos de español, sean unos minusválidos cuando tengan que competir en el mercado por un puesto de trabajo. Tampoco les importa que sus universidades e industrias cierren las puertas al fenómeno de la globalización y se vean obligadas a abastecerse únicamente de personal local. Obsesionados por el poder, no quieren ver que esa política es suicida, que empobrece a la población y espanta a las industrias e inversiones.

Para apoyar sus débiles argumentos, reinventan la historia de sus pueblos, creando separaciones, diferencias e independencias que jamás existieron. La mentira se torna así en argumento para el sometimiento y el control de las masas.

La persecución y el acoso a la lengua española ya les está pasando una factura terrible a las tres comunidades en manos del nacionalismo extremo: Cataluña ha perdido el liderazgo económico y cultural que, durante muchas décadas, tuvo en la España moderna; el País Vasco se desangra y retrocede con más de 200.000 de sus ciudadanos en el exilio, casi todos ellos bien formados y con alta calidad técnica y profesional; Galicia, la última en llegar a la locura, ya experimenta los primeros síntomas del retroceso y la pobreza en sus industrias, cultura y servicios.

FIN
Ligur
Voto en Blanco

Ya vamos por Sant Joan de Déu
ANTONIO BURGOS ABC 21 Mayo 2008

NO lo habrá traído la cigüeña, supongo, sino un F-18. Ni habrá venido con un pan bajo el brazo, sino con su ración de campaña. Para algo su señora madre, a la que felicito y le deseo salud para criarlo, es ministra de Defensa. Pero en el bebé de la ministra hay algo que me sorprende. Ha nacido en un hospital que lleva por nombre un santo que no existe: Sant Joan de Déu. Yo conocía al humanitario, abnegado y muy granadino San Juan de Dios, que entregó su vida en socorro de enfermos, tullidos y lisiados. Como nació en Portugal, de donde vino al Reino de Granada, yo conocía en todo caso al muy luso Sao Joao de Deus. Pero, la verdad, Sant Joan de Déu, el del hospital de Esplugas de Llobregat, es un santo catalán al que no tenía el gusto de conocer.

Y conviene ir conociendo estas cosas, porque es la lengua española que nos espera. Dicen que Teruel no existe. Mentira cochina. La que no existe ya es Lérida. En las informaciones de tráfico y en los partes meteorológicos, Lérida ha dejado de existir. Ahora es Lleida. En español, Londres, gracias a Dios, no es London, ni Colonia es Köln, ni Milán es Milano, ni Ginebra es Geneve, ni Burdeos es Bordeaux, pero Lérida sí es Lleida de todas, todas. Como Gerona tampoco existe ya, es Girona. Y ni te cuento los topónimos vascongados, donde una voz tan hermosa como Fuenterrabía es Ondarribia, palabra que es completamente Ondabirria: una birria con ondas del cántabro mar.

Aseguran que no están rompiendo España. No sabe usted lo que me alegro. Pero lo que sí han roto ya es la lengua española. Y no sólo por este imperialismo dictatorial de las otras lenguas peninsulares, donde nosotros tenemos que decir Lleida, pero ellos no dicen San Juan de Dios ni quemados, aunque fuera más granadino que la tarasca del Corpus, sino Sant Joan de Déu, ¡toma ya! El peligro de ruptura no es sólo por este complejo de inferioridad del castellanohablante ante el vascuence, el catalán o el gallego. La hermosa lengua española está siendo destruida por la imbecilidad ambiente, por la jerga cretina de políticos y economistas, por el lenguaje políticamente correcto de sus propios hablantes. Un querido amigo boticario ha creado en mi pueblo una empresa, a la que deseo los mayores éxitos, para la retirada de medicamentos caducados en las farmacias. ¿Y saben ustedes cómo llaman a la retirada de medicinas en las boticas? Agárrense: «Logística inversa». Se necesita ser cursi para caer en esta degeneración de la lengua. Pero es el vocabulario que se ha impuesto y que nos están metiendo hasta donde pone «Toledo», y pronto vamos a necesitar toda su Escuela de Traductores para entender jerga tan ridícula.

Menos mal que está en marcha el «Diccionario Progre-Español», que prepara en Lucena el psicólogo don Mario Flores Martínez, quien me envía un adelanto de su magna obra y me dice: «Se trata de construcciones lingüísticas, aberrantes en la mayoría de los casos, que pretenden crear un nuevo lenguaje revestido de modernidad pero que, en el fondo, no hace sino complicar la comunicación. En ese referido afán de modernidad de la progresía se emplean ridiculeces del tipo «Segmento de ocio» para denominar al recreo de toda la vida.» El Diccionario es un portento, una antología genial de cretineces al uso, apunten: animador cultural, captación puntual de agua, comité de sabios, cultura solidaria, contenido curricular, libre configuración, desarrollo sostenible, Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación, familia homoparental, biodiversidad, interculturalidad, islamofobia, ludoteca, compañero sentimental, metodologías de implementación, movilidad laboral, panel intergubernamental, plan de dinamización de la empleabilidad, tejido industrial, unidad convivencial, visibilidad lésbica... O algo que me suena a guarrerida española de Chiquito de la Calzada: «Sexismo lingüístico». ¡Qué cochinerías hacen con la lengua española estos progres!

¿Qué lengua es ésta que ha creado su mentalidad dominante y dictatorial? ¿Español? No. Urge, urge ese «Diccionario Progre-Español» de Mario Flores. Es la única defensa que tenemos. Si quieren arrimarle al lexicógrafo de las aberraciones expresivas las perlas que oigan y lean, envíenselas a: maritobelpop@hotmail.com. A este paso, vamos a tener que leer los periódicos con su diccionario.

El farol de Ibarretxe y el plan con Zapatero
Hay que poner el foco de atención en el Estatuto de Guernica y en la disposición de Zapatero de hacerle, junto a los separatistas, una "reforma" que, como diría Maragall, sea "igual en el fondo, pero distinto en las formas"” que el plan Ibarretxe
EDITORIAL Libertad Digital 21 Mayo 2008

Hay algo peor que el referéndum descaradamente ilegal propuesto por Ibarretxe: que el Gobierno de Zapatero trate de "evitarlo" canalizando la voluntad soberanista del PNV a través de una reforma estatutaria que le dé apariencia de legalidad constitucional. Pocas cosas adelantaban tanto esa estrategia como aquella confesa declaración de Maragall de que su "propuesta estatutaria" y el plan Ibarretxe "son iguales en el fondo, aunque diferente en las formas".

El caso es que Ibarretxe hace cuatro años aparcó sus "formas" –que no su plan–, mientras Zapatero hizo pública su disposición a consensuar con los separatistas un nuevo "marco jurídico-político", no sin antes –eso sí– profundizar su diálogo con ETA para obtener algo que requería semejante proyecto compartido con la principal formación del pacto de Estella, como era el anestésico de una tregua de los terroristas.

Una vez obtenida esta, y como bien ha recordado este martes María San Gil, el PSE, PNV y Batasuna-ETA negociaron en Loyola la existencia de Euskal Herria y la necesidad de un órgano legislativo y ejecutivo común entre Navarra y el País Vasco, así como la delirante tesis de que el fin definitivo del terrorismo sólo llegaría con una negociación política.

Lo cierto es que gracias a la resistencia civil liderada por las víctimas y, paradójicamente, por la premura e insaciabilidad de ETA, se rompieron los acuerdos y la tregua, y desapareció con ellos el anestésico necesario para que socialistas y nacionalistas consumaran su público proyecto de acabar con el actual Estatuto de Guernica. Ibarretxe rescató entonces su unilateral proyecto de referéndum soberanista y, en su encuentro de este martes con Zapatero, hemos vuelto a asistir a la misma escena de hace cuatro años: la misma negativa formal de Zapatero y la misma obligada queja de Ibarretxe.

Si hemos de entender que esta vez Ibarretxe no va de farol, la cuestión es saber qué medidas va a tomar el Gobierno de Zapatero para impedir que el lehendakari perpetre sus intenciones, que no dejarían de ser delictivas por el hecho de no conseguir el beneficio esperado. Y eso si no queremos fijarnos en lo verdaderamente importante como es si Zapatero sigue estando dispuesto a transformar el plan Ibarretxe en una "reforma" estatutaria soberanista con apariencia de constitucionalidad.

La historia no tiene obligación de repetirse, pero, desde luego, lo que no es de recibo es despachar la reunión de Zapatero e Ibarretxe tal y como ha hecho Rajoy en unas escuetas declaraciones: "si el lehendakari no está satisfecho, yo estoy satisfecho" y "si Zapatero tampoco está de acuerdo con Ibarretxe, creo que entre todos damos un paso hacia delante muy importante". Menos mal que San Gil ha salvado en nombre del PP, no ya los principios, sino la inteligencia política más elemental poniendo el foco de atención en el Estatuto de Guernica y en la disposición de Zapatero de hacerle una "reforma" junto a los separatistas.

En cualquier caso, el lehendakari bien se puede consolar con ese consolidado e importante "paso adelante" –por utilizar la expresión de Rajoy– como es la conocida preferencia de Zapatero a cambiar el Estatuto de Guernica de la mano de los firmantes del Pacto de Estella, antes que hacerlo con los firmantes del Pacto por las Libertades, o de la no derogada –y por tanto vigente– resolución parlamentaria a favor del diálogo con ETA o la fortaleza del acuerdo con los socialistas de sustituir las mociones de censura contra los proetarras de ANV por unas inmorales "mociones éticas" sin valor vinculante alguno. Esperemos que socialistas y nacionalistas no den más pasos adelante. Y que Rajoy tampoco.

Gallardón, como no
Este es el PP que quiere Rajoy. Un partido rendido a la izquierda en lo cultural pero con los peores resabios de la derecha de toda la vida.
EDITORIAL Libertad Digital 21 Mayo 2008

Pocas cosas eran tan previsibles y estaban tan cantadas como que a Alberto Ruiz-Gallardón le iba a tocar uno de los premios gordos en la lotería del próximo congreso del Partido Popular. La deriva que Mariano Rajoy ha impreso al partido desde la derrota del 9-M no dejaba otra opción. La elección de su nuevo equipo de confianza, su recién estrenado plantel de asesores, la animadversión manifiesta hacia el sector liberal del PP y los planes de refundar la formación dejando de lado ciertos principios hasta ayer irrenunciables no hacían suponer otro desenlace. Gallardón es, por lo tanto, la consecuencia lógica de un planteamiento político nacido horas después de la noche electoral.

Lo curioso quizá haya sido el hecho de que Rajoy ha confirmado su intención de incluir al alcalde de Madrid en la ejecutiva en un foro bastante insospechado: una charla informal con estudiantes universitarios. A pesar de que desde diferentes puntos de su propio partido se le ha pedido insistentemente que ponga sus cartas boca arriba, al presidente del PP le ha bastado que una estudiante anónima le preguntase por sus planes respecto a Gallardón para que éste los revelase con una sonrisa en la boca. ¿Falta de respeto por la gente que forma el partido al que le debe el puesto? Quizá, pero, de cualquier modo, muy en línea con el concepto que, sobre el propio PP, se ha ido formando Rajoy a lo largo de los últimos dos meses.

Para nadie es un secreto que Rajoy está donde está por el dedo que se posó sobre él hace poco más de cuatro años. Nunca ha sido elegido por sus compañeros, y es por ello que en el próximo congreso buscará a toda costa una legitimación que aun no posee de puertas adentro. Pero por más que le pese a él y a los suyos, el Congreso será una continuación del dedo originario, un apaño indigno, un monólogo de Rajoy consigo mismo que terminará en un consenso fingido y forjado con mil artimañas en las sedes que el PP tiene repartidas por toda España. Los compromisarios que acudirán a Valencia serán, en su mayor parte, caseros y oficialistas. La disidencia, por la cuenta que le trae, no tiene cabida.

Este es, en resumidas cuentas, el PP moderno, democrático y que tanto gusta a las dos izquierdas: a la mediática y a la política. Para este viaje el Partido Popular va a rechazar de plano lo que le ha dado sentido durante los últimos cuatro años, avergonzándose de paso de ciertas causas que nadie más que él defendía. Va a ser, en cierto modo, un camino hacia atrás, una renuncia a los principios liberales y reformistas que llevaron a Aznar a la Moncloa. Porque, y de necios sería engañarse, Gallardón no es, como quieren hacernos ver, un político moderado que representa la modernidad, sino todo lo contrario. Proviene de la derecha dura de la antigua Alianza Popular, pasado que con el tiempo ha sabido ir lavando para encarnar hoy día el ala intervencionista y socializante del PP. Amigo de entrometerse en todo, de subir los impuestos y de regar las lealtades con generosas subvenciones. Ahí está su ruinosa gestión al frente del ayuntamiento de Madrid como prueba de ello. Una ruina sabiamente camuflada con obras faraónicas que han convertido a la capital en la ciudad más endeudada de España y varias toneladas diarias de propaganda personal dirigida a adorar al hombre.

Este es el PP que quiere Rajoy. Un partido rendido a la izquierda en lo cultural pero con los peores resabios de la derecha de toda la vida. Un PP servil en lo esencial, avergonzado de sí mismo y perfecto compañero de oposición. De una oposición, eso sí, perpetua.

Ibarretxe, empeñado en escribir la historia con un rayo
Roberto Blanco Valdés La Voz 21 Mayo 2008

Si Ibarretxe llevase botas militares, pendientes, coleta y camiseta (indumentaria de cualquier batasuno que se precie) todo sería más fácil de entender. Pero, como no es así, muchos ciudadanos, dentro y fuera del País Vasco, se resisten a aceptar que bajo esa apariencia de burócrata aburrido se esconde en realidad un radical, cuyos planteamientos se acercan mucho más a los del soberanismo aberzale que a los del autonomismo reformista.

El lendakari volvió ayer a ponerlo de relieve en la rueda prensa posterior a su entrevista con el presidente del Gobierno, cuando, además de reafirmar su decisión de convocar un referendo ilegal, dejó claros los principios políticos que orientan su actuación: que el País Vasco no está subordinado a España y que en democracia no existe otro límite que la voluntad del pueblo.

Ambos principios constituyen, en realidad, el previsible resultado de una total incomprensión sobre el significado del sistema democrático. Y es que, lejos de esa retórica, de tono santurrón, que Ibarretxe simula basar en el diálogo y en la necesidad de los acuerdos, lo que manifiesta al fin y al cabo el lendakari es su obtusa y obsesiva convicción de que las leyes no sirven para nada cuando se oponen a lo que uno quiere hacer.

¿Está subordinada Euskadi a España? Lo está, por supuesto, en la medida y en la forma establecidas en la Constitución. ¿Está sujeto el pueblo vasco a más límites que los que determina la voluntad de la mayoría de su Parlamento regional? Lo está, sin duda, pues ningún Parlamento puede hacer nada que las leyes le prohíban.

Ocurre, sin embargo, que esa Constitución -la misma, no se olvide, a partir de la cual se estableció la comunidad autónoma que el PNV lleva gobernando treinta años- y esas leyes impiden al lendakari llevar adelante su plan soberanista. ¡Hagamos como que no existen! -exige, entonces, Ibarretxe- y negociemos el modo de pasarnos el ordenamiento jurídico por el arco del triunfo. Esa es, a fin de cuentas, la llamada hoja de ruta que propone, para escándalo de todos, incluida una parte de la dirección de su partido, un lendakari instalado definitivamente en su delirio nacional.

El nacimiento de una nación: así tituló en 1915 David Griffith la película en la que quiso expresar uno de los grandes episodios de la historia americana: el de la Guerra Civil. Obra maestra absoluta, la película de Griffith quedaba lastrada, sin embargo, por una visión racista de la historia, ante la que el presidente progresista Woodrow Wilson no pudo menos que afirmar que lo que había hecho el gran cineasta americano era como escribir la historia con un rayo. No es mala descripción para calificar lo que Ibarretxe pretende con su plan.

Identidad
ELVIRA LINDO El País 21 Mayo 2008

Un hombre, Juan Manuel Piñuel, muere asesinado por una bomba de ETA, y otro hombre, Juan José Ibarretxe, la máxima autoridad política de la tierra en que este hombre pierde la vida, analiza el asesinato lamentándose del terrible daño que hacen los terroristas con cada acto criminal a aquellos que desean profundizar en la identidad vasca. Leo semejante análisis en Internet, desde este otro país en el que vivo, y esas palabras se me representan como lo que son, una expresión impúdica de inhumanidad.

Los furiosos defensores de lo identitario sostienen que sólo aquellos que aman a su país más que a sí mismos pueden opinar sobre estos asuntos. Los demás, los que no tenemos esa tendencia romántica, estamos deslegitimados. Mentira. No hay nada más sano que alejarse para contemplar el nubarrón de tufo ideológico. Conviene irse a Málaga, por ejemplo, la ciudad a la que llegó el cadáver del guardia civil que trabajaba duro en otra tierra para volver a esta suya algún día; conviene leer la frase, por ejemplo, en el barrio de El Palo para darse cuenta de lo que significa que un responsable político analice una muerte en relación a la pérdida o ganancia que supone para su maldito proyecto. Conviene mirar la frase desde lejos, analizarla sin que esté adornada por todos los delirios locales. La frase sola, en crudo. A ver quién es capaz de digerirla.

Pero nos puede la costumbre. La frase es una de tantas. El muerto, un guardia civil. No es ese atentado contra el político o el periodista que saca a un pueblo entero a la calle. Cierto es que, como dijo el otro día el guardia civil Leoncio Sanz, del desamparo que sufrieron antaño a los funerales de ahora hay un trecho. Pero aún queda un largo camino. Queda que el pueblo que rodea al lehendakari le afee su frase, que le deje claro que la única identidad sagrada es la de la vida.

La Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Violencia de Género
José Luis Manzanares Estrella Digital  21 Mayo 2008

El Tribunal Constitucional ha bendecido la regulación penal de la Ley de Violencia de Género. Los jueces habrán de aplicarla aunque en su fuero interno continúen rechazándola no sólo como inconstitucional, si la argumentación de la sentencia no les convenciese, sino también porque la Constitución es sólo un marco en el que caben diversas opciones. El principio de culpabilidad impide castigar a nadie por lo que hicieran sus ancestros desde Adán hasta hoy. Aquí los fines tampoco justifican los medios.

Tan rechazable es aumentar las penas del varón en determinados delitos por el machismo histórico como dividir la sociedad por sexo, religión o raza. El Derecho penal es un derecho de hecho —o sea, que se ciñe a la conducta— y no de autor, como quiso la escuela nacionalsocialista de Kiel, poniendo el acento en el perfil del acusado. Ahora parece que queremos avanzar —¿será esto progreso?— hacia el más difícil todavía del Derecho penal de clase o grupo.

Nuestro particular invento de la discriminación sexual no discriminatoria podría extenderse a otros supuestos. También habría que castigar más duramente, de modo imperativo, las agresiones a los homosexuales, tradicionalmente perseguidos en España, o a los judíos, o a las persona de etnia gitana. Lo difícil cuando se descubre un nuevo horizonte es pararse. Ya sólo falta neutralizar la presunción de inocencia con el argumento de que las mujeres jamás mienten al denunciar un episodio de violencia doméstica. Un poco más y hasta nos podríamos ahorrar el juicio.

El acatamiento de una sentencia —de una ley o de la propia Constitución— no impide su crítica. Quienes creemos que la Ley de Violencia de Género abre una brecha en el Código Penal contamos con la valiosa compañía de cinco de los siete miembros del Tribunal Constitucional. Y, curiosamente, todos ellos fueron en su día magistrados del Tribunal Supremo. El debate sólo se ha cerrado formalmente. El legislador habrá de escoger entre el abanico de posibilidades que caben en la Constitución, sin olvidar que la penalización y el endurecimiento de las penas requieren un amplio respaldo popular. En otro caso pueden ser contraproducentes. Las penas y medidas cautelares de alejamiento conforme a unas leyes que se perciben —y no en solitario— como injustas pueden exacerbar la mala relación de pareja hasta extremos perfectamente inimaginables: el asesinato y el suicidio.

La rotura definitiva de parejas por hechos no particularmente graves —al menos fuera de esa especial relación— tampoco merece muchos aplausos. No es raro que el tiempo haga reflexionar a uno y otra cuando ya la pena preceptiva de alejamiento les impedirá la menor aproximación. Los tribunales harán después juegos malabares para no condenar a los dos por quebrantamiento de condena.

La desafección catalana
Juan Francisco Martín Seco Estrella Digital 21 Mayo 2008

La mayoría de las veces se produce un considerable desfase temporal entre las decisiones y las consecuencias, de manera que resulta fácil hacerse la ilusión de que tales resultados, sobre todo si son nocivos, no existen. Los defensores del Estatuto de Cataluña —ya lo sean por convencimiento o por necesidad— han venido repitiendo que, una vez aprobado, no se han originado los efectos negativos que se habían previsto, como si estos se fueran a manifestar inmediatamente de manera mágica por la simple firma de un papel, y no se dilatasen en el tiempo según se fuese aplicando.

Las consecuencias del Estatuto de Cataluña, y del resto de estatutos que a su rebufo se han aprobado, van a perseguir al Gobierno y a su partido a lo largo de toda esta legislatura. Nada más celebrarse las elecciones, el problema ha vuelto a surgir en su aspecto más controvertido: el de la financiación. No vale el voluntarismo ni el meter la cabeza debajo del ala. No sirven fórmulas generalistas y piadosas tales como las de Zapatero anunciando que se mantendrán los principios de cohesión y solidaridad. Lo cierto es que, tal como está planteado, el problema es bastante insoluble. Es imposible contentar a todos y, aunque el presidente del Gobierno lo niegue, sí va a darse un enfrentamiento entre territorios.

Felipe González, en su artículo del pasado día 7 en el diario El País, proponía retrasar la cuestión, pero lo hacía en unos términos profundamente equivocados, enfrentando los gastos del Estado: infraestructuras, vivienda, etc., vinculados al ciclo económico, con los gastos sociales, principalmente sanidad y educación, que corresponden mayoritariamente a las Comunidades Autónomas y que en buena medida son independientes de la mayor o menor actividad económica. La crisis, concluía González, obliga a dar prioridad a los primeros y dejar por tanto la reforma del sistema de financiación para momentos mejores.

El error de tal planteamiento ha servido de cortina de humo tras la que se han escondido, primero, el presidente de la Generalitat y, más tarde, Zapatero. Ambos han salido en defensa de los gastos sociales. Montilla afirma, con bastante razón, que “la mejor inversión económica es la social” y el presidente del Gobierno insiste en que “es un debate para las personas, para la educación y la sanidad”.

En estos términos, el dilema, sin duda alguna, está mal planteado; no se trata de contraponer gastos sociales a gastos de infraestructuras ni siquiera los recursos de la Administración Central a los de las Autonomías. El principal contencioso es saber cómo se reparte la tarta entre las distintas Comunidades y si el acuerdo tiene que ser multilateral o, por el contrario, hay alguna privilegiada que con absoluto desprecio hacia las demás pretenda entenderse en solitario con el Estado, determinando así su cuota y obligando a las otras a repartirse el resto.

La contestación del señor Montilla —El País del día 12— al artículo citado de Felipe González rebosa de sofismas. Pasaré por alto su afirmación gratuita y sin pruebas acerca de que el desarrollo económico de España en las últimas décadas se debe al proceso de descentralización. Desde el punto de vista político, se puede discutir el carácter positivo o negativo del proceso autonómico. Sin embargo resulta bastante difícil negar que, desde la perspectiva económica, la descentralización ha tenido costes evidentes y múltiples disfuncionalidades.

Pero centrémonos en el vocablo solidaridad y su utilización indebida en lugar de la palabra justicia. En la política redistributiva, función esencial del Estado social, no se puede hablar de solidaridad sino de equidad e igualdad. Nadie emplearía la palabra solidaridad cuando Botín, las Koplowitz o cualquier otro multimillonario paga sus impuestos, ni para referirse al hecho de que todos estos ciudadanos y otros muchos de ingresos superiores a la media, contribuyan al Estado en mayor cuantía que la de los servicios o prestaciones que de él reciben.

La palabra solidaridad connota voluntariedad y gratuidad. Solo quien, desde el más radical liberalismo, da por buena la distribución que realiza el mercado puede ver en la política redistributiva del Estado un acto de solidaridad graciable de los ricos y no la necesaria compensación, aun cuando sea parcial, de la injusta distribución de la renta que realizan las fuerzas económicas. Los saldos positivos o negativos de las distintas Comunidades —lo que llaman indebidamente “balanzas fiscales”— no son más que la lógica y equitativa redistribución de la renta, resultado puramente automático de la redistribución personal que practican en un Estado moderno las políticas fiscal y social. Los que piden la reducción de estos saldos, lo que están reclamando implícitamente es que ambas políticas sean más regresivas.

El señor Montilla, en su artículo, sostiene que “ejercer la solidaridad es aportar más, pero no debe significar recibir menos”. No sé lo que exige la solidaridad —para algunos políticos catalanes muy poco— aunque lo que resulta evidente es que la concepción del Estado como democrático y social demanda que aquellos cuya renta sea superior a la media coticen más y perciban menos que aquellos cuyos ingresos sean menores. El señor Botín (y que me perdone don Emilio por citarle continuamente pero viene muy a cuento) no solo debe pagar más impuestos que la casi totalidad de los contribuyentes, sino recibir menos del Estado, ya que lógicamente sus necesidades sociales son menores. ¿Cómo extrañarnos de que los territorios con renta per cápita más elevada paguen más y reciban menos? Aunque el lenguaje así empleado es ya una trampa, en puridad, las Comunidades no son las que pagan y reciben sino los ciudadanos.

Por lo visto, para el señor Montilla la defensa de estas verdades puede conducirnos a situaciones peligrosas, a la desafección de Cataluña con respecto al resto de España. Habría que preguntarse por qué en otras Autonomías con un saldo más negativo no se producen esos planteamientos victimistas. ¿No será porque en ellas están ausentes el nacionalismo y aquellos políticos que promueven demagógicamente el enfrentamiento entre los territorios explotando los sentimientos populares? Tales políticos deberían plantearse si al promover la desafección de Cataluña respecto al resto de España no promueven también la del resto de España respecto a Cataluña.
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Prioridad
EDITORIAL El Correo 21 Mayo 2008

Dos acciones violentas contra los máximos órganos de la UPV en apenas cinco meses demuestran hasta qué punto existen sectores radicales en la sociedad vasca dispuestos a perturbar la normalidad académica y a emplear cualquier medio para mantener sus reductos de intransigencia. Como el pasado 12 de diciembre, ayer un centenar de estudiantes convocados por Ikasle Abertzaleak irrumpieron por la fuerza y si entonces reventaron el claustro, el foro supremo de la representatividad universitaria, ayer actuaron contra el Rectorado. La razón de la movilización es indiferente -a finales de año fue el 'proceso de Bolonia' y ayer un magma reivindicativo-, porque su única y persistente finalidad es perturbar el funcionamiento universitario y minar el respaldo a sus órganos de gobierno. En esta ocasión, además, con la clara pretensión de interferir en el proceso electoral que culminará mañana.

Tras los incidentes de enero, el rector, con apoyo de todas las formaciones políticas, dejó clara su decisión de plantar batalla de manera definitiva a la intolerancia y los comportamientos mafiosos que han gangrenado la institución. Unas actitudes sectarias que han marcado durante demasiado tiempo la UPV y condicionado de forma expresa su actividad y su propio desarrollo. No es casualidad que la algarada de ayer se produzca a dos días de la jornada electoral. El mismo hecho de que se presente una sola candidatura, circunstancia que no resta ninguna legitimidad a su proponente ni prejuzga su capacidad ni la de su programa, evidencia unas deficiencias participativas en el cuerpo universitario, mezcla de desistimiento, temor y desidia, especialmente preocupantes en un momento clave para el futuro de la institución académica. De ahí la importancia de aplicar todos los esfuerzos por preservar la normalidad del campus y garantizar los derechos de miles de alumnos y profesores. Una tarea ya convertida en prioritaria, porque de la regeneración del ambiente universitario depende buena parte del porvenir de la UPV en un mundo globalizado y competitivo, y, en no menor medida, el de la sociedad vasca.

Despotismo y democracia
José Luis González Quirós* El Confidencial 21 Mayo 2008

Popper pensaba que encubrir los propios errores es el mayor pecado intelectual. Esta idea sirve para mostrar de manera inmediata que la política no es un quehacer intelectual porque, en la práctica, el arte de los políticos consiste las más de las veces en disimular los errores, en negarlos o, peor aún, en forzar las cosas para llegar a convertirlos en nuevas verdades. Las nuevas formas de despotismo que se insinúan en los partidos y en el Gobierno no buscan precisamente asentar de modo más sólido una democracia fundada en valores morales, en la que nadie se pueda sentir con derecho a arrebatar, en la práctica, la soberanía a los ciudadanos; tratan, por el contrario, de afianzar los resortes del poder que les mantiene arriba, para que nadie pueda poner coto a sus pretensiones, cada día más ambiciosas. Que el Monarca se haya atrevido a elogiar públicamente al actual presidente es una muestra más de ese proceso de acomodo de los poderosos, que nada tiene que ver ni con la libertad ni con la democracia.

Nuestra democracia, que fue alumbrada en medio de un clima tal vez ingenuo, pero idealista y entusiasta, no ha conseguido una mayor legitimación popular que la que tenía cuando era una gran promesa. Vivimos en un sistema en el que la información fluye de manera muy sesgada, en la que se discute con disimulo, en la que se confía en que el electorado acepte mansurronamente las verdades del barquero. El Gobierno intenta imponer sus verdades atentando al buen sentido: hace un trasvase (lo que parece perfecto y muy necesario) pero para que no se diga que no hace lo que dice, impone, con la ayuda de una imponente cohorte de corifeos, una modificación del lenguaje para que ese acto no se llame conforme a lo que realmente dice el uso ordinario, sino mediante una circunlocución más o menos ocurrente. Humpty Dumpty lo advirtió hace mucho tiempo: lo importante es saber quién manda y cuando se sabe eso olvidarse del significado de las palabras, porque el poderoso no lo sería si no tuviese alguna manera de hacer de lo negro blanco.

Con esta clase de armas se puede conseguir cualquier cosa: estar en una guerra en Afganistán, sin estar en ella; hacer que la crisis económica no exista mientras no convenga, o modificar la Constitución sin tocarle un pelo, et sic de ceteris. En España se ha sustituido la democracia por el partidismo y se ha creado una atmósfera sofocante en la que no ya la independencia, sino la mera originalidad, es un enemigo a batir, tanto desde la derecha como desde la izquierda. Hemos acabado no ya con la independencia del poder judicial, sino con el menor asomo de ella y estamos olvidando que, como ha escrito Fareed Zakaria, “el mejor símbolo del modelo occidental de Gobierno no es el plebiscito de las masas, sino el juez imparcial”.

El Partido Popular se encuentra ante un crítico cruce de caminos, obligado a elegir entre dejarse llevar por la ola dominante -lo que supondrá participar vicariamente de ese poder cada vez más sólido y que no parece a su alcance, para prestarle algún asomo de legitimidad- o, por el contrario, convertirse en un partido que recuerde a los ciudadanos que es preferible vivir en una nación en que nadie sea más que nadie; en un partido que apueste rotundamente por el respeto a la libertad, que recupere la auténtica independencia judicial, que promueva una sociedad abierta y competitiva, y que defienda sin disimulos una única nación en la que quepan todos, con las diferencias razonables pero sin privilegios absurdos.

Ahora parece que la actual dirección invoca los principios como modo de exorcizar el descontento. Sea ello en buena hora, pero hablemos en serio de cuáles son los principios y qué significan, sin caer en el absurdo de creer que por dejarse calificar por el progresismo dominante se logra ser más queridos por los electores. Un Congreso no es el momento de definir las estrategias, pero sí es el momento de plantearse para qué se quiere un partido, esto es, si sirve para algo más que para que los que en él mandan sigan haciéndolo cómodamente.

Si quiere seguir significando algo, el PP tiene que romper el statu quo, tiene que ser valiente y decir en lo que cree: en España, en la libertad, en la poliarquía, en la igualdad de todos ante a ley, en la independencia de las instituciones, en la limitación del poder... Debe hacerlo con entusiasmo y convicción, con credibilidad, huyendo del oportunismo y de la mimetización con el clima de desencanto y resignación que otros pugnan por extender. Y eso se antoja muy difícil si, a cuenta de no se sabe bien qué grandes principios, la dirección se oculta en palabras que no significan nada, se parapeta en sus posiciones y se dispone a proseguir impávida en sus puestos, mientras los que creen que algo importante debiera hacerse han de resignarse a contemplar con estoicismo y algo de asco un paripé de tercera clase.

*José Luis González Quirós es analista político.

Gasto autonómico, vuelta a las andadas
Editorial ABC 21 Mayo 2008

EL presidente del Gobierno tendrá que desplegar sus mejores dotes de persuasión para apaciguar a los «barones» socialistas frente a las demandas financieras y políticas del gobierno tripartito catalán. Zapatero los ha convocado -Montilla incluido- a una reunión en La Moncloa porque la nueva financiación autonómica ha encallado en las disputas que se han abierto en el seno del PSOE. El Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró ayer no trató este asunto, pero sirvió para que el Gobierno y las comunidades autónomas acordaran dejar sin efecto los límites al endeudamiento de estas últimas, lo que supone la liquidación del objetivo del equilibrio presupuestario y la apertura de un período de indisciplina en el gasto público, muy peligroso en tiempo de crisis económica. El Gobierno ha optado por invertir las prioridades, de manera que en vez de establecer previamente un nuevo modelo que regule la financiación de las comunidades autónomas, con lo que esto supondría, al menos, de implantación de una reglas de juego, ha empezado por liberarlas de unas restricciones que eran necesarias para contener el dispendio autonómico.

La posibilidad de que cada autonomía actúe por su cuenta, en términos presupuestarios, agrava aún más el problema político de partida, que es el enfrentamiento entre territorios por la financiación. Los presidentes de Andalucía y Extremadura, Chaves y Fernández Vara, respectivamente, han sido los más explícitos en oponerse a la pretensión de Montilla de negociar bilateralmente con el Estado la financiación de Cataluña. Es sensata la propuesta de que el nuevo modelo financiero del Estado autonómico se discuta y se acuerde entre todas las autonomías, pero los socialistas podían haberlo pensado mejor mientras se discutía el estatuto de Cataluña. Ni un diputado del PSOE dejó de votar a su favor y ahora se están recogiendo los frutos de aquella irresponsable reforma estatutaria que ha puesto a Cataluña al margen del funcionamiento político del Estado. La huella de Zapatero queda impresa en la discordia sobre una materia que había sido siempre materia de acuerdo de Estado.

El multilateralismo es el método adecuado para decidir sobre lo que es de todos los españoles, el dinero de sus impuestos, y no de los territorios en los que viven. Pero el estatuto de Cataluña ha establecido un régimen confederal de relación con el Estado. Algunos socialistas parecen darse cuenta ahora de esta situación, pero habrán de asumir que el despropósito no sólo se debe al programa político que llevó a cabo su jefe de filas, sino que es Montilla el que lidera el cumplimiento máximo de las disposiciones estatutarias. En la reciente entrevista que publicó ABC, Montilla dejó clara su posición sobre el debate de la financiación autonómica, descartando que su interlocutor sea otra administración distinta que el Gobierno central. La España de dos categorías ya está vigente en lo financiero y Montilla se siente respaldado por el estatuto que Zapatero sacó adelante. Sin este estatuto, pendiente todavía de que el TC se pronuncie sobre él, las exigencias del tripartito no tendrían apoyo legal. Pero lo tienen y, por eso, cuando Montilla pide una relación bilateral con el Estado, está leyendo el Estatuto aprobado por el PSOE, aunque el escenario al que desemboque su reclamación sea el de la ruptura de la solidaridad y de la igualdad entre españoles.

La «catalanofobia» que los socialistas imputaban al PP sería ahora argumento de uso corriente en las quejas de los «barones» socialistas a cuyas autonomías más puede perjudicar la quiebra de un modelo financiero común. Extremeños y castellanos socialistas dicen en estos días lo que el PP advertía en su momento sobre las consecuencias disgregadoras del estatuto catalán. Aunque el TC lo avale en el futuro, estos efectos seguirán siendo gravemente perjudiciales para el interés general de España. El problema subyacente a la disputa entre socialistas por la financiación autonómica es la incertidumbre sobre la viabilidad del Estado constitucional de 1978, basado en una organización autonómica dentro de un marco unitario. La caricatura socialista de que «España no se ha roto» es inservible a estas alturas para negar las grietas que se están abriendo en los resortes políticos que deberían servir al Estado para garantizar políticas de cohesión nacional. El PSOE jugó con la Constitución y ahora todos los ciudadanos van a pagar las consecuencias.

¿Moderarse hacia el nacionalismo?
Gonzalo Sichar  Minuto Digital 21 Mayo 2008

No me corresponde entrometerme en la crisis de un partido que me es totalmente ajeno, como lo es el Partido Popular. Sin embargo sí que nos atañe a todos los demócratas que desde muchas columnas de opinión se observe el posible cambio de rumbo de ese partido hacia una mayor comprensión del nacionalismo como una muestra de moderación. ¿Por qué empecinarse en no pactar con nacionalismos es muestra de radicalización y acercarse a ellos es signo de moderación? ¿Desde cuándo acercarse a los excluyentes es ser más moderado?

Hay otro partido político cuyos planteamientos son totalmente democráticos e incluso sus prácticas allí donde han tenido algo de poder (que es poco y en escasísimos lugares). Pero desde ciertos medios de comunicación con poco rigor analítico se le ha tachado de extremista de derechas. Los pecados principales de este partido son dos: uno su nombre, y otro que sus referentes ideológicos arrancan del totalitarismo. Si se hubieran llamado, como estuvieron sopesando, Izquierda Nacional seguramente tendrían menos problemas porque les sería más fácil disfrazar sus orígenes. Pero decidieron llamarse Falange Auténtica, quizá porque el calificativo de “auténtico” se ha solido asociar a “falanges rojas”, pese a las ideas fascistas de su precursor Manuel Hedilla, y con ese nombre se han condenado a sufrir la etiqueta de ultra por mucho que se esfuercen en explicar que todos los movimientos políticos surgidos en los años 30 eran totalitarios aunque algunos hayan evolucionado después hacia la democracia (por ejemplo, los casos de la evolución del estalinista PCE al eurocomunismo o del PSOE de Largo Caballero al de Felipe González).

Falange Auténtica tiene el “sanbenito” de ultra porque proviene de Jose Antonio Primo de Rivera y Manuel Hedilla, dos personas que representaron el fascismo español, “adulzorado” si se quiere de nacional-catolicismo (por eso al menos no eran racistas).

Los orígenes tenebrosos del nacionalismo vasco, vamos del vizcaíno porque en sus orígenes era tan excluyente que ni guipuzcoanos ni alaveses eran tenidos en cuenta, son tan truculentos que la Fundación Sabino Arana esconde algunos de los textos racistas más comprometidos. ¿Por qué no se admite la evolución hacia posturas democráticas de partidos como Falange Auténtica y se hace con toda normalidad con el PNV?

Los “falangistas auténticos” luchaban contra el franquismo en diferentes etapas de la dictadura. ¿Qué hizo el PNV en los cuarenta años de penumbra aparte de que sus muchachos más rebeldes se marcharan para crear ETA?

La verdad es que cuesta creer que un partido que reivindica a José Antonio Primo de Rivera tenga un firme compromiso con los ideales de una democracia liberal. Tanto como que lo tenga un partido con orígenes claramente racistas.

En El Plural para atacar a UPyD dicen que los de Falange Auténtica simpatizan con Rosa Díez. Uno no es culpable de caer bien a nadie. También ETA dijo que preferiría un gobierno del PSOE y no por ello piensa la mayoría de la opinión pública que el PSOE beneficia a ETA.

Por cierto, que Falange Auténtica no niega algunos puntos en común con Rosa Díez pero precisamente en uno de los que difieren es en que dicen que UPyD no es nacionalista y ellos se autodefinen como nacionalistas españoles. Si son nacionalistas algo les queda todavía de sus orígenes totalitarios, como al PNV.

Por ello acercarse a los nacionalistas no es moderarse, el nacionalismo sólo es moderado cuando tiene poco de nacionalista.

El entierro de Montesquieu
IGNACIO CAMACHO ABC 21 Mayo 2008

FALLECE un magistrado del Tribunal Constitucional y todo el mundo comenta con gran naturalidad dos cosas: que el finado estaba adscrito al PP y que su desaparición allana el camino a la convalidación del Estatuto de Cataluña. Dos razones soberbias para confiar en la justicia. O más exactamente, en la independencia de la justicia, que es lo mismo, pues si no es independiente no es justa. Cuando Guerra anunció, allá por los años ochenta, que había mandado ejecutar a Montesquieu se armó un escándalo considerable, pero a la vista está que lo dejó muerto y bien enterrado junto a su teoría de la separación de poderes. Lo peor es que el entierro ha contado con la complicidad de toda la clase política, que a la hora de proteger sus intereses actúa como un sindicato corporativo.

La existencia de una correa de transmisión directa de los partidos mayoritarios al Tribunal Constitucional sería ya de por sí una grave obscenidad política, pero el modo en que los capataces parlamentarios manejan la crisis del órgano jurídico supremo de la democracia constituye una exhibición de desfachatez. El PSOE pretende aprovechar la baja por defunción de un magistrado «adversario» para consolidar su ventaja numérica, como esos equipos antideportivos que marcan gol cuando hay un rival lesionado en la cancha. Y además ofrece una alternativa chantajista: nada de cubrir la vacante, o se renueva todo el Poder Judicial -de acuerdo con su preminencia matemática en el Congreso- o se examina el Estatuto catalán con los efectivos disponibles. Es decir, o mayoría o mayoría.

Pero si los políticos apelan con procacidad impúdica al recuento de efectivos del único modo que conocen, que es el de la adscripción sectaria, no tienen menos responsabilidad en esta crisis de sistema unos profesionales jurídicos que llevan años meciéndose en el confortable columpio de la parcialidad banderiza, que les concede carreras de privilegio a cambio de obediencia. Para que haya una justicia independiente, los primeros que han de defender su independencia son los jueces. Y aunque la reclamen de boquilla, existe ya un largo correlato de sentencias y fallos en los que la posición de los jueces constitucionales y de los miembros del Consejo del Poder Judicial se corresponde milimétricamente con el criterio de los partidos que los designan. Ha llegado la cosa a un extremo que si alguno se desmarca en conciencia acaba acusado poco menos que de tránsfuga.

En estas condiciones, los ciudadanos han comenzado a aceptar con implacable espontaneidad que las leyes se interpretan de una forma elástica de acuerdo con un principio previo de conveniencia política. Esto es la muerte de la democracia, la esclerosis de un sistema corroído por su médula espinal. Y aunque cabría pedirle a la clase dirigente un ejercicio de responsabilidad para contener su tendencia invasiva sobre los poderes de contrapeso, es a los propios profesionales del derecho a quienes corresponde rebelarse en defensa de su dignidad. Para que el TC ejerza como «tercera cámara», y teniendo en cuenta la inanidad del Senado, nos podríamos ahorrar mucho dinero si en vez de tres lo dejásemos todo en una sola.

Política lingüística de Estado
GREG HUNT - Valencia Cartas al Director El País 21 Mayo 2008

Escribo para elogiar el excelente artículo de Albert Branchadell, Una política lingüística de Estado, publicado en EL PAÍS el pasado día 16, donde este profesor de traducción demuestra un profundo conocimiento de las aportaciones y los problemas que plantea la pluralidad lingüística española. Ojalá los políticos pudieran hablar así de claro acerca de esta cuestión, sin llamar tanto al populismo.

No obstante, quería mostrar mis dudas acerca de un posible uso de otros idiomas como el catalán o el euskera en el Parlamento, lo cual requeriría gran despliegue de servicios de traducción. Tendría su lado bueno, ya que el fuerte valor simbólico del uso de tales lenguas en este contexto confirmaría su estatus como dignas de respeto y aprecio.

Sin embargo, el valor comunicativo de su uso está menos claro. Como declara Umberto Eco en el título de su último libro, traducir no es decir lo mismo, sino casi lo mismo. La comunicación y la comprensión deben prevalecer por encima de otras consideraciones y ya hay mucha incomprensión entre los políticos de distintos partidos. ¿Para qué poner otra traba?

Un cínico diría que promover el uso de otras lenguas en el Parlamento es un intento de fomentar el trabajo del profesor.

Partidos
700.000 euros para películas en euskera
 La Razón 21 Mayo 2008

El Consejo de Gobierno vasco aprobó ayer dos dotaciones económicas destinadas a estimular el estreno de producciones audiovisuales en euskera. El departamento de Cultura destinará 698.980 euros para apoyar la distribución y exhibición de las películas realizadas o dobladas a la lengua vasca. Con este fin se ha puesto en marcha «Zinema euskaraz», con un programa se pretende fomentar la presencia de películas en euskera en la programación de los cines y desarrollar el doblaje y comercialización en vasco de películas en formatos de vídeo. Los largometrajes que se acojan a este programa deberán estrenarse en euskera, aunque también podrá salir a la vez la versión en castellano.

La Generalitat destina 1,2 millones de euros para promover las selecciones catalanas
El Gobierno catalán prometió que reduciría las ayudas, pero las mantiene intactas
Marcos Pardeiro  La Razón 21 Mayo 2008

BARCELONA- El Gobierno catalán renovó ayer, por cuarto año consecutivo, la subvención de 1,2 millones de euros a la Plataforma pro selecciones deportivas catalanas, una entidad dedicada a promover la internacionalización del deporte de esta comunidad.

El año pasado, la Generalitat aseguró que las ayudas a esta plataforma «se irían reduciendo» porque, según el Estatut, sería la propia administración catalana la se hiciera cargo de promover «la igualdad de derechos de las selecciones catalanas con el resto de selecciones». Pero la subvención se mantiene inalterable.

Preguntada por los planes incumplidos de la Generalitat, la portavoz del Gobierno catalán, Aurora Massip, dijo que la plataforma colabora en la promoción del deporte catalán, tal y como recoge el mandato de la Ley del deporte que fue aprobada en el Parlamento.

Las ayudas fueran concedidas a propuesta del vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, máximo responsable del deporte catalán. Con los generosos recursos recibidos, la plataforma -que apoyó electoralmente a ERC en las autonómicas de 2003- podrá organizar campañas en los medios de comunicación, así como conferencias y exposiciones itinerantes para dar a conocer todos sus equipos.

Pío Moa; "El Rey tiene una vida particular muy vulnerable, y el PSOE y Prisa lo saben muy bien"
Francisco Galván y Juan C. Osta Periodista Digital 21 Mayo 2008

 "Vivimos una etapa de involución política". Según el análisis de Pío Moa, la causa de la victoria de Zapatero tiene dos motivos: "La inconsciencia de la sociedad, que no conoce hasta qué punto nos estamos convirtiendo en una república bananera; y segundo, no hay una oposición real". Dice que Rajoy "ha llegado ya a una política de integración a este cambio de régimen golgispa". Para el Rey no tiene mejores palabras.

Ante una ausencia total de medios, a la que el autor ha calificado sin remilgos como "boicot", el historiador ha presentado su nuevo libro, "del que ya está casi agotada la segunda edición", "Falacias de la Izquierda, Silencios de la Derecha", de la editorial Libros Libres.

Según ha explicado el propio autor, "en la etapa de Felipe González la democracia vivió un proceso peligrosísimo. En el etapa de Aznar hubo una rectiicación tímida, hasta que cometió el error de nombrar a Rajoy sucesor suyo. Ya antes del 11-M se vio que Rajoy tinía unas concepciones muy distintas".

Dice Pío Moa que ahora se está viviendo la etapa "contraria".
"En la etapa de ZP el Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo se ha transformado en lo contrario. Se ha convertido en un pacto con los terroristas y con los separatistas y contra la libertad. Es un proceso de balcanización que está en marcha, entre el Gobierno, los separatistas y los terroristas".

"Hay un proceso sumamente peligroso que abarca casi todas las facetas de la política".
Se pregunta el polémico autor: "Una política tan evidentemente nefasta ha sido apoyada por una ligera mayoría de la población. ¿Cómo es posible que se produzca esto?"

"La sociedad está desorientada, porque es capaz de apoyar una cosa como ésta. No lo apoyan muy conscientemente".
Y, además, cree que "ha sido posible porque no ha habido una oposición real. Actualemte ha llegado ya a una política de integración a este cambio de régimen golgispa, porque no se hace legalmente".

"Estamos en una situación de auténtico golpe de Estado desde el poder. Si lo toleramos, esto significa que nos convertimos en una democracia bananera, con una deriva probablemente peor".

No menos duro ha estado al analizar, en la presentación de su última obra, en la Universidad San Pablo CEU, la figura del Rey y su último halago desmedido a Zapatero:

"El Rey tiene una vida particular muy vulnerable, y el Psoe y Prisa lo saben muy bien. En ese sentido me imagino que está un poco preso de ellos".

Y concluye:
"Han sido unas palabras de respaldo expreso, y trata de salvar a la Monarquía haciéndose simpático".

Entrevista a la presidenta de Galicia Bilingüe
Xoàn Xulio Alfaya  Periodista Digital 21 Mayo 2008

Gloria Lago es la presidenta de Galicia Bilingüe, una asociación cívica independiente nacida en Vigo. Integrada por padres y profesores, apuesta por “remover los principios de la política lingüística” y rechaza el decreto aprobado por la Xunta de Galicia que regula la utilización del gallego en la educación.

--¿Cómo nace Galicia Bilingüe?
Galicia Bilingüe nace a partir del movimiento de protesta surgido para impedir la aprobación de un nuevo Decreto de uso del gallego en el sistema educativo de Galicia, y que suponía una nueva vuelta de tuerca hacia el arrinconamiento del castellano en la enseñanza en Galicia. Un grupo de ciudadanos, padres y profesores en su mayor parte, nos reunimos en torno a un manifiesto de protesta y conseguimos reunir más de 50.000 firmas de apoyo. Un parte muy importante de las personas que participamos en la recogida de firmas decidimos constituir la asociación Galicia Bilingüe, con unas propuestas muy claras sobre lo que debería ser la política lingüística de Galicia, tanto en la enseñanza como en el resto de la Administración. Para apoyarlas hemos elaborado un nuevo manifiesto, con el que estamos recogiendo firmas para conseguir la derogación del actual Decreto, y que se reconozca el derecho de los padres o los alumnos a elegir la lengua docente, entre otras cosas.

--El nuevo decreto de la Xunta sobre la lengua en la educación se vende como equilibrado porque atribuye un 50 % de la enseñanza a cada una de las dos lenguas oficiales en Galicia. ¿Es cierto esto o en realidad se trata de un paso hacía el modelo de inmersión lingüística catalán?

Ésa es la primera gran mentira sobre el Decreto, ya que lo que establece es que al menos la mitad de las materias se impartan en gallego, y las materias elegidas para tal fin son las llamadas troncales, que suponen la mayor carga horaria y en las que el uso de textos, de léxico y de construcciones lógicas es más importante. Las materias que se pueden impartir en castellano son materias que en muchos casos apenas utilizan textos, como Educación Física, Música, Plástica o Tecnología. Pero es que, además, si el proyecto educativo de un centro así lo decide, pueden impartirse en gallego todas las materias salvo la Lengua castellana, con lo que puede llegarse, y de hecho se está llegando en muchos centros, a una inmersión lingüística “a la catalana”, si se me permite la expresión.

--Sin embargo parece que había unanimidad entre los partidos que representan a los gallegos para aprobar la norma. El PPdeG se descolgó a última hora, ¿cree que la reacción social en contra del decreto tuvo algo que ver con este cambio?

El proyecto de Decreto sí contaba con el apoyo unánime de los partidos representados en el Parlamento de Galicia; pero el PP de G se descolgó a última hora, el día anterior a la aprobación del Decreto, y creemos que pesó mucho en su decisión el hecho de comprobar la reacción social en contra de su aprobación, ya que fue muy notable para los escasos medios con que contábamos los que nos dimos cuenta de la barbaridad que suponía este Decreto. No obstante, el PP de G utilizó como coartada para el abandono del apoyo al Decreto el informe negativo del Consello Consultivo de Galicia, y que la redacción definitiva había ido aún más lejos que el propio proyecto de Decreto; pero en GB estamos seguros de que si no hubiese habido protesta ciudadana no se hubiesen desmarcado.

--Durante la era Fraga la política lingüística en Galicia caminó en el mismo sentido de potenciar el gallego en detrimento del español en el que profundiza el decreto, ¿de aquellos polvos estos lodos?

En efecto, de aquellos polvos estos lodos. La política lingüística del PP de G sentó las bases de lo que ahora está pasando. De hecho, el anterior Decreto, que imponía un mínimo de un tercio de las materias impartidas en gallego, ya permitió que en algunos centros se llegasen a impartir en gallego todas las materias excepto la Lengua castellana. Incluso intentó imponer que todos los documentos administrativos de los centros se tuviesen que redactar en gallego, siendo anulada esta pretensión por una sentencia del TSJG en 1996, aunque, en un nuevo Decreto, y de manera vergonzosa, la Xunta trató de eludirla, y se siguió presionando a los profesores para que sólo utilicen el gallego en la redacción de todos los documentos, incluso los no administrativos.

--¿Por qué Touriño no se ha desmarcado de la política de su antecesor, el líder del PP gallego Manuel Fraga, y les sigue el juego a los separatistas del BNG? ¿Cree que los socialistas son rehenes en materia lingüística de su alianza de gobierno con los nacionalistas?

Usted lo ha descrito perfectamente. Aunque algunos socialistas adoptan las tesis nacionalistas con relativa facilidad, muchos de ellos lo hacen porque es la única manera de conservar el Gobierno en Galicia, aun en contra de una buena parte de su base social y electoral. Si en algo no pueden ceder los nacionalistas es en política lingüística, porque la identidad pueblo > lengua > territorio, poco acorde con los principios que sustentan una moderna democracia, es consustancial a su ideología, y dejar de avanzar en la erradicación del castellano de la vida oficial, e incluso en ciertos aspectos de la vida privada, supondría su muerte política.

--¿Su asociación tiene alguna vinculación a algún partido político?

En absoluto. No la tiene, ni la quiere tener. Nosotros estamos dispuestos a reunirnos con representantes de partidos políticos para explicarles nuestras propuestas en materia de política lingüística, que son moneda común en muchos países europeos de honda tradición democrática, y que no tienen nada qué ver con una determinada adscripción política, ya que pueden ser compartidas por personas de un amplio espectro ideológico.

--El BNG insiste en que el gallego y sólo el gallego es la lengua de Galicia, pero tienen ustedes datos sobre el porcentaje de gallego-parlantes y castellano-parlantes en Galicia. ¿Cuál es la situación actual del español en las escuelas en Galicia?

Empezando por el final, a raíz de la aprobación del Decreto 124/2007 la situación del español en las escuelas de Galicia es de una relegación casi total, y me remito a lo expuesto en mis anteriores respuestas analizando los efectos del Decreto. Respecto de la afirmación de que el gallego es la lengua de Galicia vuelvo a insistir en que la identificación lengua-pueblo-territorio en una democracia moderna no es de recibo. El español es una lengua tan, o más si nos atenemos a la Historia, de Galicia como lo puede ser de Argentina, Chile u otros países, con una particularidad que no debe pasar desapercibida, y es que Galicia es parte de España, y no es de recibo que se diga que el castellano o español no es la lengua de una parte de España.

--¿Hay realmente un conflicto entre el gallego y el español, o se trata de una artimaña de los nacionalistas para usar la lengua como instrumento disgregador de la sociedad gallega?

No puede haber conflicto entre las lenguas por definición. Puede haber conflicto por uso de las lenguas por parte de sus hablantes si no se respetan los derechos de los hablantes de una de ellas y se pone por delante de los derechos de las personas el supuesto derecho de una lengua a pervivir o a “recuperar hablantes” vía coacción, que es el punto de partida de las teorías nacionalistas, que utilizan la lengua como un factor de diferenciación entre territorios para justificar sus anhelos de separación del resto de España. Realmente no buscan disgregar a la sociedad gallega, sino que lo que pretenden es “normalizarla”; es decir, uniformizarla cultural y lingüísticamente. El problema es que si algunos no estamos dispuestos a ceder a tal pretensión el enfrentamiento puede ser muy fuerte y tener efectos disgregadores muy peligrosos de la propia sociedad; pero los responsables serán los que tratan de imponer su modelo a toda la sociedad y no los que defendemos la libertad para elegir dentro de opciones legítimas.

--¿Hay o no hay libertad en Galicia para usar el gallego o el español según uno quiera?

En el ámbito privado formalmente, y de momento, sí, si descontamos las interferencias de la administración con determinadas políticas de subvenciones irracionales que desvirtúan el funcionamiento del libre mercado, obligando, de facto, a muchas empresas a utilizar de forma forzada el gallego. Pero en lo tocante a la propia Administración, cualquiera puede ver que no. No hay más que acercarse a cualquier dependencia oficial para ver que muchas informaciones, carteles y avisos están exclusivamente en gallego. Incluso nos encontramos con organismos que contraviniendo la legislación vigente, no disponen de formularios e impresos en español para realizar trámites imprescindibles para los ciudadanos.

--En su página web hay una serie de denuncias sobre las ingentes cantidades de dinero público que se dan a asociaciones vinculadas al nacionalismo para promocionar el gallego ¿hay discriminación desde la administración entre castellano-hablantes y gallego-hablantes?

Por supuesto que la hay, pero creo que a lo largo de mis respuestas anteriores ya he respondido con la suficiente claridad a esta pregunta como para que los lectores se hagan una idea de la situación actual en esa materia.

--La solución que parece que ustedes propugnan es la libertad de elección de idioma, pero jurídicamente no es un derecho que esté reconocido, ¿su objetivo es movilizar a la población para mover la voluntad del legislador?

En efecto, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la Constitución Española no reconoce el derecho a la elección de la lengua docente por parte de padres o alumnos; pero ello no quiere decir que no pueda haber una Ley, aunque sea de rango autonómico, que reconozca tal derecho. El Tribunal Constitucional acepta que esto pueda ser así, y nuestro objetivo, como ya he dejado entrever en una respuesta anterior, es, en efecto, movilizar a los ciudadanos para que el legislador reconozca este derecho, y nos gustaría que fuese a través de una Ley de ámbito nacional, que garantizase este derecho en toda España.

--¿Encaja en su solución de libertad de lección del idioma con la existencia de galescolas? ¿No son ghettos de adoctrinamiento nacionalista como bien se ha demostrado en el País vasco?

Galicia Bilingüe no está de acuerdo con que se cree una red específica de galescolas para atender a los niños de cero a tres años. Creemos que hay que seguir con el modelo de guarderías (o escuelas infantiles si se prefiere) que ya existe, ampliando la red en lo que sea necesario, y que se utilice el gallego con los niños gallegohablantes y el castellano con los castellanohablantes. Además, tal y como están planificadas, no sólo pretenden atender a niños gallegohablantes, sino que forman parte de una estrategia para forzar a padres de niños castellanohablantes a utilizar sus servicios, a falta de otras opciones, para intentar cambiar los hábitos lingüísticos de estos niños a una edad tan temprana, y eso sí que es reprobable y rechazable. Por otra parte, el puro adoctrinamiento político más allá de la lengua en niños de cero a tres años dudo de que sea muy eficaz; pero el “adoctrinamiento lingüístico” puede ser el primer paso del político, y de que los niños perciban el español como un idioma ajeno a la escuela y a Galicia. Aparte de esto, no creemos que sea bueno que los niños de ambientes gallegohablantes no tengan contacto en absoluto con el castellano, mediante la segregación en centros en los que sólo se utilice el gallego, de la misma manera que es bueno que los niños castellanohablantes convivan en el mismo centro con niños gallegohablantes. Esta convivencia beneficiaría a ambos, siempre que los docentes respetasen la lengua de cada niño al dirigirse a ellos.

--Por último, Rajoy se comprometió en su feudo, Vigo, a impulsar una reforma legislativa que garantice que quien quiera estudiar en español pueda hacerlo, ¿satisface esta propuesta sus expectativas? ¿Esperan del PSOE un compromiso igual que solucione de una vez por todas el problema?

Estas declaraciones están en la línea de lo que defiende Galicia Bilingüe, por lo que nos satisfacen mucho. Naturalmente que nos gustaría que el PSOE manifestase un compromiso igual; pero mientras dependa de partidos nacionalistas para gobernar, no sólo en España, sino en muchas Comunidades Autónomas, no creo que lo haga, a no ser que perciba que seguir haciendo el juego a los nacionalistas en política lingüística puede suponerle una notable pérdida de votos.

Minuto Digital
http://www.minutodigital.com/

Galicia bilingüismo impuesto
Nota del Editor 21 Mayo 2008

Es cierto que el Tribunal Constitucional no reconoce derechos constitucionales respecto a la lengua manterna a los padres y niños español-hablantes; pero está claro que la Contitución Española si los reconoce, Art.3º: deber de conocer el español, y no establece deber de conocer lengua regional alguna. Así que está muy bien aparecer políticamente correcto y admitir las burradas del Tribunal Constitucional, y muy mal estar entre los marginados que defendemos los derechos constitucionales por encima de tal desprestigiado tribunal.

Nosotros reconocemos el trabajo que Galicia Bilingüe está haciendo, pero siempre debemos resaltar que ellos defienden la imposición del apredizaje de la lengua regional, está claro en su afirmación "no creemos que sea bueno que los niños de ambientes gallegohablantes no tengan contacto en absoluto con el castellano, mediante la segregación en centros en los que sólo se utilice el gallego, de la misma manera que es bueno que los niños castellanohablantes convivan en el mismo centro con niños gallegohablantes. Esta convivencia beneficiaría a ambos, siempre que los docentes respetasen la lengua de cada niño al dirigirse a ellos", es decir que quieren los niños y la lengua propia y el español mezclados, bilinguismo impuesto puro y duro. Galicia para los gallego-hablantes

INICIATIVA PARA EXIGIR LA IGUALDAD
El PP-A defiende estudiar en castellano y no ser discriminados por la lengua
El presidente del Partido Popular andaluz, Javier Arenas, ha presentado una iniciativa para exigir la igualdad de derechos de todos los españoles ante las administraciones públicas e instar al gobierno andaluz a que adopte todas las medidas necesarias para defender los derechos de los andaluces en cualquier parte del territorio español. El PP-A defenderá esta proposición no de ley en el próximo pleno parlamentario.
Pedro de Tena Libertad Digital 21 Mayo 2008

La proposición no de ley, que se debatirá en el próximo pleno del Parlamento de Andalucía, exige entre otras cuestiones que los andaluces puedan estudiar en castellano en toda España y que no sean discriminados en el acceso a la Función Pública.

El texto de la iniciativa presentada hoy por Javier Arenas es el siguiente:

El Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, al amparo de lo previsto en el artículo 168 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente PROPOSICION NO DE LEY ANTE PLENO, relativa a:

IGUALDAD DE DERECHOS
El artículo 1.1 de nuestra Constitución propugna como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico la igualdad, atribuyendo a los poderes públicos, en su artículo 9.2, la obligación de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integre sea real y efectiva y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

La igualdad entre todos los españoles es además una pieza angular en el Estado autonómico, cuyas diferentes legislaciones deben ser respetadas y reconocidas, sin que puedan existir, tal y como reconoce el artículo 138.2 de la Constitución y la doctrina del Tribunal Constitucional, discriminaciones o privilegios económicos o sociales, garantizándose, en todo caso, un nivel mínimo en la prestación de servicios públicos fundamentales en todo el Estado español.

Junto a ello, el artículo 139.1 de la Constitución establece que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado, disponiendo el artículo 149.1.1ª que el Estado tiene competencia exclusiva en la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, entre ellos, el derecho a la educación y el acceso en condiciones de igualdad a la Función Pública, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.

Por otra parte, el artículo 3 de la Constitución consagra el castellano como la lengua española oficial del Estado y establece que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla, sin menoscabo de la cooficialidad de las demás lenguas españolas en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía se refiere al valor superior de la igualdad de forma categórica en su Preámbulo:

"Hoy, como ayer, partimos de un principio básico, el que planteó Andalucía hace 25 años y que mantiene plenamente su vigencia: igualdad no significa uniformidad. En España existen singularidades y hechos diferenciales. Andalucía los respeta y reconoce sin duda alguna. Pero, con la misma rotundidad no puede consentir que esas diferencias sirvan como excusas para alcanzar determinados privilegios. Andalucía respeta y respetará la diversidad pero no permitirá la desigualdad ya que la propia Constitución Española se encarga de señalar en su artículo 139.1 que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado."

Este sólido planteamiento de la igualdad como pilar básico del ordenamiento jurídico queda también consagrado en los artículos 1.2 y 10 de nuestra Norma Básica.

Finalmente, en diciembre de 2007 el Tribunal Constitucional ha reconocido que la igualdad de las posiciones jurídicas fundamentales de todos los españoles debe garantizarse por Ley de las Cortes Generales, como resulta de los artículos 81.1 y 149.1 de la Constitución, debiendo asegurarse, en todo caso, un nivel de condiciones básicas similares en todo el territorio nacional a procurar en todos los ámbitos de influencia de las políticas propias del Estado social y de derecho.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente PROPOSICION NO DE LEY

1. El Parlamento de Andalucía manifiesta que:
- 1. El derecho a la autonomía, en el marco de la Constitución, implica el derecho de igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas de España, así como la solidaridad entre todas las Comunidades Autónomas.

- 2. Andalucía respeta y respetará la diversidad pero no permitirá la desigualdad ya que la propia Constitución Española se encarga de señalar en su artículo 139.1 que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

- 3. Todos los andaluces tienen derecho a utilizar y estudiar en castellano en todas las etapas del sistema educativo y en cualquier parte del territorio español.

- 4. Todos los andaluces pueden acceder a la Función Pública y participar en los correspondientes concursos para la provisión de puestos de trabajo en condiciones de igualdad, sin que el conocimiento de la lengua cooficial en las Comunidades Autónomas en que la misma exista sea un mérito determinante por sí solo, de dicho acceso o provisión de puestos de trabajo.

2. El Parlamento de Andalucía insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a:
- 1. Adoptar cuantas medidas sean necesarias para hacer efectivos los anteriores principios y derechos constitucionales a fin de garantizar que todos los andaluces puedan estudiar en castellano en cualquier parte del territorio nacional y que no serán discriminados en función de la lengua a la hora de acceder a la Función Pública y participar en los correspondientes concursos para la provisión de puestos de trabajo en cualquier otra Comunidad Autónoma de España.

- 2. Establecer un sistema de ayudas a la iniciativa social que posibilite el derecho a la educación en lengua castellana de cualquier andaluz en otra Comunidad Autónoma.

- 3. Presentar un Proyecto de Ley en la Cámara andaluza para su remisión a la Mesa del Congreso de los Diputados para garantizar la igualdad de los españoles ante las administraciones públicas.

3. El Parlamento de Andalucía insta al Gobierno de la Junta de Andalucía para que a su vez inste al Gobierno de la Nación a adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio nacional.

ENTRE ELLOS "THIERRY", SUPUESTO NÚMERO UNO DE LA BANDA
Detenida en Francia parte de la cúpula de ETA que negoció con el Gobierno
La Policía francesa ha detenido a cuatro etarras en una operación desarrollada en Burdeos, mientras mantenían una reunión. Los cuatro detenidos son Javier López Peña alias "Thierry", considerado como el número uno de la banda, Ainhoa Ozaeta Mendiondo (la etarra que leyó el comunicado de la tregua de ETA) , Igor Suberbiola y Jon Salaberría, ex parlamentario de la antigua Batasuna. López Peña, Salaberría y Ozaeta participaron activamente en las negociaciones con el Gobierno de Zapatero.
Agencias Libertad Digital 21 Mayo 2008

Agentes de la Gendarmería francesa, en colaboración con la Guardia Civil, llevaron a cabo las detenciones pasadas las once de la noche en un apartamento del centro de Burdeos, cerca de la estación de ferrocarriles, según precisaron fuentes francesas próximas a la investigación.
Según informaron a Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista, la operación se llevó a cabo sobre las 23.30 horas en el sur de Francia, cerca de Burdeos, a pesar de que la legislación francesa prohíbe este tipo de detenciones durante la noche salvo que se esté cometiendo un delito flagrante. No obstante, el hecho de que los cuatro etarras estuvieran manteniendo una reunión como miembros de una organización ilegal, una circunstancia que se incluye como delito flagrante, precipitó las detenciones. El registro del apartamento no se realizará hasta la mañana de este miércoles y los detenidos pasarán la noche en la comisaría de Burdeos. Los etarras, que estaban armados, no se resistieron al arresto, agregaron.

La captura del número uno de ETA, junto a Ainhoa Ozaeta Mendikute, Igor Suberbiola y Jon Salaberría, fue posibilitada por una información de los servicios de información (RG) de la policía francesa. La operación está a cargo de la Subdirección Antiterrorista y de la policía judicial de Burdeos, señalaron las fuentes de la investigación, al precisar que la Fiscalía antiterrorista de París se ha hecho cargo del caso.

Las fuentes no pudieron indicar cuánto tiempo llevaban los cuatro etarras en el apartamento, ni si llevaban documentación falsa. Es la operación más importante contra ETA desde la llevada a cabo en 2004 en el suroeste de Francia contra Mikel Albizu Iriarte, "Mikel Antza", y a Soledad Iparragirre, "Anboto".

Javier López Peña alias "Thierry" (Galdácano, Vizcaya, 1958). Desbancó en el liderazgo de la banda a José Antonio Urrutikoetxea, "Josu Ternera", y participó en las últimas reuniones del proceso de negociación entre el Gobierno y la organización terrorista ETA. Considerado como el "número uno" de la organización terrorista, apostó por la ruptura del alto el fuego permanente en las últimas reuniones entre ETA y el Ejecutivo socialista.

Jefe de los pistoleros de la banda junto a Garikoitz Aspiazu, "Txeroki", y Aitzol Iriondo, "Gurbitz", ambos bajo sus órdenes, se le atribuye la orden para llevar a cabo el atentado de la T-4 el 30 de diciembre de 2006 que acabó con la vida de los ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, pero que no supuso el fin de las negociaciones como reconoció Zapatero.

Conocido con los alias de "Bartolo", "Zulos", "Pierre", "Marcel" y, finalmente, "Thierry", participó en diciembre de 2006 por primera vez como interlocutor de la banda terrorista. También estuvo presente en el último encuentro con el Ejecutivo en mayo de 2007. El 5 de junio del pasado año, poco después de este segundo y último encuentro, la banda hizo público el comunicado de fin de la tregua.

La Policía sospecha que dio la orden para realizar el atentado de la T-4 y los atentados posteriores llevados a cabo por la banda como el que el pasado 7 de marzo, dos días antes de las elecciones generales, acabó con la vida del ex concejal socialista de Mondragón Isaías Carrasco.

Los expertos antiterroristas sospechan que "Thierry" entró a formar parte de ETA en 1980. Tres años después fue detenido en las proximidades de la localidad francesa de Bayona junto a otros ocho presuntos miembros de ETA político-militar, entre ellos Arnaldo Otegi, que con el tiempo se convertiría en portavoz de la ilegalizada Batasuna. Después pasó a la clandestinidad y a partir de 1993 fue responsable de los escondites en los que la banda oculta armas y explosivos, pasando desde esta fecha a formar parte de la cúpula terrorista. A mediados de los noventa, se fugó a Cuba y a su vuelta se ocupó de los grupos de reserva.

Ainhoa Ozaeta Mendiondo. Tuvo un papel destacado en el anuncio del alto el fuego como la encargada de dar lectura al comunicado con el que la banda terrorista anunció la tregua. Ozaeta fue concejal de Batasuna en Andoain (Guipúzcoa) y es la novia de Ekaitz Urrutikoetxea, hijo de otro destacado dirigente de ETA: José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, "Josu Ternera".

Ozaeta era ya integrante del grupo negociador de ETA bajo la dirección de "Josu Ternera" cuando se inició la tregua. La Policía Científica atribuyó a Ainhoa Ozaeta ser la mujer que leyó el comunicado de "alto el fuego permanente" el 5 de junio de 2007. En 2003, Ozaeta formaba parte de la dirección de la ilegalizada Batasuna-ETA y mantuvo reuniones secretas con "Josu Ternera".

Era una de las dirigentes de Batasuna-ETA que se trasladaba periódicamente al sur de Francia para entrevistarse con la cúpula etarra. Desde la ruptura de la tregua, Ozaeta formó parte de la cúpula de ETA.

Jon Salaberría Sansinenea (San Sebastián 1969). Ex parlamentario de Euskal Herritarrok y Sozialista Abertzaleak en el Parlamento vasco. Fue detenido el 3 de agosto de 1995, cuando era procurador de HB en las Juntas de Guipúzcoa acusado de coordinar a los jefes de los distintos grupos de terroristas callejeros que atentaban por el territorio histórico. Tras prestar declaración en la Audiencia Nacional salió en libertad provisional previo pago de una fianza de cinco millones de pesetas.

El 3 de octubre de 1996 fue procesado por un delito de terrorismo callejero en diferentes localidades de Guipúzcoa. El 10 de octubre del mismo año fue detenido por la ertzaintza en San Sebastián para prestar declaración por un delito de insumisión. El 20 de julio de 1998, la Audiencia Nacional le condenó a un año de prisión como integrante de un grupo de apoyo a ETA. Sin embargo, fue absuelto de los delitos continuados de estragos y de pertenencia a banda armada. El 7 de diciembre de 1999, el Supremo le absolvió por falta de pruebas.

El 31 de julio, el juez Garzón procesó por pertenencia a ETA a 31 miembros de EKIN y pidió al TSJPV que investigara por los mismos motivos a Salaberría y Josu Ternera, dada su condición de aforados. El 19 de abril de 2002 la Fiscalía del Estado presentó una querella contra él por un delito de enaltecimiento del terrorismo por defender el terrorismo de ETA en un pleno del Parlamento Vasco. También por portar el féretro de la terrorista de ETA Olaia Castresana. El Tribunal le absolvió del anterior delito el 2 de abril de 2003, al no encontrar probado que el acusado fuera consciente de que el féretro que portaba estuviera cubierto por una bandera con el anagrama de ETA ni que, mientras portaba el féretro, profiriera el imputado gritos a favor de ETA.

No obstante, el 5 de septiembre de 2003 el TSJPV le condenó a 7 años de inhabilitación absoluta y uno de prisión por el delito de enaltecimiento de acciones terroristas en relación a sus manifestaciones en la Cámara Vasca sobre el terrorismo de ETA. Esta sentencia fue anulada por el Supremo el 23 de diciembre de 2004, al establecer que según la jurisprudencia del Constitucional "la inviolabilidad (de los parlamentarios) no es sólo una prescripción que exime de responsabilidad, sino incluso un privilegio frente a la mera incoación de todo procedimiento" judicial.

El 25 de mayo de 2005 la Audiencia Nacional dictó una orden internacional de detención contra él, al no presentarse a declarar ante ese tribunal como imputado en el sumario 35/02 en el que se investiga la subordinación de Batasuna a ETA y la financiación de la banda a través de las herriko tabernas.

Igor Suberbiola Zumalde (San Sebastián 1979). Está reclamado por la justicia, con orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de fecha 9 de junio de 2003 por un delito de pertenencia a banda armada. Fue detenido el 6 de marzo de 2001 junto con otros 15 jóvenes por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

El magistrado ordenó el 13 de febrero de 2002 libertad bajo fianza de 30.000 euros para Suberbiola, que estaba encarcelado por la causa abierta contra Haika (fusión de Jarrai y Gazteriak, la organización juvenil de apoyo a ETA que operaba en territorio galo). Tras pagar una fianza, abandonó la cárcel de Soto del Real (Madrid) y desde entonces permanecía en busca y captura.

En agosto de 2004, la Comisaría General de Información le identificó como uno de los terroristas de ETA encargados de preparar la campaña de atentados contra objetivos turísticos ese verano.

SE OPONE A QUE EL GRUPO MIXTO SE REPARTA LOS TIEMPOS
El PP impide que Rosa Díez tenga voz propia en los plenos del Congreso
Agencias Libertad Digital 21 Mayo 2008

La oposición del Grupo Parlamentario Popular que dirige Soraya Sáenz de Santamaría ha tumbado la petición formulada por Rosa Díez en la Junta de Portavoces para que en los debates plenarios puedan intervenir los cuatro partidos que conforman este grupo (CC, BNG, Na Bai y UPyD) distribuyendo su tiempo equitativamente, como se hacía en la pasada legislatura sin que el PP se opusiese. Dice el PP que no tiene animadversión hacia Rosa Díez sino que defiende el Reglamento del Congreso.

Fuentes del grupo popular han explicado a Efe que su negativa no obedece a ningún tipo de "animadversión" hacia Rosa Díez o las otras tres fuerzas políticas del Mixto, sino a la necesidad de respetar el Reglamento del Congreso y a que los tiempos de intervención en el pleno se adecúen a la representación proporcional de los grupos.

El artículo 75 del Reglamento establece en un máximo de tres los diputados del grupo Mixto que podrán intervenir en los debates, y el grupo popular entiende que la solicitud formulada en la Junta por Rosa Díez supondría una vulneración de esta norma.

Sin embargo, la diputada de UPyD ha apuntado a Efe que su petición, formulada en nombre de todo el grupo Mixto, se basa en el "sentido común", por cuanto debería permitirse hablar con voz propia a todos los partidos que lo componen, tal y como ocurrió en la pasada legislatura. Por su parte, el grupo popular opina que la distribución en cuatro partes del tiempo global del grupo Mixto comportaría en la práctica habilitar "cuatro minigrupos" en la Cámara Baja. De esta manera, se sobredimensionaría la representatividad de sus seis diputados respecto a los demás grupo, que cuentan con más parlamentarios en el hemiciclo. Sin embargo el PP en la pasada legislatura no puso reparos en una situación muy similar.

El planteamiento de Rosa Díez, quien anuncia que el Mixto volverá a insistir más adelante en la cuestión, no ha sido asumido por la Junta de Portavoces en la medida en que el presidente del Congreso, José Bono, entiende que para adoptar esta medida es necesario un acuerdo unánime, según ha apuntado esta diputada.

Feijoo dice apostar por el bilingüismo, pero en su blog personal sólo emplea el gallego
Redacción  Minuto Digital | Bilbao | 20 Mayo, 2008

El presidente del PP en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ayer, en una intervención en el Forum Nueva Economía criticó la política lingüística de la Xunta, afirmando que la normativa lingüística del Gobierno gallego “ha dejado la puerta abierta para que las clases en educación primaria y secundaria se impartan sólo en gallego”. “¿Por qué los nacionalistas se copian entre sí lo peor?”, agregó el presidente del PP gallego, para quien este tipo de políticas “empobrece” la educación.

Sin embargo no explicó por qué inicialmente el PP no se opuso al Decreto 124/07 que copiaba la política de inmersión lingüística catalana en la educación., y tan sólo tras el nacimiento de Galicia Bilingüe, un movimiento cívico espontáneo de rechazo a la imposición por la fuerza del gallego, ha variado su postura inicial. Tampoco explicó por qué con Fraga se obligaba ya a estudiar en gallego una buena parte de asignaturas, aparte lógicamente de la de lengua gallega, sin dejar libertad de elección a los padres y alumnos.

Ahora si se declaró partidario de fomentar el “bilingüismo” en Galicia, de forma que exista “libertad” para elegir la lengua en la que aprender en las escuelas y que, al mismo tiempo, se impulsen políticas para “conservar y proteger la lengua gallega”. “Cuando uno quiere demasiado a otro acaba ahogándolo, y los nacionalistas ahogan el gallego”, señaló.

Sin embargo, al igual que sucedía con la página web del PPdG, monolingüe, el blog personal de Núñez Feijoo (http://www.nfeijoo.blogspot.com/) sólo está disponible en gallego. En todas sus entradas el presidente del PPdG emplea el gallego, ni una vez el español. Menos mal que está a favor del bilingüismo.

Gallego + Castellano
JOSÉ LUIS QUINTELA JULIÁN La Opinión 21 Mayo 2008

Hace unos días se celebró, una vez más, el Día das Letras Galegas. Una explosión de júbilo y actividad para conmemorar, personificada cada año en un autor concreto, la riqueza de la literatura en el idioma gallego, lengua propia de Galicia.
Al socaire de este día, suele surgir también la polémica. Un conjunto de discrepancias que, para ser riguroso, no se circunscribe al 17 de mayo. Ciertamente, la cuestión de la convivencia pacífica del gallego y del castellano se plantea de modo difícil.

Yo soy de los que prefieren sumar, antes que restar. Y creo que, con el marco legal establecido actualmente, es fácil dar respuesta a la cuestión del bilingüismo. Galicia es una tierra afortunada, porque nos permite expresarnos en dos lenguas, hijas del latín, con las que llevar a cabo el fin supremo del lenguaje: entendernos. Con esta premisa, y con el Estatuto de Autonomía en la mano, se colige rápidamente el marco en materia de derechos y deberes del ciudadano con respecto al castellano y al gallego. Y esto es por lo que hemos de luchar: por la convivencia pacífica y armónica de los que se expresen en una, otra y ambas lenguas.

Lo he dicho más veces en este periódico: como primera aproximación al tema, si por ejemplo un juez o un registrador -y el personal técnico en dichas instituciones- no son capaces de entender una declaración o unas escrituras en gallego, que lo aprendan o dejen su puesto a otro más cualificado. Ellos prestan un servicio público y, estos, en Galicia, han de poder utilizarse en cualquiera de los dos idiomas oficiales de la comunidad autónoma. Otra cosa razonable es que, en cada uno de estos estamentos, y proporcionalmente al volumen solicitado, se derive al usuario por diferentes canales, que le atiendan en la lengua que elija.

Dando un paso más, y en buena lógica, lo mismo para el castellano. Si un ciudadano desea ser atendido en el idioma común de España, habrá que arbitrar los mecanismos oportunos para que se garantice dicha prestación de servicio. No todos los visitantes o residentes en nuestras ciudades conocen la lengua vernácula, y tienen los mismos derechos que los otros. Hay que garantizar este extremo, en aras del entendimiento.

Las instituciones de la comunidad autónoma, además, han de velar por el fomento, la normalización, el prestigio, el avance y el uso del gallego. Claro que sí. Y han de proponer, imaginativa y cabalmente, su extensión a nuevos ámbitos de la vida cotidiana, mucho más allá de la cultura y la educación. Con el objetivo de integrar el mismo en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y, así, hacernos partícipes a los ciudadanos y ciudadanas de tal empresa, porque el gallego es de todos, y hemos de devolvérselo engrandecido a nuestros hijos.

Pero, cuidado? Si eso significa imponer, multar, menoscabar, o discriminar al que opta, en libertad, por el castellano, entonces es que algo falla en nuestra sociedad. Esos fueron los argumentos que utilizó la dictadura contra el gallego, y flaco favor le haríamos a la libertad personal y colectiva si la imposición es nuestra aliada. Sería otra longa noite de pedra con los papeles cambiados?

Repito que el castellano y el gallego son, los dos, excelentes tesoros culturales que nos pertenecen a los ciudadanos y ciudadanas del mundo y, en particular, a los gallegos. Y hemos de vivirlos con la alegría que da tener no una, sino dos lenguas potentes con solera. Desde la libertad.
jlquintela@mundo-r.com

Galicia para los gallego-hablantes
Nota del Editor

Pues vaya con la libertad, hay que tener cara dura para emplear esa palabra y luego afirmar " si por ejemplo un juez o un registrador -y el personal técnico en dichas instituciones- no son capaces de entender una declaración o unas escrituras en gallego, que lo aprendan o dejen su puesto a otro más cualificado. Ellos prestan un servicio público y, estos, en Galicia, han de poder utilizarse en cualquiera de los dos idiomas oficiales de la comunidad autónoma.", vamos que también los urólogos y ginecólogos deberán dejar su puesto a otros cualificados en lengua propia, porque dadas las virtudes curativas de la misma, lo demás no tiene importancia.

Y mientran tanto, el Art. 3º de la Constitución Española, sin valor alguno, pues eso de deber de conocer el español, sólo tiene aplicación fuera de España, en el imperio donde no se ponía el sol.

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