AGLI

Recortes de Prensa    Domingo 15 Junio 2008

En defensa del castellano
Editorial ABC 15 Junio 2008

DISPONE el artículo 3 de la Constitución que «el castellano es la lengua española oficial del Estado» y añade que «todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». Es evidente, por desgracia, que en determinadas comunidades autónomas se produce un trato discriminatorio hacia la lengua común en nombre de una falsa «normalización» lingüística. A los casos ya conocidos de Cataluña, País Vasco y Galicia, se suma en los últimos tiempos una política sin sentido en la Comunidad balear que ha provocado denuncias con notable eco en la opinión pública. Lo más sorprendente es que mientras la influencia y el prestigio de la lengua española crecen en todo el mundo, algunos sectores minoritarios pretenden erradicarla dentro del territorio nacional. El español es vehículo de una cultura de alcance universal y se ha convertido en un auténtico tesoro para nuestro país por su aportación al PIB y por el hecho indiscutible de que ha superado ya en todas partes al francés o al alemán como segunda lengua extranjera. Es lamentable que los intereses minúsculos de ciertos grupos nacionalistas pongan en peligro este legado cultural que los españoles compartidos con más de cuatrocientos millones de hablantes en todo el mundo. Es una prueba más de la estrechez de miras y el egoísmo localista que deberían ser incompatibles con el desafío global que plantea el siglo XXI.

Por razones estrictamente partidistas, Rodríguez Zapatero mira para otro lado y prefiere negar la evidencia de que son los propios socialistas los que alientan -o al menos consienten- esta minusvaloración de la lengua común. De este modo, el Gobierno hace dejación de una obligación constitucional de máxima relevancia en nuestro Estado autonómico. En efecto, según el artículo 149.1, en su apartado primero, de la Norma Fundamental, el Estado debe garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Éste sería un ámbito muy apropiado para que el Ejecutivo desplegara esa tendencia a promover la igualdad que ahora mismo se malgasta por medio de un Ministerio innecesario, cuyas primeras ocurrencias no han podido ser menos afortunadas. Los muchos miles de personas que desean vivir en castellano en algunas comunidades autónomas que cuentan con alguna otra lengua oficial sufren una discriminación injustificada. En los centros de enseñanza, en las relaciones con la Administración autonómica o en el rótulo de los comercios, por poner sólo algunos ejemplos, quienes desean utilizar su propio idioma de alcance universal se ven postergados y a veces coaccionados. Cuando se denuncian los excesos más aparentes, la respuesta es el silencio o, peor todavía, la acusación de ser un extraño en la comunidad como si hablaran la lengua de un país ajeno. Es una falsedad intolerable desde el punto de vista histórico y sociológico, pero sería absurdo ignorar que funciona cada vez más en la realidad cotidiana.

ABC informa hoy sobre la estrategia común que pretenden poner en marcha las diversas asociaciones en defensa del castellano que han ido surgiendo en distintos lugares donde la amenaza no sólo está en las páginas del Boletín Oficial, sino también en la práctica diaria. Estas asociaciones merecen el máximo apoyo desde la perspectiva de una defensa eficaz de la Constitución vigente y de las libertades democráticas. Aunque le resulten incómodas, el Gobierno no puede ignorar su existencia y los argumentos muy sólidos que aportan en favor de un bilingüismo efectivo. La fortaleza del castellano como vehículo de comunicación global contrasta con el aislamiento social que sufre en algunas zonas de España. No sólo hay que hacer que se cumpla la ley, sino sobre todo que se imponga el sentido común para evitar que en el futuro muchos niños españoles se vean privados de una de sus grandes bazas culturales por causa de una absurda mezcla de dogmatismo y oportunismo.

Los fanáticos de Montilla
EDURNE URIARTE ABC 15 Junio 2008

Uno de los asuntos incomprensibles de la política española es que José Montilla mantenga la imagen de hombre moderado, centrista e integrador. Y no porque él mismo no lo sea sino porque su respaldo a los fanatismos lingüísticos merecería una revisión acelerada de esa imagen.

Montilla no opone la menor dificultad a la erradicación del español de la escuela catalana. Más bien aporta su complacido respaldo. Y eso que ha afirmado alguna vez que la diferencia entre el catalanismo del PSC y el nacionalismo es que los catalanistas están con España y no contra España. Si tal diferencia existió, se ha extinguido completamente con este tripartito. No hay forma de encontrar un catalanista-socialista que defienda el derecho a estudiar en español.

Montilla, que conoce muy bien el nacionalismo, sabe que la intolerancia lingüística y el independentismo son los dos elementos que el socialismo no puede facilitar ni apoyar. Pero lo hace en Cataluña y también en Baleares. Mientras fomenta el rumano, el chino, el árabe, el quechua y el urdú.

El problema no está en el rumano ni en el resto de lenguas que el tripartito se propone incorporar a la escuela. El problema está en que esa generosidad hacia las lenguas de los inmigrantes se acompañe de intolerancia radical hacia una de las dos lenguas de los catalanes. Que el español esté siendo expulsado de la escuela catalana mientras se introduce el rumano. Y que los socialistas asuman y promocionen el núcleo étnico actual del nacionalismo: la construcción de un pueblo a través de la imposición lingüística. Y bajo la coacción de las instituciones democráticas.

En un interesente artículo publicado en la revista Claves, los politólogos Julián Santamaría y Henar Criado calculan que alrededor de 700.000 votantes del PSOE en 2004 se pasaron al PP el pasado marzo. Y se preguntan por qué, por qué tan sustancioso sector de votantes centristas ha abandonado el PSOE para apostar por el PP. Sugiero una respuesta que no está en el artículo. Porque esos votantes centristas no pueden entender qué hace el PSOE apoyando los fanatismos nacionalistas. El lingüístico, por ejemplo.

Padres en defensa del castellano lanzarán un manifiesto y se movilizarán en otoño
BLANCA TORQUEMADA. MADRID. ABC 15 Junio 2008

La articulación de un movimiento cívico de ámbito nacional para reivindicar que la lengua común de los españoles no quede definitivamente proscrita en las escuelas de Cataluña, País Vasco y Galicia está en marcha y avanza imparable. Representantes de plataformas ciudadanas de estas comunidades autónomas y de Baleares, donde la imposición del catalán se acaba de aprobar por decreto, trabajan para ensamblar una contestación sólida y efectiva a un estado de cosas «de gravísima y manifiesta vulneración de las libertades», por lo que auguran que su demanda de «Justicia, de respeto a la Constitución y a las leyes y de sentido común» marcará la legislatura que acaba de arrancar.

Como primer paso, después de varias reuniones preliminares para intercambiar información, portavoces de estos grupos cívicos (compuestos fundamentalmente por padres de familia) se han citado de nuevo el día 28 de este mes en un lugar aún por concretar para una nueva puesta en común, ya más avanzada, en la que se debatirá el borrador de un manifiesto común que, una vez consensuado por todos, se hará público y servirá de preludio para movilizaciones de ámbito nacional.

Según han informado a ABC fuentes de las plataformas de Cataluña y del País Vasco, el texto base ya existe y no se preven graves obstáculos para alcanzar un acuerdo, pero aún hay que concretar la estrategia sobre cuándo lanzar a la opinión pública esa reivindicación conjunta. Las líneas básicas del borrador giran sobre dos ejes: el primero, instar a que se establezca en las comunidades con dos lenguas una oferta con tres modelos educativos (como la que ha existido hasta ahora en el País Vasco), para que los padres puedan optar por clases para sus hijos en español, en la lengua autonómica o por una enseñanza mixta. El segundo eje consistirá en solicitar que se modifique el actual sistema de conciertos para que la financiación pública de la enseñanza vaya directamente a los padres (no a los centros), porque los grupos promotores de la iniciativa creen que de esta forma no se podrá enmascarar (como ocurre ahora) la existencia de demanda de enseñanza en castellano. «Sería una especie de «cheque escolar» -explican las fuentes consultadas-, aunque no queremos usurpar ese término».

La duda está ahora entre si el manifiesto se lanzará de forma inmediata, en julio, o se esperará a septiembre, momento en el que «habrá aún más sensibilidad sobre estas cuestiones por el comienzo del curso escolar». Lo que parece ya fuera de discusión es que la difusión del manifiesto servirá de pistoletazo de salida para una serie de movilizaciones. La primera de ellas, probablemente, será una concentración ante el Ministerio de Educación a mediados de septiembre.

Variedad de situaciones
Antes de dar el primer paso, estos grupos cívicos han tenido que llevar a cabo un intenso intercambio de información para poder hacer un diagnóstico y ser capaces de dar una respuesta única, dado que, aunque el problema esencial es el mismo (no hay manera de escolarizar a los hijos en castellano) son variados los trucos legales y fórmulas más o menos sibilinas o subrepticias que han utilizado los Gobiernos autonómicos para liquidar la libertad de las familias y laminar la presencia del español en los colegios e institutos. Por ejemplo, en el País Vasco, el decreto de desarrollo del currículo 175/2007 del Gobierno de Ibarretxe acaba de condenar a muerte el modelo educativo «de las tres líneas» (A, en castellano, B mixto de las dos lenguas y D en vasco), para instaurar el «euskera only», mientras que en Cataluña el Gobierno tripartito remacha ahora la imposición del catalán como lengua vehicular con continuas dilaciones de la obligación legal derivada del decreto de Enseñanzas Mínimas del Ministerio de Educación de una tercera hora de enseñanza semanal del castellano, que no se está impartiendo.

La portavoz de la Asociación por la Tolerancia, Marita Rodríguez, plantea la situación -«gravísima», asegura- en toda su crudeza: «Nos sentimos inermes porque una de las lenguas oficiales está proscrita en Cataluña. Sencillamente, está prohibida la enseñanza en español». En esta dictadura lingüística perfectamente equiparable a la que estableció el franquismo con respecto al catalán, el hostigamiento al castellano va en aumento, a veces «a través del incumplimiento de las leyes», como está sucediendo ahora con la tercera hora de la lengua común de España. «La Generalitat aduce -explica Rodríguez- que hay que esperar a lo que vayan decidiendo los claustros para aplicar esa hora. ¿Desde cuándo los claustros son los que deciden si se cumple o no una ley? Esto es subversión. Es abrir la veda para que las leyes se respeten o no a gusto del consumidor».

Pablo Gay-Pobes, de la Plataforma por la Libertad Lingüística del País Vasco, reitera que su entidad, que agrupa ya a tres mil familias, confía en que «la unión hará la fuerza». Entretanto, este grupo tiene abiertos varios frentes de lucha y ha pedido la intervención del Defensor del Pueblo. Sobre las negociaciones para el gran manifiesto nacional, estima Gay-Pobes que «están muy avanzadas, pero tampoco queremos hacer las cosas atropelladamente. Es mejor ser flexibles para aunar más voluntades». Denuncia, entretanto, que la última estratagema del Ejecutivo de Ibarretxe para imponer el euskera a todos los escolares «es la de ocultar que hay demanda de enseñanza en castellano. Las tres líneas de enseñanza daban respuesta a una realidad social, y ahora las han liquidado».

Imitación de Cataluña
Coincide por ello Gay-Pobes con Francisco Caja, de Convivencia Cívica Catalana, en que la implantación de esa fórmula de tres líneas podría ser una solución única para las Comunidades con lengua cooficial y por eso en el borrador del manifiesto nacional las reivindicaciones van por ese camino. Pese a las bondades de ese sistema que ha propiciado muchos años de «paz lingüística» en la escuela vasca, dice Caja, lo que se está generalizando ahora va por el camino opuesto: «Lo que tratan de imitar otros gobiernos autonómicos es el modelo catalán de inmersión, que comenzó en 1993 y se consolidó en 1998, pese a que en 1994 el Tribunal Constitucional lo que avaló fue la «conjunción lingüística» o bilingüismo integral».

Cree Caja también que los mimbres están ya bastante trenzados y que la reivindicación nacional de padres y profesores puede llegar a prosperar «si sabemos encontrar instrumentos adecuados. La Unesco reconoce desde 1953 el derecho de los niños a educarse en su lengua materna». Así que confía en los resultados, «basados siempre en la razón y en la ley» de este próximo «otoño caliente».

España, un país sin ciudadanos
Francisco Rubiales Periodista Digital 15 Junio 2008

España, masivamente poblada por gente sometida al poder, por víctimas del clientelismo político y por cobardes sin agallas ni amor a la libertad, se está quedando sin ciudadanos. El problema es que sin ciudadanos no puede haber democracia, ni una sociedad vigorosa y pujante.

La sociedad española está hoy políticamente dividida en cuatro bloques, el último de los cuales es el de los auténticos ciudadanos, la única gente verdaderamente libre y responsable del país, consciente de sus derechos y deberes, con capacidad de análisis y de crítica, que desea participar en los procesos de toma de decisiones, un residuo casi insignificante de personas que, marginadas o acosadas por el poder, se refugia en pequeños grupos y se encuentra casi en peligro de extinción.

Los otros tres grandes grupos son: en primer lugar los militantes, simpatizantes y “hooligans” que pertenecen a un partido político; en segundo lugar las huestes del clientelismo, los muchos que sienten miedo a perder sus privilegios y ventajas, gran parte de ellas provenientes de las administraciones públicas; y el tercero, probablemente el más numeroso, agrupa a los que viven indiferentes a la política o frustrados por la desastrosa marcha de lo público.

"Ciudadano" es la persona celosa de su libertad que, consciente de sus deberes y derechos en democracia, ha decidido autogobernarse, sabe que debe controlar a los poderes públicos, porque sin control suelen desbocarse, y que quiere participar en la toma de decisiones, sin delegar jamás en sus representantes políticos lo que no es delegable: su voluntad.

¿Qué ha ocurrido en España para que se perdiera la noción de ciudadanía, bastante desarrollada, al menos entre las élites cultas y vanguardias conscientes en la etapa final del franquismo? ¿Qué error hemos cometido para que los ciudadanos sean hoy en España una especie casi en peligro de extinción?

Participo en un grupo de reflexión política que practica el debate democrático y que analiza la realidad constantemente. Uno de nuestros temas preferidos es el estudio de la ciudadanía. Y hemos llegado a la conclusión unánime de que el culpable de la casi extinción del ciudadano es el partido político y las élites políticas que controlan esos partidos. Los partidos políticos y los políticos profesionales no sólo son incompatibles con la ciudadanía, sino que actúan como adversarios de los ciudadanos, porque el ciudadanos es el único gran obstáculo que se alza entre ellos y el poder absoluto.

La explicación histórica es más que evidente: al morir Franco, los españoles recibimos la democracia con excesiva ilusión y sin cautela alguna. Era tan intensa nuestra sed de democracia que abrimos nuestra sociedad a los partidos políticos y a los políticos profesionales, que ocuparon todos los espacios vacíos, incluso algunos que les estaban vedados. Como consecuencia, la sociedad civil comenzó a morir estrangulada por el excesivo poder de unos partidos para los que, desgraciadamente, no se establecieron controles ni frenos.

España fue imprudente al abrirse sin cautelas a una democracia que, sin control, tiende siempre a convertirse en una dictadura más. Como consecuencia de esa falta de controles, los partidos han incrementado su poder hasta extremos alarmantes y han invadido territorios prohibidos como los poderes Legislativo y Judicial, la sociedad civil, las universidades, las instituciones, los sindicatos y mil espacios más. Pero la mayor víctima de esa orgía de poder ha sido el ciudadano, hoy convertido en un recuerdo o en una especie en extinción

Voto en Blanco

El partido de Aznar se extingue
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 15 Junio 2008

Si en el hilo anterior del blog insistía en la ausencia de Aznar es precisamente porque la tarea que están acometiendo Rajoy, Gallardón y Fraga es, precisamente, la de liquidar la herencia política de Aznar, que es el propio PP, con la única excepción de los sueldos que piensan conservar y ampliar gracias a la liquidación del aznarismo. Algún merluzo de los que reciclan las vulgaridades del psicoanálisis sin haber leído a Freud viene diciendo desde que se fue Aznar que el PP "debe matar al Padre". Naturalmente, el genio vienés se refiere al hecho simbólico y no a la realidad; Freud habla de la necesaria maduración personal sin vinculaciones que acaben con la libertad individual; es decir, que hay que vivir autónomamente y no enfeudado fantasmalmente a una instancia ajena y antropófaga. Entre Edipo y Cronos se sitúa, también, el psicoanálisis.

Pero lo que quieren remarcar estos solapados solaperos bibianescos es que el partido de Aznar, el refundado en términos políticos en el Congreso de Abril de 1990, es el único obstáculo a los planes de Zapatero para el cambio de régimen y como tal debe ser apuntillado en la propia dehesa donde pace, porque una vez en la plaza es muy capaz de llevarse por delante al matador y a su cuadrilla. Hay que acabar con Aznar y su herencia política, el PP, porque sólo así podrá asegurarse el éxito de una operación mortal pero aparentemente indolora, una eutanasia opiácea, un españicidio voluntario.

Primero lo intentaron desde fuera: el Pacto del Tinell prueba la determinación de todos los partidos políticos de acabar "como sea" con el más poderoso de todos ellos. El aislamiento a que lo han sometido durante la legislatura pasada no consiguió, sin embargo, el efecto deseado. Primero, porque dentro del PP había focos de resistencia que, viendo venir el asalto, se parapetaron y contraatacaron, dejando más de una vez en ridículo al ejército tinelliano. Segundo, porque había algunos medios de comunicación, los que mantuvimos la necesidad moral y política de saber qué pasó el 11-M (El Mundo, Libertad Digital y la COPE, amén de algunos diarios asturianos y la emisora City FM), que mantenían conectados a esos focos de resistencia con sus amplísimas bases de militantes y votantes. Este abastecimiento mediático fue determinante en la subsistencia del PP como alternativa en las elecciones del 2008. Y del buen resultado obtenido.

Pero tras el 9-M el diseño del Tinell y la eliminación del PP de Aznar tenían ante sí el mismo problema: un partido nacional con más de diez millones de votos y, encima, un proyecto pequeño pero peligroso de alternativa nacional de izquierdas, UPyD. Había, pues, que volver a intentarlo, pero al modo troyano: abriendo desde dentro la fortaleza que no podía tomarse desde fuera. La diferencia con la Iliada es que han convencido a Héctor de que se suba al caballo de los griegos y acabe con el palacio de Príamo. Sí, ya sé que Rajoy es cualquier cosa menos un héroe, pero ese es el papel que el destino le deparó y que fingió aceptar hasta el 9-M. Después, tras pasar por Cumas (México) pensó sobrevivir jugando a Ulises en campo enemigo y contando con la magnanimidad de Menelao, que le ofreció respetar el reino de Troya y asociarlo al poder de los griegos. Esta vez es Hectoriano el que ha puesto el caballo y ha hecho que su guardia incendie la ciudad para llegar a un trono mancillado con la sangre de Príamo y la traición a Troya.

Naturalmente, la toma de Troya, es decir, del PP desde dentro debía comenzar por el lugar sagrado, el depositario físico de su legitimidad, que es el PP del País Vasco. Y está siendo allí donde la liquidación del partido de Aznar está a punto de culminarse, para refrendarse luego en el congreso búlgaro de Valencia, donde se ratificará el cambio radical de rumbo y de la política de alianzas en el partido: del liberalismo nacional español a las taifas amañadas y apañadas con los separatistas. Es decir, dar marcha atrás en la refundación de la derecha y volver a la Alianza Popular de Fraga, que ya trató de extender el modelo de UPN a otras regiones creando partidos regionalistas de derechas como Unión Valenciana y apoyando a otros similares como el PAR. Partía del análisis democristiano y arriolesco de que la derecha nacional nunca le ganaría a la izquierda, y que para llegar al Poder debía asociarse al nacionalismo vasco y catalán, llegando si era menester a desaparecer en esas comunidades diluyéndose en el separatismo de derechas dizque para moderarlo; en realidad, para compartir poder a cualquier precio. No, no es casualidad que Antonio Basagoiti, el penúltimo desertor del PP vasco de Mayor Oreja y María San Gil, propugnara tras la derrota electoral su reconversión en una UPN vasca. Es que la vuelta a la AP de Fraga, los garbanzos y los complejos, se produce en todos los ámbitos. Con una terrible diferencia: aquella AP llenaba en parte el hueco dejado por la implosión de UCD, mientras que esta AP tiene como objeto hacer estallar el PP.

No se trata de la aniquilación del partido de Aznar, que eso era el pacto del Tinell, sino de la interiorización de la derrota, de la extinción por consunción, de un cambio radical de política y de la eliminación de los vínculos de esa casta política de la derecha con su base social. Esos vínculos eran la COPE, EL Mundo y Libertad Digital. Por eso, junto a la captación de los generales traidores había que cortar las líneas de abastecimiento y suministros de la Numancia popular. Por eso se produce también la aparentemente absurda campaña de Rajoy contra la COPE y El Mundo y su acomodo al protectorado de Prisa y otros multimedia derechófobos que respaldan entusiásticamente su tarea parricida, la eutanasia activa del partido de Aznar. Sí, ése al que llamábamos PP aunque era otra cosa; ése al que, siendo muy otra cosa, seguimos todavía llamando PP.

Crisis popular
Rajoy inicia la demolición del PP vasco
Dicen que es el candidato de consenso cuando es una imposición de Mariano Rajoy para neutralizar a una persona de confianza de María San Gil. Una verdadera catástrofe para la democracia en el País Vasco.
Ignacio Villa Libertad Digital 15 Junio 2008

Podía pensarse que habíamos visto ya todo en la crisis del Partido Popular, pero están por llegar sorpresas todavía mayores. La demolición del PP del País Vasco no tiene precedentes. Ahora es evidente que la defenestración de María San Gil no era casualidad, ni siquiera una coincidencia. Formaba parte de una estrategia de mayor calado, la misma que ha abortado la candidatura de Carmelo Barrio para la Presidencia del PP vasco y ha improvisado la de Antonio Basagoiti como candidato oficial.

Dicen que es el candidato de consenso cuando es una imposición de Mariano Rajoy para neutralizar a una persona de confianza de María San Gil. Una verdadera catástrofe para la democracia en el País Vasco: La liquidación del Partido Popular que conocíamos y que, en su momento, pasó de ser una opción marginal a una seria alternativa de Gobierno.

Rajoy quiere liquidar el Partido Popular de Mayor Oreja, María San Gil, Carlos Iturgaiz, Carmelo Barrio, Regina Otaola o Iciar Lamaraín. El mismo PP en el que militaron antes de ser asesinados por ETA, personajes heroicos como Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, Manuel Indiano, José Luis Caso, Manuel Zamarreño, Jesús Maria Pedrosa o José Ignacio Iruretagoyena. Un partido valiente que siempre ha plantado cara a los nacionalistas y que ha sabido convivir con la estrategia de acoso que las demás fuerzas políticas, al grito de "¡Todos contra el PP!". Un Partido Popular que ya no es el de Mariano Rajoy y que intentan destruir desde la misma dirección de Génova.

La camarilla que rodea a Rajoy tiene la obsesión de hacer méritos ante los nacionalistas y para ello están dispuestos a entregar la herencia de los Blanco, Ordóñez... Lo peor es que el presidente del PP ha entrado en esa dinámica y quiere llegar hasta el final. Después del Congreso de Valencia, la valentía y la heroicidad serán ya historia, y todo por hacerse una fotografía con los nacionalistas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tristeza!

Crisis popular
Un PP cantonalista
Puede que Rajoy, Basagoiti, Camps, Arenas y demás tengan mejor amueblada la cabeza de lo que la tenía el pobre Toñete Gálvez, pero todos padecen su mismo síndrome: quieren mandar a toda costa, aunque sólo lleguen a hacerlo sobre un montón de ruinas.
Emilio Campmany Libertad Digital 15 Junio 2008

El que Rajoy prefiera para presidir el PP vasco al hombre que más claramente se ha manifestado en favor de una secesión de su partido para convertirlo en una especie de UPN da una idea de la profundidad de la crisis en la que está sumida la derecha española.

Ya no ocurre sólo que muchos del PP se apresuran a subir al carro de heno que conduce Zapatero tras oír el grito de quien se sienta arriba del todo: "Marchemos todos, y yo el primero, por la senda anticonstitucional." Ni siquiera basta con transformar nuestro estado autonómico, muy imperfecto, pero legal, en otro aconstitucional constituido por cuatro o cinco estados confederados. Ocurre que han despertado los viejos fantasmas de la derecha española: el fulanismo, el caciquismo, la lucha cainita y su peor secuela, el fraccionamiento regional degenerado hoy casi en cantonalismo.

El PP se nos descubre abarrotado de caciques que ofrecen avales al líder con la insistencia con que las suripantas le tiran a uno de la chaqueta en los barrios chinos de medio mundo mientras se rifan el botín que están seguros repartirán cuando aquél caiga.

No interesan proyectos para España, aburren los sermones catastrofistas, se hacen oídos sordos a propuestas regeneracionistas y se desdeña todo lo que sean simplemente ideas.

Si puede ser considerado magnífico el resultado que el PP obtuvo el 9 de marzo, lo será porque muchos votantes de derechas y de izquierdas creímos que, entre los candidatos con posibilidades reales de ganar, sólo Rajoy podía enderezar el rumbo y evitar la carrera hacia la destrucción de España que había iniciado el estatuto de Cataluña. El matrimonio entre homosexuales, la Ley de Memoria Histórica y la Educación para la Ciudadanía no eran más que cortinas de humo para ocultar el destino que Zapatero nos tiene reservado: la república confederal.

Visto con perspectiva es sorprendente que sus votantes creyéramos que era este pacífico gallego el predestinado a evitarnos este cruel destino cuando apoyó dos reformas estatutarias, la de Andalucía y la de Valencia, dirigidas después de todo al mismo fin que el estatuto catalán. Pero lo creímos.

Ahora casi todos los que en el PP tienen algún cargo y comparten estas preocupaciones prefieren esperar a ver si escampa, en la convicción de que sólo conservando el poco poder que hoy ostentan podrán un día reconvertir al PP para que vuelva a ser el partido nacional que nunca debió dejar de ser.

Mientras tanto, los de a pie estamos obligados a ver como nuestras ideas, las del ochenta por ciento de los españoles, lo que incluye tanto a los que presentimos los nubarrones que sobre nosotros se ciernen como a los que no, son escuchadas entre abucheos por quienes acabamos de elegir para que nos representen. Y, al oír como las expone la única diputada dispuesta a defenderlas, quizá lamentamos, cuando ya es demasiado tarde, no haberla votado.

Puede que Rajoy, Basagoiti, Camps, Arenas, Feijoo y demás tengan mejor amueblada la cabeza de lo que la tenía el pobre Toñete Gálvez, pero todos padecen su mismo síndrome: quieren mandar a toda costa, aunque sólo lleguen a hacerlo sobre un montón de ruinas.

Entre todos, al más ambicioso, Gallardón, se le ha puesto en la cara una risita que no se le quita ni para dormir, como a esos malos jugadores de póker que no saben disimular que acaban de ligar cuatro jotas. Recemos porque un Mayor Oreja o cualquier otro de similar fuste tenga cuatro reyes en la mano. Si no, apañados estamos.

Los populares vascos
GERMÁN YANKE ABC 15 Junio 2008

La oposición intelectual al nacionalismo vasco es más que importante, el peso electoral de este último no tiene correspondencia en el debate intelectual y académico y, de hecho, buena parte de lo que se ha dado en llamar el «constitucionalismo vasco» se ha trenzado en torno a profesores universitarios, ensayistas y escritores, muchos de ellos, además, procedentes de la izquierda. Sin embargo, resultaría sorprendente que, preguntados todos ellos por su ideología, por las bases de su pensamiento político, respondieran con una crítica agria al PNV. No por estar en contra del nacionalismo piensan lo que piensan, sino que, por pensar lo que piensan, no pueden asentir o abstenerse ante la falta de proyecto democrático en el nacionalismo vasco, por utilizar otra vez la aguda observación de Mario Onaindía.

Precisamente por eso llama la atención que el borrador de la ponencia política del PP para el congreso del próximo fin de semana -el texto en el que se aceptaron, quizá por alguno a regañadientes, las aportaciones de María San Gil- insista tanto en las críticas al PNV, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un documento en el que deberían exponerse las bases políticas de un partido y no los juicios sobre los demás como fundamento de una estrategia concreta. De hecho, no se dice de Esquerra Republicana, por poner sólo un ejemplo, lo que se dice del PNV.

Esta insistencia -y la reiteración de un sector del PP en que se trata de un elemento esencial (de las esencias o de los principios del partido)- podría tener causa en un sentimiento de rabia por la falta de lealtad constitucional y de compasión con los perseguidos de un partido que se dice democrático y que fue aliado hace bien pocos años. Pero esta misma consideración circunstancial, en cuanto fue aliado, choca, también por el modo en que se hace, en un documento en el que se trata de exponer lo principal de lo que se piensa.

Tampoco tendría sentido, aunque sí explicación, si se tratase de incluir una suerte de prueba del nueve en el texto, pero no para que entendieran los demás (y los votantes) lo que piensa el PP, sino para los propios. El discurso no es ni la ideología ni el pensamiento político de un partido, sino el modo, la forma, en que se expone. Si hay un debate sobre el discurso, las frases sobre el PNV podrían tener ese carácter, es decir, un modo de acusar de traición a los valores a quienes les pareciera inconveniente o exagerado incluirlas, una manera de convertir el discurso en el fondo del pensamiento.

Turbulencias en el PP
Y algo de esto hay, quizá, si se observa cómo se ha desarrollado una parte de las turbulencias del PP desde el 9 de marzo. La defensa del discurso precedente es, para empezar, la defensa de una estrategia en unas circunstancias concretas y, además, la del que llevó a la derecha a perder las elecciones. Pero, por otro lado, la congelación de ese discurso no juega sólo en relación al PNV, sobre todo cuando, en este momento, su deriva hacia las ensoñaciones autodeterministas de Ibarretxe, impide cualquier tipo de entendimiento o pacto, lo que no ocurrió, como se sabe, cuando el PP presidido por José María Aznar ganó las elecciones en 1996. Juega también, y se va viendo más claramente cada día que pasa, en relación a las relaciones estratégicas con el PSOE en el País Vasco y, aunque parezca paradójico, a la posibilidad de reconstruir, en el ámbito político, aquel o un nuevo «constitucionalismo» que pueda oponerse y ganar al nacionalismo.

María San Gil no habla pero algunos de sus seguidores desvarían al presentar sólo dos opciones: o ella o entenderse con el PNV. Y como esto suena a imposible (hasta para el PSOE ahora) traducen la segunda opción como «hacer seguidismo» de los socialistas vascos que presentan «mimetizados» con el nacionalismo vasco. Esta concepción del PP como única «reserva espiritual» lleva a la derecha española a la inanidad dogmática porque ese discurso la aleja de cualquier consenso a favor de la sociedad abierta -para seguir con la fallida estrategia de estos últimos cuatro años- e impide una alternativa razonable al nacionalismo. Una alternativa que debe ser trabajada y no esperada, como si la única salida fuese que los demás caigan del caballo y le den la razón. Más lógico, desde luego, parece lo de Basagoiti: un PP fuerte no es un PP aislado y, por ello, se trata de trabajar y exigir la vuelta a un consenso constitucional.

Campaña por el recuerdo de las víctimas
La guardería de Silvia: un homenaje a los niños que mató ETA
Un centro infantil lleva el nombre de la pequeña asesinada en Santa Pola - «Supone un gran consuelo», dice la familia
Cada mañana, los padres y los niños se topan en el centro con los dibujos que pintó la pequeña Silvia Martínez.
Ernesto Villar La Razon 15 Junio 2008

MADRID- Clara sabe que la guardería a donde iba a jugar con sus amigos todas las mañanas tiene el nombre de una primita suya, Silvia, que está en el cielo. Pero aún es pronto para explicarle más. Ni a ella ni al hermanito de Silvia, que ahora tiene dos años. «Está en el cielo», le han dicho a los dos. Y poco más. Pretender que, a su edad, entiendan algo que ni siquiera los adultos pueden comprender es, simple y llanamente, un esfuerzo inútil.

La «prima Silvia» es Silvia Martínez Santiago, la niña de seis años que el 4 de agosto de 2002 murió al reventar ETA un coche bomba frente a la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante), en un atentado que costó la vida también a Cecilio Gallego, un vecino de 57 años de Torrevieja. Cecilio tuvo la mala suerte de sentarse a esperar un autobús a escasos metros de donde los terroristas colocaron el explosivo. Y Silvia, la desgracia de que a esa hora, las ocho y media de la tarde, se fue a jugar a su habitación con su madre y su tía.

La muerte de Silvia se sintió en toda España, pero muy especialmente en la localidad albaceteña de La Roda, de donde es originaria su familia. «El atentado coincidió con las fiestas del pueblo. Fue un auténtico shock, porque es una familia muy conocida –recuerda el alcalde, Vicente Aroca, del PP– Hubo minutos de silencio, misas y actos de homenaje. Los vecinos se echaron a la calle y se volcaron con ellos». Después vino lo de siempre. El día a día que todo lo engulle. La vida cotidiana que obliga a pasar página. Aroca, por aquel entonces concejal de Servicios Sociales, comprendió que Silvia no se merecía que su muerte durmiera en las hemerotecas, y propuso poner su nombre al centro de atención infantil que se estaba construyendo en el municipio. La propuesta fue acogida con entusiasmo. «A la niña la perdimos, pero su recuerdo sigue vivo», confiesa la abuela de la pequeña, Ana Bautista.

Silvia es una de las pocas víctimas de ETA que tiene un centro público con su nombre. Su familia sabe lo importante que es que cuaje la campaña emprendida por LA RAZÓN, y secundada por el PP y el PSOE, para que cada pueblo dedique una placa a los caídos por el terrorismo. «Es el reconocimiento más grande que nos pueden hacer. Supone un gran consuelo», admite Santos Santiago, tío de la pequeña.

La guardería se inauguró en 2003 en presencia de toda la familia. Fueron momentos de sentimientos contrapuestos. «Pasamos un ‘‘ratico’’ malo, porque siempre que se remueven estas cosas duele. Pero estamos muy agradecidos», explica la abuela.

El centro tiene 114 plazas. En la entrada hay seis dibujos pintados por Silvia donados por la familia. Cada mañana se topan con ellos los padres que acuden a dejar a sus hijos. Y también los niños. Y la prima Clara. En la parte de abajo, un Rey Mago, un Micky Mouse y un árbol de vistosas hojas. En el de arriba, una estantería con juguetes o unos niños jugando bajo un mensaje convertido ahora en un grito en el desierto: «Día de la paz». «Mi ‘‘nietecica’’ era así. Alegre, activa, muy viva. Y le encantaba pintar», recuerda Ana.

El hecho de que en la «Guardería Silvia Martínez Santiago» cada mañana aprendan a pintar un centenar de niños de La Roda es un consuelo para Toñi, la madre de la pequeña asesinada. Así lo reconoce su hermano Santos, porque ella, que siempre saca fuerzas de flaqueza para denunciar el desamparo de las víctimas, no encuentra ahora el ánimo suficiente para hablar. Le ocurre cada vez que se acerca el 4 de agosto, aniversario del atentado.

«Su prima está en el cielo»
Santos sabe muy bien cómo duele la muerte de Silvia, porque él se encontraba en la Casa Cuartel, junto a su mujer y su hijo, en el momento de la explosión. Sufrieron heridas de metralla y daños psicológicos de los que, seis años después, aún no se han recuperado. «Íbamos a menudo a ver a mi hermana, y ahora vamos todos los domingos a ver a la niña al cementerio», afirma. Su hijo tiene ahora nueve años. A él también le han dicho que su prima está en el cielo. «Todavía no ha preguntado por qué, pero sé que algún día lo hará», concluye. Como todos.

Los últimos once atentados de ETA han costado 50 millones al Estado
Más de 45 millones fueron necesarios para cubrir las indemnizaciones de la T-4 de Barajas
El aeropuerto de Barajas es de titularidad estatal y por ley los daños de la terminal no se reflejan en el informe del Gobierno.
Carmen Morodo La Razon 15 Junio 2008

madrid- El Gobierno ha informado a los partidos de las indemnizaciones que han salido de las arcas del Estado para pagar los daños causados por los últimos atentados de ETA. Algunos ocurrieron durante el alto el fuego, como el de la T-4, y otros después. En concreto, son once las acciones terroristas que se han reseñado. El coste se eleva a 49.471.473 euros.

La información sólo incluye las solicitudes de indemnización dentro del ámbito de competencia de Interior. El Consorcio de Compensación de Seguros, entidad adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda, es el organismo que resarce de los daños producidos por los denominados riesgos extraordinarios, entre los que se encuentra el terrorismo, a personas y bienes asegurados por póliza de seguro privado.

Este consorcio registró por los once atentados un total de 2.061 expedientes, de los que ha peritado y abonado 1.796. A fecha del pasado 13 de mayo, quedaban 265 expedientes en fase de tramitación y peritación. Por el momento, de los 49.471.473 euros a los que asciende el coste total, el Consorcio ha abonado ya 34.173.131.

En relación al atentado de la T-4, el importe de los perjuicios causados ha sido de 45.334.875 euros. El artículo 27 del Reglamento de Ayudas y Resarcimientos a las Víctimas del Terrorismo establece que no serán resarcibles los daños causados a establecimientos de titularidad estatal, calificación que tiene el aeropuerto. No obstante, Interior recibió 90 solicitudes por daños causados en vehículos y fueron pagados en expedientes indemnizatorios un total de 931.098 euros.

La información destaca el caso del atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Calahorra, La Rioja, en el que, además de herir a quince personas, se causaron grandes estragos materiales. El importe de los expedientes tramitados es de 2.657.542 euros. Hasta el 8 de mayo, la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo había recibido 711 solicitudes de ayuda. Se han abonado ya 60.000 euros para ayudas a las familias desalojadas. Además, se ha aprobado el pago de otras ayudas por importe de 84.000 euros bajo el mismo concepto.

Interior y el Ayuntamiento de Calahorra también han firmado un convenio tanto para las obras de reparación como para el alojamiento provisional de los vecinos afectados por el tiempo que duren las mismas. El ayuntamiento paga las obras y los alquileres, y el ministerio abona los gastos en la parte no cubierta por las pólizas de seguro suscritas por los vecinos.

Por otra parte, el Gobierno ha contestado a la diputada Rosa Díez que ha presentado una batería de preguntas relacionadas con las ayudas a las víctimas, que no tiene información sobre algunas solicitudes de indemnización en el ámbito del País Vasco, ya que en esta comunidad es de aplicación el Real Decreto por el que se regula el Programa de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo.

arturo gónzalez panero / alcalde de boadilla (madrid)
«La sociedad está en deuda con los que sufren el látigo del terrorismo»
Boadilla dedicará una de sus principales avenidas a la memoria de los asesinados
Alicia La Razon 15 Junio 2008

madrid-El alcalde de Boadilla, Arturo Gónzalez Panero, es el primero de toda España que ha secundado la campaña impulsada por LA RAZÓN para conceder calles en recuerdo a los que un día fueron asesinados por ETA. Su buena intención ha sobrepasado las palabras y una de las calles de Boadilla del Monte rendirá homenaje a la memoria de las víctimas.

-¿Cómo es la zona en la que se ubicará la avenida de las víctimas del terrorismo?
-Estará situada a continuación de la avenida del siglo XXI, sin duda, la calle más importante de Boadilla del Monte. Se trata de una zona de nueva construcción comunicada con Madrid por la parada de Metro Puerta de Boadilla que recibe este nombre porque se encuentra en la entrada del municipio. Al situarse esta nueva avenida cerca de la estación de metro, podría llamarse en un futuro «víctimas del terrorismo».

-¿Por qué ha elegido esta zona?
Cuando finalicen las obras será la más importante de Boadilla del Monte.

-¿Qué le ha impulsado a ser uno de los primeros que homenajean de este modo a las víctimas?
-El Ayuntamiento de Boadilla tomó esta decisión porque la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) nos lo pidió. Pienso que la sociedad está en deuda con todos aquellos que han sufrido y sufren en su piel el látigo del terrorismo.

-¿Qué piensa de la actitud que ha adoptado el PSOE ante esta iniciativa?
-Después de cuatro años de negociación con ETA en los que las víctimas han sido olvidadas, creo que el PSOE, por fin, se ha dado cuenta de su error, por lo que pienso que están abiertos a aceptar las mociones que el PP tiene pensado presentar para llevar a cabo esta campaña.

-¿Cree que el Gobierno central debe implicarse más para que permanezca el recuerdo de las víctimas o, como dijo José Blanco hace unos días, es competencia de los ayuntamientos?
- Ambas opciones son válidas. Pienso que el PSOE puede implicarse desde su posición en el Gobierno o bien animar a los ayuntamientos a que den nombres de víctimas del terrorismo a sus calles. Lo importante es que se involucren en esta campaña.

-¿Piensa que algún día los partidos del País Vasco apoyarán que se recuerde a las víctimas?
-De momento no han dado ninguna respuesta, y sinceramente no creo que la den. Incluso dudo del comportamiento que van a adoptar los ayuntamientos del País Vasco en los que gobierna el PSOE. Creo que están cometiendo un error, puesto que la mayoría de los españoles no aprueba su actitud.

Radicales atacan el coche de un dirigente de Galicia Bilingüe
Una nota en el parabrisas advertía: «Españoles fuera de Galicia»
R. Coarasa La Razon 15 Junio 2008

madrid- No es la primera vez que los responsables de Galicia Bilingüe (GB) reciben un mensaje amenazante de los independentistas gallegos por su defensa del castellano en la comunidad autónoma, pero en esta ocasión, los radicales se han colado en el garaje de su casa.

El vicepresidente de la asociación, José Manuel Pousada, se encontró el pasado viernes con una desagradable sorpresa: los violentos habían embadurnado de pintura roja y amarilla su vehículo y astillado a golpes su cristal delantero. Junto al parabrisas, una nota en gallego con un mensaje nada dudoso: «El bilingüismo es colonialismo. Españoles fuera de Galicia».

El ataque se produce unas semanas después de que el grupo Assembleia da Mocidade Independentista (AMI) difundiese un vídeo en el que incitaba a atentar contra Galicia Bilingüe (dos encapuchados hacían estallar con un cóctel molotov un autobús de la asociación junto al que figuraban tanto Pousada como Gloria Lago, la presidenta de GB). De hecho, el autobús de la asociación ya sufrió ataques similares mientras recorrió la geografía gallega para defender la libertad de los padres para elegir el idioma en el que sus hijos deben recibir la educación.

«No es un ataque contra mí -aseguraba ayer Pousada, que ha denunciado los hechos a la Policía-, sino un ataque por motivos ideológicos que quiere coaccionar, intimidar a quienes no piensan como ellos». «Te preocupa, eso sí -añade-, que hayan llegado al umbral de tu casa, porque la próxima vez entrarán dentro».
Lago relaciona lo ocurrido con el vídeo de los independentistas de AMI. «Evidentemente, darles ideas a los fanáticos a veces tiene sus consecuencias. Si alguien alienta a que se utilice la violencia contra nosotros, el resultado ahí está», lamenta. «¿Es más importante la lengua que la seguridad de las personas?», se pregunta Lago, para quien los radicales independentistas han convertido el idioma gallego «en una especie de Dios que está por encima, incluso, de la seguridad. Eso es integrismo puro y una subversión absoluta de valores», se queja

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