AGLI

Recortes de Prensa    Sábado 31 Mayo 2008

Ante el separatismo, sin paños ni vendas
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 31 Mayo 2008

El desafío de Ibarretxe tiene una virtud. Nos pone ante la realidad que siempre nos han pretendido hurtar los unos y los otros. Los unos, el nacionalismo independentista (y el PNV a lo visto y leído se desenmascara por completo en este sentido) plantean sin pelos en la lengua que el País Vasco no es parte de España, que el pueblo español nada tiene que decir sobre lo suyo pues ellos son soberanos. El hecho mismo de hacer el referéndum supone de hecho hacer un ejercicio de esa soberanía. Los otros porque ya no se pueden llamar ni seguirnos llamando a engaño, ni ahí ni en Cataluña, ni en un descuido Galicia y tal vez pasado mañana Baleares.

El separatismo es el problema esencial del Estado español. La apuesta autonómica no sólo no ha resuelto nada sino que ha exacerbado hasta extremos inconcebibles lo que tan sólo se planteaba como descentralización y autogobierno siempre claro dentro del conjunto del Estado y de la Nación. Las concesiones y las vendas en los ojos tan sólo han servido para que insaciablemente el nacionalismo clave cada vez su pica un poco más lejos y acabe por llegar a la frontera deseada. Se llame el piquero Carod Rovira o se llame Ibarrtexe o se apellide Mas, da igual que da lo mismo. Los modos son diferentes , la estrategia parecida , el fin idéntico.

La estrategia de Zapatero de concesiones y complacencias en absoluto ha calmado las ansias (la exacerbación no era por causa de Aznar , sino porque esta en su hoja de ruta) sino que las ha espoleado. Incluso les ha dado argumentos. El más doloroso el del lenguaje empelado en la penosa negociación con ETA. “Déme a mi lo que se supone que estaba dispuesto a darles a ellos” dice el lendajkari. O sea, que reconoce , sin ambages, que su objetivo es el mismo. Pero hay algo esencial donde se cae. Tal vez ZP estuviera al borde de concesiones irreparables con ETA. Pero no le dejó el pais, no pudo o hasta podemos conceder que al fin no quiso. No se hicieron, que es lo que importa, en suma.

Vale pues como propaganda. Contra el Gobierno y contra ZP. Pero , y bienvenida sea la firmeza, es otro tiempo y espero que otro cuajo el del Presidente. Porque algo si hay que reconocer a su táctica. Electoralmente los ha minado y en su maniobra está ahora el mellarles los dientes en las urnas. Una recta intención con muy torcidos renglones. Pero puede que eficaz.

Pero antes tiene que dar las cara y atacar de frente. Porque no queda otro remedio que la respuesta. Que sólo es una. Esta en el articulo 1.2 del Título Preliminar de la Constitución Española: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.

Lo que Ibarretexe pretende, desde su anterior pretensión de que Euskadi no es parte de España, es expropiar al conjunto del pueblo español su soberanía sobre uno de sus territorios. Se trata de una usurpación de un robo, de peor de los robos a un pueblo: su soberanía. Que no puede ni trocearse ni enajenarse. España si que tiene y tiene todo que decir en Esukadi o en Cataluña. Y el socialismo después de tanta sumisión y genuflexión ante los nacionalismos bien haría en volver a recordarlo.

La segunda vulneración constitucional es que Ibarretxe, cuyo poder deriva por cierto de esa Constitución, no tiene atribuciones para convocar referedum: Art 92.2 “El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados”. Pues sin duda esta cuestión compete a todos los ciudadanos y es de especial relevancia.

El nacionalismo es el cáncer de la actual Europa y esta degenerando ya en casi una metástasis en España. Una ideología profundamente reaccionaria, más atrás en tiempo político y de progreso social de la propia revolución francesa que pone a los territorios por encima de los ciudadanos, que se retroatrae a la confrontación tribal por cualquier razón o excusa a que pueda agarrarse, lengua, invención histórica o mito racial. El nacionalismo es hoy, además, el escollo definitivo para la verdadera entrada en el futuro de España como nación de peso y de respeto en Europa. El plantar cara definitivamente, en lo ideológico y en lo pragmático, a este asunto ha de comenzar cuanto antes. La ciudadanía española ha retrocedido demasiado , en demasiadas cosas y durante demasiado tiempo por complacer a quienes destapan siempre odios, agravios y ansias de vindicación contra lo que nos es común y nos une. Y es hora de que como ciudadanos de un mismo estado y de una misma Nación digan basta a un hurto continuado de sus derechos y de sus igualdades. No es mucho esperar de sus representantes a los que de una manera tan masiva han votado-suponen casi el 90 por 100 de la cámara- estén de una vez a su lado y no del lado de quienes quieren expropiarle su soberanía.

Las vacas flacas
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 31 Mayo 2008

YA conocen ustedes la diferencia entre recesión y depresión. Recesión es cuando nuestro vecino pierde el empleo. Depresión, cuando lo perdemos nosotros. La economía española se encuentra en el primer estadio, aunque avanza rápidamente hacia el segundo, con aumento de paro y subida de precios simultánea. ¿Qué ha hecho el Gobierno ante ello? Pues, de entrada, negarlo. «Turbulencias pasajeras», lo definió el presidente, que incluso se atrevió a predecir que en unos meses quedarían atrás. Luego, cuando arreciaron, alardeaba de nuestro superávit y de la solidez de nuestras cuentas. Y cuando amenaza ya con convertirse en galerna, lo atribuye a factores externos, subida del petróleo, hipotecas norteamericanas, o echa mano de ese remedio de tontos que es decir que va mal a todos. Aunque los tontos, en este caso, seamos nosotros, que debemos creerle.

No voy a echar la culpa al Gobierno de la crisis económica, cuyo origen, en efecto, es externo. Pero se la echo de no haber cumplido con su deber, al no haberla previsto ni estar tomando las medidas necesarias para atajarla, ya que los 400 euros de rebaja fiscal son algo así como intentar apagar un incendio con un balde de agua.

Había señales más que suficientes para prever esta crisis, su calado y su magnitud. Tanto los expertos como los indicadores económicos lo venían anunciando, por lo menos, desde el otoño pasado. Sin embargo, el Gobierno de Zapatero los desoyó, en vez de empezar a tomar las medidas oportunas, la primera de las cuales era reconocer la existencia de la crisis, sin lo cual, malamente podía atajársela. Con lo que hemos pasado de tener una de las economías más boyantes de Europa, a una de las más amenazadas. Alemania, Francia, el Reino Unido, con una base industrial y un productividad mucho más firme que la nuestra, hace ya tiempo que vienen concienciándose y preparándose para ello, por lo que su situación es bastante mejor, como muestran sus indicadores económicos.

«Hizo lo que no tenía que hacer y no hizo lo que tenía», será la sentencia definitiva del primer mandato de Zapatero. Se dedicó a negociar con ETA, a reformar -o deformar- los estatutos, a la memoria histórica, a los matrimonios homosexuales, a la educación para la ciudadanía, a la alianza de civilizaciones y a otros asuntos que no urgían y en muchos casos eran contraproducentes a la vista de sus consecuencias. Y descuidó la economía, la productividad, la verdadera educación, el desarrollo tecnológico, la cohesión de los españoles y todo aquello que pone las bases del desarrollo sólido de un país. Con el agravante en nuestro caso de que uno de los elementos más importantes para salvar las crisis económicas es la confianza. Y Zapatero la ha destruido con su serie ininterrumpida de mentiras, de las que, como es habitual en él, no se ha retractado. Hay que reconocer, sin embargo, que parte de la culpa nos toca a los españoles. No quisimos oír a quienes nos decían que aquel era el camino equivocado. Hoy, cuando el vecino pierde el empleo, empezamos a saber adónde conduce.

La conversión del PP vasco en PSE
Desgraciadamente, la dirección del PP parece dispuesta a traicionar a quienes han luchado y siguen luchando contra el nacionalismo obligatorio. Normal que María San Gil no quiera continuar dirigiendo el PP vasco en estas condiciones.
EDITORIAL Libertad Digital 31 Mayo 2008

La enmienda presentada por afiliados del PP de Vizcaya demuestra que también existen patxis lópez entre los populares vascos, plenamente dispuestos a sustituir a María San Gil para hacer la labor de acercamiento al nacionalismo que alejaría definitivamente a su partido de una parte considerable de su electorado, la suficiente como para hacer imposible el empeño de volver a ganar las elecciones.

Pero los nacionalistas no se lo van a poner fácil. Resulta arduo defender que los "extremistas" son los herederos de Batasuna, cuando los supuestamente moderados nacionalistas del PNV presentan un órdago con el objetivo –extremo donde los haya– de secesionar el País Vasco de España. Por eso, es natural que un político tan inteligente y escaldado como Vidal-Quadras le haya recordado a Gallardón que pretender "invitar" a los nacionalistas a participar de un "liderazgo español global" es insultar su inteligencia. Y la de todos los que hemos tenido abiertos los ojos desde la firma del Pacto de Estella, cabría añadir.

En un contexto como éste, en el que el nacionalismo ha explotado al máximo el poco interés de los socialistas por defender la unidad de España, parece que hay demasiadas voces en el PP, empezando por la de quien aún lo preside, empeñadas en diluir el mejor patrimonio del partido de la derecha española, que es precisamente el haber terminado como el único nacional. Las fuertes críticas de la izquierda al intento de "patrimonializar" la bandera y el himno se deben a que los socialistas han renunciado a estos símbolos y temían, con razón, la huida de un numeroso contingente de votantes al PP.

Ha sido la defensa de la unidad de España lo que le ha permitido crecer al PP, pues ha sido el refugio del voto útil de una izquierda cuyo destino natural sería el partido de Rosa Díez. Si Rajoy no ha tenido más éxito en esta empresa ha sido por la poca convicción con que la ha defendido, expresada en su renuncia a meter en cintura a líderes regionales como Camps o Arenas, que han pactado estatutos autonómicos con los socialistas que caminan por el sendero de la disolución de la nación española, y no de su reafirmación.

España es una realidad en cuya defensa deben empeñarse los liberales, pues de su pervivencia depende nuestro régimen de libertades que, aun imperfecto, sigue siendo mejor que las alternativas, como se puede observar claramente en aquellas zonas de nuestro país donde menos presencia tiene el Estado español. Y eso no se consigue claudicando, como pretenden Olazábal y los suyos, sino manteniéndose firme en los principios en todas las circunstancias, como ha hecho Santiago Abascal rompiendo la papeleta secesionista de Ibarretxe en el Parlamento vasco.

Desgraciadamente, la dirección del PP parece dispuesta a traicionar a quienes han luchado y siguen luchando contra el nacionalismo obligatorio. Normal que María San Gil no quiera continuar dirigiendo el PP vasco durante su conversión en una versión de derechas del PSE.

Referéndum independentista
La kutxa de Pandora
Habiendo hablado con ETA de los mismos temas y en parecidos términos, el Gobierno hace bueno el comentario de Ibarretxe: ¿por qué no hablar con un representante democrático si se ha hecho con los terroristas?
GEES Libertad Digital 31 Mayo 2008

De los problemas que Ibarretxe plantea al Estado, el más grave es el que afecta a la capacidad de acción del Gobierno. Primero, porque con un Gobierno fuerte en la defensa de la Constitución y la nación española los nacionalistas no hubiesen ido tan lejos. Estos huelen la debilidad: cuando perciben un Gobierno no comprometido con el Estado, aumentan sus exigencias, lo acosan y lo desangran. Cuando un Gobierno tiene creencias fuertes y les planta cara, moderan sus exigencias. Lo de Ibarretxe será un desafío a todos los españoles, pero sólo podía pasar con el Gobierno del talante: a Aznar no le hubiese ocurrido esto.

Pero con un Gobierno que no cree en la Constitución, dispuesto a ceder más y más a los nacionalistas, las exigencias de estos aumentan. Los nacionalistas, en el País Vasco y Cataluña, se han dado cuenta de que el Gobierno de la nación está ideológicamente desarbolado para hacerles frente. Por eso aumentan la presión, y lo hacen a dúo entre las dos regiones.

En segundo lugar, con un Gobierno abiertamente constitucional, un desafío así se podría solucionar. Con problemas y traumáticamente, pero se podría. Este es el problema fundamental: la falta de legitimidad del Gobierno de Zapatero para hacer frente al desafío de Ibarretxe. Primero porque lleva tanto tiempo jugando con los límites de la Constitución, ha desprestigiado de tal manera la Carta Magna, que le es difícil, por no decir imposible, transmitir la gravedad del problema a la sociedad española. Si Patxi López va por ahí diciendo lo mismo que Ibarretxe pero sin Ibarretxe, no está muy claro porqué los españoles van a confiar ahora en que Zapatero se oponga a un plan que su partido está presentando al mismo tiempo pero con distinta firma.

Y segundo, porque habiendo hablado con ETA de los mismos temas y en parecidos términos, el Gobierno hace bueno el comentario de Ibarretxe: ¿por qué no hablar con un representante democrático si se ha hecho con los terroristas? La diferencia está en que Ibarretxe propone hablar en público lo que Zapatero habló en privado. Si Zapatero cree honrosos los acuerdos a los que llegó con ETA, no tiene sentido que no crea en ellos cuando lo hace con Ibarretxe. Este lo sabe, y por eso se lo recuerda. Y ZP se tiene que callar.

Cuando el PSOE se alejó de los dos principios que están aquí en juego, la defensa de la Constitución y de la nación española, pudo ganar elecciones merced al voto radical, pero dejó desguarnecido al Estado. Ahora su esperanza está en ganar las elecciones en el País Vasco, pero da miedo lo malparada que podría salir la unidad de España con un lehendakari como Patxi Lopez, que llama a "construir la nacionalidad vasca" y a crear órganos con Navarra. Ahora la alternativa es entre menos España o mucho menos España.

En el fondo, ha sido Zapatero quien ha abierto la caja de Pandora en el País Vasco. Fue él, sin ayuda ni presión del nacionalismo vasco o ETA, quien decidió deconstruir la Constitución y el Estatuto de Guernica para dar lugar a otra cosa. Sus comentarios ante la tregua etarra y la necesidad de "reconstruir la convivencia social en Euskadi" impulsaron la agenda política en la dirección que ETA y el PNV pedían. No son ellos quienes han cambiado, sino el PSOE. ¿Puede ahora ser este quien solucione el problema? En abstracto, quizá. Pero el problema sigue siendo que el responsable de todo esto, Zapatero, no parece mostrar signos ni de arrepentimiento ni de fortaleza, sino todo lo contrario.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Cuando los vascos decidían
JUAN MANUEL DE PRADA ABC 31 Mayo 2008

LAS preguntas de la «consulta» impulsada por Ibarretxe, en la que el delirio segregacionista sólo queda atemperado por un delirio sintáctico digno de aquel hidalgo vizcaíno caricaturizado por Cervantes, nos invitan a una melancólica reflexión sobre el «derecho a decidir» de los vascos. Porque hubo un tiempo, antes de que una ideología esterilizante lo desecase, en que el genio vasco se expresó de modo rotundo; y esa expresión sin ambages hizo posible la constitución de España. El genio vasco ya se había manifestado en ocasiones anteriores (basta que recordemos a las mesnadas de Diego López de Haro, batallando junto al ejército castellano en Las Navas de Tolosa), pero sería en 1470 cuando mostrara su adhesión al proyecto que impulsaban quienes luego serían conocidos como Reyes Católicos. Isabel y Fernando apenas contaban por entonces con valedores de su causa, mientras los adeptos de la Beltraneja crecían como la espuma. En otoño de ese año, el rey Enrique IV reconocería solemnemente a su malhadada hija como sucesora al trono, infringiendo los compromisos de Guisando. La soledad de Isabel y Fernando es asfixiante: el desaliento y la falta de recursos los sitúan al borde de la claudicación, mientras los nobles del séquito de Enrique IV reciben donaciones a mansalva. Isabel y Fernando mandan entonces emisarios a Borgoña e Inglaterra, solicitando a los soberanos de estas naciones que se comprometan a respetar los privilegios de navegación y libre comercio de los marinos vascos en sus aguas.

A los hidalgos vascos no les pasó inadvertido este gesto de los futuros unificadores de los Reinos de España; y correspondieron reconociendo la legitimidad de Isabel al trono de Castilla. Así se convirtieron en los primeros aliados y valedores de su maltrecha causa. Enterado del movimiento de los hidalgos vascos, Enrique IV viajó hasta Vizcaya, dispuesto a ofrecerles todo tipo de privilegios a cambio de que traicionaran a Isabel. La respuesta de los hidalgos vascos fue inamovible; su eco restallante no podrán apagarlo los libros de seudohistoria que obligan a los niños vascos a aprenderse en las ikastolas: «Antes morir que abandonar su obediencia». Y, en prueba de gratitud a esa expresión del genio vasco, Isabel y Fernando se preocuparon de que las empresas más relevantes de la Corona fueran siempre acaudilladas por vascos. Apellidos como Elcano, Oquendo, Legazpi, Blas de Leza, Garay o Churruca bastan para demostrar que Isabel y Fernando no se habían equivocado al medir el temple de los vascos.

Pero el genio vasco aún daría otra prueba acaso más acabada de su «derecho a decidir». Un segundón de Azcoitia llamado Íñigo decide abandonar las armas, después de ser herido en campaña militar, y engrosar otra milicia mucho más exigente. La posteridad lo conocerá como San Ignacio de Loyola: es el vasco, acaso también el español más asombroso que vieron los siglos; funda la Compañía de Jesús, y sus soldados capitanean las dos empresas más vigorosas de la época, dos empresas españolas que serían inexplicables sin el concurso del genio vasco: la Contrarreforma y la evangelización del Nuevo Mundo. Y es que el genio vasco, mientras existió, decidió ser español; no por adherencia o incrustación, sino constitutivamente español. España, simplemente, no hubiese existido sin el concurso del genio vasco, que es ante todo genio católico, en la acepción religiosa de la palabra y también en la etimológica; o sólo habría sido una aglomeración de reinos de taifas, como nos explica Menéndez Pelayo.

Pero hubo un día en que el genio vasco se esclerotizó, sustituyendo su esencia constitutiva por una ideología que, para fortalecerse, quiso apropiarse de las esencias vascas, desnaturalizándolas. Y así, el nacionalismo, que se proclamaba católico, fue usurpando los rasgos constitutivos del genio vasco; y la mejor prueba de este proceso de usurpación es que, a medida que los vascos eran más nacionalistas, en lugar de ser más católicos, lo eran menos, pues lo artificioso siempre agosta y deseca lo que en el hombre hay de vocación natural, suplantándolo por una gangrena que coloniza todos los ámbitos de la vida, aun aquellos que son patrimonio del alma. Llegados a este extremo de desnaturalización, a los vascos se les quiere consultar sobre su «derecho a decidir» dejar de ser vascos; esto es, a renegar de su genio, de su alma constitutiva.
www.juanmanueldeprada.com

ETA-FARC, acuerdo siniestro
Editorial ABC 31 Mayo 2008

LAS informaciones sobre la relación estrecha entre ETA y las FARC colombianas, confirmadas por ABC, revisten una extraordinaria gravedad. El ordenador del guerrillero Raúl Reyes ofrece pruebas concluyentes sobre los propósitos criminales del grupo narcoterrorista y, en particular, sobre el entrenamiento de etarras en Colombia con la intención de atentar -entre otros- contra el ex presidente Pastrana. Debe recordarse que este mandatario, acusado a veces de contemporizar con las FARC, causó un daño notable a la organización al lograr que fuera inscrita en la lista internacional de bandas terrroristas. Este intercambio de favores entre grupos sanguinarios debe ser investigado a fondo y el Gobierno tendrá que ofrecer en su momento la información precisa a la opinión pública. Es bien sabido además que Venezuela ha sido con frecuencia lugar de refugio para miembros de ETA y aquí se produce una conexión con Hugo Chávez cuyos tratos con las FARC han salido a la luz en los últimos tiempos. Al amparo de su retórica populista, el dictador venezolano se ha convertido en promotor de las causas menos recomendables en aquel continente y cualquier relación entre las FARC y ETA salpica a quienes han otorgado a los guerrilleros un protagonismo político que nunca debe ejercer una banda criminal.

La lucha contra el terrorismo exige una pluralidad de actuaciones políticas y policiales que deben estar plenamente coordinadas. No basta con la colaboración francesa, aunque sea por supuesto muy satisfactoria. Tampoco es suficiente declarar que ya no habrá más diálogo con ETA o afirmar que el Gobierno será «implacable» en esta materia. Bien está que se haya recuperado la única línea sensata de actuación, aunque no será fácil recuperar los años perdidos en una negociación que ha dado alas a los terroristas. Por desgracia, estamos lejos del final de la banda, cuya capacidad para matar está más que demostrada con independencia de la valoración -ahora discutida- de las recientes detenciones en suelo francés. Entre las líneas de actuación figura, sin duda, la cooperación internacional, y desde esta perspectiva resulta muy preocupante que no se haya detectado con suficiente precisión la conexión de los etarras con sus homólogos colombianos. Los nexos entre las FARC y Hugo Chávez ponen en evidencia una vez más los gravísimos errores de la política exterior que practica el Ejecutivo. La preferencia innegable hacia el caudillo bolivariano sólo ha traído problemas para los intereses españoles, como era fácil prever dadas las características del personaje. Ni siquiera la cumbre del famoso «¿Por qué no te callas?» ha servido de escarmiento para Rodríguez Zapatero y ya se han producido nuevos gestos de buena voluntad hacia un gobernante que no merece la confianza de los países democráticos. En el peor de los casos, la complicidad del Gobierno con Chávez favorece los planes de ETA en su expansión internacional, rompiendo así de forma torpe e innecesaria la imprescindible política de persecución sin tregua.

ETA sigue a lo suyo, y ayer mismo hacia público su criterio sobre la consulta ilegal que promueve Ibarretxe, considerándola un «fraude disfrazado de reforma estatutaria». Como siempre, los terroristas están en favor de la autodeterminación, la construcción del Estado vasco y la independencia sin matices. No sorprenden a nadie tales planteamientos, si bien algunos deben tomar buena nota de que no hay manera de buscar acercamientos con quienes sólo pretenden una solución maximalista. Si el lendakari busca atraer votos radicales con su desafío al Estado, debería tener muy claro que hay sectores irreductibles que el PNV no conseguirá atraer por mucho que se radicalice. ETA es un grupo de criminales respecto de cuyo final hay que evitar cualquier triunfalismo. Sólo sabe matar y extorsionar y, como se acaba de demostrar, busca apoyos internacionales para el intercambio de favores siniestros.

Unionistas frente a federalistas
¿María San Gil en UPyD?
Hoy lo que parece más natural es que Rosa Díez y María san Gil acaben juntas en el mismo partido, uno que, sea o no de izquierdas, defienda, por encima de todo, la unidad de España.
Emilio Campmany Libertad Digital 31 Mayo 2008

Nos cuentan los sociólogos que la mayoría de los votos que Unión Progreso y Democracia consiguió el 9 de marzo pertenecían al Partido Popular. El último barómetro del CIS augura una importante mejora de los resultados del partido de Rosa Díez a base de ex-votantes de Mariano Rajoy. Es curioso que un partido nacido de una escisión del PSOE, un partido que se dice de izquierdas, liderado por una mujer de izquierdas, logre hacerse con una estimable base electoral integrada por gente supuestamente de derechas.

Puede que la explicación al enigma se encuentre en el hecho de que los votantes de Rosa Díez no son tanto de izquierdas o de derechas, como esencialmente unionistas. Es posible que en su mayoría se trate de izquierdistas que, desilusionados del PSOE federalista de Zapatero, huyeron al unionista PP. El que su destino natural fuera el más unionista partido de Mariano Rajoy no los convierte en liberal-conservadores. No puede extrañar que estos unionistas de izquierdas, resueltos a no votar a Zapatero y poco entusiasmados ante la idea de hacerlo por Rajoy, hayan respirado ante la oportunidad de irse con Rosa Díez.

Eso no quita para que algunos de los que votaron a UPyD el 9 de marzo fueran electores genuinamente populares, personas de derechas poco o nada inclinadas a votar al PSOE bajo ninguna circunstancia, mosqueados por el apoyo del PP a las reformas estatutarias de Valencia y Andalucía, de clara inspiración federalista. Pero, en su mayoría, los votantes de UPyD debieron ser votos de izquierda unionista, que, por unionistas, fueron, o podían serlo en el futuro, votantes circunstanciales del PP.

Si, como parece más probable, el PP sale del congreso de junio convertido en un simpático partido federalista, la huída de votos populares hacia UPyD puede ser espectacular, especialmente en la cita de las europeas de junio de 2009, en las que, por ser de circunscripción única, el elector de las provincias pequeñas, normalmente obligado por la ley D'Hondt a elegir entre uno de los dos grandes, podrá votar por el partido con cuyos ideales se sienta más identificado.

De hecho, en España está empezando a ocurrir algo parecido a lo que lleva lustros ocurriendo en el País Vasco, que la raya a la que se enfrenta el elector que se pregunta si debe o no cruzarla no es la que separa a la izquierda de la derecha, sino la que contrapone a federalistas y a unionistas.

No es casualidad que la cabeza visible de UPyD sea una valiente vasca desencantada de la falta de nervio del PSOE a la hora de defender a la nación. Tampoco lo es que sea una vasca, no menos valiente, la dirigente del PP que más contundentemente ha denunciado la deriva federalista que su partido soporta desde que perdiera las elecciones del 9 de marzo. Y es que es allí, en el País Vasco, donde más fácilmente se percibe lo inclinada que es la cuesta por donde nos estamos todos deslizando.

El caso es que la nación española se encuentra tan amenazada y los dos grandes partidos que deberían defenderla tan desentendidos de hacerlo, que hoy lo que parece más natural es que Rosa Díez y María san Gil acaben juntas en el mismo partido, uno que, sea o no de izquierdas, defienda, por encima de todo, la unidad de España.

LA CONSULTA DE IBARRETXE
El 'preguntazo' o la desmesura rampante
CARMELO BARRIO BAROJA EL Correo 31 Mayo 2008

SECRETARIO GENERAL DEL PP DEL PAÍS VASCO

El proyecto de ley aprobado el pasado miércoles por el Gobierno vasco a propuesta de Ibarretxe por el que se convoca y 'regula' una consulta popular... para efectuar dos preguntas 'de parte' es una nueva fase de la incursión de este lehendakari en la obsesión por la ruptura y el afán de dar la razón a los violentos, además de a Sabino Arana, al aprovechar con desparpajo solemne y sin complejos la presión antidemocrática y terrorista que aquéllos ejercen en nuestra tierra y disfrazarla de conflicto.

Hoy, a las coces que nos da la violencia hay que sumar una vez más las que nos dan la radicalidad nacionalista y sus denodados esfuerzos por romper. El proyecto de ley se ha aprobado contra la historia de los vascos, contra la ley, contra los intereses reales de una sociedad democrática y moderna, contra España y contra el sentido común. No es este acto político del Gobierno vasco más que una nueva clavija en la escalada independentista que un día lidera Ibarretxe y otro ETA.
Cuando peor se encuentra el nacionalismo vasco en nuestra reciente historia, más agudo suena el diapasón de la estridencia rupturista, hasta tal extremo que ensordece al propio Euskadi buru batzar, incapaz de reaccionar ante el desafío que uno de sus afiliados ha realizado al conjunto de la sociedad de la que hasta ahora se sentían fieles guardianes. Y es que el PNV sigue tropezando en sus propios errores.

En el último congreso jeltzale, el de la sustitución de Imaz por Urkullu, éste no tuvo ni el saber, ni el poder, ni la sensibilidad suficiente como para haber encarrilado el tren de la ruptura. Y ahora se encuentran con un 'por libre' que condiciona 'a posteriori' los planteamientos políticos que hace el presidente del EBB, que se olvida de los partidos políticos para discursear a los ciudadanos nacionalistas radicales y que ve en el enfrentamiento entre vascos y con España una estrategia electoral, disfrazada de solemne convencimiento histórico, donde Batasuna y los defensores de ETA se convierten en el oscuro objeto de deseo. Y ésa es una estrategia vieja que por fortuna ya no le sirve prácticamente al nacionalismo institucional.

La desmesura rampante es la huida hacia delante de Ibarretxe y su insólito Gobierno, prologado por su peculiar Consejo político. Todos sus miembros especializados en poner cara de 'solemne acontecimiento hacia la autodeterminación'. Pero no siempre tenemos que tragarnos lo que nos cuentan desde Ajuria Enea como una fatalidad insuperable. A lo presentado por el Ejecutivo se le ponen objeciones políticas, jurídicas y sociales que serán imposibles de superar por los arquitectos de la ruptura. He aquí, a modo de ejemplo, este decálogo que pone en evidencia la inconsistencia del 'preguntazo'.

Primero. Este proyecto de ley no arregla ningún problema a los vascos, genera oscuras incertidumbres e inseguridades en nuestra convivencia, ha descolocado al PNV, fortalece a ETA y no está sustentado en la razón política, jurídica, ni histórica.
Segundo. El proyecto de ley tiene definitivas dificultades reglamentarias y de tramitación política. No es constitucional y pretende regular cuestiones que escapan a las competencias y a la capacidad de actuación del Parlamento vasco.

Tercero. Se ha pedido que su tramitación legislativa sea en la Cámara por el procedimiento de lectura única (sin enmiendas) y eso supone desposeer a los parlamentarios de la capacidad de corregir o enmendar un proyecto de ley como ocurre en cualquier parlamento democrático. Es decir, la petición del Gobierno, adjunta al proyecto de ley de consulta, vulnera el derecho constitucional de los parlamentarios a realizar su función representativa. Y además no se justifica el procedimiento de lectura única en ningún argumento jurídico con acomodo en el Reglamento del Parlamento vasco.

Cuarto. En lo material tiene profundos errores de técnica legislativa que obedecen a la pretensión de hacer una ley de artículo único para forzar un único e injustificado debate de totalidad. Y además regula en disposiciones adicionales lo que tendría que estar regulado en artículos de un proyecto de ley o en disposiciones finales. Es decir, además de inconstitucional es chapucera.

Quinto. Se juega conscientemente con el hecho de que se producirá un periodo de conflictividad institucional. El Gobierno vasco quiere colisionar en su actuación con las instituciones constitucionales. Y sabe que los tribunales suspenderán primero y tumbarán definitivamente la ley que irregularmente se apruebe.

Sexto. Se ha construido un instrumento político de confrontación sustentado en una entelequia: la coyunturalidad de un discurso de Ibarretxe pronunciado en septiembre de 2007 y que contenía una oferta institucional que sólo ha recogido el propio oferente. Es decir, el lehendakari ha presentado este órdago como un pacto consigo mismo. ¿Por qué no se ha presentado antes el proyecto? ¿Por qué hay que votarlo el 25 de octubre? ¿Por qué el pleno parlamentario tiene que ser el 27 de junio? ¿Por qué Izquierda Unida sigue avalando la pretensión de ruptura del Estado constitucional?

Séptimo. Por Territorios Históricos este proyecto de ley sería fulminado en las Juntas Generales de Álava, en las de Vizcaya -el PNV del señor Bilbao está en contra- y a duras penas obtendría respaldo en Gipuzkoa. Y me refiero a las juntas generales de los territorios históricos. Porque son tan incapaces jurídicamente de aprobar este proyecto de ley como el propio Parlamento vasco.

Octavo. Por sensibilidades políticas esta consulta no se presentaría, ya que sería papel mojado si detrás no estuviera ETA indicando el sentido del voto al Partido Comunista de las Tierras Vascas, al que Ibarretxe ha situado en un papel arbitral, como en otras ocasiones.

Noveno. La flojera política del PSOE y de Zapatero con el nacionalismo, al que en los últimos años le han puesto alfombra roja presupuestaria y política en Euskadi; la incapacidad de haber neutralizado legalmente al PCTV y la imposible e ilegítima negociación de Loyola han propiciado también el clima de la desmesura rampante de Ibarretxe. Precisamente el fundamento de ésta han sido los errores de aquéllos.

Décimo. Convertir una obsesión o una ensoñación en un proyecto de ley es como transformar un pensamiento filosófico en una sentencia condenatoria.

A estas reflexiones sería necesario añadir cientos de análisis jurídicos y políticos que descalifican esta iniciativa con la que volvemos a la espiral de la desconfianza y la inseguridad. No digamos los cientos de argumentos de sentido común, de oportunidad y de racionalidad que la descalifican. El 'preguntazo' se proyecta como una nueva fórmula contra nuestras necesidades democráticas y civiles. Ahora sólo queda confiar de nuevo en la fortaleza del Estado de Derecho porque es éste el que tiene que garantizar que definitivamente la terquedad no se imponga a la normalidad.

El alcalde
Luis del Pino Libertad Digital 31 Mayo 2008

Tanto la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M como la AVT han salido en defensa de Federico Jiménez Losantos ante la querella de Alberto Ruiz Gallardón.

El alcalde de Madrid, en lugar de querellarse contra quienes han cometido perjurio delante de los jueces encargados de instruir y juzgar el sumario por la masacre de Madrid, lo que ha hecho es intentar silenciar a quien le reprocha, precisamente, que no se haya puesto del lado de esas víctimas que claman porque los poderes públicos les aclaren de una vez quién asesinó a 192 personas y con qué objetivo.

¿Cuántas veces se ha reunido usted en cuatro años con la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, señor Ruiz Gallardón? ¿Podría decirnos si ha proporcionado usted alguna ayuda de algún tipo a esa asociación que cuestiona la versión oficial del 11-M? ¿Ha derramado usted alguna lágrima al lado de alguna de las víctimas de esa asociación, que están pidiendo a gritos que les dejen de una vez de mentir? ¿Ha intentado usted alguna vez escucharlas?

¿Se ha atrevido usted en alguna ocasión, señor Ruiz Gallardón, a mirar a los ojos de alguno de los miembros de esa asociación y a decirle que hay que mirar al futuro, que la instrucción judicial del 11-M es extraordinaria o que tenemos todos que pasar página?

Aunque he de confesar que la pregunta que más me gustaría hacerle es otra, señor Ruiz Gallardón: ¿cómo hace usted para conciliar el sueño por las noches?

Yo, en su lugar, sería incapaz de dormir. Me lo impediría la vergüenza.

El impulso fallido del déspota
César Vidal Libertad Digital 31 Mayo 2008

Sin duda, Tiberio es una de las figuras más trágicas de la Historia romana. Virtudes no le faltaban, desde luego. Fue uno de los mejores generales de su época y nadie le negaría una capacidad para la administración ciertamente notable. Sin embargo, sus dotes intelectuales estaban infectadas por los complejos y el resentimiento.

Precisamente por ello, desde que accedió al poder en el año El im 14 d. de C., se esforzó por impedir las críticas contra su persona e incluso emprendió acciones despóticas contra personajes de renombre que habían tenido la osadía de poner en tela de juicio su comportamiento. Esa conducta sería objeto de repetidos análisis destacando entre ellos el de Tácito que dejó escrito en sus Anales lo siguiente: “Se puede uno burlar a gusto de la estupidez de aquellos que creen que con su poder del momento pueden incluso extinguir lo que recuerden las próximas generaciones. Pues, por el contrario, con el paso del tiempo aumenta la estima hacia aquellos talentos a los que se ha castigado y tanto los gobernantes extranjeros como aquellos que emplearon el mismo rigor no consiguen otra cosa que su propio deshonor y la gloria de aquellos a los que pretendieron castigar”. Las palabras de Tácito sobre Tiberio son dignas de una reflexión en profundidad. No pocas veces, el carácter despótico de algunos políticos los impulsa a arremeter contra aquellos que han criticado sus acciones. Al comportarse de esa manera, sueñan no sólo con pulverizar la oposición presente sino también con controlar un futuro en el que no se recordarán sus malas acciones. Sin embargo, por regla general, semejantes vilezas nunca alcanzan sus objetivos. Aquellos que defendieron la verdad son objeto de mayor admiración por parte de las próximas generaciones y los que intentaron sojuzgarla sólo son objeto de los peores juicios. Traigo todo esto a colación por la vista de la querella interpuesta por Alberto Ruiz Gallardón contra el director de la Mañana de COPE, Federico Jiménez Losantos. Desde luego, merece la pena hacer algo de historia al respecto.

El 30 de diciembre de 1994, en plena época del terrorismo de los GAL, Barrionuevo anunció que interpondría una querella contra aquellos periodistas que le conectaban con la trama del GAL. Ruiz Gallardón señaló entonces en una tertulia de la SER que compartía con Barrionuevo y con Cristina Almeida que estaba convencido de que Barrionuevo "no tiene ninguna responsabilidad ni penal ni política" y le recomendó a Barrionuevo que no presentara querella alguna contra periodistas o medios de comunicación.

El 17 de marzo de 2006, Ruiz Gallardón aprovechó las páginas del diario ABC para lanzar un mensaje a sus compañeros de partido al decir que tanto el Ministerio Fiscal como el juez instructor del sumario del 11-M "merecen el apoyo de todo el Estado, incluido el PP". Las declaraciones de Gallardón se producían en la misma semana en que Zaplana señalaba que no iba a aceptar el "silencio" que se quería imponer sobre el 11-M.

El 8 de junio de 2006, en relación con las palabras de Ruiz-Gallardón, Pedro J. Ramírez, director de El Mundo y contertulio de Jiménez Losantos, se preguntó en los micrófonos de la COPE lo que habrían pensado los ciudadanos de Nueva York si Rudolph Giulliani, alcalde de esta ciudad durante los ataques del 11-S hubiera reaccionado como Gallardón.

El 9 de junio de 2006, Alberto Ruiz-Gallardón anunció que iba a presentar una querella criminal por injurias contra el director del programa La Mañana de la Cadena Cope, Federico Jiménez Losantos ya que éste había señalado que a Ruiz Gallardón le daban igual las víctimas del 11-M.

El 12 de abril de 2007, Ruiz-Gallardón, volvió a desmarcarse del discurso oficial de su partido en relación con el 11-M dando por incontestable la instrucción del sumario y apostando por que, en su caso, la sentencia del tribunal daría el carpetazo final a la investigación. Se lució el alcalde porque el 31 de octubre de 2007, se hizo pública la sentencia del 11-M que desmontaba totalmente la versión oficial, dejaba en pésimo lugar a la fiscal Olga Sánchez y abría las puertas para ulteriores investigaciones, todo ello en contra de las posiciones sustentadas por Ruiz-Gallardón. Impasible el ademán que diría el clásico, el 12 de noviembre de 2007, a pesar del contenido de la sentencia del 11-M, Ruiz-Gallardón, defendió el trabajo de la fiscal Olga Sánchez y la instrucción del 11-M, que calificó de "ejemplar". Y, finalmente, llegó la vista oral en la que Gallardón derramó unas lagrimitas y todos supimos – o corroboramos – que lo más ofensivo para él no ha sido, por ejemplo, cuando la izquierda lo llamó asesino como al resto de sus compañeros de partido sino cuando Federico censuró que valorara más su carrera que saber la verdad sobre el 11-M.

A mi todo el comportamiento de Gallardón me resulta absolutamente lamentable, por no decir nauseabundo, pero no puedo negar su carácter aleccionador.

Como en su día expresó de manera pública y por escrito Ruiz Gallardón, la sociedad con la que sueña es la misma que deseaba Jesús Polanco, el dueño del grupo PRISA. Arrancando de esa perspectiva, no resulta extraño que deseara pasar página en los atentados del 11-M, que no sepa recibir críticas adversas o que haya decidido aplastar a los disidentes. Semejante conducta, lejos de ser absurda, es coherente en su totalidad con esa forma de sociedad.

Sin embargo, al surcar ese camino, Ruiz Gallardón se equivoca de medio a medio. Ante la Historia quedará ya para siempre marcado con el estigma de haber sido un político que no podía soportar las críticas y que quiso incluso echar mano de la administración de justicia para reprimir la libertad de expresión. De esa manera, se igualará en sus acciones con el comportamiento ridículo de Maragall cuando se querelló contra un humorista de la Linterna.

Pero, por añadidura, Ruiz Gallardón no conseguirá sus objetivos. Si pierde el proceso, a la infamia moral de haberse vestido con el ropaje del inquisidor sumará el ridículo y el desprestigio. Si lo gana, sólo habrá conseguido asumir para siempre la imagen de verdugo de la libertad que ha creado un mártir en la figura de Federico Jiménez Losantos.

A decir verdad, resulta difícil saber que resultado puede ser peor para Gallardón, pero en cualquiera de los casos será el que se ha merecido con sus hechos ya que, como señaló Tácito, con su conducta sólo habrá conseguido su deshonor y la gloria de aquel al que pretendió castigar por el grave, gravísimo pecado de defender a las víctimas del terrorismo y de hablar con gallardía y libertad.

López Tena
Contaminación acústica intolerable
Que un señor vocal del CGPJ se permita esa licencia es una aberración que demuestra hasta qué punto los nacionalistas, y no solo Ibarretxe o ERC, están que muerden el sistema.
José Enrique Rosendo Libertad Digital 31 Mayo 2008

Un juez ha dicho que la movida juvenil en las calles es "una contaminación acústica intolerable" y, a renglón seguido, ha obligado al Ayuntamiento de Sevilla a indemnizar con 24.000 euros a una vecina que tuvo que malvender su casa precisamente porque en su quicio se celebraban habitualmente esos aquelarres juveniles que no dejan dormir ni a las piedras.

No les arriendo las ganancias a los ayuntamientos, que además de sus cuentas se van a ver tiesas con la crisis inmobiliaria, que había sido el principal motivo de recaudación municipal hasta la fecha, ahora tendrán que apoquinar a los vecinos damnificados por la movida descontrolada. La sentencia llega en el peor momento, no ya porque a perro flaco todo se le vuelven pulgas, sino porque se ha dado a conocer justo cuando comienza el verano, o sea, cuando más botellones se celebran en nuestras calles.

A mi lo que me interesa es el término ese de "contaminación acústica intolerable", porque parece muy políticamente correcto, sobre todo por aquello de la contaminación intolerable, que suena a ecologista y tal. No es lo mismo dictar una sentencia cruda que envolverla en un concepto políticamente correcto que pueda prender en la sociedad con relativa facilidad y comprensión. Así que a este juez habría que encomendarle la portavocía del PP, nada de González Pons ni de Elorriaga, ni Cuesta ni Sáenz de Santamaría: Mariano en quien tiene que depositar este asunto es en este juez o, en su defecto, en el abogado de la demandante, Joaquín Herrera. Unos monstruos.

Ahora bien, con permiso de su señoría, lo que es una contaminación acústica intolerable es lo que ha dicho López Tena, el vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de los nacionalistas catalanes, para quien el sistema debiera aplicar la ley de partidos al PP e ilegalizarlo por apología del terrorismo. Nada menos.

Que un señor vocal del CGPJ se permita esa licencia es una aberración que demuestra hasta qué punto los nacionalistas, y no solo Ibarretxe o ERC, están que muerden el sistema. No son tonterías ni debemos tenerlas por tales. Son contaminaciones acústicas intolerables a las que debiera aplicarse este juez sevillano con la diligencia que ha demostrado en el caso de esta pobre vecina, porque en este país hay quienes tratan de erosionar a diario la convivencia pacífica por medio de provocaciones constantes y, cuando detentan el poder, por auténticas agresiones normativas.

No hay que dar ni un paso atrás ante esta clase de comportamientos y declaraciones de proteína social. Por de pronto, el señor López Tena debiera marcharse a su casa con las orejas gachas. Es ciertamente intolerable que un señor que ocupa tal responsabilidad pueda siquiera pensar un segundo algo tan terrible, para nuestra democracia, y ofensivo, para las víctimas del terrorismo, como pedir la ilegalización de un partido que representa a la mitad de los españoles y al que le podemos poner muchos reparos, pero no que no es indiscutiblemente democrático y una pieza angular, junto con el PSOE, del sistema.

Pero si no dimite, el ministro Bermejo debiera mover los hilos, como hace para otras cosas, para que lo cesen. Ya basta de proteína social.

Por dignidad, por ética, por libertad... ya soy objetor
Federico Quevedo El Confidencial 31 Mayo 2008

Rebelarse ante la injusticia, ante el exceso de autoridad, ante la opresión, forma parte de la naturaleza del ser humano. En las democracias, a pesar de que, supuestamente, no deberían darse esos extremos, en ocasiones los ciudadanos se enfrentan a gobiernos que creen que la legitimidad de las urnas es un cheque en blanco para todo tipo de abusos de poder. Es cierto que, en esas circunstancias, el ciudadano tiene en su mano la potestad de acabar con el abuso en las urnas, pero ¿qué ocurre cuando una mayoría social no es consciente de lo que está pasando y mantiene en el poder a quien abusa del mismo o, simplemente, no le importa? Es entonces cuando la sociedad civil, aquellos que se sienten agredidos por el sistema, tiene que buscar otras fórmulas de rebelión, y esto forma parte de la esencia misma de la democracia que, en ningún caso, significa una imposición de la mayoría electoral sobre el resto de la ciudadanía. La objeción de conciencia es uno de esos recursos a los que puede acudir el ciudadano para protegerse del abuso del poder. Y este Gobierno practica ese abuso de poder de muchas maneras, una de ellas con la imposición por la vía educativa de una doctrina absolutamente nefasta para el ser humano, fundamentada en la negación del individuo como criatura de Dios, libre y poseedor de toda clase de derechos, en beneficio de una concepción colectivista y amoral de la sociedad.

En la puerta del colegio de mis hijos han puesto una mesa para la recogida de objeciones de conciencia ante la asignatura de Educación para la Ciudadanía, sin duda alguna una de las más perversas decisiones adoptadas por este gobierno relativista y ausente de toda ética. En tan solo un par de días han recogido cientos de objeciones, y me alegra saber que fui uno de los primeros en, sin muchas preguntas, rellenar las hojas. Como otros padres, me sentí bien, porque tuve la sensación de estar haciendo lo mejor para el futuro de mis hijos, un futuro en el que quiero que sean sus padres los que les aclaren las dudas morales que puedan tener sobre determinados asuntos trascendentes para su futura convivencia. Esos mismos referentes morales que mis padres me transmitieron a mí, y que me gustaría que mis hijos transmitan a sus hijos, porque son el fundamento de una convivencia basada en la libertad individual y en el respeto a los demás y a sus creencias. Y eso, perdónenme, no es lo que subyace en el contenido curricular de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en el cual lo que se pretende es aleccionar a nuestros hijos en una determinada amoralidad social, en una religión de Estado que se quiere imponer a la sociedad desde su más tierna infancia.

Es curioso que los mismos que exigen a la Iglesia Católica que abandone las aulas, sean los que ahora pretenden sustituir una religión fundamentada en el amor al ser humano por otra religión que destila odio por todas partes hacia aquellos que no piensan como los paladines de la igualdad, el sexo libre y la muerte legal. Como liberal que soy, creo en el laicismo, y ya he escrito alguna vez que la relación Iglesia-Estado debería limitarse a un ámbito de colaboración en la medida que la Iglesia presta una serie de determinados servicios a la comunidad que son positivos, pero que la presencia de la religión debería reducirse al ámbito familiar y parroquial salvo en los colegios privados o concertados a los que los padres llevamos a nuestros hijos porque, de manera específica, queremos que reciban una educación en determinados valores propios del cristianismo. De igual modo, es perfectamente razonable que existan colegios de otras confesiones religiosas e, incluso, tendría lógica la existencia de colegios donde se imparta una determinada moral similar a la que se quiere imponer en Educación para la Ciudadanía.

Pero la libertad de los padres para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la que tanto se le llena la boca a Rodríguez Zapatero, pero que tan poco caso le hace. El papel del Estado debería reducirse a garantizar que todos los niños en edad escolar puedan escolarizarse porque hay colegios suficientes para ello. El Estado no debe dedicarse a regular el tipo de moral que se va a enseñar a los niños en el colegio, porque eso excede, y mucho, de sus funciones. Es una extralimitación que va mucho más allá de su papel constitucional y supone una invasión muy dañina del ámbito individual y familiar. Cada vez más gente se está dando cuenta de que esto es así, y el número de objeciones crece de manera alarmante, hasta el punto de que no es impensable que el Gobierno reconsidere su posición inicial y se avenga a negociar un currículo distinto para esa asignatura, limitándolo al estudio de la Constitución Española y la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU. Eso, yo creo que cualquier padre lo aceptaría, y podríamos discutir si debe ser una asignatura concreta en uno o varios periodos educativos, o si debe ser una enseñanza transversal –yo me inclino por esto último- dado que va a ser una enseñanza que afecte a la vida de nuestros hijos más allá del periodo escolar.

Pero a lo que muchos padres no estamos dispuestos es a permitir que el Estado invada de este modo tan brutal el ámbito de nuestra responsabilidad hacia nuestros hijos. Y tenemos todo el derecho del mundo a rebelarnos, tenga o no tenga mayoría parlamentaria el Gobierno de turno, porque la democracia es también eso, la capacidad de la sociedad civil para decir que ‘no’ cuando considera que el Gobierno se extralimita de sus funciones. Me alegra saber que el PP, que después de las elecciones mantuvo una postura un tanto ambigua, ha vuelto a la racionalidad y ha expresado su solidaridad con los padres objetores y se ha puesto a disposición de los mismos para ayudarles, y que las comunidades en las que gobierna van a facilitar la objeción y garantizar que no habrá asignatura de Educación para la Ciudadanía para aquellos niños cuyos padres hayan objetado, sin represalias de ninguna clase. A los padres que duden, les recomiendo una lectura sosegada de algunos de los libros de esta asignatura, como el de la editorial Akal, en el que se practica una burla sistemática de la Iglesia, la familia y se promueve el aborto libre y gratuito. Pero en cualquiera podrán comprobar como se pretende sustituir una moral basada en el respeto y la libertad por otra fundamentada en la ley del ‘todo vale’ y en la ética relativista de ‘el fin justifica los medios’. Si después de eso, prefieren que a sus hijos se les aleccione de esa manera, allá ellos, pero al menos respeten nuestra libertad para decir que no estamos dispuestos.

OBVIA SUS MEDIDAS CONTRA EL CASTELLANO
Touriño atribuye a la "derecha política, cultural y social" una "ofensiva" contra el gallego
La Xunta está desarrollando una auténtica ofensiva para conseguir la inmersión lingüística que tiene como fin arrinconar totalmente el castellano en Galicia. Sin embargo, Emilio Pérez Touriño ha caído en el victimismo nacionalista para decir que "sé que desde la derecha política, cultural y social, se va a desencadenar en mi país una ofensiva" contra su política lingüística. De hecho, ha asegurado que su Gobierno está desarrollando "literalmente" las normas aprobadas por los Ejecutivos de Manuel Fraga en los años 80 responsabilizando a éste de las normas actuales.
EFE Libertad Digital 31 Mayo 2008

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, ha expresado este viernes su convicción de que el PP intentará una "ofensiva" o una "guerra" en contra de la política lingüística del Ejecutivo de esta comunidad y el empleo del gallego en la educación. Sin embargo, ha obviado las últimas medidas llevadas a cabo por su Gobierno en pos de arrinconar el castellano incluso subvencionando el uso exclusivo del gallego. "Sé que desde la derecha política, cultural y social, se va a desencadenar en mi país una ofensiva" contra la política lingüística del Gobierno autónomo, ha manifestado.

De este modo, ha dicho estar convencido de que el pueblo gallego, que es "inteligente y maduro y que respeta y quiere a su lengua, entenderá que estemos respetando profundamente el castellano, que estemos impulsando el inglés y que protejamos un idioma débil y minoritario", el gallego, porque, de lo contrario, se "extinguiría".

Ha destacado a este respecto que el PSOE y el BNG ofrecieron su apoyo "generoso" y "responsable" a la ley y plan de normalización lingüística protagonizada por Manuel Fraga durante los 80. Por ello, agregó que el Gobierno autónomo se limita a desarrollar "literalmente" estas normas, mientras el PP, que ahora está en la oposición, pretende emplearlo "como un arma de desgaste y crear una guerra y una división donde no la hay".

Pérez Touriño ha resaltado que, hasta ahora, las críticas más severas a la política lingüística procedían del ámbito nacionalista, pero ahora es el PP el que pretende generar "división y fractura". "Ni Mariano Rajoy, ni el PP, ni nadie que quiera apuntarse a este pequeño bombardeo" van a hacer un problema de este asunto, ha apostillado.

INTENTA "DIVIDIR Y RASGAR" A LOS CIUDADANOS
Abascal rompe la papeleta secesionista de Ibarretxe en el Parlamento vasco
El diputado del PP Santiago Abascal ha roto la papeleta secesionista de Ibarretxe ante la presencia del arco parlamentario vasco. Lo ha hecho porque, según ha argumentado en declaraciones a Libertad Digital, el referéndum ilegal que plantea el lehendakari tiene como objetivo "dividir y rasgar" a los ciudadanos. Poco antes, entrevistado en "La Mañana" de la Cadena Cope, aseguraba que el órdago nacionalista "ataca la convivencia democrática, la legalidad constitucional y la soberanía nacional". En un comunicado remitido al diario Gara, ETA ha llamado al proyecto de Ibarretxe "fraude vestido de reforma autonómica".
Libertad Digital 31 Mayo 2008

Santiago Abascal lo tiene claro. El cisma secesionista del lehendakari tiene como objetivo "dividir y rasgar" a la población. Por ello, no ha dudado en romper la papeleta a la que, teóricamente, se enfrentarán los vascos el 25 de octubre. Lo ha hecho en la tribuna del Parlamento vasco ante todo el arco parlamentario.

"Esta papeleta es un arma contra la convivencia democrática, que va a provocar que la sociedad vasca se parta, se desgarre", advirtió Abascal desde la tribuna de oradores de la Cámara. "Hoy no es un día normal", aseguró, tras enumerar las razones por las que rechaza el plan secesionista de Ibarretxe.

En COPE: Ibarretxe "ataca la convivencia democrática"
Pocas horas antes, en "La Mañana" de COPE, el diputado popular recalcó que con el referéndum ilegal de Ibarretxe se pretende "no sólo no colaborar en la derrota del terrorismo, como bien ha plasmado Maria San Gil en la ponencia política, sino aprovecharse de la asistencia del terrorismo para avanzar en la agenda política nacionalista, y eso es algo que no podemos aceptar como demócratas y como españoles".

Además, ha querido referirse al último discurso del PP con respecto al nacionalismo, en especial a aquellos que plantean un acercamiento a PNV y CiU. Abascal cree que "el pueblo español percibe mucho mas que los políticos lo que está pasando en España". Por eso, dice, "es un momento que hay que repensar si estamos en sintinía con lo que piden los españoles".

En este sentido, aseveró que la enmienda a la ponencia para el congreso nacional del PP pretende imprimir un cambio al actual rumbo del partido. "Esta no es una enmienda cualquiera, es una enmienda que plantea un cambio de estrategia", añadió. "Vamos a establecer contactos con la dirección nacional del PP para trasladar nuestra inquietud", explicó Abascal, quien reconoció estar preocupado por el tiempo que se destinará a debatir su propuesta. Además, el diputado pidió a los compromisarios que voten "pensando en España y no sólo en el PP".

Militancia probada
J. PAGOLA/S. SANZ ABC 31 Mayo 2008

MADRID. Documentos internos, comunicados públicos, testimonios directos, investigaciones policiales, incluso una autobiografía... Las numerosas pruebas que certifican la pertenencia a ETA de los terroristas que dan su nombre a calles, plazas y parques de algunas localidades del País Vasco y Navarra permanecen a disposición de los magistrados que quieran terminar, de una vez, con el oprobio a tantas víctimas. Agravio consentido por la actitud cómplice de alcaldes nacionalistas y filoetarras.

El 2 de abril de 1981 ETA difundió, a través del periódico «Egin», un comunicado en el que reconocía que José Manuel Aristimuño, alias «Pana», muerto el 29 de marzo en un enfrentamiento mantenido con la Policía en Vitoria, era militante de la banda. En la nota, la banda le rendía homenaje, porque había dado su vida por los «derechos de Euskal Herria». El tal «Pana» da nombre, para vergüenza de las autoridades municipales y humillación de las víctimas, a un parque infantil ubicado en Hernani. Su alcaldesa, Maite Beitialarrangoitia, la que expresó en un acto público de ANV aquel «os queremos», dirigido a los asesinos de la T-4, se ha negado, cómo no, a retirar la placa que recuerda al pistolero. No importa que se lo hayan pedido los familiares de sus víctimas. Por ello, la alcaldesa filoetarra declara este lunes como imputada ante el magistrado Fernando Grande-Marlaska.

La confesión probatoria
También deberá declarar como imputado el alcalde de Arrigorriaga, Alberto Ruiz de Azua, del PNV, por permitir, pese al requerimiento de la Asociación Dignidad y Justicia y al clamor de las víctimas, que la plaza de este municipio vizcaíno siga ensuciándose con el nombre de «Argala», antiguo dirigente de ETA. La mayor prueba de su pertenencia a la banda terrorista la aporta su propio autobiografía. En ella, José Miguel Beñarán, «Argala», relata que «se me planteó la entrada en ETA, y acepté». «Mi pertenencia a ETA me permitió profundizar más en el conocimiento de la cuestión nacional y su relación con la lucha de clases», escribe este etarra, integrante del «comando Txikia».

Varios municipios del País Vasco llevan el nombre de «Txiki y Otaegi», como homenaje a los etarras Juan Paredes Manol y Ángel Otaegi, fusilados el 27 de septiembre de 1975, en los estertores del régimen franquista. Cuando la Asociación Dignidad y Justicia reclamó al ayuntamiento de Echebarri que retirara la placa que da el nombre de ambos etarras a una de sus calles, el alcalde, Pedro Lobato Flores, exigió la sentencia por la que habían sido condenados. ¿Acaso le ofrece credibilidad al regidor la sentencia elaborada en un juicio sumarísimo por un consejo de guerra, que le impuso la pena de muerte a «Txiki» y «Otaegi»? Desde el punto de vista de este alcalde, condescendiente, cuanto menos, con los etarras de primera generación, ¿no es una prueba más contundente, en este caso, que la propia ETA «institucionalizara», a través de la denominada Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS), la fecha del 27 de septiembre de cada año sucesivo para celebrar su «gudari eguna» (día del soldado vasco), como homenaje a sus «militantes Txiki y Otaegi».

Además, «Ahaztuak», un colectivo próximo a la «izquierda abertzale» que trabaja a favor de la recuperación de la «memoria de los represaliados por el franquismo» en el País Vasco, tributó el 27 de septiembre de 2006 un homenaje en Zarauz a estos dos etarras, así como a los otros tres activistas del FRAP, también fusilados, porque «murieron por pertenecer a organizaciones armadas antifranquistas».

El testimonio de Sarasketa
Una calle de Lejona lleva el nombre de los hermanos «Txabi y Joseba Etxebarrieta». No se trata de dos ilustres literatos de la Villa, ni inventores de un medicamento que revolucionó, si no el mundo, al menos Euskal Herria. Ni tan siquiera formaron parte de un triste dúo musical. No, Txabi y Joseba Etxebarrieta fueron dos etarras de primera generación. El segundo, Txabi, ha pasado a la historia como el autor del primer asesinato cometido por la banda, el que acabó con la vida del joven guardia civil José Pardines. Por ello, su pueblo le honra a él y a su hermano con una calle, cuya siniestra denominación el alcalde, Eneko Arruabarrena, se empeña en mantener.

En junio de 1978 el periódico «Egin» publicaba una reseña con motivo de cumplirse el décimo aniversario del fallecimiento de Txabi Etxebarrieta, al que definía como «teórico de la V Asamblea» y «primer muerto de ETA». En la misma información incluía una entrevista a Iñaki Sarasketa, el etarra que acompañaba a Extebarrieta cuando asesinó a Pardines. «Su presencia (la de Txabi) -declaraba- se había dejado sentir en ETA desde que en la V Asamblea, que presidió y dirigió, pasó al comité ejecutivo». En otra entrevista publicada años después, Sarasketa relataba las circunstancias que precedieron al asesinato de Pardines y lo nervioso que estaba su compañero.

Eustakio Mendizábal, «Txikia», da nombre a calles de varios municipios, entre ellos Guecho y Lejona. Tras su muerte en enfrentamiento con la Policía, ETA le homenajeó llamando «Txikia» al «comando» que asesinó a Carrero.

Tan sólo 194.077 espectadores fueron al cine en 2007 a ver películas en versión original catalana
El cine en catalán le cuesta a la Generalitat 85 euros por entrada
Sólo el 0,8 por ciento de los 24 millones de espectadores de Cataluña en 2007 vieron películas rodadas en catalán. El País Vasco destinará este año 17 millones de euros a la producción de filmes en euskera.
 La Razón 31 Mayo 2008

«Harry Potter eta Fenixaren ordena», «I L?Orde del Fenix», «E a orde de Fenix». El famoso mago del cine, entre otros muchos personajes, también habla euskera, catalán y gallego. Y lo hace gracias a las subvenciones millonarias que anualmente dedican los gobiernos de dichas comunidades a la difusión de películas en sus lenguas. En total, las producciones cinematográficas de dichas autonomías manejarán este año cerca de 50 millones de euros. Cataluña es la que más invierte, País Vasco intenta hacerse un hueco y Galicia apenas estrena películas en su lengua por la falta de demanda.
Cataluña

El Institut Catalán de Industrias Culturales (ICIC), en colaboración con la Televisión de Cataluña, han establecido un presupuesto conjunto para la promoción audiovisual de 36,65 millones de euros, que supera los más de 16 millones destinados a ese fin en 2006. El dinero está destinado a apoyar la producción de películas a través de subvenciones por puntos que valoran la catalanidad del producto. A esa cantidad hay que sumar las subvenciones de la Secretaría de Política Lingüística, que en 2006 sumaron 9,3 millones.

Lo más valorado es que sea una producción rodada en versión original catalana, que recibe 45 puntos de los 180 totales. Si el argumento está basado en textos de autores catalanes o tramas que se desarrollan en Cataluña, eso es otro plus de 24 puntos; si el rodaje se lleva acabo en territorio catalán, la suma son diez puntos más; y si se contratan empresas de servicios, técnicos, y equipo creativo locales, son 45 puntos más. Por último, si los actores son catalanes, la puntuación llega a los 34 y entonces el producto está destinado a llevarse el gran premio. La puntuación máxima se subvenciona con 200.000 euros.

El ICIC justifica esta medida para acabar con las «perversiones» del antiguo sistema, que permitía, según afirma el secretario de Cultura del departamento de Cultura y Medios de Comunicación, Eduard Voltas, financiar películas en las que sólo el diez por ciento de la producción era catalana. El objetivo es reducir el número de producciones que recibieron subvención (de 75 en 2007 a 40 en 2008) y centrar las ayudas sobre todo en cuatro grandes películas que sean capaces de atraer al gran público. Cada una de estas cuatro películas podría obtener hasta un millón.

El año pasado sólo hubo doce producciones filmadas en catalán, que obtuvieron una cuota del 0,8% del mercado de cine en Cataluña. Es decir, de los 24.259.625 personas que fueron al cine, sólo 194.077 fueron a ver películas en versión original catalana, por lo que cada entrada le costó a la Generalitat unos0 85 euros. Esta iniciativa busca dar un salto en este exiguo porcentaje y otorgar mayor solidez a la industria.

Entre las películas catalanas que se estrenaron en 2007 figuran «Barcelona (Un mapa )», de Ventura Pons o «Raval, Raval», de Antoni Verdaguer. El ICIC es consciente de la poca relevancia social del cine rodado en catalán. Su director, Antoni Lladó, admite que estas producciones están fuera de mercado.

A la espera de la nueva ley del cine catalán, que pretende garantizar un circuito de exhibición para estas películas, los creadores catalanes que ruedan en castellano vuelven a quedar en la sombra.

País Vasco
El Gobierno regional aprobó a mediados de este mes una serie de ayudas destinadas a promocionar el estreno de películas en euskera y para apoyar las producciones documentales y largometrajes vascos. En total, el Consejo de Gobierno aprobó dos dotaciones por un total de un millón de euros. La primera de las líneas de acción, con un presupuesto de 698.000 euros, busca estimular en circuitos comerciales las producciones en euskera, ya sean dobladas o subtituladas. En cuanto a la segunda línea de acción, el Ejecutivo vasco dio luz verde a otro programa dirigido a apoyar la promoción y publicidad de largometrajes de ficción y animación, además de documentales autóctonos. Para este apartado, el Ejecutivo de Ibarretxe inyectará 295.000 euros.

Pero además, el cine en euskera también está en parte financiado por la televisión autonómica vasca. En concreto, la EiTB «donará» un 5 por ciento de sus ingresos a la promoción del cine autonómico. Aproximadamente, este año recibirá 16 millones de euros para financiar cortometrajes y largometrajes, muchos de los cuales se emitirán en la cadena vasca. El PP vasco ha denunciado que ese apoyo no puede mermar las ayudas a la producción en castellano, que consideran está «discriminada», según su portavoz en el Parlamento, Carlos Urquijo.

Galicia
La complicada división del Gobierno autonómico gallego ha provocado la aparición de una compleja trama administrativa a la hora de la subvención al cine hecho por gallegos. Mientras la producción es apoyada económica e institucionalmente desde la Consellería de Cultura, el doblaje compete a Presidencia, y por tanto, a la Dirección General de Política Lingüística. Sin embargo, la escasa demanda de este tipo de películas hace que las subvenciones no sean demasiados elevadas.

El Plan de Normalización Lingüística prevé que al menos se doblen diez películas al año, aunque es por ese escaso éxito por lo que apenas se doblan tres. Y es que en los últimos 16 años sólo se han rodado cinco películas en gallego. Los máximos responsables del sector lo tienen claro: el mercado no puede limitarse al uso del gallego pues la necesidad de dar salida a las películas en otros lugares coarta su utilización.

Para remediar esta situación, la Conselleria de Cultura intenta dar un impulso a la creación cinematográfica gallega con un presupuesto que ronda los 4,5 millones por año.

El Estado aporta otros once millones al año
Además del dinero que destinan a producir películas en sus respectivos idiomas cooficiales, Cataluña, País Vasco y Galicia recibirán este año un máximo de once millones de euros del Ministerio de Cultura gracias a la nueva Ley del Cine, que estipula por primera vez esta ayuda al margen del Fondo de Protección a la Cinematografía. La ley obliga al Gobierno a aportar una cantidad similar a la que destinen para este fin los ejecutivos autonómicos con ese tope de once millones.

El Tribunal Supremo recibe diligencias sobre escuchas donde interviene la presidenta del Constitucional
C. MORCILLO/N. COLLI/P. MUÑOZ. MADRID. ABC 31 Mayo 2008

El Tribunal Supremo estudia la actuación de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, que dialogó con una abogada sobre la forma de presentar un recurso ante un juzgado relativo a un asunto familiar. Ahora la Sala Segunda del Supremo deberá decidir si procede contra la presidenta del Constitucional o archiva la causa.

La prueba que tiene el Supremo fue obtenida durante la investigación del asesinato de un hombre perpetrado el 14 de marzo de 2007, supuestamente por encargo de su mujer; precisamente la letrada que pidió la ayuda de la presidenta del Tribunal Constitucional. Una vez resuelto el crimen la semana pasada, la juez de Valdemoro encargada del caso abrió una pieza separada por este asunto, que el pasado lunes llegó al Tribunal Supremo, competente para tramitar todas aquellas causas penales en las que esté implicado un aforado, condición que ostenta María Emilia Casas.

Hay que precisar, en cualquier caso, que obviamente la presidenta del Tribunal Constitucional nunca supo que la persona con la que hablaba podía estar implicada en un delito tan grave.

El caso del crimen por encargo da así otra sorpresa, después de que se conociera que la actriz y presentadora de televisión Ana García Obregón había pedido a otro de los implicados, Eloy Sánchez Barba, la persona acusada de contratar a los autores materiales, que diera una paliza al también presentador Jaime Cantizano. Estos hechos aparecen en las diligencias previas 1214/07 del juzgado de Valdemoro.

En un garaje
Según ha sabido ABC, la citada conversación telefónica, grabada por la Guardia Civil, se produjo el 17 de abril del pasado año, apenas un mes después de que se cometiera el asesinato en el garaje del número 3 de la calle de los Caretos de la localidad madrileña de Ciempozuelos. A las 21:27 horas de esa noche de martes, la abogada Dolores Martín telefonea a María Emilia Casas. La letrada explica a la presidenta del TC que la llama de parte de una amiga común, que es la que hace de intermediaria para que la conversación entre ambas se pueda producir.

El motivo de la llamada de la letrada Martín era pedir asesoramiento acerca de un asunto familiar, al parecer sobre cómo presentar un recurso ante un juzgado para intentar recuperar la custodia de su hija, que había perdido precisamente el mismo día en que su marido fue asesinado por encargo suyo, según la investigación de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

Los investigadores, al tener conocimiento de estos hechos y teniendo en cuenta la relevancia de la persona implicada, decidieron ponerlo en conocimiento de la juez encargada del caso, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valdemoro. La magistrada decidió aparcar el asunto hasta que se resolviera el crimen, ya que si se hubiera conocido que los investigadores ya se habían centrado sobre la mujer como principal sospechosa del asesinato toda la investigación, muy laboriosa y delicada, podía venirse abajo.

Hay que destacar que la juez hizo lo mismo con las escuchas en las que aparecía la conocida actriz Ana García Obregón pidiendo a Eloy Sánchez Barba que contratara a unos matones para dar una paliza al presentador de programas del corazón Jaime Cantizano.

Crimen por encargo
La semana pasada, después de más de un año de intensas investigaciones, la Guardia Civil detuvo a los implicados en el crimen por encargo: la abogada Dolores Martín, el citado Sánchez Barba, G.S.M., colaborador del anterior y el presunto autor material del asesinato, C.M.G.C. Días después se levantaba el secreto de las actuaciones y fue el momento elegido por la juez de Valdemoro para dar cuenta a la Sala Segunda del Tribunal Supremo de los hechos en los que aparece implicada María Emilia Casas.

En su escrito, en el que informa de la conversación de asesoramiento a la abogada ahora encarcelada, la juez indica que remite la exposición por si hubiera «indicios de criminalidad en la actuación del aforado», al que en ningún momento cita por su nombre ni cargo.

El pasado lunes el escrito llegó al Tribunal Supremo, que ahora deberá decidir si procede abrir una investigación sobre el asunto porque en efecto considera que existen indicios de alguna irregularidad, o por el contrario lo archiva al considerar que la conversación no tiene ningún tipo de relevancia penal.

Sin precedentes
Se trata de la primera vez que el Tribunal Supremo —en concreto su Sala Segunda— tenga que analizar si un presidente del Tribunal Constitucional ha podido cometer alguna irregularidad. El incidente se produce además en un momento especialmente delicado para el TC por el deterioro de la imagen sufrido como consecuencia de la politización de algunos de los asuntos de los que debe decidir, como el estatuto de Cataluña.

El Tribunal es además objeto de confrontación política porque está pendiente su renovación parcial (los cuatro magistrados que elige el Senado) así como la vancate dejada por el reciente fallecimiento de Roberto García-Calvo.

La catedrática María Emilia Casas Baamonde es la primera mujer en presidir el Tribunal Constitucional, puesto para el que fue elegida en junio de 2004. Casas, considerada del sector progresista, es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Complutense de Madrid y fue la séptima persona en presidir la institución, creada en 1980.

Nacida en Lugo en 1950, fue vicerectora de la Universidad Carlos III. En el TC, sustituyó a Manuel Jiménez de Parga y compitió para el cargo con Vicente Conde Martín de Hijas, del sector conservador. Antes de Casas ocuparon la presidencia Manuel García Pelayo (1980-86), Francisco Tomás y Valiente (1986-92), Miguel Rodríguez Piñero (1992-95), Álvaro Rodríguez-Bereijo (1995-98), Pedro Cruz Villalón (1998-2001) y Manuel Jiménez de Parga (2001-04).

La ley del TC prevé el cese por incompatibilidad sobrevenida
Según el artículo 23 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), los magistrados de este órgano cesan, entre otras causas, «por incompatibilidad sobrevenida» (punto cuarto del apartado primero) o «por haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave» (punto séptimo del apartado primero). El apartado segundo de dicho precepto dice que el cese o la vacante en el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional será decidido en el pleno, por mayoría simple, en lo referente al punto cuarto, y por mayoría de tres cuartas partes, en el supuesto del punto séptimo. Asimismo, el artículo 24 señala que los magistrados podrán ser suspendidos, como medida previa, «en caso de procesamiento». Por otro lado, el artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) considera, en su punto séptimo, que el cargo de juez o magistrado «es incompatible con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido».

«El cargo de juez es incompatible con todo tipo de asesoramiento jurídico»
C.M./P.M./N.C. ABC 31 Mayo 2008

MADRID. «El cargo de juez o magistrado es incompatible con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido». Este es uno de los supuestos de incompatibilidad previstos en el artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aplicable, además de a los jueces, a los miembros del Tribunal Constitucional en lo que se refiere al régimen de incompatibilidades y al régimen disciplinario.

El artículo 417 de la misma ley establece en su párrafo sexto que «el ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado establecidas en el artículo 389 de esta Ley (...)» -el citado anteriormente- es una falta disciplinaria muy grave. Las sanciones previstas para estas faltas son, de menor a mayor, «suspensión, traslado forzoso o separación».

Además de serle aplicable el régimen jurídico de los jueces en cuestiones puntuales, los miembros del Tribunal Constitucional se rigen en el ejercicio de sus cargos por lo establecido en la ley que regula el funcionamiento de esta institución (LOTC). En ella se incluye entre las causas de cese de los vocales la «incompatibilidad sobrevenida» (artículo 23.1.4) y «haber sido declarado responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso o por culpa grave» (artículo 23.1.7). Cuando alguno de los miembros del TC incurra en cualquiera de esos supuestos, el cese se decidirá (artículo 23.2) por «el Tribunal en pleno».

El artículo 24 de la LOTC prevé, además, que los magistrados del TC «podrán ser suspendidos por el Tribunal, como medida previa, en caso de procesamiento». También se les podrá suspender «por el tiempo indispensable» hasta que se aclare si han incurrido en alguna de las demás causas de incompatibilidad con el ejercicio del cargo.

Esto es lo que dice la literalidad de la ley y su aplicación y los efectos que produzca en cada caso dependen de la gravedad del hecho concreto cometido por el juez o magistrado. Los matices, en el mundo del derecho, son determinantes.
Expertos juristas consultados por ABC han explicado que el asesoramiento jurídico prestado por María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional, a Dolores Martín será o no considerado reprochable desde el punto de vista disciplinario o incompatible con el ejercicio del cargo según la profundidad con que se haya producido.

Es decir, merecería reproche «dar un asesoramiento detallado, hacer de abogado de la persona que pide consejo jurídico», aunque tal ayuda sea un hecho aislado y no perciba remuneración alguna por ello. Los expertos consultados señalan que hay que distinguir entre un asesoramiento pormenorizado y una «opinión jurídica», y que esta última en ningún caso sería sancionable.

El asesoramiento por parte de un magistrado, aunque sea accidental y a un particular, puede ser delito (art.441 del Código Penal) si el asunto se tramita en el órgano al que el magistrado pertenece. La pena es de multa de 6 a 12 meses y se 1 a 3 años de suspensión.
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