AGLI

Recortes de Prensa    Lunes 30 Junio 2008

De nuevo hay que decir «basta ya»
ALBERTO GONZÁLEZ TROYANO, escritor y catedrático de Literatura de la Universidad Hispalense ABC 30 Junio 2008

Aunque se haya comentado muchas veces, conviene repetirlo: al desaparecer el franquismo, durante la transición, muchos españoles demócratas consideraron que los partidos nacionalistas, por un cierto afán reparador y de justicia histórica, debían ser compensados por la represión y obligado silencio que, durante años, les impuso la dictadura. Surgió casi de forma instintiva, como una especie de solidaridad entre los que habían compartido un pasado común de lucha y exclusión.
Ese mismo deseo de recuperar y enaltecer se proyectó sobre las lenguas minoritarias de la península que habían sufrido humillaciones y marginación por parte de los que pretendieron, ilusamente, crear un anacrónico nuevo imperio enarbolando la bandera del castellano. Por tratarse de unos valores -los de esas lenguas propias- que estuvieron tan expuestos a la desaparición, merecían convertirse en el mayor bien patrimonial que catalanes, vascos y gallegos debían recobrar y difundir, sin trabas, con la ayuda incluso de los restantes pueblos de España.

Monopolización de las lenguas
En principio, ese fue un planteamiento y una actitud bien acogida y llevada a cabo sin más recelos que el de los nostálgicos del antiguo régimen. Nacía un nuevo clima democrático, en el que los oscuros recuerdos anteriores, facilitaban una grata comprensión hacia los que, dentro del país, cultivaran ideas, culturas y, sobre todo, lenguas diferentes. Pero esa línea se quebró y aunque resulte difícil concretar el momento, cabe pensar que surgieron las primeras fisuras cuando, en las luchas por el poder político, una serie de partidos nacionalistas quisieron añadir a otros legítimos instrumentos de persuasión y clientelismo, la apropiación y monopolización interesada del uso de sus lenguas.

Por su valor simbólico, por su fuerte carga atávica y sentimental, por el lugar que ocupan en la memoria colectiva, las lenguas están expuestas a ser utilizadas como un medio muy mecánico de identificación y autocomplacencia para unos y de separación frente a otros.

Ante la carencia de propuestas sociales y cívicas más creadoras y con mayor capacidad de arrastre, el nacionalismo político encontró en sus lenguas un fácil dispositivo de movilización apasionada de su electorado. A su vez, estas medidas nacionalistas fueron derivando hacia posturas étnicas, que suelen exigir un enemigo exterior para continuar alimentando sus fantasmas.

Se inició entonces, paulatinamente, un proceso que un psicoanalista irónico podría explicar muy bien. Ante la necesidad constitutiva de todo nacionalismo de un enemigo al que culpabilizar, y dado que el franquismo resultaba ya demasiado lejano, se provocó una transferencia, un desplazamiento: el nuevo enemigo sería España y su lengua común. Se alteró incluso, sin pudor, el sentido de la Guerra Civil. Se trataba de volcar el rencor y el resentimiento -que exige la maquinaria étnica- contra unas instituciones -a pesar de ser ya democráticas- a las que había que demonizar para que desempeñaran el papel de culpables de la paralización de unos sueños convertidos en meta imaginaria e idealizada por los políticos nacionalistas.

Cabezas de turco de sus delirios
Pero lo más triste de esta triste historia es la función a la que han sometido a sus propias lenguas -y, consecuentemente, a la lengua común- convertidas en cabezas de turco de sus delirios. Unos valiosos instrumentos de comunicación y gozo han pasado a ser medios para excluir y, lo que es aún peor, para ascender en la escala laboral y social, cuando otros méritos no lo posibilitaban. Una perversa finalidad que, precisamente, recuerda la vergonzosa utilización franquista del reparto lingüístico de premios y humillaciones. Este solo recuerdo debía haber sido suficiente para que los sufridores y víctimas del pasado -muchos de ellos ahora en el poder- no consintieran esta nueva manipulación de unos objetos hechos para la solidaridad y no para relegar a unos frente a otros.

El clima de concordia que en los momentos de transición pudo darse, parece, pues, perdido. La voracidad política nacionalista ha comprobado que nada le resulta más rentable que el convertir la lengua en un dominio propio y exclusivo con el que discriminar o retribuir.

Por ello, y porque el poder político, representante de toda la nación, no toma las iniciativas necesarias y convincentes para conjurar los peligros que se ciernen sobre la tolerancia y la solidaridad entre todos los españoles, no puede ser menos que bien acogida la iniciativa cívica de hacer llegar a la opinión pública el reciente Manifiesto por la Lengua Común. Sólo queda esperar que estas reflexiones encuentren en la calle y en las instituciones el eco necesario.

El fascismo de lenguas
ALBERTO SOTILLO ABC 30 Junio 2008

En teoría, España tiene el mismo número de votos que Polonia en la Unión Europea y, si Turquía ingresase en el club, ésta exigiría tener doble de peso que nuestro país. «Pero España siempre va a dar por entendido que su influencia es mucho mayor que la de Polonia o Turquía», me insistía un diplomático en Bruselas. ¿Por qué? «Por la lengua. Si estamos obligados a sacar pecho, es por nuestra lengua». Algo parecido debió de pensar Mitterand cuando afirmó que, si la UE desaparecía, sólo sobrevivirían España y el Reino Unido. La nación francesa no podría sobrevivir en un mundo globalizado... porque su lengua no tiene el poder del español.

Nuestra lengua vale por miles de ministerios. Es el instrumento más eficaz de política e influencia exterior. Y es, además, una de nuestras principales fuentes de recursos. Arabia Saudí tiene petróleo. España tiene su lengua. Si perdiera salud el castellano, la merma no sólo sería espiritual, sino material. Seríamos más pobres e inanes, estaríamos más aislados, más limitados para hacer negocio en el mundo. Y haríamos más pobres, más limitados y aislados a Iberoamérica y al mundo hispanohablante.

Por eso no se entiende que nuestro petróleo hispano sea tratado con tanto desprecio en la propia España. El odio, la agresión o el miedo a una lengua -a cualquiera- es propio de sistemas totalitarios. Hubo un tiempo en el que se predicaba el odio totalitario al catalán y el euskera. Pero nadie se engañaba sobre la naturaleza de aquel régimen. Ahora se siembra el rencor contra el castellano y, encima, se hace desde una conciencia de bien pensante progresismo debidamente combinado con el lamento de quien se siente víctima de una conjura de siglos. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Esa mala leche lingüística que tanto prolifera es un peligroso venero del totalitarismo. No imagino a Verdaguer ni a Maragall (Joan, el poeta) alentando -por mala leche- que en Cataluña se hable antes inglés que castellano. Su lengua no era un arma para dividir, sino para buscar belleza y entendimiento. Igual lo que se necesita es un buen estudio de textos de Verdaguer, Maragall o Espriú.

Lenguas fieramente humanas*
FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR, EL NOTICIERO DE LAS IDEAS 30 Junio 2008

En la madrugada del último catorce de mayo el guardia civil Juan Manuel Piñuel era asesinado por ETA en una localidad alavesa, cercana a Vitoria, de nombre desconocido incluso para aquellas generaciones de españoles que habían ejercido su memoria en un bachiller enciclopédico de geografía e historia nacionales. Desde el primer momento, el topónimo Legutiano copó todos los titulares de los periódicos y sólo pasado un tiempo, unos pocos medios rompían la muralla infranqueable del misterio aportando, entre líneas, la vieja denominación de Villarreal de Alava. Entonces algunos ciudadanos avisados recordaron que desde la Transición política de 1977 los poderes locales y el nacionalismo asfixiante venían dedicándose a mutilar la historia y corromper la geografía siempre con la excusa de la búsqueda de raíces y la afirmación de purezas. Una de las primeras víctimas del deseo nacionalista de enterrar la historia del País Vasco fue el municipio de Villarreal de Alava, al que en 1980, de un plumazo, se le cambió el revelador nombre, utilizado durante seis siglos y medio, por el del topónimo latino vasquizado de Legutiano.

La villa de Villarreal de Alava había sido fundada en 1333 por el rey de Castilla Alfonso XI y, dada su estratégica ubicación, fue escenario de diversos enfrentamientos bélicos tanto en la segunda guerra carlista como en la guerra civil. A pesar de que los nacionalistas vascos siempre han pretendido convertir sus derrotas en victorias, el nombre de Villarreal no les debía resultar cómodo. En diciembre de 1936, el ejército vasco, alentado personalmente por el Lehendakari Aguirre, fracasó en su intento de ocupar Villarreal y avanzar desde allí hacia Vitoria y Miranda de Ebro como forma de aliviar la ofensiva de las tropas franquistas contra Madrid. Allí,el vanidoso Aguirre se ganaría el grotesco apelativo de Napoleonchu con el que la derecha vizcaína celebró el desastre de la operación.

Un fantasma recorre España
Rectificar lo tradicional por lo racional fue la consigna y el proyecto de Azaña con la llegada de la República en 1931.Curiosamente, los tradicionalistas del siglo XXI, travestidos de progresistas, desean hacer lo contrario: cambiarlo racional por lo tradicional. Que el mensaje venga de los nacionalistas y los regionalistas se comprende porque proceden del fondo más rancio del tradicionalismo de toda la vida. Lo que no se entiende es que la izquierda se tome en serio que la modernidad política y cultural pase por satisfacer aspiraciones parecidas a las que tenían los carlistas de hace siglo y medio. Lo que no se entiende es que la modernidad consista en devolver España al Antiguo Régimen, con sus valores, usos y costumbres, rebosantes de salud, bendecidos por los curas domésticos y los caciques locales.

“Hijo, resiste como resistieron los guanches hasta la muerte”. De esta manera infundía ánimos a un concursante canario de Operación Triunfo, amenazado de expulsión, su belicosa madre. La frase, como las canciones que escuchaba Antonio Machado en los labios niños, lleva la historia confusa y clara la pena. Es un eco del rumor poderoso que hoy halla el regionalismo en la educación sentimental de los españoles. Ser canario y guanche, vasco y carlista o nacionalista, catalán y segador o catalanista, gallego e irmandiño o bloqueiro…se ha convertido en una determinación, en una obligación ante la historia de modo que no hay acontecimiento que no se trasforme en una representación melancólica de Wifredos y banderas, bien sea el evento un partido de fútbol, una manifestación contra la reforma universitaria, una protesta contra la guerra o un programa de televisión.

¡Qué drama el de España! Ver siempre frustrada la nación liberal por los integrismos tradicionalistas de toda filiación política y, por supuesto, ver cómo nuestras desdichas se tejen en el telar de las falsas y pintorescas ilusiones de un tiempo imposible. Hace ya muchos años que en sus “Meditaciones del Quijote” Ortega se decía: “ ¿ No es cruel sarcasmo que luego de tres siglos y medio de descarriado vagar, se nos proponga seguir en la tradición nacional? ¡La tradición! La realidad tradicional en España ha consistido en el aniquilamiento progresivo de la posibilidad de España.” Las palabras del filósofo no han envejecido, las actuaciones de los gobiernos autonómicos de uno u otro color no han permitido que envejezcan.

Lo regional, como en el siglo XIX lo nacional, pasa por la historia que no retrocede ante la leyenda, la trivialidad o el error, con tal de que éstos vayan unidos a una representación concreta del pasado. Todo es cuestión de imágenes, de tradiciones propias y genuinas, desde celebraciones festivas a rememoraciones de batallas, viajando por el estómago y la gastronomía. Los historiadores, atrapados en la diagonal que va de la biblioteca al caserío, han inventado el mito y desenterrado antepasados tanto en los conquistados como en los conquistadores. Los poetas, desde la melancólica elegancia de Manuel Machado y su “yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron/ soy de la raza mora, vieja amiga del sol” al huracanado viento de Miguel Hernández “asturianos de braveza/ vascos de piedra blindada…” se han llenado la voz cantándolo. Y los políticos, siguiendo una tradición localista que tal vez comienza en 1808 con el labrador Andrés Torrejón, el alcalde de Móstoles y su imponente declaración de guerra a Napoleón, han sabido tejer en nuestra democracia televisada ese haz de relatos y aleluyas.

La primacía de la sangre, que ridiculizaba Cadalso en el siglo XVIII y que todavía llenaba de nostalgias a la nobleza de postín en los tiempos de Franco, ha sido sustituida desde el Estado de las Autonomías por una suerte de linaje territorial que es el único prêt á porter que los políticos han podido vender al pueblo. La exaltación del terruño, la extraña amalgama de consanguinidad y territorialidad, que viene de “la tierra y los muertos” del ultranacionalista, antidemócrata y antisemita Maurras y se reproduce en el RH negativo de los dirigentes vasquistas, ha cortado la vida de los ciudadanos a la medida de sus regiones, de modo que la primera pregunta que surge entre dos españoles que acaban de conocerse, y que resulta absurda a los ojos de un francés, es si el otro es gallego, o vasco, o catalán, o aragonés, qué guerra perdieron o ganaron y si han “normalizado” ya la lengua de los ancestros.

Oscurecida la idea de España como nación, reacios a identificarse en una historia común, los españoles y sus políticos han inventado una manera de comulgar más atractiva que la de las religiones o las ideologías: la exaltación regional, la resonancia folklórica de un designio descentralizador que desborda los grises fines de la pura reflexión administrativa. Hay en todo ello un anarquismo centrífugo y consumista que se mueve entre la plaza del pueblo, El Corte Inglés y la televisión. Lo que pasa más allá de estos tres casquetes polares del hogar interesa a poquísimos, de ahí que los telediarios dediquen cada vez más espacio a trasmitir las noticias de la aldea o a difundir las opiniones de expertos en ferias, gastronomía, deporte y danzas populares. Los jóvenes de antes soñaban con viajar en el submarino amarillo de los Beatles o vivir elegantemente en la desesperación, a lo Baudelaire o Rimbaud en aquel París bohemio e imposible de Montmartre. Los de ahora, perdidos en el bucle melancólico que han modelado los nacionalismos de siempre y los regionalismos del Estado de las Autonomías, no saben quién es Baltasar Gracián ni Baudelaire; están en casa atrapados en el cepo de Internet; y ya no sueñan sino con lo verde que un día llegó a ser su valle.

El opio de los pueblos que hoy se expande entre los españoles –lo decía con espíritu y tono proféticos Rafael Sanchez Ferlosio en El País de 1978- no es sino el narcisismo alternativo que el poder central fabricó cuando se dio cuenta de la inutilidad política del narcisismo nacional. El “ España y yo somos así, señora” , el joseantoniano “ser español es una de las pocas cosas serias que se pueden ser en el mundo”, el gol de Zarra contra Inglaterra en el mundial de Brasil… son manifestaciones de un narcisismo que había dejado de vender. Al percatarse de ello, Adolfo Suárez pensó que había que recomponer todo el juego de espejos rotos y producir reflejos diferentes para seguir manteniendo al pueblo encandilado con alguna identidad. De los vetustos baúles centralistas, el gestor de la Transición, en funciones de ama de llaves del añejo solar hispano, fue amorosamente rescatando los viejos trajes regionales, el de baturro, el de charro, el de flamenco, el de payés. Mira por donde ha ido a ser en los atuendos regionales donde se ha plasmado el nuevo traje del emperador que caminaba desnudo.

Hace unos años contrariado por la complacencia e incluso la satisfacción con que la opinión pública asistía a la sacralización del terruño y la aldea, Julio Caro Baroja escribía:

Parece que la gente con el autonomismo siente una mayor impresión de libertad. Hablan de las libertades forales, de las leyes de cada reino antes de la Nueva Planta impuesta por Felipe V… Sí, en efecto, con todas esas leyes en Navarra, en Aragón, en Cataluña serían muy libres, pero en las cosas fundamentales desde el Renacimiento, que son la libertad de conciencia del hombre, la de expresión, la de elección…, no sólo no lo eran sino que vivieron cientos de años con la Inquisición y no les importó. Así pues, este foralismo y las clamadas libertades colectivas no comportaban las libertades que quiere y necesita el hombre de hoy, las individuales.

El triunfo de la servidumbre
Pensábamos que la sugestión folklórica de las autonomías iba a ceder a medida que los españoles se curaban el sarampión anticentralista fruto de la paranoia uniformadora del franquismo. Sin embargo, no ha sido así. El fetichismo de la identidad y la autenticidad, la neurosis de primitivismo y la rebusca de la diferencia han hecho crecer la marea regionalista hasta tal punto que amenaza con anegar todo principio de racionalidad política. Gobiernos locales de izquierdas y derechas han descubierto en el regionalismo un anzuelo barato que lanzar a los ríos electorales, e inmunes al ridículo han montado orgullosos los carnavales y bailes de disfraces de sus reinos de taifas, a los que se ha pretendido dotar de conciencia histórica.

“La posteridad no podrá creer que, después de que ya se hubiera hecho la luz, hayamos tenido que vivir de nuevo en medio de tan densa oscuridad.” La frase es de Sebastián Castellio, aquel humanista que protestó ante Calvino por la ejecución de Servet, pero resume a la perfección lo que, a caballo del nacionalismo étnico y los regionalismos ha ocurrido en España donde a la dictadura de un general le ha sucedido la tiranía de la barretina o la muñeira. Frente a la triste situación del régimen anterior, en la que lo cultural era esgrimido para justificar toda una gama de propuestas que iban de lo anacrónico a lo estrambótico, el concepto, en manos de los nacionalistas y sus imitadores, no ha sido aún recuperado para la lucidez y el bienestar intelectual, que en el siglo XXI aparecen connotados con sinónimos como toma de conciencia avanzada, contraste de ideas, integración de comunicación social y ausencia de particularismos.

Error de la Transición de Suárez, que luego nadie pondría empeño en reparar, fue entregar a las Comunidades Autónomas la palanca ideológica de la historia, renunciando el Estado al principal instrumento de nacionalización del imaginario y formación de ciudadanos. La indigencia del pensamiento político español de esos años, en torno al hecho nacional, tendría graves consecuencias pues se regaló el pasado a las Autonomías y éstas se lo quedaron. En manos regionales, un sistema educativo aparentemente neutro dejó de hacer ciudadanos españoles para hacer catalanes, vascos, andaluces, valencianos, gallegos … pero en ocasiones, a costa de convertir en antagónicas dichas identidades. Y siempre con la ayuda de una gigantesca manipulación de los libros de texto, a mayor gloria de la Consejería de Educación, encargada de supervisarlos. Los nacionalismos a pesar de su esencialismo tuvieron muy claro desde siempre que sus naciones no podían darse por sentado sino que habían que construirse. Recuérdense los constantes llamamientos de Jordi Pujol a “hacer Cataluña” o los de Arzalluz “primero hacer pueblo, luego la independencia”.

Se nos pasó la juventud y los años corriendo delante de los grises, imaginando una tierra sin mordazas ni ejecuciones sumarias. Con la muerte de Franco y la Transición ganábamos la libertad y heredábamos la burocracia criminal de ETA y todos los prejuicios identitarios del nacionalismo, dispuesto a acabar con la nación constitucional y a reavivar los renglones más tribales e inhumanos del siglo XX. Resulta desolador pensar que cuando por vez primera en siglos nos ha sido posible disfrutar de un sistema de libertades basado en la igualdad jurídica y en la ciudadanía es cuando más nos hemos volcado en la vindicación de lo primitivo, en la exaltación de un estado de naturaleza en el que se es lo que se es de nacimiento y para siempre, por pertenencia étnica y lingüística, por una especie de pureza ancestral siempre agraviada y, sin embargo, intacta, originada en un tiempo anterior a la historia. Nada más triste que tener que aguantarlos esfuerzos por recuperar todo aquello que creíamos enterrado en el sepulcro del Cid: la pureza de sangre, raza, lengua y territorio, la superchería de las peculiaridades y los caracteres socioculturales privativos, la posibilidad de trazar fronteras entre españoles, de diferenciarnos según procedencia regional, de obligarnos a lealtades místicas, de inaugurar un régimen de servilismo, esta vez a supuestas identidades telúricas, cuando nos habíamos librado de otras servidumbres.

A finales del siglo XIX escribió Juan Valera: “ A veces por defender la patria, hemos defendido el fanatismo”. En 1937 Manuel Azaña anotó en su diario: “Viviremos o nos enterrarán persuadidos de que nada de esto era lo que había de hacer”. Escribían, Valera y Azaña, desde desilusiones y tiempos separados. El primero escribía tras el colapso de esperanzas que se vivió en la Restauración; el segundo, desatada la barbarie unánime de la guerra civil, con la sospecha de que la sociedad española tal vez no estaba preparada para una trasformación como la intentada por su generación. Equivocadas o no, lo cierto es que en las palabras de ambos temblaba, de fondo, una preocupación en carne viva: que sin escrúpulo ético no existe política ni justicia dignas de tal nombre, que hay una última fibra donde reside el latido de la vida moral que no se puede sacrificar ni a la Patria, ni a la República, ni a la Revolución y esa fibra, esa última frontera, la componen la libertad y los derechos de la persona, la persona concreta, real, la persona con cara y ojos y frente y lengua.

Mientras al gobierno se le llena la boca proclamando su cruzada de defensa de las libertades, éstas se asfixian en las disposiciones de algunas comunidades autónomas que vulneran los derechos individuales cuando despliegan su vocación intervencionista para modelar la sociedad (también le llaman pueblo), eliminar las diferencias y, al mismo tiempo, las disidencias y construir su nación. Lamentablemente, durante los últimos años la debilidad del Estado ha dejado indefensos a millones de ciudadanos, residentes en Cataluña, País Vasco, Galicia, Baleares y Valencia permitiendo a sus autoridades regionales exhibir como “normalización” lingüística lo que, en realidad, es un deseo de homogeneización contraria al pluralismo social. El término contiene un elemento coactivo evidente: describe un proceso forzoso de planificación cultural implacable que moldea la realidad simulando querer dotarla de normalidad, pero reconociendo la inexistencia de esa misma normalidad en el conjunto de la sociedad, a la que se pueden aplicarlas acciones punitivas y reglamentarias de la administración.

Los nacionalismos lingüísticos, cuyo idioma “nacional” es minoritario en los límites de lo que ellos consideran su propia nación recurren a una especie de interpretación justiciera de la historia: la lengua de la nación y, consiguientemente, la extensión de la nación misma, es la antigua lengua perdida. Interpretación singular, a modo de consigna, que, como recuerda Tomás Pérez Vejo, da origen a afirmaciones tan pintorescas como la de un manifiesto del PNV de 1992: “ No entendemos al vasco que no ama su lengua, aun cuando la haya perdido”. Quizás la psiquiatría ofrezca alguna explicación de por qué alguien puede considerar su lengua, una lengua que no habla y que nunca ha hablado. De todas formas, esa sorprendente declaración del nacionalismo lingüístico supone una curiosa concepción organicista, en la que el derecho de los muertos prevalece sobre el de los vivos, el mismo que sustenta los pretendidos derechos históricos.

“Normalización”, es la terrible y amenazadora palabra empleada por los gestores de las comunidades bilingües que no consigue encubrir su decidida voluntad de que la lengua autóctona ocupe todos los ámbitos de la vida oficial y social de la región, relegando al castellano a un papel secundario de vehículo de comunicación con el resto de España y un nivel similar al que supone el inglés en las relaciones internacionales. Al normalizarse una lengua, se establece un proceso automático de exclusión de la otra. Quien habla la lengua normalizada se ve recompensado; quien no la usa habitualmente, se ve castigado, marginado. Por el contrario, la normalidad con la que muchos de los españoles de las comunidades catalogadas de bilingües –la vasca es monolingüe castellana en su gran mayoría- podían hablar cualquiera de sus dos idiomas ha sido cambiada violentamente por una situación en la que una lengua pasa a considerarse propia (incluso hablan ya de “lengua natural”, como si la otra fuera artificial) y dispone del privilegio de ser la de los medios institucionales y la enseñanza.

Esto se ha visto en la reciente Feria del Libro de Frankfurt: la cultura oficial catalana incluyó producciones subvencionadas que sólo habían sido sometidas al filtro de la lengua autóctona y no al de la calidad, ni al de las leyes del mercado. Y en cambio se dejó en casa a buena parte de la literatura de Cataluña escrita en español, inconcebible fuera del marco geográfico de ésta, como las novelas de Mendoza o Marsé o la poesía de Gil de Biedma. Luego... los defensores de la normalización, al ser denunciadas las multas lingüísticas a los comercios o la imposibilidad de los padres de educar a sus hijos en el idioma común de los españoles, se revuelven vociferando que no hay guerra de lenguas en Cataluña. ¡Claro que no hay conflicto lingüístico en la sociedad catalana, que es mucho más sensata que sus dirigentes… y no lo hay, a pesar de las operaciones discriminatorias y la violación organizada de los derechos individuales que se perpetran desde el poder político!

Aberraciones lingüísticas
Los nacionalismos y asimilados siempre dan por hecho que su proyecto político, incluido el idioma, es un derecho irrenunciable, inalienable, imprescriptible…( para su exaltación retórica, les gustan las palabras que comienzan por “in”y terminan por “ble”… Sánchez Ferlosio dixit). No en vano la singularidad cultural, capaz de distinguir entre un “ellos” y un “nosotros”, tan del gusto de los nacionalistas y complementarios, ha encontrado la mejor recompensa en unos usos lingüísticos inmediatamente reconocibles y muy activos para generar sentimientos de solidaridad hacia dentro y disparidad hacia fuera. Además el mensaje de los “normalizadores” y comisarios lingüísticos aparece diáfano: hay una lengua inocente y otra culpable, una que fue oprimida y otra opresora, rivalidad radical que carga de agresividad y sobreexcitación ideológica cualquier debate sobre el bilingüismo. Porque en España hay varias lenguas pero, al parecer, sólo una mala: el español, el castellano. Ésta es la lengua en la que se escribió el último parte de la guerra civil, el fruto de una violencia antigua que comenzaría con Felipe V y llegaría hasta Franco. Plática para descerebrados … Una leyenda que ha servido para que aquiescentes, sumisos o acoquinados se traguen la manteca rancia de los nacionalismos, toda esa zarandaja poética sobre la lengua, el territorio, el pueblo…que si la cogiéramos y donde pone Cataluña, País Vasco, Galicia…escribiésemos España no habría razón ni estómago que la resistiera. “Abandonad ese léxico que viene de Castilla con sabor de moro, olor de sucio judío, de negro y de villano de esas tierras” ordenó, entre otras muchas barbaridades, Sabino Arana, el inventor del nacionalismo vasco.

Las lenguas tienen una finalidad utilitaria pues sirven fundamentalmente para comunicarse aunque, además, sean un innegable, elemento de afirmación cultural, es decir, colectiva. Lejos de ser alma como les gusta decir a muchos poetas, la lengua es puente, mercado. En España esta obviedad no se entiende porque quién más quién menos se va adhiriendo al principio nacionalista, según el cual la lengua no la hablan los ciudadanos sino el territorio, al que además se le concede el derecho de hacerse con hablantes obligatorios. El drama de España es que se ha hecho de la lengua la base objetiva de un principio de adquisición de ciudadanía, de delimitación de pertenencia a una comunidad y en consecuencia de exclusión. Pionero en estas lides, el nacionalismo catalán que tiene ahora ardorosos imitadores en Galicia y Baleares, ha conseguido mermar la libertad mediante el descarado o sibilino, según los casos, control de los medios de comunicación y, rodeado de una oligarquía intelectual a la que premia con medallas y talones, ha conseguido que la cultura, abducida por el idioma, sufra en Cataluña un progresivo proceso centrípeto gravemente empobrecedor. De resultas de la política lingüística del catalanismo, la universidad pierde intercambios con otros centros españoles y extranjeros mientras a Barcelona le arrebata Madrid su corona como principal centro editor en lengua española.

En aras de la difusión del vascuence, del gallego o del catalán en sus distintas variantes se cometen verdaderos despropósitos y agresiones a la libertad de los ciudadanos, quemándose dinero de todos y las energías de muchos, pero la respuesta al continuo desatino es pequeña porque en ese ámbito no valen razonamientos, dada la visceralidad y emociones que rodean su aprendizaje e implantación. Las cruzadas lingüísticas de los nacionalistas arrasan con los presupuestos. La Generalitat catalana invertirá este año en Política Lingüística 42 millones de euros, el doble que en 2007, mientras que Baleares gastará más de seis y la Xunta gallega alrededor de 23 . Dinero público para que no se hable en castellano. Es un ámbito, el lingüístico, donde la libertad individual y la igualdad jurídica tranquilamente se sacrifican a la difusión del idioma, revestido de altísima significación patriótica. No obstante, distintas plataformas cívicas que se mueven entre la clandestinidad y el heroísmo en el País Vasco, Cataluña, Galicia y Baleares mantienen viva la llama de la libertad lingüística en unos territorios donde la democracia y la razón se pervierten a golpe de anacronismo e ilegalidad. Por desgracia éste es el ecosistema cultural en el que transitan muchos españoles. O escriben en una lengua “normalizada” o deben renunciar a los honores. O comparten una lealtad telúrica o quedan desposeídos de sus propias raíces. Y todo ello en medio de un comportamiento ciudadano sumiso y aturdido.

Entre los instrumentos de acomodación de una sociedad a un régimen o entidad política suelen destacarse el interés, la ignorancia y el miedo. Los tres mecanismos han jugado a favor del modelo nacionalista y de las excentricidades lingüísticas. Pero no sólo en el País Vasco, donde la producción del miedo es la principal actividad de esa denominada izquierda abertzale, el frente político de ETA, que ofrece ruedas de prensa y amenaza, sector, por sector, a profesores, periodistas, jueces, concejales. Y de vez en cuando ETA asesina a alguien para dejar claro que la amenaza puede cumplirse. Afirmaciones y ejecutorias del nacionalismo, también en Cataluña y Galicia, que ellas solas servirían para definir el intervencionismo sobrepasado de un gobierno o su carácter totalitario apenas si producen escándalo. Y no lo producen porque el miedo, la coacción, la pusilanimidad o el fanatismo han llegado a sofocar cualquier percepción crítica de lo que realmente está pasando. Tantos años de violencia lingüística e imposición del imaginario regionalista han embotado la sensibilidad de muchos ciudadanos, incapaces de advertir el carácter profundamente antidemocrático de no pocas políticas de implantación del idioma, al margen de lo que realmente se habla. Ciudadanos voluntaristas que han decidido -sea cual fuere su conocimiento del idioma- que el vascuence, el catalán o el gallego es su lengua y que en ese terreno todo vale hasta incluso la intromisión de los poderes públicos en los usos privados.

La conservación lingüística se impone como una prestación personal, como un gozoso sacrificio que los nacionalistas exigen sin discusión ante el altar de la patria naciente, por lo que cualquier aberración o despilfarro en sus medios de fomento -y los ha habido muchos y variados en estos años - está justificado. El empleo de la lengua y de esa parte de la cultura, considerada vasca, catalana o gallega, para mercadear un trato singular de la administración central, reporta a los nacionalistas una ventaja añadida: permite reclutar una burocracia agradecida de profesores y filólogos –muchos líderes, consejeros de la Generalitat o la Xunta de Galicia y militantes de ERC y BNG lo son- y traductores propagandistas, instalados en el escalafón funcionarial, que viven del presupuesto público y cuyo porvenir profesional se vincula indefectiblemente al triunfo del nacionalismo y de las políticas de “normalización”. Las cuantiosas sumas empleadas en éstas dan para mantener una abundante clientela adicta al régimen que acude presurosa en su defensa cuando llegan las elecciones.

Hasta hace poco, las noticias de las atrocidades lingüísticas y de los atentados contra los derechos de los castellano parlantes llegaban, fundamentalmente del País Vasco y Cataluña pero desde el cambio de gobierno en Galicia y Baleares estas comunidades se han incorporado al aquelarre. Ya no podrá hablase en Galicia de la paz de los cementerios, ya que, a juicio de Lobeira, diputado nacionalista del parlamento autonómico, reflejan la existencia en la Comunidad de un «conflicto lingüístico» por la presencia masiva de lápidas y epitafios en castellano. “Ni vivos ni muertos nos respetan el derecho democrático a usar nuestra lengua”, proclamó ese prohombre de los derechos lingüísticos, que pidió salvaguardar el gallego en las tumbas para que en caso de apocalipsis nuclear la civilización superviviente viese que la lengua de los juglares Xoan Zorro, Meendiño o Martín Codax y la empleada también por Alfonso X, el Sabio en sus composiciones poéticas (estas referencias históricas no pertenecen a su discurso) era una realidad social. En su estrategia de inmersión lingüística exigió también que los fabricantes de muñecas y videojuegos les hicieran hablar en gallego y que los rostros conocidos y los dirigentes políticos galleguizaran nombres y apellidos para dar ejemplo de amor a la lengua. En el verano de 2006 Galicia sufrió una de las más destructivas ola de incendios de su historia reciente. Los efectos devastadores del fuego sensibilizaron entonces a una parte de la opinión pública que airearon la exigencia de la Xunta -tras la formación del bipartito de socialistas y galleguistas- de acreditar con un título el dominio del gallegopara poder ejercer como bombero.

A situación parecida de agresión a la lengua común de los españoles se ha llegado en Baleares sin haber gobernado jamás los nacionalistas, que sólo tienen un diez por ciento de respaldo electoral. La Ley de Normalización Lingüística de 1986 así como el Decreto de uso de la lengua catalana en los centros educativos no universitarios fueron aprobadas por gobiernos del Partido Popular de Baleares. El PSOE , en coalición con cinco pequeños partidos, no ha tenido necesidad de aprobar ninguna ley nueva, simplemente está interpretando y desarrollando al máximo las ya aprobadas por el PP. En abril de este año el gobierno balear lanzó una agresiva campaña destinada a sustituir el bilingüismo en las islas por un predominio absoluto del catalán, en detrimento del castellano, idioma - que no se disimula- debe quedar subordinado a un papel completamente secundario. Y lo que, en pleno siglo XXI después de un largo itinerario de asunción de los derechos individuales, resulta aun más sobrecogedor de la campaña es que reglamentara la libertad de utilizar el idioma que se prefiera “en el ámbito personal e informal”.

Manuel Azaña pensaba que los únicos hombres firmes en sus deberes son los que no ceden en sus derechos. Con mayor razón, tampoco podemos nosotros ceder nada en nuestros derechos lingüísticos frente a quien considera más importante el color de una bandera, hecha de nacionalismo cultural y manipulación política, que el color de la ciudadanía. Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo, dejó escrito Abraham Lincoln. Mi optimismo ante el pasaje futuro de las lenguas España arranca de la convicción de uno de los fundadores de la democracia, aplicado ahora a una práctica política de chantajes identitarios, que juega con las cartas marcadas. En nuestro paraíso políglota, es de esperar que, con el tiempo y los golpes, los españoles saquemos alguna lección del cuento de Saroyan, de su protagonista, un asirio, que en inglés, en una barbería de San Francisco, dice que nació en la madre patria pero que quiere olvidarlo, como quiere olvidar aquella lengua, porque de nada sirve engañarse, porque los asirios son un tema de historia antigua, porque una vez, sí, fueron un pueblo importante, pero eso había sido ayer, anteayer y no tenía ningún sentido lamentarse. En su voz no habla la liviandad romántica, ni el anacronismo, habla la historia y el sentido común “¿Por qué –dice – debería aprender a leer nuestra lengua? No tenemos escritores, ni noticias”.

Catedrático de Historia Contemporánea. Universidad de Deusto. - EL NOTICIERO DE LAS IDEAS (Grupo Vocento)

El futuro de la Justicia
Editorial ABC 30 Junio 2008

CUMPLIDO un año desde que entró en vigor la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ABC informa hoy del serio malestar existente en la plantilla de letrados de ese órgano por la ausencia de directrices sobre los nuevos criterios para la admisión o no de los recursos de amparo. Siendo grave esta situación, no es ni mucho menos la única que aqueja al Tribunal. Tampoco a la Justicia española. Aquella reforma incluyó la llamada «enmienda Casas», que prorrogaba sobre la marcha la permanencia de la actual presidenta del TC, y desde entonces la situación de este órgano sigue siendo de provisionalidad, a la espera de que PP y PSOE se pongan de acuerdo para su renovación.

Sin embargo, el problema trasciende la situación del TC, porque es sólo un capítulo más de la paralización general en la que se halla la Justicia, en todos sus niveles: reformas procesales y orgánicas, renovación del Consejo General del Poder Judicial -en la que el PSOE debería ser coherente con la reforma que introdujo el consenso forzado para los nombramientos judiciales y, por tanto, aceptar que el PP proponga nueve vocales- e incertidumbre sobre el Estatuto catalán. La responsabilidad de los principales partidos, si realmente hay voluntad de consenso, no debería limitarse a salir del paso para eludir la crítica de la opinión pública. Es mucho lo que está en juego. Tanto que de los acuerdos que puedan alcanzar PP y PSOE dependerá la configuración del Estado de Derecho para los próximos años. Los socialistas interpretan la coyuntura actual como la ocasión propicia para ejecutar la transformación del Poder Judicial conforme a unos criterios que no ocultan y que, si los aplican, provocarán un fuerte control político sobre el gobierno interno de la justicia y una desprofesionalización progresiva de la judicatura. Los Consejos autonómicos, que absorben las competencias de las salas de gobierno de los Tribunales de Justicia -integradas sólo por jueces-, el control parlamentario sobre el CGPJ, el juez de proximidad y las reformas del acceso a la carrera judicial son medidas en las que late la resistencia histórica de los socialistas a la independencia de la judicatura y de sus órganos de gobierno. Por esto es tan importante la decisión que tome el TC sobre el Estatuto catalán.

Las reformas legales presentadas por el PSOE no son más que la coartada que el Gobierno quiere dar a la quiebra de la unidad jurisdiccional del Estado perpetrada por el Estatuto de Cataluña. En estas condiciones, el PP tiene que ser consciente de que es más importante tardar en alcanzar un buen acuerdo para los intereses generales del Estado que resolver por la vía rápida un pacto que sólo sirva a corto plazo para sellar ante la opinión pública su nueva etapa de diálogo. Cualquier acuerdo de Estado debería tener un enfoque integral, como lo tuvo el que PP y PSOE firmaron en 2001.

¿Nacionalismos o localismos?
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 30 Junio 2008

«¿POR qué se critican nuestros nacionalismos y, en cambio, se ensalza el nacionalismo español?», viene siendo una de las principales quejas de los nacionalistas periféricos, redoblada últimamente por el clamor alzado en torno a los éxitos de nuestra selección.

Sé por experiencia que discutir con los nacionalistas son ganas de perder el tiempo. Estamos ante gentes de piñón fijo e idea única, por lo que todo intento de establecer con ellos un debate dialéctico sólo conduce al absurdo o al aburrimiento. Pero como algún lector puede encontrarse ante tan contundente pregunta, le ofrezco una réplica de la misma. La queja nacionalista esconde, tras lo que parece de una lógica irrefutable, un supuesto erróneo que la invalida. Nada tiene que ver el actual nacionalismo español con el nacionalismo catalán, vasco, gallego o similares. Son estos nacionalismos cerrados, restrictivos, con un grado más o menos grande de xenofobia y un prurito de superioridad sobre los demás que les hace no sólo antimodernos, sino también peligrosos. Su principal y a veces su único ingrediente es el odio a España, del que se alimentan para sacar pecho. Aunque el mayor odio lo reservan hacia sus convecinos pro españoles, que ponen al descubierto su desnudez. El resto no es mucho más que leyenda que pretende ser historia, ambición personal de sus dirigentes y violencia contra todo el que no es como ellos. Estamos, por tanto, ante un nacionalismo de rebote, estéril y raquítico, que ni siquiera existiría si no existiese España.

Es verdad que en España existió también un tipo de nacionalismo elemental y hermético, del que quedan aún rastros. Era el nacionalismo del «¡Santiago y cierra España!», el del «España luz de Trento y martillo de herejes», que simbolizó en su día la idiosincrasia de nuestro país. Pero el alejamiento a que nos llevó del mundo moderno y los conflictos internos y externos que nos produjo hicieron que fuese surgiendo junto a él otro nacionalismo infinitamente más universal y abierto, mucho más crítico y profundo. El nacionalismo de los ilustrados del siglo XVIII, el de los liberales del siglo XIX, el de Joaquín Costa, el de Ganivet, el de la Generación del 98, el de Unamuno, el de Ortega, el de Marañón, y ya en nuestros días, el de la Constitución del 78, que reconoció la pluralidad de España como pieza clave de su ser como país y como nación. Esa es la enorme, la insalvable diferencia entre el nacionalismo español y los nacionalismos surgidos en su seno: el actual nacionalismo español siente como suyo lo catalán, lo vasco, lo gallego, lo andaluz, lo valenciano, lo castellano, lo extremeño y cuantas variedades encierra, mientras esos nacionalismos no reconocen la parte que tienen de españoles. Es más, la combaten con tal saña que llegan a autolesionarse y a atentar contra sus propios intereses, como ocurre con el idioma común, que es el de cuatrocientos millones de personas.

El nacionalismo español es, en suma, abarcador, se enorgullece de los éxitos ocurridos en cualquier punto de su territorio, goza de su variedad de paisajes, costumbres, climas, cocinas, presume de tener un pequeño continente como patria. Mientras el nacionalismo local mira al vecino como enemigo, le amargan sus éxitos y se alegra de sus fracasos, aunque esos fracasos repercutan desfavorablemente sobre él.

Nada hay de malo en el amor a la tierra que nos vio nacer y en enorgullecerse de sus hechos y sus gentes. Pero cuando ese amor y ese orgullo se alimentan de rechazo, de odio, de cerrazón y de soberbia, lo que era sentimiento positivo se torna negativo. Dicho de otra forma: a nuestros nacionalismos les falta su 98, su depuración crítica, su bagaje universal. Es incluso posible que nunca lo tengan, al ser en realidad localismos.

Creo que con ello queda contestada la pregunta del principio. Aunque puede que no hubiese necesitado tantas palabras, que me hubiera bastado apuntar lo que están haciendo Ibarretxe, Carod y Quintana con sus respectivas comunidades

LA OPE EN LA ENSEÑANZA VASCA | EL PROBLEMA LINGÜÍSTICO
Educación sólo permite a los docentes que dan clase en euskera opositar en castellano
MARTA FDEZ. VALLEJO BILBAO El Correo 30 Junio 2008

m.f.vallejo@diario-elcorreo.com
La mayoría de los interinos que optan a plazas de Secundaria con PL2 se examina en su idioma materno
Los profesores de Inglés o Francés deben hacer la prueba en la lengua que imparten

El sistema de enseñanza vasco está en pleno proceso de oposiciones. Cerca de 2.000 profesores se examinan durante estos días para acceder a las 600 plazas de Secundaria, FP y Escuelas de Idiomas que ha sacado a concurso el Gobierno vasco. El pasado año se convocaron otros 1.100 puestos para maestros. Todos estos empleos exigen perfil lingüístico de euskera, la mayoría el nivel más alto, el PL2. El Gobierno vasco, sin embargo, permite que los docentes que optan a una plaza para impartir clase en euskera se examinen en castellano con el fin de que tengan más oportunidades de éxito, en la misma línea que ocurre con los alumnos en las pruebas internacionales de PISA. De hecho la mayoría de los interinos eligen el castellano para enfrentarse a los tribunales de las actuales OPE.

Los profesores de Inglés, Francés o Alemán se consideran discriminados frente a las «facilidades» lingüísticas que se concede al resto. Estos docentes, que han elevado sus quejas en numerosas ocasiones a diferentes estamentos educativos, se ven obligados a hacer los exámenes en el idioma en el que van a dar las clases, sin posibilidad de elegir. «Puede ser lógico, pero debería ser la misma norma para todos. Nos lleva muchos más meses de estudio y preparación», comenta una profesora de Inglés que se ha presentado este año a las pruebas.

Los participantes en la OPE tienen que realizar un examen, elaborar una programación escrita de su asignatura, que luego defienden ante un tribunal, además de hacer una simulación de una clase ante los examinadores. En el proceso selectivo juega, por tanto, un papel muy importante la expresión oral. «Completar la programación, que nos obliga a traducir los boletines oficiales al inglés, por ejemplo, te puede llevar cuatro meses. El resto de aspirantes de otras asignaturas puede hacerlo en castellano y es mucho más sencillo, porque sólo tienen que copiar las normativas», añade. Los maestros de idiomas se quejan de que, además de tener que enfrentarse a un proceso selectivo más duro, se les exige también el perfil lingüístico en euskera, a pesar de que sus clases se desarrollan en la lengua de enseñanza.

Lenguas oficiales
El Gobierno vasco permite que los profesores elijan entre euskera y castellano para hacer las oposiciones sin ningún tipo de trabas ni condiciones, con el argumento de que los dos son idiomas oficiales en la comunidad vasca. Tampoco llevan un control del porcentaje de aspirantes que completan las pruebas en cada una de las dos lenguas. «Es difícil porque la gestión de los exámenes y su corrección corresponde a los tribunales y el departamento sólo recibe las calificaciones», apuntaron sus portavoces.

En la comunidad educativa está extendida la opinión de que Educación mira para otro lado. «El departamento es consciente de las carencias que tienen los docentes con el euskera y hace la vista gorda porque, en caso contrario, las probabilidades de aprobar caerían. Y el departamento juega, en este caso, con el argumento de la cooficialidad del idioma», señala Pablo Gómez de Vicuña, profesor de instituto que ha participado ya en varias oposiciones. Sólo hay que repasar, dice, «las dificultades que tienen los profesores de aprobar los perfiles lingüísticos» para hacerse una idea de situación. Más del 85% de los docentes que se examinaron en la última convocatoria del PL2 suspendieron y no han podido participar en las oposiciones. Cerca de 700 profesores con máxima antigüedad y opciones de sacar una plaza fija se han quedado fuera de la OPE de este año y de la convocada el pasado curso por no haber acreditado el conocimiento de euskera. «No hay duda de que la docencia se imparte mejor en lengua materna», dice.

Para las centrales sindicales es un tema tabú. Hablar en contra de que los exámenes se hagan en castellano pondría a una buena parte de sus afiliados en pie de guerra. Hasta las centrales más próximas al nacionalismo lo aceptan con normalidad, a pesar de su férrea lucha porque en la totalidad de los puestos que salen a concurso se exija el máximo nivel de euskera, con el argumento de que la demanda de enseñanza en lengua vasca va en aumento. «Quizá fuera más lógico, pero con el inglés y el francés no es lo mismo que con euskera y castellano, porque estas dos son lenguas oficiales. Creemos que muchos profesores no se examinan en castellano, no por su incapacidad, sino porque la mayoría de los materiales están en ese idioma», opina Belén Arrondo, de STEE-EILAS.

El Gobierno vasco hace la vista gorda, los sindicatos callan, y los docentes aprovechan la oportunidad que se les da después del esfuerzo lingüístico al que han sido sometidos en las últimas décadas. La queja la lideran los opositores que aspiran a las plazas en escuelas de idiomas y maestros de las diferentes lenguas extranjeras. «Tenemos un sistema de enseñanza peculiar: profesores y alumnos utilizan como lengua de enseñanza y aprendizaje el euskera, pero cuando hacen exámenes en los que se juegan mucho, como PISA o unas oposiciones, emplean el castellano porque la otra lengua no la dominan suficientemente. En el caso de los docentes es más grave, ¿Cómo pueden dar bien las clases en un idioma que no dominan?», resume una maestra de francés que prefiere también ocultar su nombre.

ROSA DÍEZ RECOGE APOYOS AL MANIFIESTO EN BILBAO
"No es el castellano el que está perseguido sino las personas que quieren utilizarlo"
La presidenta de UPyD ha participado este domingo en un acto de recogida de apoyos de su partido a favor del manifiesto por la Lengua Común, para el que LD ya ha recogido más de 35.000 firmas. Rosa Díez ha recordado que el objetivo es que "se pueda educar a los hijos en cualquiera de las lenguas oficiales".
Europa Press Libertad Digital 30 Junio 2008

La diputada por Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, participó este domingo en un acto de recogida de firmas llevado a cabo en Bilbao en apoyo al Manifiesto por la Lengua Común y aseguró que el currículo educativo del Gobierno vasco, que estima que el euskera será la lengua vehicular en la formación de los alumnos, supone "una decisión en contra de la libertad de elección".

En declaraciones a los medios de comunicación, Díez advirtió de que "nadie puede argumentar en contra de la libertad de elección de los padres para educar a sus hijos en cualquiera de las dos lenguas oficiales".

"Se trata de garantizar eso, que se pueda educar a los hijos en cualquiera de las dos lenguas oficiales; que cualquier ciudadano que vive en una comunidad autónoma en la que hay dos lenguas oficiales pueda relacionarse con la administración en cualquiera de las dos lenguas oficiales. Y que cualquier ciudadano español que recorra la península vea los carteles en cualquiera de las dos lenguas oficiales pero, en cualquier caso, siempre y en toda España los vea en la lengua común", incidió.

El manifiesto, preparado por figuras como Mario Vargas Llosa, Carmen Iglesias, Álvaro Pombo o Fernando Savater, ha reunido ya casi 100.000 firmas, entre las que se encuentran las de Miguel Delibes, Antonio López, Antonio Gamoneda o Arturo Pérez-Reverte.

Para la parlamentaria de UPyD, se trata de principios "obvios y de sentido común y democrático", por lo que "es una pena" que haya que regularlo por ley, cuestión necesaria porque "no es el castellano el que está perseguido, están discriminadas las personas que quieren utilizarlo". Para Díez, esta discriminación afecta más a los ciudadanos con menor renta, "con menores posibilidades de desarrollo, de moverse desde el punto de vista económico y social".

"El que tiene dinero, matricula a sus hijos en la escuela privada, en los colegios privados en los que estudian en dos o tres idiomas. A quien más se discrimina y, por tanto, a quien más se perjudica es a los ciudadanos que más necesitan del apoyo del Estado. Trabajar contra la discriminación y a favor de la igualdad de elección parece de primero de EGB de democracia, por decirlo de alguna manera", explicó.

Díez dijo que su apuesta por la defensa de la lengua común y la cooficialidad de las lenguas pretende que se evite "la discriminación de aquellas personas que quieran educar a sus hijos en la lengua castellana o que quieren relacionarse con la administración en la lengua común, en la lengua que es de todos".

Además, señaló que el manifiesto para el que se están recogiendo firmas es "un instrumento más de movilización de la sociedad civil" para que "los ciudadanos tengan una oportunidad de defender algo que es de todos".

"Salir a la calle e implicar a la gente pidiendo la firma es un instrumento también de participación ciudadana. La necesidad de que la ciudadanía se acerque a la política y los políticos nos acerquemos a los ciudadanos hay que practicarla cotidianamente y nada mejor que la defensa de algo que nos une a todos los españoles, que no va contra nadie, que va a favor de la libertad e igualdad de elección", añadió.

En este sentido, recordó que UPyD presentó el viernes en el Registro del Congreso de los diputados una Proposición de Ley Orgánica "contra la discriminación y a favor de la libre elección", una cuestión que estaba incluida en su programa electoral. Díez aseguró que es "necesario" regular la libertad de elección de los ciudadanos con esta iniciativa legal, que adopta la misma sistemática de la Ley de Igualdad para garantizar que "la no discriminación se plasme en la vida cotidiana".

La R.A.E. no se atreve a seguir a su homóloga francesa
Redacción Bilbao Minuto Digital  30 Junio 2008

Informábamos con sana envidia la semana pasada que la Academia de la Lengua Francesa pedía que se retirara el texto aprobado el pasado 22 de mayo por la Asamblea francesa sobre la reforma del artículo 1 de la Constitución, que enuncia que “Francia es una república indivisible, laica, democrática y social”. En dicha modificación se añade que “las lenguas regionales pertenecen al patrimonio francés”.

La institución encargada de velar por el francés, subrayaba en un comunicado que “nos parece que colocar la lenguas regionales antes que el francés en la Constitución es un desafío a la lógica y una negación a la república, una confusión del principio de nación y objeto de política”.

En España la defensa del español frente a las agresiones de los nacionalismos, que pretenden excluirlo de sus territorios regionales, no ha suscitado ningún entusiasmo en la Real Academia Española, que más allá de cuestiones gramaticales y lingüísticas no se quiere mojar en la defensa del español.

La R.A.E. no ha querido secundar el manifiesto en defensa de la lengua común, con un pobre argumento, bastante indigno de la altura intelectual de los señores académicos. Su director, Víctor García de la Concha, justificó su negativa a suscribir la iniciativa porque “por principio, no firma nunca ningún manifiesto”. La realidad que hay detrás de la negativa no es ni más ni menos que la cobardía de unos y el servilismo político de otros. Por ABC sabemos que el académico Francisco Rodríguez Adrados propuso a la RAE que instara al Gobierno a mantener en las distintas comunidades autónomas “el carácter del español como lengua común y oficial de España”. En el texto que expuso en el pleno de la Academia, se recogía, además, que esta propuesta “no debía interpretarse en disfavor de las demás Lenguas de España, solamente a favor de la Lengua de todos”. Lo que los señores académicos resolvieron fue que la RAE “no era el sitio adecuado para hacer declaraciones como esas, que se metería en un terreno muy conflictivo…”.

Hombre, si la RAE, que tienen encomendada la garantía de la defensa del idioma español -Fija, limpia y da esplendor- no considera adecuado pronunciarse sobre si el español debe usarse y aprenderse con plena libertad en toda España, sin que nadie se vea sometido a ninguna restricción impuesta por los nacionalismos, ya nos dirán con qué fuerza moral nos van a vender la necesidad del buen uso gramatical de ese idioma, cuando no se atreven con la mayor, es decir con aquello que nos resulta realmente más cercano a los ciudadanos, su libre utilización en cualquier punto de España.

La RAE no puede dar la espalda a la sociedad, ni cerrar los ojos ante un problema que está ahí y que afecta directamente a la lengua española, pero sobre todo a los derechos de los hispanohablantes. Si en Bolivia, por poner un ejemplo, el gobierno decidiese restringir la enseñanza del español, sustituyéndolo por el quechua, análogamente a como se viene haciendo en Cataluña o se ha comenzado a hacer en Galicia, ¿no mostraría la RAE su preocupación? ¿Entonces por qué no se atreve a materializar esa preocupación por lo que está sucediendo en España?

«La lengua se debe tratar desde el sentido común»
RUBÉN DE VICENTE ABC 30 Junio 2008

MADRID. La firma del escritor leonés Luis Mateo Díez se ha unido a la de otros intelectuales como Miguel Delibes o Antonio Gamoneda para apoyar el Manifiesto por la Lengua Común en defensa del castellano y de su convivencia con las lenguas regionales.

-¿Qué le llevó a añadir su firma al manifiesto?
-Lo he firmado porque me llamaron. Me parece un manifiesto ponderado, razonable, estricto, con mucho sentido común y que además coincide con mi pensamiento. La lengua es algo que se debe tratar desde el sentido común y se trata de potenciar el amor a la lengua propia y a la lengua común, por que reitero que es un sistema de sentido común. El manifiesto es muy ponderado, hace propuestas de entendimiento, no de desentendimiento, sino de defensa de un bien común como es el castellano.

-¿Estima que con el manifiesto se generen polémicas políticas por el tema de las lenguas?
-La mezcla de la lengua con la política puede dar resultados fatales. Los postulados de este manifiesto son razonables y entendibles por todo el mundo, o casi todo, porque da la impresión de que hay gente que no se entera de que ya llevamos muchos años con la Constitución, unos cuantos años en democracia, y no se dan cuenta de que lo que hacen son disparates pues no se puede entender una pugna entre lenguas. Hubo un tiempo de incomprensión que ya se ha superado. Ahora hay que convivir.

-¿Es partidario de la conservación de las lenguas vernáculas?
-Para mí tener varias lenguas es como tener dos o tres casas, que está muy bien tener varias casas, pero que no hay que mantenerlas cerradas, sino que hay que habitarlas, especialmente la casa común, en la que vivimos todos, que es el castellano. No creo que las lenguas se expandan por su ensimismamiento, sino por la apertura a la convivencia con otras lenguas.

España sigue estando en el punto de mira del terrorismo islamista, a pesar del ‘no a la guerra’ de los titiriteros
Redacción Bilbao  Minuto Digital 30 Junio 2008

La Fiscalía de la Audiencia Nacional reconoce en su Memora relativa a 2007 que la amenaza de atentado islamista en España es de “alto riesgo” y que “no invita precisamente al optimismo”.

El informe indica tres factores principales de riesgo: la integración de los grupos salafistas magrebíes en la organización criminal Al Qaeda; la “cada vez más insistente reivindicación de territorios que históricamente tuvieron alguna vinculación con la cultura y la civilización árabes”, como Ceuta y Melilla; la presencia de tropas españolas en Afganistán; y las amenazas contra España de uno de los máximos responsables de la red terrorista Al Qaeda, Al Zayahiri, y en especial sus constantes reivindicaciones sobre la “liberación de Al Andalus”.

No en balde, a lo largo de 2007 los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado detuvieron a 52 personas en España por estar presuntamente relacionados con el terrorismo islamista internacional. La mayor parte de los detenidos lo fueron bajo acusación de desarrollar actividades de cobertura, apoyo logístico, captación, reclutamiento y envío de “mujahidines” a zonas en conflicto como Iraq.

Ya en 2008, la detención en el barrio del Raval de Barcelona de un grupo de pakistaníes e indios que pretendían atentar en el metro de la ciudad condal, con un desarrollado plan de ataque, puso otra vez de manifiesto que España sigue bajo la amenaza del terror islámico

Una vez más, todos los indicios apuntan a que la guerra de Iraq nada tuvo que ver con los cobardes ataques del 11-M, y que éstos se habrían producido de todos modos por ser la reivindicación de los asesinos mucho más compleja: la recuperación de Al Andalus para su regímen de terror. El “no a la guerra” de los titiriteros vuelve a mostrarse como lo que fue: una simple operación de propaganda socialista.

Vidal-Quadras: "Hay que suspender la autonomía vasca para que Ibarretxe se entere de lo que vale un peine"
Alberto Mendoza El Confidencial 30 Junio 2008

Llegó a Bruselas hace nueve años, es vicepresidente del Parlamento Europeo y pasa casi todo su tiempo fuera de España. Sin embargo, Alejo Vidal-Quadras (Barcelona, 1945), ex presidente del Partido Popular de Cataluña, no ha dejado de influir en la política nacional. Azote de los partidos nacionalistas y defensor de una reforma constitucional que consolide las competencias del Estado, sus descaradas opiniones no siempre han encajado en la estrategia de la dirección de su partido. Ahora, Mariano Rajoy le ha incluido en su Comité Ejecutivo Nacional, pero el veterano político evita declararse ‘marianista’. “Intento ser un buen patriota español”, asegura en una entrevista telefónica con El Confidencial.

Usted es uno de los firmantes del Manifiesto por una lengua común, ¿por qué nace este movimiento?
La de España es una situación grotesca. Es el único país del mundo en que una familia no puede escolarizar a sus hijos en la lengua oficial del Estado. Se trata de una política derivada de los nacionalistas, en connivencia con el Gobierno socialista, aunque el problema viene de lejos. Ha sido un proceso de 20 o 30 años en que todo el mundo ha cerrado los ojos, hasta llegar a un punto en que es intolerable. El castellano está siendo eliminado del espacio oficial y público de Cataluña, Galicia y, ahora, del País Vasco. Por ejemplo, para tener un contrato como profesor en una universidad catalana hay que tener el nivel C de catalán. Esto es un aberración, porque se pierde calidad educativa. La universidad debería poder contratar profesores de todo el mundo. Por eso, los dos grandes partidos, PSOE y PP, deben alcanzar un pacto para acabar con esta situación. Hay una vulneración de derechos flagrante.

Con este discurso, ¿se ganan o se pierden votos en Cataluña?
El discurso es el correcto. Los votos vendrá después, lo primero es defender lo correcto. Yo, cuando era presidente del PP catalán (1991-1996), tripliqué el número de escaños, porque hay muchos ciudadanos sensibles a este discurso. Un chico educado en catalán ve mermadas sus posibilidades de acceder a un trabajo, porque hoy en día existe mucha movilidad laboral dentro y fuera de España. ¿Cómo condenar a un niño a hablar un castellano rudimentario y pobre, si es la segunda lengua de comunicación universal? Eso sólo se le puede ocurrir a un descerebrado.

En el reciente Congreso del PP se incorporó a la Ponencia Política su propuesta de reforma constitucional, así como su idea de dar prioridad a los pactos con el PSOE en lugar de con nacionalistas. ¿Confía en que Mariano Rajoy lleve a cabo esta política, o cree que fue sólo un gesto para integrarle?

La reforma de la Constitución está en el programa electoral, otra cosa es el énfasis, el acento y la visibilidad que se le otorgue. Rajoy no lo menciona en sus intervenciones públicas, ni lo utilizó en la pasada campaña. Si Rajoy no quiere destacarlo, creo que se equivoca, porque millones de españoles tienen esa sensibilidad.

Entonces, ¿el PP debe evitar cualquier pacto con CiU o PNV?
Si hay elecciones y el que gana es el PP o el PSOE, el otro partido debería darle el apoyo que necesita para gobernar, en lugar de buscar el apoyo de nacionalistas para desbancarlo. Esto debería ser un Pacto de Estado. De lo contrario, te encuentras con un Estatuto catalán que hace saltar por los aires la Constitución de 1978, con que no se pueda escolarizar en castellano, cuendas hidrográficas gobernadas a trozos, un sistema de financiación en el que cada uno mira los suyo… O se unen PP o PSOE, o la nación se va de las manos.

De ese modo se descarta que el PP pueda gobernar alcanzando acuerdos con un partido nacionalista.
Si el PP propone una reforma del mercado laboral, o del impuesto sobre sociedades o cualquiera que puede ser buena para el país, y CiU o PNV lo votan, no hay problema. Me refiero a la estructura política. Me refiero a que en Baleares ganó el PP y el PSOE gobierna con los nacionalistas; y que en Canarias ganó el PSOE, y el PP gobierna con los nacionalistas. El PP debería gobernar en Baleares y el PSOE, en Canarias. Así los nacionalistas no podrían seguir destruyendo la nación.

¿Qué consecuencias tendrá el hecho de que el Parlamento Vasco haya dado luz verde a la consulta de Ibarretxe?
Es un dislate. Una consulta ilegal y delirante. El Gobierno, además de ir a los tribunales, tiene que hacer cumplir la ley e impedir el referéndum con los procedimientos del Estado de derecho. Que suspenda la autonomía del País Vasco por tres o seis meses, como prevé la Constitución, e Ibarretxe se enterará de lo que vale un peine.

De vuelta a la actualidad de su partido, ¿usted también se ha hecho ‘marianista’?
No soy ni ‘marianista’ ni ‘aznarista’, sino que defiendo mis propios criterios. Soy un liberal conservador, intento ser un buen patriota español y un buen catalán. Soy un militante disciplinado.

Pero, ¿se siente cómodo en la nueva Ejecutiva Nacional de Rajoy?
Se lo diré en unos meses, veremos lo que da de sí. Dije que si se aceptaban mis ponencias, no tendría inconveniente en colaborar. La Ponencia Política aprobada en el Congreso es la adecuada, pero veremos si se aplica.

Dado que considera que la Ponencia Política es la adecuada, ¿volverá María San Gil?
Creo que María San Gil ha de volver. Es parte del cuerpo y el alma del PP. Si hubo un conflicto hay que arreglarlo, el PP no se puede permitir prescindir de María. Si intentan enterrarla en el olvido, que no cuenten conmigo. Es insustituible. Si alguien cree que su marcha no tiene coste electoral, se equivoca, y lo veremos en las próximas elecciones vascas.

Usted dijo de Alberto Ruiz-Gallardón que era como una pantera agazapada. ¿Lo mantiene?
Galladón aspira a lo máximo, quiere ser presidente del PP y presidente del Gobierno. La ambición es legítima y nadie le puede criticar por eso. Pero me preocupa cuál va a ser su proyecto, con quién se juntará y con quién se aliará. Me suscita inquietud.

¿Detecta una colisión entre la estrategia que articula José María Aznar desde FAES y la de Mariano Rajoy en la presidencia del PP?
El discurso de Aznar en el Congreso del partido fue admonitorio, advirtió de riesgos, y si hay choque se verá con el tiempo. Vamos a ver qué política hace el PP en el Congreso de los Diputados. España afronta cuatro grandes crisis: una económica profunda, una moral, una institucional y una sobre el modelo de Estado. Por eso no es suficiente ofrecer un cambio de imagen, cosmético o de lenguaje como se ha venido diciendo. Eso está bien porque si no gustas no te votan; pero además de gustar debe haber contenido. Un proyecto serio.

La lucha por el liderazgo continúa ahora en el PP de Cataluña. ¿Quién es mejor candidato, Daniel Sierera, Alberto Fernández Díaz o Montserrat Nebrera?
En Cataluña hay dos candidatos, porque la tercera hace planteamientos que no responden a la realidad del PP. Entre Sirera y Fernández Díaz, los dos me parecen adecuados. Lo ideal es que trabajaran juntos, pero son los compromisarios los que deben decidir.

¿Cómo se ve Europa desde la vicepresidencia del Parlamento Europeo?
Europa está en crisis. Crisis institucional por el tropezón del ‘no’ de Irlanda; económica, porque no acabamos de ser competitivos con los rivales del mercado global; y, también una crisis de valores, porque la UE flojea en determinados principios éticos y morales.

Sobre la politización
Víctimas del terrorismo y víctimas de atentados terroristas
Si a nosotros se nos convirtió en víctimas de atentado terrorista en nombre de un proyecto político, ¿cómo no vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos a oponernos a ese proyecto?
Francisco José Alcaraz Libertad Digital 30 Junio 2008

En mi última intervención en la asamblea de socios de la AVT, en abril de 2008, me dirigí a los asociados presentes y les dije: "En estos años como presidente de la AVT he conocido lo mejor y lo peor del ser humano." Tengo tantos argumentos para justificar esas declaraciones, que necesitaría escribir otro libro para recogerlos todos.

En estos años, he podido asistir a multitud de reuniones en las que se ha debatido el concepto de víctima del terrorismo y he recibido numerosas solicitudes de ciudadanos que decían ser víctimas. Aunque parezca extraño, el concepto de víctima es un tema que dista mucho de estar claro a ojos de la opinión pública e incluso de los expertos. En muchos casos, la laguna legal del concepto priva injustamente a muchas personas de su reconocimiento como víctimas del terrorismo, mientras que otras muchas personas sí que tienen ese reconocimiento por ser simples espectadores de un atentado. He podido encontrar incluso casos de personas que proclaman su condición de víctimas con engaños y mentiras, inventándose atentados, tiros y bombas.

Es necesario que la sociedad entienda la diferencia que existe entre el concepto de víctima del terrorismo y el de víctima de atentado terrorista, porque se trata de una distinción importante. Son algo más de mil los ciudadanos asesinados por distintas organizaciones terroristas en España y varios miles más los heridos; hablamos, por tanto, de varios miles de víctimas de atentado terrorista. Las víctimas de atentado terrorista son las que han perdido la vida o han sufrido heridas a causa de un atentado. Y permítanme lanzar la siguiente reflexión: si un batasuno pro-etarra, que por casualidad estuviera presente en el lugar de los hechos, muriera a consecuencia de una bomba como la de la T4, ¿cabría denominarle víctima del terrorismo? ¿O más bien sería una víctima de atentado terrorista? Desde mi punto de vista, a esa persona se la puede denominar víctima de atentado terrorista, pero no víctima del terrorismo.

Para llegar a esta conclusión hay que tener presente que cualquier terrorismo (como por ejemplo el de ETA), utiliza el terror, por medio de atentados, como medio para imponer un proyecto político, tratando de privarnos de nuestra libertad y de acabar con nuestro sistema democrático. Es por ello que la mayoría de los ciudadanos que no compartimos el proyecto de los terroristas somos víctimas del terrorismo: porque esos atentados van dirigidos no sólo contra los ciudadanos que estaban presentes en el lugar del atentado, sino contra toda la sociedad española y, por lo tanto, contra los españoles en general. Víctima del terrorismo es, por tanto, todo aquél contra el que se dirige el proyecto político de quienes usan el terror como arma para imponer sus tesis.

Siempre dije que ser víctima de un atentado terrorista no te hace ni mejor ni peor persona. He podido comprobar que, cuando en el corazón de alguien anida la maldad, lo que hace es acentuar de forma negativa su condición de víctima del terrorismo, mientras que las personas bondadosas y con buenos principios son más sensibles y solidarias tras haber padecido las secuelas del terror.

Es por ello que, en ocasiones, la condición de víctima es utilizada con fines egoístas por algunas personas, persiguiendo tan sólo sacar la máxima rentabilidad a su condición. Esas personas se interesan en exclusiva por las subvenciones, ayudas y prebendas que se puedan derivar de su estado, dejando a un lado la esencia de las victimas del terrorismo, como es el hecho de que somos víctimas de un proyecto político.

Sí: un proyecto político. Hay un argumento que se utiliza a menudo y que ha calado en una gran parte de las víctimas. Cuando quienes quieren desactivar los movimientos cívicos dicen que las víctimas estamos politizadas, muchas de las víctimas asumen inconscientemente el argumento y por ello son capaces de decir que no tenemos que meternos en política. Pero si a nosotros se nos convirtió en víctimas de atentado terrorista en nombre de un proyecto político, ¿cómo no vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos a oponernos a ese proyecto?

Además, política no sólo es decir que en nuestro nombre nadie va a negociar con asesinos; política no sólo es decir que hay que buscar la verdad del 11-M; política no sólo es decir que no queremos a los proetarras en las instituciones. También es política pedir esas subvenciones que dan los políticos en materia asistencial; política es pedir mas prebendas y reconocimientos, como las medallas que conceden y firman los políticos; política es pedir un tratamiento prioritario en empleo o vivienda. Pero claro, para quienes quieren prevalerse de su condición de víctimas ese tipo de política no descalifica.

No obstante, tengo que destacar que, afortunadamente, son muchas más las víctimas que ostentan a la vez las dos condiciones: la de víctima del terrorismo y la de víctima de atentado terrorista. De éstas he aprendido mucho y son las personas que para mí merecen más admiración, porque velan por la Memoria, la Dignidad y la Justicia sin dejarse seducir por todo ese mundillo que pervierte y diluye su doble condición.

De la misma manera que creo que hay personas que, no habiendo sufrido ningún atentado, tienen unos principios y formas de actuar con mucho más mérito, si cabe, que las propias víctimas que han sufrido un atentado terrorista, porque luchan por esa Memoria, esa Dignidad y esa Justicia sin ser ellos mismos afectados directos y sin buscar ningún tipo de subvención ni de prebenda económica.

Es por ello que, en la medida en que las víctimas de atentados terroristas nos unamos, apoyemos y reconozcamos a las víctimas del terrorismo, es decir, a esos ciudadanos que hacen suya la lucha contra el proyecto político de quien atentó contra nosotros o nuestros familiares, tendremos un mayor poder para hacer frente a cualquier ofensiva terrorista y a los gobiernos que quieran recoger las nueces del árbol que los terroristas mueven.

En ese sentido, este artículo se lo quiero dedicar a los millones de españoles víctimas del terrorismo que han secundado la rebelión cívica, pero en especial a un grupo que ha sido perseguido y ninguneado por muchos, ya que representa buena parte de lo mejor de la resistencia cívica: los peones negros. Gracias a ellos, mucha de la verdad del 11-M que esta por esclarecer nunca dejará de reclamarse.
Francisco José Alcaraz Martos es víctima del terrorismo.

Entrevista - Fernando Ruiz Piñeiro / Presidente del TSJ del País Vasco
«No es viable un Poder Judicial vasco propio»
En su primera entrevista a un medio de comunicación nacional en los últimos años, expresa su principal deseo para los jueces vascos: «Aspiramos a ser pos-heroicos».
Entra en la recta final de su mandato. En enero del próximo año vencerá el periodo para el que fue designado. Se presentará a la reelección, algo que estará en manos del próximo Consejo General del Poder Judicial. Madrileño de nacimiento y vasco de adopción, tiene toda su vida en esa comunidad autónoma, donde se quedará a vivir una vez deje la judicatura. «Estoy instalado definitivamente en el País Vasco», dice al respecto. Casado, con cuatro hijas, su familia le ocupa el poco tiempo que le dejan los avatares del Tribunal Superior. Eso sí, de vez en cuando acude al restaurante de unos conocidos donde disfruta, junto a amigos y familiares, de un buen vino y mejor chuletón. Y, cuando se presenta la oportunidad, una partida de mus le hace olvidar momentáneamente que ha sido «objeto de especial predilección» por parte de los nacionalistas.
Francisco Velasco La Razón 30 Junio 2008

MADRID-¿Cómo se lleva presidir un Tribunal Superior en una comunidad donde la Justicia siempre está en el punto de mira?
-Con absoluta normalidad. Es una etapa en mi carrera profesional absolutamente interesante, intensa, que se lleva con una normalidad absoluta.

-¿Y los jueces vascos, cómo afrontan esa situación?
-Los jueces, como la sociedad en general, en el día a día viven con absoluta normalidad. Cuestión distinta es que tengamos que adoptar medidas de seguridad por lo que todos sabemos, por la actividad de la banda terrorista ETA. El País Vasco es uno de los pocos lugares del mundo donde el colectivo judicial, en su conjunto, tiene que adoptar medidas personales de seguridad, aunque no es algo exclusivo de los jueces.

-Desde fuera del País Vasco se tiene la imagen de que los jueces que ahí trabajan son una especie de héroes, por las circunstancias en que desarrollan su actividad.
-Se puede dar esa imagen, pero, desde luego, a lo que aspiramos es a dejar de tenerla, aspiramos a ser pos-heroicos. Y ello porque desde fuera del País Vasco se piensa que el ejercicio de la jurisdicción en esta comunidad tiene un componente de especial exigencia. Es cierto que lo tiene, pero lo lógico es que la situación sea tan normal como en cualquier otro punto de la geografía española y que el juez se limite exclusivamente a estar dedicado a su trabajo, sin más, sin otro tipo de connotaciones.

-Usted siempre ha sido objeto de duras críticas por parte del nacionalismo vasco. ¿A qué lo achaca?
-Desde que llegué a Vizcaya en 1986, hace 22 años, lo que he intentado, sin más, es desempeñar mi trabajo de la mejor forma posible. Pero nunca llueve al gusto de todos. Tengo la tranquilidad de haber tomado las decisiones que debería tomar, lo que no quiere decir que siempre hayan sido acertadas. Lo que ocurre es que en determinados temas, si dices «A», te dicen que eres españolista, que sentencias a golpe de silbato de Madrid; y cuando la resolución tiene el signo contrario, ha habido declaraciones pidiendo más jueces «falcones».

-¿Qué piensa de la pretensión de los partidos nacionalistas, e incluso del propio PSOE o el Gobierno, de que los tribunales superiores de Justicia sean, en última instancia, una especie de «tribunales supremos»?
-Creo que hay margen constitucional suficiente para avanzar y, de hecho, está previsto normativamente que los tribunales superiores sean la culminación de la jurisdicción en cada comunidad autónoma. Pero siempre hay que salvaguardar al Tribunal Supremo como máximo órgano jurisdiccional del Estado.

-¿Por qué el nacionalismo tiene a la Justicia como una de sus principales reivindicaciones?
-No lo sé. Pero lo cierto es que, desde hace ya algún tiempo, parece que hay una pretensión de existencia de un Poder Judicial propio, y ahí es donde está la problemática de fondo,

-¿Usted lo ve viable?
- Evidentemente, no, salvo que se produzca un cambio constitucional y se configure el Poder Judicial de una forma distinta a como lo está actualmente. Todo lo que sea afectar a la unidad jurisdiccional, a la Carrera judicial como carrera de índole nacional y única, es incidir en el núcleo duro de la configuración de un poder que en la Constitución tiene esas notas definidoras.

-¿Qué opina entonces de la posibilidad de creación de los consejos de Justicia autonómicos?
-Supondrían un cambio trascendente en la configuración del gobierno del Poder Judicial, y no acabo de entender que, al parecer, 17 consejos solucionen algo cuando, a la vista está, que habiendo uno sólo los políticos no han sido capaces de conseguir que funcione. En todo caso, quizás alguien consiga explicar de forma razonable cómo es posible que habiendo un Consejo, que ha resultado como ha resultado, pueda ser que existiendo 17 iríamos a mejor. Desde luego, no iríamos a mejor en calidad, eficacia, cercanía al ciudadano, que es lo que parece que se quiere conseguir, entrando los políticos en el gobierno de los TSJ.

-¿Cómo se imagina una Justicia en el País Vasco dirigida desde una óptica nacionalista?
-No me lo puedo imaginar. No lo sé. Lo que mantengo es que la Justicia, tal como está configurada actualmente, ha desempeñado un papel fundamental en la sociedad y los ciudadanos la valoran cada vez mejor. Pues parece que cuando estamos consiguiendo tener mejor imagen, transmitir mejor, que los ciudadanos consideren que los jueces son la última garantía de sus derechos y libertades, y que somos una garantía del propio sistema, justo entonces es cuando resulta que se quiere cambiar.

-Usted recientemente ha sido apartado del tribunal que enjuiciará a Ibarretxe por sus reuniones con Batasuna. ¿Cómo reaccionó ante esa decisión?
-Ni bien, ni mal, sino todo lo contrario. El sistema funcionó correctamente. Se presentó una recusación y la Sala entendió que concurrían motivos para ello. Es decir, normalidad en el sistema.

-En este caso, el instructor, Roberto Saiz, observó indicios de delito en las reuniones con la ilegalizada Batasuna. ¿Esas resoluciones estaban motivadas, fundamentadas?
-Que estaban fundamentadas, sin duda. Pero hay que distinguir entre que una resolución judicial esté fundamentada o que sea acertada o equivocada. Fundamentadas, no me quedan dudas de que lo estaban y más desde el momento en que las confirmamos -la Sala de lo Civil y Penal-. Pero, insisto, una cosa es que estén bien fundamentadas y otra es en qué pueda acabar el asunto.

-Si reunirse con un partido ilegalizado es presuntamente delictivo, ¿se puede aplicar lo mismo respecto a reunirse con una banda terrorista como es ETA?
-Aquí no puedo hacer valoraciones. En su momento, el Tribunal Supremo archivó una denuncia por ese motivo al no apreciar indicios de delitos en ese tema (en referencia a la reunión que mantuvo Carod-Rovira con «Josu Ternera» en Perpignan). Eso está ahí, Por tanto, a la vista está que no tiene por qué ser constitutivo de delito, porque así lo dictaminó el Tribunal Supremo.

-¿Y no le parece contradictorio?
-No. No es contradictorio en absoluto. Hay dos claves muy sencillas y que se entienden con facilidad. Tener contacto con una banda terrorista está tipificado como delito cuando se colabore, financie, etc, a la actividad de la banda; mientras que en el otro caso lo que ocurre es que hay una sentencia del Tribunal Supremo que ilegaliza un partido porque es un peligro para la democracia, y, por tanto, afecta a la convivencia de todos, y, además, prohíbe cualquier actividad política de ese partido. Lo que sí puedo decir es que cuando decidimos iniciar una causa penal por esas reuniones (con Batasuna) es porque estábamos convencidos, y lo sigo estando a día de la fecha, de que había motivos para ello. Y cuando confirmamos las resoluciones, diciendo que se abría juicio oral, es porque entendíamos que jurídicamente esa decisión era la correcta, y eso con independencia de que acabe en «A» o en «B».

-¿Qué le parece que se negocie con una banda terrorista?
- No tengo nada que decir. Un juez no puede valorar la conducta que desarrolle un Gobierno. Eso es algo que tienen que hacer los ciudadanos.

-Durante la tregua de ETA existió la percepción de que hubo una cierta «relajación» judicial y que, cuando se rompió, se «reactivaron» determinados procesos. ¿Tiene esa misma percepción?
- Creo que en ese tema la sociedad se mostró dividida. Si la Fiscalía cambió de postura tendrá que ser ella quien lo explique. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que hay jueces que no hemos cambiado de postura en ningún momento y que siempre hemos interpretado la ley de la misma forma, y, desde luego, siempre he tenido muy claro en mi vida profesional que mi toga no se mancha con el barro del camino (en alusión a lo que expresó Conde-Pumpido durante la tregua).

-¿Es partidario de la cadena perpetua para delitos de especial gravedad de terrorismo?
-Hay decisiones que pueden ser perfectamente razonables, como la que tomó el Tribunal Supremo en la «doctrina Parot», donde lo que hace es que en determinados supuestos se cumplan más penas. Creo que por ahí se puede conseguir una mayor justicia de la pena. En cualquier caso, tiene que haber un debate sereno, no mediatizado por hechos concretos que producen alarma en un momento determinado, y que la sociedad tome la decisión que corresponda. En principio, la cadena perpetua me parece que no es adecuada, pero tampoco tengo una decisión firme.

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