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Recortes de Prensa    Jueves 26 Junio 2008

Reforzar la lengua común
Editorial ABC 26 Junio 2008

LA lengua española vive una época de plenitud. Consolidada hace tiempo como el segundo idioma de comunicación internacional, casi 440 millones de personas garantizan la pujanza de un producto cultural que constituye un verdadero tesoro para sus hablantes, y no sólo en el terreno literario, sino también en los planos social y económico: recientes estudios de la máxima solvencia analizan su impacto en estos ámbitos a través de una cartografía del español y su influencia en la industria y el mercado, reales y potenciales. Se ha dicho gráficamente que la lengua es nuestro petróleo y, en este sentido, es exigible que los poderes públicos practiquen una política integral de promoción del español a través del Instituto Cervantes y de otros instrumentos de acción cultural. Dadas las circunstancias, resulta sorprendente que haya que defender al castellano en algunas comunidades autónomas que hacen todo lo posible por degradarlo a una posición secundario y en nombre de una ficticia «normalización» lingüística. Sin embargo, todos somos conscientes de que en Cataluña, País Vasco, Galicia, y ahora también Baleares, se producen agresiones -en diferentes niveles- a la presencia en el espacio público y en el sistema educativo de la lengua que hablamos todos los españoles.

Por unas u otras razones, el Gobierno hace la vista gorda, presumiendo de un oportunismo que sólo pretende complacer a los socios radicales del Partido Socialista. En este contexto, merece una valoración muy positiva el «Manifiesto por la Lengua Común», firmado por un grupo de escritores e intelectuales de diversas ideologías y especialidades. Es muy cierto que en el sistema democrático las libertades individuales deben primar sobre los derechos imaginarios de ciertos territorios, y que es elemental la exigencia de que los padres puedan escolarizar a sus hijos en castellano en cualquier lugar de España. La Constitución regula con claridad este asunto en su artículo 3, estableciendo que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar la lengua oficial del Estado. No hay en ello ninguna minusvaloración de las demás lenguas españolas, que merecen el máximo respeto e impulso como prueba de nuestra riqueza cultural. En cambio, cualquier tipo de exclusión o imposición resulta intolerable, no sólo por atentar contra los derechos fundamentales, sino porque, además, empobrece la formación humana y cultural de las generaciones futuras.

Hablar castellano en la escuela, rotular los comercios como prefiera cada empresario o utilizar con naturalidad una u otra lengua en las relaciones con la administración autonómica son principios irrenunciables que, por desgracia, no se cumplen en la vida cotidiana. Los partidos políticos deben ser sensibles a una reclamación a la que ha puesto voz el manifiesto antes citado, pero que lleva tiempo siendo destacada por el Partido Popular en sus programas y declaraciones públicas. De hecho, Mariano Rajoy insistió el pasado martes, en el Foro ABC, sobre la conveniencia de una ley orgánica que garantice el uso del castellano en toda España. Es llamativo que justo cuando esta lengua juega un papel vertebrador en la comunidad iberoamericana de naciones y se configura como segundo idioma extranjero en los principales países del mundo, resulte imprescindible seguir luchando en favor del sentido común ante la pasividad de un Ejecutivo que sólo atiende a sus intereses particulares.

El manifiesto, la ley orgánica propuesta por el PP o la denuncia diaria de muchas asociaciones de defensa del castellano son la mejor prueba de la vitalidad de una sociedad que no está dispuesta a dejarse dominar por criterios localistas que resultan absurdos y anacrónicos en la era global. Nadie tiene legitimidad para apropiarse en exclusiva de una reivindicación que se mantiene viva desde hace mucho tiempo. En este sentido, son incontables los editoriales y artículos de opinión publicados en ABC en defensa de nuestra lengua común. Es muy positivo que se incorporen a esta tarea más personas valiosas y de reconocido prestigio.

Frenazo en Francia a las lenguas regionales
Lorenzo Contreras Estrella Digital 26 Junio 2008

El Manifiesto por la Lengua Común, propulsado por dieciocho primeros firmantes, constituye la primera reacción organizada contra la marginación del castellano en determinadas comunidades con lengua propia. En dichas comunidades, que encabezan Cataluña, País Vasco y Galicia, la lengua oficial del Estado, amparada por la Constitución como prioritaria aunque compatible con la cooficialidad de las otras lenguas eneros concretos territorios, ha sido inconstitucionalmente desplazada o relegada a la condición de idioma competidor y hostil, tenido en el fondo por heredero de una dictadura y de un pasado histórico excluyente de los idiomas vernáculos.

La declaración de guerra al castellano o español ha producido la respuesta de “ilustrados” contenida en el Manifiesto. Lo que se dice una contraofensiva cultural y política cuya razonable y razonada pretensión es defender, dígase lo que se quiera, la esencia de España y, por supuesto, uno de los elementos básicos de su unidad.

La Constitución de 1978 ha empezado a ser flagrantemente violada. Una fiebre diferenciadora paralela ha sido combatida en Francia por la Academia que fundara en el siglo XVIII el cardenal Richelieu. Tal actitud de la institución que “vela por la lengua francesa y su difusión” responde de manera indignada la texto aprobado el 22 de mayo último por la Asamblea Nacional en cuya virtud se añadiría al artículo primero de la Constitución, que define a Francia como “una República indivisible, laica, democrática y social”, este inciso: “Las lenguas regionales forman parte de su patrimonio”.

Los académicos franceses han considerado tal añadido como “atentado contra la identidad nacional”. Allí, por lo que se ve, no se andan con bromas. Los “inmortales” galos han dado el frenazo a la ocurrencia parlamentaria. Para ellos lo que impera es el artículo segundo de su Constitución, que preceptúa: “La lengua de la República es el francés”. Y se acabó. En su declaración, la Academia francesa argumenta que el 22 de mayo último, los diputados votaron un texto atentatorio contra la identidad nacional. Y ello porque, si bien “las lenguas regionales pertenecen a nuestro patrimonio cultural y social”, colocarlas a la altura de la lengua de la República “es un desafío a la simple lógica, una negación de la República, una confusión del principio constitutivo de la Nación”, con graves consecuencias en la medida en que cuestionan —siguen diciendo los académicos— el acceso equitativo de todos a la Administración y a la Justicia. En definitiva, la Academia apela a la Asamblea para que retire un texto “cuyas excelentes intenciones pueden y deben reconocerse, pero que no tienen encaje en la Constitución”.

Los académicos franceses votaron por unanimidad la declaración en la sesión del 12 de junio. La aprobación parlamentaria del texto discutido no llegó a ser unánime. Sus efectos prácticos, según estimaciones vascas que recoge Gara, “podrían considerarse nulos en tanto que el Gobierno, por boca de su ministra de Cultura, Christine Albanell, ya dijo el 7 de mayo que en la ley comprometida en relación a estas lenguas (regionales) no se reconocería su oficialidad…”

Se ve que los franceses son institucionalmente más coherentes que nosotros y más amantes de su patria. Aquí, las lenguas catalana, vasca o gallega gozan de una equiparación al español que, como lengua común, va quedando en letra muerta. Papel crecientemente mojado. ¿Se está todavía a tiempo de frenar la avalancha disgregadora? Ojalá.

El valor económico del idioma
Fernando González Urbaneja Estrella Digital 26 Junio 2008

El “manifiesto por la lengua común” dice lo que dice, nada más, ni menos, aunque luego cada cual entenderá lo que le convenga. Desde luego no es una campaña en defensa del español, que no tiene ninguna necesidad de defensa ya que goza de UNA envidiable salud, que para sí quisieran la mayor parte de las lenguas. El español o castellano va bien, más que bien. Y los recientes estudios académicos sobre el valor económico del idioma manifiestan que se trata de un cañón, uno de los mayores activos de la economía y la sociedad española, cada vez más abierta, internacionalizada y ambiciosa.

El valor e interés del Manifiesto radica en lo que significa de advertencia y de preocupación y también de exigencia de respeto a libertades individuales. El manifiesto no daña, ni ofende, sólo reclama que el idioma común no sea relegado para la implantación y hegemonía de otra lengua propia, con todos los derechos de ser conocida, enseñada, difundida, utilizada… pero nunca impuesta a costa de la común.

Arrinconar el español-castellano en territorios o nacionalidades con otro idioma propio, sería además de un error (que pasaría factura en el futuro) una violación de derechos individuales y de la letra de la Constitución.

El Manifiesto tiene carga política, va contra el nacionalismo obligatorio, sería idiota ocultarlo, pero acusarle de “imperial, de dominio cultural, de simbolismo esencial, de uniformidad” significa instalarse en el mundo de lo imaginario e irreal.

El actual sistema constitucional ha hecho por los idiomas que se hablan en España, además del común, más que en ningún otro sistema o régimen en la historia. Si el catalán, gallego, vasco… tenían riesgo de desaparecer en algún momento o iban en retroceso, ya no es el caso, ese riesgo ya no existe. Desde 1979 la extensión e implantación de los idiomas propios no tiene precedentes, el gasto público realizado y el despliegue legislativo puesto en vigor es impresionante.

De lo que el Manifiesto previene es de la imposición exclusiva de un idioma donde se hablan dos. Lo que estuvo muy mal antes, cuando al idioma se atribuyeron capacidades para imponer valores políticos, sigue estando mal ahora aunque circule en otro sentido.

Los populares han abrazado el manifiesto, están en su derecho y en sus principios y criterios. Si los socialistas se quedan fuera, si siguen evitando pronunciarse sobre la materia corren el riesgo de enredarse en una confusión que les pasará factura.

Este es un asunto que no debería ser problema, que debería evitarse, que no lo será algún día (quizá falta una generación), pero que va a ser recurrente y va a amargar el desayuno a más de uno. Defender un idioma a costa de otro empequeñece a ambos y no beneficia a terceros, simplemente supone pérdida de oportunidad y de capacidad.

fgu@apmadrid.es

En defensa de la lengua, claro que sí... ¿A qué espera Zapatero para firmar?
@Federico Quevedo El Confidencial 26 Junio 2008

Como no podía ser de otra manera, he dado mi apoyo, primero con la firma y ahora de manera pública, al manifiesto de los intelectuales en defensa de la lengua común de todos los españoles, sean estos andaluces, gallegos, vascos, extremeños, catalanes, manchegos, madrileños... Y hablen catalán, valenciano, gallego, euskera e incluso bable. Enhorabuena a Carmen Iglesias, a Pedrojota Ramírez y, sobre todo, al grupo de intelectuales encabezado por Fernando Savater, por esta iniciativa. No es una iniciativa contra nadie, ni contra nada, y eso es lo que la hace merecedora de todos los elogios. Es una iniciativa de defensa de nuestro patrimonio común, de una lengua que hablan más de trescientos millones de personas en todo el mundo. Pero es también una iniciativa que alerta sobre el riesgo de deterioro de ese patrimonio cuando desde el poder se permiten y se favorecen actitudes que cercenan la libertad de las personas a la hora de elegir en qué lengua quieren expresarse.

Es verdad, por tanto, que como decía ayer mi querido colega Antonio Casado, este manifiesto no va contra nadie. Pero también lo es que deja a algunos en evidencia. Algunos de uno y otro lado. Me explico. La oportunidad de este manifiesto viene dada porque, sin duda alguna, la lengua española está siendo objeto de un acoso decisivo por parte de sectores nacionalistas en buena parte del territorio nacional. No tendría sentido defender la lengua si ésta pudiera estudiarse, hablarse y escribirse sin cortapisas en cualquier parte del país, pero esto ya no es así. Claro que lo peor es que esa política lingüística contraria al castellano está siendo apoyada, cuando no directamente impulsada y dirigida, por el Partido Socialista en el poder. ¿Quién gobierna en Cataluña? El PSC, y es el PSC el que ha retirado el castellano de las escuelas y el que multa a los comerciantes por rotular en el idioma de Cervantes, en una muestra casi gobbeliana de puro fascismo lingüístico.

De la misma estrategia excluyente bebe el socialismo balear, que ha instaurado en aquellas islas la dictadura nacionalista-radical con el mismo objetivo del PSC: robarle al nacionalismo extremista sus votos. Y que les voy a decir del PSdeG: Pérez Touriño quiere alcanzar la mayoría absoluta relegando al BNG al ostracismo parlamentario, a base de lo mismo, es decir, ser más nacionalista que los nacionalistas. Y también en Galicia se amenaza al castellano haciéndolo desaparecer de las escuelas y de los estamentos de la Administración. Por eso, cuando a la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, le plantean lo del manifiesto, se le tuerce el gesto y con cara de muy pocos amigos responde que el castellano no tiene problemas en España. Pero los tiene, ¡vaya si los tiene! La iniciativa, por tanto, está poniendo a Rodríguez y a su Gobierno contra las cuerdas porque, de nuevo y como dice el refrán -se pilla antes a un mentiroso que a un cojo-, a Rodríguez se le ha visto el plumero de otro de sus engaños, y en muy poco tiempo su imagen idílica está empezando a ser ampliamente cuestionada.

Digo que esto ha puesto en evidencia a unos y a otros. A unos, porque a pesar de sus esfuerzos por parecer algo distinto de lo que son, ahora se ven desnudos ante la realidad que ellos mismos han contribuido a crear. A otros, porque después de tres meses de acoso al PP con eso de que ha abandonado los principios, los hechos -que siempre son tozudos- les enfrentan a su propia estrategia de manipulación y mentira. La cúpula del PP al completo, encabezada por Mariano Rajoy, y las direcciones de los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, se sumaron ayer de manera entusiasta a la iniciativa de defensa del castellano. Como no podía ser de otra manera. Aquellos que dijeron que el PP se mimetizaba con el PSOE, ya pueden tragarse sus palabras y rezar en los micrófonos de la COPE para que no se les indigeste el atracón. La estrategia de firmeza en los principios y diálogo con todos, funciona. El PP puede firmar el manifiesto y, al mismo tiempo, conseguir que todos los grupos se sumen a sus iniciativas -ya van dos veces en poco tiempo-. Era una cuestión de estilo, y de estrategia. Y de personas. El martes, cuando terminaba su rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, Soraya Sáenz de Santamaría se cruzó en la puerta de la sala de prensa del Congreso con los responsables de CiU: todo fueron parabienes hacia la portavoz del PP y disponibilidad a sus deseos. ¡Qué distinta es esta legislatura!

¿Dónde hay que firmar?
¿Dónde hay que firmar?
IRENE LOZANO ABC 26 Junio 2008

No son Mario Vargas Llosa, Fernando Savater o Carmen Iglesias gente inclinada a solemnizar lo obvio. Que lo hagan respecto a la lengua española da idea del penoso estado mental en que nos han sumido tres décadas de dominio lingüístico nacionalista. En un país normal, el manifiesto en defensa de la lengua común -la arriba firmante lo suscribe en su integridad- constituiría un repertorio de obviedades de tal calibre que cualquier intelectual se sentiría abochornado de pronunciarlas con cierto énfasis. En un país normalizado lingüísticamente, como éste, hay que reunir un batallón para afirmar, atención, que la lengua común de España es el español. Aquí hace falta vestirse de armadura para criticar a la Generalitat de turno que manda a Murcia un papel incomprensible en nombre de la defensa de la «lengua propia», ese engendrito; y hay que guarecerse en una almena antes de señalar que las consejerías autonómicas no practican la inmersión, sino el ahogo lingüístico.

Y lo peor es que, después de tomar todas estas precauciones, todavía sale algún zote criticando el manifiesto porque, según dice, el español no está amenazado en ninguna Comunidad Autónoma. Que no, hombre, que la salud del español la garantiza América, que los amenazados son los niños que no aprenderán el castellano culto porque sus padres no pueden permitirse un colegio de pago. Qué paciencia...

Se comprende, en estas circunstancias, que hayan sido necesarios treinta años para formar una corriente de opinión contraria a la dejación del Estado central en materia educativa. A ver si cuando celebremos en diciembre los treinta años de la Constitución, en vez de jalear los besamanos de costumbre, afrontamos de una vez que en ella está el error de origen. Nunca una obviedad despertó en mí tanta simpatía.

Los padres aplauden el manifiesto del castellano, pero seguirán su propia lucha
BLANCA TORQUEMADA. MADRID. ABC 26 Junio 2008

El Manifiesto por la Lengua Común promovido por un destacado grupo de intelectuales y apuntalado en estos últimos días por adhesiones de relieve como la del escritor Miguel Delibes o la del líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha sido recibido con satisfacción por las plataformas de padres y profesores de varias Comunidades Autónomas que vienen reivindicando desde hace unos meses el derecho a la escolaridad en castellano, pero no «fagocitará» sus propias acciones conjuntas para exigir medidas inmediatas y concretas con el fin de que «el Estado ataje la conculcación de un derecho que no es ni de las Comunidades Autónomas ni de los padres, sino de los niños», según fuentes de estas entidades.

Representantes de estos grupos cívicos se reunirán el próximo sábado en Madrid y proseguirán su «puesta en común» para perfilar su estrategia, en la duda ahora de si lanzarán de forma inmediata un manifiesto específico acorde con sus demandas, como tenían previsto, o si de momento suscribirán el que han lanzado los intelectuales y dejarán en compás de espera el debate de su propio texto.

La dirección de la catalana Asociación por la Tolerancia, reunida ayer, acordó respaldar el texto presentado públicamente el lunes por el filósofo Fernando Savater y, en palabras de su portavoz, Marita Rodríguez, «quizá no sea necesario después de esto salir a la palestra con otro manifiesto, pero eso no obsta para que sigamos decididos a unir nuestras fuerzas en próximas movilizaciones». Así, las entidades prevén convocar una concentración en Madrid en septiembre, con motivo del comienzo del curso escolar, ante la sede del Ministerio de Educación.

«Más pragmatismo»
Pablo Gay-Pobes, portavoz de la Plataforma por la Libertad Lingüística, formada por tres mil padres de familia vascos, explica que «nos parece magnífico el manifiesto de los intelectuales, pero nuestras reivindicaciones van más a lo pragmático, a lo inmediato. Creo por tanto que la elaboración de nuestro propio manifiesto mantiene todo su sentido». Y explica por qué: «En el borrador que los padres vascos hemos entregado a todas las asociaciones proponemos medidas aplicables a corto plazo, consistentes en solicitar que en todas las autonomías con dos lenguas se aplique el sistema que ha regido hasta ahora en el País Vasco, el de los tres modelos, y en el que también se pide instar a que se modifique el sistema de conciertos, para que la financiación pública se dé directamente a los padres y no a los centros. Con esa medida se evitaría lo que está ocurriendo ahora: que los colegios, en sintonía con la Consejería de turno y para garantizarse las subvenciones, niegan la existencia de la demanda de enseñanza en castellano».

Para Gay-Pobes, el manifiesto de los intelectuales, «que hemos difundido entre nuestros asociados para que cada cual, libremente y si lo desea, pueda firmarlo», es un instrumento «encomiable, pero demasiado genérico cuando el problema ya lo tienes planteado en la vida diaria, como nos sucede a nosotros». De modo que «una petición de reforma de la Constitución está muy bien, pero no es una solución a corto plazo». Por eso, indica, «nosotros nos lo hemos currado en nuestro borrador para demostrar que la ley nos da ya la razón hoy y ahora y que, en consecuencia, hay que aplicarla».
Para este padre vasco, la situación creada «viene de dejaciones que se pueden evitar y el Estado muestra voluntad de hacerlo. Por ejemplo, hay una sentencia del Tribunal Constitucional de 1997 que ya refrenda que, a lo sumo y como máximo, la comunidad autónoma vasca puede obligar a que se impartan en euskera el 30 por ciento de las clases y no más. Y luego está el factor de la desactivación de la Alta Inspección educativa, que es competencia estatal en exclusiva y no se está utilizando».

Modelos educativos
En el caso del País Vasco, los tres modelos A, B y D (educación en castellano, mixta y en euskera) han quedado liquidados por el decreto 175/2007 del Gobierno de Ibarretxe de desarrollo del currículo de las enseñanzas básicas. Algo parecido ha sucedido en Galicia con el decreto autonómico 124/2007. Son, en opinión de los padres, «gateras» legales por las que se va colando la imposición de la lengua autonómica y ante las que hay que aplicar un «cortafuegos» efectivo.
A la reunión que se celebrará este fin de semana, coordinada por el Foro de Ermua, están convocadas, entre otras entidades, la Asociación por la Tolerancia y Convivencia Cívica (ambas de Cataluña), Galicia Bilingüe, Círculo Balear y la Plataforma por la Libertad Lingüística del País Vasco. Fuentes del Foro han indicado que la cita «es preliminar, pues aún queda mucho por debatir».

La ministra teme una merma de las lenguas cooficiales
Las reacciones suscitadas por el manifiesto de los intelectuales se sucedieron ayer y la propia ministra de Educación, Mercedes Cabrera, dijo que espera que el manifiesto en defensa del castellano no alimente una «batalla política» que perjudique a las lenguas cooficiales, que estima que son una «riqueza» de España. Aseguró también que la LOE garantiza el aprendizaje del castellano en todo el territorio nacional y que las evaluaciones periódicas demuestran que los alumnos catalanes tienen un nivel de castellano por encima de la media. Pero los nervios de los independentistas se desataron y la portavoz de ERC en el Parlamento catalán, Anna Simó, interpretó el manifiesto como un intento de convertir el catalán en una lengua «residual». También Joan Puigcercós, presidente de ese partido, desbarró al preguntar «a cuál lengua materna» se refieren los defensores del castellano «cuando hay 25 por la inmigración». Y el Gobierno de Montilla tampoco calló: su consejero de Obras Públicas, Joaquim Nadal, consideró que «no hay nada que justifique el manifiesto».

Carlos Castilla del Pino: «Las lenguas y los territorios no tienen derechos, los tienen las personas»
Carlos Castilla del Pino: «Las lenguas y los territorios no tienen derechos, los tienen las personas»
RUBÉN DE VICENTE. MADRID. ABC 26 Junio 2008

El neurólogo y ensayista Carlos Castilla del Pino es uno de los firmantes del Manifiesto por la Lengua Común, una iniciativa que presentaron el lunes pasado algunos intelectuales, encabezados por Fernando Savater y Mario Vargas Llosa. Castilla del Pino apoya lo propuesto en este texto por su «racionalidad» y suscribe la idea del estímulo del bilingüismo sin perjuicio de la lengua común, como ya demostró antaño con su apoyo al uso del catalán durante y después del franquismo, desde su militancia activa en el Partido Comunista.

- ¿Cómo conoció la iniciativa del Manifiesto por la Lengua Común y por qué lo firmó?
-Soy amigo de Fernando Savater, quien me mandó el manifiesto y lo firmé. Me parece un texto inteligente, racional y justo, pues las lenguas y los territorios no tienen derechos, sino que quien posee derechos son los ciudadanos. Por tanto, estimo que se trata de una iniciativa razonable que los ciudadanos puedan educarse y desenvolverse en su lengua materna, que es el castellano.

-¿Estima que este tipo de iniciativas puedan generar algún tipo de rechazo por parte de aquellos que defienden las lenguas autonómicas?
-No creo que el planteamiento del manifiesto, en tanto que es razonable, pueda llegar a provocar recelos o polémicas en la ciudadanía. Sin embargo, la irracionalidad a veces manda e incluso en los políticos, que por otra parte son los que deberían ser más racionales.

- ¿Cree necesario que se aumenten los esfuerzos para defender el castellano con iniciativas como el Manifiesto por la Lengua Común?
-No se trata de la defensa del castellano, pues se defiende por sí solo, sino de los derechos de las personas ante el uso de la lengua. En las Vascongadas, por ejemplo, en las escuelas se enseña vascuence a los niños, pero cuando estos salen al recreo hablan castellano entre ellos, lo que parece que les rechina a algunos políticos.

-¿Ve factible que se modifique la Constitución, tal y como afirma el texto que ha suscrito, para fortalecer su presencia en la Carta Magna?
-Las modificaciones de la Constitución tienen que hacerse con cuidado y con mucha mesura y aunque actualmente quisiera hacerse no es algo fácil. No puede cambiarse la Constitución cada dos por tres, pero ya hace mucho tiempo que se promulgó y ya es hora de que se modifiquen o se amplíen algunos artículos de acuerdo con las demandas de la sociedad.

-¿Qué opinión le merece el hecho de que en Cataluña se impusieran multas a comerciantes que no rotularan en catalán los carteles de sus locales, en claro detrimento de los que quisieran hacerlo en castellano?
-Creo que se debería señalizar en las dos lenguas por respeto a la lengua de cada Comunidad y por respeto al resto de los españoles. Esto lo vemos en Bélgica, donde los carteles se escriben en flamenco y en francés por respeto a todos los hablantes del país. Son cosas que deben hacerse simplemente por buena fe y por no fastidiar al resto.

-¿Qué diagnóstico haría de la situación actual del castellano?
-El castellano goza de muy buena salud, como lo demuestran las 700.000 consultas que recibimos todos los días vía internet en la Real Academia Española.

-¿Qué opina del fomento de las lenguas regionales en algunos campos artísticos como la literatura?
-Me parece bien que se conserven las lenguas, pero ellos tienen que pensar también que hay autores catalanes excelentes que tienen mucha menos difusión de la que podrían tener por publicar sus obras exclusivamente en catalán.

Bilingüismo asesino
Nota del Editor 26 Junio 2008

El profesor Del Pino defiende la señalización en las dos lenguas, el castellano y la lengua regional, y eso supone un claro intento de asesinato para las personas que no conocen la lengua regional, ya que cuando estas conducen tranquilamente su vehículo, tienen que dilucidar si el letrero que están leyendo lo entienden porque está escrito en su lengua materna o tienen que esperar unos peligrosos segundos a que surja en el panel el texto corresondiente en castellano. En caso de letreros estáticos, supone el mismo problema, hay que leer todo hasta dar con el mensaje en el idioma materno si éste se trata del castellano, por lo que esta medida, que en principio parece políticamente muy correcta, es claramente atentatoria contra la seguridad de los conductores español-hablantes. Lo mismo ocurre en los hospitales y en las salidas de emergencia, los español-hablantes estamos en clara discriminación para llegar al punto deseado si tenemos que discernir entre varios letreros escritos en lenguas regionales (ahora exclusivamente en tales lenguas recionales).

En resúmen, no al bilingüismo letreril, pues como establececlaramente la constitución, sólo hay deber de conocer el español, no hay deber de conocer lengua regional alguna.

Nace una plataforma contra el «colonialismo» del catalán
ROBERTO PÉREZ ABC 26 Junio 2008

ZARAGOZA. Una veintena de asociaciones, colectivos y formaciones políticas de Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana se han unido en una nueva plataforma que se ha marcado como objetivo frenar el «colonialismo» lingüístico del nacionalismo catalán. La plataforma se denomina «No Hablamos Catalán» (NHC) y ya ha convocado una primera manifestación para el próximo 4 de julio en Zaragoza.

Entre sus integrantes hay miembros de las juventudes del PAR, partido que gobierna en Aragón junto al PSOE y que se ha comprometido a sacar adelante la Ley de Lenguas durante esta legislatura. Se trata de un asunto espinoso, pero es uno de los compromisos del acuerdo de gobierno entre socialistas y aragonesistas. Esta ley también la reclama desde hace años la Chunta Aragonesista (CHA), partido que ha mantenido contactos con los nacionalistas de ERC.

La Ley de Lenguas de Aragón ha sido largamente anunciada, pero han ido pasando las legislaturas sin que el texto llegue a las Cortes de Aragón.Ahora, la parte aragonesa de esta nueva plataforma NHC tiene en su punto de mira ese proyecto de ley. El Ejecutivo PSOE-PAR, por su parte, insiste en que el anteproyecto de Ley de Lenguas no se verá hasta después del verano y se insiste en que el objetivo primordial es «que no genere problemas donde no los hay». Simplemente, dicen, reconocerá en una ley lo que es una práctica cotidiana en esa parte de Aragón.

Pero quienes recelan argumentan que si de lo que se trata, simplemente, es describir lo que sucede con normalidad en la calle, no hay necesidad de una ley. Temen que sea utilizada por el nacionalismo catalán como una vía más con la que extender su presencia en las comarcas limítrofes de Aragón.

Estrategia expansionista
Entre quienes temen que algo así ocurra está Héctor Castro, miembro de las juventudes del PAR y portavoz de una asociación cultural de la comarca oscense de La Litera. Es uno de los integrantes de NHC y advierte que no están en contra de Cataluña, sino exclusivamente «de los catalanes expansionistas que anhelan territorios aragoneses». Y subraya que «Aragón no es trilingüe, es bilingüe. En Aragón se habla castellano y aragonés, pero un aragonés diverso, dividido en diferentes modalidades propias, como el literano, fragatino, cheso, ansotano, ribagorzano o bajoaragonés».

Castro es uno de los miembros de agrupaciones que se están movilizando desde hace años contra lo que consideran que es un afán «colonialista» del nacionalismo catalán.

Afirman que es una estrategia que se mantiene desde hace tiempo. Por ejemplo, con el apoyo financiero que la Generalitat ha ido prestando a asociaciones que desarrollan su actividad en suelo aragonés. O con la denominación que se le da a las comarcas aragonesas limítrofes con Cataluña: el nacionalismo catalán denomina a este territorio -y lo incluye en sus mapas- como Franja de Ponent, es decir, la franja occidental de Cataluña.

Ahora, según Castro, se mantiene la estrategia. Asegura que «se está trabajando para que el Instituto de Estudios Catalanes establezca una subsede en Calaceite», localidad de la provincia de Teruel.

Suspenso del PP
El mono centrado
"¿Cómo vamos a ser reconocidos por la sociedad española como genuinos centristas si no somos capaces de reconocer los derechos humanos de los monos?", se preguntarán desesperados Cobo y Gallardón.
Emilio Campmany Libertad Digital 26 Junio 2008

Pareció que el congreso del PP fue la estación final de ese viaje al centro que Rajoy quería imponer a su partido tras perder las elecciones del 9 de marzo. Se trató de quitarse de encima los michelines de extrema derecha que representan esos peligrosos alborotadores que son San Gil, Ortega Lara, Vidal-Quadras, Mayor Oreja o Aguirre, a los que ya no veremos, como durante la pasada legislatura, marchar por la Castellana cantando all’armi siam fascisti, terror dei comunisti. Esto, al fin, pasó a la Historia.

El PSOE de Zapatero ha querido poner su granito de arena para ayudar al triunfo de la operación y lleva tres meses sentadito en un rincón sin hacer ruido, calladito como un niño bueno sin decir ni mu. Hasta el PSC ha dejado de "joder con la pelota" y aparenta haber renunciado a que de inmediato se reforme el sistema de financiación autonómica en los términos que ordena el diktat del estatut.

Sin embargo, son necesarias ulteriores pruebas. La centrada sociedad española, a la que nada inquieta esas antiguallas que son la nación, la igualdad de todos los españoles ante la ley o el derecho a educar a los hijos en su lengua materna, necesita pruebas de que el PP, al fin, se ha centrado.

Durante la legislatura pasada, Zapatero acertó a someter al PP a varios exámenes de centrismo. Suspendió en todos. Suspendió en el matrimonio entre homosexuales, suspendió en Educación para la Ciudadanía y suspendió en memoria histórica.

Pero estamos en una nueva legislatura y Rajoy se presenta cual ilusionado universitario a ver si ahora, en una especie de última convocatoria de gracia, consigue aprobar en centrismo.

Caldera, como organizador del futuro congreso del PSOE, ya ha anunciado exámenes en laicismo y en eutanasia, asuntos clave en los que un verdadero centrista no debería dudar a la hora de opinar.

Pero la primera prueba, el primer test, ha sido mucho más difícil de lo esperado. Un tribunal, presidido en el Congreso de los Diputados por el PSOE y en el que había vocales de ERC, IU e ICV, ha propuesto al examinando un tema bien difícil: los derechos humanos de los simios.

Por desgracia, el centrado PP ha obtenido un triste "no apto". Ha sido por los pelos, pero no ha superado el examen. Es verdad que, con indudable espíritu centrista, ha aceptado instar al Ejecutivo a impulsar el desarrollo de los compromisos adquiridos por España con la Declaración de Kinshasa, pero, ay, ha rechazado que se considere iguales a los seres humanos y a los grandes primates en lo que respecta a determinados derechos. El resultado, pues, no ha podido ser otro más que el suspenso, por poco, pero suspenso a fin de cuentas.

No sólo se lamentan orangutanes y gorilas, chimpancés y bonobos, sino que el asunto llevará a mal traer a los pocos verdaderos centristas que en el partido hay, Gallardón, Cobo y poco más. "¿Cómo vamos a ser reconocidos por la sociedad española como genuinos centristas si no somos capaces de reconocer los derechos humanos de los monos?", se preguntarán desesperados.

La conclusión no puede ser otra: al PP le falta mucho para llegar al centro y es obvio que Rajoy no es el hombre adecuado para conducirlo hasta allí. Mientras Gallardón no se haga cargo del puente de mando, el partido seguirá sin superar las pruebas de centrismo a las que sea sometido. Todo se andará.

La lengua viva
Nacionalismo lingüístico, una vergüenza
La ironía de la Historia es que los nacionalistas españoles de hoy pretenden hacer lo mismo que el primer franquismo, pero con la vista puesta ahora en sus respectivos idiomas regionales.
Amando de Miguel Libertad Digital 26 Junio 2008

Eduardo me envía una octavilla que circulaba en España en 1932. Dice así:

¡ESPAÑOL!
¡Guerra al Estatuto catalán!
En tanto que el intelectual, el obrero y el profesional castellanos, no podrán ejercer cargos en Cataluña, los catalanes podrán hacerlo en toda España.
¡¡ESO ES EL ESTATUTO CATALAN!!
Mientras las contribuciones e impuestos, graven hasta el límite a los demás españoles, los catalanes, sonreirán magníficos, ante nuestra muerte económica.
¡¡ESO ES EL ESTATUTO CATALAN!!
¡COMERCIANTES! ¡PUEBLO!
Hasta no saber a qué ateneros, no compreis productos catalanes.
Mientras para Cataluña, salieron millones y millones de pesetas y para esa Región, se dictaron leyes proteccionistas, Castilla sucumbía, por falta de toda protección y auxilio.
En este comercio, no admitimos visita de viajantes catalenes o que representen casas catalanas, interin no sepamos el resultado de la discusión del ESTATUTO.

Imp. RAMIRO GÓMEZ.- Talavera

Decididamente, la Historia se repite, ahora como farsa.

Francisco García Antón se pregunta irritado: "si se quiere proteger a una lengua, ¿se tiene que obligar a usarla a los que no quieren hablarla?" Contesto. Eso es lo que intentó el primer franquismo con lo de "habla en cristiano" o "habla la lengua del imperio" para proscribir el vasco, el catalán o el gallego. No consiguió nada, más bien lo contrario de lo que se propuso. Ya se sabe, el tiro por la culata. Es lógico, pues los idiomas no pueden prescribirse y proscribirse. La ironía de la Historia es que los nacionalistas españoles de hoy pretenden hacer lo mismo que el primer franquismo, pero con la vista puesta ahora en sus respectivos idiomas regionales. Infinito es el número de tontos en el mundo, como decían los escolásticos.

David T. me informa sobre algunos desarrollos de la policía lingüística de Galicia. Por ejemplo, las bandas de música de las fiestas populares se dirigirán al público en gallego. Don David me relata el caso de una amiga suya mexicana que ha venido a estudiar a una Universidad gallega. Cuál no ha sido la sorpresa de la mexicana al encontrar que una gran parte de las clases y de los apuntes están en gallego. No sé lo que ocurrirá en otras autonomías. Es como si un estudiante español se trasladara a Dublín para seguir una carrera universitaria y se encontrara con que las clases se dan en gaélico. Bueno, quizá fuera eso el ideal de una Europa multicultural. Así nos va.

José Mª Navia-Osorio anda pesaroso con el avance del intento de erradicar el castellano en las regiones bilingües. Da cuenta de la noticia de un político gallego, partidario de la enseñanza en castellano y en gallego, a quien han ensuciado el coche con pintura roja y amarilla. "Los agresores creen que el rojo y gualda es algo así como la estrella amarilla de los judíos." Don José Mª se ha metido en la internet para buscar algún traductor de español-catalán. Ha sido difícil. El traductor español-euskera no existe, pero, en cambio, ha encontrado uno de japonés-euskera.

Aulas separadas, no; bibliotecas para mujeres, sí
Xoán Xulio Alfaya Periodista Digital 26 Junio 2008

...
El 23 de junio de 2008, a las 21:30, me escribe un amable lector que dice pertenecer al PP a la deriva: "Mire hay estudios que demuestran que la educación diferenciada por sexo consigue mejor resultados que la homogénea. Hay estudios que dicen que si separa por culturas o religiones, los rendimientos educativos mejoran. Hay estudios que dicen que cuantos menos alumnos por clase, mejores rendimientos educativos. Hay estudios que demuestran que separar a los niños por coeficientes mentales mejora los rendimientos educativos. De hecho la mejor enseñanza es la de un profesor, un niño. [¡Glup!] Si no se hace todo esto es porque cuesta dinero y hay derechos básicos tan importantes como la educación".

Después me entero de que algunos sectores del partido socialista consideran discriminatoria la educación diferenciada y al mismo tiempo su flamante ministra de Igualdad de Sexo, Bibiana Aído, no considera discriminatorio el crear, como pretende, bibliotecas públicas sólo para mujeres, sin hacer mención alguna a su rentabilidad, pues es de suponer que no las va a pagar Rodríguez de su bolsillo, sino que los dineros saldrán de los bolsillos de todos los españoles (que, cuando de pagar impuestos se trata, tenemos todo el derecho a sentirnos y manifestarnos como tales; para otras cosas, ni de coña).

Hay un postulado básico que todo progre, conservador o híbrido debiera tener grabado a fuego en su frente: "Discriminación es tratar de forma desigual a las personas en lo que tienen de igual; pero no lo es tratarlas de forma diferente en lo que tienen de diferente".

Si yo, a título personal, digo: "La separación por aulas e idiomas [en Galicia] sería una más de tantas como se han dado y se siguen dando a lo largo de la historia de la enseñanza". Y añado: "No es ninguna tragedia ni supone un gasto que se pueda comparar ni remotamente al despilfarro de la Xunta en su antidemocrática Política Lingüística", resulta que "Ah, no, no, no, no... Eso no se puede decir". ¿Por qué? Porque es políticamente incorrecto.

Lo políticamente correcto es crear bibliotecas públicas sólo para mujeres con libros escritos solamente por mujeres, pero separar a los alumnos por aulas según su lengua materna, ¡eso si que no!

El gasto que suponen las bibliotecas para mujeres está justificado porque bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pero el gasto que supone la separación de alumnos por aulas e idiomas no tiene absolutamente ninguna justificación y punto: "Lo dice el poder político, así que a callar, a obedecer y a pagar impuestos que es lo suyo. Y váyase usted a incordiar a la Patagonia. Además parece usted obsesionado con la puñetera lengua. Tome ejemplo de nosotros que pasamos olímpicamente de la lengua castellana y mire lo bien que nos va. Debiera darle vergüenza, con los problemas tan graves que tenemos en la Nazón de Breogán como para que nos venga usted ahora con esa milonga y toda esa porquería españolista.

- A sus órdenes.

Partidos
El PP apoya a los intelectuales en la defensa del castellano
La Generalitat y ERC critican a los «que opinan desde fuera»
A. Fernández La Razón 26 Junio 2008

madrid- El PP se ha adherido al «Manifiesto por la Lengua Común», que están impulsando diversas personalidades de la cultura en defensa de que el castellano sea la lengua común en todas las comunidades autónomas.
El manifiesto -que viene a refrendar las posiciones de este periódico, que en diversas ocasiones ha denunciado el acoso que sufre el castellano en las regiones con una segunda lengua oficial- fue presentado el pasado lunes por el escritor Fernando Savater y sellado por intelectuales como Mario Vargas Llosa, Miguel Delibes y Albert Boadella.
Rajoy ya ha manifestado en varias ocasiones que el Grupo Popular en el Congreso presentará una proposición de ley para garantizar el derecho a utilizar el castellano en toda España, tal y como recogía el programa electoral con el que el partido se presentó a las elecciones generales.
La reacción a dicho manifiesto por parte de la Generalitat de Cataluña no se hizo esperar. Pese a sus intensas políticas lingüísticas en defensa del catalán, el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, aseguró que «todo el mundo puede vivir en castellano en Cataluña» y añadió no entender el porqué del manifiesto.
Mientras, el presidente de ERC, Joan Puigcercós, tampoco dejó pasar la ocasión para azuzar el debate. «Opinan desde fuera, si vinieran a Cataluña opinarían diferente, estoy seguro», apuntó, refiriéndose a los firmantes. El catalán es, para el líder independentista, un «elemento de cohesión» para evitar que existan «dos comunidades separadas».

Casta política española
La política no es física cuántica
Otra muestra de lo que no debería ser la política es que una se afilie a principios de año y que la burocracia pepera tenga la solicitud atascada en un cajón de Ikea.
Maite Nolla Libertad Digital 26 Junio 2008

Si un político dedica su tiempo y nuestro dinero a formular propuestas sobre una modificación en profundidad de la Declaración de los Derechos humanos o a destacar la importancia de la creación de la “Euro-región mediterránea”, es más que posible que no sepa lo que vale un pack de Actimel. Prueba de ello fue la elaboración del nuevo Estatuto de Cataluña. En el de 1979 se decía que “los ciudadanos de Cataluña son titulares de los derechos y deberes fundamentales que establece la Constitución”. En cambio, el nuevo dedica un montón de artículos a la declaración de derechos como el del disfrute del paisaje o, como siempre recuerda Francesc de Carreras, a establecer tres categorías distintas de sujetos de derechos, que son las personas, las mujeres y las personas de edad avanzada. ¡Ea!

La política es sencilla y consiste en no inventarse problemas y solucionar los de verdad. Todo lo contrario de lo que hace el Milli Vanilli de la política, que es Rodríguez Zapatero (un abrazo para Iñaki). No tiene ni idea de economía y es más que posible que no le preocupe lo más mínimo. En cambio, utiliza grandes “palabros” y nos vacila con el Ministerio de la Igualdad, aunque eso no signifique nada.

Por eso, estaría bien que el PP no caiga en el mismo error, o que no utilice la misma treta. Pido perdón de antemano por no ser centrista, pero creo que el acercamiento moderado a los partidos nacionalistas tiene algo de nada por aquí y menos aún por allá. Teniendo en cuenta el éxito de la campaña del PSC y del compañero Zaragoza, ¿qué pasará si las versiones actualizadas del Tinell y del Tinell Notarial son peores que las originales? ¿Es compatible un ideario tímidamente liberal con llevar flores a la tumba de Guifré el Pilós, como hizo CIU en las elecciones de 2006, en lo que se conoció como el Tinell Medieval?

Otra muestra de lo que no debería ser la política es que una se afilie a principios de año y que la burocracia pepera tenga la solicitud atascada en un cajón de Ikea. Encima que hice una rueda de prensa y todo; que tuve que aguantar que en El Mundo de Cataluña se cachondearan de mi atuendo, ¡de una chaqueta monísima! (Por cierto, bonita, que sepas que como gracia estuvo bien, pero de moda no tienes ni idea.) Es un mensaje.

Porque la política es sencilla, he firmado el manifiesto en defensa de la Constitución –porque es en defensa de la Constitución– y me ha sorprendido gratamente que el PP no haya hecho cálculos y lo haya firmado sin más. Quienes podrían firmarlo también son dos ejemplos de políticos sencillos, como José Montilla y Celestino Corbacho. ¿Cuál es su política lingüística? Pues aunque parezca mentira, la de la libertad, al menos la propia. Ambos llevan más de treinta años en Cataluña, han sido alcaldes de dos de las ciudades más importantes de por aquí, presidentes de la Diputación de Barcelona; uno presidente de la Generalitat y otro ministro, y en todo ese tiempo no les ha dado la gana de aprender el catalán decentemente. Gente sin complejos.

COLECTIVOS DE PADRES APLAUDEN EL ESCRITO
La Comunidad de Madrid se adhiere al manifiesto en defensa del castellano
Los padres de comunidades autónomas como el País Vasco, Cataluña, Baleares o Galicia, que llevan meses luchando contra la inmersión lingüística, han recibido con agrado el manifiesto en defensa del castellano, según informa ABC, y que también está siendo promovido por Libertad Digital. Por su parte, Esperanza Aguirre ha anunciado la adhesión de la Comunidad de Madrid al manifiesto por lo que ha instado a todos los madrileños a que firmen el escrito contra la inmersión lingüística. "Voy a pedir que se haga una campaña en la calle", ha subrayado.
Libertad Digital 26 Junio 2008

El manifiesto que defiende al castellano frente a la inmersión lingüística, apoyado firmemente desde Libertad Digital, está recabando multitud de apoyos. De hecho, los padres de comunidades como el País Vasco, Cataluña, Galicia o Baleares, han aplaudido el escrito pero además pretenden ir más allá. Varias plataformas cívicas que engloban a estas familias se reunirán en Madrid para tomar medidas conjuntas y peticiones concretas.

De este modo, realizarán una "puesta en común" con la que perfilarán las nuevas estrategias a realizar, por lo que no descartan realizar otro manifiesto más específico. Hay que recordar que estas asociaciones llevan meses luchando contra la inmersión lingüística, por lo que han recibido con agrado el escrito de los intelectuales y apoyado por medios como Libertad Digital o El Mundo. Además, todos estos grupos están planteando llevar a cabo una movilización conjunta para el inicio del curso escolar en septiembre.

Desde la Plataforma por la Libertad Lingüística, formada por tres mil padres vascos, se aboga por un nuevo escrito en el que "proponemos medidas aplicables a corto plazo, consistentes en solicitar que en todas las autonomías con dos lenguas se aplique el sistema que ha regido hasta ahora en el País Vasco, el de los tres modelos, y en el que también se pide instar a que se modifique el sistema de conciertos, para que la financiación pública se dé directamente a los padres y no a los centros. Con esa medida se evitaría lo que está ocurriendo ahora: que los colegios, en sintonía con la Consejería de turno y para garantizarse las subvenciones, niegan la existencia de la demanda de enseñanza en castellano".

Partidos
El PP apoya a los intelectuales en la defensa del castellano
La Generalitat y ERC critican a los «que opinan desde fuera»
A. Fernández La Razón 26 Junio 2008

madrid- El PP se ha adherido al «Manifiesto por la Lengua Común», que están impulsando diversas personalidades de la cultura en defensa de que el castellano sea la lengua común en todas las comunidades autónomas.

El manifiesto -que viene a refrendar las posiciones de este periódico, que en diversas ocasiones ha denunciado el acoso que sufre el castellano en las regiones con una segunda lengua oficial- fue presentado el pasado lunes por el escritor Fernando Savater y sellado por intelectuales como Mario Vargas Llosa, Miguel Delibes y Albert Boadella.

Rajoy ya ha manifestado en varias ocasiones que el Grupo Popular en el Congreso presentará una proposición de ley para garantizar el derecho a utilizar el castellano en toda España, tal y como recogía el programa electoral con el que el partido se presentó a las elecciones generales.

La reacción a dicho manifiesto por parte de la Generalitat de Cataluña no se hizo esperar. Pese a sus intensas políticas lingüísticas en defensa del catalán, el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, aseguró que «todo el mundo puede vivir en castellano en Cataluña» y añadió no entender el porqué del manifiesto.

Mientras, el presidente de ERC, Joan Puigcercós, tampoco dejó pasar la ocasión para azuzar el debate. «Opinan desde fuera, si vinieran a Cataluña opinarían diferente, estoy seguro», apuntó, refiriéndose a los firmantes. El catalán es, para el líder independentista, un «elemento de cohesión» para evitar que existan «dos comunidades separadas».

Alberto Ruíz-Gallardón apoya el manifiesto por la lengua común
Redacción Bilbao Minuto Digital 26 Junio 2008

Gallardón junto a Vidal Quadras han sido los dos únicos políticos del PP que han sabido reaccionar con diligencia ante la presentación del manifiesto en defensa del castellano impulsado por una veintena de intelectuales, Fernando Savater, Carmen Iglesias, Mario Vargas Llosa, Albert Boadella o Arcadi Espada, etc. que por su sensibilidad se sitúan en la proximidades de UPyD.

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha suscrito y respaldado “íntegramente” este manifiesto que afirma que “Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas -el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia (?) de ningún tipo porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano”.

Por su parte el vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal-Quadras, ha calificado como un “disparate” que “la lengua común haya sido expulsada del espacio oficial y público y del sistema educativo en algunas Comunidades Autónomas que no sólo es inaceptable en términos de derechos fundamentales, sino que implica consecuencias profundamente negativas en los terrenos social y económico”.

Muy significativo que el director de la Real Academia Española (RAE), Víctor García de la Concha, considere “correcta” esta “iniciativa ciudadana” que, a su modo de ver, “está apuntando correctamente porque el problema lo plantean los políticos y son ellos quienes deben resolverlo”. Opina García de la Concha que estos perjuicios son derivados del “desarrollo estatutario de la confidencialidad de las lenguas”.

También significativa es la adhesión de uno de los colectivos más activos en la defensa de la libertad de elección de lengua, Galicia Bilingüe, que ha valorado positivamente la iniciativa. Desde las filas socialistas comienzan también a oírse en público reacciones de apoyo. El socialista y ex presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina ha confirmado también la firma de este manifiesto con el que está de acuerdo con “todo” su contenido. Han sido duras sus palabras al calificar como “una barbaridad” la política lingüística desarrollada en las autonomías que poseen lenguas cooficiales y ha acusado a “todo el mundo y parte del PSOE” de mirar “para otro lado”.

Y precisamente desde el PSOE la ministra Cabrera es lo que ha hecho. Quitarse el marrón de encima afirmando que la Ley Orgánica de Educación (LOE) garantiza el aprendizaje del castellano en todo el territorio nacional.

Losantos, Cesar Vidal, Pio Moa, Foro de Ermua, España y Libertad y numerosas ciudadanos han mostrado su adhesión a este manifiesto, en una reacción que está por encima de intereses partidistas y revela una creciente inquietud por lo que esta sucediendo en España debido a la deriva nacionalista.

Rajoy y las adhesiones por la vía de la sustitución
Una cosa es que el PP pueda coincidir con formaciones nacionalistas a la hora de denunciar la crisis económica que atravesamos, y otra, muy distinta, que por buscar esa coincidencia se ponga sordina a la quiebra constitucional y nacional que padece España
EDITORIAL Libertad Digital 26 Junio 2008

Que Rajoy quiere "mirar al futuro", aun a riesgo de tropezar en la misma piedra, lo deja en evidencia el hecho de que la primera entrevista radiofónica que el reelegido presidente del PP ha concedido tras el Congreso de Valencia haya sido a la Cadena Ser, el medio de comunicación que perpetró la más infame y sucia campaña de acoso que haya sufrido un partido político –en este caso, el PP– en la historia reciente de la democracia occidental.

Con todo, no tenemos ningún empacho en coincidir con Carlos Francino a la hora de considerar que "la pista" más significativa de por dónde va a circular ahora el PP es el llamamiento, aparentemente inofensivo, hecho por Rajoy en Valencia destinado a tratar de impedir que haya un "voto útil" en favor del PSOE con tal de que no gane el PP. De hecho esa es, en distintas variantes, la afirmación más repetida por Rajoy desde que anunciara su intención de seguir al frente del PP tras perder las últimas elecciones.

Entonces dijo Rajoy aquello de que "debemos evitar que el PSOE se convierta en el refugio de los recelos que causa el PP en algunos territorios". Posteriormente designó unos portavoces del PP de tan acomodaticio perfil bajo de oposición que, ciertamente, no causan el menor recelo entre los adversarios del PP. A eso le siguió una filtración de La Razón –no desmentida entonces por Rajoy y confirmada esta semana en ABC– de la ponencia política que buscaba un acercamiento "simpático" a los nacionalistas de CiU y del PNV. Tal es el deseo de Rajoy de evitar que el PP cause recelos entre sus adversarios que llegó incluso a enseñar la puerta a liberales y conservadores. De hecho, Rajoy ha preferido causar recelos a personas como María San Gil u Ortega Lara con tal de no provocárselos a los adversarios de su partido.

Entiéndasenos bien. Es cierto que el voto útil procedente de Esquerra Republicana, PNV o IU que ha respaldado al PSOE en estas últimas elecciones ha compensado a los socialistas los más de 700.00 votantes no nacionalistas que Zapatero ha perdido en favor del PP y UPyD. Ahora bien, renunciar a que el PP siga siendo –y lo sea en mayor medida– el refugio de los recelos que causa la deriva nacionalista del PSOE y, en su lugar, ponerse como nuevo objetivo el que la izquierda radical y los nacionalistas no vean en el PSOE de Zapatero algo siempre preferible al PP, es algo no sólo estéril sino suicida para la formación que todavía preside Mariano Rajoy. Naturalmente, es conveniente que el PP busque nuevos votantes, pero que lo haga sin decepcionar a los propios y buscando a los nuevos entre el electorado no nacionalista que todavía conserva injustamente el PSOE. Esa es, además, la única forma de buscar adhesiones por la vía de la afiliación, en lugar de hacerlo por la vía de la sustitución de principios y de votantes.

De la misma forma que hay cambios cuantitativos que, por su cuantía, deben ser considerados cualitativos, hay diseños estratégicos que, por su diseño, pueden conllevar una deriva ideológica. Una cosa es que el PP pueda coincidir con formaciones nacionalistas a la hora de denunciar la crisis económica que atravesamos, y otra, muy distinta, que por buscar esa coincidencia se ponga sordina a la quiebra constitucional y nacional que padece España por culpa, precisamente, de buscar el acuerdo con los nacionalistas. Los nacionalistas ya han dado muestra de hasta qué punto son capaces de dejar en un segundo plano la economía con tal de poner a salvo sus empobrecedores delirios identitarios.

Esperemos que el PP corrija el rumbo, pero nos tememos que el "marianismo" no sea más que las cuatro palabras "centro, mujer, diálogo y futuro" con las que lo ha identificado el propio Rajoy. No hay que extrañarse de que Zapatero esté tan satisfecho de seguir viéndolo como líder de la oposición, como lo han estado los de la Ser al hacerle la entrevista.

La Ley del Silencio
Luis del Pino Libertad Digital 26 Junio 2008

Los recientes escarceos en la ofensiva combinada contra la COPE, con andanadas prácticamente simultáneas de González Pons y de Peces-Barba, ponen de manifiesto que silenciar esa emisora se ha convertido en una auténtica cuestión de estado, capaz de poner de acuerdo a todo el actual arco parlamentario, sin distinción de ideologías.

¿Qué es lo que tanto les preocupa?

Estamos en un país donde la inmensa mayoría de los medios de comunicación están directamente controlados por el poder político o indirectamente sometidos a dicho poder. Un país donde la publicidad institucional se utiliza como arma para tratar de garantizar que nadie se salga del guión de lo políticamente correcto, so pena de perder la lluvia de dineros que desde instancias públicas se derrama a raudales. Un país en el que, en buena parte del territorio, puedes pasarte toda una tarde cambiando de canal con el mando a distancia, sin poder encontrar una sola voz discordante y sin poder ver otra cosa que una genuflexa sumisión al dictat diario de los que están en la pomada.

Y, a pesar de ello, en ese panorama de apabullante dominio mediático, les pone de los nervios que exista una emisora, una tan sólo, que se atreva a discrepar del discurso oficial de aceptación del cambio de régimen.

¿Por qué ese miedo? ¿Qué importancia puede tener que una emisora, una tan sólo, se escape al control férreo de la máquina distribuidora de consignas?

En cualquier país verdaderamente democrático, existen medios de comunicación que sostienen posturas diversas. Y existen medios que las sostienen con mayor o menor moderación, con mayor o menor rigor, con mayor o menor garra. Y al final es el público, es el ciudadano, es el oyente de a pie el que elige a diario qué es lo que prefiere. Y, en esa lucha darwiniana por la audiencia, el que miente, el que manipula o el que aburre se termina extinguiendo. Eso se llama libertad de información.

¿Qué es lo que sucede en España para que se convierta en la principal prioridad de la clase política el acallar al único medio que no entra por el aro del "esto no se dice, esto no se hace, esto no se toca"?

O permítanme que reformule la pregunta: ¿qué cadáver en el armario esconde nuestro sistema político, para que cerrar una emisora se convierta en una condición sine qua non para la propia pervivencia del sistema?

Porque la unanimidad en la opinión sobre ciertos asuntos tan sólo puede convertirse en una necesidad vital si existe alguna razón de infinito peso que exija que no exista ni una sola voz discordante. La unanimidad en la opinión tan sólo se vuelve imprescindible cuando el secreto de la familia debe conservarse a toda costa, impidiendo que nadie hable de lo que no tiene que hablar. La unanimidad en la opinión tan sólo se vuelve perentoria cuando el emperador está desnudo y cualquier comentario indiscreto de cualquier niño puede acabar de repente con la ficción tanto tiempo mantenida.

La próxima vez que escuchen a alguien pidiendo silenciar la COPE, háganse la siguiente pregunta: ¿qué es lo que hace que en la España de hoy sea una necesidad ineludible implantar una auténtica Ley del Silencio?

11-M
Los peritos del ácido bórico
Me sentiría aliviado si los medios de comunicación que dieron tanta información falsa o errónea se sintieran interpelados por el grito de una víctima que sigue queriendo saber la verdad que ellos mismos han falseado y ahora tratan de ocultar o silenciar.
Gabriel Moris Libertad Digital 26 Junio 2008

Cuando se habla de los medios de comunicación y de su papel en una sociedad moderna y democrática con frecuencia se recurre a la ya manida denominación de "cuarto poder". Todos la hemos escuchado una y otra vez; sin embargo, no entendí en su totalidad el sentido de ese título hasta que asesinaron a mi hijo y fui consciente de que no sabía quién había sido. Muchos años atrás un grupo de periodistas estadounidenses fueron capaces de enfrentarse con éxito al que a pesar de ser el hombre más poderoso del mundo quiso apuntalar su poder sirviéndose de trampas. ¿Podría un grupo de periodista en la ya no tan joven democracia española enfrentarse con éxito a los hombres más poderosos de España?

Con razón y con frecuencia se duda de la actuación de la Justicia. Lo que no me impide reconocer que en alguna ocasión está a la altura de lo que cabe esperar de ella. Me refiero al proceso que se conoce con el caso del "ácido bórico". En un principio el asunto no parecía tener mucha importancia. ¿Qué tiene de extraordinario que unos peritos cumplan con lo que se les ordenó y reseñen en un informe lo que se encontró en el piso de un entonces presunto terrorista? Como en ocasiones anteriores y, atendiendo a lo establecido, los peritos se sirvieron del archivo de su Unidad y de forma rutinaria recordaron lo que en ellos constaba respecto a ETA y al ácido bórico. En ese preciso instante comenzaron sus problemas. Sus mandos policiales les exigieron que eliminaran de su informe cualquier referencia a la banda terrorista ETA.

¿Por qué sólo respecto al 11-M, y cuando casi toda la instrucción permanecía bajo secreto judicial se les exige a unos peritos que borren la más mínima y casual referencia a ETA? En cualquier caso, los peritos se negaron y Garzón no tardó en interrogarles. Los citó como testigos y los despidió como imputados. ¿Qué llevó a magistrado tan conocido a poner en tela de juicio la actuación de unos profesionales que no habían actuado de forma distinta a las anteriores y en el curso de informes semejantes? ¿Por qué se les has dispensado trato tan vejatorio? ¿Por qué son tan pocos los que han defendido su honor y su profesionalidad cuando a todos les consta que son perseguidos por negarse a cumplir órdenes que en conciencia no podían cumplir?

Estas reflexiones y preguntas responden a las noticias derivadas de la vista pública que ya ha finalizado y en la que se ha juzgado la actuación de la cúpula de la Policía Científica. Siento que lo que se conoce como "cuarto poder" no haya denunciado como merecía la actuación de unos mandos que, lejos de avergonzarse por obrar de forma delictiva e intimidante, insisten en advertirnos que de tener otra oportunidad actuarían de forma similar.

A la postre, el asunto del ácido bórico se está utilizando hábilmente para ocultar a la opinión pública el verdadero problema de los explosivos del 11-M y que se explican en la ausencia de muestras para realizar los análisis que nos permitirían conocer qué estalló en los trenes. ¿Quiénes son los responsables de que –al contrario de lo que siempre ha ocurrido en atentados semejantes– no existan muestras fiables que nos permitan conocer el explosivo que mató a nuestros hijos? Entre ellos jamás encontraríamos a los peritos que se negaron a falsificar un informe. ¿Encontraríamos a los mandos policiales que les ordenaron que borraran las referencias a ETA? ¿Encontraríamos al juez instructor? ¿Al ministro del Interior de turno?

Me sentiría aliviado si los medios de comunicación que dieron tanta información falsa o errónea –terroristas suicidas, metralla en los artefactos etc.– se sintieran interpelados por el grito de una víctima que sigue queriendo saber la verdad que ellos mismos han falseado y ahora tratan de ocultar o silenciar. El cuarto poder, al fin y al cabo, debe servir al pueblo indefenso y no a los poderes que arremeten contra los mismos ciudadanos que le otorgaron el poder.

Fútbol y nación
España como camiseta
Es notorio que no acusará de apropiarse de los "símbolos de todos" a la cadena televisiva que organiza la verbena patriotera. A fin de cuentas, se trata de una cadena amiga. Y amiga del alcalde de la capital. Así que todo en orden.
Cristina Losada Libertad Digital 26 Junio 2008

Que el fútbol alimenta el sentimiento de pertenencia a una nación, debe de ser verdad. De hecho, los nacionalistas se dedican con ahínco al tema del deporte con el exclusivo fin de abonar ese sustrato emocional sobre el que están levantando sus "pequeños estados medievales". Es más, utilizan la pugna deportiva para atizar la rivalidad entre "sus territorios" y el común. Ahí están señores de cierta edad, como Urkullu y Puigcercós, alardeando de hacer votos para que pierda la selección nacional. Ridículo y de patio de colegio sería, si no hubiera un proyecto excluyente y totalitario detrás.

A mí, que se gane o pierda un partido tanto me da. El fútbol me es ajeno. Sin embargo, no me deja indiferente el fenómeno de que haya tanto patriotismo futbolero y tan poca inquietud por el estado de la nación. El caso es que millones de aficionados andan estos días envueltos en los colores de España y agitando su bandera. Ha de ser el único momento en que al Gobierno no le moleste que circule la roja y gualda por las rúas. Y es notorio que no acusará de apropiarse de los "símbolos de todos" a la cadena televisiva que organiza la verbena patriotera. A fin de cuentas, se trata de una cadena amiga. Y amiga del alcalde de la capital. Así que todo en orden. No hay nada malo en ello: ni un átomo de política. Ni, por cierto, de racionalidad (aparte de la empresarial).

Esta gran efusión viene muy bien. ¿Quién puede decir que España se rompe cuando hay millones de individuos que se identifican intensamente con ella? Cuidado, no es que el PP dijera que se rompía. Recuérdese que lo aclaró Rajoy en uno de los debates con Zapatero. Pero apuntaban a ello los muy pillines, si bien es cierto que no han de insinuarlo de nuevo. "Centro, mujeres, diálogo y futuro" son los cuatro elementos mágicos que combinará en la retorta el nuevo equipo pepero. Puede que España sólo fuera para ellos una bandera. Una que acabó adoptando el mismo Zapatero. Total, qué más da.

Mientras España sólo sea una camiseta, todo marcha. Mientras permanezca como referencia sentimental que se corporeiza únicamente frente a un balón de fútbol, no problemo. La cuestión es que nadie se percate y, en especial, que a nadie importe, que más allá de los estadios, España sea una cáscara vacía. Reconozco la dificultad. Son muchos más aquellos para los que España es una selección de fútbol, que aquellos que la tienen o tenían por garantía de su libertad, sus derechos, la igualdad ante la ley y otras menudencias de compleja explicación. Así las cosas, quede constancia de la paradoja de que aquí al mayor grado de exaltación deportiva nacional, corresponde el menor grado de nación constitucional. Para hacérselo mirar.
Cristina Losada es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Fuera de control
KEPA AULESTIA El Correo 26 Junio 2008

La iniciativa emprendida por el lehendakari Ibarretxe para relanzar el proyecto soberanista desestimado en su día por las Cortes Generales mediante la convocatoria de dos consultas sucesivas se enfrentará mañana a su prueba crucial. Lo significativo del proyecto de ley es que quien lo entregó solemnemente a la presidenta de la Cámara vasca no conoce el resultado de la votación parlamentaria ni cuenta con una salida alternativa para el caso de que sea rechazado o, de aprobarse, anulado por el Tribunal Constitucional. Es más, resulta bastante difícil encontrar algún entusiasta capaz de explicar políticamente lo que puede ocurrir, al margen del consabido recurso al derecho a decidir.

El mismo martes el diputado general de Vizcaya advertía de algo evidente cuando señalaba que la gente no está pensando en esto. No está pensando en esto probablemente porque ni son muchos los que deseen fervientemente que Ibarretxe se salga con la suya, ni al resto le preocupa en especial hacia dónde podría encaminarse el país si el lehendakari consigue la aprobación de su proyecto mañana. La indiferencia tiene una explicación muy sencilla: todo el mundo sabe que no va a haber consulta y que se convocarán elecciones. Todo el mundo, Ibarretxe, Urkullu, Azkarraga y Madrazo incluidos.

Todo acto parlamentario merece respeto y consideración. Pero resulta inevitable contemplar la puesta en escena de mañana como una farsa en la que el principal actor, el proponente, cederá su protagonismo por unos minutos, unas horas o unos días a EHAK. Se lo cederá porque necesita sus votos para evitar la derrota por empates reiterados, pero también porque sabe que las intervenciones en la tribuna y el regateo de votos que simulen los comunistas de las tierras vascas constituirán la despedida de la izquierda abertzale del Parlamento mientras ETA siga en sus trece.

Se equivocan quienes piensan -o se consuelan diciendo- que la operación es demencial. Ibarretxe está fuera de control. Lo está respecto al principio de legalidad, lo está respecto a su partido cuyos dirigentes más sensatos sólo se atreven a seguirle los pasos esperando que tropiece, y lo está respecto a una sociedad ante la que se ha erigido en guía único. Pero el lehendakari sabe perfectamente lo que se trae entre manos: sencillamente, quiere encabezar la candidatura del PNV a las próximas autonómicas con el objetivo de que vuelva a ser la primera fuerza y así pactar con lo que reste de EA y de EB. Es algo tan obvio que puede pasar desapercibido. Si lo consigue será él quien pase a controlar su partido. Y su liderazgo resultará tan indiscutible que sólo podrá compararse con el que ejercía Sabino Arana respecto al embrión del PNV. Y seguirá sin haber consulta.

El drama tonto del partido que no podía ser de centro
Luis Miguez Macho  elsemanaldigital 26 Junio 2008

Ya ha terminado el esperado congreso nacional del PP, para algunos una reunión "a la búlgara", pero en el que lo cierto es que se han discutido ponencias y enmiendas a las mismas, se ha votado mucho y lo único que han faltado son candidaturas alternativas al liderazgo del partido, si bien esto lo compensa el que Mariano Rajoy haya sido sometido al implacable escrutinio de la opinión pública en los medios de comunicación y en la tertulias de los ciudadanos durante meses, para finalmente no obtener un resultado "búlgaro" en famoso congreso. En definitiva, lo normal en cualquier gran partido nacional de un país democrático desarrollado.

La pregunta que hay que hacerse es si, después de todo esto, el PP ha encontrado por fin el suspirado centro o, como era exigible tras una derrota electoral, ha renovado algunas caras y ha empezado a modernizar ciertos mensajes, pero sigue siendo el gran partido del centroderecha español. Por supuesto, la respuesta es que no ha dejado de ser la derecha democrática de nuestro país, porque otra cosa sería imposible e inimaginable, y que la pequeña tragedia que determinadas personas se montan en el partido por ello (con declaraciones absurdas a la prensa incluidas) no es más que un drama tonto.

Primer acto del drama: la UCD le quita el centro a Manuel Fraga
El propio Rajoy lo ha puesto de manifiesto recientemente: el centro no es una ideología, sino una actitud política. En España, como se ha recordado desde las páginas de este periódico en más de una ocasión, todo empezó cuando Manuel Fraga decidió posicionarse ante la previsible transición política que se produciría a la muerte del General Franco asumiendo una posición de centro, que lo era por situarse entre dos extremos, la izquierda rupturista y la extrema derecha nostálgica e inmovilista, y no por la ideología de los participantes en el proyecto, netamente derechista.

El primer acto del drama tonto llegó cuando, desde el aparato del Movimiento Nacional, se montó un partido artificial, la UCD, que se insertó entre la izquierda y la AP de Fraga, arrebatando a este último el centro. Y ello tuvo éxito no sólo por los resortes oficiales utilizados por los creadores de la UCD, sino también porque desde un primer momento se vio que la extrema derecha frente a la que quería situarse Fraga no tenía ni de lejos fuerza electoral suficiente para percibirse como una alternativa.

Cuando la UCD se deshizo, mandando hacia la izquierda a los socialdemócratas como Francisco Fernández Ordónez y hacia la derecha a todos los demás, que acabaron integrándose después de diversas peripecias y piruetas, bien en la AP original, bien en el refundado PP, ya no hubo más centro que el de un menguante CDS y el de algunos partidos nacionalistas y regionalistas, estableciéndose la bipolarización normal en los países democráticos desarrollados entre el centroizquierda (PSOE) y el centroderecha (PP), que concluyó con la alternancia política producida en 1996.

Segundo acto del drama: el centro reformista y liberal se estrella con Rodríguez Zapatero
El segundo acta del drama tonto se ha iniciado como consecuencia de la conmoción de los atentados del 11 de Marzo del 2004 y de la victoria del PSOE en las elecciones de tres días después. No, no voy a alimentar "teorías conspiratorias", pero ya tenemos algo de perspectiva para percibir que la acción de gobierno de Rodríguez Zapatero en su primer mandato como presidente del Gobierno se ha centrado en desmontar sistemáticamente los pilares de que hizo Aznar en su segundo mandato.

Digo en la segunda legislatura, porque las reformas económicas neoliberales del primer mandato del PP no han sido tocadas por el PSOE, si bien tampoco ha querido profundizar en ellas. Resalto esto para evidenciar lo ridículo que es preguntarse a estas alturas con quién se siente más cómodos los socialdemócratas, como ha hecho no hace mucho cierta personalidad del PP, pensando que así abría un "debate ideológico" tan fútil como anacrónico, cuando en realidad lo único que ha demostrado con su pregunta es que todavía no se ha enterado de que ya no hay socialdemócratas, como tampoco güelfos o gibelinos.

Aznar dedicó su segundo mandato a tres tareas fundamentales: acabar de una vez con el terrorismo etarra, detener la espiral interminable de las reivindicaciones nacionalistas y dotar a España de una política exterior acorde a su peso económico, cultural e histórico. Cada uno de estos tres objetivos ha tenido su respuesta en negativo por parte de Rodríguez Zapatero: negociación política con ETA, nuevo Estatuto catalán, inanidad – por no decir ridículo - exterior de España.

Si quitamos esto, lo único que queda de lo que el Gobierno socialista hizo en la pasada legislatura es un experimento contracultural nihilista y decadente, que la propaganda ha hecho pasar por una "ampliación de derechos", y que ha servido de cortina de humo y de trampa para elefantes en la que el PP "de centro, reformista y liberal" ha caído con todo el equipo. En vez de formular una posición propia de oposición netamente política a disparates antisociales que pocos países civilizados admiten, los dirigentes populares acabaron yendo, con la boca pequeña y arrastrados por su base social, detrás de los obispos, quienes sí tuvieron la valentía de hablar con claridad, pero, como es lógico, desde una posición confesional que no es la que debe asumir un partido político.

El resultado final es bien conocido. El PSOE se ha hecho con el famoso "centro", que ahora se define por mediar entre un extremo, el de la izquierda todavía más radical que aquél y el de los nacionalistas (que han alcanzado el nirvana político de no ser ni de derechas ni de izquierdas para ser sólo eso, nacionalistas), y otro extremo, el de un PP al que la propaganda gubernamental ha conseguido presentar con todo éxito como un partido cavernícola en lo social y no se sabe qué, pero algo muy malo, en la cuestión territorial, a pesar de que haya sido él quien ha construido el Estado autonómico en buena parte de España.

Conclusión: a este partido del centro no se puede seguir jugando
Voy a decir una perogrullada, pero que en su simplicidad parece escaparse a muchos dirigentes y cabezas pensantes del PP: para que este partido pueda ocupar el centro, necesita tener alguien a la derecha, y eso en España a día de hoy es de todo punto imposible. Y lo es, como ya he puesto de relieve en más de una ocasión, por la peculiaridad que presenta la política española de contar con fuerzas nacionalistas disgregadoras con fuerte arraigo en determinados territorios.

Por una parte, muchas las energías sociales y políticas exaltadas que en otros países desembocan en los partidos de la llamada ultraderecha, en España se canalizan a través de los grupos nacionalistas. Por otra parte, la potencial clientela "respetable" de la extrema derecha, ante el peligro para la unidad nacional que representan los nacionalistas, apoya de manera más o menos incondicional al partido que da mayores garantías de servir como barrera frente a esa amenaza, y que es, evidentemente, el PP, y no los diversos grupúsculos marginales de la ultraderecha.

Es muy significativo a este respecto que, cuando se ha producido al margen del PP una reacción con una cierta efectividad política a la amenaza para la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles que suponen los nacionalistas, ha venido de la izquierda y no de la ultraderecha. Si el PP flaquea en esto, muchos de sus votantes, que ponen la unidad nacional por encima de cualquier otra cosa, se taparán la nariz y votarán a la izquierdista Rosa Díez, de manera que ese PP claudicante, descafeinado y todo, seguirá estando en la derecha y no en el centro.

Por consiguiente, en las actuales circunstancias todos los esfuerzos por situar al PP en el centro son inútiles y, a la postre, contraproducentes. Más valdría que esto se asumiese son dignidad, se abandonasen los complejos y, como en el resto de los países de nuestro entorno, se trabajase para ofrecer a los ciudadanos de manera clara y abierta una alternativa política de centroderecha para la regeneración nacional.

La Eurocopa de los tontos
IGNACIO CAMACHO ABC 26 Junio 2008

NO lo pueden soportar. Les provoca urticaria cutánea, asfixia asmática, un coma alérgico agudo. Cada eclosión de euforia popular ante una victoria de la selección española produce en los dirigentes nacionalistas vascos y catalanes una intoxicación de victimismo. Esa oleada callejera de banderas rojigualdas -algunas incluso con ¡un toro!, símbolo atávico de la España negra, dónde vamos a llegar- se les antoja una insoportable agresión masiva a su soberanismo esencialista. Esa Plaza de Colón abarrotada de jóvenes reunidos bajo la enorme enseña española, esas tribus de carapintadas que bailan en los estadios al son de un pasodoble patriotero, esa confusa autoestima derramada por plazas y calles cosidas con el hilo invisible del orgullo patriótico, ese carnaval jaranero, primitivo y hortera, que festeja sin sentimiento de culpa la identidad sentimental de la nación odiada les causa un shock anafiláctico que bloquea su ya mermada capacidad de disimulo.

Así que, dispuestos a politizar las emociones, han decidido quitarse la máscara y depositar en Rusia -Urkullu dixit- su penúltima esperanza. Como propuesta futbolística resulta admirable, talentosa y brillante, pero como icono político, que es de lo que van éstos, es más bien discutible. Precisamente Rusia, la Rusia que aplasta la rebelión chechena. La Rusia posmarxista que añora el pasado imperial. La Rusia cuyos hinchas enarbolan -yo lo vi en Innsbruck, y a fe que impresionaba la exhibición- el emblema bicéfalo de los zares al compás de su escalofriante himno. Ése será esta tarde el ejército simbólico del nacionalismo vasco, el último dique de contención tras el que Ibarretxe y compañía parapetarán su mema envidia identitaria, mientras los independentistas catalanes apostaban, como Puigcercós, por la correosa media luna de Turquía, tradicional opresora de la independencia kurda, en pro de la Alianza de Civilizaciones. No hay argamasa más contradictoria que el rencor: los enemigos de mis enemigos son mis amigos.

Esta gente tiene un ojo especial para elegir modelos. Que si las islas Feroe, que si Québec, que si Kosovo. Nunca se fijan en Suiza, vaya por Dios. Ahora les toca, en esa necia búsqueda de parentescos de urgencia, «hinchar» por Rusia y Turquía, conocidos paladines universales de la sensibilidad humanitaria y las aspiraciones soberanistas. Cualquiera vale frente a la odiosa España, que amputa el derecho de los pueblos oprimidos a jugar con selecciones nacionales propias. Pero no van a Grozny a jugar entre escombros un partido entre Euskadi y Chechenia. O a Diyarbakir, a disputar un solidario Cataluña-Kurdistán. Tendrían que llevarse máscaras antigás junto al botiquín de linimento.

Tenemos un país de traca, paraíso de la sandez y la estulticia. Los fenicios lo llamaron «tierra de conejos», pero era porque aún no conocían bien a sus habitantes; si no, lo hubieran denominado país de tontos. Tontos de toda laya, desinhibidos y audaces, capaces de provocar, en su alegre memez, las mayores catástrofes; tontos ancestrales, tontos históricos, tontos contemporáneos; tontos de derechas, de izquierdas, de centro. Y tontos soberanistas, que son soberanamente tontos. En una Eurocopa de tontos se podrían presentar con equipo propio y quedarían finalistas. Pero no serían campeones precisamente por eso: por tontos.

Televisiones indeseables
Televisiones indeseables
M. MARTÍN FERRAND ABC 26 Junio 2008

UNA docena entre las diecisiete Autonomías españolas dispone de radio(s) y televisión(es) pública(s). Es un capítulo significativo del derroche nacional que, sumado al de TVE, al que iguala en magnitud, dibuja un paisaje en el que el poder ejecutivo, además de controlar al legislativo y al judicial, se convierte en editor y en clara competencia desleal con los medios privados y desvirtúa la versión de la realidad que llega a los ciudadanos. En ese territorio el mal, que es hondo, no distingue entre ideologías y/o camisetas partidistas. Las televisiones públicas que controla el PSOE no son muy distintas de las que están en manos del PP y, en sus ámbitos respectivos, de las tripartitas instaladas en Cataluña, País Vasco y Galicia.

En las últimas horas una de esas televisiones regionales cuya existencia teórica es difícil de fundamentar y, más todavía, en las Autonomías no bilingües, se ha colocado en el ojo del huracán. Como las desgracias nunca llegan solas, Esperanza Aguirre, atribulada por tantas y tan diversas razones, tiene que soportar una huelga en Telemadrid, La Otra -el pecado cursa con original y copia- y su familia radiofónica. Vaya por delante mi condena a los sindicatos promotores que, sobre las razones legítimas que podrían asistirles en el orden reivindicativo y salarial, la han convertido en salvaje y han llegado a cortar de cuajo las emisiones. Un claro atentado a la libertad de información con la que esos sindicatos, sin servicios mínimos ni perrito que les ladre, suelen llenarse la boca de sus presunciones.

El suceso debiera servir, y más cuando la prudencia aconseja la reducción del gasto público, para una reflexión sobre la existencia de medios públicos de comunicación e información. La prensa ha sido históricamente, más que el cuarto poder, un contrapoder limitador de los excesos del gobernante de turno; pero, si ese gobernante tiene sus medios propios, sin posibilidad de control efectivo, estaremos dándole vuelo a una forma desmedida e impertinente de propaganda. Cierto es que muchos, la mayoría, de quienes trabajan en esos medios de titularidad pública y gastos desmedidos son profesionales fuera de toda sospecha; pero, si nos atenemos a sus frutos, el árbol no resulta deseable.

Lanzados al vértigo autonómico opera el síndrome del «¿por-qué-nosotros-no?». Si en Cataluña o en Madrid José Montilla y su mariachi o Esperanza Aguirre disponen de un instrumento tan embellecedor, ¿por qué no lo van a tener los gallegos, los andaluces, los castellano-manchegos...?. Las cuentas del Gran Capitán se quedan pálidas ante las del peculiar fenómeno de las televisiones autonómicas y lo más curioso: los mismos «demócratas» que encontraban indeseable la prensa del Estado que manejaba el franquismo consideran indispensable la televisión autónomica que manipulan los partidos.

Andalucía, la comunidad más beligerante, con 400 recursos de padres
Las objeciones a Ciudadanía superan las 41.000
La batalla contra la asignatura se libra en los juzgados con más de 400 recursos

En Andalucía son ya 5.000 los alumnos que han recibido un suspenso por no ir a clase de Ciudadanía.
Rocío Ruiz La Razón 26 Junio 2008

Madrid- El movimiento objetor contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía se robustece. Son ya 92 asociaciones o entidades las que se han creado ex profeso en toda España para protestar contra una materia que «pretende formar la conciencia moral de los alumnos». El curso académico acaba con 41.107 objeciones en toda España, a un promedio de un centenar al día, según los cálculos de Profesionales por la Ética. Sin embargo, «la polémica no ha hecho más que empezar», según la plataforma de objetores, porque ayer anunciaron un «otoño caliente» coincidiendo con el comienzo del curso académico. Y es que, el curso que viene la asignatura se impartirá en toda España en 2º y 3º de ESO, en 4º bajo la denominación de Educación Ético-Cívica, y en 1º de Bachillerato con el nombre Filosofía y Ciudadanía.

Sin embargo, el presidente de la plataforma, Jaime Urcelay, calcula que el número de objeciones es muy superior. «Creemos que puede haber un 15 por ciento más de padres que no han comunicado su iniciativa a las plataformas de objeción y otras que se han presentado en colegios de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE), están guardadas en un cajón y no han sido tramitadas en las consejerías», añadió Urcelay.

La coordinadora de la campaña de objeción, Leonor Tamayo, cree que «los padres se han levantado literalmente para decirle al Gobierno que no van a permitirle seguir avanzando en su afán totalitario, a pesar de los suspensos o de la actitud hostil de algunos centros escolares o de las promesas incumplidas».

De momento, y aunque no hay datos de toda España, en Andalucía se sabe que son ya más de 5.000 los alumnos que han recibido un suspenso por objetar contra la asignatura y no ir a clase.

Mientras, la educación se judicializa con más de 400 recursos que los padres han presentado en los juzgados de toda España contra la asignatura sobre los que ya se ha resuelto o están pendientes de pronunciarse.

Trámites judiciales
Sólo en Andalucía se tramitan 300 recursos, otros 22 en Aragón; en Asturias ha habido 23 sentencias denegatorias por «falta de pruebas de que existe un conflicto moral», otras 11 en Cantabria y otro recurso más en Cataluña que presentaron 8.000 padres después de que les denegaran medidas cautelares.

Los jueces que anularon contenidos de la asignatura se querellan contra Pérez Royo
EFE ABC 26 Junio 2008

SEVILLA. Los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anularon parte de los contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) han denunciado ante la Fiscalía al catedrático Javier Pérez Royo por presuntos delitos de calumnias en un artículo periodístico.

Fuentes judiciales informaron ayer de que la denuncia por presuntas calumnias e injurias ha sido presentada ante la Fiscalía de Sevilla por la mayoría de los jueces de la Sala Tercera de lo Contencioso del TSJA, con sede en esta ciudad.

La denuncia se refiere a un artículo publicado por Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, en «El país» poco después de la sentencia que anulara, en abril pasado, los contenidos referidos a ideología de género en la asignatura que se imparte en Andalucía.

Entre otros, Pérez Royo culpaba a los jueces de «cometer un delito de prevaricación», de «desnaturalizar la institución» a la que pertenecen y decía que «materialmente han actuado como unos delincuentes». El artículo se publicó después de que la sala de lo Contencioso anulase, el 30 de abril pasado, el desarrollo en Andalucía de los contenidos de la asignatura referidos a ideología de género, homosexualidad y opciones vitales, que cree una «ilícita invasión» en la ética, el derecho y la moral.

Microsoft apuesta por el euskera
Ha elaborado versiones en lengua vasca de Windows Vista y Office 2007que, además, varios fabricantes preinstalarán próximamente en sus equipos
N. AZURMENDI SAN SEBASTIÁN El Correo 26 Junio 2008

Desde hace casi una década, los usuarios de los sucesivos sistemas operativos de Microsoft y de las distintas versiones de Office, el paquete ofimático de la misma compañía, han tenido la posibilidad de utilizarlos en euskera gracias al esfuerzo económico del Gobierno vasco que, desde la primera versión del ya prácticamente obsoleto Windows 98, ha corrido con los todos los gastos de traducción y difusión a fin de promover la incorporación de la lengua a las nuevas tecnologías.

Ahora es la propia compañía fundada por Bill Gates la que ha tomado directamente la iniciativa, asumiendo la responsabilidad técnica y financiera de lanzar sus productos en euskera, así como en catalán y en gallego. El Ejecutivo autónomo, a petición de la compañía, se limitará en adelante a garantizar la adecuación de las traducciones y a estampar el correspondiente «sello de calidad lingüística».

«No son muchas las multinacionales que muestran una actitud tan abierta y positiva frente a la pluralidad lingüística», afirmó la consejera de Cultura, Miren Azkarate, en la presentación de la iniciativa, que tuvo lugar ayer en San Sebastián. La destinataria directa del agradecimiento de Azkarate y del viceconsejero de Política Lingüística, Patxi Baztarrika, fue Rosa García, presidenta de Microsoft España durante los últimos seis años y una de las principales impulsoras del proyecto. El de ayer fue, precisamente, su último acto público en su actual cargo, ya que en adelante la ejecutiva ocupará la vicepresidencia europea de la compañía.

«Nos hemos equivocado en el pasado en el modo en que hemos incorporado las lenguas a nuestros productos», reconoció Rosa García, haciendo referencia a las escasas 50.000 descargas que se han realizado de la versión en euskera de Windows XP. Se mostró sin embargo convencida de que esta vez la apuesta por «aumentar la sensibilidad hacia lenguas» como el euskera, el gallego o el catalán va a tener una mejor respuesta por parte de los usuarios, y animó a sus competidores a avanzar por el mismo camino. Aseguró que en el caso de Microsoft el proyecto se enmarca en la estrategia general de la compañía de hacer la tecnología «cada vez más disponible y más cercana, ofreciendo también a los usuarios la posibilidad de utilizarla en su propia lengua».

Una iniciativa en la que Microsoft cuenta, además de con el apoyo del Gobierno vasco, con la complicidad de socios tecnológicos como los fabricantes de equipos Dell, HP e Inves que, tal como adelantaron ayer representantes de las tres compañías, en breve comenzarán a comercializar en Euskadi ordenadores en los que se habrán preinstalado las versiones en euskera del software.

«Ha merecido la pena»
«Ahora es nuestro turno. Tenemos que demostrarle a Microsoft que ha merecido la pena su esfuerzo, que somos muchos los consumidores que vamos a utilizar sus herramientas en euskera». El viceconsejero de Política Lingüística, Patxi Baztarrika, lanzó el guante a ese más de 60% de hogares vascos en los que se utiliza con asiduidad el ordenador. También la compañía ha puesto los medios para que la iniciativa funcione y no se limite a una comparecencia testimonial. Así, ha activado la campaña ¡Klik egin euskarari¡, que tiene como objetivo fomentar las descargas de la interfaz en euskera de Office 2003 y Office 2006, así como de Windows XP y de Windows Vista. Descargas que en realidad son actualizaciones, «ya que lo que hacen es cambiar la interfaz de relación con el usuario del software previamente instalado en castellano», explicaron.

La mecánica de la «maratón» está detallada en la web que ha habilitado Microsoft para la campaña y las descargas pero, en esencia, se trata de premiar a quienes más descargas realicen. A juzgar por el contador de la página, ayer se animaron a hacerlo más de cien usuarios.

Numerosos municipios de toda España se suman a la campaña impulsada por LA RAZÓN
El recuerdo a las víctimas consigue unir a todos los partidos de Madrid
Con el consenso de PP, PSOE e IU, el Ayuntamiento de Madrid se ha convertido en la segunda gran ciudad –tras Barcelona– en aprobar en el pleno municipal la concesión del nombre de «Víctimas del Terrorismo» a una calle, avenida o plaza de la capital española.
F. Cancio/N. Platón La Razón 26 Junio 2008

MADRID- Con el consenso de PP, PSOE e IU, el Ayuntamiento de Madrid se ha convertido en la segunda gran ciudad –tras Barcelona– en aprobar en el pleno municipal la concesión del nombre de «Víctimas del Terrorismo» a una calle, avenida o plaza de la capital española. En un discurso firmado por los portavoces de los tres grupos en el Consistorio y leído por el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, todos los miembros de la corporación se comprometieron, además, a celebrar el acto de colocación de la placa identificativa con la participación de la sociedad civil. «Será un homenaje de reconocimiento a su sufrimiento, a la falta de atención que han padecido las víctimas y a su importante papel en defensa de las libertades».

En los momentos previos a la votación –que tuvo lugar con normalidad con la única excepción de que fue Gallardón quien leyó directamente la propuesta– el vicealcalde, Manuel Cobo, señaló que, pese a que la ciudad ya cuenta con un monumento a las víctimas del terrorismo y otro a las del atentado del 11-M, «Madrid ha sido la ciudad más castigada por la sinrazón y la locura de los terroristas» y son tantos los «lugares, recuerdos, momentos, días tristes» que ha vivido la ciudad que los tres grupos han acordado que haya una calle dedicada a los inocentes asesinados. Cobo también señaló que aún no se ha decidido el lugar que recibirá este homenaje ni cuándo se hará.

David Lucas, portavoz del grupo municipal socialista, hizo una valoración positiva de lo que calificó como «acuerdo histórico» pues, aunque ya hay ciudades que han tenido esta iniciativa, no tenían el consenso de todos los grupos. «Es bueno iniciar este proceso pues es el primer gran ayuntamiento que lo lleva a cabo y es justicia para las víctimas», afirmó.

Al respecto de la abstención en Ocaña del PSOE a la hora de otorgar el nombre de Ortega Lara a una calle del municipio, o la negativa por parte del alcalde de Getafe, Pedro Castro, de dedicarles las calles de dos barrios –argumentando que ya tenían otros nombres asignados en honor a Don Quijote–, Lucas aseguró que «el consenso alcanzado en Madrid es un reflejo del alcanzado en España», independientemente de las circunstancias especiales que «seguro tienen su justificación».

Por su parte, el portavoz de IU, Ángel Pérez, consideró que el reconocimiento a todas las víctimas era algo que ya existía y la condena al terrorismo siempre ha estado presente, pero aseguró que iniciativas como estas son «justas para las víctimas, sus familias y para todos los que han sufrido la lacra del terrorismo».

Mientras, nuevos municipios han anunciado su intención de dedicar una calle o un monumento al conjunto de víctimas del terrorismo. De esta forma, muestran su apoyo a la campaña de LA RAZÓN para homenajear a los asesinados a partir del acuerdo entre la Federación de Municipios y la Fundación de Víctimas.

«Merecido reconocimiento»
El primero en hacerlo ha sido el Ayuntamiento de la localidad madrileña de Majadahonda, que les rendirá homenaje con una «vía importante», tal y como asegura Narciso de Foxá, su alcalde. Gracias a una moción –presentada en conjunto por PP y PSOE, y con la abstención de IU– la iniciativa salió adelante. «Creo que las víctimas se merecen este reconocimiento porque han dado su vida por defender la libertad y los valores constitucionales», afirma De Foxá, quien, además, espera que el resto de municipios de España tomen ejemplo: «Cuantos más seamos y más consenso haya, mejor».

Por su parte, el Cuerpo Nacional de Policía, uno de los más castigados por la barbarie terrorista, homenajeará el sábado a todos los inocentes fallecidos con la colocaciónde un monolito en la Cala Cerrada, en Mazarrón, Murcia. La iniciativa parte del inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, Gonzalo Chicharro, con el apoyo del Sindicato Unificado de Policía, los Motoristas Ángeles Guardianes y la Asociación Internacional de Policías, entre otros. El monumento será anclado en el fondo del mar, «en la piscina de Dios», tal y como asegura Chicharro, quien considera que será «un bonito recuerdo».

Y el próximo lunes se debatirá en el Ayuntamiento de Elche (Alicante) una moción que nace del Grupo Socialista –a la que se prevé se sumen los demás grupos– para dedicar una calle a todos los inocentes asesinados. Su alcalde, Alejandro Soler, aseguró que con la iniciativa «queremos testimoniar el reconocimiento al sufrimiento de las víctimas».

La lengua y los mediocres
FRANCESC DE CARRERAS - LA VANGUARDIA 26 Junio 2008

Como suelo dar mis clases en catalán, lamentablemente no tengo alumnos de Erasmus, ese programa para estudiantes extranjeros que facilita el intercambio entre estudiantes de la UE. Sin embargo, en cierta ocasión, al finalizar la primera clase del curso vinieron a verme un grupo de estudiantes europeos. Me dijeron que la facultad les había asegurado que yo daba la clase en castellano y por ello se habían apuntado a mi grupo. Efectivamente, la profesora encargada de informarles cometió un error. Yo arreglé las cosas diciéndoles lo que me pareció más natural y sensato: "No se preocupen, a partir de ahora utilizaré el castellano, lo importante es comunicarse bien, no el instrumento que se usa para comunicarse".

Al cabo de unos días, hablando con estudiantes holandeses y suecos les pregunté ingenuamente por algo que me suscitaba curiosidad: "¿Los alumnos Erasmus que van a sus países conocen el holandés y el sueco como para entender a los profesores en clase?". Sonriendo, me respondieron que obviamente no, casi ningún erasmus tenía idea del holandés o sueco, pero más de la mitad de las clases se impartían en inglés dado que los profesores procedían de países muy diversos y el inglés se había convertido en la lengua vehicular común. Me sentí bastante ridículo y provinciano al escuchar esta respuesta. Debía dar por supuesto que las autoridades universitarias de estos países eran personas cultas e inteligentes, preocupadas por el conocimiento y no por el vehículo en el que se trasmite, interesadas en atraerse a los mejores profesores, aunque hubiera que ir a buscarlos más allá de las estrechas fronteras de sus países.

Pues bien, en Catalunya estamos en las antípodas de esta posición, nuestras autoridades políticas y universitarias tienen todavía la mentalidad de otros tiempos. Como ha informado este periódico, las universidades catalanas aprobaron en el seno del Consell Interuniversitari de Catalunya, la propuesta del Govern de la Generalitat según la cual a todos los nuevos profesores, o a los antiguos que pretendan ascender en su carrera académica, deberá exigírseles el nivel C de catalán. De este acuerdo se ha desmarcado mi universidad, la Autònoma: ¡felicidades, rector y equipo de gobierno!

Recordemos que el nivel C de catalán implica un conocimiento perfecto de la lengua, de su ortografía y sintaxis. Tras él, solo queda el nivel D, que muy pocos poseen, exigible tan sólo a especialistas para que realicen funciones lingüísticas muy específicas, trabajos de traducción o corrección gramatical. ¿Tienen tanto atractivo nuestras universidades como para que profesores del resto de España o de países extranjeros hagan el esfuerzo de obtener el nivel C? Evidentemente, esto disuadirá a muchos universitarios de venir a Catalunya. Ya sucede ahora, desde hace años, y no sólo en la universidad, sino también en otras profesiones: médicos, notarios, jueces, fiscales, altos ejecutivos. Nunca en Catalunya había habido carencias en estas profesiones, por el contrario las plazas estaban siempre muy buscadas. Sólo ahora, las fronteras lingüísticas nos aíslan y empobrecen.

Pero cuidado: la culpa no es del catalán, la culpa es de la política lingüística, de los excesos que el fanatismo comete en nombre del catalán.

La sociedad catalana, en su inmensa mayoría, es bilingüe y tolerante. Asimismo, excepto algún intransigente, los que aquí se desplazan para vivir y trabajar se esfuerzan en comprender - hablarlo, a cierta edad, ya es otra cosa- rápidamente el catalán, sobre todo si son personas con una mínima base cultural. En definitiva, en la sociedad no hay problemas. El problema está en una política lingüística mal enfocada y, como es el caso de la universidad, en ciertos intereses inconfesables. Lo ha dicho con exactitud el profesor Joaquim Molins, en referencia al caso que nos ocupa: "Lo que quiere la gente mediocre de las universidades catalanas es restringir la competencia. Poner tantos obstáculos como sea posible para evitar que gente del resto de España o extranjeros les quiten sus plazas. Esto es lo que subyace en esta decisión. Y si hay un lugar donde la movilidad es fundamental es en la universidad".

El catalán, como dijo hace años un poeta conservador, es un vaso de agua clara, es decir, debe mantenerse vivo, con las ayudas e incentivos necesarios, pero con naturalidad, coexistiendo en paz con el castellano, como siempre había sido en Catalunya. La lengua debe ser un elemento de comunicación, no un elemento de identidad excluyente que nos enfrente unos a otros. El filósofo Fernando Savater ha encabezado un manifiesto - al que en pocas horas nos hemos adherido más de 40.000 ciudadanos- lleno de sentido común, espíritu de tolerancia y sensatez. Mientras, la Generalitat hace cosas insensatas: se pelea con Madrid por una miserable tercera hora de castellano a la semana en las escuelas, exige el nivel C a los profesores de universidad y, ya en el colmo del surrealismo, no renueva la licencia a una radio cultural extremeña ¡por no emitir emisiones en catalán!

La Catalunya tolerante y cívica debe reaccionar, en lugar de callarse, mientras los fanáticos y los mediocres nos van hundiendo en una visible decadencia.
Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

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