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Recortes de Prensa    Miércoles 11 Junio 2008

Los catalanes son unos cabezotas: no leen en catalán
Xoán Xulio Alfaya Periodista Digital 11 Junio 2008

Lo imponen por la fuerza en las escuelas, obligan mediante multas a rotular en catalán, dedican millones de euros a subvencionar las ediciones en catalán y a promocionar a los escritores monolingües; pero los catalanes siguen en sus trece sin leer en catalán. ¡Qué cabezotas los tíos!

En 2007 se editaron en España 72.914 títulos de los cuales un 11,1% se publicaron en catalán, un 0,6% menos que en 2006, y eso que Barcelona, junto a Madrid, monopoliza el 78% de la producción editorial de España, y existen multitud de libros subvencionados por el hecho de emplear el catalán, con independencia de su calidad literaria, así como todo tipo de publicaciones institucionales editadas en catalán.

Pero los catalanes, erre que erre, ni compran el Avui ni leen en catalán, excepto una minoría heroica y sacrificada en aras de la Patria. Vamos, como en Galicia con "A Nosa Terra", que sobrevive gracias a las subvenciones, pues leer, lo que se dice leer, los del Bloque y algún despistado que nunca falta.

El consejero de Cultura de la Generalidad de Cataluña, Juan Manuel Tresserras, ha anunciado un plan de fomento de la lectura para el período 2008-2010 al que destinará ¡¡¡una partida presupuestaria de 24 millones de euros!!! Total, nada. El plan pretende corregir el fracaso de las campañas publicitarias y propone implicar a todos los sectores económicos y sociales, en colaboración con empresas y medios de comunicación, que se sumarían a las subvenciones.

Lo mejor sería ir al grano y prohibir de una puñetera vez la venta de periódicos, revistas y libros en español. Así, en plan nazi, qué coño. Si los catalanes no quieren catalán, pues se les obliga. Tal vez la técnica ideal sea la de hipertrofiar a las personas con la "lengua propia" igual que se hace con las ocas, los patos o los gansos para engordar su hígado a la fuerza y producir foie gras.

En Europa existe un “Manifiesto por la Prohibición del Gavage” (gavage es un término en francés para referirse a la alimentación forzada) apoyado por distintas organizaciones y ciudadanos pro-derechos de los animales y ecologistas que afirma que la alimentación forzada de animales es ya ilegal en Francia y en la Unión Europea, de acuerdo con la legislación ya existente.

En el caso del catalán, los ecologistas estarían calladitos como buenos chicos. Al fin y al cabo en esta sociedad importan más los animales que los seres humanos. Con la vida (aborto) y los derechos de las personas se puede jugar, ¡¡¡pero, ojo, mucho cuidadito con tocarle a un animal!!!

El «patriota» Fraga
El «patriota» Fraga
POR CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 11 Junio 2008

Todo el mundo sabe que el Fraga totalitario y unitarista es ahora galleguista y partidario del monolingüismo. Obseso del poder ha saltado, de un modo desvergonzado, de la exaltación del Estado a su debilitamiento. Por supuesto, nunca en términos tan radicales como algunos nacionalistas catalanes, vascos o el propio BNG. Lo que se desconoce es que el viejo enemigo de las libertades ha buscado la justificación de este giro en Alfredo Brañas, el padre del galleguismo, tan representativo o más que Murguía o Castelao

Con el texto sobre Brañas («O rexionalismo de onte a hoxe» editado por el Partido Popular de Galicia), Manuel Fraga trató de ponerse al día en el galleguismo al tiempo que daba una versión no separatista de aquel. Así, insiste en que para el escritor posromántico Galicia era la «patria» mientras reservaba la consideración de España para el Estado. Este habría sido el «resumen de las viejas nacionalidades» a las que habría que devolver los poderes que perdieron al ser creado el «Estado unitario que comenzó con los Reyes Católicos»... Fraga atribuye a Alfredo Braña una personalidad similar a la de Almirall, el maestro de Pascual Maragall, y está de acuerdo con que Cataluña «aspire al reconocimiento de su personalidad y la solución de sus problemas específicos...» del mismo modo que «Bretaña, el Canadá francófono, Flandes, Tirol del Sur o Córcega».

Fraga ha intentado quitar hierro nacionalista a su «maestro». Por eso no ha citado los textos más esclarecedores teniendo en cuenta que se trata de una obra escrita en el siglo XIX. Por ejemplo, los versos que dedicó a Irlanda, titulados «Erguete e anda» y que dicen así:

«Hay unha terra/lonxe da nosa/como ela verde/como ela hermosa,/onde os labregos/ cultivadores/foran escravos/ dos seus siñores/i agora libres/ rexenerados,/van en camino/ de ser vingados./Irlanda... a isla/pelra dos mares/é a doce terra/dos meus cantares,/terra de altivos/fortes colonos/onte inda servos/hoxe xa donos.../ Ergue, labrego/¡Erguete e anda!/¡Coma en Irlanda! ¡Coma en Irlanda!

El circo de ZP se queda sin enanos
Lorenzo Contreras Estrella Digital 11 Junio 2008

Al zapaterismo le crecen los enanos en múltiples sentidos. Su circo está sufriendo una evolución inquietante. Todos los frentes de crisis están abiertos. En la gravísima huelga de los transportistas, en lo judicial, en lo social, en lo económico, en lo ético, en inmigración, en la cuestión nacionalista, nada digamos en el problema etarra, y así sucesivamente. Los esfuerzos propagandísticos, fundamentalmente basados en ignorar la realidad y culpar al petróleo y a la economía norteamericana, no logran soslayar las evidencias de una mala gestión gubernamental. Es un escenario que en cierto modo endulza para Rajoy la crisis interna del PP, ya que puede desviar la atención pública que se centra en su más que discutible política de oposición. Pero desviarla no es alejarla en un verdadero sentido. La próxima cita del congreso de Valencia, donde el PP tendrá que mirarse las tripas, volverá a colocar la lupa sin clemencia sobre el panorama que le afecta.

Casi nada de lo que está caracterizando la actual crisis que sufre nuestro país ha sorprendido a los expertos. El Gobierno de ZP ha luchado desesperadamente con el vocabulario político. Eufemismo tras eufemismo ha intentado describir una situación mentirosa. Pero la molesta verdad se le ha venido encima sin remedio. Su suerte es que hasta el 2012 le puede quedar oxígeno. La crisis se ha manifestado justo cuando las elecciones generales estaban cumplidas. Ahora su recurso consiste en capear el temporal sin garantías de llegar a puerto con las cuadernas del barco aceptablemente conservadas.

Desde lo alto del monte, el grito anunciador de la venida del lobo avisó con perfecta claridad. El zapaterismo, sin embargo, siguió pastoreando su heredad —todos nosotros, por ejemplo— con la sensación de que el temporal no iba a ser tan intenso. Tanto el presidente como el vicepresidente Solbes se dedicaron a desmentir a los expertos. El profesor Velarde Fuertes ha recordado en alguno de sus escritos que Álvaro Cuesta, diputado del PSOE con pretensiones de arúspice, declaró al periódico asturiano La Nueva España, el 30 de diciembre del 2007, que en la próxima legislatura (la actual) “se logrará el pleno empleo”, y que la previsión de crecimiento (ya lo estamos viendo) “será del 3 por ciento”. Por consiguiente, según esta arruinada previsión, la economía española no está en crisis, por más que se hable, eso sí, de “desaceleración” y de otras formulaciones evasivas.

En este contexto oficial de optimismo forzado, el profesor Barea advertía desde la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas que “las previsiones de crecimiento para la economía española se han desplomado, tanto para el corriente año (se refería al 2007) como para el próximo” (en el que ya estamos), porque en este último caso el crecimiento oscilaría entre el 2% y el 2,5%. Barea pronosticaba con exactitud que el sector inmobiliario sería uno de los más expuestos a la crisis y concluía con este análisis inexorable: “El Gobierno no ha hecho nada para cambiar nuestro modelo de crecimiento, basado en la vivienda y el consumo interno”, de modo que, entre unos y otros factores, “la salida de la crisis de la economía española no será fácil ni de corta duración”.

De “una nueva fase cíclica de desaceleración cuya duración e intensidad son hoy difíciles de prever”, escribía en Cuadernos de Información Económica Ángel Laborda cuando los presupuestos del Estado se aprobaban en diciembre del 2007. Para ningún experto era un secreto entonces que el estallido de la crisis de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos creaba el gran clima de incertidumbre. Mientras tanto, la crisis energética se hacía cada vez más evidente, y entonces podía recordarse el bestial error del “parón nuclear” impuesto por Felipe González y cuya ampliación intentó, encima, el señor Zapatero.

El callejero de ETA
José Luis Manzanares Estrella Digital 11 Junio 2008

Han pasado treinta años desde que se implantó la Democracia en España, los mismos treinta años durante los que ETA ha seguido asesinando, secuestrando y extorsionando para dejar claro que lo suyo no era precisamente la lucha antifranquista, sino la imposición de una dictadura de signo contrario en el estado independiente de Euskal Herria. Eso sí, contando con una cierta comprensión de quienes vieron en los terroristas —y algunos continúan viendo— a hermanos separados de un respetabilísimo tronco común. Hubo de transcurrir mucho tiempo antes de que se castigase la apología del terrorismo y, para mis adentros, la dogmática oposición a la prisión perpetua revisable tras un mínimo de cumplimiento —como en los países democráticos de nuestro entorno— tuvo su origen en el deseo de conseguir el fin de la organización criminal más por vías de benevolencia que de severidad en el castigo.

Los alemanes utilizaron la prisión perpetua contra los miembros de la banda Baader-Meinhof, y los italianos hicieron otro tanto con las Brigadas Rojas. Los resultados a la vista están. Se acabó con los terroristas de ambos países pero no con los nuestros, perseguidos con mayor o menor rigor según el Gobierno de turno, sus intereses políticos y sus cambiantes ideas sobre lo mejor según la coyuntura. En Alemania e Italia no hubo altibajos ni diálogos con negociación política encubierta, ni asesinos reconvertidos en hombres de paz, ni claudicaciones vergonzosas como las del privilegiado tratamiento al sanguinario De Juana Chaos, ni tampoco reinterpretaciones legales en sospechoso paralelismo con el curso de los contactos entre el Estado y la banda. El denominado “caso Parot” no se habría producido con la prisión perpetua.

Pero las consecuencias de los paños calientes, jurídicos y políticos, no acaban ahí. Éste es el momento en que todavía no sabemos si el homenaje a un terrorista, dando su nombre a una calle, plaza o parque público, o conservando la placa puesta en tiempos de mayor tolerancia, es o no apología criminal. Los jueces de la Audiencia Nacional no se han puesto de acuerdo. Alguno dice que no, porque el delito de apología del terrorismo aún no existía cuando se aprobó la rotulación, mientras que otros se inclinan por apreciar un delito permanente del que serían responsables cuantos luego han tolerado aquella situación pudiendo evitarla. Estamos a la espera de que el Pleno de la Audiencia decida intervenir en aras de la seguridad jurídica.

Y si la operatividad del Código Penal en esta materia es dudosa, algo semejante ocurre con el Derecho administrativo. Se discute sobre la posibilidad de corregir la provocación oficial con mociones de censura o requerimientos que puedan desembocar en delito de desobediencia. El espectáculo es tan vergonzoso como cansino. Los poderes del Estado se han mostrado incapaces de impedir que los nombres de los terroristas sigan recibiendo los honores del callejero. A ciencia y paciencia de las autoridades de todo orden, y como supremo escarnio a las víctimas y a toda la ciudadanía, la que se manifiesta públicamente contra ETA y la que se queda en casa porque piensa que quienes deben solucionar el problema ya lo conocen suficientemente.

¿Se imaginan los lectores una plaza dedicada a Adolfo Hitler en una ciudad alemana? España es, sin duda, diferente. O más garantista, que diría el progresismo de salón.

Cerco y acoso del terrorismo
José Javaloyes Estrella Digital 11 Junio 2008

En Navarra y en el Levante español, entre Barcelona y la Comunidad Valenciana, se ha detenido a un número aún indeterminado de argelinos, dentro de una operación contra el terrorismo islamista, en las mismas fechas en que en el norte de Argelia, a sólo unos centenares de kilómetros, los alqaedanos del Magreb atentaban en jornadas sucesivas contra intereses empresariales franceses en el espacio norteafricano, con resultado de numerosas muertes y muchos heridos. Hay razones de primer orden para otra alerta policial en nuestro territorio.

España, al fin y al cabo, está incluida por Al Qaeda en la cartografía preferente del terrorismo islámico fuera del Oriente Próximo, de acuerdo con las instrucciones últimas dirigidas a sus militantes. Añaden estas instrucciones el área afroeuropea del Mediterráneo occidental y nada tienen que ver, como resulta obvio, con la guerra de Iraq: tan traída y llevada en nuestro caso a propósito de los atentados del 11-M, en los que no se encontró rastro ni resto alguno de terroristas suicidas que no fueran los referidos en su día por la SER.

Mientras a la hora de redactar esta nota no se tenía noticia aún del número total de detenidos ni de cuáles eran todas las actividades desarrolladas por los mismos, además de la recluta de activistas entre la población islámica asentada en España y de la recaudación de ayudas económicas para la organización, llama la atención el hecho de que Khalid Sheik Mohamed, el musulmán al que se juzga en Estados Unidos como responsable de los atentados del 11-S, en tanto que jefe de operaciones de Al Qaeda, no sólo haya admitido estos cargos sino que reclama el mérito de lo que hizo —premiado con la pena de muerte— como llave del Paraíso…

También se destipifica el comportamiento de los condenados en el juicio por el 11-M al no reconocer ninguno de ellos responsabilidad en los atentados, quedando reducida de tal modo la práctica alqadeana del suicidio, en su contextualización fanática, a los fulminados por la dinamita en el piso de Leganés. El terrorismo siempre se ha sostenido por la difuminación de los límites geográficos, fronterizos, o por el juego de las penumbras en los comportamientos de quienes, sin estar en el terrorismo, del terrorismo se benefician. Y lo hacen por el lucro derivado de un hecho puntual de terror colectivo, o por el aprovechamiento sistémico, en su propia política, de la presión de esa violencia. Como ha sido y es en España el aprovechamiento practicado por el nacionalismo “democrático”.

Otra utilización política de la violencia terrorista podría ser la aparentemente instrumentada por la “revolución bolivariana” respecto del narcoterrorismo de las FARC, mediante la aportación de las propias fronteras —venezolanas o ecuatorianas— como refugio de las bandas ante la presión del Ejército colombiano. Aunque no acaban ahí los supuestos de cooperación en el mundo terrorista. Además de su explotación desde las políticas o desde los Estados, está también la cooperación de los terrorismos entre sí, como parece derivarse de los datos del ordenador de “Raúl Reyes”, en el caso de las FARC y los etarras para eventuales atentados en España contra figuras de la política colombiana.

¿Cuánto había de interesada certeza del presidente del Gobierno al decir, cuando la Audiencia Nacional encargaba, por medio de una comisión rogatoria, que se averiguase tal supuesta colaboración entre ETA y FARC, que ETA no tenía relación con otros terrorismos? ¡Como si ETA no hubiera tenido colaboración en otros tiempos con terrorismos arabófonos: argelinos, libios y yemeníes! Además, ahora veremos qué aclara o qué oscurece todavía más el “caso del ácido bórico”, comenzado ayer en la Audiencia Provincial de Madrid, pese a la resistencia del informe fiscal, por manipulación, desde la cadena de mando, de trabajos policiales donde se inferían relaciones entre ETA y los islamistas del 11-M.

¿La manipulación como práctica habitual?
A pesar de la acertada decisión del Tribunal de apartarla del caso, ha quedado de manifiesto que la Abogacía del Estado en este caso ha ejercido más como defensora de los acusados y de la versión oficial del 11-M que como salvaguarda del imperio de la ley
EDITORIAL Libertad Digital 11 Junio 2008

Este martes se ha reanudado el juicio en el que está procesada la cúpula científica policial por delitos de falsedad documental y falso testimonio por manipular y hacer desaparecer de un informe pericial sobre 1,3 kilos de ácido bórico, encontrados en la vivienda de Hasan Haski –condenado en el juicio del 11-M–, la referencia que los peritos autores del mismo hacían al hecho de que esa misma sustancia fue hallada en 2001 en un piso franco de ETA.

Lo cierto es que es difícil señalar que nos parece más bochornoso de lo acontecido en esta sesión, si la maniobra de la Abogacía del Estado que pretendía el archivo del caso o la pasmosa y tranquila forma con la que uno de los acusados, el jefe del Laboratorio Toxicológico de la Policía Científica, Francisco Ramírez, ha admitido que fue él quien cambió el contenido del informe de los peritos, calificando semejante práctica como algo habitual.

Aunque afortunadamente los magistrados hayan decidido este martes apartar de la causa a la abogada del Estado, que a partir de ahora no podrá intervenir en el proceso, no deja de ser bochornosa y artera su maniobra de personarse en un primer momento como acusación para luego no presentar cargo alguno contra los acusados. Semejante maniobra sin precedentes sólo ha tenido como objetivo la pretensión de neutralizar las acusaciones populares ejercidas por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, la Asociación Víctimas del Terrorismo y el sindicato Manos Limpias, tal y como hubiese ocurrido bajo la aplicación de la llamada "doctrina Botín", que los defensores de los acusados han sacado falazmente a relucir.

En cualquier caso, y a pesar de la acertada decisión del Tribunal de apartarla del caso, ha quedado de manifiesto que la Abogacía del Estado en este caso ha ejercido más como defensora de los acusados y de la versión oficial del 11-M que como salvaguarda del imperio de la Ley.

Claro que cuando los acusados, como Francisco Ramírez, pretenden hacernos creer que el uso del typex y la supresión de todo aquello que en los informes periciales no coincide con una versión preconcebida del caso no supone falsedad documental alguna, sino una práctica poco menos que habitual, ya nos podemos hacer una idea de la forma en que se instruyen los sumarios en este país y la clase de seguridad jurídica que disfrutamos.

Los enigmas del 11-M
El juicio del bórico: segunda sesión

¿Qué otros informes se modificaron antes de enviárselos al juez Del Olmo?
Luis del Pino Libertad Digital 11 Junio 2008

Hoy se ha celebrado la segunda sesión del juicio, que se ha iniciado con la declaración de los tres restantes imputados. La línea de defensa elegida por los procesados está clara: es cierto que se modificó el informe originalmente elaborado por los tres peritos, pero esa modificación no tenía importancia ninguna, porque se trataba de un informe que no era todavía oficial y los datos eliminados no eran relevantes.

Vamos progresando. Cuando el escándalo saltó, no sólo se negó que se hubiera modificado ningún informe, sino que encima se intentó, desde ciertos medios, acusar de falsificación a los tres peritos que originalmente lo elaboraron.

Como ayer comentábamos, la pregunta es: ¿y qué otros informes se modificaron antes de enviárselos al juez Del Olmo?

Pero esa pregunta fundamental, que es la verdadera sustancia del juicio, ha quedado oscurecida por la declaración del primero de los testigos, el perito Escribano.
Escribano ha relatado que su jefe le dijo que había que quitar del informe las referencias a ETA "por orden de la superioridad". Ha relatado también las amenazas y el acoso sufridos a raíz de que se negara a modificar su informe original. Pero lo más importante de su declaración se ha producido cuando se le ha preguntado por qué se negó a eliminar de su informe los párrafos en los que aparecía mencionado el hallazgo de ácido bórico en poder de un comando de ETA.

Escribano ha explicado que se negó a acatar aquella orden por la concatenación de circunstancias anómalas que él había vivido en primera persona en relación con el caso del 11-M. Y ha comenzado a relatar esas circunstancias.

Ha relatado, por ejemplo, cómo el mismo 11-M se le ordenó retener durante horas el resultado de los análisis efectuados al resto de explosivo supuestamente encontrado en la furgoneta Kangoo. Esas órdenes le fueron dadas por sus superiores, Andradas y Ramírez, que dijeron haberlas recibido a su vez del entonces comisario de la Policía Científica, Carlos Corrales.

Así que no sólo es verdad que se rehizo al menos un informe de análisis en relación con el 11-M, como habíamos denunciado, sino que también es verdad que se ocultó conscientemente información en aquellos cuatro días cruciales que van del 11-M a la jornada electoral.

¿Es cierto que Carlos Corrales ordenó que no se transmitiera el resultado de aquel análisis hasta las 10 de la noche? ¿O es una invención de los superiores del perito Escribano? Creo que alguien tendría que aclararnos de quién partió aquella orden y cuáles fueron los motivos que llevaron a retener esa información.

Escribano ha narrado también otros episodios, como la llamada que le hicieron para analizar una caja de Goma2-ECO que apareció en extrañas circunstancias en Pozuelo, en la madrugada del 12-M. O la petición de uno de sus superiores, el 15 de marzo, para que se encargara él de custodiar los informes de análisis realizados, petición a la cual se negó, por lo irregular. O la comparecencia ante Del Olmo y la fiscal Olga Sánchez, en diciembre de 2005, en la que ya le preguntaron por esa metenamina que aparecía en el análisis del explosivo de la furgoneta Kangoo, pero no en el de la mochila de Vallecas. Desafortunadamente, a Escribano no le han dejado continuar con su relato.

¿Cuánto más hace falta para que alguien empiece a investigar de una vez, desde instancias oficiales, qué fue lo que pasó el 11-M?

¿Cuánto más hace falta para que alguien escuche el clamor de muchas de las víctimas de esa masacre, que quieren saber la verdad, un clamor que hoy ponía de manifiesto de manera estremecedora Ángeles Pedraza, vicepresidenta de la AVT, en un artículo publicado en el periódico El Mundo?

¿Cuánto más hace falta para que tanta gente deje de mirar hacia otro lado?

Web 2.0
Air.CAT
Aunque estemos hablando de internet, el atavismo y el nacionalismo caminan juntos.
Rafael Fernández Tamames Libertad Digital 11 Junio 2008

Hace unos días nos desayunábamos con la denuncia del director general de Air Berlin: "Hoy el castellano ya no es una lengua oficial". Hacía esta declaración después de recibir las presiones del Gobierno balear para que introdujera el catalán en sus comunicaciones con el cliente. Por supuesto la "respuesta" de la propaganda nacional-separatista no se ha hecho esperar, asociando a la aerolínea con el régimen nazi.

Este tipo de denuncias relevan a la claras el objetivo central del nacionalismo, privarnos del uso de nuestras libertades tanto a los ciudadanos como a las empresas. Ya es escandaloso que compañías de nuestro país estén obligadas a traducir sus anuncios a un idioma determinado, corriendo encima ellas con los gastos, pero hasta los más miopes deberían ver que no es muy razonable, por decirlo suavemente, que se le pongan trabas en el terreno idiomático a una empresa extranjera que decide invertir en España.

En lo que se refiere a internet los nacional-separatistas tocan en hueso, por ahora. Su primera "hazaña" tuvo lugar en septiembre de 2005, cuando el ICANN, el organismo que regula los dominios de internet, cometió el peligroso precedente de aprobar un nuevo dominio de primer nivel, el .cat. La argumentación oficial de la concesión de esta extensión de dominio es que su destino es la comunidad lingüística y cultural catalana, aunque nadie cuestionó el trasfondo político de esta concesión. Como bien dijo el editorial de Libertad Digital, "la aprobación por parte de la Asociación para a la Asignación de Nombres y Números (ICANN) de este dominio es anacrónico, pues no se corresponde con el espíritu de internet, y constituye un error garrafal". Justo eso, un anacronismo, volver a las cavernas; aunque estemos hablando de internet, el atavismo y el nacionalismo caminan juntos.

Cuando en esas fechas el consejero de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información de la Generalitat, Carles Solá, declaró "la jornada de hoy es un día histórico comparable con aquel en el que se logró el permiso para que la selección catalana de hockey participase en competiciones internacionales", todos confirmamos el trasfondo político de la decisión, y que el acoso y derribo a la que sometió el lobby .CAT a la ICANN durante años no tenía otra intención que la política.

Hoy vemos cómo el director general de una aerolínea denuncia un acoso a sus libertades, y aunque internet sigue siendo un medio libre, los liberticidas nunca se darán por vencidos y nos atacarán sin cuartel. Debemos estar preparados, ya que la red será su próximo objetivo.
Rafael Fernández Tamames es miembro del Instituto Juan de Mariana, socio-director de Findasense, director de Operaciones y co-director de Contenidos de Eventos OME.

¿Merece la pena mantener un Tribunal Constitucional como tribunal político?
Redacción Bilbao  Minuto Digital 11 Junio 2008

El escándalo de la conversación telefónica de la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, con la abogada acusada de ordenar el asesinato de su marido, y el debate sobre su idoneidad en el cargo es en sí mismo relevante porque demuestra lo mal que funcionan los mecanismos de control ético sobre las autoridades en nuestro país. Pero al final el debate lo que esconde, como sucedió con el montaje contra el magistrado recientemente fallecido García Calvo, es la lucha por el control político del alto tribunal. Si alguna escena retrata esa subordinación política y simboliza en lo que se ha convertido nuestro Tribunal Constitucional es aquella de la Vicepresidente del gobierno, De la Vega, abroncando a su Presidente, María Emilia Casas.

Y es que, desde que en 1985 el Tribunal Constitucional se doblegase al poder político dictando la famosa sentencia del caso RUMASA, dando por buena la expropiación por decretazo del holding de Ruiz Mateos, la trayectoria del Constitucional ha estado siempre marcada por su puesta al servicio de la mayoría parlamentaria de turno. Lo que en teoría era un órgano garante de la interpretación de la constitución de 1978, ha carecido de la necesaria independencia para servir en los grandes temas de Estado de anclaje jurídico frente a los vaivenes y apetencias políticas.

Peor aún, el Constitucional ha sido instrumento esencial para consumar la deriva autonómica que sufrimos, consintiendo desigualdades manifiestas entre CC.AA. Esencial para perpetrar el vaciamiento de las competencias del Estado sin obstáculo alguno. O esencial, por ejemplo, en retorcer el concepto de la discriminación positiva para refrendar las políticas nacionalistas de inmersión lingüística. Un proceder que con ocasión de su próximo pronunciamiento sobre el estatuto de Cataluña de nuevo tenderemos ocasión de comprobar, con una sentencia que tratará de salvar la imagen del legislador, declarando inconstitucional la norma estatutaria en aspectos secundarios o terciarios, pero salvando los aspectos más preocupantes para el estado unitario y peligrosos para la unidad de España.

¿Debe desaparecer el Tribunal Constitucional?
En definitiva lo que debería haber sido un legislador negativo, expulsado del ordenamiento jurídico normas y leyes contrarias a la Constitución, se ha convertido en la práctica en una tercera Cámara política, junto a Congreso y Senado, que interpreta la Constitución como una prolongación de los partidos con representación parlamentaria que nombran a los magistrados que componen el Tribunal Constitucional. Y lo peor es que la propia regulación que de la composición del alto Tribunal hace la Constitución de 1978 es la que impide su imparcialidad e independencia, ya que se presta a componendas y banderías entre los distintos grupos políticos, con los penosos espectáculos a que estamos asistiendo y las nefastas consecuencias para el edificio del Estado.

No sería nada descabellado incluir en la reforma constitucional por la que muchos abogamos para corregir la degradación de la cohesión nacional, la supresión del Tribunal Constitucional, encomendando sus competencias a una sala especial del Tribunal Supremo, que al menos sí esta incluido dentro del Poder Judicial, descargando la resolución de los recursos de amparo a los Tribunales Superiores de Justicia, con la posibilidad de recurso ante el Supremo para unificación de la doctrina. Claro que también habría que modificar el actual sistema de designación de miembros del Consejo General del Poder Judicial, dejando que sean los propios jueces y magistrados quienes elijan a sus representantes, única forma de evitar la politización de los tribunales que tanto desprestigio está trayendo a la Justicia española.

El catalán también será la única lengua vehicular en los colegios de Baleares
El catalán también será la única lengua vehicular en los colegios de Baleares
JOSEP MARIA AGUILÓ. PALMA DE MALLORCA. ABC 11 Junio 2008

La directora general de Administración, Ordenación e Inspección Educativas de la Consejería de Educación del Gobierno balear, María Gener, presentó ayer el articulado del decreto por el cual se establece la ordenación general de la enseñanza de la educación infantil, primaria y secundaria obligatoria en Baleares, que establece que la lengua catalana será la única lengua vehicular de la enseñanza pública en el Archipiélago. Como en Cataluña.

Dicho decreto fue aprobado en el Consejo de Gobierno del pasado viernes, y, de hecho, supone la derogación del decreto a favor del trilingüismo aprobado en la pasada legislatura autonómica, que presidió el popular Jaume Matas. Según María Gener, el decreto del anterior Ejecutivo balear obstaculizaba el cumplimiento del llamado decreto de mínimos, que es muy anterior, en donde se fijaba que las clases impartidas en catalán debían suponer, como mínimo, el 50 por ciento de las horas lectivas, lo que hacía posible que el resto de clases se impartieran en castellano o en inglés.

El peso del «Bloc»
Desde las elecciones municipales y autonómicas del pasado mes de mayo, las principales instituciones de Baleares están gobernadas por el PSOE, gracias al acuerdo al que la formación socialista llegó con la coalición nacionalista de izquierdas denominada Bloc -conformada por el Partido Socialista de Mallorca, Izquierda Unida, Los Verdes y ERC- y con Unión Mallorquina. El Ejecutivo autonómico está presidido por el socialista Francesc Antich, y es también el PSOE el partido que gestiona en la actualidad la Consejería de Educación y Cultura, cuya titular es la socialista Bárbara Galmés.

La promoción del uso social de la lengua catalana en Baleares está siendo uno de los ejes de actuación del nuevo Gobierno de izquierdas y pancatalanista, en un propósito programático que está provocando ciertos recelos entre parte de la población, al considerar que esta política en favor del catalán iría en detrimento del aprendizaje y del uso del castellano, que también es lengua oficial en Baleares, según recoge el Estatuto de Autonomía, en consonancia con lo que la Constitución estipula para toda España.

El nuevo decreto educativo aprobado ahora define la lengua catalana, en el epígrafe de su artículo 6, como lengua de enseñanza, aprendizaje y comunicación. «La lengua catalana, propia de las Islas Baleares, es la lengua de la enseñanza», señala este documento, que añade que el uso del catalán como lengua vehicular se tiene que adecuar a varias directrices, entre ellas, que la lengua catalana «tiene que ser la lengua de uso preferente en los actos culturales y sociales y en las relaciones del centro con las administraciones públicas y las entidades privadas», o que tiene que ser también «la lengua de las actuaciones administrativas de régimen interno y de proyección externa de los centros sostenidos con fondos públicos».

En todo el material didáctico
Asimismo, se señala que «las actividades de la enseñanza y aprendizaje en lengua catalana implican el uso oral y escrito de esta lengua, es decir, que los libros de texto y los materiales de apoyo elaborados por el profesorado tienen que ser en esta lengua, y «los materiales didácticos y de consulta también tienen que serlo de manera preferente». En el citado artículo también se señala que «este fomento se tiene que hacer respetando los derechos lingüísticos individuales del alumnado» y, además, la Consejería de Educación tiene que facilitar la integración del alumnado inmigrante a la lengua y cultura «propias» de las Islas Baleares, mediante el desarrollo de programas específicos de aprendizaje.

El nuevo decreto hace también referencia a otros aspectos del sistema que no tienen nada que ver con el uso de una u otra lengua, como, por ejemplo, el reconocimiento, por vez primera, de los alumnos con trastornos por déficit de atención o trastornos graves del lenguaje como un alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Funcionarios llegados del resto de España tendrán que aprender catalán
J.M.A. ABC 11 Junio 2008

PALMA DE MALLORCA. La consejera de Interior del Gobierno balear, María Ángeles Leciñena, del PSOE, confirmó ayer que el Ejecutivo autonómico está preparando un decreto que regulará el uso del catalán en la Administración pública. Este decreto exigirá que los funcionarios que sean destinados a Baleares desde otras Comunidades de España o que pasen a otro puesto de trabajo público en el propio Archipiélago aprendan catalán en un periodo máximo de dos años. La consejera añadió que dicho decreto será aprobado en breve.

La portavoz de la oposición, la popular Rosa Estarás, dio a conocer ayer una propuesta en la que el PP pide que la lengua catalana exigible al Cuerpo Facultativo Superior deje de ser un requisito y pase a ser un mérito. El PP ha instado también que los libros de texto se adapten a las modalidades del mallorquín, el menorquín, el ibicenco y el formenterense, pero su proposición fue rechazada.

Partidos
Los funcionarios trasladados a las islas, obligados a aprender catalán en dos años
M. G. La Razon 11 Junio 2008

MALLORCA- En la actual línea del gobierno de las Islas Baleares de llevar a cabo cambios en la normativa para fomentar el catalán, la propuesta que más polémica generaba hace unas semanas era la de instar a los funcionarios de la administración pública a emplear el catalán como lengua vehicular. La guinda llegaba ayer con el anuncio de un nuevo decreto que exigirá a los funcionarios procedentes de otras comunidades autónomas o a aquellos que pasen a otro puesto en las islas, el aprendizaje de la lengua catalana durante el plazo máximo de dos años desde el comienzo de trabajo en el nuevo puesto.

En la actualidad, el personal destinado a la promoción interna no debía acreditar conocimientos del catalán, pero con el decreto deberán poseer el nivel exigido para dicho puesto. Otro de los puntos que ha generado controversia es el referido a la exigencia de la lengua en los procesos de selección de todas las entidades que forman parte de la administración de la comunidad, a excepción de entidades y consorcios del ámbito sanitario y docente.

Regresión
Para la presidenta del PP, Rosa Estarás, este hecho supone una regresión, ya que en muchos de los casos primarán los conocimientos lingüísticos a la profesionalidad del individuo, algo que, según afirma la popular, no debe consentirse si se quiere apostar por un personal mejor formado en el archipiélago.
El Govern ya ha comenzado a poner cartas en el asunto y está organizando cursos de catalán en cada una de las islas dentro del horario laboral para ofrecer facilidades a los empleados de la Administración y que estos puedan contar con el nivel de catalán obligatorio para el puesto.

Por su parte, Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Etica, destacó que la resolución judicial de Huesca es provisional y deberá ser confirmada por sentencia y recordó que la suspensión de la asistencia a clase de EpC «ha sido admitida por una docena de autos dictados en el mismo sentido por el Tribunal Superior de Justicia Andalucía», que además ha dictado dos sentencias reconociendo el derecho a la objetar y una tercera sentencia anulando parte de los contenidos de la asignatura.

Múgica respalda a los padres ante la imposición del vasco
El Defensor del Pueblo recoge la protesta de 3.000 progenitores y exigirá al Gobierno de Ibarretxe un informe sociolingüístico
Recuerda al Ejecutivo vasco que los tres modelos lingüísticos son de aplicación obligada en el sistema de educación.
Iker Moneo La Razon 11 Junio 2008

bilbao- La batalla que libra en distintos frentes la Plataforma Por la Libertad de Elección Lingüística, integrada por más de 3.000 padres vascos, comienza a dar sus frutos. El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha admitido a trámite la queja que el pasado mes de abril le trasladó el colectivo y en la que solicita que se modifique el decreto del Gobierno vasco que sitúa al euskera como lengua vehicular de la enseñanza -que se encuentra recurrido ante el TSJPV- y que se garantice el derecho de los progenitores a que sus hijos estudien en su lengua materna.

Comienza así un recorrido que podría culminar con la presentación por parte del Defensor del Pueblo de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si estima vulnerado el derecho a la libre elección lingüística. De momento, el primer paso adoptado por Múgica ha sido el de solicitar al Departamento de Educación del Gobierno vasco un informe por escrito, que tendrá que estar listo esta misma semana, para contrastar la denuncia de la plataforma. En dicho documento debe reflejarse «la situación sociolingüística y de prospección de la demanda sobre los que se fundamente la oferta actual de cada modelo de los tres modelos lingüísticos vigentes -castellano (A), bilingüe (B) y euskera (D)- en cada centro», así como si esta posibilita «la libertad de elección que pretende la ley». La negativa del Ejecutivo de Ibarretxe a secundar esta petición podrá ser considerada por el Defensor del Pueblo como «hostil o entorpecedora de sus funciones», según señala la plataforma de padres, que consideró un logro la admisión a trámite de su queja porque le confiere cuando menos «legitimidad moral».

El escrito enviado por Múgica al Departamento vasco de Educación recuerda que la Ley de Escuela Pública Vasca contempla que los tres modelos lingüísticos «serán de aplicación en todo el sistema de enseñanza público y privado» y que la planificación de la oferta ha de «hacer efectivo el derecho de los padres y alumnos a elegir la opción que deseen». Frente a lo establecido en esta norma, señala que la plataforma de padres denuncia que en los últimos diez años se ha disminuido de forma progresiva la oferta en castellano hasta el punto de que en Vitoria, donde el 95 por ciento de la población es castellanohablante, las plazas ofertadas en el modelo A están por debajo del 20 por ciento. El colectivo de padres admite que la resolución que emita el Defensor del Pueblo no será «judicial», pero asegura que servirá para «sacar los colores» al Gobierno vasco.

Baleares reducirá el inglés y el castellano en los colegios para fomentar el catalán
Antich aprueba un decreto que eliminará el trilingüismo a partir del próximo curso
El Gobierno de las islas considera que el anterior modelo, aprobado por el PP, era perjudicial para la lengua catalana.
Marta Garau La Razon 11 Junio 2008

MALLORCA- El catalán será la lengua vehicular en las aulas y el idioma preferente en actividades culturales, de aprendizaje o de régimen interno en los centros educativos de Baleares. Es el resultado del nuevo decreto de ordenación general de las enseñanzas de Educación infantil, Primaria y Secundaria que se aplicará a partir del próximo curso, tal y como anunciaba la directora general de Administración, Ordenación e Inspección Educativas, Maria Gener.

Esta propuesta deroga el modelo trilingüe adoptado en la anterior Legislatura popular, al considerase en detrimento del catalán. La iniciativa pretendía dar prioridad a una tercera lengua y dedicar un tercio de los contenidos al castellano, otro tercio al catalán y el resto a lengua extranjera, principalmente inglés. Pero el Gobierno liderado por Francesc Antich considera que la propuesta colisionaba con el Decreto de mínimos aprobado en 1997, que establecía que al menos el 50% de las materias se debía impartir en catalán. Pero la realidad parece transcurrir de forma independiente a la normativa, ya que según el presidente del círculo balear, Jorge Campos, el 90% de los centros públicos imparte la totalidad de sus contenidos en lengua catalana.

La nueva propuesta busca un cambio metodológico y una modificación en el enfoque de la enseñanza a través de la formación de los equipos directivos en los centros educativos para así poder concretar cuales serán las competencias básicas.

Además se establecerá una evaluación al finalizar el segundo ciclo de educación primaria y el de secundaria de las asignaturas de catalán, castellano y matemáticas para determinar sus competencias lingüísticas y matemáticas.

Los libros de texto no se traducirán al mallorquín o al formenterense
M. G. La Razon 11 Junio 2008

La elección de la lengua en las escuelas fue de nuevo tema de debate en el pleno del parlamento celebrado ayer en Palma. Los populares no lograron el apoyo suficiente (con 20 votos a favor y 30 en contra), tras presentar una proposición no de ley que pedía la adaptación de los libros escolares a las diferentes modalidades lingüísticas de las islas: mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterense. Esta propuesta, que pretende proteger el patrimonio cultural y lingüístico de las islas, no ha contentado al grupo socialista, ya que según la diputada Cristina Rita, ello implicaría una confusión en las próximas generaciones y éstas acabarían por «no entenderse». Rita, además, calificó la propuesta de contraproducente pedagógicamente e inviable económicamente. A ello respondía la presidenta del PP, Rosa Estarás, mostrando su indignación, al considerar prioritaria la identidad frente al presupuesto, puesto que éste «no se escatima cuando se trata de invertir en ellos» acuñó.

Pere Palau, defensor de este cambio y diputado del PP, explicaba que las modalidades de baleares son elementos identificadores y los libros de texto al editarse entermante en catalán no reflejan la riqueza lingüística existente.

El euskera, en el menú de los restaurantes
La expansión del euskera llega a la hostelería. El Patronato Municipal de Euskera de San Sebastián creó ayer un traductor en internet, que recoge un total de 1.057 términos, para que los hosteleros donostiarras puedan traducir fácil e inmediatamente sus menús del castellano al vasco. Se trata de una aplicación informática incorporada a la web merkatari.net, creada por el mismo organismo municipal, para dar un servicio integral en euskera a los profesionales de la ciudad. La iniciativa busca ofrecer a los 1.500 establecimientos hosteleros esta herramienta para aumentar la presencia del euskera y «normalizar el uso de la terminología vinculada a la gastronomía».

LA AEROLÍNEA DICE QUE USARÁ LA LENGUA “ALGÚN DÍA”
Puig dice que Air Berlin "ha claudicado" pero insta a seguir la campaña contra la compañía
Libertad Digital Libertad Digital  11 Junio 2008

El independentista catalán, Joan Puig, ha interpretado lo que ha querido sobre la reunión de Air Berlin con el presidente socialista de baleares y dice utilizará el catalán porque “la pela es la pela”. Sostiene que la aerolínea “ha claudicado”. Puig, sin embargo, se contradice y pide que se siga con la campaña contra la compañía. Air Berlin, de hecho, lo único que ha dicho es que “algún día” incorporará el catalán en sus trayectos.

Joan Puig se olvida de que la reunión del presidente socialista de baleares, Francesc Antich, y el director general de Air Berlin en España, Álvaro Middelmann, se produjo a petición del primero y no en dirección contraria. Las palabras de Middelmann de que “algún día” incorporarán el catalán en las comunicaciones de la compañía alemana ha sido interpretada por el ex diputado de ERC como una “claudicación”.

En su blog, el independentista dice que “Air Berlin ha perdido su guerra”. También vuelve a mostrar sus obsesiones por Libertad Digital y El Mundo, que sigue calificando sin rubor de “Yhiad periodística hispánica”. “Helados se han quedado de presenciar que la compañía alemana ha claudicado e incorporará el catalán en su empresa”.

Puig a continuación se contradice -reconociendo su engaño- y anima a seguir la campaña contra la compañía aérea. “No se puede bajar la guardia y hay que seguir la campaña para que Air Berlin utilice nuestra lengua”. Pero, ¿no había claudicado ya la compañía?

El ex diputado catalán que asaltó la propiedad privada del director de El Mundo, Pedro J., en Mallorca, insiste en comprar la denuncia de la persecución del castellano que realiza Libertad Digital con “el odio a Cataluña”.

También cita el editorial de Financial Times en su edición en alemán y dice que “ha dado una bofetada a la línea de flotación de la compañía, hasta las acciones de Air Berlin han tenido una considerable bajada” pero no ofrece datos, ni revela el contenido del editorial.

Puig termina su artículo diciendo que “pase lo que pase Air Berlin ha perdido su guerra, internacionalizar las barbaries es un camino necesario y que da resultados, la contundencia de la sociedad civil ha dado sus frutos, no aflojemos, tenemos la razón y la ejercemos”.

Air Berlin acordará con el Gobierno balear medidas para fomentar el catalán en los aviones
 Periodista Digital 11 Junio 2008

Air Berlin se reunirá con la Dirección general de Política Lingþística del Gobierno balear para acordar medidas que potencien el catalán en las relaciones de la compañía con los clientes, con el fin de "trabajar conjuntamente" en la "normalización lingþística" y poder ofrecer "el mejor servicio" a los ciudadanos que vuelen con la aerolínea alemana.

Este fue el compromiso adoptado por el director de la compañía por España y Portugal, Alvaro Middelmann, tras mantener una reunión con el presidente del Gobierno, Francesc Antich, en la que dieron por "zanjada" la polémica suscitada en las últimas semanas, después de que la directora general de Política Lingþística, Margalida Tour, enviara una carta al presidente de Air Berlin, Joachin Hunold, instándole a utilizar el catalán en la atención personalizada a los clientes, la documentación escrita, la página web y las instrucciones que comunica a bordo del avión.

Al finalizar el encuentro, Middelmann se comprometió a que "algún día" se utilizará el catalán en los aviones de Air Berlin, si bien estimó "complejo y difícil" establecer una fecha concreta. No obstante, recordó que actualmente, 38 de los más de 200 empleados de esta compañía ya son catalanoparlantes, mientras que en el 90 por ciento de los vuelos hay, al menos, una persona que habla español.

El director de Air Berlin para España y Portugal remarcó que la compañía mantiene un "respeto absoluto" por la cultura mallorquina y balear y, en este sentido, lamentó la interpretación que se ha hecho del editorial escrito por Hunold en la revista 'Air Berlin Magazin' denunciando que el castellano se ha convertido en las islas en una "lengua extranjera más", ya que, según remarcó, "lo último que quería era ofender".

Por otra parte, Middelmann anunció que está previsto que el presidente de Air Berlin se traslade en las próximas fechas a Mallorca para tratar con el Gobierno asuntos de "común interés", si bien precisó que no está previsto que vaya a participar en la citada reunión con la Dirección General de Política Lingþística.

Señala que no asistir a esta clase no causa daños a terceros ni perturba el interés público
Un juzgado avala que un niño no asista a Educación para la Ciudadanía
Fax Press - Madrid La Razon 11 Junio 2008

Reclama que las cuestiones planteadas por los católicos se traten «con el mismo celo» que las del resto de creencias.

El juez sustituto Antonio Martín González del juzgado de lo contencioso-administrativo nº1 de Huesca ha acordado suspender de forma cautelar la obligación de unos alumnos de asistir a clase de Educación para la Ciudadanía. El procedimiento judicial se inició porque la objeción de conciencia de los padres de los estudiantes fue rechazada por una resolución administrativa de la Consejería de Educación del Gobierno aragonés. El auto pide que las cuestiones planteadas por los católicos se traten «con el mismo celo» que las relativas a otras religiones.

El auto sostiene que «la inasistencia de los alumnos a las clases presenciales de la asignatura «Educación para la Ciudadanía», no provocan ningún daño a tercero» y, en contra de lo argumentado por la Abogacía de la Comunidad de Aragón, no «perturba el interés público».

Agrega que los alumnos afectados pueden mantener esas horas lectivas en otras materias cirriculares o incluso dedicarlas al estudio en las instalaciones del centro, «porque no se altera significativamente el buen funcionamiento del centro escolar». En su argumento, el auto alude a que se han producido «situaciones similares» durante los últimos años, como la inasistencia a clase de religión por parte de alumnos no católicos, agnósticos o ateos. También cita «la habitual y frecuente preparación» de un menú escolar diferente para alumnos musulmanes y destaca que eso no ocurre con estudiantes con necesidades alimenticias especiales, como los celíacos, lo que le lleva a concluir que «las administraciones educativas parecen primar los motivos religiosos sobre las causas de salud». Por ello, añade, «dado que la sensibilidad hacia cuestiones religiosas parece tratarse con especial atención cuando la religión no es la católica, deben atenderse con el mismo celo las mismas cuestiones cuando éstas las plantea el pensamiento católico».

«ADOCTRINAMIENTO»
El juez Martín González añade que si los alumnos de los padres objetores fueran obligados a asistir a Educación para la Ciudadanía, supondría que los menores «recibieran una enseñanza, o adoctrinamiento, en unos valores que no son los compartidos por sus progenitores, que es lo que estos tratan precisamente de evitar».
Advierte por último que el hecho de que exista algún pronunciamiento judicial a favor de la obligatoriedad de Educación para la Ciudadanía «no desvirtúa» el derecho de los padres a educar a sus hijos reconocido en la Constitución.

El Foro de la Familia, que dice contabilizar más de 35.000 objeciones de conciencia frente a esta asignatura, mostró su satisfacción por el auto «frente a la imposición ideológica que supone EpC» y reclamó al Gobierno de Marcelino Iglesias «que aplique a todos los objetores aragoneses la misma medida» hasta que los tribunales se pronuncien definitivamente sobre esta cuestión.

Turismo rechaza las ofensas contra Air Berlin por el uso del catalán
JOSEP MARIA AGUILÓ ABC 11 Junio 2008

PALMA DE MALLORCA. El presidente del Gobierno balear, el socialista Francesc Antich, se reunirá hoy en la sede del Ejecutivo autonómico, el Consulado del Mar, con el director general de Air Berlín en España y Portugal, Álvaro Middelmann, con el objetivo de hablar sobre la polémica iniciada días atrás en relación al uso de la lengua catalana por parte de la citada compañía de aviación.

Cabe recordar que el pasado mes de abril, la directora general de Política Lingüística del Gobierno balear, Margalida Tous, envió un escrito a distintas compañías de aviación en el que se les instaba a utilizar la lengua catalana en la atención a sus clientes, en la comunicación escrita, en las páginas web y en las instrucciones de seguridad que se dan a bordo de los aviones.

Tras este escrito, el presidente de Air Berlín, Joachim Hunold, publicó un editorial en la revista «Air Berlin Magazin» en donde afirmaba que la lengua castellana estaría siendo discriminada en Baleares. «Hoy el castellano ya no es una lengua oficial», señalaba Hunold en el citado editorial, y añadía: «Hay pueblos en Mallorca en los que los niños ya no hablan en castellano; en las escuelas, el castellano es una lengua extranjera más».

Middelmann, por su parte, ya tuvo una primera conversación con el presidente Antich la pasada semana, en donde le dijo que Air Berlín cuenta con trabajadores que hablan en catalán y que su compañía respeta esta lengua, si bien añadió que los criterios de la Dirección General de Política Lingüística «no se pueden asumir» y que su propuesta es económicamente inviable.

Por otra parte, fuentes de la Secretaría de Estado de Turismo, que dirige Joan Mesquida, rechazaron ayer «totalmente las ofensas vertidas de forma irresponsable» contra Air Berlín, según informó la agencia Europa Press. Desde el citado organismo público se considera que la polémica creada lo único que ha conseguido es «generar tensión», cuando esta situación podría haberse arreglado «por la vía del diálogo».

Mesquida se puso en contacto ayer mismo con Hunold, por vía telefónica, para expresarle su «absoluto y total rechazo» a las declaraciones contra la compañía aérea producidas en estos días, en especial las del ex diputado de ERC, Joan Puig, que incluyó en su blog una esvástica nazi junto al logo de Air Berlín. La compañía alemana ha anunciado ya, en este sentido, que emprenderá actuaciones legales ante la Unión Europea contra el citado político de la formación independentista.

El Bloc enfría la polémica
Desde el PP balear, su presidenta, Rosa Estarás, exigió al Ejecutivo balear una disculpa hacia Air Berlín por la «política de agresión» que está llevando a cabo contra una empresa que «crea puestos de trabajo y conecta las Islas con el resto del mundo». La líder popular acusó al Ejecutivo autonómico de haber «perdido el norte». Sin embargo, el portavoz del Bloc per Mallorca, Gabriel Barceló, aseguró ayer que Air Berlin «no entendió el mensaje que le quiso trasmitir el Gobierno balear» por lo que espera que las explicaciones de Antich acaben con la «situación de enfrentamiento». Para Barceló, la carta de Política Lingüística era «muy correcta» y por eso le «sorprende mucho que alguien tenga que pedir perdón, en todo caso lo que debe hacer Air Berlin es informarse y comprender la realidad lingüística de las Islas Baleares».

Foro Ermua no recurrirá la acusación por desórdenes
R. N. La Razon 11 Junio 2008

Madrid- Ni Iñaki Ezquerra y Antonio Aguirre, presidente y vicepresidente del Foro Ermua, ni Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia (DyJ), recurrirán el auto que mantiene la acusación por desórdenes públicos contra ellos por los incidentes que tuvieron lugar durante la declaración del lendakari Juan José Ibarretxe por reunirse con líderes de Batasuna. Según Aguirre, no apelarán la resolución del juzgado número 3 de Bilbao, que ha denegado el sobreseimiento de una falta por desórdenes contra los tres, «para no dilatar el proceso» y que el juicio se celebre cuanto antes. En opinión de Aguirre, en este sumario se evidencia que «en Euskadi los verdugos se convierten en víctimas y las víctimas en verdugos», puesto que, según recordó, aquel 26 de marzo de 2007, en que Ibarretxe tuvo que declarar ante el juez, él mismo fue «agredido brutalmente por un miembro del PNV» cuando acompañaba al abogado de la acusación.

Aguirre mantiene que aquella patada «fue alentada por el propio lendakari» ya que, con sus declaraciones contra el Foro Ermua, «nos puso en el punto de mira de las bases nacionalistas» que ese día «nos insultaron, coaccionaron y agredieron» cuando acompañaban a su letrado, Fernando García-Capelo. Además, ha denunciado que el informe de la Ertzaintza sobre el que se basa la acusación contra los miembros de este colectivo y el presidente de DyJ, «es un atestado político falso, hecho a instancias del propio Gobierno vasco para tapar la vergüenza y la gravedad» de la agresión protagonizada por uno de «los centenares de simpatizantes nacionalistas convocados por la dirección del PNV», informa Efe. Por eso, no descarta querellarse por prevaricación contra los agentes que hicieron el atestado según lo que declaren en el juicio.

Por su parte, Portero secundó la decisión de los dirigentes del Foro Ermua. «Todo el proceso es una pantomima -se quejó- y recurrir para nada es perder el tiempo. La instrucción del caso ha sido demencial». Portero coincide con Aguirre en que el atestado elaborado por la Ertzaintza a raíz del incidente «es una falsedad pura y dura». «Llevamos un año peleando y si la juez dice ahora que se celebre el juicio, pues que se celebre. Tengo claro que si nos condenan no pienso pagar un duro...».

EN LA PROVINCIA DE HUESCA
Un juez permite a unos padres la objeción a EpC
La polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía, creada por el Gobierno socialista para educar según los valores del Estado, ha recibido otro duro revés. En Huesca, un juez ha permitido la objeción para unos niños alegando que "la inasistencia de los alumnos a las clases presenciales de la asignatura, no provoca ningún daño a terceros". Para ello pone ejemplos como la ausencia de los alumnos a Religión Católica o la preparación en los centros escolares de menús para musulmanes, algo que no ocurre con niños celíacos o hipertensos.
Libertad Digital 11 Junio 2008

La Justicia ha emitido otra sentencia favorable a los objetores a la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía. En este caso ha sido en Huesca, donde el magistrado sustituto del Juzgado Contencioso Administrativo, Antonio Martín González, ha dejado en suspenso la medida llevada a cabo por el Gobierno de Aragón de la obligatoriedad de cursar esta asignatura.

De hecho, estos padres presentaron un recurso por la vulneración de derechos fundamentales "frente a la resolución del Viceconsejero de Educación de fecha 03/04/08 que acordaba no haber lugar a la objeción de conciencia planteada frente a la asignatura 'Educación para la Ciudadanía' obligando a sus hijos a cursarla, en contra de las convicciones de sus progenitores".

El juez asegura en su escrito que la "inasistencia de los alumnos a las clases presenciales de la asignatura, no provocan ningún daño a terceros". Y para ello argumenta que los alumnos objetores pueden realizar esas horas lectivas en otras materias o dedicarlas al estudio en el mismo centro como ocurre con la asignatura Aulas y Biblioteca. El magistrado dispone que "no se altera significativamente el buen funcionamiento del centro escolar" y se atiende a situaciones similares como la falta a la asignatura de Religión Católica.

Destaca además el ejemplo propuesto por el juez que asegura que "también es habitual y frecuente la preparación de un menú escolar diferente para los alumnos musulmanes, algo que no ocurre respecto de los alumnos necesitados de una dieta especial como celíacos o hipertensos". "Las administraciones educativas parecen primar los motivos religiosos sobre las causas de salud", subrayó.

En este sentido, si no se aprobara la objeción esto "provocaría que los hijos menores recibieran una enseñanza o adoctrinamiento en unos valores que no son los compartidos por sus progenitores, que es lo que éstos tratan precisamente de evitar".

Idiomas
Un centro de la UE reconoce el gallego, el catalán y el euskera como lengua materna
Las tres lenguas cooficiales pueden usarse en el programa de aprendizaje permanente del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional.
Efe La Voz 11 Junio 2008

El gallego, el catalán y el euskera pueden usarse como lengua materna en el programa de aprendizaje permanente del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop), según ha informado hoy el eurodiputado Ignasi Guardans, (CiU).

El comisario europeo de Educación y Cultura, Jan Figel, ha señalado en respuesta a una pregunta escrita de Guardans que las tres lenguas no fueron incluidas en el formulario en línea del Cedefop debido a «un error informático». Figel precisó que el error impidió que funcionara una opción sobre la elección de lengua materna y que el centro «ha reaccionado de manera inmediata» y ha realizado la corrección necesaria en su página de internet, según la respuesta reproducida en un comunicado de Guardans.

Añadió que la Comisión Europea buscará «una solución a largo plazo» que permita a los candidatos del programa de formación permanente 2007-2013 usar el formulario electrónico independientemente de cuál sea su lengua materna.

 

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