AGLI

Recortes de Prensa    Jueves 3 Julio 2008

Manifiesto por la lengua común
¿Por qué odian el español?
El hecho es que tenemos un idioma de origen castellano, pero enriquecido por las contribuciones de todas las regiones y de
los países hispanoamericanos, y que ese idioma supone una riqueza extraordinaria para cada una de las partes de España.
Pío Moa Libertad Digital 3 Julio 2008

Con su victimismo habitual, envoltorio de una ciega agresividad, los separatistas acusan a los firmantes del manifiesto por
el idioma común de odiar y perseguir las lenguas regionales españolas. Es fácil demostrar lo contrario: si dichas lenguas son cooficiales en sus comunidades y vehículos de la enseñanza, se debe a un esfuerzo democrático, y no a unos separatistas cuya oposición a Franco fue irrisoria. Pero da igual, los separatistas nunca dejarán de insistir en su letanía, pues sin ella se
derrumbarían sus argucias contra la lengua general.

El hecho es que tenemos un idioma de origen castellano, pero enriquecido por las contribuciones de todas las regiones y de
los países hispanoamericanos, y que ese idioma supone una riqueza extraordinaria para cada una de las partes de España. La
cultura catalana y la gallega, no digamos ya la vasca, se han expresado mayormente en el idioma común o castellano, y en él
se ha escrito lo más y probablemente lo mejor de sus literaturas. Pero los secesionistas pretenden nada menos que mutilar las culturas regionales de sus productos más valiosos, declarando “extranjera” o “impropia” la lengua que permite a sus paisanos comunicarse con los demás españoles y acceder sin trabas idiomáticas a cientos de millones más, con lo que ello supone desde el punto de vista cultural y económico.

Para justificar tal chifladura pregonan que sus lenguas particulares están perseguidas y en serio peligro, cuando en realidad
son ellos quienes persiguen al castellano e intentan marginarlo de la enseñanza y la vida pública, y crear al mismo tiempo un
ambiente popular de aversión a dicho idioma. La razón de ello consiste en que los separatistas forman grupos de poder locales que aspiran a imponerse por completo en cada región. Para lo cual buscan romper los lazos de unión entre los españoles, cosa que solo pueden conseguir vulnerando al mismo tiempo las normas democráticas y los derechos ciudadanos.

¿Corren peligro real los idiomas regionales? Difícilmente, pues consiguieron mantenerse y producir una literatura de
considerable interés durante el período franquista, cuando no se los admitía en la vida pública ni en la enseñanza oficial
(aunque se enseñaban en otras escuelas y el régimen creó las primeras cátedras universitarias de ellos). El peligro mayor
para esos idiomas proviene justamente de sus pretendidos defensores, que los convierten en vehículos del embuste y los llenan de bazofia ideológica al modo como los nazis estropearon el alemán o los soviéticos el ruso con sus “lenguas de palo”. No son catalanistas, ni vasquistas ni galleguistas: son simplemente antiespañoles. De ahí hay que partir para entender sus enredos.

De la senda del arrepentimiento
POR HERMANN TERTSCH ABC 3 Julio 2008

EL escritor e historiador Vitali Shentalisnki revela en sus imprescindibles investigaciones sobre la represión de los intelectuales bajo Stalin («Esclavos de la libertad» y «Denuncias contra Sócrates», los archivos literarios del KGB, editorial Galaxia Gutenberg) cómo todo ser humano, hasta el más libre y excelso, el más fanático, piadoso, valiente o genial, tiene su cota de sufrimiento o temor, superada la cual se culpa a sí mismo de la suerte adversa propia o de los seres cercanos. Es entonces cuando entra en funcionamiento el más perverso de los mecanismos del arrepentimiento. Josip Mandelstam intentó hacerse perdonar sus versos crueles y sarcásticos sobre el «Vozhd» (el lobo blanco o el jefe, véase Stalin) con una oda que le acercó un poco más a la muerte. Babel, Bujarin, Mayerhof, todos los grandes hombres devorados en la gran maquinaria de destrucción de voluntades y dignidades de la Lubianka, tuvieron un momento en el que arrepentirse de lo mejor que habían hecho, que fue haber tenido el coraje de enfrentarse al monstruo que era la encarnación de la inhumanidad, de la justicia y de la mentira. Hasta Anna Ajmátova cayó en la tentación de creer que salvaría a su hijo con elegías que enmendaban furiosas críticas previas. Los dos libros de Shentalinski, basados en los archivos secretos del KGB sobre juicios e interrogatorios a toda la elite intelectual y política rusa en los años de plomo son un relato inmenso y conmovedor sobre el abismo del sufrimiento y el pulso entre dignidad y terror de gentes incapaces de vivir sin honor pero cuya autoestima aquel Estado había decidido destruir.

De la gran tragedia del totalitarismo del siglo XX pasemos ahora a la triste farsa de nuestra España actual, en la que hasta los arrepentimientos son de vodevil chusco. Ya tenemos un par de arrepentidos entre los firmantes del «Manifiesto en defensa de la lengua común». Alguno de ellos recurre a la manida excusa del malentendido cuando el texto del manifiesto es perfectamente claro. Pero hagámosles caso. Pudiera ser en algún caso un malentendido. No debieran sorprender a nadie aquellos que, una vez informados de que el Gran Timonel se había enfadado al saber de su firma, se hayan apresurado a retractarse. No habían pensado que le pudiera irritar que se defendiera la lengua española. Pero una vez enterados han dejado claro cuáles son sus prioridades. Como entonces los obedientes y agradecidos funcionarios de la Asociación de Escritores Soviéticos que tan bien describía Bulgákov, los afortunados directivos de la Sociedad General de Autores (SGAE) ahora no estarían en su sano juicio si firmaran un manifiesto ya condenado por el Timonel, por los nacionalistas y por la secta. Más difícil lo ha tenido el poeta Ramón Gamoneda. Su disquisición torturada sobre sus razones para retirar su firma no es más que una tristeza. Ningún intento de apropiación de este manifiesto por parte de fuerza política, medio o persona alguna, aunque existiera, resta un ápice de veracidad y solvencia al mismo. Mientras los diversos ramoncines probablemente no lo leyeran nunca, nadie pensará tan mal del Premio Cervantes de nuestra nueva era. Como damos por hecho que no ha sido torturado como Bujarin ni amenazado como la poetisa Ajmatova, supongamos que el poeta leonés se ha arrepentido libre y noblemente de lo que ha considerado una deslealtad hacia quienes defienden y promueven lo que antes de arrepentirse consideró una injusticia.

Libertad frente a imposición lingüística
El silencio del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ante la ofensiva nacionalista se contrapone a la claridad con la que Santiago Abascal Ezcuza ha alzado su voz para denunciar el atropello que supone el decreto que planea el Gobierno de Ibarratxe.
EDITORIAL Libertad Digital 3 Julio 2008

El Gobierno vasco se ha sumado a la persecución del castellano iniciada por los nacionalistas catalanes, gallegos y baleares
al anunciar que multará a los comerciantes que no atiendan en vasco a sus clientes. Los hechos demuestran, una vez más, la
necesidad de emprender las medidas legales necesarias para garantizar los derechos lingüísticos de los españoles tal y como consagra la Constitución y pide el manifiesto por la lengua común.

El silencio del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ante la ofensiva nacionalista se contrapone a la claridad con la que Santiago Abascal Ezcuza ha alzado su voz para denunciar el atropello que supone el decreto que planea el Gobierno de Ibarratxe. Una medida que atenta contra la libertad individual con un objetivo que a nadie se le oculta: el arrinconamiento del español como lengua común en la que puedan expresarse los ciudadanos que así lo decidan, llegando a intervenir en la actividad empresarial en lugar de permitir que la elección recaiga en los consumidores.

Abascal Ezcuza, además de regentar un comercio en Amurrio, es el padre de Santi Abascal, uno de los parlamentarios populares del País Vasco que ha apoyado a María San Gil tras ser ninguneada por el aparato de Génova. De esta forma, la familia Abascal se erige como un ejemplo a seguir en la defensa de unos principios demostrando una firmeza inquebrantable de la que debería tomar nota la actual dirección de los populares si aspiran recuperar la confianza de María San Gil y un discurso coherente en defensa de la libertad de todos los españoles.

La mayoría de los académicos de la RAE apoyan ya el Manifiesto en defensa del castellano
ANTONIO ASTORGA. MADRID. ABC 3 Julio 2008

El 23 de junio se presentaba en Madrid el Manifiesto por la Lengua Común, http://www.abc.es/gestordocumental/uploads/nacional/manifiesto.pdf
que lleva el sello personal de Fernando Savater (él es su redactor), y que ha revolucionado la vida académica, periodística, política, social y cultural. El espíritu del texto, rubricado por intelectuales de primera fila, se resume -como explicaba en una entrevista con ABC Savater el domingo pasado- en la petición de que en los espacios públicos de España se respete el derecho a usar la lengua española. Desde ese día numerosos académicos se han sumado, compartiendo, y apoyando en parte o todo el contenido del manifiesto. ABC ha llamado a los académicos -42 de número y dos electos- para pedirles su opinión sobre un documento entre cuyos abajo firmantes figuran desde el principio cuatro miembros de la Real Academia: Mario Vargas Llosa, Carlos Castilla del Pino, Carmen Iglesias y Álvaro Pombo.

Posteriormente se han ido uniendo más académicos en un goteo que no cesa. Miguel Delibes señalaba: «Me parece muy bien que se facilite el aprendizaje del castellano, que al fin y al cabo es el hijo predilecto de Castilla». Le secundaron creadores y lingüistas que laboran con la palabra: Arturo Pérez-Reverte, Ana María Matute, Antonio Fernández Alba, Francisco Rodríguez Adrados, José María Merino, Eduardo García de Enterría, Gregorio Salvador, Manuel Seco y Antonio Mingote.

El genial artista ilustraba en la portada de ABC de ayer el «talante» nacionalista de acoso al castellano: tres tipos -agitando una ikurriña, una señera y una «bandeira galega»- «planean una protesta (los tres en español) por llamar los españoles al español idioma común, sólo por crispar, porque los españoles crispan...». Para Mingote, «vale la pena adherirse porque es un tema gravísimo que se está tomando con mucha ligereza. Hay que atajar ese desastre estúpido e imbécil de la barbarie nacionalista. La cosa es tan idiota por parte de los que atacan al castellano que, por su peso, por el natural orden de la cosas, acabará diluyéndose. Llegará un momento en el que no tendrá ningún sentido. Es un ataque feroz de unos imbéciles que trabajan en contra de sus pueblos», declaraba a ABC. Valentín García Yebra subrayaba a ABC que «el español debe ser el idioma de todos los españoles, no solamente de los castellanos, leoneses, aragoneses, catalanes, andaluces...». Días después, en una entrevista con ABC, Luis Mateo Díez declaraba: «Me parece un manifiesto ponderado, razonable, estricto, con mucho sentido común y que además coincide con mi pensamiento. La lengua es algo que se debe tratar desde el sentido común». Preguntado por ABC, Luis Ángel Rojo explicaba: «Sí me adheriría a título personal».

La ciencia y la poesía de la RAE también se han volcado por la lengua común. La autoridad en Psicología José Luis Pinillos manifestaba: «He mandado mi carta de apoyo». También se sumaron Margarita Salas, la primera mujer investigadora que ingresó en la RAE, y José Manuel Sánchez Ron, uno de los más prestigiosos historiadores de la Ciencia. Se adhieren Carlos Bousoño, y Francisco Brines, que dijo a ABC: «El manifiesto no va contra la lengua de un país. Es libertad de elección para el estudio de la lengua que se desea. Si el idioma es común tiene que tener uno la libertad para estudiar en ese idioma y estudiar la lengua propia del país». Luis Goytisolo matizaba: «Hace mucho que no firmo manifiestos que no encabece uno. Pero estoy de acuerdo en el fondo del contenido de éste».

Según ha podido saber ABC, el manifiesto ha levantado una fabulosa polvareda en la Academia, y no se descarta que la institución haga pública una declaración, que podría ser en la sesión de hoy jueves.

Los directores de las de Bellas Artes e Historia se unen a título particular
A. A. ABC 3 Julio 2008

MADRID. Consultados por ABC, los directores de las Reales Academias de la Historia, Gonzalo Anes, y de Bellas Artes de San Fernando, Ramón González de Amezúa, mostraron ayer su adhesión a título particular al manifiesto por la Lengua Común. «No lo he firmado todavía, pero me uniría a este manifiesto, a título particular -señalaba a este periódico Gonzalo Anes-. Considero que el español es una lengua con la suficiente fortaleza como para que no necesite que nadie la defienda. La hablan varios centenares de millones de gentes, a un lado y otro del Atlántico, al otro lado más, en todas las repúblicas hispanoamericanas, y tiene una fortaleza y un crecimiento absolutamente portentosos. Y aquí en España tampoco creo que sea necesario defender el español porque tiene suficiente fortaleza como para poder valerse por sí solo sin necesidad de defensores. Lo que tenemos que procurar quienes escribimos es hacerlo con la mayor corrección posible, utilizar lo más dignamente que podamos y eficazmente el riquísimo vocabulario de la lengua española, cuidar nuestras expresiones... Pero sí es un problema de derecho de las personas. La lengua que la Constitución española determina y declara como lengua nacional deben poder conocerla y utilizarla todos los españoles sin que exista ninguna zona de España en la que no sea posible escolarizar a los estudiantes en la lengua española. Y eso creo que lesiona un derecho muy sagrado de los padres a elegir cómo quieren que se eduque a sus hijos, en qué lengua. Ese es el único motivo por el que pienso firmar ese manifiesto».

Denuncias por discriminación lingüística
Xoán Xulio Alfaya Periodista Digital 3 Julio 2008

Antes de reproducir la noticia del Faro de Vigo sobre las quejas que recibe Galicia Bilingüe sobre discriminación lingüística y a la vista de ciertos comentarios que recibo, quiero aclarar que todos mis artículos publicados en Gallegos
Hispanohablantes por gentileza de Periodista Digital están escritos a título personal y que si bien es cierto que colaboro y
pertenezco a asociaciones que defienden la libertad de idioma en Galicia, mis opiniones son mías y yo soy el único
responsable de las mismas.

Galicia Bilingüe está muy bien representada por Gloria Lago y José Manuel Pousada y Vigueses por la Libertad por Cristina
Losada. Muchas gallegas y gallegos (como ven también domino el “progresí”) les apoyamos, estamos con ellos y no queremos que en ningún momento se sientan solos ante la Inquisición Lingüística y ante quienes impunemente le hacen el trabajo sucio a ésta a ver si consiguen que el miedo nos haga callar, ya que la mitología identitaria no se la creen ni quienes viven de ella.

Dicho esto, les invito a leer la noticia publicada ayer por el Faro de Vigo y a perderle el miedo a los inquisidores
lingüísticos, así como animarles a denunciar cualquier tipo de discriminación que sufran por razón de idioma, pues en Galicia son tan oficiales el español como el gallego, así que se vayan estos estafadores a otra parte con el timo de la estampita que ya está demasiado visto.
--

Galicia Bilingüe recibe más de 700 quejas por discriminación lingüística
Faro de Vigo, 02 de julio de 2008

La mitad de los problemas están relacionados con la educación y un 30% con el trato de las administraciones

Más de 700 quejas por presuntos casos de discriminación lingüística. Es la cifra de escritos que ha recibido la asociación
Galicia Bilingüe a través de su página web remitidos por ciudadanos de la comunidad autónoma que también solicitan
asesoramiento para "enfrentarse a la política impositiva de la Administración gallega en este terreno". Según explica su
presidenta, Gloria Lago, la mitad de las protestas están relacionadas con temas educativos, mientras que un 30% tienen que
ver con el trato de las administraciones. El 20% restante se refiere al acceso a subvenciones.

Apunta que la Mesa pola Normalización Lingüística dice que el decreto no se cumple pero nosotros percibimos que se aplica incluso más allá del mínimo". En este sentido, alude a que "detectamos mucho malestar entre los padres y nos ha sorprendido el volumen de quejas que recibimos y que nos ocupa buena parte de nuestro tiempo".

En este sentido, se encuentran con que "somos el único canal que tienen para expresar su frustración ya que en la
Administración sólo hallan vías de protesta para los casos de dificultades para el uso del gallego, nunca del español".
Agrega que los casos son "enormemente variados" lo que les lleva a deducir "no sólo que el castellano ha sido prácticamente erradicado de la mayor parte de los organismos públicos, sino que la imposición cae a menudo en situaciones absurdas que incluso rayan el ridículo".

Así, tanto ella como José Manuel Pousada indican que las quejas se extienden a muchas instituciones "en las que toda la
documentación está únicamente en gallego" mientras que los padres se encuentran con problemas "ante el rechazo en la
dirección ante cualquier solicitud para ser informados en español o las escasas garantías que evidencia el limitado dominio
del castellano culto de los alumnos".

Entre las quejas recibidas, Lago destaca "reprimendas o presiones que reciben los alumnos por utilizar el castellano" o el
caso de un estudiante colombiano que, aseguran, "por su condición de castellanohablante está sufriendo un rechazo que
traspasa límites hasta convertirse en un elemento xenofóbico". También critican que el Consello da Cultura Gallega "tiene un
convenio en el que se especifica que su lengua laboral es sólo el gallego" o las dificultades para obtener documentación en
castellano en el Sergas, en ayuntamientos o en las universidades incluso para realizar trámites fuera de Galicia.

Pousada señala que "no conozco ningún país con más de una lengua oficial en el que a los ciudadanos se les impida expresarse o ser atendido en cualquiera de ellas" y lamenta que el Consello da Cultura Galega no utilice el castellano "porque da a entender que no forma parte de la cultura gallega".

Un presidente en crisis
Con la crisis económica, Rodríguez Zapatero ha pasado de la estrategia política a la mentira compulsiva para luego terminar
en una huida hacia ninguna parte con una dosis indescriptible de irresponsabilidad.
Ignacio Villa Libertad Digital

Este miércoles hemos podido ver y escuchar la actuación parlamentaria del presidente Zapatero. Un presidente en crisis.
Incapaz de reaccionar, el jefe del Ejecutivo se muestra prepotente ante la situación y cerril con los datos. Nunca se había
producido una cascada de este calibre de cifras apabullantes que certifican, sin ninguna duda, la realidad de la crisis
económica. Una crisis galopante y demoledora a pesar de que Rodríguez Zapatero se empeña en no hablar de ella como si los españoles fuéramos unos tontos de feria.

El pleno extraordinario de este miércoles en el Congreso ha sido simplemente la escenificación del esperpento al que nos
conduce como borregos este Ejecutivo. Hay crisis, estamos en crisis, sufrimos la crisis, sentimos la crisis y nos asfixia la
crisis; sin embargo, a Zapatero parece no importarle. Él se dedica a hablar de fútbol y de más fútbol como si estuviéramos en el recreo del colegio.

Con la crisis económica, Rodríguez Zapatero ha pasado de la estrategia política a la mentira compulsiva para luego terminar
en una huida hacia ninguna parte con una dosis indescriptible de irresponsabilidad. Estamos en un momento en el que ya no
valen los juegos dialécticos, los mariposeos incontrolados y los toboganes parlamentarios para no aceptar la cruda y ruda
realidad. Hay crisis, una crisis económica brutal que será todavía más grande en la medida en que este Gobierno no quiera
reconocer la magnitud de la crisis.

A estas alturas, cuando el Gobierno tiene una legislatura por delante, es imposible entender qué razones pueden existir para
seguir mintiendo a los españoles; para ocultar la verdad y dibujar una situación que sólo tiene vigencia en la imaginación
del Ejecutivo. Zapatero dijo durante el homenaje a la Selección Nacional de futbol que la realidad supera a los sueños. Es
verdad, hay que dar la razón al presidente: la realidad supera a sus mezquindades. Y la crisis que se nos viene encima siendo grande ya de por sí será una catástrofe por las mentiras de Zapatero.

Hay crisis. Las hipotecas, los créditos, la gasolina, la vivienda, la bolsa de la compra, los coches, las vacaciones, los
restaurantes, las rebajas, las cuentas corrientes, la morosidad, el paro y un largo etcétera de indicadores incontestables
nos sitúan ante la realidad. No hay margen para más; por mucho que Zapatero siga empecinado en sus laberintos. Alarga la
agonía y el final será trágico.

Coger el toro por los cuernos
J. M. RUIZ SOROA El Correo 3 Julio 2008

E s una iniciativa inaceptable porque divide a la sociedad vasca, dice Rodríguez Zapatero. ¿Y si no la dividiera tanto, y si
existiera una mayoría sustancial de vascos a su favor? Es una propuesta indigna porque no hace sino dar razones al terrorismo de ETA. ¿Y si ETA no existiera? ¿Qué invocaríamos entonces para oponernos al nacimiento de un nuevo sujeto político soberano?

¿La Constitución y punto?
Mucho me temo que el planteamiento crudamente soberanista ha llegado a nuestros lares y lo ha hecho para quedarse largo
tiempo. En esto tiene razón Ibarretxe, se ha abierto una cuestión que no va a ser tan fácil cerrar. No basta con invocar los
tiempos de Josu Jon y deplorar su destierro. Tampoco creo que vaya a bastar con jalear una posible victoria de Patxi López en las próximas elecciones. Porque incluso si el Gobierno de Euskadi cambia de manos en el más próximo futuro, lo cierto es que la mayoría del nacionalismo vasco le ha cogido gusto a la vía autodeterminista hacia la soberanía y no la va a abandonar en un futuro previsible. El profesor Arzalluz despreció en su momento la autodeterminación como «una virguería marxista», pero no parece sino que hoy todos los sabinianos se han vuelto marxianos. Lo cual plantea a los estadistas españoles (y supongo que alguno deberá de quedar entre nuestros actuales líderes políticos, tan livianos y tacticistas) la cuestión de cómo lidiar a largo plazo con esta vía. De acuerdo, de momento la tramposa iniciativa del Parlamento vasco nace ya frustrada, no es sino un aborto. Pero no conviene dejarse engañar por el fracaso de este parto prematuro. Vendrán otras propuestas, otros intentos, y no parece que la democracia española se pueda limitar a hacer de don Tancredo una y otra vez sentándose sobre el argumento de que 'la Constitución no lo permite'. Porque una Constitución se puede usar de muchas formas y para muchos fines, pero desde luego no para servir de dique insuperable a una voluntad popular firme, reiterada e intensa. Para eso no vale la Constitución so pena de degradarla a algo así como 'una cárcel de pueblos'.

Lo que nos lleva obligadamente a la única salida democrática que puede arbitrarse para este tipo de situaciones: la de la
ley. Regular normativamente una situación compleja y difícil es el primer paso para encauzarla y, por tanto, para resolverla.
Desde luego, es el paso necesario para terminar con uno de los peores defectos de la situación sociopolítica actual, el de
que un pronunciamiento referendatario sobre el futuro de la relación entre el País Vasco y España sea colectivamente
percibido como un auténtico fetiche. Un fetiche que reviste para unos la cualidad de mito (el mito de la autoidentificación
final de los vascos) y para otros el de tabú innombrable (admitir la posibilidad de que la ciudadanía vasca se pronuncie es
tanto como reconocer el derrumbamiento español), pero que en cualquier caso lleva a la alienación política. Si lo regulamos
entre todos, es decir, si ponemos negro sobre blanco en una norma jurídica las condiciones, requisitos y efectos de una
decisión de este tipo, habremos terminado de golpe con un mito y un tabú. Veámoslo.

Derecho de decisión
En primer lugar, está bastante claro que no puede regularse en forma razonable alguna lo que aquí y ahora se llama 'derecho
de decisión', precisamente porque su carácter inconcreto y ambiguo impide cualquier traducción del mismo a criterios
operativos. Si de lo que se trata es de la forma en que Euskadi va a permanecer dentro de España, es obvio que esa forma no
pueden decidirla los vascos solos. Quien quiere formar parte de un todo está necesariamente obligado a aceptar que las reglas de pertenencia y funcionamiento de ese todo las fijan entre todos sus componentes. Podrán discutirlas, negociarlas,
razonarlas de una u otra forma (más simétricas o más diferenciales) pero al final tendrán que decidirlas entre todos. Lo que
significa que los vascos nunca podrán razonablemente alegar que quieren decidir 'ellos solos'(el adjetivo es esencial al
argumento) cómo se sitúan dentro de España. Podrán exigir irse de ella, como veremos, pero no quedarse en ella 'a la carta'.
Existe el divorcio por causa unilateral, sí, pero nadie ha oído hablar del matrimonio por decisión de uno solo. Ésta es,
precisamente, la trampa de la pregunta nacionalista, pues pregunta sobre 'el derecho a decidir de los vascos', cuando lo que
en realidad está planteando es 'el derecho a decidir de los vascos solos'. Y hay un abismo entre ambas formulaciones.
Lo que ha de regularse, entonces, es la forma en que una parte del territorio hoy español podría validamente secesionarse e
independizarse del conjunto. O, dicho de otra forma, cómo atendería la democracia española a una demanda seria, intensa y
persistente de independencia, de forma que una vez constatada su existencia procedería a modificar la vigente Constitución
para aceptar el desmembramiento de un nuevo sujeto político soberano. Sobre este punto existe hoy ya un suficiente acervo de doctrina politológica que nos puede orientar, cuyo contenido se define por las reglas de claridad, negociación y conservación de la calidad democrática.

La claridad exige una mayoría cualitativa (no meramente cuantitativa) a favor de la secesión, tal como el Tribunal Supremo de Canadá señaló: «Se trata de establecer una evaluación cualitativa de una voluntad libre de ambigüedad, tanto en los términos de la pregunta como en la medición de los apoyos que recibe». Y para lograr esa cualidad son precisos planteamientos nítidos y terminantes en las preguntas, así como respuestas no menos contundentes (la mayoría del censo electoral parece un requisito mínimo). Pero la claridad exige también la previa deliberación tranquila y la posibilidad de expresión pacífica de todas las opiniones, lo que excluye desde el inicio un proceso secesionista concurrente con el terrorismo o con sus efectos, dado que no cabe mayor factor de emborronamiento de la voluntad colectiva que el terror.
La claridad exige también que una vez iniciado el proceso secesionista no pueda reconvertirse en uno de consecución de una
mayor autonomía. Es la única forma de impedir el uso estratégico e irresponsable de la reivindicación secesionista, un uso
típico de situaciones como las actuales catalana y vasca. El chantaje de la independencia sólo podrá desaparecer cuando quien lo ponga en marcha sepa que, inexorablemente, el proceso terminará en un referéndum de secesión. Se trata de una cuestión lo suficientemente seria y dramática para muchos como para proscribir la irresponsabilidad en su uso: no vale el 'o me da usted una posición de privilegio o me voy', sino sólo el 'esto es lo que hay y si quiere puede irse'.
Igualmente exige la regla de la claridad el establecer plazos mínimos de repetición de los procesos. Por ejemplo, no parece
excesivo un plazo de veinte años para poder reiniciar un proceso de este tipo cuando el anterior no haya producido el
resultado secesionista perseguido.

Calidad democrática
La regla de la conservación de la calidad democrática es muy sencilla y evidente, por mucho que sea una de las más ignoradas y silenciadas por los nacionalistas. En esencia, dice que un proceso de secesión nunca puede conllevar una pérdida neta en la calidad de la democracia que se vaya a practicar en el territorio escindido, de forma que el nuevo sistema debe ser, por lo menos, tan democrático como el anterior. Ésta es una exigencia que incluye también, 'last but not least', el que las minorías nacionales existentes en el nuevo país (territorializadas o no) ostenten el mismo nivel de autogobierno político, cultural y lingüístico de que las anteriores minorías gozaban en el anterior. Incluido, desde luego, el de iniciar un proceso de secesión si son mayoría clara en una parte del nuevo país. Nuestros nacionalistas han dado ya ejemplos señeros de que no piensan respetar este tipo de exigencias: por ejemplo, la mayoría nacionalista del Parlamento se negó a reconocer derecho ninguno a las minorías culturales existentes en el pueblo vasco al tramitar el llamado plan Ibarretxe (art. 11-2-f),
aduciendo que «el pueblo vasco es único y carece de minorías». Ominoso presagio del monolitismo con que ciertos demócratas entienden el pluralismo y que, de momento, les inhabilita para reivindicar razonablemente la secesión.
Un proceso para regular en España estas cuestiones puede a primera vista antojarse quimérico: por un lado, faltan estadistas
capaces de reconocer su necesidad y, sobre todo, de asumir su impulso. Por otro, no es éste el mejor momento para hacerlo.
Pero también es verdad que todos los momentos futuros serán peores. Si se hace con tiempo y reflexión el efecto de una
regulación razonable de la posibilidad de secesión será higiénico, pues evitará demandas y forcejeos autodeterministas
irresponsables y confusos en el futuro. Naturalmente, a corto plazo siempre parece preferible la ambigüedad y las soluciones
para ir tirando una generación más; el peor vicio de los políticos es el de contemplar los problemas desde la óptica de las
próximas elecciones y fiarlo todo a los nuevos repartos de las cartas del poder que surjan de ellas. Por eso precisamos de
estadistas.

CONSULTA DE IBARRETXE
Desbordados
KEPA AULESTIA EL Correo 3 Julio 2008

La ineludible suspensión cautelar de la Ley de consulta de Ibarretxe y la más que probable anulación de la misma por parte
del Tribunal Constitucional abre paso a numerosos interrogantes sobre la estrategia futura del nacionalismo gobernante, de
los cuales el más concreto es el de la fecha de las elecciones autonómicas. La cerrada agenda política establecida por el
lehendakari, con pasos preestablecidos para la realización de sus dos consultas, ocultaba una gran debilidad. Desbaratada la
convocatoria de la primera, y dado que tan anunciada frustración tampoco sirve para alimentar multitudinarias protestas, el
Gobierno vasco y el PNV se ven ahora empujados a la improvisación. La primera disyuntiva a la que se enfrentan es la de
agotar o no la legislatura; adelantar los comicios a otoño o prolongar un pulso victimista poco creíble hasta la próxima
primavera. El problema es que ninguna sesuda evaluación de pros y contras serviría para despejar las dudas sobre lo que les
conviene más. Hace tan sólo unas semanas el nacionalismo podía estar interesado en distanciar las elecciones autonómicas de las pasadas generales para que el paso del tiempo atenuase el recuerdo de la victoria socialista. Pero hoy el riesgo de una
creciente pérdida de crédito político por parte del tripartito puede hacerse tan patente como el castigo que la crisis
económica inflige a la imagen de Rodríguez Zapatero.

Octubre podría representar para Ibarretxe la posibilidad de imprimir a los comicios autonómicos un sesgo plebiscitario como sustitutivos de la consulta impedida por Madrid. Pero esa misma analogía subrayaría el fracaso de su obcecación y podría convertir la denuncia del agravio en factor de erosión para las expectativas nacionalistas. En otras circunstancias los
jeltzales estarían poco menos que obligados a resolver su duda a cara o cruz. Pero dados los antecedentes últimos parece
lógico pensar que no será el EBB el que fije la fecha electoral sino Ibarretxe. Y no sólo porque el Estatuto concede al
lehendakari la prerrogativa de disolver la Cámara y convocar elecciones; sobre todo porque a pesar de que su agenda política no sirva ya para dibujar ni siquiera lo que vaya a ocurrir de aquí a dos meses, el PNV tampoco es capaz de señalar una jornada para las elecciones si no es la que previamente establezca Ibarretxe. La última decisión trascendente que adoptaron los actuales integrantes del EBB fue prescindir de Josu Jon Imaz. Desde entonces se han visto desbordados por la tenacidad del lehendakari hasta el punto de que entre los dirigentes nacionalistas se ha podido instalar la convicción, por ejemplo, de que da igual cuándo se celebren las elecciones.

Islam y Occidente
¿El islamismo, fase superior del socialismo?
El proyecto político de Zapatero no es ni político ni económico ni institucional; es ideológico, y se basa en la reeducación
e inmersión masiva de los españoles en una religión civil.
GEES Libertad Digital 3 Julio 2008

Como ya hemos comentado en otras ocasiones, existe una peligrosa alianza ideológica de la izquierda europea con el islamismo.

Ambos tienen enemigos comunes, empezando por la democracia parlamentaria y acabando con los Estados Unidos. Y sobre todo, el PSOE y el islamismo coinciden en una cosa: el rechazo radical tanto del cristianismo como del Islam moderado. Respecto a éste, el PSOE mantiene la misma actitud de desprecio que mantiene hacia el cristianismo y el judaísmo, habida cuenta de que todos ellos constituyen un estorbo para la instauración de su religión civil.

El proyecto político de Zapatero no es ni político ni económico ni institucional; es ideológico, y se basa en la reeducación
e inmersión masiva de los españoles en una religión civil. A ello están dedicados el Ministerio de la Igualdad, la Educación
para la Ciudadanía o la Ley de Libertades religiosas. La idea es acabar con aquellas creencias morales, religiosas o
ideológicas de los ciudadanos españoles que sostienen un régimen liberal-parlamentario, para sustituirlas por ciertos dogmas progresistas que sustenten un régimen popular-republicano.

En esta primera fase, eminentemente destructiva, se impone el radicalismo y la acumulación de fuerzas contra todas aquellas
creencias compatibles con el orden constitucional. En su punto de mira están los principios o valores que lo puedan
sustentar, sean de la religión que sean. Y para ello se une y fomenta a cualquier grupo antisistema, independentista,
neocomunista o islamista. El lector no leerá ni escuchará en los medios de la izquierda a ningún musulmán liberal o moderado por muy amenazado de muerte que esté; tan solo oirá a los propagandistas habituales del islamismo radical. Y no escuchará a los portavoces del PSOE criticar las propuestas de un doble sistema jurídico en España, ni las llamadas a recuperar Al-Andalus, ni defender a los musulmanes amenazados de muerte por el yihadismo.

¿Cómo es posible? Sencillo: los musulmanes moderados creen que la democracia liberal-parlamentaria es el mejor régimen
político posible, y tratan de adaptar el Islam a una sociedad abierta, a la razón y a la modernidad. Parten de la creencia en
que la democracia es mejor que el totalitarismo, por islámico que sea. Pero esta creencia en las bondades
democrático-liberales es demasiado para una izquierda que está precisamente en la demolición de este sistema, y que está
acumulando fuerzas en su contra. En consecuencia, propaga, defiende y justifica al islamismo radical, mientras silencia y
abandona a su suerte a los demócratas islámicos, en otros países o en los barrios y ciudades españolas.

El último episodio de esta conjunción lo hemos vivido con las críticas conjuntas de algunos representantes islamistas y del
PSOE a las sensatas palabras de Ignacio Cosidó, que había advertido del riesgo que supone que el fundamentalismo islámico se asiente sobre la comunidad musulmana en España, erosionando con sus valores el régimen democrático. Como afirmó Cosidó, y como afirmamos en GEES, el sistema democrático puede entenderse mal que bien con un Islam moderado, pero no con un islamismo radical o un laicismo salvaje, porque de lo que abominan ambos es precisamente de los valores liberal-constitucionales.

No sólo el islamismo español se ha lanzado al ataque, sino que ha sido el PSOE el que una vez más ha salido en defensa de los valores islamistas, contra Cosidó, contra el Islam moderado y contra los valores constitucionales. Será que el partido de
Pablo Iglesias ha alcanzado su fase superior.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

El PP vasco reacciona contra la imposición lingüística
Redacción Bilbao Minuto Digital 3 Julio 2008

Esta claro que Basagoiti no es Núñez Feijoo. Frente al las ambigüedades del líder de los populares gallegos en materia
lingüística, el más que seguro sucesor de María San Gil, ha arremetido contra el decreto lingüístico aprobado por el Gobierno vasco que obligará a atender en vascuence en comercios y empresas, debido a que “se intenta que la gente hable lo que le manda un político”.”Pretenden que en este país se tenga que hablar en una tienda, una empresa privada o en la casa de uno lo que se le ocurra a un lehendakari”, esta iniciativa es puro fascismo sentenció el político popular.

Basagoiti también denunció la impostura de los nacionalistas y su hipocresía, ya que el vascuence es una lengua minoritaria
en todo el País Vasco, y como prueba de ello instó a los promotores del decreto, PNV, EA y EB, a que “prediquen con el
ejemplo” y “mañana o pasado a más tardar, hagan dimitir a los cargos públicos del PNV que no sepan euskera, ya que van a
obligar a un pobre hombre a saber euskera para trabajar en una tienda”.

Basagoiti aseguró que este tipo de iniciativas “van absolutamente en contra de las libertades” y agregó que es “mucho más
importante el derecho a trabajar y a comunicarse, que a supuestos derechos lingüísticos”.

El responsable popular aseguró que la ciudadanía “cada día está más harta de las imposiciones del euskera y de que se imponga el totalitarismo con este idioma. No obstante, animó a empresarios y comerciantes que “estar tranquilos”, porque “este decreto a cuatro años puede que no se haga nunca” ya que “si el PP tiene respaldo suficiente en las próximas autonómicas, irán a la calle los que, como Ibarretxe quieren aplicar este tipo de fórmulas”.

A su juicio, “para un País Vasco que quiere ser próspero y crecer”, es “más importante hablar inglés y castellano” porque el
euskera “debe ser una lengua a cuidar, mantener y proteger, pero no servir para pegarle en la cabeza con ella a nadie”.

A diferencia de lo que sucede en Cataluña, Baleares Galicia e incluso Valencia, el PP de Vascongadas es el único que
realmente esta respaldando con hechos el famoso manifiesto en defensa del idioma común, que muchos políticos del PP han
firmado, pero que verdaderamente no aplican ni defienden en sus regiones.

VISITARÁN A LOS HOSTELEROS DE LA ISLA
El Consejo de Mallorca crea una "policía" para vigilar el uso del catalán en restaurantes
Las Islas Baleares no quieren quedarse atrás en su política de marginación del castellano. Si este miércoles el Gobierno
vasco anunció un decreto que obligará a que los comercios atiendan en vascuence, ahora el Ejecutivo presidido por Francesc Antich, a través del Consejo Insular de Mallorca, creará una especie de "policía lingüística" que vigilará que en los restaurantes mallorquines se use el catalán. Según informa La Razón, existirán unos "dinamizadores" que visitarán a los
hosteleros para comprobar si se utiliza esta lengua tal y como desea el Ejecutivo.
Libertad Digital 3 Julio 2008

De hecho, el nombre de la campaña es: "Por una empresa moderna y de calidad, haz del catalán tu herramienta de trabajo" y su objetivo primordial es concienciar a los hosteleros para que atiendan en esta lengua. Para ello, desde la Dirección General de Política Lingüística contactarán con bares y restaurantes para que hagan la lengua catalana "más presente" en el mundo de la empresa.

Para velar para que esta nueva medida se lleve a cabo, el Consejo Insular tendrá "dinamizadores", asi los llaman desde la
Dirección de Política Lingüística, que irán visitando uno a uno todos los establecimientos para confirmar que el catalán sea
utilizado tal y como desean las autoridades gubernamentales mallorquinas. Sin embargo, para poder alcanzar esta inmersión se producirán subvenciones a los hosteleros que etiqueten en catalán y que hagan lo mismo con los menús.

Para Fernando Rubio, portavoz del Partido Popular en el Consejo de Mallorca, las ayudas deberían ser destinadas a incentivar la actividad hostelera de otro modo. Por ello, aseguró que es "absurdo" ofrecer a turistas de países como Alemania o Gran Bretaña un menú en catalán porque, a su juicio, las "Islas Baleares son un destino turístico y aquí lo que hay que hacer es recibir bien a quien nos viene a visitar".

ANUNCIA QUE SI LE MULTAN, SE DEFENDERÁ
Abascal Escuza: "Es mi derecho atender a mis clientes como yo quiera"
Santiago Abascal, representante del PP en Juntas Generales de Alava, defendió este miércoles su derecho a "expresarme como yo quiera y atender a mis clientes como yo quiera". Abascal respondía así al decreto del Gobierno vasco que obligará a los comerciantes a atender en vascuence.
Libertad Digital 3 Julio 2008

El Gobierno vasco ha dado una vuelta de tuerca más en su política de inmersión lingüística. Primero llegó la imposición del
vascuence en la Administración, en la Sanidad e incluso en los colegios, y ahora ha sido el turno de los comercios. El
Ejecutivo de Ibarretxe ha preparado un decreto que obligará a estos establecimientos a que atiendan en vasco con el pretexto
de cumplir el "derecho de los consumidores a recibir información en euskara y castellano".

El representante del PP en las Juntas Generales de Alava, Santiago Abascal, que también tiene un comercio en Amurrio, dijo en declaraciones a la COPE que si quieren poner multas que las pongan. "Se podrá producir, que se produzcan, ya me defenderé, yo aquí voy a seguir, en mi tierra. E indudablemente el Gobierno vasco lo que tratará es de amedrentar a los ciudadanos con la multa, pero desde luego no me la podrán cobrar porque es mi libertad individual, mi derecho, a expresarme como yo quiera y atender a mis clientes como yo quiera. Luego mis clientes son los que decidirán lo que hay que hacer".

"Esto es un ataque a las libertades, a la libertad individual", denunció. "No solo lo imponen en los colegios, en la
administración, lo verdaderamente grave es que ya lo quieren imponer en la empresa privada".

"No hay ningún gobierno en el mundo que pueda pisar mi derecho individual", aseguró Santiago Abascal. "Ya han intentado
quitarme mis libertades. El nacionalismo y sobre todo ETA-Batasuna y ahora viene el Gobierno vasco a imponerme el idioma que tengo que hablar en mi negocio".

La extensión de la lengua vasca
La obligación de atender en euskera llegará en cuatro años al 45% del sector comercial
AITOR ALONSO | SAN SEBASTIÁN El Correo 3 Julio 2008

TODAS LAS CLAVES DEL DECRETO

A quién afecta
1. Empresas que prestan como operadoras de comunicaciones, empresas ferroviarias, de transporte público por carretera, de
transporte regular aéreo y suministradoras de gas natural o energía eléctrica.
2. Las que reúnan alguno de los siguientes requisitos: establecimientos de compañías que empleen a y con un volumen anual de
negocio superior a los 50 millones de euros anuales; que cuenten con una superficie de más de 400 metros y estén ubicados en
las capitales o en municipios con más del 33% de bilingües; o que tengan en plantilla a más de 15 trabajadores que presten
atención al público
3. También afecta a los establecimientos colectivos, integrados por diferentes puntos de venta; las entidades financieras y
de crédito y las promotoras e inmobiliarias.

Obligaciones escritas
En general, deben mostrarse o facilitarse en euskera todas las , los carteles y rótulos, los impresos o catálogos a
disposición del público, los contratos y las facturas y presupuestos, entre otras. Los folletos y catálogos se editarán,
preferentemente, en ediciones separadas de euskera y castellano. deberán presentar en ambas lenguas las guías de abonados, la información de los teléfonos públicos y las facturas y contratos.

Transportes: deberán facilitar en euskera los billetes y las condiciones generales y cualquier otro documento contractual,
tanto si se adquiere en ventanilla como por Internet.
Suministradoras: deberán facilitar en el idioma elegido por el usuario los contratos, las facturas y los presupuestos.
Bancos y cajas: deberán tener a disposición del usuario en euskera y castellano los cheques, pagarés, talonarios y tarjetas.

Información oral
Megafonía: toda la información oral destinada a una pluralidad indeterminada de personas debe hacerse en los dos idiomas
oficiales.
Atención al público: los establecimientos comprendidos en la norma deberán estar en disposición de atender a las personas
consumidoras cualquiera que sea la lengua oficial en la que se expresen. Ello se hace extensible a la atención al cliente que
se preste por medios telefónicos o electrónicos.

Sanciones
Sin especificar: los incumplimientos serán sancionados conforme a los establecido en el artículo 50.6 de la Ley 6/2003 de
Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias.
Ley 6/2003. Sanciones: ningún apartado se refiere a derechos lingüísticos. Clasificación de las infracciones: leves
(amonestación por escrito o multa de hasta 3.000 euros); graves (de 3.001 a 15.000 euros). Muy graves (de 15.001 a 600.000
euros).
Plazos de adaptación
De 2 a 4 años: en dos años, adaptación a la normativa de comunicación escrita y megafonía. En 3 ó 4 años, la comunicación
oral, en función del volumen de las empresas.

Unos 2.000 negocios deberán disponer de personal que domine la lengua vasca, y rotular y expedir facturas en los dos idiomas cooficiales

El Gobierno anuncia 2,4 millones en ayudas a la euskaldunización del sector


El decreto aprobado por el Gobierno vasco que obligará a rotular y atender en euskera a las empresas de comunicaciones,
transportes y servicios y a los grandes establecimientos y cadenas comerciales que operan en Euskadi afectará al 6,5% de las
firmas del sector de la distribución, unos 2.000 negocios que aglutinan casi la mitad de la superficie total de venta de la
comunidad: el 45%. Desde su entrada en vigor en los próximos días, estas compañías tendrán entre dos y cuatro años para
adaptarse a los requerimientos de la nueva normativa, un cometido para el que el Ejecutivo habilitará una línea de ayudas de
600.000 euros anuales al menos durante cuatro ejercicios. Las infracciones estarán sujetas a penalización, pero prueba de que
«la voluntad no es multar», según sus promotores, es que el texto no recoge una tabla específica de sanciones. En su lugar,
remite a las previstas en la Ley del Estatuto del Consumidor, donde tampoco se recogen de forma concreta cuáles serán las
multas por no colocar carteles en euskera o no dar facturas en esta lengua, por ejemplo.

El Gobierno vasco explicó ayer con un apreciable lujo de detalles el contenido de su última actuación en materia lingüística:
el decreto aprobado el martes que obligará a las empresas de sectores estratégicos, así como a los grandes establecimientos y cadenas, a rotular y atender en euskera a sus clientes en un plazo no superior a cuatro años. Sabedores de la polémica que ha comenzado a generar la disposición en algunos círculos -PSE y PP la rechazaron de plano-, los viceconsejeros de Política Lingüística y Comercio trataron de lanzar a la opinión pública un mensaje «tranquilizador» basado en tres reflexiones: la normativa «no va en contra del castellano», sino que pretende normalizar el uso del euskera; es «realista» y «con los pies en el suelo», motivo por el que se ha excluido a todo el pequeño comercio; y, en tercer lugar, será «progresiva, flexible y pragmática».

Como hizo el martes la portavoz del Gobierno, Miren Azkarate, los viceconsejeros Patxi Baztarrika (Política Lingüística) y
Rodrigo García (Comercio) trataron de quitar hierro al decreto, que llega en un momento delicado al estar precedido por la
propuesta de eliminación del castellano en la Educación y de otras polémicas por el grado de exigencia del euskera para
acceder a puestos públicos, por ejemplo, en la Sanidad vasca. En este escenario, afirmaron que el texto sólo pretende
«garantizar los derechos lingüísticos de los consumidores», pero admitieron que es un paso de trascendencia en la regulación de los usos sociales del euskera, sobre todo porque aborda «por primera vez» la presencia del idioma en el sector privado.

«Es un paso cualitativo», dijo Baztarrika, aunque apostilló que muchas de las grandes empresas ya han avanzado por sí mismas en este ámbito.

El viceconsejero de Política Lingüística insistió en que se trata de una normativa «pragmática y flexible». Pragmática,
porque «parte de la realidad social» y flexible porque no pretende «dar un gran salto, sino ir paso a paso». En este sentido,
enfatizó que la Administración ha renunciado a apretar el acelerador en el caso del pequeño comercio y que se ha centrado, de forma exclusiva, en las grandes empresas de sectores estratégicos. «Ya sabemos que a unos les parece demasiado estricta y a otros, insuficiente», se resignó.

Sello de calidad
El decreto afectará de forma general a las firmas de telefonía y comunicaciones, de transporte aéreo, por ferrocarril o por
carretera y de suministros básicos como combustibles y gas, que deberán modificar sus costumbres para imprimir toda la
documentación en ambas lenguas y dar los avisos por megafonía siempre en euskera y castellano. En el caso del comercio, será de aplicación en las grandes cadenas, los establecimientos de más de 400 metros cuadrados y las tiendas con más de 15
empleados de atención directa al público, que deberán garantizar la atención en euskera a quien lo solicite, aunqueno marca
cómo ni establece cuotas de euskaldunes. Será de cumplimiento también, con mayor o menor exigencia, para los hoteles, cajas y bancos, centros comerciales e inmobiliarias. Salvo algunas excepciones, se prevé que la obligatoriedad sea mayor en las capitales y en los municipios con más de un 33% de población bilingüe.

En todo caso, las compañías privadas tendrán de 2 a 4 años para adaptarse a la norma -el plazo será de un año para las
públicas- y la puesta en marcha de un régimen sancionador, de momento, ni se contempla. «No pensamos en multas», dijo
Baztarrika, «ni habrá una 'policía lingüística' que controle su cumplimiento. El decreto tiene el apoyo del sector y
confiamos en que va a ser asumido. Si hay incumplimientos, es que se trata de un mal decreto», apuntó. Las empresas que
cumplan recibirán un certificado de calidad, un sello que asociar a su imagen.

SATISFACCIÓN TRAS LA VISTA DEL SUPREMO
La AVT insta a investigar "desde el principio" el 11-M
"Nos hemos quedado sin autores intelectuales y sin la mayoría de materiales". Tras escuchar los informes de los fiscales ante el Supremo -"En modo alguno están todos los que son"- la AVT ha instado a investigar "desde el principio" la masacre del 11-M. Las víctimas exigen, además, que se deje de difamar a aquellos que están poniendo "todo su empeño" en esclarecer el mayor atentado ejecutado en Europa y agradecen la labor de medios como Libertad Digital. Lo dicho en el Alto Tribunal es algo "tremendamente importante".
Libertad Digital 3 Julio 2008

Satisfacción en la AVT tras lo escuchado en el Tribunal Supremo sobre la sentencia del 11-M. En un comunicado remitido a este periódico, la asociación mayoritaria de víctimas recalca que siempre han confiado en la Justicia y "después de las tres
sesiones vistas en el TS continuamos manteniendo nuestra postura".

"Esperemos que todos los ciudadanos comprendan ahora nuestro posicionamiento en los últimos meses en relación a los atentados del 11-M. Dejemos trabajar de manera independiente a la Justicia porque se empiezan abrir puertas para conocer toda la verdad de los atentados que cambiaron nuestras vidas", señala la AVT.

Los informes plasmados en sala por parte del ministerio fiscal y lo dicho por sus representantes son, en opinión de la
asociación presidida por García Casquero, "un importante respaldo a las posturas adoptadas" por dicha asociación. "La AVT siempre ha pensado, y por eso hace suya, la reflexión que hizo el fiscal Luis Navajas el primer día de vista pública de los recursos sobre la sentencia del 11-M", agrega.

En opinión de la AVT, "admitir, como no nos hemos cansado de pregonar a los cuatro vientos durante estos últimos meses, que <<en la sentencia en modo alguno están todos los que son>> demuestra que no se ha hecho una investigación acorde a la
importancia del caso".

La AVT espera que "se deje de difamar"
"Es realmente importante que mientras no estén todos los que tienen que estar en la cárcel cumpliendo por sus crímenes se
siga manteniendo la intención de saber toda la verdad del 11-M por parte de la sociedad española", continúa el comunicado.
Por ello, instan a que se deje de difamar "a todos aquellos que están poniendo todo su empeño en esclarecer los atentados
poniéndoles la etiqueta de conspiradores". Queremos saber quienes son todos los que tendrían que estar en prisión por los
atentados del 11-M", sentencia la asociación mayoritaria de víctimas.

Para la AVT, la exposición del fiscal Jaime Moreno el miércoles también es "tremendamente importante" para comenzar a saber toda la verdad. "Uniendo las dos declaraciones de los fiscales, Navajas y Moreno, nos hemos quedado sin autores intelectuales y sin la mayoría de los autores materiales", agregan.

Asimismo, la Asociación Víctimas del Terrorismo quiere agradecer la labor realizada a Libertad Digital así como a otros
medios de comunicación, como la COPE, El Mundo y City FM Radio. "Sin ellos no tendríamos ahora abierta varias puertas que obligan a seguir investigando para conocer toda la verdad de los atentados que cambiaron nuestras vidas y la de todo un
país", finaliza el comunicado.

El acoso al castellano
Mallorca creará una «policía lingüística» para imponer el catalán en los restaurantes
El Consell insular enviará a «dinamizadores» a los locales para «catalanizarlos»
El lema de la campaña es: «Por una empresa moderna y de calidad: haz del catalán tu herramienta de trabajo».
Elka Dimitrova La Razón 3 Julio 2008

PALMA DE MALLORCA- Las instituciones baleares han dado un paso más en su política lingüística de fomento del catalán entre los ciudadanos. A partir de ahora el Consell de Mallorca, máxima institución insular, intentará concienciar a los propietarios de los establecimientos hosteleros de lo importante que es asegurar una atención al cliente, también en catalán.

La campaña, bajo el lema «Por una empresa moderna y de calidad: haz del catalán tu propia herramienta de trabajo», se presentó ayer y tendrá como objetivo contactar con los propietarios de trescientos restaurantes, bares y cafeterías de la isla para informar sobre las ayudas que pueden percibir, con el fin de hacer «más presente» el catalán en el mundo empresarial.

Por ello, el Consell contará con la figura de dos dinamizadores de la Dirección General de Política Lingüística, que visitarán los establecimientos uno por uno y ofrecerán asesoramiento. Además, habrá subvenciones que se concederán por etiquetado en lengua catalana, que irán desde los 900 euros por producto a los 2.500 euros por empresa. También habrá ayudas económicas para material impreso, páginas web y las mismas cartas de los restaurantes, por las que los empresarios podrán recibir hasta 400 euros por cada menú traducido al catalán.

La campaña, que se encuentra enmarcada en toda una serie de iniciativas que está llevando el Govern balear, hexapartito y de corte socialista-nacionalista, para implicar a la población en el uso del catalán como lengua vehicular en las relaciones profesionales e interpersonales, no ha sentado bien.

Mientras que desde el Departamento Insular de Política Lingüística, su directora general, Rosa Barceló, aseguró que no se trata de una campaña «restrictiva», sino de «ofrecer» a los empresarios ayudas a las que ellos podrán «acogerse o no», desde el único partido político opositor en Baleares, el Partido Popular, ven con escepticismo dicha medida, dada la importancia del sector turístico en las Islas.

De esta manera, el portavoz popular en el Consell de Mallorca, Fernando Rubio, insistió en que se trata de un derecho «lícito» el de atender a los catalanoparlantes en «nuestra lengua», pero que el Consell de Mallorca debería pensar en «otras subvenciones» para incentivar la actividad hostelera. Además, Rubio afirmó que es «absurdo» ofrecer a un turista de Alemania o de Gran Bretaña un menú en catalán y recordó que las «Islas Baleares son un destino turístico y aquí lo que hay que hacer es recibir bien a quien nos viene a visitar» y más en un momento de «crisis económica», añadió.

No firmo el manifiesto
Marcello  Estrella Digital 3 Julio 2008

Ahí está. Marcello se niega a firmar el dichoso Manifiesto por la Lengua Común del ínclito Savater, el que tantas veces ha cambiado de colores y caballos en el derby de la política española, donde siempre ha buscado un protagonismo narcisista, y no porque sea tonto, que un poco lo es, sino porque le puede la vanidad por encima de la razón. Y todo apunta a que lo del manifiesto es una argucia del partido de Rosa Díez para prosperar, lo que es muy legítimo. Y en el caso que nos ocupa no le faltan razones, porque nuestro idioma está siendo marginado, perseguido y obviado en las comunidades autónomas donde los nacionalistas tienen mando en plaza. Y es muy respetable que el partido de Rosa, o el loco de Savater, tomen esa iniciativa, y loable que lo firme mucha gente, a ser posible cuanta más mejor, empezando por los de la Academia, de la que ya dijo Unamuno: “Las palabras del arroyo son las que el pueblo premia, palabras de charca en hoyo son las de la Academia”.

Pero hete aquí que lo del manifiesto se está desvirtuando desde que los conspiradores de turno, de El Mundo y la COPE, se apropiaron de la iniciativa, por el sistema del butrón, con la misma ansiedad e intensidad con la que se están apropiando del partido de Rosa Díaz para, desde su extrema derecha, utilizarlo en sus intrigas en el seno del PP y lanzarlo en contra de Rajoy como un dardo envenenado, lo que muy bien sabe doña Rosa, la que se deja querer y utilizar —“ande yo caliente”, dirá—, porque eso le da notoriedad y recorrido en la vida política.

Pero que se ande con cuidado la señora y que mire a su alrededor para convencerse de cuáles son las habilidades de estos pájaros del Pedro J. y su mandril Losantos. Que les pregunte a los de Ciudadanos cómo acabó su idilio con la COPE y El Mundo, o que le eche un vistazo a lo que los saltimbanquis están haciendo con el PP, un día con Aznar, otro con Aguirre, otro con Costa, otro con Gallardón, a favor y en contra, porque lo de éstos es “usar y tirar”, después de haber exprimido el limón o la naranja en su beneficio personal, primero, y mediático, después.

Si se confirma, por la crisis económica y los ataques de la extrema derecha, que Rajoy está en alza y puede ganar a Zapatero las elecciones, ya verá Rosa Díez lo que le dura este amor en los tiempos del cólera que mantiene con los ladrones del manifiesto, en cuya estela, tarde y mal, se ha posicionado el diario ABC, que también reclama su parte en el pastel. Como Rajoy tire para delante vamos a ver a Rosita en el ostracismo, porque el voto útil será la cantinela general, en el PSOE y en el PP.

Y además, y en eso le vamos a dar la razón a César Alonso de los Ríos, que como un Quijote que es, anda dando mandobles a los molinos de viento: ¿después del manifiesto qué? En realidad, el problema no es de los nacionalistas sino de Zapatero y del PSOE, que se lo consienten. Y en vez de recoger firmas y de pelearse por el manifiesto como si de un pergamino sagrado se tratara, lo que hay que promocionar es el cerco de la Moncloa, por diez millones de españoles, hasta que Zapatero hable y defienda el castellano como debiera. No hay que equivocarse, los malos son malos porque el bueno del talante les da cuerda y les dice a todo que sí. Así que lo del manifiesto, al ritmo que va y mientras no se movilicen, como con la selección nacional de fútbol, los grandes partidos políticos y los canales nacionales de televisión, se nos va a quedar en poca cosa, ya lo verán, hagan lo que hagan Ibarretxe, Montilla, el gallego y el balear.

Por eso Marcello no firma el manifiesto. Bastante firma ya todos los días como para dar a los manoseadores del manifiesto más motivos para ponerse medallas y pavonearse. Y además estas cosas uno sabe cómo empiezan pero nunca cómo acaban, y convendría, en este caso, recordar aquella canción de Carlos Cano en la que decía el desaparecido poeta y cantautor: “Por firmar un manifiesto, se cagaron en mis muertos”. Pues con Marcello que no cuenten, se acabó.

Recortes de Prensa   Página Inicial