AGLI

Recortes de Prensa    Domingo 29 Junio 2008

La Academia y la realidad social
Editorial ABC 29 Junio 2008

LA defensa de la lengua común de todos los españoles es un deber constitucional que incumbe a muchos organismos culturales y a todos los poderes públicos. En ocasiones, la promoción del castellano constituye la razón de ser de una institución, como es el caso evidente de la Real Academia Española. Más allá de cuestiones gramaticales y lingüísticas, la seña de identidad de esta venerable corporación es el impulso del tesoro cultural que compartimos más de 440 millones de personas en todo el mundo. «Fija, limpia y da esplendor» es sin duda un excelente programa de actuación que no se reduce a la sintaxis o a la literatura, sino también a la defensa social del idioma con toda la firmeza que exige una causa tan noble.

Resulta sorprendente por ello la falta de sensibilidad de ciertas instancias académicas ante la propuesta de un pronunciamiento razonable y ponderado de la institución sobre las dificultades que sufre la lengua común en el ámbito educativo y en el espacio público de determinadas comunidades autónomas. No es lógico, en efecto, que asuntos que preocupan a una gran mayoría de ciudadanos y que tienen eco con frecuencia en los medios de comunicación no sean motivo de acuerdos corporativos por parte de quienes tienen la máxima responsabilidad en este terreno. Víctor García de la Concha, director de la docta institución, tiene una ocasión de oro para explicar las circunstancias que han dado lugar a esta pasividad, que no resulta fácil de comprender.

Bajo la falacia de la «normalización» lingüística se esconde con frecuencia la pura y simple persecución del castellano y sus hablantes. Hoy publica ABC un reportaje muy significativo acerca de los problemas reales que sufren muchos ciudadanos españoles que sólo pretenden que se cumpla la Constitución y que no se ofenda al sentido común. No son problemas teóricos ni de pura interpretación jurídica, sino abusos que cometen ciertos gobiernos autonómicos ante los cuales la gente se siente indefensa. Es inaceptable la situación del niño obligado a realizar una tutoría en catalán o del padre que debe enviar a sus hijos a otra localidad en el País Vasco para ejercer la opción por la enseñanza en castellano. Galicia también se ha sumado a este acoso a quienes pretenden vivir en la plenitud de derechos que corresponde a una democracia constitucional y no se dejan amedrentar por el dogmatismo de unos y el oportunismo de otros. El Gobierno mira para otro lado con tal de no molestar a esos socios radicales que permiten a los socialistas gobernar en Cataluña, Galicia o Baleares o a determinados sectores de votantes que pueden decidir las próximas elecciones vascas. Entre el activismo sectario de unos cuantos y la pasividad cómplice de otros muchos, la realidad confirma las peores expectativas: la lengua de dimensión universal que es común a todos los españoles sufre discriminación en algunas zonas -cada vez más amplias- del territorio nacional.

Las cosas no pueden seguir así. Un ley orgánica de defensa del castellano en desarrollo de los derechos fundamentales en el plano social y educativo sería una solución razonable, si bien -por desgracia- es del todo improbable que Rodríguez Zapatero asuma esta propuesta del PP. A su vez, la RAE debe reconsiderar su postura y cumplir sin restricciones con los deberes inherentes a su alta responsabilidad institucional, poniendo en el empeño todo el prestigio que le reconoce la sociedad española. Los ciudadanos somos iguales en cualquier parte del territorio nacional, de acuerdo con la Constitución y con la única interpretación acorde con la naturaleza de nuestro Estado democrático de Derecho. Por ello, vivir en castellano en cualquier parte de España es una opción que los poderes públicos tienen el deber de garantizar sin merma alguna para el respeto y reconocimiento debido a las demás lenguas españolas, que enriquecen nuestro patrimonio cultural.

La koiné dialectós
IGNACIO CAMACHO ABC 29 Junio 2008

SI los nacionalismos fomentasen sus lenguas vernáculas con el legítimo interés de proteger su patrimonio sociocultural, el debate sobre la pervivencia del castellano como herramienta común estaría fuera de lugar y respondería a una infundada suspicacia. Pero no estamos ante un asunto filológico, sino ante una cuestión de índole política: la presión periférica sobre el español responde al designio de construir una conciencia nacional distinta a partir del idioma considerado como propio por los ideólogos de la exclusión. De este modo asistimos a un fenómeno pendular en el que los crecidos poderes autonómicos utilizan sus lenguas antiguamente preteridas para expulsar al castellano de su ámbito oficial de convivencia.

La clave me la dio hace algunos años un antiguo alto cargo pujolista, hombre culto comprometido con el proyecto de construcción nacional del catalanismo. El catalán, me dijo, es como Holanda, un pequeño territorio sitiado por el mar que es el español; si no levantamos diques, nuestro idioma acabará sumergido en las aguas oceánicas de una lengua de vocación universalista. El problema consiste en que tras esos diques han acabado imponiendo un proceso inverso y excluyente, que el trata de sustituir el saludable bilingüismo por un monolingüismo inverso que elimina el instrumento común de comunicación, la koiné dialectós de los griegos clásicos, para reforzar el sentimiento de soberanía independiente.

Así ha llegado un momento en el que es menester recurrir a la defensa de lo obvio, para evitar la amputación lingüística en diversas franjas del territorio hispánico. El idioma que une a 400 millones de personas de multitud de naciones se está convirtiendo en proscrito objeto de sospecha política para los aprendices de brujo de un delirio nacionalista. En pocas décadas hemos pasado de la marginación del catalán, el euskera o el gallego a un estado práctico de proscripción oficial del español en las taifas virreinales del secesionismo. Que no lo vayan a conseguir no significa que los autores de este ofuscado designio no lo estén intentando con toda la fuerza, que es mucha, de un autogobierno que utilizan para pervertir el espíritu constitucional de integración de todos los ciudadanos españoles. Así ha surgido el estado de alarma de numerosos intelectuales de todo el espectro ideológico que aún confían en el castellano como vehículo de expresión para toda una comunidad de hablantes que debería considerar un privilegio la existencia de una lengua compartida en la que discrepar o entenderse.

Durante años de ejercicio profesional he observado escrupulosamente el principio de no firmar otro escrito que los artículos en los que comprometo mis ideas. Pero ante ciertos estados de confusión sucede que la omisión puede volverse irresponsable; por eso voy a suscribir el manifiesto promovido en defensa de la lengua común que nos permite saltar sobre las barreras tras las que algunos orates pretenden enajenar el derecho de todos los españoles a ser iguales en su propia nación. Que se llama España mientras la Constitución democráticamente refrendada no recoja lo contrario.

Castellano
JON JUARISTI ABC 29 Junio 2008

CUANDO voy a Barcelona o a Valencia, me cuesta encontrar libros en catalán. No quiero decir que no los haya, pero, en las librerías, la sección en lengua catalana suele ser marginal respecto a la de los libros en castellano, y esto sucede incluso en las marcadamente catalanistas. En Bilbao o Santiago, la proporción de títulos en eusquera y gallego es aún menor. Tal circunstancia me disgusta, porque la literatura en estas lenguas me interesa, y deploro no dar con secciones bien abastecidas en ciudades donde uno esperaría oferta abundante de la misma.

No hay misterio alguno. Los dueños de estas librerías, que suelen ser nacionalistas, están sinceramente interesados en la difusión del libro en vernáculo, pero saben que sólo el libro en castellano les permitirá sobrevivir. Es lógico: la producción editorial en castellano, dirigida a un mercado internacional muy amplio, es incomparablemente más vasta y variada que la destinada a un público de lengua minoritaria. En Cataluña, Galicia y el País Vasco, quienes buscan acceder a la cultura letrada lo hacen fundamentalmente en castellano, y esto incluye a los propios escritores en catalán, gallego y eusquera, que cultivan su parcela en lo que se ha dado en llamar lengua propia, pero que consumen literatura en castellano por encima de la media de los lectores no profesionales.

En toda España, insertarse en la cultura letrada -un amigo mío, poeta en catalán, excelente como poeta y como amigo, diría «inserirse», sólo para subrayar la diferencia- requiere una formación de calidad en lengua castellana. Suprimirla y sustituirla por una inmersión escolar en cualquier lengua de minorías equivale a vedar el acceso (o dificultarlo en gran medida) a una cultura que rebase la sombra del campanario. Cuando, siendo estudiante de bachiller, quise aprender eusquera y acercarme a la literatura en esa lengua, tuve que realizar un sobreesfuerzo que me llevó muchas horas de estudio en solitario, sin guía alguno. Fui un aprendiz afortunado, porque disponía de una biblioteca familiar espléndida. Con todo, no pude evitar las carencias del autodidacta, que no estorbaron a los que, en la generación posterior a la mía, adquirieron el eusquera a través de la enseñanza formalizada. Los estudiantes actuales de Cataluña y del País Vasco se enfrentarán, si intentan remediar las deficiencias de su conocimiento del castellano, a problemas semejantes a los que yo tuve para aprender el vasco. Es cierto que no tendrán dificultad en adquirir un registro oral más o menos comprensible, a partir de la lengua de la calle, de la televisión, etcétera, pero no me refiero al uso puramente instrumental del castellano, con el que los nacionalistas parecen conformarse, sino al dominio de dicha lengua como base y requisito de una cultura sólida. Para ello no basta la lengua oral: es preciso transitar mucho tiempo por los textos. Aprender a leer, que no es lo mismo que aprender a deletrear.

A estas alturas, me parece absurdo defender una lengua como símbolo, expresión o fundamento de una nación (que, por cierto, es lo que hacen los nacionalistas). Que una lengua común no asegura una existencia nacional si falta un proyecto de vida en común, es algo perfectamente demostrado en el caso de la ex Yugoslavia, por no mirar más cerca. Lo grave de la ofensiva nacionalista contra la enseñanza del castellano no está en el peligro de fragmentación política, sino en la mutilación mental infligida a los escolares inmersos en las lenguas llamadas propias, a los que se priva del derecho de acceder a una cultura definida por las destrezas letradas, y no por la alfarería ni por las danzas regionales. El planificador nacionalista, que además de imbécil acostumbra ser lingüista, arguye de ordinario que una buena enseñanza del inglés haría innecesario el recurso al castellano. Con independencia de que la transformación de las ikastolas en colegios británicos resultaría altamente positiva desde un punto de vista civilizado, subsistiría la necesidad del mantenimiento y desarrollo de lo adquirido, que exigiría viajes semanales a Londres (aunque, para los de Bilbao, eso nunca ha supuesto un problema).

LA LENGUA NACIONAL OFICIAL Y COMÚN
Francisco Rubiales Periodista Digital 29 Junio 2008

Varios intelectuales presentan en Madrid ‘El Manifiesto por una lengua común', suscrito, entre otros, por la historiadora Carmen Iglesias, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, muchos de ellos próximos a la formación liderada por Rosa Díez Unión, Progreso y Democracia (UPyD), como los escritores y pensadores Mario Vargas Llosa, Fernando Savater, Álvaro Pombo o Carlos Martínez Gorriarán. Reivindicando la importancia del castellano ‘como lengua común para el juego de la democracia' ‘y su posición asimétrica respecto al resto de lenguas oficiales españolas, de alcance circunscrito a las autonomías bilingües', reclaman al Parlamento las modificaciones o esclarecimientos tanto constitucionales como estatutarios que garanticen en todos los campos y ‘en todo el territorio nacional' los derechos de quienes opten ‘por la lengua común'.

Curiosamente, también, en Francia se ha abierto el debate lingüístico. La Academia de la Lengua Francesa pide que se retire el texto sobre la reforma del artículo 1 de la Constitución, que añade a su enunciando que “las lenguas regionales pertenecen al patrimonio francés”. Luego, en el artículo 2 de la Carta Magna, se afirma que “la lengua de la República es la francesa”. El rechazo procede de que “nos parece que colocar la lenguas regionales antes que el francés en la Constitución es un desafío a la lógica y una negación a la república, una confusión del principio de nación y objeto de política”.

En España, el art. 3 de la Constitución de 1978, aunque dice que “El Castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”, ha sido reinterpretado por el Tribunal Constitucional, dejándose llevar de motivaciones políticas, en el sentido de favorecer la inmersión lingüística y convertir lo que era un derecho para los hablantes de una lengua minoritaria, en una obligación y gravamen para los castellano-parlantes residentes en territorios con gobiernos nacionalistas; no es de extrañar que los académicos franceses alerten de las posibles consecuencias que puede traer la modificación constitucional. No cuestionan que las lenguas regionales pertenecen al patrimonio francés y son muestra de “la riqueza de la nación francesa”, pero “las excelentes intenciones pueden expresar y derivar en otras, que no caben en la Constitución Francesa”.

En Francia son lenguas regionales el vascuence, catalán, corso y bretón; desde 1951, la enseñanza facultativa de dichos idiomas está autorizada. Ahora bien, no sucede ni se permite evidentemente, que se imponga a nadie en contra de su voluntad la enseñanza en estas lenguas en lugar del Francés, como pasa en España. En ningún territorio Europeo que haya suscrito de la Carta Europea de Lenguas Regionales –Francia no lo ha hecho- se da la circunstancia de España; esa Carta garantiza el derecho de los hablantes de una lengua regional minoritaria a recibir enseñanza en su lengua materna, pero, de ninguna manera contempla que se impida a los hablantes de la lengua mayoritaria recibir la enseñanza en su idioma nacional, ni siquiera obligándoles a aprender la lengua regional propia del territorio en que residen.

Aquí, paradójicamente el Instituto Cervantes emplea la subvención pública en promocionar el Español en el extranjero y, mientras, tenemos dentro regiones en que se le persigue y se trata de hacerlo desaparecer, también con dineros públicos (MD, Bilbao, Junio, 2008). “Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios”.

C. Valverde Mudarra
Voto en Blanco

Rodríguez Adrados: «El español es la lengua común, la que mamamos, y la que hablan hasta los separatistas»
ANTONIO ASTORGA. MADRID ABC 29 Junio 2008

Una de la señas de identidad de Francisco Rodríguez Adrados, sabio vitalista salmantino, es la defensa numantina, a ultranza, indestructible, del idioma español, y de lo español. Así, el pasado jueves, reivindicó la necesidad de «consolidar los elementos comunes que fortalecen y dan realidad al conjunto de tierras y gentes que forman España», tras recibir el doctorado Honoris Causa por la Universidad San Pablo CEU. Ese mismo día, Rodríguez Adrados, trabajador incansable, presentaba su libro «Hombre, política y sociedad en nuestro mundo» (Espasa), que contiene muchos de sus artículos publicados en ABC, y en el que glosa el mundo infinito de lo humano. El hombre y su circunstancia individual, colectiva, política...

...Y lingüística. Porque la defensa del español es el emblema de Francisco Rodríguez Adrados, quien se adhiere sin ningún género de dudas al Manifiesto del castellano: «Yo he hablado de eso durante mucho tiempo y antes que esos señores del Manifiesto. Naturalmente que sí les apoyo», declara a ABC. Adrados fue quien presentó una propuesta al Pleno de la Real Academia Española (RAE) -de la que ayer daba cuenta ABC- para que la Docta Casa se dirigiera al Gobierno pidiéndole que inste «a los Gobiernos Autonómicos a hacer el máximo esfuerzo para mantener, en su legislación y otras actuaciones, el carácter del español como lengua común y oficial de España». Pero la RAE -cuya misión principal, según el artículo primero de sus Estatutos, es «velar porque los cambios que experimente la Lengua Española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico»- ha aplazado la propuesta hasta después de verano. No hubo quórum, se dijo.

La Constitución, vulnerada
Rodríguez Adrados viene sosteniendo lo que postula el manifiesto del castellano desde tiempo inmemorial: «Y he criticado a todos los Gobiernos españoles, desde el primero al último, que nunca han defendido la Constitución española. Eso de que «es la lengua oficial»... ¡no sólo oficial!, es la lengua común. Es la que mamamos y la que nos une, y la que hablan todos, hasta incluso los separatistas. Es verdaderamente vergonzoso que el idioma español no sirva ni para hacer oposiciones a barrendero». Lamenta el profesor Adrados que muchos que deberían haber hablado no lo hayan hecho aún: «Cuando la Real Academia se quejó de este asunto ante Felipe González, él dijo más o menos que también estaba muy preocupado, pero ninguno se atrevió a aplicar los remedios. La Constitución dice, por ejemplo, que se permiten las asociaciones, partidos, etc... con tal de que respeten a la Constitución. Bueno, pues no respetan a la Constitución quienes ponen en dificultades el uso de la lengua española. La Constitución está vulnerada desde el primer día».

Denuncia asimismo Rodríguez Adrados que «todos los Gobiernos han mirado a otro lado por miedo a que las cosas se pongan más envenenadas. Pero el asunto en vez de suavizarse se ha ido poniendo cada vez peor, y yo creo que ya sería el momento de reflexionar sobre ello. Porque, además, nunca ha habido problemas entre las lenguas de España. No son más que maniobras políticas al final de tipo separatista». Y concluye, tajante, el sabio: «Todos los Gobiernos han desatendido al idioma español, y han despreciado nuestra lengua. Y están rebajando los niveles universitarios».

La libertad, amenazada
Adrados confiesa que no está adscrito a ninguna ideología concreta, y así explica la idea de su libro «Hombre, política y sociedad en nuestro mundo»: «No lo he escrito ni para elogiar ni para atacar a nadie. Todos los textos reflejan un pensamiento humanista que intenta descifrar claves, iluminar constantes, sin prejuicios doctrinales: Hablo de la felicidad, de la esperanza, del amor, del hombre, de sus condicionamientos en cuanto inserto en la vida colectiva, social, política. El hombre como individuo está realmente muy dominado por su ambiente, por el poder dentro del cual vive... A veces se somete totalmente, aunque hay excepciones: individuos que luchan y así en los regímenes más opresivos sale el individuo libre. Pero no se puede maldecir el poder, porque el hombre siempre tiene que estar encarnado en algo que le protege, le ayuda, le coacciona».

Adrados glosa la palabra libertad, que «siempre ha estado amenazada -advierte-. El hombre es un ser social y no puede hacer todo lo que le viene en gana, sino atender a ciertos límites. En algunos ámbitos ha crecido -se puede hablar y decir cosas que antes no se podían mencionar-, pero en otra estamos siempre coartados. Tenemos la censura y la autocensura, porque sabemos que si decimos todo lo que pensamos nos puede traer malas consecuencias».

EL ESPAÑOL
ANDRÉS ABERASTURI El Ideal Gallego 29 Junio 2008

Las voces críticas y tibias, como la del propio Gobierno, con el manifiesto en defensa del idioma español puesto en marcha por un grupo de intelectuales, se refugian en la negación de una realidad y en la interpretación mentirosa del propio manifiesto.

La realidad que se niega sistemáticamente es que exista el más mínimo problema para la utilización habitual del español en cualquier parte del Estado. Rebatir esta falsedad resulta ya tedioso porque cada día hay más y más pruebas de que demuestran todo lo contrario; especialmente sangrante resultó aquel “despido” con vuelta atrás de Cristina Peri Rossi y últimamente el cierre de una emisora en Cataluña para emigrantes extremeños. Pero eso, siendo preocupante, es algo tan evidente, que negarlo no hace sino abundar aun más de ridículo.

Más grave me parece que la vicepresidenta del Gobierno afirme sobre el manifiesto que el idioma español no está en peligro. Faltaría más. O no ha entendido nada o no lo ha querido entender. No seré yo quien interprete el ánimo -creo que meridianamente claro- de lo que se pretende en dicho manifiesto. Pero como soy “abajofirmante” del mismo vía correo electrónico, si creo que debo expresar las razones que me han llevado a adherirme.

¿A qué mente privilegiada se le ocurre pensar que los impulsores del manifiesto -de un prestigio intelectual de sobra reconocido- van a creer que está en peligro el español? ¿De verdad alguien saca esa conclusión honradamente de lo que se expone en el manifiesto?

¿De verdad alguien piensa que estos señores y señoras temen que por culpa del tripartito catalán o el no-sé-cuántospartito balear se tambalee nada menos que un idioma que hablan cintos de millones en este planeta?

Si yo me he adherido al manifiesto no ha sido para defender el español que lleva defendiéndose solo desde hace siglos; me adhiero por el presente y el futuro de unas generaciones a las que, por decreto, se trata de empobrecer brutalmente y, encima, blandiendo la bandera de la protección a la cultura propia. Me adhiero porque si yo viviera en Cataluña -como de hecho viví de niño un par de años- exigiría que mis hijos fueran educados en español y tuvieran, además, una clase de catalán, pero no justo lo contrario y en el mejor de los casos. Y que quede claro que mucho antes del nacionalismo españolista del que se me acusará inmediatamente, está en primer lugar la lógica, el pragmatismo, la historia común y por encima de todo mi libertad para decidir cómo quiero que se eduquen mis hijos, bajo qué parámetros culturales y en qué idioma.

Si es que tener que acudir a los tribunales o elaborar un manifiesto para defender estas cosas, clama al cielo y a un Gobierno que ni dice sí, ni dice no, ni todo lo contrario: dice que el español no está en peligro. Pues nada, que respiren tranquilos el autor de Mío Cid y Berceo y Manrique y Cervantes y Quevedo y Lope y todos los que les siguieron hasta Cela, Vargas Llosa, el Gabo, Borges, Cortazar... yo qué sé. Si Pla levantara la cabeza y viera todo esto estoy seguro que se calaría la boina socarronamente, pediría un pluma y preguntaría dónde hay que firmar.

Encerrados con un solo juguete
Roberto Blanco Valdés La Voz 29 Junio 2008

Así, como en el título de la novela con la que Marsé empezó su brillante carrera literaria, están desde hace años Ibarretxe y sus más fieles partidarios: encerrados con el demencial y único juguete de una consulta soberanista inevitablemente destinada a abrir el camino a la secesión del País Vasco.

Por si todavía quedaba alguna duda, el antaño nacionalismo vasco moderado dio hace dos días un paso de gigante en esa alocada carrera hacia el abismo al aprobar el proyecto de ley que, supuestamente, habilita al lendakari para convocar el referendo ilegal que, con fecha fija, ha prometido.

Se ve que Ibarretxe es, en todo caso, selectivo en la voluntad de cumplir con su palabra, pues también prometió una y mil veces que solo convocaría el referendo en ausencia de violencia, y piensa hacerlo con ETA en plena actividad y con el apoyo de los diputados de su brazo político, ese PCTV fantasmal que entró en su día en el Parlamento de Vitoria sin que el Gobierno de Rodríguez Zapatero moviera para impedirlo un solo dedo.

Lo que vendrá de inmediato es tan sabido como lo era que Ibarretxe llevaría su desafío hasta donde ahora acaba de plantarlo: el presidente del Gobierno presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Parlamento vasco que, violando flagrantemente nuestra ley fundamental, permite a Ibarretxe convocar su referendo; y el Tribunal Constitucional, hay que esperar que más pronto que tarde, le dará al presidente toda la razón, porque es obvio que la tiene.

¿Y después? Después caben dos posibilidades: que Ibarretxe pretenda seguir adelante, pese a todo, lo que nos metería de lleno en una crisis política y constitucional sin precedentes desde el inicio del período democrático; o que Ibarretxe se achante, disuelva el Parlamento vasco y convoque elecciones contra ese rampante españolismo (quizá se hable esta vez de la Brunete socialista) que «no deja a los vascos expresarse en libertad». ¡Que inmensa cara dura!

En cualquier caso, y opte Ibarretxe por dirigirse a Madrigal o por tirar hacia Madrigalejo, el lendakari, y el PNV, ¡no se olvide!, que va con él, ciego, de la mano en la aventura, habrán introducido una cuña envenenada que hará estallar, otra vez, los frágiles consensos con los que malvive una sociedad ya muy quebrada. De hecho que, en un lugar donde miles de personas soportan la constante amenaza de una banda terrorista, un gobernante democrático trate los sentimientos colectivos como si fueran un juguete constituye una prueba de imperdonable irresponsabilidad y fanatismo. Tanto que, cuando esto acabe, es más que probable que la historia no absuelva a un lendakari que nunca ha sabido ni querido representar a todo su país.

En honor de ETA
ANTONIO ELORZA El Correo 29 Junio 2008

CATEDRÁTICO DE PENSAMIENTO POLÍTICO UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

Ha sido un espectáculo hermoso. ETA combate con todas sus energías la moderación españolista de que hace gala el PNV, se dispone a actuar contra la 'Y' vasca, pero llevada de su amor patriótico encomienda a los suyos/suyas que den un voto de oro a Ibarretxe para que éste pueda dar un paso decisivo en su reto al Estado. Por su parte, Ibarretxe desea con toda su alma el destierro de la violencia -lo que algunos llamamos terror-, considera que ETA nada tiene que hacer en la política vasca, y por eso no ha de ser tomada en cuenta, pero por una razón análoga acepta que el «recorrido» de las comunistas extraterrestres -o etaterrestres- desemboque en un apoyo a su democrática iniciativa. Desde el cielo del Cristo de las batallas la escena debe de ser contemplada por San Sabino con satisfacción. Una vez más, como en el himno de Telesforo Monzón, 'Batasuna', la unión de los abertzales frente al lobo negro de siempre.

Valle Inclán escribió que para entender la historia de España había que recurrir a la idea del esperpento, con las figuras deformadas por los espejos cóncavos del madrileño callejón del Gato. En el caso vasco, nos encontraríamos una y otra vez ante la puesta en escena de una farsa trágica. Incluso en los más pequeños detalles. La señora Erauskin se apunta a la lista de oradores en contra de la consulta, para que luego su grupo dé el voto que Ibarretxe precisa, igual que hiciera en su día respecto del Plan un grupo-satélite precedente. Ibarretxe nos receta un sermón para cantar las excelencias de una democracia, la suya, plagado de mentiras y a fuerza de acumular democracia en sus palabras acaba olvidando que su triunfo pírrico se da gracias a aquéllos que durante décadas vienen destrozando tanto la vida democrática como la propia vida cotidiana de los vascos. Sugiere una y otra vez que su consulta no es anticonstitucional, cuando en la segunda pregunta se fija incluso el límite cronológico -«antes de que finalice el año 2010»- para que sea sometido a un referéndum, inequívocamente de autodeterminación, el resultado de ese proceso, del cual sabe perfectamente que estarán ausentes los partidos constitucionalistas. ¿'Palabra de vasco'? En todo caso, de vasco que traiciona a su linaje, según relata el famoso 'Canto de Bereterretxe', y como allí en un tema de sangre. El 'derecho a decidir' iba a ponerse en marcha con la violencia fuera de escena. Ahora avanza gracias precisamente a la decisión política favorable de quienes la practican, y si tiene unas mínimas posibilidades de materializarse es gracias a ellos. Aunque adopte un gesto de desprecio -léase 'Gara'-, ETA lo sabe perfectamente y actúa en consecuencia.

Como siempre que Ibarretxe aborda el tema del futuro político vasco, no estamos ante una simple estrategia de manipulación del discurso, sino de inversión de los significados, del tipo del conocido 'Arbeit macht frei' del portal de Auschwitz. En una palabra, Ibarretxe defiende su 'hoja de ruta' como cauce para la paz y lo que hace es proporcionar a la banda la gran justificación para seguir sembrando la muerte de acuerdo con sus posibilidades.

No hay que acudir a las reflexiones del quebequés Stéphane Dion para recordar que en todo caso las preguntas que se formulen en un referéndum dirigido hacia la autodeterminación deben ser claras. No cabe, pues, como hace Ibarretxe, yuxtaponer dos contenidos claramente diferenciados, donde además la falacia del primero sirve de justificación para formular el otro. Si hay que poner en marcha un proceso de autodeterminación de Euskadi, y habida cuenta de que ETA, según el lehendakari, no ha de condicionar «la decisión de los vascos», carece de sentido fundar la propuesta sobre un indeterminado fin «dialogado de la violencia» que llegaría tras la manifestación «de forma inequívoca» -ya sabemos lo que dio de sí su alto el fuego «permanente»- de «su voluntad (sic) de poner fin a la misma de una vez y para siempre». Ya no hace falta tregua; basta con expresión «inequívoca» de «voluntad». Palabra de ETA, palabra de Dios, para nuestro hombre.

En términos de lógica democrática, estamos ante un sinsentido. No tanto si acudimos a las reglas de marketing que proponen una sugerente y engañosa bonificación a aquél que intenta vender un producto averiado. Con el «recorrido» hacia la autodeterminación, Ibarretxe ofrece algo que no está en condiciones de ofrecer, un fin de la violencia, que deja íntegramente en manos de ETA. Porque una vez liberada Euskadi, vendría como sabemos Navarra. Claro que al lehendakari la violación de las reglas elementales de la democracia directa no le importa, y menos que el regalo adicional del fin del terror etarra no llegue por decisión de la banda. Él hizo lo que pudo, dirá con aspecto de predicador compungido. España no le dio Navarra a ETA. ¿Qué hubo de malo en ello?

Además, según Ibarretxe, un referéndum dirigido hacia la autodeterminación es algo parecido a preguntarles a los ciudadanos de un cantón suizo si desean el control de la caza mayor. Todos los días, nos cuenta con todo cinismo, se celebran en Europa consultas como la que él propone: ya se ve. Baviera, que cita como ejemplo, cada tres o cuatro años vota la secesión de Alemania y otro tanto piensan hacer dentro de unos meses Salzburgo y el Bürgenland en Austria. ¿Hasta dónde puede llegar la voluntad de engañar a los ciudadanos, y de paso desprestigiar a su propio partido?

La Ley de la Consulta se encuentra además ante una muerte por todos anunciada. Es anticonstitucional, ignora incluso el sistema normativo en virtud del cual Ibarretxe es lo que es -Ziarreta ya ha proclamado la muerte del Estatuto-, y viola como apuntamos la exigencia de univocidad y transparencia que debe cumplir toda consulta popular por vía de referéndum. Su anulación no es, pues, 'mordaza' alguna, sino un acto de defensa de la democracia en Euskadi, y si apuramos, en toda Euskal Herria, que tiene derecho a no sufrir tamaño ejercicio de manipulación política.

Eso no significa que la aprobación sea inocua y carezca de consecuencias. Ante todo, arrastra a los vascos y al PNV a una vía muerta en la que sólo cabe augurar una radicalización artificial de los conflictos. Viene aquí a cuento aquello de que es malo que un pueblo tenga que sacrificarse por los errores de un líder tan escaso de luces como sobrado de determinación para seguir mandando y que sus obsesiones políticas se hagan realidad. La lógica de la tensión puede subir en flecha y el PNV de Imaz quedará como el recuerdo de un giro democrático del PNV una y otra vez frustrado. Sabino fundó el partido, le dio el maniqueísmo y su concepción irracional de lo vasco, y tanto para el lehendakari como para sus hermanos supuestamente enemigos de ETA no cabe otra salida. Urkullu reducido a marioneta es el mejor ejemplo de tal deriva hacia la pelea de carneros. En definitiva, lo mejor para ETA, colocada por encima de la escena política, incluso del propio Ibarretxe, y que en adelante dispone de la mejor coartada para seguir su «recorrido».

Víctimas de la imposición lingüística ponen cara y voz al «problema inexistente»
BLANCA TORQUEMADA. MADRID. ABC 29 Junio 2008

La tesis oficial es que no hay «ningún problema». Lo de que el «uso social del castellano está garantizado» se reduce (aunque no se diga) a que una de las lenguas de cultura más importantes del mundo será la que se oiga hoy (abrumadoramente) en las barras de bar de toda España a la hora de la final de la Eurocopa. Otra cosa es el ámbito institucional.

Como si la negación de lo evidente anulara la propia existencia de los hechos, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se aferra en esta cuestión (igual que en la crisis económica) a las evasivas como fórmula mágica para amoldar las percepciones de la opinión pública a la realidad virtual de sus intereses y, en consecuencia, desmiente la represión que está sufriendo la lengua común de los españoles en los centros educativos y en los espacios públicos de Galicia, Cataluña, el País Vasco, Baleares e incluso en algunos ámbitos de la Comunidad Valenciana. Ya lo dijo Carlos Martínez Gorriarán con motivo de la presentación del Manifiesto por la Lengua Común que tantas ampollas está levantando en los nacionalismos más miopes: la imposición de las lenguas autonómicas afecta, potencialmente, a 16 millones de ciudadanos, a más de un tercio de los españoles, y el Ejecutivo mira hacia otro lado. De modo que las «víctimas inexistentes» han hablado con ABC de lo que están viviendo (y sufriendo) en el día a día, por mucho que el Gobierno se empeñe en que nada de eso está ocurriendo.

País Vasco
«He matriculado a mis hijos en Francia»
La situación ha llegado a un extremo en el que reivindicar un derecho como el de escolarizar a los hijos en la lengua común se convierte en estigma. Por eso Marta (nombre figurado) prefiere evitar que su verdadera identidad aparezca en este reportaje: «Mi marido se dedica a una profesión liberal y significarse puede llegar a suponernos la ruina». Vive en San Sebastián desde hace siete años y, ante la inminente llegada de la apisonadora del euskera (por decreto) se ha visto abocada a una decisión casi traumática: la de matricular a sus hijos en Francia, en un colegio privado católico de Hendaya: «No estoy feliz con esa salida. Es, simplemente, la única que me han dejado después de la liquidación de los tres modelos que ha habido hasta ahora y que nos permitían optar por la educación en euskera, mixta o en castellano».

Denuncia que los tentáculos de la dictadura lingüística son implacables y atenazan a los ciudadanos sin previo aviso, para desactivar su capacidad de reacción: «El año pasado nos llamó la directora del colegio para comunicarnos que se iban a aumentar las horas de euskera. En plan «medida preventiva», de aplicar la ley incluso antes de que estuviera aprobada. Por anticipado, y a pesar de que se trataba de un centro privado. Los padres quedamos relegados a último eslabón y padecemos la opacidad, la imposición y la incomprensión si nos quejamos». Como Marta tiene tres hijos aún muy pequeños (de siete, cinco y dos años) «la imposición nos toca de lleno, porque pretenden que el euskera sea la única lengua vehicular para 2010». Y someterse es, en su opinión, arriesgar el futuro de sus hijos: «Por motivos de trabajo, familiares u otros nunca sabes dónde vas a terminar. Y educar a los hijos en una lengua con 600.000 hablantes me parece limitarlos de forma inaceptable». Admite que «quizá no es coherente estar reivindicando poder educar a mis hijos en castellano y, finalmente, llevármelos a estudiar en francés. Pero al menos se trata de una lengua romance con difusión internacional». «Lo triste -añade- es que en esta tierra tan hermosa me estén abocando a la convicción de que algún día me tendré que ir. ¿Cómo van a estudiar mis hijos la carrera universitaria en euskera, aunque lo dominen? Porque, no nos engañemos, esa lengua, aquí y tal y como están planteadas las cosas, conlleva un ambiente de adoctrinamiento». Lo argumenta recordando lo que se recoge en el Decreto 175/2007 del Gobierno vasco, el que impone el euskera como lengua vehicular: «Ya en su preámbulo dice que el objetivo es ayudar a los escolares a «comprender y vivir» lo vasco, con las siete provincias del imaginario nacionalista y una visión amputada de la realidad».

Baleares
«Llevamos años con este lastre a cuestas»
Desde Mallorca, Sergio Rodríguez aporta una amplia perspectiva del problema «porque tengo un hijo de veinte años y una niña de meses. Y sé que esto no viene de ahora y que también ha tenido mucha culpa de ello el Partido Popular cuando ha gobernado en Baleares». «Yo soy de Palma, castellanohablante, y mi mujer es vasca. Pero si nadie lo remedia, a la niña no tendremos más remedio que escolarizarla sólo en catalán. Mi hijo mayor ya sufrió el decreto de mínimos que obligaba a impartir un 60 por ciento de las horas lectivas en catalán». «Aquí -explica- los políticos de todos los colores niegan la existencia del problema cuando una directiva obliga a los profesores a no hablar castellano con los padres delante de los niños. De lo que se trata es de que los críos no tengan constancia de que pueden dirigirse al profesor en su lengua materna».
Rodríguez, que trabaja en el sector inmobiliario, explica que «en Baleares la legislación que ha llevado a esta situación procede de las etapas de Gobierno del PP con mayoría absoluta. Aunque es verdad que ahora se han radicalizado las posturas con el último decreto aprobado por el actual gobierno de coalición de los socialistas y los nacionalistas, desde hace años la única opción para educar a tu hijo en castellano han sido colegios privados de 500 ó 600 euros al mes, más transporte. ¡Más caro que lo que me cuesta tener ahora a mi hijo mayor en la Universidad de Navarra! ¿Quién se puede permitir eso?». Este padre indignado evoca su propia etapa de estudiante en Palma de Mallorca «cuando la actual consejera de Educación, Bárbara Galmés, era mi profesora de Lengua y Literatura Castellana en el instituto Juan Alcover». «Lo peor -insiste- es que esto afecta a la gente sin recursos económicos, porque en Baleares la enseñanza pública está controlada por STEI, un sindicato nacionalista que es una especie de LAB de aquí y que ejerce de comisariado político en materia lingüística».

Galicia
«Estamos sometidos al «facer país»»
En su casa de Santa María de Oya, en la provincia de Pontevedra, Chiti Trapero advierte, en su doble condición de madre y de profesora de Educación Infantil, de que la situación no sólo no es mejor en Galicia, sino que se deteriora por momentos: «Soy madre de tres niños de cinco años, tres años y ocho meses -relata-. Vivimos en un pueblo precioso, tenemos el colegio en el que yo trabajo sólo a un kilómetro de casa y en principio la situación es envidiable. Pero como trabajo, quiero llevar a mi hijo a una guardería y en donde vivo sólo existe una Galescola (pagada con los impuestos de todos) en la que atienden a los niños en gallego. De manera que el principio pedagógico de que la escuela gira en torno al niño queda sometido a la directriz política de "facer país". Mi hijo tiene derecho a ser educado en su lengua madre y la administración gallega se lo niega».

Con los mayores también se topa con dificultades: «Mis otros hijos en el colegio aprenderán a leer y a escribir en lengua gallega independientemente de su lengua materna (y lo peor es que yo misma tendré qe enseñarles a leer y a escribir en gallego), y en primaria recibirán en castellano sólo las clases de educacion física y la de alternativa a la religión, además de lengua y literatura castellana, que es la única obligatoria en esta lengua. Pero lo más impresionante es que se legisla alegremente, nos obligan a impartir las clases en gallego pero no hay un seguimiento de la competencia lingüística del profesorado».

Por eso se pregunta: «¿Alguien se imagina que se legislase que las matemáticas y el conocimiento del medio se diesen en inglés y no se supiese si los profesores están realmente capacitados para ello? Yo he cursado gallego desde sexto de primaria hasta la carrera y he realizado el primer ciclo de la escuela de idiomas. Según la administración, tengo una capacitación bastante alta para impartir las clases, ya que hay profesores que han hecho un cursillo de unos meses, simplemente. Pero yo sé que mi capacitación en castellano es muchísimo mejor y, al utilizar otra lengua, mi trabajo pierde calidad ¿Le importa a alguien?».

«Aquí -concluye- estamos padeciendo pretensiones como las de Anxo Quintana, que quería poner a los críos el himno gallego al entrar en clase, o que yo tenga que aceptar ahora que a mi bebé le pongan un mandilón en el que lleva una casita con la bandera gallega, y la mochila igual. Así que, señor Quintana, ya le aviso: la «tunearemos» para que le quede claro que la casita con la bandera gallega está dentro de otra mas grande que se llama España».

«La gran riqueza no es tener muchas lenguas, sino una común»
POR BLANCA TORQUEMADA. MADRID. ABC

Decidido a consolidar la costumbre de recibir a ABC en bata (especialísima deferencia o, cuanto menos, guiño hacia nuestro periódico), Fernando Savater explica las razones y los fundamentos del Manifiesto por la Lengua Común que lleva su sello personal (él es el redactor) y que ha convulsionado la vida nacional. Ese texto firmado por intelectuales de primer orden se resume en la petición de que en los espacios públicos de España se respete el derecho a usar la lengua española. Toda una «provocación».

-Ha puesto usted en órbita un manifiesto que está teniendo enorme repercusión y calado para atajar un problema que lleva ya tiempo enquistado. ¿Por qué ahora?
-Es una preocupación que ya existía pero que últimamente crece porque acuden a nosotros padres de alumnos y estudiantes que te van contando las situaciones que se están viviendo. Y en el partido UPyD, donde ya habíamos asumido esta cuestión como uno de los caballos de batalla, nos encontramos después con la respuesta que obtuvo Rosa Díez cuando la planteó en el Parlamento el día de la investidura, sesión en la que, para nuestra sorpresa, Rajoy no dijo nada del asunto. El hecho es que Zapatero negó el problema y dijo que no había problemas ni en la educación ni en las relaciones con la Administración por este asunto. Luego, en otra intervención de Rosa en el Congreso se registraron una serie de rebuznos en la bancada socialista que ahondaron mi preocupación, porque quedó claro que el Gobierno no sólo no iba a hacer nada sino que además estaba dispuesto a convertir en choteo lo que eran unas denuncias reales. Así que había que dar forma a lo que hasta ahora sólo era un pataleo, una denuncia, una anécdota... Dar una respuesta coherente que además explicara que lo que el manifiesto plantea no tiene nada que ver con el castellano, que es una lengua potentísima y cuyo futuro está garantizado. Tiene que ver con los derechos de los ciudadanos y con el gran bien que es para una democracia tener una lengua común. Y más aún si esa lengua común es una de las más habladas del mundo. Eso de que «cuantas más lenguas más riqueza», no es así. En política la verdadera riqueza es tener una lengua común.

-Pero el texto ha sido interpretado por determinados sectores (no sólo nacionalistas) como un ataque a las lenguas autonómicas...
-El texto, por supuesto, no trata de atacar ni de minusvalorar a las demás lenguas, sino de explicar la especificidad del castellano y su asimetría como lengua común, y por supuesto, defiende los intereses de los castellanohablantes. Y aunque lo que dice el manifiesto es bastante obvio, lo dice de una manera ordenada.

-¿Es usted su único autor?
-Lo he redactado yo, aunque luego ha habido personas que me han indicado que cambiase alguna palabra, algún aspecto de la redacción que quedaba un poco ambiguo... Pero lo importante es que ahí está y se puede discutir sobre él.

-Y vaya si se discute. Lo han calificado de racista, xenófobo...
-Pues eso es lo bueno, porque no es admisible que un señor te diga «eso es xenófobo», o «es un ataque a las lenguas» si no especifica qué frase, qué expresión o qué punto las minusvalora o a quién se le quita el más mínimo derecho de los que se les reconocen a las otras lenguas oficiales. No cabe hacer juicios de intenciones, sino leerlo, porque, además, está argumentado de una forma más completa y más coherente de lo que se suele hacer en estos casos.

-Pero UPyD ya está en las Cortes y puede enarbolar iniciativas parlamentarias. ¿Para qué, entonces?
-Me parecía que aunque los partidos actúen en el Parlamento, como UPyD hasta ahora y como supongo que hará el PP también, este problema afecta a la ciudadanía, así que lo propuse por ver si había un consenso en este sentido. Y me quedé muy sorprendido por la acogida, al comprobar que había no ya los veinte intelectuales de partida, sino muchas otras personas que lo recibían casi con alivio. El planteamiento inicial fue buscar figuras de talla intelectual, y yo contaba con conseguir unas diez o doce firmas, pero enseguida tuve más, y de primer rango.

-¿Qué firmas le parecen de especial calado?
-Hay gente a la que nunca hasta ahora se la había visto junta en un manifiesto: Antonio López, Cristóbal Halfter, Eduardo Arroyo, Miguel Delibes, Antonio Gamoneda, Arturo Pérez Reverte... No creo que sea habitual ni que figuren juntos como firmantes de un texto. Esas firmas juntas son ya de por sí un hecho histórico.

-Pero todas estas iniciativas que ese están produciendo últimamente, llamémoslas de reparación de la vida nacional, parece que están abocadas a un callejón sin salida si no se implica en ellas el Partido Socialista. Y nada indica que esté por la labor...
_Querría aclarar que el manifiesto no está para que lo firmen los políticos. Algunos se han adherido a él con muy buena voluntad, como Rajoy, pero eso no tiene sentido. ¡Si el texto es una petición a los políticos!

-Quizá el PP ha querido mostrar reflejos y que no se le escape la bandera de esta causa...
-Pero donde tiene que mostrar reflejos es en el Parlamento, donde en otras ocasiones ha propuesto textos muy deficientes en esta materia.

-¿Cómo está viendo el encendido debate que ha generado el manifiesto en la calle?
-Con satisfacción, porque está permitiendo que se pongan de manifiesto cuáles son los planteamientos de los nacionalistas. Cuando consejerías de Cultura de Galicia o de Cataluña nos dicen lo de que «esto es xenófobo», o «es de la extrema derecha» (¡llaman a Delibes extrema derecha!), eso revela el tipo de cosa a la que ellos llaman xenofobia o ataque a Cataluña, u ofensa. No llaman xenofobia al tipo que va con una barra de acero persiguiendo gitanos, sino a lo que les lleva a ellos la contraria y a lo que pone cortapisas a su deseo de imposición y de dominio de esas comunidades. Y eso es importante que se sepa.

-¿No ha pecado quizá este manifiesto de haberse lanzado «por libre», sin contar con la base de trabajo previo que habían realizado plataformas de padres del País Vasco, Galicia o Cataluña para defender el derecho a escolarizar a sus hijos en castellano?
-Ese trabajo no sólo lo hemos recogido, sino que lo hemos apoyado en todo momento. UPyD ha sido el único partido que ha respaldado a esos grupos de padres. Pero el manifiesto es de más alcance.

-Algunos padres temen que ese mayor alcance del manifiesto de alguna manera eclipse sus propias reivindicaciones, que son apremiantes e inmediatas.
_Bueno, claro, quien tenga un hijo de ocho años al que matricular ahora tiene la preocupación de lo que va a pasar con el niño en septiembre. Ahora bien, ése no es el meollo, porque el problema no es sólo educativo. La educación es uno de sus aspectos. Y que se aborde el problema de una forma global no puede ir en perjuicio de la solución de las dificultades particulares. Que el manifiesto plantee soluciones a más largo plazo como puede ser la de la reforma de la Constitución, en último término, no quiere decir que no se tenga que procurar solventar antes esas demandas concretas.

-La ministra de Educación ha dicho que teme que el manifiesto convierta una cuestión lingüística en un problema político, ¿qué opina?
-Pues que precisamente eso es lo que buscamos. Que se convierta en un tema político. La defensa de la lengua común es una prioridad política y queremos que se aborde desde la política, no queremos que sea una cuestión cultural, ni municipal... Y negar el problema es absurdo, es como lo de que no hay crisis económica, o lo que la directiva de retorno europea les va a venir bien a los inmigrantes... El Gobierno, quizá llevado por el entusiasmo de su Ministerio de Igualdad, se cree que somos todos igual de tontos.

-Ahora está el manifiesto en su fase de recogida de firmas y, después, ¿qué se hará con ellas?
-El manifiesto se hace para que la gente tenga una argumentación, una visión de conjunto y también para que pueda presionar a los partidos. Pero ahora son los partidos los que tienen que llevar al Parlamento propuestas e instancias que recojan estas cosas y, si no, ya hay asociaciones que plantean movilizaciones en la calle. Lo que no se puede es decir esto es irremediable, que esto no hay quien lo pare, que dentro de veinte años ya no se hablará castellano en Cataluña... No, mire usted, esta idea de que el proceso nacionalista es irremediable y no hay más remedio que asumirlo es una tontería. Y las tonterías hay que combatirlas con decisión. Lo que no puede ser es que la gente, porque no tenga hijos o porque viva en una comunidad donde no tiene ese problema se desentiendade lo que afecta a sus conciudadanos.

-Si no hay respuesta adecuada de las instituciones españolas, ¿podrían llevar ustedes esta cuestión ante alguna instancia internacional?
-Sí, si así fuera sería prudente empezar a pensar en llevarlo ante organismos internacionales. Lo que pasa, por otra parte, es que el Consejo de Europa tiene unos planteamientos bastante raros sobre estas cosas por un multiculturalismo un poco delirante. Lo digo con contrición, porque siempre he sido europeísta, pero hay que empezar a mirar a Europa con cuidado.

-¿Cabe alguna opción de que el Gobierno socialista llegue a recoger esta reivindicación en defensa de la lengua común?
-Si en un momento dado piensan que el clamor social tiene suficiente peso yo creo que sí, porque es un Gobierno muy pragmático para el que los principios son «a lo Groucho», que los cambian cuando no les gustan, y no tiene mucho más criterio que el ver si una cosa le rinde o no; igual que ahora son pronacionalistas porque les va bien, en otro momento y en un contexto de crisis económica pueden aceptar esto para contentar a la población.

-¿Siempre a golpe de coyuntura?
-Por supuesto. Desgraciadamente, en esta gente hay muy poca solidez.

-O sea, en Zapatero...
-Bueno, en la gente que está ahora al frente del partido y que tiene nula capacidad para solucionar problemas que estén más allá de la punta de su nariz.

polémica campaña
Unos 150 docentes, contra la norma del gallego de la Universidad coruñesa

Firmaron un manifiesto en el que reclaman al rectorado que rectifique una iniciativa que va contra el Estatuto gallego
María Cedrón La Voz 29 Junio 2008

Campaña de promoción del idioma. La Universidade da Coruña envió a las facultades pegatinas como esta para las aulas de las facultades, en las que se promueve el gallego en las clases.

Carteles para alcanzar el objetivo del 30%. La promoción de la docencia en gallego es uno de los objetivos de las campañas de la Universidade da Coruña.

La rebaja de un 4,5% de la carga docente a aquellos profesores de la Universidade da Coruña que dejen de impartir sus clases en castellano para darlas en gallego o inglés ha causado ya las primeras reacciones entre los miembros de la comunidad académica. Un grupo de profesores del campus coruñés han elaborado un manifiesto en el que transmiten al rector, José María Barja, «su desacuerdo» con la iniciativa, y le proponen una rectificación. El documento ha sido avalado ya con la firma de 150 docentes, aunque todavía continúa abierta la recogida de firmas, que no descartan ampliar también a alumnos y al personal administrativo.

Los profesores universitarios piden en el escrito que modifique la iniciativa recogida en el plan de organización docente (POD), «ya que su aplicación supone discriminación con respecto a la otra lengua cooficial de Galicia, tal y como se postula en el artículo cinco del Estatuto de Galicia, apartado cuatro: "Nadie podrá ser discriminado por razón de lengua", y apartado dos: "Los idiomas gallego y castellano son oficiales en Galicia y todos tienen el derecho de conocerlos y usarlos"», explica el documento.

El manifiesto también fue debatido en departamentos como el de Tecnología de la Construcción, en la Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos, donde únicamente tuvo cuatro votos en contra, según explicó uno de los profesores del departamento, Ricardo Juncosa, uno de los defensores de la rectificación de la nueva medida de promoción de los idiomas gallego e inglés que pretende el rectorado.

En este sentido, Juncosa puntualizó que la iniciativa que han avalado ya con sus firmas esos 150 profesores no está en contra de que se den clases en gallego, pero ve discriminatorio que no se premie también el trabajo de los docentes que tienen que hacer continuas actualizaciones de su material docente. «Están creando con el idioma un problema que no hay. ¿Qué les parecería, por ejemplo, que como profesor diera un punto a aquellos alumnos que hagan el examen en gallego?», explica.

Por otra parte, añade, por primera vez este año el software enviado por el rectorado a los profesores para elaborar el POD indica, por defecto, que todas las materias se dan en gallego. «Para cambiarlo hay que cubrir un apartado y muchas veces no se hace porque se pasa por alto. Eso altera luego las estadísticas, que no recogen el uso real del gallego en las aulas».

Otro de los profesores críticos con la medida es José María Domínguez, del departamento de Electrónica e Sistemas. «Son galegofalante, pero pareceume unha falta de respecto a estas alturas que me pediran que enviara unha declaración xurada de que ía dar as clases en galego para poder acollerme a esos beneficios. Dou clases en Náutica e hai xente que ven de Cádiz... A partir de agora vou dar as clases en castelán», explicó.

Memoria histórica para el 36 y amnesia histórica para el 11M.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 29 Junio 2008

Este país puede y lo hace, puede promover todo un sistema legal que posibilite la memoria histórica de lo ocurrido durante la Guerra Civil y el franquismo y simultáneamente promueve con todo el vigor del que es capaz la amnesia histórica de lo ocurrido en el atentado del 11M. Respecto al 36 ya han decretado quien fue el cerebro, quien lo organizó, quien lo financió, quien lo planificó, quien lo puso en marcha, que motivaciones tuvo, quien lo dirigió y sobre eso no se admiten discusiones aunque hayan opiniones disonantes respecto a la tesis oficial. Pero es que en el 11M quieren que olvidemos y pasemos la página de la historia en la que figuran los atentados sin saber, porque así lo estableció la sentencia quienes planificaron los atentados, no conocemos quienes lo financiaron, ni quienes lo pusieron en marcha, quienes fueron los autores intelectuales, quienes en fin fueron los cerebros responsables finales del asesinato de casi 200 personas y de dejar heridas a muchos cientos más.

En este país querer saber lo que ocurrió tal día como por ejemplo el 30 de abril de 1938 en un pueblo determinado es algo meritorio y digno de recibir las ayudas económicas y de otro tipo que se precisen para la labor, pero querer saber lo que realmente ocurrió en el atentado del 11M convierte a quien lo dice en crispador conspiranóico enfebrecido y rayano en lo atrabiliario amen de miembro de los oscuros sótanos de la extrema derecha ultra, siendo políticamente perseguido con saña y estigmatizado con todos los estigmas disponibles en el catalogo oficial de estigmas que tienen a su disposición los progres que estigmatizan.

El resultado de la sentencia sobre los atentados del 11M obliga a las autoridades, policiales y judiciales a seguir investigando para averiguar quieres fueron los cerebros del 11M y llevarlos a juicio, pero yo me pregunto, ¿alguien ha leído al menos una, solo una noticia que hable sobre como van esas investigaciones?, yo no se nada de que esa labor se esté haciendo, no se nada sobre lo que está haciendo el juez de instrucción del caso que teóricamente debe andar buscando a los cerebros criminales del 11M, no se nada de que Rubalcaba esté haciendo algo al respecto, no se nada de que nadie haga nada para dar con ellos.

Y esa inacción es resultado de la postura oficial, oficiosa y de obligado cumplimento que a su vez es resultante de las palabras de Zapatero en la comisión sobre el 11M en el Congreso donde declaró que se sabía todo, absolutamente todo sobre el 11M, lo que a más de uno nos lleva a preguntarnos que si Zapatero sabía en aquellas fechas todo lo que había que saber seguramente debe saber quienes fueron los cerebros que estará buscando el juez de instrucción y que debería informarle de sus conocimientos.

La capacidad del 11M de alterar a la progresía socialista tanto política como mediática produciéndoles estallidos incontenibles de rabia cósmica, es de tal envergadura que basta que la señora Cospedal, a la que tanto alababan tras su nombramiento diga que el PP quiere saber lo que pasó el 11M para que le cuelguen el peor de los calificativos que tienen disponible en su arsenal de etiquetas infamantes a esta miembra del nuevo PP centrado no crispador, constructivo y visitador asiduo de los micrófonos de la SER y los platós de la Cuatro y es que la tal Cospedal se ha convertido en un mero trasunto de Acebes y Zaplana, ahí es nada.

Muy malicioso debo ser yo para andar elucubrando sobre que día de esta próxima semana, tras la victoria propiciada por Zapatero y la poderosa Cuatro en fútbol, Rajoy o Gallardón o alguien de nivel del PP haga que Cospedal rectifique y que diga que donde dijo que el PP quiere saber la verdad sobre el 11M lo que quiso decir es que el PP quiere que se sepa que la verdad sobre el 11M ya se sabe.

NOVEDAD EDITORIAL
REPÚBLICA NACIONAL ESPAÑOLA

Municiones para la resistencia
pnr@tercerarepublica.org  29 Junio 2008

Como realidad política, España plantea una peculiaridad única en relación al resto de países de su entorno: el cuestionamiento permanente de su existencia nacional por una serie de partidos de ámbito regional, que aspiran a constituir sus propias estructuras estatales.

Quien se adentre en la lectura de esta colección de textos tendrá la oportunidad de comprobar que en España, durante los últimos años, se ha elaborado un discurso nacional irreverente y descarado; podrá percatarse del potencial arrollador que irradian estos escritos.

Con todo, no se equivocará quien llegue a comprender que su principal valor reside en ser materiales de un orden perteneciente a una nueva legitimidad. Pero nada se hace valer si no se presenta en sociedad como un desafío.

JUAN COLOMAR nació en Palma de Mallorca, cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Barcelona, ciudad en la que ejerció durante varios años como abogado, y actualmente trabaja en Valladolid como Técnico Superior de la Comunidad de Castilla y León.
En la década de los sesenta ingresó en el Front Obrer de Catalunya, rama catalana del Frente de Liberación Popular. Tras su expulsión toma parte en la reunión constitutiva de la Liga Comunista Revolucionaria, militando en las filas del trotskysmo hasta que se cuestiona el carácter científico de la ideología marxista. Colabora entonces con diversos grupos empeñados en la propagación de un europeismo alternativo al oficial. En 1996 participa en la constitución del Partido Nacional Republicano, integrándose desde esa fecha en su dirección.

REPÚBLICA NACIONAL ESPAÑOLA
Municiones para la resistencia
Autor: Juan Colomar

Prólogo de: Javier Al Shalal
Formato: 15 x 21 ctm.
132 páginas.
Ediciones Barbarroja, Madrid, 2008
Colección DisidenciaS
Cubierta impresa a color, plastificada y brillo.
Precio: 10,00 € (gastos de envío por unidad 2 €)

INFORMACIÓN Y PEDIDO
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Apartado Correos 4096 – 47080 Valladolid
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El PP no garantiza el castellano en sus feudos
• Los populares han suscrito un manifiesto por el español que incumplen en Valencia
• Fraga y Matas aplicaron cuotas de gallego y catalán cuando gobernaron
JOSE RICO  EL PERIÓDICO  29 Junio 2008

Si Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana --una de las entidades más beligerantes a favor del derecho a estudiar en castellano en Catalunya--, quisiera que su hijo recibiera todas las clases en español, su gozo no obtendría recompensa. Pero ni en Catalunya ni en cualquier otra comunidad autónoma que tenga una segunda lengua cooficial. Es decir, tampoco lo conseguiría en el País Vasco, Galicia, Baleares o la Comunidad Valenciana.

Concretamente en estas tres últimas autonomías se da una interesante circunstancia. El empleo del gallego y el catalán (o valenciano) como lengua vehicular de la enseñanza no universitaria ha sido promulgado o fortalecido por gobiernos del PP, partido que ahora ha suscrito el manifiesto promovido por UPD en defensa de la preeminencia del castellano al ser la "lengua común".

LEYES Y DECRETOS
"Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva", señala el manifiesto. En cambio, las respectivas leyes y los numerosos decretos implantados en las comunidades gallega, balear y valenciana repiten sin excepción que sus idiomas autóctonos son los vehículos de comunicación en las aulas, estableciendo en todos los casos cuotas e, incluso, una serie de asignaturas que deben impartirse en dichas lenguas.

El caso más paradigmático es el de la Comunidad Valenciana, donde el PP ha impulsado hasta tres programas educativos distintos, pero todos con una importante presencia del valenciano en las aulas. Además, el Ejecutivo de Francisco Camps --quien explicitó su apoyo al manifiesto por el español-- presume de las cifras de escolarización en valenciano, cuya tendencia al alza es constante desde hace 25 años.

MITAD Y MITAD
En Baleares y Galicia no gobierna actualmente el PP. Pero cuando Jaume Matas y Manuel Fraga eran sus respectivos presidentes, se responsabilizaron, a través de sendos decretos, de que hoy por hoy los estudiantes de esas comunidades reciban al menos la mitad de las clases en sus lenguas autonómicas, concretando también las materias que se cursarán en catalán o en gallego.

Un hecho que chirría al lado de una premisa del manifiesto de UPD según la cual "las lenguas cooficiales no tienen el derecho a imponerse como prioritarias en la educación en detrimento del castellano".

La mitad del temario está en gallego por decisión de Fraga
ANTONIO SANGIAO  EL PERIÓDICO  29 Junio 2008

La primera ley de normalización lingüística de Galicia, que data de 1983, establecía objetivos genéricos orientados a "promover el uso progresivo del gallego en la enseñanza". Entre las medidas que adoptaba para ello figuraban cuestiones como "la obligatoriedad de estudiar gallego en todos los niveles educativos no universitarios" y el derecho de los niños de recibir "su primera enseñanza en gallego" si esta era su lengua materna. Sin embargo, no fijaba ninguna asignatura obligatoria en gallego, fuera de las lógicas de lengua y literatura gallega. Aunque el gallego fue instalándose poco a poco gracias al empuje de un sector del profesorado, la mayoría de los centros optaban por el castellano como lengua vehicular mayoritaria, sobre todo en las ciudades.

ASIGNATURA OBLIGATORIA
Unos 20 años después, el Gobierno de Manuel Fraga remodeló esta norma para hacerla más específica respecto del uso del gallego. Ahora, al menos el 50% de las clases en la enseñanza obligatoria deben impartirse en gallego, siendo además obligatorio utilizar esta lengua en las asignaturas de conocimiento del medio natural, social y cultural, lengua y literatura gallega y alguna materia troncal.

La llegada del Gobierno bipartito PSOE-BNG vino acompañada de un decreto por el que se regulaban las materias a impartir en gallego. En primaria, matemáticas, conocimiento del medio y la nueva asignatura de educación para a ciudadanía. En secundaria, ciencias de la naturaleza; biología y geología; física y química; ciencias sociales; geografía e historia; matemáticas y educación para la ciudadanía. Para el bachillerato no se fijan asignaturas concretas y solo se especifica que la mitad de la enseñanza será en gallego.

Pese que la ley general se aprobó hace cuatro años y el decreto que la desarrolla lleva un año de implantación, las asociaciones de defensa del gallego denuncian que esta normativa no se está cumpliendo, y que la presencia del castellano en la educación es muy superior a la del gallego. En el otro lado de la balanza han surgido colectivos que se muestran contrarios al decreto porque impone un porcentaje de uso del gallego y defienden el derecho de los padres a elegir la lengua en la que quieren que estudien sus hijos. Reclaman especialmente que los alumnos que así lo deseen puedan estudiar íntegramente en castellano.

Y es que el decreto de educación que establece el 50% de las materias en gallego afecta sin excepción a los 189.383 alumnos de infantil, primaria y educación especial y a los 139.766 alumnos de secundaria y bachillerato.
Del decreto de mínimos en catalán a la enseñanza trilingüe
CATALINA GAYÀ EL PERIÓDICO  29 Junio 2008

Todavía con resaca lingüística tras la polémica con Air Berlin, son ahora los maestros los que han salido a defender un modelo educativo que empezó a avanzar hacia la normalización del uso del catalán en las aulas en 1986, con la aprobación de la ley de normalización lingüística durante el Gobierno del popular Gabriel Cañellas.

Es contradictorio, afirman los docentes y técnicos consultados, que el PP balear se adhiera a dicho manifiesto cuando durante las legislaturas en las que gobernó las islas apostó --primero tímidamente, en ocasiones de manera más ambiciosa y hasta con etapas de retroceso en la última legislatura de Jaume Matas-- por el uso del catalán como lengua vehicular de aprendizaje en escuelas e institutos públicos.

El artículo 22 la ley de normalización lingüística dispone que el Govern debe "hacer realidad el empleo normal del catalán como vehículo usual en la enseñanza". Pero no fue hasta 1997 cuando Matas aprobó un decreto de mínimos que dictaba que el número de horas de catalán debía ser "como mínimo igual" al de castellano. Con esta premisa, cada centro podía plantear un proyecto lingüístico propio y poner los medios en caso de que un padre o tutor de un alumno pidiera individualmente que su hijo fuera atendido en castellano.

BILINGÜISMO INTEGRAL

El jefe de servicios de enseñanza en catalán del Govern balear, Felip Munar, explica que "cuando hay casos de este tipo en Educación Infantil, los centros hacen todo lo posible para atender al alumno en español, pero cuando llega a Primaria debe saber catalán". En la práctica, ha habido muy pocos casos de padres que hayan pedido que se impartan las materias en castellano. "En las aulas impera un bilingüismo integral", asegura Munar.

En el 2003, Matas aprobó un nuevo decreto, conocido como el del trilingüismo, que permitía distribuir las horas lectivas a partes iguales entre catalán, castellano y una lengua extranjera. Los centros podían impartir hasta un tercio del programa en catalán, otro en castellano y un tercero en lengua extranjera.

El actual Govern de Francesc Antich ha aprobado un nuevo decreto, que se aplicará el próximo curso, que deroga el trilingüismo, puesto que colisiona con el decreto de mínimos. Los datos dados a conocer por el Govern son contundentes. El 90% de los centros públicos de Infantil y Primaria y un 68% de los de Secundaria imparten más de la mitad de las asignaturas en catalán. Lo mismo sucede en un 65% de los institutos concertados de Infantil y Primaria y en un 50% de los centros de Secundaria.

Dos sistemas de inmersión ante la creciente demanda de valenciano
MARIA JOSEP SERRA El Periódico  29 Junio 2008

La ley de uso y enseñanza del valenciano cumplirá en breve sus 25 años de vida. Los alumnos están obligados a utilizar el valenciano y el castellano al finalizar la escolarización, pero la heterogénea realidad sociolingüística valenciana, con comarcas valenciano-parlantes; otras castellano-parlantes; otras donde se habla pero no se escribe el valenciano; y bastantes zonas donde el valenciano es un idioma absolutamente desconocido, dificultó mucho en el pasado el desarrollo de la norma. No obstante, en los últimos 12 años, siempre con Gobiernos del PP, la enseñanza en valenciano se ha incrementado en un 180%, un dato del que se vanagloria el actual Ejecutivo autonómico de Francisco Camps.

La enseñanza en valenciano es obligatoria en los tres sistemas educativos a los que pueden acogerse los centros, dos de ellos de inmersión lingüística y otro de incorporación progresiva (PIP), en el que la lengua base del aprendizaje es el castellano y en el que el valenciano se va introduciendo paulatinamente hasta llegar a un mínimo de dos áreas no lingüísticas. El PIP es el programa que se aplica en la mayor parte de los centros públicos, en los concertados y en los privados. Pese a que fue diseñado sobre todo para las poblaciones de predominio valenciano, la realidad es muy diferente. De los 733.225 alumnos actuales de infantil, primaria y secundaria, 550.305 estudian bajo esta opción.

VALENCIANO POR ELECCIÓN
Las estadísticas señalan que el 25% del alumnado elige de forma voluntaria el valenciano como opción lingüística. El Programa de Enseñanza en Valenciano (PEV) va dirigido en primaria y secundaria a niños y niñas valenciano-parlantes, y en secundaria, a todos por igual. Se utiliza el valenciano como lengua vehicular para "aumentar la oportunidad de adquirir un dominio formal de la lengua que la sociedad no le facilita", según la conselleria. En este sistema, el castellano se va introduciendo "con un enfoque comunicativo que potencia su aprendizaje".

Finalmente, el Programa de Inmersión Lingüística (PIL) está diseñado para los alumnos castellano-parlantes cuyas familias optan de manera voluntaria por una escuela en valenciano. El inicio escolar esta diseñado en valenciano y el castellano se estudia como área y como "lengua de instrucción", incorporándose a lo largo de la primaria.

En infantil y primaria, 744 centros han impartido clases en valenciano el pasado curso, de un total de 1.726 centros públicos y privados. "Solo el 44% de los colegios y la mayoría públicos" denuncia la FEV, que añade un dato: "Solo hay 31 centros privados y concertados que ofrecen enseñanza en valenciano y están saturados". En secundaria las cifras no son más alentadoras. Solo 54.214 de un total de 305.579 alumnos matriculados este curso han elegido estudiar en valenciano en los 295 centros que lo ofertan de un total de 757.


Nada amenaza al castellano
EDITORIAL EL PERIÓDICO 29 Junio 2008

El Manifiesto por la lengua común, promovido por Fernando Savater y al que se han adherido intelectuales de expresión castellana cuya obra respetamos, ha abierto una caja de Pandora sin nada dentro más que los tópicos y lugares comunes de un conflicto político-lingüístico poco menos que inexistente, al menos en Catalunya. La sensación de que, animados por las mejores intenciones, los firmantes del manifiesto se han prestado a la manipulación política de la derecha intransigente se impone a cualquier otra consideración: ni el castellano está por fortuna en retroceso ni las otras lenguas españolas son una amenaza para nadie. Antes al contrario, la cohesión social prevalece allí donde el castellano comparte el espacio lingüístico con otra lengua, tanto en Euskadi como en Galicia, Baleares, Valencia y Catalunya.

La inmersión lingüística ha cosechado un éxito académico indiscutible y no es un "atropello", como dice el manifiesto. Bien al contrario, ha permitido que los estudiantes terminen el ciclo obligatorio con un conocimiento similar de castellano y catalán, y si se llega a la conclusión de que nuestros jóvenes tienen un dominio deficiente de ambos idiomas, debe achacarse a la debilidad general de nuestro sistema educativo y no a la inmersión. Es más, las pruebas de acceso a la universidad celebradas este mes han arrojado una nota media en el castellano (6,25) superior a la del catalán (5,52).
De acuerdo con la ley

El Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han confirmado que el sistema se atiene a la ley, con independencia de que la Administración debe cumplir determinadas condiciones para garantizar la educación en castellano de los niños cuyos padres así lo desean. Y, desde luego, si este requisito no se cumple, debe ponerse remedio a esta situación que, en cualquier caso, afecta a un número francamente pequeño de familias. Puesto que el bilingüismo es la norma --y EL PERIÓDICO, que se edita simultáneamente en catalán y en castellano es la mejor prueba de ello--, nada justifica que se enquisten en el engranaje educativo aquellos casos concretos que pueden enturbiar la realidad.

La enseñanza y, por extensión, la vida cotidiana en todas partes, no puede regularse desde enfoques politizados tan respetables como reduccionistas. El régimen lingüístico que rige en nuestras aulas debe quedar a criterio de los especialistas en la materia y no de los políticos, porque, en este caso, se da pie a situaciones tan poco ejemplares como el tira y afloja para la implantación de la tercera hora de castellano, pospuesta un año para remansar las aguas de ERC. Pero deducir de lo antedicho que nos hallamos ante "imposiciones abusivas", como dice el manifiesto, es una exageración.

También se antoja exagerado presentar la situación en las comunidades bilingües como la propia de un régimen permanente de imposiciones y sanciones. Seguramente no siempre han tenido los gobernantes catalanes el punto de prudencia y contención deseables, pero de ahí a colegir que se coarta la libertad de los ciudadanos media un abismo que parece que los afectos al manifiesto se han atrevido a cruzar de una sola zancada.
Cambios innecesarios

Es igualmente exagerado reclamar del Parlamento "una normativa legal de rango adecuado" --sin descartar la reforma de la Constitución-- para salvar al castellano de las presuntas amenazas que se ciernen sobre él, como se recoge en el manifiesto. Basta con navegar por el dial radiofónico o dar un repaso a los canales de televisión, basta con entrar en una librería o acercarse a un quiosco de prensa, para darse cuenta de que la conflictividad lingüística es inexistente y la debilidad del castellano, un espantajo para alarmar a personas poco informadas o agitar la política.
En suma, los firmantes del manifiesto transmiten a la sociedad catalana --también a las de las demás comunidades con lengua propia-- que, una vez más, los intelectuales de expresión castellana se desentienden de la suerte del catalán y solo se movilizan para consagrar una situación objetiva de privilegio. Un esfuerzo del todo innecesario porque también en Catalunya se entiende que la cultura castellana --escritores, editoriales, tradiciones, la inmigración de la posguerra-- forma parte de su propia cultura, y rara vez se ha puesto en duda este dato esencial para comprender la urdimbre de la identidad catalana.

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