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Recortes de Prensa    Viernes 20 Junio 2008

‘Manifiesto por una lengua común’
Redacción Bilbao  Minuto Digital  20 Junio 2008

El texto también estará firmado por la historiadora Carmen Iglesias, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, José Luis Pardo, Ramón Rodríguez o José María Ruiz Soroa.

Un grupo de intelectuales presentarán el próximo lunes en Madrid un manifiesto en el que reivindican la importancia del castellano ‘como lengua común para el juego de la democracia’ y reclaman al Parlamento que garantice ‘en todo el territorio nacional’ los derechos de quienes opten ‘por la lengua común’.

La declaración, titulada ‘El Manifiesto por una lengua común’, está suscrita por un grupo de intelectuales, muchos de ellos próximos a la formación liderada por Rosa Díez Unión, Progreso y Democracia (UPyD). Entre ellos destacan Mario Vargas Llosa, que manifestó su apoyo a UPyD en su constitución, o los escritores y pensadores Fernando Savater, Álvaro Pombo o Carlos Martínez Gorriarán.

El manifiesto será presentado el próximo lunes en el Ateneo de Madrid para reivindicar la importancia del castellano en la política ‘y su posición asimétrica respecto al resto de lenguas oficiales españolas, de alcance circunscrito a las autonomías bilingües’.

‘Bajo esta premisa y a partir del texto los firmantes solicitan al Parlamento las modificaciones o esclarecimientos tanto constitucionales como estatutarios que garanticen en todos los campos y en todo el territorio nacional los derechos de quienes opten por la lengua común’, explican.

‘Manifiesto por una lengua común’
Nota de prensa  20 Junio 2008

RUEDA DE PRENSA
PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO POR UNA LENGUA COMÚN
23 DE JUNIO. 11.30 HORAS.
SALÓN DE ACTOS. ATENEO DE MADRID. C/ PRADO 21

Un grupo de intelectuales presenta el 23 DE JUNIO en el ATENEO DE MADRID un manifiesto en el que reivindican la importancia del castellano 'como lengua común para el juego de la democracia' y reclaman al Parlamento que garantice 'en todo el territorio nacional' los derechos de quienes opten 'por la lengua común'.

Fernando Savater, acompañado de Carmen Iglesias, entre otros, harán pública la declaración titulada “El Manifiesto por una lengua común”, documento suscrito por un grupo de intelectuales como Mario Vargas Llosa, Aurelio Arteta, José Antonio Marina, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castillo del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Álvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa.

El manifiesto se presenta el lunes 23 de junio en el Ateneo de Madrid para reivindicar la importancia del castellano en la política 'y su posición asimétrica respecto al resto de lenguas oficiales españolas, de alcance circunscrito a las autonomías bilingües'. Bajo esta premisa y a partir del texto, los firmantes solicitan al Parlamento las modificaciones o esclarecimientos tanto constitucionales como estatutarios que garanticen en todos los campos y en todo el territorio nacional los derechos de quienes opten por la lengua común.

El gallego, ¿idioma oficial preferente?
Xoán Xulio Alfaya Periodista Digital   20 Junio 2008

Paso a comentar una noticia publicada en el Faro de Vigo el día 11.06.2008. Los puntos 1º al 7º están copiados literalmente del Faro de Vigo, ya que no dispongo del documento original del BNG al que hace referencia.

1º Los nacionalistas demandan asimismo para el castellano el trato de lengua "cooficial" en la Administración "que debe ser respetada en los usos individuales".

COMENTARIO: Si el español o castellano es tratado como lengua "cooficial" ¿a qué viene esa coletilla de "que debe ser respetada en los usos individuales"? Si el español o castellano se reduce al ámbito de lo individual, deja de ser "cooficial", ya que desaparece de la enseñanza, la administración y de algunas empresas privadas. Si eso es cooficialidad, que me lo expliquen, porque la verdad, no lo entiendo.

2º El BNG quiere que el estatus del idioma gallego se coloque en la Xunta en un nivel institucional por encima del castellano para así garantizar la presencia masiva del gallego en la sociedad y zafarse de la "presión asfixiante" del español. "Es necesario que la Xunta considere el gallego como un idioma oficial preferente en su Administración, en Galicia en general, y el castellano como un idioma cooficial que debe ser respetado en los usos individuales", se recoge en el boletín del mes mayo que edita la ejecutiva de BNG.

COMENTARIO: La única "presión asfixiante" del español es simplemente la preferencia de una gran parte de la ciudadanía por este idioma, que está bastante igualada en el habla, pero es abrumadoramente mayoritaria en la lectura y la escritura. A esto contribuye, sin duda, a que cada vez más el gallego está dejando de ser un "idioma popular" para ser el "idioma del nacionalismo" con todas las connotaciones ideológicas y políticas que esto implica.

3º Esta demanda de los nacionalistas parte de la premisa de que la política lingüística de la Xunta, en manos del PSOE, es "tímida" y de que el uso del gallego está en claro retroceso, con una pérdida progresiva de hablantes, debido a una "situación de anormalidad, dependencia y subrogación al castellano".

COMENTARIO: Si la política lingüística del PSOE es "tímida", no me cabe la menor duda que la del Bloque es agresiva y coactiva. Yo echo en falta una política lingüística dialogada y de consenso en la que se tengan en cuenta a los ciudadanos y sus asociaciones cívicas y que no se elabore unilateral y antidemocráticamente desde el poder. La coacción, no lo olvidemos, tarde o temprano produce rechazo.

4º Este desequilibrio no hizo más que crecer en los últimos años con la asfixiante presencia y presión del español como lengua del Estado que sirve de vehículo abrumadoramente mayoritario de los medios de comunicación, vida económica y empresarial y desarrollo de las relaciones sociales que lo hacen estar tan presente. "Su presencia es atosigante en nuestras vidas", argumenta el Bloque en su boletín BeNeGa ó día. En esta línea, la formación nacionalista censura que mientras es posible que una persona "pueda desarrollar toda su vida en español", resulta prácticamente imposible o con toda clase de dificultades en el caso del gallego. "Hay un peso cuantitativo que emana de todos los poderes que se expresan en castellano, vinculados a la existencia del Estado español y a su presencia en Galicia. Esta presencia poderosa conlleva al retroceso generacional y de usos y la subordinación del gallego al español en la interrelación social", dice el Bloque.

COMENTARIO: Vuelve a hablarse de las "asfixiante presencia y presión del español" como si las preferencias idiomáticas de los ciudadanos no contasen para nada, cuando en realidad son éstas las que determinan su presencia mayoritaria en los medios de comunicación, la vida económica y empresarial y el desarrollo de las relaciones sociales. Vuelvo a insistir en que no creo que la imposición ni la coacción sean el camino para aumentar la presencia del gallego en la sociedad ya que cada vez se le identifica (y rechaza) más por haberse convertido en el "idioma de los nacionalistas". De modo que, de seguir así las cosas, es muy probable que en un futuro el uso del gallego se reduzca cada vez más al ámbito ideológico y político del nacionalismo. Esto sería el principio del fin del gallego como idioma vivo y popular.

5º Este "deterioro" del gallego se debe, según los nacionalistas, a la política de la Xunta por no dar a la lengua propia de Galicia un "estatus de oficialidad real" que permita romper el domino del castellano. Añaden que un "verdadero autogobierno" no se puede limitar a hacer un empleo puramente burocrático del gallego y parcial en la Administración ni a legislar para luego incumplir sus propias normativas o simplemente hacerlo de forma deficiente para que los usos del gallego no avancen.

COMENTARIO: El concepto de lengua propia es ideológico y político y, por lo tanto, muy discutible. Para mí las únicas lenguas propias son las que hablan los ciudadanos. Romper el dominio del español o castellano equivale a proscribirlo e incluso satanizarlo como idioma colonialista e imperialista. Posiblemente esta actitud produzca el efecto contrario al deseado. Una prueba de ello es que la inmensa mayoría de los estudiantes escolarizados obligatoriamente en gallego no se convierten en gallegohablantes, sino que siguen hablando en castellano y reducen el gallego al ámbito académico, como una lengua relacionada solamente con el estudio, las oposiciones y la administración, pero no como la lengua de la calle y de la vida cotidiana. Y hablando de colonialismo, ¿no está cayendo la clase política gallega en un neocolonialismo procedente esta vez de Cataluña?

6º Llegado a este extremo la situación en la comunidad autónoma, el Bloque demanda a la Xunta que eleve el gallego a la categoría de "idioma oficial preferente", relegando al castellano a una lengua cooficial para ser respetada en los usos individuales.

COMENTARIO: La realidad es que el español o castellano es la lengua preferida de los jóvenes y el gallego se conserva entre la población rural más envejecida así como en reducidos grupos de ciudad más ideologizados o intelectualoides. Promocionar el gallego a costa de relegar el español o castellano me parece un error. El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra.

7º Como contrapunto a la gestión del PSdeG-PSOE, el Bloque cita a las galescolas, dependientes del área de Vicepresidencia -en manos del portavoz nacional del Bloque, Anxo Quintana-, como un claro ejemplo de política proactiva desde la Administración para extender el uso del gallego.

COMENTARIO: Las galescolas incapacitan a los niños para aprender correctamente el español o castellano, deficiencia que arrastrarán a lo largo de toda su vida y que tendrá graves consecuencias a la hora de buscar trabajo sobre todo fuera de Galicia.

Otra sumisión ante ETA
Editorial ABC  20 Junio 2008

El desafecto del Gobierno vasco hacia las víctimas del terrorismo no parece tener límites. Ni siquiera cuando el PNV simula entrar en razón, asumiendo la necesidad de aprobar una ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas del Terrorismo, consigue sacudirse la doble moral que le caracteriza ni la esquizofrenia política en la que está instalado. Pactar el apoyo de Aralar a esa ley -innecesario, por otro lado- a cambio de permitir que se proyecte a su vez otra ley específica sobre «víctimas de la Policía y desaparecidos» es sencillamente una humillación para las auténticas víctimas del terrorismo. El Gobierno vasco y sus socios son incapaces de renunciar a esa insoportable equidistancia que mantienen con víctimas y asesinos. Además, y aun aceptando en el plano teórico, lo que es difícil, la necesidad del Parlamento vasco de regular una normativa para las «víctimas de la Policía» -hasta cien muertos y quinientos heridos, calculan los nacionalistas y los proetarras-, ¿qué órgano o autoridad decide quién es víctima o no de la Polícía? Una vez más, el Gobierno vasco pretende suplantar por la vía legislativa a los jueces. Pretender regular por ley lo que resulta imposible lograr por vía judicial no es sólo una impostura; es, sin más, una provocación a las víctimas y una nueva muestra de sumisión a ETA y su mundo.

Ya está aquí el canon digital
La cultura no desaparecerá porque la gente se descargue música y películas por internet, ni porque se suprima el canon. Lo que debe cambiar y acabará cambiando es la forma de ganar dinero con ella.
EDITORIAL Libertad Digital  20 Junio 2008

Ahora que se ha aprobado el canon digital, y que ignoramos si el PP también lo ha incluido dentro de su "nuevo rumbo", se hace necesario recordar que supone una injusticia para quienes lo pagan, a los que se presupone culpables de emplear sus aparatos y soportes digitales para copiar obras protegidas con derechos de autor. Nuestro Estado de Derecho está fundado bajo una premisa, la de que se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. El canon digital es un regalo de un Gobierno de izquierdas a un grupo de privilegiados que, quién nos lo iba a decir, resulta que apoyan mayoritariamente al Ejecutivo.

La aprobación de la tasa ha dejado claro, por otra parte, su arbitrariedad. Supuestamente impuesta para compensar por las copias privadas que puedan hacer los usuarios, se cobra una tasa única para dispositivos de distinta capacidad en los que, por tanto, se puede guardar un número distinto de canciones o vídeos. Hasta tal extremo se llega que se cobra una cifra distinta a las impresoras dependiendo de si son láser o de tinta. Especialmente grave es el caso de los discos duros, porque nos habían prometido, y así había quedado reflejado en la ley, que estarían exentos de pagar canon. Sin embargo, como dejaron al libre albedrío del Ejecutivo la definición de qué es un disco duro, finalmente los compradores tendrán que pagar 12 euros más por ellos.

Y todo por satisfacer a un grupo de presión que insiste en que se está matando la cultura. Pero la cultura no desaparecerá porque la gente se descargue música y películas por internet, ni porque se suprima el canon. Lo que debe cambiar y acabará cambiando es la forma de ganar dinero con ella. Ya querrían muchos otros poder captar la atención del público de la manera en que lo hace la música o el cine, y eso no les impide ganar dinero monetizando un grado de atención menor. El futuro está ahí, y no en intentar parar las agujas del reloj con la ayuda inestimable e imprescindible de los políticos.

Canon digital y multa previa
Editorial ABC  20 Junio 2008

La publicación en el BOE de las tarifas que a partir de hoy gravarán la compra de todos los soportes electrónicos y digitales capaces de almacenar archivos representa el establecimiento por ley de la presunción de culpabilidad para cualquier usuario de este tipo de herramientas. El «canon digital» es el peaje -regulado a través de una orden ministerial publicada ayer por el BOE- a pagar a un gremio cuyos derechos de autor se han convertido en papel mojado por las radicales mudanzas registradas en el mercado por el impacto de internet y el intercambio de un tipo de archivos cuyo formato físico ha escapado al control de sus legítimos autores y explotadores. Adquirir un teléfono móvil, una memoria USB o una grabadora tiene desde hoy un coste añadido que, a través del fabricante, repercutirá en el consumidor, tenga o no intención de realizar copias privadas de obras protegidas. El establecimiento de las tarifas de este canon supone la claudicación del Gobierno ante la presión que un gremio desbordado por sus pérdidas -asunto que merecería analizar con mayor profundidad- ha ejercido para globalizarlas y cargarlas a terceros en una era en la que la tecnología no debería ser, por ley, sinónimo de delito y motivo de multa.

Juicio contra la libertad de expresión
La izquierda censora y la derecha colaboracionista
La efervescencia liberal-conservadora actual, en radios, blogs, periódicos digitales, think-tanks o asociaciones y agrupaciones de todo tipo, les violenta, les irrita, les molesta y les crispa.
GEES Libertad Digital  20 Junio 2008

Hay cosas que cambian poco con el paso del tiempo, y hay comportamientos que se mantienen con el paso de los años. En relación con los medios de comunicación, en la España democrática hay dos ideologías que, pase el tiempo que pase, mantienen idéntica relación de desconfianza y aversión ante la libertad de expresión. Se trata, por un lado, de cierta derecha autoritaria y antiliberal, nostálgica y de corte elitista. Y por otro, del izquierdismo radical en cualquiera de sus variedades, independentista o frentepopulista, igualmente antiliberal.

La relación entre ambas es ambigua, porque aunque teóricamente enfrentadas, ambas comparten lo fundamental: la creencia en que la historia avanza en clave progresista, que está determinada por fuerzas económicas, sociales o culturales a las que es inútil oponerse. La izquierda cree en esto de manera optimista, y lo que hace es fiscalizar y en señalar a todos aquellos que se opongan al progreso, a la "modernidad", al laicismo o a los "nuevos derechos". Es así como la izquierda española justifica hoy la vulneración de la libertad de expresión y defiende la censura para quienes le llevan la contraria.

La derecha arcaica también cree en este progreso, aunque no le guste. No cree posible hacer nada ante la izquierda, más allá de contemporizar con ella lo mejor que se pueda, y adaptarse a sus cambios. Esto es, "centrarse", pegarse a la izquierda lo más posible. Es una derecha extemporánea, que no encuentra su sitio ni su tiempo, incapaz de proponer una alternativa real al progresismo: como no la tiene, entiende que lo moderno, lo "liberal" y moderado es actuar de tal forma que el izquierdista no pueda reprocharle nada. En la España actual, se trata de una derecha colaboracionista ante el cambio de régimen de Zapatero.

Frente a ambos se sitúa en España el liberal-conservadurismo contemporáneo. Frente a la izquierda, porque niega que exista el progresismo histórico, y lo discute en todos los frentes culturales o mediáticos. Frente a la derecha autoritaria, porque niega el progresismo que ésta ya ha aceptado, su actitud derrotista y entregada, su incapacidad para construir alternativas y su obsesión por controlar la sociedad civil. La independencia de ésta, la capacidad de articularse al margen del poder político, irrita sobremanera a este tipo de derecha.

En España hoy, el mundo liberal-conservador les parece a los dos una aberración. Para la izquierda, porque le disputa ideas, le quita lectores, oyentes, votantes. Para la derecha nostálgica, porque frente a su incapacidad política y teórica muestra una vitalidad y una capacidad de acción que ésta considera intolerable e incontrolable. A ambas, la efervescencia liberal-conservadora actual, en radios, blogs, periódicos digitales, think-tanks o asociaciones y agrupaciones de todo tipo, les violenta, les irrita, les molesta y les crispa. Por su propia naturaleza intervencionista, ven con sospecha todo ello, que se les aparece como subversivo y peligroso.

Este es el origen de la "crispación" y de la ofensiva contra el mundo cultural y mediático liberal. El juicio y posterior condena a Jiménez Losantos han sido el punto culminante de una ofensiva liberticida inaudita. Durante meses, los medios de la izquierda han ido situando al locutor y fundador de Libertad Digital en el punto de mira de todas sus baterías. Da igual que se tratara de espacios de humor que de portadas de revista, de editoriales que de tertulias, de radio que de televisión o prensa. La campaña pasada y presente contra él ha sido brutal, salvaje, descarnada. A efectos históricos, es la misma campaña que la izquierda desata periódicamente contra todo aquel que pone en peligro su preeminencia social y cultural. En España, cuando alguien en la derecha saca la cabeza, la izquierda se dispone a cortársela. Hoy, sólo Jose María Aznar suscita en la izquierda mayor obsesión liberticida que Jiménez Losantos.

Cumpliendo su papel de compañera de viaje, la derecha colaboracionista se encontró la campaña de agitación izquierdista hecha, y sólo tuvo que adaptarse a ella y culminarla. Se unió a la izquierda contra de la derecha liberal. Que haya sido desde el Partido Popular desde donde se haya hecho el trabajo sucio a la izquierda muestra el peligro real de involución política en este partido, de abandono de principios y actitudes que para un liberal son irrenunciables. En 1996, el Partido Popular presentó un proyecto alternativo al del progresismo, que le acusó de crispación, de poner en peligro la democracia y de usar el insulto como arma política. Ya entonces, la derecha autoritaria compartió este discurso. Pero no fue ganándose la simpatía de la izquierda de los GAL y la corrupción como se ganó entonces, y no será agradando a la izquierda de Zerolo, del Tinell y del pacto etarra como se ganará en 2012. Y mucho menos dejándose llevar por la derecha colaboracionista y autoritaria que sospecha del liberalismo tanto como la izquierda, y que se convierte en el solícito brazo ejecutor contra una sociedad civil liberal-conservadora que está y estará en el punto de mira de la censura izquierdista durante los próximos años.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Crisis
La austeridad se consigue con menos Estado
Los que han provocado esta situación sólo nos pueden ayudar disminuyendo sus funciones o desapareciendo de nuestras vidas. El número de funcionarios ha de disminuir drásticamente. Las subvenciones han de ser reducidas o incluso abolidas.
Jorge Valín Libertad Digital  20 Junio 2008

A estas alturas, el plan de austeridad de Zapatero no tendría más respuesta que la risa si no fuera porque el tema es muy serio. Es un absoluto contrasentido pretender que el Gobierno pueda convertirse de la noche a la mañana en un organismo austero, eficiente y prudente cuyo único objetivo sea servir al ciudadano.

Una de las principales críticas que recibe recurrentemente España es la fuerte rigidez burocrática que impide hacer nada. Si la solución a los problemas económicos está en la reducción de leyes absurdas contra el libre comercio y el descenso en el número de funcionarios, el Estado ha hecho lo contrario. En España hemos pasado de 1,2 millones de funcionarios en 1990 a casi 2,6 millones en 2008, y quienes trabajan en el sector público no pueden emplearse a la vez en el privado. Esto significa una menor producción, más impuestos y un fuerte lobby que no para de absorber privilegios como el poder trabajar desde casa o recibir primas por no faltar al trabajo. En la economía privada, si no trabajas, te despiden. Los funcionarios son una casta privilegiada. ¿Cree que Gobierno y administraciones locales van a recortar cargos públicos arriesgándose a huelgas de todo tipo?

Todas las reacciones que ha tenido Zapatero para hacer frente al actual "problema de dificultades", esto es, crisis con atisbos de recesión, se han centrado en gastar más: más obra pública, más subsidios de desempleo, más funcionarios para crear cosas como el "observatorio de precios" y más subvenciones para los lobbies sociales y empresariales. Si el Gobierno ya está recaudando menos debido a la contracción económica y sigue gastando como un ludópata en un bingo, ¿de dónde sacará el dinero para su despilfarro? La respuesta es evidente: de nuestra cartera. Padeceremos una presión fiscal mayor y el peso de la deuda pública sobre el PIB crecerá, lo que significa que pagaremos aún más impuestos en el futuro.

Por definición, el Estado sólo sabe aplicar la fuerza. Es función de los medios de producción privados servir a la sociedad adaptándose constantemente a nosotros, independientemente de la situación económica en la que estemos. No lo hacen por amor, como dice el establishment socialista que hace el Gobierno, sino porque en ello les va su bienestar material.

Si el Gobierno se decida a llenar los bolsillos de las empresas con subvenciones y ayudas, éstas dejarán de esforzarse en crear empleo y servir al consumidor y al accionista. El principal benefactor de las empresas privadas será el Estado, no nosotros. Si de igual forma Zapatero considera, como ya ha hecho, que los subsidios de desempleo han de crecer, lo único que hará será premiar la baja productividad y el no trabajo. La sociedad y economía funcionan cuando se retroalimentan de forma natural y autónoma, no con transferencias de los actores económicos productivos hacia los no productivos. Esto sólo nos llevará a acentuar la crisis e invertir el proceso natural.

Entonces, si el bienestar material nos viene a través de los intereses de cada uno de los actores económicos que interactúan entre ellos demandando y ofreciendo productos y servicios, lo mejor será fomentar la empresarialidad y el esfuerzo personal. En este terreno, lo mejor que puede hacer el Gobierno es empezar a permitirles más libertad a la sociedad y al mercado para que cada uno use los mejores métodos de producción posibles para satisfacer al resto de la sociedad. Si el Gobierno actúa como un dictador de la producción controlando los medios de forma arbitraria por el simple hecho que no le gustan, como por ejemplo cuando se niega a que se emplee la energía nuclear, sólo conseguiremos menos innovación, menos bienestar y un mercado autárquico y cerrado a las necesidades reales del ciudadano.

Las crisis se deben a los falsos incentivos de los medios políticos, ya vengan de los bancos centrales –que crean ilusiones de crecimiento respaldadas por inflación– o del propio Estado. Los que han provocado esta situación sólo nos pueden ayudar disminuyendo sus funciones o desapareciendo de nuestras vidas. El número de funcionarios ha de disminuir drásticamente. Las subvenciones han de ser reducidas o incluso abolidas. Las leyes medioambientales no generan ningún beneficio que el mercado pueda valorar y nos acarrean un sinfín de costes, por lo que deben ser derogadas. Que elija el consumidor y no un burócrata en la Moncloa que vive de nuestro dinero. Y todo para que encima tampoco cumplamos nuestros compromisos ecológicos. Si lo que nos importa es nuestro bienestar material y no el de los burócratas, los impuestos han ser fáciles de recaudar y transparentes, lo que significa, en el corto plazo, crear un solo impuesto directo al consumo y bajo.

En fin, la mejor manera para superar la crisis es que el Estado se siga una estricta dieta y empiece a recortar sus funciones cediéndonoslas a nosotros, la sociedad civil.
Jorge Valín es miembro del Instituto Juan de Mariana

Crisis del PP
El ocaso de las ideas
La tropa socialdemócrata y/o peronista del PP, empezando por el señor Rajoy, se sintieron aludidos por la denuncia de la resignación a las ideas socialistas y en un alarde de integración trató de expulsar del centro-derecha a conservadores y liberales.
Vicente Boceta Libertad Digital  20 Junio 2008

Como es bien sabido, las ideas tienen consecuencias. Por eso dar la batalla en la defensa de unas u otras influye de forma decisiva en la sociedad. El problema es que para que las ideas calen es necesario tiempo y persistencia, como la gota que orada la roca. Fue esa persistencia y esa determinación la que movieron a think tanks como el IEA, el Cato o el AEI a dar la batalla por las ideas liberales o conservadoras que al cabo de muchos años, 15 o 20, fructificó en los gobiernos de Thatcher y Reagan.

Hace más de un mes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre, lanzó, con su espléndido "No me resigno", la batalla de las ideas al ruedo de la política española. En mi opinión estaba claro que su objetivo era iniciar una lucha a largo plazo contra la propaganda permanente del PSOE y sus aliados mediáticos (Prisa, La Vanguardia, distintas televisiones, etc.), criminalizando al PP y tratando de expulsarle de la política española (Tinell).

Era una negativa no sólo a la rendición ante las pseudo-ideas socialistas sino también hacia la rendición que podría suponer el adoptar dichas ideas como medio del centro-derecha para llegar al poder. Se trata, en definitiva, de la vieja lucha entre el objetivo de alcanzar como sea el poder con las ideas como factor muy secundario o irrelevante frente a tratar de lograrlo para aplicar unas determinadas ideas y principios que se creen beneficiosos para la sociedad.

La tropa socialdemócrata y/o peronista del PP, empezando por el señor Rajoy, se sintieron aludidos por la denuncia de la resignación a las ideas socialistas ("quien se pica ajos come") y en un alarde de integración trató de expulsar del centro-derecha a conservadores y liberales. Se inició así una campaña de "todos contra Aguirre" en la que participaron, y participan, como un solo hombre, amantes de la libertad del calibre de El País, La Vanguardia, Fraga, Villalobos, Gallardón, confidenciales varios, etc. Dicho sea de paso, ¿me puede alguien citar actuaciones políticas del señor Gallardón que no sean socialistas? Más impuestos, más gasto público, más laicismo, más endeudamiento, menos libertad de enseñanza, más Estado del Bienestar...

"De bien nacidos es ser agradecidos", dice el refrán. Al parecer, lo más rentable políticamente es renegar y despreciar a aquellas personas y medios de comunicación que, con valentía y altos riesgos empresariales, contribuyeron decisivamente a darles una gran parte de esos 10.300.000 votos de los que presumen. (Algunos periodistas aseguran, ignoro con qué base, que ese apoyo les privó de muchos millones de votos con los que hubieran ganado sin estimar cuántos habrían perdido.) Ahora se trata de vituperarles al ver atacados sus nuevos enfoques políticos.

La nueva estrategia vuelve a ser la conocida de "si no puedes derrotarles, únete a ellos". Por eso se trata ahora de abrazar, en una nueva operación Roca, las ideas socialdemócratas del centro-izquierda. Piensan que así lograrán engañar al ala moderada del PSOE (actualmente desaparecida en combate o refugiada en Prisa) y obtener ese millón y medio de votos que necesitan para gobernar, con las nuevas ideas socialdemócratas adoptadas ahora por los herederos de la vieja AP de los siete magníficos, liderada por los Gallardón, Soria, Feijoo, Arriolobos, etc. ¡Pobres ilusos! El PSOE no se romperá. Nunca lo ha hecho o lo ha hecho por la abstención o por su extrema izquierda, como ahora. De hecho se observa ya un movimiento del señor Rodríguez Zapatero hacia el centro izquierda. En este travestismo político el centro derecha acabará perdiendo dos millones de votos del centro-derecha de progreso, ese liberalismo que muchos confidenciales odian y califican de "derechona". Votos que irán a parar a la abstención o a la socialdemocracia defensora de la España federal en lo político y por lo menos tan liberal como el señor Rajoy en lo económico, representada por Ciutadans y UPyD. Admito apuestas.

Porque conviene subrayar que en estos momentos nos encontramos en una situación predemocrática donde lo que está en juego es la propia organización del Estado (federal versus confederal) y la delimitación del campo de juego democrático entre el concepto integrador que permita jugar al centro derecha (socialcristianos, conservadores y liberales) y al centro izquierda socialdemócrata y naturalmente a otros partidos menores, frente a la alternativa soñada por Polanco de limitar el campo de juego a la social-democracia gallardonista (su concepto de derecha civilizada) y a la izquierda socialista de Zapatero, condenando a liberales y conservadores al fuego eterno.

Esta situación la han entendido perfectamente dos formaciones como Ciutadans y UPyD pero no ese nuevo partido en el que quiere transformar Rajoy al PP, que se encamina claramente a una suerte de CEDA, regionalizando el partido ó incluso aceptando, más o menos veladamente, ese "oximoron" de "nación de naciones", como ya ha hecho en Canarias, Comunidad Valenciana o Galicia. No otra cosa son los nuevos estatutos de autonomía apoyados por Arenas, Feijoo, Camps y ahora Basagoiti.

Atrás queda la defensa de un Estado federal o autonómico que recuperara las competencias educativas y garantizara la utilización de la lengua común de los españoles en toda la Nación y la igualdad de todos ante la ley. Atrás queda la defensa de la libertad de enseñanza y la oposición a la Educación para la Ciudadanía. Atrás queda la defensa de la Transición como elemento integrador y sanador de la reciente historia de España, como superación de la Segunda República, la Revolución del 34, la Guerra Civil y el franquismo. Atrás queda la defensa a ultranza de los principios de la civilización occidental (romana, griega y judeocristiana) en aras del relativismo, multiculturalismo y laicismo a ultranza defendido por la socialdemocracia. Atrás quedan la defensa de las ideas y principios de la economía de mercado en aras de un renovado intervencionismo económico propio de los "socialistas de todos los partidos". Atrás queda el centro derecha liberal, conservador o socialcristiano tras haber renegado de él abiertamente el señor Gallardón y el "centrista Fraga".

De la batalla de las ideas se ha pasado al ocaso de las ideas. Sin embargo son éstas las que a largo plazo pueden ganar la batalla al socialismo en España, batalla que nunca se ganará si, de entrada, se aceptan las tesis socialdemócratas de Gallardón-Rajoy o los Peces-Barba de turno, que equiparan públicamente a los críticos de Rajoy con los partidarios del 23-F, en otro alarde de tolerancia y centrismo. Al parecer el gran debate de ideas es ahora entre el talante y la actitud, ambos naturalmente de centro.

Vicente Boceta Álvarez es técnico comercial y economista del Estado.

Microterrorismo
VICENTE CARRIÓN ARREGI profesor de filosofía El Correo  20 Junio 2008

P or debajo de los muertos, los heridos y las bombas -un abrazo a quienes hacen posible EL CORREO nuestro de cada día-, en la penumbra de los secuestros, las extorsiones y las amenazas, cuando el rodillo de la actualidad olvida las noticias y las imágenes del horror, las vivencias de desolación, insomnio, miedo, impotencia, incomprensión, rabia, ansiedad o amargura permanecen y tal vez se intensifican.

El paulatino reconocimiento que la sociedad empieza a ofrecer a las víctimas del terrorismo va arrojando luz sobre todos esos sentimientos soterrados y nos ayuda a comprender que la exteriorización de las percepciones íntimas y privadas derivadas del zarpazo terrorista no sólo es positiva y liberadora para sus protagonistas sino para la sociedad en su conjunto, pues amplía así su conocimiento de las desastrosas consecuencias de los fanatismos populistas con los que algunos siguen jugando. Cierto que esta especie de terapia colectiva puede sorprender a muchos de nuestros mayores que vivieron el terrible espanto de la guerra civil y sus secuelas en privado y en silencio. Supervivientes a fuerza de olvido o fe, algunos no entienden a qué viene tanto revolver en el pasado. Ignoran, quizás, que mientras sigan enquistados en la privacidad familiar tantísimos agravios 'imperdonables' no habrá esperanzas reales de pacificar la sociedad vasca.

Pero si empezamos a reconocer la importancia que las vivencias psíquicas derivadas del terrorismo tienen en los individuos, habremos de convenir en que no sólo las padecen las víctimas expresas o colaterales del terrorismo etarra. También en los entornos afectivos de los propios terroristas hay familiares machacados por el silencio y la cobardía con que la justificación incuestionable de la violencia se superpone a la más elemental expresión de sufrimiento, perplejidad, compasión o hastío que el crimen suscita en toda persona de bien. Muy en especial, entre los niños que padecen la implicación etarra de sus más allegados es muy alto el riesgo de que la ausencia de sus familiares detenidos, encarcelados, perseguidos o muertos les sea explicada en clave heroica, con imperativos de venganza futura. Ya saben: policías, jueces, funcionarios de prisiones, periodistas y políticos españolistas y, en general, todo lo que se apellide español conspira contra nuestra identidad vasca y es un valiente quien se rebele contra ello. Como para los niños el afecto familiar es absolutamente incondicional, en sus mentes infantiles se graba pronto el perverso lema que todo lo justifica: ese 'es de los nuestros' en cuyo nombre se confunde la defensa del criminal con la del crimen. En tales situaciones deberían ser las instituciones educativas y otros mecanismos de socialización quienes ayudaran al niño a comprender que el cariño hacia las personas puede ser independiente de la valoración de su conducta, que se puede querer mucho al padre preso sin tener porqué justificar los crímenes que cometió. Es una tarea dificilísima de por sí, pero casi imposible si las instituciones obligadas a deslegitimar la violencia y todo grado de complicidad con ella se muestran tibias, ambiguas o complacientes al respecto.

Pongamos un ejemplo.
Imaginen que en un Arralde cualquiera, esa típica localidad vasca en donde 'nos conocemos todos', detienen a una persona por colaborar económicamente con ETA. No se sabe el grado de voluntariedad de dicha colaboración -se sabe, sí, que ETA se dedica ahora a extorsionar a los suyos porque la profesora detenida militaba en la izquierda abertzale-, por lo que a muchos puede parecer excesivo el encarcelamiento dictado por el juez. Desde el sindicato al que la profesora detenida pertenece, en lugar de inculcar el respeto y acatamiento de las decisiones judiciales y celebrar un nuevo episodio de acoso a ETA, se sigue fomentando la sistemática denuncia de la lucha jurídica y policial contra ¿'los nuestros'? En el ámbito educativo no sólo no se explica a los niños el siniestro destino de esos miles de euros sino que se protesta, se denuncia y se silencia toda reflexión racional sobre el tema. ¿Dónde están, Kant, Piaget o Kohlberg?

Como si todos fuéramos niños, los sentimientos por encima: han detenido a fulano, fulano es de aquí, fulano es de los nuestros, ¡protestemos contra la detención de fulano! Pero ¿cómo? Como siempre, como cuando hace cuarenta años los grupos de danzas y las sociedades de montaña promovían como kalejiras lo que luego acababa entre gritos y carreras ante la Guardia Civil. Para mostrar el apoyo a la profesora detenida el pueblo entero se concentra ante su casa. Los niños que aprenden danzas vascas, los que estudian txistu, tamboril y trikitixa le dan el tono festivo a la protesta. Niños que protestan contra Madrid y contra los jueces, que piden la libertad de la detenida, que forman parte de una piña, de un pueblo, de un vínculo de afecto irreductible a bombas o a cárceles.

¿Pero de verdad es tan unánime la protesta? ¿A todos los padres les parece bien que las clases de sus hijos deriven en manifestación?¿Habrá en las escuelas de la zona profesores dispuestos a denunciar tan conducta en lugar de ensalzarla?¿Existirá un lenguaje en el que los niños puedan hablar de todo esto sin tener que defenderlo indefendible, comprendiendo que podemos querer a las personas sin que nos parezca bien todo lo que hacen? ¿Cómo evitar que los padres disconformes con la manifestación de sus hijos se instalen en el silencio, en el disimulo, en la sensación de que significarse contra el borreguismo dominante puede ser el inicio de una pesadilla que les obligue a irse del pueblo, como le pasó a zutano, como le pasó a mengano?

Sí, de entre todas las vivencias privadas derivadas del terrorismo y del magma nacionalista en donde tantas barbaridades se justifican en honor del vínculo patriótico de la gran familia vasca, la mayoritaria es el miedo. Perdonen la frase pero estadísticamente no son tantos los hogares específicamente destrozados por el terrorismo. Tampoco son estadísticamente tantos los hogares en los que se han criado los terroristas. Sí son, en cambio, estadísticamente inmensos los hogares en donde se transige con el qué dirán y se actúa en función de lo que puedan pensar los demás, sin ser conscientes del enorme poder que así se otorga a los más radicales del pueblo, a los más bocazas, a los más descerebrados.

A esto llamo microterrorismo: a lo que nunca sale en los periódicos, a las vivencias privadas con que se padecen, se fomentan o se disimulan todas esas indignidades minúsculas con que la violencia etarra va corrompiendo nuestra entereza moral. Mientras no plantemos cara al miedo a llamar a las cosas por su nombre, mientras no tengamos la valentía de preguntarnos quién es 'más nuestro', si la vecina detenida o el policía que la detuvo, seguiremos posibilitando el terrorismo de las bombas y los muertos, ése que se sostiene gracias a nuestras cobardías íntimas.

Justicia con las víctimas
EDITORIAL El Correo  20 Junio 2008

La aprobación ayer en el Parlamento vasco, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos el de EHAK, de la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo es, más que un hito histórico, como lo definió el lehendakari, la señal de un cambio en la mentalidad de las instituciones y de la sociedad que, por necesario, debería haber tenido lugar hace ya mucho tiempo. Conviene, pues, señalar, antes que nada, la tristeza, y hasta la vergüenza, que produce el hecho de que deba convertirse a estas alturas en acontecimiento lo que durante tantos años debería haber sido un dato de curso normal en nuestra realidad. Bienvenidos, en todo caso, la nueva ley y el consenso alcanzado para aprobarla, aunque sólo sea porque ambos suponen una suerte de arrepentimiento por el abandono y el olvido en que tanto las instituciones como la sociedad vascas han mantenido a las víctimas del terrorismo etarra, así como de compromiso de no volver a incurrir en la misma imperdonable indiferencia en el futuro. «La verdad, la memoria, la dignidad y el reconocimiento» que ayer se les prometieron a las víctimas deberían ser, de ahora en adelante, el criterio supremo por el que se rijan tanto las instituciones como los ciudadanos. Pero, para que tal criterio guíe realmente las actuaciones de toda la sociedad, será necesario que, además de a cumplir con las reparaciones de carácter material y moral que la ley establece, los líderes políticos se comprometan también, y sobre todo, a llevar a la práctica, hasta sus últimas consecuencias, esa estrategia que la nueva norma llama de «deslegitimación política y social del terrorismo». Porque sólo si se vacía de toda razón ética y democrática a la actividad de ETA podrá decirse de verdad que sus víctimas habrán recobrado toda la dignidad que se merecen.

No va, sin embargo, en la dirección de esa necesaria deslegitimación del terrorismo el anuncio que ayer hizo Aralar, y no desmintió el Gobierno tripartito, en el sentido de establecer no se sabe qué medidas administrativas o legales para reparar a esas otras víctimas de otra muy mal aclarada violencia de motivación política que merecerían, según ellos, el mismo reconocimiento que se ha dado a las de ETA. La idea, además de ser del todo inoportuna y de rezumar oportunismo, viene a demostrar que en la mente de demasiados políticos vascos persiste aún una concepción del terrorismo etarra como 'expresión de un conflicto de raíz histórica y política' que en nada contribuye, sino todo lo contrario, a su deslegitimación. Resulta muy poco alentador que, a la vez que se aprueba una ley como la de ayer, se sigan defendiendo ideas tan confusas. La indignación y el desmarque de Maixabel Lasa es un buen indicador de lo perjudicial y perturbador de estas iniciativas.

Los profesores de Universidad deberán tener el nivel C de catalán
EP - Barcelona El País  20 Junio 2008

Los profesores universitarios contratados temporalmente, y los de nuevo acceso, pertenecientes a las universidades catalanas, deberán acreditar el nivel C de catalán para ser contratados de forma permanente, ha acordado la Junta del Consejo Interuniversitario de Cataluña. Los profesionales afectados por la normativa son los catedráticos, profesores titulares, agregados, lectores y asociados. Solamente los profesores visitantes, eméritos y el profesorado con una actividad académica honoraria quedan exentos de esta obligación.

El nivel requerido es el de "suficiencia" -el nivel C-, que prevé garantizar la capacidad de usar el catalán para "comunicarse satisfactoriamente, de forma oral y escrita". Esta regulación también se extiende a las universidades privadas con categorías laborales análogas y a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). La comisionada de Universidades de la Generalitat, Blanca Palmada, señaló que quedarán exentos los investigadores especiales y los profesores de idiomas.

El acoso al castellano
Cataluña exigirá a los profesores de universidad hablar y escribir en catalán
El acuerdo entre el Govern y rectores afectará a todos los centros, públicos y privados
La normativa exime a «docentes reconocidos» y fija para el resto de académicos dos años de plazo para aprenderlo.
Noelia Ramírez La Razon  20 Junio 2008

BARCELONA- A partir de ahora, todos los profesores universitarios extranjeros o del resto de España y personal académico que deseen ejercer en Cataluña deberán pasar una nueva criba lingüística de la Generalitat: certificar que conoce, habla y escribe el catalán. O lo que es lo mismo, acreditar el nivel C de la lengua, paso por el que ya tenía que pasar el funcionariado catalán.

Esta nueva normativa, que afectará a todos los centros públicos y privados, responde a un acuerdo aprobado el pasado 11 de junio por el Consejo Interuniversitario de Cataluña, CIC, un órgano de consulta de la Generalitat en el que han participado los rectores de las principales universidades del territorio.

Excepciones
Frente a una posible diáspora de docentes extranjeros o con gran peso en la docencia, la medida, que el Govern prevé reglamentar mediante un decreto ley, tan sólo excluye a especialistas muy reconocidos, profesorados visitante y aquéllos que desarrollen una «actividad académica honoraria». Para los demás, incluidos docentes y el resto de personal académico, se establece un plazo máximo de dos años para poder certificar que conoce la lengua, aunque cada centro podrá establecer el plazo que crea conveniente.

Según reza en el documento del acuerdo del CIC, la nueva norma, se traducirá en una modificación del artículo 6.4 de la 1/2003, o Ley de Política Lingüística, ya que «el Govern y el departamento competente en materia de universidades dicta las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la Ley».

Para justificarlo, la medida se fundamenta en tres bases. Por un lado, cinco artículos del Estatut, -6, 35, 50.2, 143 y 172-, en los que se hace referencia a normalizar la lengua vehicular y de aprendizaje de la enseñanza y a garantizar el uso del catalán en la docencia. Por otro, la ya citada Ley de Política Lingüística y, por último, al Estatuto Básico del Empleado Público, donde se «ha de garantizar la atención a los ciudadanos en la lengua solicitada». De esta forma, la Consejería de Universidades equipara a catedráticos con funcionarios para conseguir «atender» a los estudiantes.

Para acreditar su conocimiento de la lengua, los profesores contratados tendrán que presentar el certificado de suficiencia, nivel C, u otros homologados por la secretaría de Política Lingüística.

Salgado se compromete a fomentar las lenguas cooficiales en la Administración
E. L. P. La Razon  20 Junio 2008

Madrid-De lenguas cooficiales se habló ayer, y mucho, en el Congreso de los Diputados durante la comparecencia de la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado. El asunto se abordó, no para ponerlo freno a la ofensiva contra el castellano en algunas Comunidades Autónomas, sino para reafirmar el compromiso del Gobierno de impulsar el uso del gallego, el euskera y el catalán en la Administración del Estado. Su impresión es que el Gobierno de España debe contribuir a normalizar el uso de las lenguas cooficiales y «no permitir la discriminación de ninguna de nuestras lenguas oficiales, de forma que los ciudadanos tengan realmente garantizado su derecho a elegir la lengua en la que desean manifestarse ante la Administración». Así, confirmó que antes del 31 de diciembre de 2009 estará normalizado el uso de las lenguas oficiales del Estado en «las relaciones por medios electrónicos de los ciudadanos con las administraciones públicas». Más tarde, ya sin fecha, anunció que se avanzará en la accesibilidad y el multilingüismo en las webs de los ministerios.

Salgado también habló, luego, de la necesidad de redefinir el papel del Estado en el nuevo mapa autonómico derivado de la asunción de competencias de las Comunidades, especialmente después de las reformas estatutarias. El objetivo, según explicó, es reforzar la presencia de la Administración central en los territorios para prestar mejores servicios y más directos a los ciudadanos.

Y en este sentido topó frontalmente con el «no» de los nacionalistas, especialmente de CiU, que ya le advirtió su oposición a que el Gobierno de España pretenda adelgazar las competencias autonómicas en una especie de lo que Jordi Jané llamó «efecto cangrejo».

El PSOE da los primeros pasos hacía el estado federal
Redacción Bilbao  Minuto Digital  20 Junio 2008

El congreso del PP nos está haciendo perder de vista lo que se cuece en el PSOE, que también va a tener su Congreso. De momento es el PSC al que le toca y por lo que se ve se quiere apostar definitivamente por la transición hacía el Estado Federal.

Diferentes agrupaciones territoriales del PSC han presentado una batería de enmiendas a la ponencia marco del XI congreso del partido que pondrán a debate la necesidad o no de tener grupo propio en el Congreso así como impulsar una reforma de la Constitución española de carácter netamente “federal”.

El PSC ha remitido este miércoles a la totalidad de la militancia las 4.830 enmiendas que se debatirán en el congreso que los socialistas catalanes celebrarán a mediados de julio, a partir de una ponencia que, bajo el título “La fuerza del socialismo catalanista y federal”, apuesta por convertir al PSC en el eje vertebrador de la sociedad catalana.

Agrupaciones territoriales como las de Gerona y Olot-La Garrotxa (Gerona) y Reus (Tarragona) piden tener “voz propia” en Madrid e incluso “acordar” ya con el PSOE, sin esperar al inicio de una nueva legislatura, lograr una representación diferenciada en el Congreso.

De las diferentes enmiendas que piden grupo propio destaca la de la agrupación de Gerona ciudad, en la que, en contra de las tesis oficiales del PSC y del propio José Montilla, se pide encontrar una fórmula satisfactoria en esta misma legislatura.

La agrupacióm local de Olot-La Garotxa, pide incluso “impulsar una reforma constitucional que reconozca en su articulado la plurinacionalidad del Estado español”.

LA PLAZA DE COLÓN, ALQUILADA A CUATRO
El Mundo responde a la arrogancia: "Que Gallardón nos mande la factura"
Tal vez el alcalde pensó que la polémica del alquiler de la plaza Colón acabaría con la arrogante respuesta que dio este jueves. Una vez más estaba equivocado. Hoy, el diario El Mundo califica dicha argumentación de "chiste" y subraya la gran diferencia que existe entre la emblemática y pública plaza de Colón con un recinto cerrado como el de los jardines de Cecilia Rodríguez al que se refería. Sin contar con que en ese caso fueron unas horas y no 42 días. Ante la duda, pide: "Que hoy mismo nos mande la factura".
Libertad Digital  20 Junio 2008

El diario de Pedro J. Ramírez responde en su página de opinión a la argumentación que el acalde de Madrid dio este jueves para justificar el precio que al Ayuntamiento de Madrid ha cobrado a Cuatro para instalar un stand de 2.446 metros cuadrados a cambio de un módico alquiler de 52.355 euros –1.248 euros al día–en la Plaza de Colón.

Gallardón contestó con chulería y arrogancia a la cuestión y pidió "disculpas por cobrar a Cuatro y no a El Mundo por la cesión gratis de espacios como los jardines de Cecilio Rodríguez". Este mismo jueves, el diario recordó que sólo cedió este espacio al periódico durante un día. Además, está cerrado al público, con lo que no molesta al tráfico ni a los vecinos.

En su opinión de este viernes El Mundo señala que "la respuesta que el alcalde de Madrid dio ayer (...) tiene aires de chiste" y aclara: "En el caso de que no esté clara la diferencia entre ceder un recinto cerrado sin otra utilidad que la expositiva para realizar un acto puntual y entregar un espacio estratégico sustrayéndolo en gran medida al uso peatonal –lo que ha obligado en algún momento a desviar el tráfico–, y tampoco esté clara la diferencia entre unas horas y casi mes y medio, entonces que hoy mismo nos envíe la factura".

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