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Recortes de Prensa    Miércoles 9 Julio 2008

La lengua, cuestión constitucional
Editorial ABC 9 Julio 2008

LA defensa del castellano como lengua de todos los españoles y oficial de España trasciende los debates meramente jurídicos, educativos, históricos y territoriales que se están produciendo en torno al Manifiesto por la Lengua Común. Como han hecho ver la Mesa del Turismo -compuesta por las principales empresas del sector-, y ayer mismo también la CEOE, constituye asimismo una aportación a la economía española porque la progresiva supresión del castellano en las líneas aéreas, los carteles de las carreteras y las indicaciones en los aeropuertos, por ejemplo, perjudica la imagen de España ante el extranjero. Nuestro país pertenece a una comunidad de naciones, las europeas, perfectamente definidas por factores culturales e históricos, y entre ellos, con carácter principal, se halla el de la lengua común. Allí donde hay un multilingüismo agresivo y excluyente surgen la división y la pérdida de identidad nacional.

La denuncia de las empresas turísticas es un nuevo síntoma de la grave dinámica que está adquiriendo la postergación del castellano como consecuencia del desarrollo de políticas impositivas de la lengua cooficial, que vienen de la mano no sólo de grupos nacionalistas, sino también del socialismo allí donde gobierna en coalición con grupos separatistas, políticas de segregación que no están tan interesadas en la expansión de la lengua cooficial -cuya promoción y uso social enriquecen culturalmente al conjunto de España- como en extinguir progresivamente los elementos que integran la identidad española de sus habitantes. Para un ciudadano británico, alemán o francés, lo lógico es moverse por España, de norte a sur y de este a oeste, con el castellano como referencia para sus conversaciones y desplazamientos. La alternativa que proponen determinados gobiernos autonómicos con la imposición de la lengua cooficial es puro aldeanismo que no sólo choca con la naturaleza propia de las relaciones humanas -que tienden a simplificar sus instrumentos de comunicación-, sino también con la realidad lingüística de las sociedades que gobiernan. Quienes quieren imponer el vascuence, el gallego o el catalán no tienen un problema con las líneas aéreas, o con el Gobierno central, o con la Real Academia de la Lengua, sino con los ciudadanos vascos, gallegos o catalanes que usan libremente el castellano para hablar entre ellos, ver televisión o cine, oír la radio y leer periódicos.

Peor aún que la segregación lingüística que pretenden diversos gobiernos autonómicos es la inacción de las instituciones del Estado que deberían velar por los fundamentos del orden constitucional. Uno de éstos es la oficialidad del castellano como lengua de todos los españoles. Resulta preocupante que incluso el ministro del Interior, Alfredo Pérez-Rubalcaba, no tuviera una respuesta clara en el Consejo europeo a la pregunta de qué idioma habrán de estudiar los inmigrantes que lleguen a España. Si la solución es, como dijo, «hablar con las comunidades autónomas», difícilmente habrá solución, entre otras razones porque significa que el Gobierno español no tiene claro que a una política nacional, como la migratoria, le corresponde una respuesta nacional, en la que sólo cabe la lengua oficial del Estado.

Las dimensiones de la hostilidad hacia el castellano como lengua común tienen ya carácter constitucional. Son inadmisibles, desde el punto de vista de la Constitución, el sabotaje a la enseñanza del castellano en Cataluña, las amenazas a los comerciantes en el País Vasco o la inmersión lingüística que promueve el Gobierno gallego. Se trata de iniciativas inconstitucionales, más allá del significado jurídico de esta calificación, porque socavan uno de los pilares del principio nacional en el que se asienta el pacto constitucional de 1978, como es la oficialidad del castellano. No entenderlo así es rebajar la gravedad real del problema y reducirlo a los términos competenciales y victimistas en los que quieren mantenerse los nacionalismos y el socialismo filonacionalista que promueven este retorno al localismo medieval.

Educación en español, un derecho de todos los ciudadanos
EDITORIAL Elsemanaldigital.com 9 Julio 2008

El Gobierno autonómico vasco ha decidido que todos los jóvenes de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya cursen sus estudios en vascuence. Con la aplicación sin excepciones desde 2009 del Decreto 175/2007 del 16 de octubre, el euskera será la única lengua de enseñanza en esa comunidad autónoma. Frente a esa imposición y en defensa de los derechos de las personas y de las familias ha surgido un movimiento de resistencia social que llegó este martes a Estrasburgo.

En efecto, la Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística en el País Vasco presentó sus reivindicaciones ente el Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde contó con el apoyo del Grupo Popular Europeo en el que se integra el PP. Pero el hecho en sí mismo de tener que pedir fuera de España derechos que las autoridades niegan en nuestro país nos devuelve a tiempos más oscuros. Tiempos, además, preconstitucionales.

El hecho es que para nuestra Constitución el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Este derecho admite una ampliación en las regiones con otra lengua propia, que también podrá ser aprendida y utilizada, pero no una limitación. Todo español, por el hecho de serlo, tiene derecho a expresarse en castellano, a relacionarse con la Administración en la lengua de todos y, naturalmente, a que sus hijos se eduquen en ella.

En realidad, los derechos y libertades definidos por la Constitución no son más que una concreción de la normalidad democrática: en un Estado de Derecho como el nuestro son las personas quienes tienen derechos, y no las lenguas como ente abstracto. En el caso de la educación, además, corresponde a las familias elegir en qué lengua quieren educar a sus hijos, teniendo en cuenta que la UNESCO recomienda la educación en la lengua materna.

Susana Marques, Pablo Gay-Pobes, Manuel Uriarte y Eva Díaz han tenido que viajar a Estrasburgo para pedir que las instituciones europeas protejan a tres millares de familias que han firmado pidiendo una educación en castellano. Hay que tener presente que el vascuence es una lengua desconocida por la mayoría de los vascos, y que no hay en la práctica hablantes monolingües de euskera. Desde la ley autonómica de educación de 1982 los nacionalistas han fomentado la educación en euskera de estudiantes castellanoparlantes. Ahora, sencillamente, quieren suprimir la posibilidad de ser educados en castellano.

El Grupo Popular Europeo respalda en Europa el derecho de los padres de familia vascos a que sus hijos reciban educación en español. Jaime Mayor Oreja ha confirmado el respaldo de los populares en una situación en la que el español no está en peligro, porque su propia fuerza asegura su predominio de hecho en la vida real del País Vasco. Lo que está en peligro es la liberta d de elección de los padres y los derechos de las personas.

El Gobierno vasco invoca en otros casos los derechos individuales, incluso a destiempo como hizo su consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo, al afirmar recientemente que la directiva europea sobre inmigración "vulnera los derechos de los inmigrantes y es contraria al ordenamiento jurídico". Otro tanto y con más fundamento podría decirse del decreto educativo de su Gobierno, que se ha impuesto sin consenso social y sin votación parlamentaria. Y llama indudablemente la atención el silencio del PSOE, que centró su 37º Congreso en "la ampliación de derechos" y ahora no protege a los ciudadanos.

El porqué del Manifiesto
PEDRO GONZÁLEZ - TREVIJANO, Rector de la Universidad Rey Juan Carlos ABC 9 Julio 2008

LA noticia más sobresaliente de los últimos días es la presentación del Manifiesto por la Lengua Común en el Ateneo de Madrid. Una acción avalada por una pléyade de destacados intelectuales de las más variadas ramas del conocimiento. Una pertinente proclama en defensa del derecho de todo español al uso del castellano como lengua común. Un ejemplo de lo que se echa en falta en esta languideciente España constitucional: la participación decidida de una diletante sociedad civil y un compromiso comprometido de sus intelectuales, al que se han ido adhiriendo, paulatina pero imparablemente, personas de toda condición. Por más que, como era tristemente previsible, lo que debía ser una «política de Estado», ha terminado, por razones partidistas, por politizarse. No puede entenderse de otra forma que despierte recelos el derecho de usar el castellano como lengua común y oficial, el derecho de los ciudadanos que lo deseen a ser educados en lengua castellana, el derecho en las Comunidades bilingües a ser atendidos institucionalmente en las dos lenguas oficiales, la posibilidad de rotular los edificios y vías públicas en ambas lenguas y la acción de los representantes políticos a utilizar el castellano en sus funciones institucionales.

Los Manifiestos -cualquiera que sea la denominación- siguen pues bien presentes. Desde los más religiosos, como los Diez Mandamientos de Moisés del Monte Sinaí y las Bienaventuranzas del Sermón de la Montaña, hasta las proclamas revolucionarias del siglo XVIII: la Declaración de Independencia americana en 1776 o la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Sin olvidar el Manifiesto Comunista de 1848 o, entre nosotros, el Manifiesto de Manzanares de Cánovas del Castillo en 1854, el Manifiesto Andalucista de Córdoba de 1919 o el Manifiesto de los Intelectuales Españoles en Defensa de la II República en 1931.

He leído toda clase de argumentos sobre nuestro Manifiesto por la Lengua Común, y su justificación me parece oportuna. Llevamos demasiados años avalando, ya sea por activa concesión o por pasiva dejación, un arrinconamiento del castellano como lengua común en muchos lugares de España. Lo que comenzaba tolerándose en Cataluña y el País Vasco finalizaba por extenderse miméticamente a Galicia e Islas Baleares, y no sé lo que tardará en suceder en la Comunidad Valenciana. Unos territorios donde una excluyente política lingüística, ya sea de facto o de iure, ha cercenado la posibilidad real de su uso. Una lengua que se posterga en las Administraciones Públicas, se relega en la vida profesional, se desdeña en la actividad económica, se elimina de las calles y se posterga en la enseñanza. Ello con el beneplácito o la indiferencia de unos acomplejados poderes públicos nacionales incapaces de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Estas dos son las razones que justifican su respaldo. La primera, el derecho de todo español, con independencia del lugar de residencia, a utilizar el castellano, en tanto que lengua común y oficial del Estado. La segunda, la violación flagrante de la Constitución y las leyes. Todo lo demás ni es la cuestión en litigio ni se encuentra en peligro. ¡No nos dejemos confundir!

Nunca me he considerado lo que hoy denominan algunos interesadamente nacionalista español. Me siento español, mientras me siento simultáneamente riojano y andaluz, mis dos raíces familiares. No ejerzo perfil expansionista, ni fagocitador de nada. Tampoco anhelo jacobinamente uniformidades indeseables. Me encuentro cómodo dentro de las singularidades de nuestros territorios. Viajo frecuentemente al País Vasco y, sobre todo, a Cataluña, donde disfruto de excelentes amigos y despliego relaciones institucionales fluidas. Y no he tenido nunca problemas para comunicarme en ningún establecimiento comercial. Dichas sociedades, salvo excepciones, son mayoritariamente bilingües y tolerantes. La exclusión proviene de cierta clase política.

Y, por lo demás, y a pesar de los excesos en la construcción del Estado de las Autonomías, reconozco sus bondades. Basta con pasear por nuestras ciudades para percibir su desarrollo económico, mientras soy un convencido de la riqueza cultural de las lenguas de España. Me encantan, por ejemplo, la prosa de Álvaro Cunqueiro y los poemas de Pere Gimferrer. Aunque no pueda desconocer ciertos excesos: la rácana postergación de los elementos comunes y la exaltación de los nimios diferenciadores, las burdas y graves deslealtades de algunos, la abdicación de las potestades estatales, las injustificadas duplicidades administrativas, la hipertrofia autonómica institucional y sus altos costes económicos. Pero aun así, las cosas no han funcionado mal, por más que siga pendiente la necesidad de cerrar el modelo de Estado -tras la reforma de la Constitución-, pues no hay sistema político que soporte las tensiones de las inagotables reclamaciones centrífugas competenciales. Pero ésta es otra cuestión.

Dicho esto, tampoco está en juego la supervivencia del castellano. Una lengua libre y cosmopolita hablada por casi 450 millones de personas en todo el mundo. Basta con desplazarse a México, ir a Brasil, acercarse a las más prestigiosas universidades americanas, estudiar en centros europeos de excelencia, incluso desplazarse a China y la India, para constatar su fortaleza presente y su mejor futuro. La reciente creación del Centro Internacional del Español en Comillas así lo atestigua. «El español -ha dicho Cees Nooteboom- es un idioma enorme». Aquí lo que está en juego es diferente.
Nos referimos a otra cosa: a la tutela de un derecho que afecta a personas, a una libertad individual de naturaleza constitucional. Así se prescribe en el artículo 3.1 de nuestra Carta Magna de 1978 -siguiendo la progresista estela de la Constitución de la II República-: «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». Una regulación que debía satisfacer, como indicó pronto el Tribunal Constitucional, el deber individualizado de conocerlo y la presunción de que todos los españoles lo conocen (STC 82/1986). Una realidad impracticable para muchos padres que no pueden escoger la lengua común en que educar a sus hijos, la creciente imposibilidad práctica de su ejercicio en la vida oficial y su defectuoso conocimiento por los jóvenes. Un derecho afectado por una política lingüística excluyente. Una «acción de falsa normalización» políticamente ruin, económicamente disparatada, socialmente injusta y educativamente suicida.

En tal contexto, el castellano no puede desplegar su función de lengua vehicular común, de expresión normal entre los ciudadanos y sus Administraciones públicas. Al tiempo que exterioriza la incapacidad del Estado para cumplir otro mandato constitucional: el aseguramiento del principio de igualdad de todos los españoles (artículos 14 y 149.1.1 CE), lo que provoca que las familias que lo deseen no puedan escolarizar a sus hijos en nuestra lengua común. Una circunstancia especialmente grave para quienes disfrutan de escasos recursos económicos. ¡Los derechos son de las personas, no de las lenguas ni de los territorios!

La segunda razón para avalar el Manifiesto es lo que supone de denunciade reiterada infracción de la Constitución y las leyes. Los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos, como dice el artículo 9.1 de la Constitución, a lo dispuesto en ellas. Especialmente estos últimos, con «un deber positivo de los titulares de los poderes públicos de realizar sus funciones de acuerdo con la Constitución» (STC 101/1983). Montesquieu señalaba la importancia de su respeto: «La libertad es el derecho a hacer todo lo que las leyes permiten, de modo que si un ciudadano pudiera hacer lo que las leyes prohíben, ya no habría libertad, pues los demás tendrían igualmente esta facultad». De esto es de lo que hablamos.
PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO
Rector de la Universidad Rey Juan Carlos

PSOE, segundo acto
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 9 Julio 2008

Se puede estar a favor o en contra del programa de Zapatero, pero lo innegable es que el Congreso del PSOE ha cumplido los objetivos que se le habían marcado y que conocíamos desde hace tiempo; es decir, la «revolución» cultural o institucional sobre la que vengo advirtiendo desde hace tiempo: la puesta en marcha de unas nuevas relaciones entre la Iglesia y el Estado, una política de intervención y orientación en la educación, la erradicación de la lengua común y el control de la vida a través del aborto libre y la eutanasia... Después de haber dedicado la legislatura pasada al cambio de modelo de Estado (aún pendientes los Estatutos vasco y gallego), el programa de ésta consiste en un cambio de modelo de vida. El segundo acto de la misma obra.

Entiendo que desde el punto de vista de la propaganda, María Dolores de Cospedal quiera interpretar el Congreso del PSOE como una forma de escamotear la crisis económica. Entiendo menos a los analistas liberales que recortan la trascendencia de una apuesta a la que yo califiqué como una revolución cultural en mi libro «Yo digo España» y Jaime Mayor, como una «segunda transición» por cuanto supone un intento de revisión radical del pacto que supuso la primera. Porque este programa, que los socialistas llaman de libertades y derechos, es en efecto la negación de la realidad histórica de España, su sustitución por la «otra» y, por tanto, la institucionalización de un conflicto de fondo...

Yo me temo que muchos de los dirigentes del PP no quieran dar la batalla al programa socialista, porque en el fondo están de acuerdo con una buena parte de estas reivindicaciones progresistas. Cuando para Rajoy la «actitud» debe contar más que las ideologías y esa estupidez llamada reformismo centrista o centrismo reformador, ¿en qué podría consistir un congreso del PP sino en la lucha personal por el poder al margen de los principios? Por eso algunos, como el alcalde de Calviá, temen con razón que Mariano Rajoy siga siendo «una máquina de perder elecciones» cuando lleguen las vascas, gallegas y europeas.

El Manifiesto abre una grieta en el PSOE
En la España plural de la que tanto presume el presidente, al final va a ser que quienes no caben son ellos, los de la intolerancia y la imposición a machamartillo de una sola lengua.
EDITORIAL Libertad Digital 9 Julio 2008

Sin que José Blanco o la flamante y devaluada secretaria de Organización, Leire Pajín, hayan podido nada al respecto, se ha abierto la primera grieta en un edificio aparentemente sólido e invulnerable. A los concejales socialistas de la localidad de Vélez-Málaga poco les ha importado que el congreso socialista del pasado fin de semana pasase de puntillas sobre el Manifiesto por la Lengua Común, legitimando de facto la política lingüística de los nacionalistas. Tras un acuerdo con el PP local se han mostrado favorables en bloque al manifiesto que tantos quebraderos de cabeza está dando a los partidarios de la inmersión forzosa en varias comunidades autónomas.

Esto es lo que hay y el PSOE debería replantearse lo poco razonable que se está mostrando frente a un movimiento nacido de la sociedad civil que crece día a día, y que ya cuenta con el apoyo de cerca de 200.000 firmantes repartidos por toda España. El Manifiesto ha conseguido unir a españoles de diferentes posiciones políticas por algo tan elemental como el respeto a los derechos lingüísticos de las personas, vulnerados deliberadamente por ciertos gobiernos regionales que cuentan con el apoyo pleno del PSOE y del Gobierno de Zapatero. En la España plural de la que tanto presume el presidente, al final va a ser que quienes no caben son ellos, los de la intolerancia y la imposición a machamartillo de una sola lengua.

Manifiesto por la Lengua Común
¡Somos ricos!

Tampoco contaba uno con el espectáculo entre cómico y patético que nos iban a regalar los sofistas de guardia encargados de rebatir el documento por orden de la autoridad. Qué nivel, Maribel.
José García Domínguez Libertad Digital 9 Julio 2008

Aparte de la muy benemérita función de ayudar a vender periódicos en verano, no se me ocurría a mí para qué otra cosa podría servir ese "Manifiesto en defensa de la lengua común" que, sólo con treinta años de retraso sobre el horario previsto, acaban de poner en circulación algunas bellas durmientes de la crema de la intelectualidad progresista. Y es que tampoco contaba uno con el espectáculo entre cómico y patético que nos iban a regalar los sofistas de guardia encargados de rebatir el documento por orden de la autoridad. Qué nivel, Maribel. Ramoneda (el listo, no confundir con el pobre Gamoneda), Gómez Pin Pan Pun, Porcel... Quién os ha visto y quién os ve. Entre todos no han sido capaces de cocinar ni una sola ideita-fuerza que contraponer a las verdades de Perogrullo inventariadas en ese texto.

Cómo está el servicio, compañeros. Con decir que Blanco, a falta de otra falacia de renting que meterse entre pecho y espalda, acaba de pontificar urbi et orbi que la famosa variedad de lenguas, dialectos, hablas y argots que infestan la península "es nuestra mayor riqueza". Por lo demás, una lúcida cogitación tras la que el del listón alto sólo debería explicar por qué la República de Gabón aún no ha sido invitada formalmente a incorporarse al G-8 a pesar de tratarse de una formidable potencia en la que se habla el baka, el barama, el bekwil, el benga, el buri, el bwisi, el duma, el fang, el kande, el kaningi, el pinji, el punu, el myene y el mbangwe, entre otras varias docenas de tesoros culturales.

Y ya puestos, también podría haber revelado al respetable por qué no expulsan de ese selecto club a Francia, en su día un país tan próspero como España, que tras la Revolución logró empobrecerse a lo largo de ciento cincuenta años seguidos hasta alcanzar el umbral de la miseria absoluta cuando el cien por cien de su población accedió al francés. Infelices. Paupérrimos desgraciados, ya nunca volverán a saberse un emporio lejanamente equiparable al nuestro. ¡Que inventen ellos! A nosotros no nos hace falta. ¿Para qué si tenemos el gallego, el panocho, el catalán, el valenciano, la fabla, el bable, el vascuence y, por si aún faltara una peseta para el duro, el chapurriau? A ver quién se va a atrever a tosernos con ese envidiable patrimonio a nuestras espaldas.

Tiembla Gabón: vamos a por ti.
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

La dictadura lingüística en las escuelas llega a la Eurocámara
B.T. ABC 9 Julio 2008

MADRID. Los más de tres mil padres vascos agrupados en la Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística hicieron ayer oír su voz ante el Parlamento de Estrasburgo a través de sus portavoces, que se desplazaron a la Eurocámara para entrevistarse con un nutrido grupo de diputados de distintas nacionalidades a los que detallaron la situación «delirante» que se está viviendo a la hora de escolarizar a los niños en el País Vasco, donde acaba de ser liquidado por decreto (en concreto, por el decreto 175/2007 del Gobierno de Ibarretxe) el modelo de las tres líneas que hasta ahora ha permitido a los ciudadanos optar por una educación en castellano, en euskera o mixta de las dos lenguas.

En su intervención ante una treintena de parlamentarios del Grupo Popular Europeo ( el más numeroso de la Cámara, con 288 representantes), la portavoz de la Plataforma, Susana Marqués, puso un ejemplo muy gráfico que dejó al desnudo la situación en toda su crudeza. «¿Se imaginan ustedes -dijo a los eurodiputados- que a una familia residente en Bayona se le impidiera escolarizar a sus hijos en francés y sólo pudieran hacerlo en euskera?»

Además, ilustró a los miembros de la Eurocámara sobre las iniciativas legislativas del Gobierno autonómico que han dado lugar a esta situación y quiso hacerles también partícipes de que esta vulneración del derecho de los niños a recibir la enseñanza en su lengua materna no sólo se está produciendo en el País Vasco, sino también en otras comunidades con lengua cooficial como Cataluña, Galicia o Baleares. Así se dio un paso más en la determinación de los grupos cívicos con parecidas reivindicaciones que han surgido en varias autonomías de hacer causa común y sumar esfuerzos.

Marqués comentó que los eurodiputados habían recibido «muy bien» su exposición «y se han comprometido a impulsar cuantas iniciativas sean posibles para impedir esa exclusión del castellano de las aulas vascas». Además, explicó que «no se trata de un problema entre españoles, ni de una cuestión simplemente de lenguas, ni de nada que obstaculice a las lenguas minoritarias. Se trata de que se está vulnerando un derecho fundamental, el derecho de los niños a aprender en castellano, y así lo han entendido también los miembros del Parlamento». Otro de los portavoces de la Plataforma, Pablo Gay-Pobes, relató «el asombro de un eurodiputado griego casado con una española ante el hecho de que sus hijos, escolarizados en castellano en Bruselas, no tendrían esa opción en algunas zonas de España». Como colofón «nos han pedido más información por escrito y hasta se plantean visitar el País Vasco para comprobar «in situ» lo que denunciamos».

Las peticiones de los padres fueron inmediatamente respaldadas por el vicepresidente del Grupo Popular Europeo, Jaime Mayor Oreja, quien les brindó su apoyo y dijo que el decreto del Gobierno vasco que liquida el castellano es una de los aspectos «más sangrantes de la ofensiva nacionalista que está en marcha desde hace tiempo». También abogó por buscar todos los apoyos posibles para esta causa «porque éste no es un tema para hacer política, sino para defender el derecho de los padres a educar a sus hijos en su lengua materna».

Educación para la ciudadanía
Modelos de educación
La educación pública es, como vemos, un difusor del credo socialista, ecologista o nacionalista, y olvida su labor docente. Poco importan los resultados si al final de la edad académica los jóvenes han aprendido los principios básicos del régimen
Alberto Illán Oviedo Libertad Digital 9 Julio 2008

La asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) se ha constituido en la polémica más importante del sistema educativo español desde que el Gobierno socialista de Felipe González aprobara la LOGSE en 1990. No sólo ha conseguido que se manifiesten cientos de miles de personas contrarias a su implantación, sino que ha movilizado a la sociedad civil hasta el punto de que se han creado innumerables organizaciones que luchan activamente por su desaparición, y cientos de padres se han acogido al derecho a la objeción para sus hijos. Algunos tribunales les han dado la razón y el conflicto entre sociedad civil y poder político no ha hecho más que empezar.

Pero EpC es una consecuencia lógica del sistema educativo que sufrimos en España, de cualquier sistema educativo público. La instrumentalización de la educación para conseguir determinados fines políticos es una tentación demasiado fuerte como para que los gobiernos no la usen de manera interesada. En España, a la EpC hay que sumar las políticas educativas de los gobiernos nacionalistas de Cataluña y el País Vasco y de las coaliciones socialistas-nacionalistas en Galicia y las Islas Baleares. En todos ellos la educación en la lengua de la región (y no en castellano) se ha convertido, no en una opción, sino en una obligación para los residentes. Incluso en comunidades autónomas como la valenciana, gobernada por un PP que en teoría es contrario a este proceso, la educación pública en valenciano tiene un peso considerable.

La educación pública es, como vemos, un difusor del credo socialista, ecologista o nacionalista, y olvida su labor docente. Poco importan los resultados si al final de la edad académica los jóvenes han aprendido los principios básicos del régimen. No importa que las pruebas que periódicamente se realizan para evaluar los conocimientos de los alumnos arrojen resultados cada vez más lamentables. Una ley que baje el listón de los conocimientos básicos o que permita la posibilidad de pasar de curso o incluso acabar todo el proceso con varios suspensos resuelve en términos estadísticos el problema. La propaganda hace el resto.

La descentralización se ha convertido en un proceso nefasto para la educación española, pero no por su naturaleza policéntrica, sino por el carácter de las instituciones que compiten entre sí. De hecho, estamos ante una competencia entre estamentos públicos que nada tiene que ver con la competencia entre empresas y particulares en un sistema de libre mercado. Los conflictos con y entre ellos se resuelven mediante el enfrentamiento directo y la coacción, no con la captación de los clientes de la competencia, y los gobernantes legitiman en las urnas políticas liberticidas. Mientras tanto, los ciudadanos tienen pocas opciones para revertirlas salvo la protesta o largos y complicados procesos en los tribunales.

Como hemos visto, no importa la suavidad o la dureza del régimen, su legitimidad o su carácter ilícito. El sistema público es susceptible de corrupción en todos los casos, y su eficiencia está limitada por su propia naturaleza. La educación privada es la única opción razonable ante los desastres que aquejan a la pública, pues en aquélla confluyen la actividad empresarial, la competencia por un servicio mejor y la voluntariedad de todas las partes. El problema es que para que esta idea cale hay que refutar uno a uno todos los tópicos que recaen sobre la educación privada.

© AIPE Alberto Illán Oviedo es miembro del Instituto Juan de Mariana.

Los padres vascos piden amparo a la UE para educar a sus hijos en español
La Eurocámara les recomienda que presenten un recurso ante la Agencia de Derechos Fundamentales udadanía y apuesta por los trasvases, pero los llama «transferencias del recurso»
El colectivo de padres visitó el Parlamento de Estrasburgo y denunció la situación en las aulas del País Vasco.
La Plataforma por la Libertad Lingüística denuncia que el castellano será una lengua extranjera en las aulas vascas - Luís Díaz
Javier Aguilar La Razón 9 Julio 2008

ESTRASBURGO- Una representación de parlamentarios del Grupo Popular Europeo en la Cámara de Estrasburgo propuso ayer a la Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística en el País Vasco que lleve el derecho a estudiar en castellano en Euskadi a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con sede en Viena y creada hace poco más de un año. Este organismo sustituyó al Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia y en su Reglamento afirma que «la Agencia debe tomar medidas para concienciar a la ciudadanía sobre sus derechos fundamentales y para hacer que dichos derechos se cumplan?».

Acudir a este órgano europeo sería viable, según los representantes de la plataforma, ya que el decreto 175/2007 de 16 de octubre aprobado por el Gobierno Vasco viola el artículo 26.3 de los derechos fundamentales, el 28 de la Convención de Derechos del Niño y el 7 de la Declaración de Derechos del Niño.

La portavoz de la plataforma, Susana Marques, se lamentó de que «el Gobierno central no nos ayuda» -frente al apoyo que sí han recibido de algunos miembros del PSE-, por lo que han acudido al Defensor del Pueblo y han presentado un recurso ante el TSJPV, del que no tienen noticia, contra el decreto de imposición del euskera como lengua vehicular. Frente a ello, defienden la ley de modelos hasta ahora vigente. «No somos una plataforma de defensa del castellano, porque el castellano no está amenazado. Quiero que mis hijos aprendan su lengua materna a un nivel ilustrado y que no sean incultos», pidió Marques, quien aseguró que en el próximo curso aprender castellano en un colegio público o concertado tendrá el mismo nivel que una asignatura de lengua extranjera. «Qué hacemos con un niño que sólo sepa euskera, cómo puede matricularse en la Universidad Complutense o en la de Navarra si no sabe redactar en castellano», se preguntó.

Ante los eurodiputados -entre los que estaban los jefes de las delegaciones británica, francesa y griega, Marques lanzó la siguiente cuestión: «¿Se imaginan ustedes que una familia francesa residente en Bayona no pudiera escolarizar a sus hijos en francés y que tuvieran que aprender su propia lengua como si fuera un idioma extranjero más? La situación puede agravarse a partir del próximo curso, porque según este decreto, todo alumno que venga de fuera -no sólo de otra región española, sino también de Europa- estará obligado a estudiar en euskera si va a permanecer más de un curso».

El vicepresidente del Grupo PPE, Mayor Oreja, señaló que «del salto de la autonomía a la autodeterminación, el tema lingüístico es un paso decisivo» y el «punto más arriesgado» para los nacionalistas.

Los profesores suspenden en euskera
El colectivo de padres vascos hizo hincapié en que no sólo los niños van a ser obligados a estudiar en euskera, sino que los profesores «también van a ser obligados» a impartir esta lengua, cuando «el 85 por ciento de los profesores han suspendido el examen de euskera», según Susana Marques. Ése fue el porcentaje de suspensos entre los docentes que aspiraban a obtener el llamado segundo perfil de euskera, el nivel que la Administración considera adecuado para impartir clases en este idioma. «Imagínense lo que van a aprender los estudiantes», concluyó Marques.

DA LA RAZÓN A UNA FAMILIA DE SEVILLA
El TSJA vuelve a pronunciarse a favor de la objeción a EpC a pesar de las presiones
Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón otra vez a los padres objetores a la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía. En ella, se reconoce el derecho de unos padres a la objeción y a no ser obligados sus hijos a cursarla, quedando exentos de ser evaluados de la misma. El turno ha sido ahora para una familia sevillana cuyo hijo estudia en Secundaría en el centro público Pablo Picasso de esta ciudad andaluza. Este mismo tribunal dio ya la razón a unos padres de Bollullos y más tarde a una familia de Málaga.
Pedro de Tena Libertad Digital 9 Julio 2008

La sentencia, que firman los magistrados Victoriano Valpuesta, Joaquín Sánchez y Enrique Gabaldón, de la sección III de la sala de lo contencioso administrativo del TSJA, abunda en las tesis de las anteriores. El tribunal ha fallado que los padres que objetaron para que su hijo no cursara EpC, y que había pedido una alternativa educativa, pueden "hacer valer la vertiente negativa de esa misma libertad frente a lo que considera un acto ilegítimo de intromisión en su esfera íntima de creencias". Ante esa situación- continúa el fallo- es razonable que los demandantes, por razones filosóficas o religiosas soliciten que se excluya de ella a su hijo, a falta de otras previsiones normativas que permitan salvaguardar su libertad ideológica o religiosa».

Además insiste en que, pese a que en el ordenamiento español, la Ley puede regular el derecho a la objeción de conciencia, «la falta de regulación, de reconocimiento legislativo, no puede impedir su ejercicio cuando están en juego derechos fundamentales", y afirma que en los Reales Decretos que establecen las enseñanzas mínimas de la asignatura, se emplean conceptos «de indudable trascendencia ideológica y religiosa, como son ética, conciencia moral y cívica, valoración ética, valores o conflictos sociales y morales.

Según declaraciones a ABC del letrado que lleva los casos, Carlos Seco, se demuestra una vez más que EpC desarrolla contenidos que hacen razonable que los padres pongan reparos por razones o convicciones morales, por lo que ya es hora de que la consejería de marcha atrás, elimine determinados contenidos de la asignatura u ofrezca una alternativa.

Recordarán que la comunidad autónoma de Andalucía ha registrado, con fecha cerrada hasta el pasado 24 de junio, un total de 7.133 objeciones a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC), según los datos recabados del foro 'Ciudad Real en Libertad', a los que tuvo acceso Europa Press, y en los que ofrece el número de objeciones de conciencia presentadas contra esta asignatura.. En concreto, por comunidades, detrás de la Comunidad de Madrid (10.875) y de Castilla-La Mancha (8.790), se sitúa Murcia, con 3.895; Comunidad Valenciana, con 2.809; Navarra, con 615; Aragón, con 598; y Cataluña, con 536.

También es preciso tener en cuenta cómo poco a poco va dando marcha atrás la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que ha rectificado en junio su decisión de suspender a los alumnos que no han asistido a las clases de Educación para la Ciudadanía por ser sus padres objetores de conciencia y ha mandado una nueva orden a los centros escolares en la que sustituye la de darles una «evaluación negativa», como mandó hacer a principios de este mes de junio, por la de calificarlos como «no evaluado».

La patronal respalda a la Mesa del Turismo en que el acoso al español daña al sector
A. LASO D´LOM / B. TORQUEMADA. MADRID. ABC 9 Julio 2008

Gonzalo Pascual, presidente de la Comisión de Turismo de la gran patronal española CEOE, respaldó ayer el comunicado de la Mesa del Turismo en el que esta asociación denunciaba que el acoso al castellano está dañando al sector en algunas comunidades autónomas. Pascual, uno de los más experimentados y veteranos del sector turístico preside Viajes Marsans y es, junto con su socio Gerardo Díaz Ferrán (presidente de la CEOE), dueño de uno de los mayores conglomerados turísticos integrado por agencias de viajes, hoteles en Hotetur, autobuses en Trapsa y aviones en compañías como Air Comet y Aerolíneas Argentinas.

Gonzalo Pascual, en declaraciones a ABC, comenta que la Comisión de Turismo de la CEOE ya ha alertado en varias ocasiones sobre los problemas que se están creando en las regiones con lenguas cooficiales en las que no se respeta el castellano y en las que los turistas se topan con los letreros y todo tipo de indicaciones sólo en la lengual local.
Para Pascual, es lógica la queja de la Mesa del Turismo, que está integrada en la CEOE, y añade que la comisión que preside y él mismo ya han denunciado en ocasiones este asunto, aunque matiza que es una cuestión que no hay que exagerar porque no está sucediendo en toda España.

El presidente de la Comisión de Turismo de la patronal recordó que, además del idioma, hay otros muchos problemas derivados de la actual estructura del Estado que afectan directamente al turismo y complican la vida a las empresas del sector, como sucede con las distintas regulaciones de transporte o de las normativas de medio ambiente o de hoteles, entre otras.

Tras el amplio eco que tuvo ayer este toque de atención del sector turístico, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, preguntado por el pronunciamiento de la Mesa del Turismo, indicó que no tiene la misma opinión del asunto; es más, negó la mayor y añadió que los datos que tiene demuestran lo contrario: que la imagen de España no se está resintiendo en absoluto. Además, apuntó que esta asociación «no es representativa del sector», informa Ep. «Me gustaría que la Mesa me explicara cómo es posible que la política lingüística afecte al turismo cuando las cifras indican que es en Baleares donde más crece el sector, con un incremento en el número de visitantes del 5 por ciento», adujo. Igualmente, el ministro negó que algunos operadores europeos le hayan hecho llegar cualquier inquietud al respecto, y admitió desconocer los detalles del episodio de Air Berlin. Zanjó la polémica insistiendo en que el turismo en Baleares «va como un tiro», un argumento que fue inmediatamente respondido por la portavoz de Turismo del PP en el Congreso, María Salom, quien estimó que «este Gobierno niega sistemáticamente la existencia de problemas y, por tanto, es imposible que los solucione».

Salom apeló a la responsabilidad del ministro al insistir en que «con las cosas de comer no se juega» y, dijo, ante la denuncia de la Mesa del Turismo, «Sebastián, en vez de incurrir en la imprudencia de decir, con absoluta falta de tacto y de sentido político, que no se trata de una entidad representativa, tiene que tranquilizar al sector».

Precedente de Air Berlin
La polémica sobre la discriminación del castellano en algunas comunidades autónomas comenzó a levantar ampollas recientemente, cuando el director general de Air Berlin, Joachim Hunold, denunció en un editorial de su revista de vuelo que la situación de España con sus nacionalismos regionales es de hecho un retorno a los miniestados medievales. De esta forma, Hunold respondía a la misiva enviada por la directora general de Política Lingüística del Gobierno Balear en la que instaba a utilizar el catalán en las comunicaciones con sus clientes.

La respuesta de Air Berlín, que abrió una fuerte polémica con el Gobierno balear, fue si tenía que dar clases de catalán por decreto a sus empleados, y si también sus trabajadores tendrían que dirigirse en vasco o gallego a los viajeros a esas zonas de España.

Fue uno de los eslabones más sonados de las crecientes protestas contra las imposiciones lingüísticas en un sector, el del turismo, que sigue siendo en la actualidad la principal fuente de divisas de la economía española, con una aportación al PIB de más del 12 por ciento.

11-M, a cal y canto
Una guinda sobre el pastel cocinado tras el macrojuicio de la Casa de Campo; el cierre, en suma, a cal y canto de un caso que quizá haya terminado en los tribunales, pero que, se pongan como se pongan, sigue y seguirá abierto durante mucho tiempo
EDITORIAL Libertad Digital 9 Julio 2008

Hoy, en España, si un cargo policial altera un informe pericial y borra a mano e irregularmente la entrada del registro para evitar las consecuencias mediáticas del mismo no pasa nada. Al menos, conforme a este retorcido criterio, nada les ha pasado a los policías nacionales que sesgaron el informe presentado por los peritos sobre las pesquisas en el piso de Mohamed Al-Haski, uno de los imputados principales por los atentados del 11 de marzo. Esta es la primera lección de la sentencia sobre el caso del ácido bórico.

El Tribunal, compuesto por tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, ha absuelto a los policías implicados escudándose en la razón más peregrina y absurda que imaginarse pueda. El hallazgo de los peritos no implicaba directamente a la ETA en la masacre, simplemente, mediante cruzado de datos, indicaba al juez del Olmo que una de las sustancias descubiertas en el piso del presunto islamista encausado había sido encontrada anteriormente en un piso-franco de la banda terrorista ETA. Esta mención fue el detonador de un jaleo mayúsculo dentro de la comisaría que llevó a sus responsables a pedir expresamente a los peritos que la retirasen. Ante la negativa de éstos, el comisario y su equipo procedieron a retirarla manualmente y de un modo chapucero e indigno para la Policía Nacional.

El Tribunal no pone en duda estos hechos porque son ciertos y están avalados por el propio informe manipulado por Santano y los suyos. De ahí que, a pesar de lo que diga Rubalcaba sin haberse leído siquiera la sentencia, ninguno de los tres peritos ha colado patraña alguna. En lo que ha innovado el Tribunal es en su apreciación sobre los motivos que llevaron a Santano a actuar del modo en que lo hizo. Según la sentencia, los que recortaron el informe hasta adaptarlo a su gusto actuaron "abducidos (sic) por la enjundia y relevancia sociopolítica (sic) del caso". Esta es la segunda lección de la sentencia sobre el caso del ácido bórico.

Una lección inquietante porque significa que, sin apenas conocer el sumario –pues el 95% del mismo era secreto en aquel entonces– e influidos por no se sabe bien qué relevancia sociopolítica, ciertos policías decidieron hurtar al juez instructor de una información que él mismo había pedido un año antes; esto es, concentrar todas las pistas que vinculasen a la ETA con los atentados. El ácido bórico en casa de uno de los imputados no era una pista determinante, pero sí lo suficientemente valiosa para Santano, como demuestra su reacción al leer el informe pericial.

¿Por qué le saltaron las alarmas a Santano cuando vio el nombre de ETA escrito en el informe? ¿Quién era él para decidir si esa sustancia era o no relevante para el juez? Y, sobre todo, ¿por qué se tomó tanto trabajo en alterar ese informe y lo hizo de una manera tan precipitada y deficiente? Es evidente que preguntas tan elementales no se las ha hecho el Tribunal de la Audiencia de Madrid. O tal vez sí y ha preferido pasarlas por alto dando salida al caso del modo más deportivo posible, pegando un brinco sobre las evidencias y tratando de contentar a todos dejando por buenos, a un tiempo, a peritos y policías. Esta es la tercera lección sobre la sentencia del caso del ácido bórico.

La politización del caso que va implícita en la sentencia no ha pasado desapercibida fuera de ella. El Gobierno, el PSOE y todos sus terminales –esta vez sí, mediáticos– han recibido alborozados las noticias de la Audiencia cargándolas sobre los pocos medios de comunicación que han investigado y, cómo no, sobre el Partido Popular, que, a estas horas, ni sabe, ni contesta, ni quiere saber ni piensa preguntar. Esta es la cuarta lección sobre la sentencia del caso del ácido bórico. El ministro de Interior, sin conocer el contenido del veredicto, se ha felicitado condenando de un modo oficioso a los peritos a la vez que exaltaba a los policías que tergiversaron el informe. Una guinda sobre el pastel cocinado tras el macrojuicio de la Casa de Campo; el cierre, en suma, a cal y canto de un caso que quizá haya terminado en los tribunales, pero que, se pongan como se pongan, sigue y seguirá abierto durante mucho tiempo.

REFORMA EDUCATIVA / INMERSIÓN EN EUSKERA
El PSE cree «insensato» implantar el modelo lingüístico catalán en la enseñanza vasca
Los socialistas consideran que su apuesta por el bilingüismo en Euskadi es «coherente» con la defensa del PSOE de las lenguas cooficiales
MARTA FDEZ. VALLEJO BILBAO El Correo 9 Julio 2008

m.f.vallejo@diario-elcorreo.com
La defensa del PSOE del modelo de inmersión lingüística catalán y su respaldo al empleo de las lenguas cooficiales en la enseñanza durante su congreso han encendido el debate en Euskadi. Provocaron la reacción inmediata del Gobierno vasco. El consejero Tontxu Campos reclamó a los socialistas vascos el mismo apoyo que da su partido a la Generalitat para la reforma que prepara, en la que se impulsa la inmersión en euskera. La respuesta del PSE era obligada: «Nuestra postura en el País Vasco de apuesta por el bilingüismo es coherente con el documento consensuado por el PSOE», asegura la parlamentaria Isabel Celaá. «Implantar el sistema catalán es insensato, porque la realidad sociolingüística no es la misma, ni las leyes, ni el consenso político sobre los que se asienta la escuela en Cataluña. Se rompería la convivencia», argumenta.
La chispa saltó en el congreso del PSOE que se celebró el pasado fin de semana. Una comisión del partido consensuó un documento que se detenía con especial interés en el uso de las lenguas en la enseñanza. Por una parte, apoyaba los modelos bilingües en las comunidades con dos idiomas oficiales, entre otras cosas «porque garantiza la igualdad de derechos» de los ciudadanos. En otro punto respaldaba el modelo de inmersión de la escuela catalana, que imparte todas las materias en el idioma autonómico.

Ese documento salía a la luz en un momento delicado para el sistema educativo vasco. El departamento en manos de EA quiere llevar en septiembre al Parlamento vasco una reforma lingüística que rechazan PSE y PP. El proyecto supone la supresión de los tres modelos actuales, en castellano, bilingüe y en euskera, y sustituirlos por uno que, en la práctica, obligará a la mayoría de los centros de enseñanza a la inmersión en la lengua vasca.

Trilingüismo
La consejería cogió al vuelo el guiño del PSOE a las lenguas autonómicas en su congreso. «El acuerdo con el PSE para la reforma lingüística en el País Vasco será fácil si mantiene la misma actitud que el PSOE, de respaldo del sistema de inmersión catalán», declaró Campos. «Lo que es bueno para Cataluña lo será para Euskadi ¿no?», señalaba ayer mismo el consejero, de viaje en Barcelona para entrevistarse con el conseller de Educación, Ernest Maragall, y analizar el modelo escolar de esa comunidad.

Los socialistas vascos aseguran que la resolución sobre las lenguas -en cuya elaboración participaron Isabel Celaá y Ramón Jáuregi- «encaja como un guante» con la postura que mantienen en Euskadi. «Siempre hemos apostado por un modelo bilingüe, en el que se utilice el euskera y el castellano para impartir asignaturas, y con presencia del inglés también como lengua vehicular», subraya Celaá. El texto que hizo público el PSOE hace una clara referencia al multilingüismo. «No nos engañemos, el gran desafío real que tiene España es conseguir un sistema educativo multilingüístico que permita a las generaciones futuras dominar, al menos, una lengua extranjera», señala el documento.

El PSE considera también «coherente» respaldar el sistema de inmersión catalán, como ha hecho el presidente del Gobierno en los últimos días, y rechazar que se implante en Euskadi. «Las condiciones sociolingüísticas no son las mismas. No podríamos seguir la ruta catalana ni queriéndolo: el catalán lo habla el 95% de la población, mientras que en Euskadi domina el euskera el 30%. El catalán se aprende en seis meses. Un profesor necesita, al menos, dos años para poder enseñar en euskera. El sistema vasco debe llevar sus propios ritmos», apunta la parlamentaria.

Es más, a su juicio, implantar el modelo de Cataluña en Euskadi es una «insensatez que rompería la convivencia». «Si es tan sencillo, ¿por qué los alumnos vascos se examinan en castellano en las pruebas de PISA?, y ¿por qué a los profesores que van a dar clase en euskera se les permite examinarse en castellano?», se pregunta Celaá.

Pacto
Las leyes dan pie también a dos sistemas educativos completamente diferentes, argumentan los socialistas. El Gobierno catalán aprobó en 1983 la ley que establecía la inmersión lingüística en la escuela. «Esa norma tuvo el respaldo de todos los partidos políticos», apunta Celaá, que reclama también para el País Vasco «un pacto» entre las formaciones políticas antes de abordar cualquier reforma educativa. En Euskadi se dio el visto bueno en esos mismos años a la Ley de Normalización Lingüística y el decreto de modelos que establecía tres líneas de enseñanza (A, B y D), y que aún está en vigor.

El departamento aún no ha presentado al PSE su proyecto de reforma lingüística, pero el acuerdo no parece tan fácil como aventura ahora Campos. Hay una línea roja trazada por el PSE: no aceptarán que Educación exija a los alumnos de forma obligatoria alcanzar un nivel de euskera similar al 'first' de inglés al acabar la Secundaria como apunta el proyecto de EA.

Colombia pide a los embajadores un gesto en defensa del español
J. A. ABC 9 Julio 2008

MADRID. El embajador de Colombia en España, Carlos Rodado Noriega, dijo ayer que piensa invitar a los demás jefes de las legaciones diplomáticas de países de Hispanoamérica a realizar «una manifestación de apoyo» al idioma español. «Estoy pensando en invitar a mis colegas latinoamericanos a que hagamos una manifestación de apoyo a lo que se denomina el gran manifiesto por la lengua oficial y por la lengua común, la lengua española», dijo el embajador en una entrevista con la agencia Efe.

Rodado precisó a ABC que planteará esta iniciativa a sus colegas en una reunión en la que tienen previsto hablar de inmigración y que, aunque sin fecha fija todavía, se celebrará este mes de julio. El embajador explicó que en España hay 1.541.000 inmigrantes hispanoamericanos, la mayor parte de los cuales pertenecen a la fuerza laboral, y para ellos es muy importante que se mantenga el español como lengua común, idioma al que calificó de «pasaporte verbal».

Respeto a otras lenguas
El embajador quiso dejar muy claro no sólo su respeto a las demás lenguas de España, sino también su admiración a la diversidad cultural de nuestro país, pero manifestó su preocupación ante la posibilidad de que se vea discriminado en algunas Comunidades autónomas. Rodado apostó por fomentar el bilingüismo, «incluso, el multilingüismo», y recordó que en América se preservan las lenguas aborígenes (sólo en Colombia hay unas 40) pero en todos los países se reconoce al español como lengua común.

Para Rodado, «el español es un idioma con mucha fortaleza y vitalidad en el mundo, es el cuarto idioma más hablado en el mundo después del chino, del hindú y del inglés, pero creo que desde el punto de vista de lengua nativa, el español es quizá la lengua más importante que existe hoy en el mundo, con mucha vitalidad». En este punto, el embajador colombiano recordó que sólo en Estados Unidos «hay más personas que hablan español que en la propia España».

«Es un idioma que abre puertas, es una forma de entenderse hoy en una gran parte del planeta con otras personas, de suerte que nosotros consideramos que debe existir una lengua común, una lengua oficial, sin perjuicio de que haya bilingüismo en todas las Comunidades autonómicas».

«Me parece que el bilingüismo se está imponiendo, y no sólo el bilingüismo sino el multilingüismo», por lo que «creo que no debe crearse ningún tipo de incompatibilidad y mucho menos hacer restricciones» para una lengua como el español, «que constituye un pasaporte verbal en el mundo entero», agregó.

La manifestación de apoyo al español tendría que consignarse «en un documento», señaló Rodado, que sostuvo que «es importante que lo hagamos» porque los embajadores latinoamericanos representamos «a unos 430 millones de personas que hablamos español: 380 millones en América Latina y 150 en Estados Unidos». «Constituimos el núcleo mayoritario de hispanoparlantes, por lo tanto, creo que tenemos el derecho a manifestarnos», agregó.

Carlos Rodado se incorporó el pasado mayo a la Embajada de Colombia en Madrid, donde reemplazó a Noemí Sanín. Fue ministro de Minas de Colombia, presidente de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), miembro de la Asamblea Constituyente de 1991 y senador del Partido Conservador. En el año 2004 fue elegido gobernador del Atlántico, cargo que ocupó hasta el pasado 31 de diciembre.

Ongi etorri, benvido y benvingut
M.L.G.F./N.A./T.A. ABC 9 Julio 2008

MADRID. El polémico Pacto Europeo de Inmigración, acordado unánimemente por los 27 países miembros de la Unión Europea, tendrá en España un escollo añadido: el de la lengua. El texto recomienda a los países de acogida tomar «medias específicas para favorecer el aprendizaje de la lengua por parte de los inmigrantes» y algunas comunidades autónomas podrían apostar por su propia lengua en detrimento del castellano.

Las tres comunidades señaladas, por su tradición lingüística, pero sobre todo por el color nacionalista de sus gobiernos, son Cataluña, Galicia y el País Vasco. En esta última existe, desde hace cuatro años, un programa de «acogida lingüística» para que los inmigrantes conozcan unas nociones elementales de euskera, denominado AISA. Fuentes de la dirección de inmigración del Gobierno vasco manifestaron a ABC que en estos momentos existen facilidades para que los inmigrantes que lo deseen reciban clases de euskera o de castellano. Por este motivo, la Dirección de inmigración del ejecutivo de Ibarretxe considera que el Pacto sobre Inmigración no tendrá repercusión práctica en el País Vasco.

La vía para aprender castellano es la de las escuelas de formación para adultos, que no están dirigidas sólo a inmigrantes. Para el aprendizaje del euskera, en cambio, el Gobierno vasco ha creado un programa específico aunque «no se obliga a nadie a aprender euskera», puntualiza el Departamento de Inmigración del Gobierno vasco. El programa no sólo se desarrolla en municipios guipuzcoanos como Eibar, donde hay un segmento de la población que habla en euskera en su vida cotidiana, sino también en ciudades como Vitoria, donde es prácticamente imposible escuchar euskera en el transporte público, en los comercios o en las calles.

Catalán, «lengua común»
La Generalitat sólo promueve la enseñanza del catalán entre los inmigrantes al considerar «empíricamente probado» que quien habla catalán habla castellano, algo que al revés no sucede siempre. Así lo expuso ayer el Secretario para la Inmigración, Oriol Amorós, quien abogó por la defensa del catalán como lengua «pública y común» con el argumento de que «si no lo es aquí, no lo será en ninguna parte».

Amorós evitó pronunciarse sobre como congeniarán estas tesis con el Pacto sobre Inmigración aprobado por la UE. Sí recordó, sin embargo, que las políticas de integración son competencia de la Generalitat. Refiriéndose en todo momento a Cataluña, aseguró que «no hay ningún país en el mundo en el que no se entienda la lengua como una herramienta fundamental para la integración y la movilidad social».

En Galicia, la principal prioridad de la Xunta es la oferta de clases en gallego. Los dirigentes gallegos alegan que la gran mayoría de inmigrantes en la región proceden de Latinoamérica (en especial, emigrantes retornados), colectivo para el que el castellano no sería un handicap. En el caso de la inmigración procedente del Magreb y de Europa del Este la Xunta mantiene convenios plurianuales con los sindicatos y muchos de los ayuntamientos que agrupan a un colectivo foráneo relevante. Estos acuerdos sufragan cursos impartidos en los dos idiomas oficiales, que en ocasiones incorporan módulos de internet y búsqueda de empleo.

La secretaría de Normalización Lingüística subvenciona los cursos de gallego, mientras que la secretaría de Emigración y el Ministerio de Trabajo lo hacen en el caso del castellano.

Los nacionalistas exigen más madera al Gobierno balear en la imposición del catalán
ABC 9 Julio 2008

La Ejecutiva del PSM, partido integrado en el Bloc nacionalista que está condicionando la gestión del Gobierno hexapartito de Baleares encabezado por el socialista Francesc Antich, exigió ayer al Ejecutivo autonómico un «cambio de actitud profundo a favor de la lengua de las islas», ya que considera que «en muchas áreas de Gobierno se está produciendo un retroceso en el fomento de la lengua catalana».

El secretario general del PSM, Biel Barceló, en unas declaraciones que recogió Ep, descendió a las catalogaciones lingüísticas personales y se quejó de algunos miembros del Gobierno balear, como la portavoz y consejera de Trabajo y Formación, Margarita Nájera, quien «todavía se expresa casi siempre en castellano», o el presidente regional, Francesc Antich, al que reprochó que su discurso en la Expo de Zaragoza «fuera íntegramente en castellano». Para Barceló, sin estos cambios «se hace muy difícil» el fomento del catalán por parte de las administraciones.

Nueva actualidad de María San Gil
Lorenzo Contreras Estrella Digital 9 Julio 2008

Un grupo crítico del PP vasco pretende que el congreso regional del partido replantee en sus líneas esenciales la validez y vigencia de la ponencia suscrita por María San Gil y, en consecuencia, la denuncia del PNV por sus apoyos al nacionalismo radical y en conjunto a ETA. Es un reto de muy difícil éxito pero que, sin embargo, refleja el estado latente o no tan latente de la crisis que la ex presidenta popular vasca provocó con su rebelión frente al famoso cambio marianista de línea estratégica. Pese al abandono de la política y su salida voluntaria del PP, María San Gil puede volver como pantalla a la contienda interna por impulso interesado de sus adictos. La insistencia de Ibarretxe en su “plan bis” a través de una consulta o referéndum, cuya convocatoria ya fue objeto de recurso por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, a la luz del artículo 161 de la Constitución, haría prever la suspensión inmediata de la ley del Parlamento vasco y todos sus efectos jurídicos durante cinco meses. Esto significaría que el referéndum no podría celebrarse legalmente el próximo 25 de octubre. La coyuntura es, pues, delicada y de notable interés. El Constitucional tiene la palabra. Y el señor Ibarretxe no deja de tener la suya, que es tanto como decir la clave del conflicto.

Hasta ahora todo son palabras y gestos. La Abogacía del Estado ya calificó de “lesivas” las preguntas del lehendakari en el texto de su anunciada consulta. Y el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, bajo cuya dependencia está la Abogacía citada, hizo decir a la institución que la puesta en marcha de la consulta implicaría la reforma del artículo 2 de la Constitución, la disolución de las Cámaras, la celebración de elecciones y la convocatoria de un referéndum que trasladaría la decisión sobre el “Plan” al pueblo español.

El marco, en principio, no puede ser más complejo. Tan complejo que ya le costó en su día el cargo a Josu Jon Imaz, el anterior presidente del PNV. Ello no significaba que Imaz hubiese quedado en la más completa soledad política, pero sí que perdió los apoyos mayoritarios que le permitían mantener la discrepancia política con Ibarretxe. Se dijo entonces que un sector del PNV habría preferido que la Izquierda Abertzale, o sea, el brazo político de ETA en términos genéricos, hubiese derrotado los proyectos del lehendakari. Andoni Ortúzar, presidente del Bizkaia Buru Batzar, ya dio a entender la “incomodidad” que la situación le causaba. Estamos hablando todavía de los últimos días de junio.

Casi dos meses antes, a principios de mayo, Ibarretxe, en entrevista concedida a la televisión nacionalista vasca, radicalizó su lenguaje cuando dijo en términos amenazantes que o Zapatero pactaba sobre la cuestión planteada o entregaría a ETA el timón de la política. Lo entregaría, naturalmente, según esta advertencia, el propio presidente del Gobierno español. Ibarretxe, en esa oportunidad, se mostraba alarmado al advertir que “nunca más esperaríamos una negociación entre el Gobierno español y ETA” para que luego la banda fuese quien apagara “el interruptor de la esperanza”.

María San Gil no depuso jamás su desconfianza respecto al PNV. Y, por su parte, Josu Jon Imaz ha acabado, como se sabe, ocupando la presidencia de Petronor, la filial de Repsol en el País Vasco. Tal circunstancia hizo declarar a Xavier Arzalluz que esta elección de Imaz ha sido un “premio” por “cautivar a España”. Cuestión de precio, según el “ayatolá”.

Todos los datos en danza tienden a justificar el comportamiento que en su día asumió María San Gil como exponente político de su máximo recelo. “Para ella, demasiado gato encerrado en la inacabada e interminable historia del árbol y las nueces contada por Arzalluz”.

SEGUNDO ABANDONO EN UNAS HORAS EN EL PP VASCO
Dimite otro cargo del PP de Guipúzcoa por discrepancias con la "deriva" del partido
Pedro Altuna, miembro de la ejecutiva del PP de Guipúzcoa, ha anunciado su dimisión de este cargo por sus discrepancias por la "deriva" que a su juicio actualmente está llevando su partido. Esta dimisión es la segunda que se produce hoy. Por la mañana, la edil en San Sebastián Carmen Rubio también anunció que abandonaba su cargo para no formar parte del equipo que "ha triturado a San Gil". Abascal y Otaola también han expresado sus discrepancias.
EFE Libertad Digital 9 Julio 2008

La marcha de San Gil y el viraje estratégico del PP vasco, plasmado en su ponencia política, ya han provocado las primeras baja en sus filas. Altuna ha hecho pública su dimisión a través de una carta abierta dirigida a la aún presidenta del PP vasco, María San Gil, a la que agradece su labor y su decisión de abandonar la primera fila del partido después de comprobar que el líder nacional, Mariano Rajoy, "no merecía su confianza".

La dimisión de este cargo interno del PP de Guipúzcoa se hace pública el mismo día que la de la edil popular en San Sebastián Carmen Rubio, quien ha decidido abandonar su funciones por los mismos motivos, y dos días antes del comienzo del congreso regional del PP vasco.

En su misiva, Altuna sostiene que la política es "ingrata", ya que hay "muy pocas personas íntegras" como San Gil, Regina Otaola o Carmen Rubio, "quienes están en política para defender lo que siempre han constituido los principios del PP y no para trepar u obtener beneficios".

"María, has tenido que oír y oirás palabras y verás gestos que te helarán la sangre por parte de personas de corazón de hielo a las que, debido a tu incapacidad para concebir la traición y la falsedad, considerabas tus amigos y compañeros", sostiene la carta.

Altuna lamenta que los "leales" a María San Gil sean denominados ahora "sector crítico", aunque admite que seguirá siendo "enormemente crítico con los responsables de la actual deriva a la que quieren conducir el partido".

"Quienes llevamos durante años jugándonos diariamente la vida en el País Vasco por defender los principios que siempre han constituido el PP, los que durante tantos años, especialmente tú, hemos padecido persecución, incomprensión y desprecio, no lo hemos hecho para culminar esta andadura lanzando guiños a los responsables y cómplices de nuestra situación: los nacionalistas", argumenta.

Altuna considera "incalificable" que en el PP vasco exista un sector que "por puro pragmatismo o por otro tipo de intereses" apueste por "esa ignominia".

Este cargo del PP guipuzcoano ha comunicado hoy telefónicamente su decisión a la presidenta del partido en esta provincia, María José Usandizaga.

El 'preguntazo', segunda parte
CARMELO BARRIO BAROJA El Correo 9 Julio 2008

SECRETARIO GENERAL DEL PP DEL PAÍS VASCO

E l pasado 27 de junio, un mes y un día después de su tramitación como proyecto de ley por el Gobierno Ibarretxe, el Parlamento vasco aprobó con los votos del PNV, EA, Aralar, Izquierda Unida y el apoyo en rebajas de verano del Partido Comunista de las Tierras Vascas, o sea ETA, la ley-anti-ley de convocatoria y regulación de una consulta popular al objeto de recabar la opinión ciudadana en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política, es decir, el 'preguntazo'.

En estas mismas páginas, el 31 de mayo, describía la primera parte de un análisis político-práctico sobre esta iniciativa gubernamental que se confundía con la obsesión del lehendakari por la ruptura y el afán de dar la razón a los violentos «al aprovechar con desparpajo solemne y sin complejos la presión antidemocrática y terrorista que ejercen algunos en nuestra tierra y disfrazarla de conflicto». En ese momento la desmesura política no había encontrado aún en el Parlamento su expresión más estridente. Pero ésta se produjo el pasado viernes 27. Y ETA, de la mano de Ibarretxe, volvió a hacer propaganda en la Cámara vasca.

Ya sólo queda una única opción. Y es la actuación del Estado de Derecho y de la legalidad y justicia constitucional en toda su extensión. Ante la publicación de la ley en el Boletín Oficial ya se han anunciado diferentes reacciones. El Partido Popular y sus diputados y senadores y el Gobierno de España ya se han posicionado claramente a la hora de impedir que un referéndum ilegal e ilegítimo, disfrazado de consulta popular, pueda tener lugar en esta parte de España por voluntad del ensimismamiento nacionalista. A la actuación de la inmensa mayoría de los españoles a través de sus representantes políticos hay que sumar un hecho que tiene una relevancia singular. El Consejo de Estado, en un tiempo récord, por unanimidad y con una solvencia jurídica singular, ha elaborado un dictamen que avala la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del 'preguntazo' por vulneración de los artículos 92 y 149 de la Constitución, y de un sinfín de otros preceptos legales como el Estatuto de Gernika y demás. Y constata que el objeto de la consulta «transciende el ámbito de interés y de competencias de Euskadi, afecta al interés de Estado y de los demás territorios de España».
A lo aprobado por los nacionalistas en el Parlamento vasco se oponen, pues, objeciones políticas, jurídicas y sociales que serán imposibles de superar por quienes concibieron esta arquitectura rupturista. Hoy, pues, un nuevo decálogo pone en evidencia el desafío que supone el plan del lehendakari y puede servir de orientación para su neutralización en distintos ámbitos:

Primero. La ley 9/2008, de Consulta es definitivamente inconstitucional. Y no es una opinión. Quizá nunca se debiera haber tramitado, pero la jurisprudencia en lo relativo a la admisión a trámite parlamentario de diferentes iniciativas se mueve en un proceloso ámbito de contradicciones.

Segundo. La ley se tramitó a todo correr por la decidida vocación pro gubernamental de la mayoría de la Mesa del Parlamento vasco, incapaz de distinguir poder legislativo y ejecutivo. La presidenta Bilbao, como antes Atutxa, ha puesto de nuevo al Parlamento vasco al servicio de los intereses del Gobierno de Lakua. Y ha limitado, además, la capacidad de actuación de los parlamentarios en el proceso legislativo.

Tercero. Es posible que por primera vez se haya aprobado en un Parlamento una ley que, a ciencia cierta, va a generar problemas importantes a los ciudadanos que dependen de él. El objeto de esta ley no es regular una actuación sectorial, una competencia política o una laguna legal, el objeto es construir, con apariencia legal, un desafío que divide a los vascos y que nos enfrenta con el resto de España.

Cuarto. Se ha aprobado una ley que además de inconstitucional tiene profundos errores de técnica legislativa. Por lo que además es chapucera y atropellada. Utiliza disposiciones adicionales para regular materia de artículos y emplea la figura de artículo único para tratar de engañar en cuanto a su procedimiento por lectura única. Ha vulnerado el propio Reglamento del Parlamento vasco.

Quinto. Se ha construido una ley para escoltar un discurso victimista y un periodo preelectoral marcado por la colisión con las instituciones constitucionales. Ibarretxe entiende como rentable la conflictividad legal y jurisdiccional y considera que le beneficia políticamente. Y eso se aparta de cualquier planteamiento de lealtad en que se deben mover los diferentes órdenes políticos que constituyen un Estado. Por ello no habría que descartar cualquier nivel de exigencia política constitucional para neutralizar el desafuero.

Sexto. El tripartido además ha negociado con ETA el voto necesario para esta ley. Las contrapartidas ya las hemos visto. Ninguna moción de censura en los ayuntamiento de ANV, ni siquiera en Mondragón, progresiva ausencia de presión policial al mundo radical por parte del Departamento de Interior, exculpación de responsabilidad a ETA en los atentados de TAV, constante presión ante la Administración de Justicia en las causas abiertas contra el entorno terrorista, etcétera.

Séptimo. Esta ley se ha aprobado contra los alaveses y sus instituciones y contra cientos de miles de vascos. En las Juntas Generales de Álava y en importantes ayuntamientos de Euskadi se han aprobado mociones y declaraciones institucionales descalificando el proyecto de ley de consulta. Ante ello, el Gobierno vasco ha hecho oídos sordos. Ibarretxe, en un alarde de desprecio institucional, ni siquiera ha recibido al presidente Zárate, que le quería trasladar el rechazo de Álava al 'preguntazo'.

Octavo. El presidente del Euskadi Buru Batzar ha sido incapaz de explicar el sentido constructivo o necesario de esta propuesta legal. También se perciben tensiones internas en el PNV, lo cual, al fin y al cabo, es lo más estimulante de este proceso, aunque constatando que siempre se impone la línea dura, la que 'tira al monte'.

Noveno. Es necesario reconocer como cierto algo que ya habíamos denunciado. La impúdica negociación en Loyola de PSE, PNV y ETA ha dado argumentos a Ibarretxe que no se ha cansado de utilizar. La expresión presidencial más utilizada en la justificación del referéndum era: «¿Por qué no quieren negociar con el lehendakari lo que Zapatero negoció con ETA en Loyola?». Triste, ¿verdad?

Décimo. Convertir una alucinación en una ley es como decir que los nazis eran unos demócratas.
Está claro que el momento del Estado de Derecho se impone ahora con urgencia y que el tiempo nos dará la razón. Pero también cuánto tiempo nos hacen perder con sus hojas de ruta, sus obsesiones y sus odios territoriales.

España campeona: un hecho trascendental deportivo y político
Núcleos de Oposición Antinacionalistas N.O.A.
www.nucleosoa.org oa@nucleosoa.org  9 Julio 2008

España campeona de Europa 2008. Una espera de 44 años y ocho días. Días de locura, victoria tras victoria. Con un equipo nuevo, joven, que se había ido forjando como ganador en las sucesivas secciones juveniles. Y una ilusión abrasadora, como los colores de nuestra bandera, de nuestro anhelo.

Una lección a Europa, una lección al mundo. Lo ha dicho el propio Luís Aragonés. Todas las “selecciones favoritas” se han revelado un fraude, una pompa de jabón: la francesa, la holandesa, la alemana. Los panzer derrotados por la “furia roja”, y los rusos dos veces.

Y la marea de la afición, envuelta en rojo y oro, que fue y es en realidad todo un pueblo, que se levanta y despliega su orgullo, que se siente y se mueve como uno sólo. Este es el gran golpe a los falsos indiferentes y al enemigo, la bestia separatista, que rechina los dientes, como hemos podido ver, porque viven de la vida y desdicha ajenas, como parásitos.
Esta energía no puede perderse. Esos gritos de “¡España!”, “¡Viva España!”, de “¡Soy español, español, español!”, sin complejos ni vergüenzas, no pueden difuminarse en el vacío. Debemos de hacer una reflexión: convertir esta victoria en emblema del movimiento de regeneración nacional y democrática, de liberación de las garrapatas que nos oprimen y saquean. Hemos de sacar paralelismos políticos de esta situación.

En Barcelona o en Bilbao el torrente de banderas nacionales, muchas veces enarboladas por chicos y chicas jóvenes, incluso muy jóvenes, redujo la rabia y la envidia de los nacionalistas al silencio. Y sobre todo a sus mentiras de que en los territorios que controlan mafiosamente toda la población es de los suyos. Mentira.

El partido más visto desde que hay controles de audiencia. Y los colores más vistos de toda la Historia, reconquistando las calles.

¡Ahora saldrán amigos y enemigos a convencernos que no hay para tanto, que es un negocio, que todo es una distracción de los problemas reales (pero no nombrarán al nacionalismo). No es cierto. Es la respuesta a esos problemas, los grandes: la destrucción de la Nación y el Estado, el socavamiento de la democracia por la partitocracia, la represión de la lengua nacional y natural de los españoles a favor de dialectillos manipulados, el saqueo de la economía nacional, la ruina y aberración del Estado de las Autonomías. Esto es lo que percibe el ciudadano, esto es la realidad.

Y todo esto en medio de las campañas de “El Mundo” y de la UPD de Rosa Diaz en defensa de nuestro idioma frente a los atropellos de los nacionalistas y la complicidad criminal de ZP y de eso que se ha apoderado del PSOE. Y de la memez culpable del PP. ¡Bien por Luís Aragonés que lo ha apoyado con rotundidad!.

Esto es un clamor, un movimiento que ha tardado en gestarse, narcotizados como estábamos por la perversión de la democracia causada por la partitocracia ladrona y oligárquica, por las falsedades de los nacionalismos y el control por lo “políticamente correcto” de los medios de comunicación.

Pero ya se acabó. Nos hemos levantado y hemos visto que no estamos sólos, como en la manifestación de la AVT en Madrid. “España no caminará sóla”, nunca más, porque somos todos. Y este movimiento de crecimiento colectivo es sólo la culminación de un proceso de autoconciencia y rebelión. Como el Dos de Mayo de 1808.

Vuelven a menospreciarnos. Es su error.
Por la libertad. Por la unidad. Por la prosperidad de todos. Por la democracia. PODEMOS.
España es libertad. Hacia la constitución del movimiento de resistencia.

Núcleos de Oposición Antinacionalistas N.O.A.
www.nucleosoa.org oa@nucleosoa.org

WASHINGTON EXIGE PONER FIN A LOS ENSAYOS
Irán desafía al mundo al probar con éxito un misil que puede impactar en Israel
Un nuevo misil del tipo "Shihab-3", que puede impactar en cualquier punto de Israel, ha sido probado con éxito por el Ejército de Irán, durante las maniobras que realiza el cuerpo de los Guardianes de la Revolución. La prueba tiene lugar después de que Teherán amenazara con "quemar" a Israel y a la fuerza naval de EEUU en la zona, si sus instalaciones nucleares son bombardeadas. El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca exigió a los iraníes que suspendan sus ensayos militares.
Agencias Libertad Digital 9 Julio 2008

El mando de las Fuerzas Armadas de Irán confirmó que un nuevo misil del tipo "Shihab-3", de dos mil kilómetros de alcance, con un peso de más de una tonelada y con tecnología avanzada, ha sido probado con éxito por efectivos de los Guardianes de la Revolución o "Pasdaran".

Los "Pasdaran" realizan en una zona del Golfo Pérsico amplias maniobras en las que se probaron misiles balísticos de largo y medio alcance. La cadena de televisión Al-Alam indicó que "han sido ensayados con total éxito numerosos misiles tipo "Shihab" I, II y III, así como de los modelos 'Fateh' (conquistador) y 'Zilzal' (terremoto), todos de fabricación nacional".

En Japón, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Gordon Johndroe, declaró que la prueba y desarrollo de misiles balísticos iraníes, algunos capaces de impactar en territorio israelí, "es una violación de las resoluciones de la ONU y algo completamente inconsistentes con las obligaciones de Irán ante el mundo". Agregó con esos ensayos, Irán "sólo consigue aumentar el aislamiento de su pueblo" y que las autoridades de Teherán "deben abstenerse de nuevas pruebas de misiles si de verdad quieren ganarse la confianza del mundo".

En los ejercicios, bautizados "El profeta más grande" e iniciados el pasado lunes en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, en la entrada de esa vía marítima, "han sido probados, también con gran éxito, aviones sin piloto para objetivos de combate y reconocimiento", añadieron.

Las maniobras de los "Pasdarán", una fuerza considerada la columna vertebral del régimen islámico de Teherán, comenzaron un día después de las que unidades navales de EEUU, Reino Unido y Bahrein realizaran cerca del estrecho de Ormuz, que los iraníes amenazaron con bloquear si son blanco de ataques.

Este anuncio se produce después de las amenazas de Teherán de "quemar" Israel y la fuerza naval de EEUU en el Golfo Pérsico, si las instalaciones atómicas de la República Islámica son atacadas por esos dos países.

Suso de Toro escribió en gallego a los 12 años en una revista publicada bajo el franquismo
Redacción Bilbao Minuto Digital 9 Julio 2008

¡Menuda persecución sufrió la lengua gallega! Un mozalbete como Suso de Toro publicó su primer artículo en gallego en una revista escolar editada en 1968. Faltaba un año para que el hombre llegase a la Luna y siete para que se muriese Franco… ¡y los niños gallegos podían leer publicaciones en gallego! ¿Cuántas revistas escolares en castellano se editan en Galicia o Cataluña?

Los progres no paran de darnos sorpresas a los simples mortales. Con motivo de la presentación de su último libro, el biógrafo de Rodríguez, Suso de Toro, ha revelado que publicó su primer artículo en gallego a los 12 años de edad en una revista escolar, tal como se puede leer en la crónica de ‘El País’.

En el mismo artículo se recuerda que De Toro nación en 1956. Luego esa revista que admitía colaboraciones en gallego se editaba en 1968, cuando gobernaba España el general Franco y era ministro de Información y Turismo otro gallego, el tercero de nuestra historia, Manuel Fraga. La conclusión es obvia: no podía estar tan perseguida la lengua gallega como afirman los separatistas, empezando por Suso, si se publicaban revistas escolares con textos en gallego.

¿O es que Suso sufrió represalias por ese articulillo? Nos lo podía contar.

Por cierto, ahora que por fin hay democracia, ¿cuántas revistas escolares en Galicia y Cataluña admiten artículos de los alumnos escritos en la lengua oficial de toda España?

El PP descarta la oficialidad del asturiano al asegurar que no asumirá la propuesta «de ninguna manera»
EP ABC 9 Julio 2008

OVIEDO. El Partido Popular no asumirá «de ninguna manera» la propuesta de oficialidad de la lengua asturiana que ayer presentó el Conceyu Abiertu pola Oficialidá (CAO) a los Grupos parlamentarios de la Junta General del Principado.
Así de rotundo se mostró ayer el parlamentario popular, y miembro de la mesa que elabora la ponencia estatutaria, Joaquín Aréstegui tras recibir a los miembros del CAO. Esta confirmación descarta cualquier posibilidad de que la lengua asturiana sea oficializada en la presente reforma del Estatuto, pues el PSOE ya ha mostrado su oposición a la medida, siendo Izquierda Unida-Bloque por Asturies-Verdes, formación que sólo cuenta con cuatro diputados, la única que defenderá la propuesta.

Propuesta del artículo
Xulio Casado y Fernando Ornosa, en representación de este colectivo, visitaron ayer a los tres grupos para dejarles la propuesta de artículo cuarto del Estatuto de Autonomía que hicieron pública en un acto ante la Junta el pasado lunes.
Aréstegui se comprometió a hacer entrega de la misma al presidente popular, Ovidio Sánchez, y al resto de miembros populares de la ponencia, y atendió a la petición de los miembros del CAO de acordar una reunión entre ambas partes. Aunque dejó claro que «nosotros no somos partidarios de la cooficialidad, ni de la oficialidad del asturiano, y por lo tanto este texto no lo asumiremos de ninguna manera».

Matizó sin embargo que, llegando el momento, su grupo hará diversas propuestas en favor de la normalización del asturiano.
Por su parte, Izquierda Unida-Bloque por Asturies-Verdes, como organización integrante del CAO, se comprometió a defender este texto en las reuniones correspondientes de la Ponencia, mientras que el PSOE ni tan siguiera recibió a los representantes del Conceyu. «Se niegan a recibirnos, y todavía no hemos conseguido contactar con ellos», explicó Ornosa. De todas formas, los socialistas ya han dejado claro que tampoco asumirán el texto.

Con la confirmación de la negativa del Partido Popular a aceptar la propuesta del CAO, queda completamente descartada la declaración de oficialidad de la lengua asturiana en la nueva reforma del Estatuto de Autonomía.
Los integrantes del CAO, movimiento que agrupa a más de 250 organizaciones en favor del reconocimiento oficial de la «llingua», justificaban su confianza en los populares, basándose en actitudes y declaraciones de determinados cargos públicos del partido en favor de la normalización y protección de la «lenguas asturiana».

Nosotros, los autrigones
Pedro G. Cuartango EL MUNDO  9 Julio 2008

Ya en Heródoto, Plinio el Viejo y Ptolomeo existen referencias a Autrigonia, la tierra de los autrigones, una tribu prerromana de origen desconocido que habitaba en la mitad norte de la provincia de Burgos, parte de Alava y Vizcaya y el sur de Cantabria.

Las dos mayores ciudades de los autrigones eran Deóbriga, la actual Miranda de Ebro, y Virovesca, hoy Briviesca, considerada la capital de esta vieja nación, más tarde llamada impropiamente Bardulia.

Yo nací en Miranda de Ebro. Mi padre, mis abuelos y mis bisabuelos -casi todos de esta localidad- habían trabajado en el ferrocarril. Mi madre había nacido en Briviesca, donde los Cuartango ya figuraban censados como agricultores en la época de los Reyes Católicos. Por tanto, me considero un autrigón de raza pura, tal vez uno de los pocos que quedan en la Península Ibérica.

Los autrigones eran enemigos de los vascos, a los que superaban en antigüedad y cultura, como demuestran los restos arqueológicos existentes. Los vascos, mucho más numerosos, sometieron por la fuerza a los autrigones, que pasaron a ser llamados bárdulos.

Por tanto, en nombre de la sagrada sangre que llevo, de nuestras ancestrales tradiciones y de la Historia, me creo legitimado para apelar a los habitantes de las antiguas tierras autrigonas a que se rebelen contra la dominación de castellanos y vascos que hemos padecido durante más de 15 siglos.

Propongo la celebración de un referéndum para que los 80.000 autrigones que moran en nuestro suelo puedan autodeterminarse, especialmente, los que padecen la ignominia de ser considerados vascos, nuestros implacables enemigos históricos.

Han borrado nuestra lengua, han destruido nuestra identidad, han eliminado nuestra memoria. Tenemos que alzarnos contra la opresión y reconstruir la nación autrigona que llegaba desde las llanuras de La Bureba hasta los altos de Llodio, la cuna del lehendakari Ibarretxe.

Nosotros somos uno de los pueblos más antiguos de Europa. Deóbriga, a las orillas del Ebro, ya era una próspera ciudad cuando Bilbao no existía.

Sobre las ruinas del antiguo monasterio de Autrigonum (Rodilla), lugar sagrado para nosotros, proclamo el derecho de todos los autrigones a decidir sobre nuestro futuro. Virovesca será de nuevo la capital de esa gran Autrigonia, país fértil y de viejos dioses, cuya herencia llevamos en nuestros genes. ¡Larga vida a Autrigonia!

El Manifiesto de la Lengua Común
la situación de la lengua es culpa de los distintos gobiernos que se han sucedido, del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional
Jorge de Esteban EL MUNDO  9 Julio 2008

Pueden existir, en un país democrático, zonas de su territorio en que gobiernen partidos totalitarios que impongan a todos los residentes políticas totalitarias? La respuesta, desde la perspectiva de la Ciencia Política y del Derecho Constitucional, no podría ser más que negativa. Un país no puede ser en parte democrático y en parte no, no puede haber unos derechos para algunos de sus nacionales y para otros no. La cuestión es tan clara que ningún jurista o científico de la política la pondría en duda. Pero como la realidad supera cualquier teoría, no hay más remedio que contestar finalmente que sí, que es posible, en razón del ejemplo aberrante que constituye hoy la España constitucional.

En efecto, así es desde el momento en que existen algunos territorios en que no sólo se priva del derecho reconocido por la Constitución de hablar, estudiar y relacionarse en castellano, lengua oficial y común del Estado, sino que además se obliga a hacerlo en otra lengua, aunque sea cooficial en la Comunidad Autónoma en la que se hable. De este modo, se están violando varios derechos reconocidos en la Constitución, cuando se impone a todos, los que estén de acuerdo y los que no, una política de corte totalitario. En Cataluña, en el País Vasco, en Galicia y en Baleares, actualmente, sus Gobiernos respectivos, formados por coaliciones de nacionalistas y pseudonacionalistas, están violando claramente, por supuesto, con su política lingüística, el artículo 3 de la Constitución. Pero es que, además, también están conculcando otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, a causa de su imposición de que la enseñanza sea en una lengua que no es la oficial del todo el Estado y que no se ha elegido voluntariamente.

Se atenta así, en primer lugar, contra el artículo 14 que establece que todos los españoles son iguales ante la ley y, por tanto, ante la Constitución, que establece el derecho y el deber de todos los españoles a conocer y usar el castellano o español. Y afecta, de igual modo, al artículo 27, el cual señala que la educación tiene por objeto «el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de la convivencia y a los derechos y libertades fundamentales», enseñanza que debe hacerse en la lengua oficial del Estado, como idioma vehicular y, asimismo, si lo desean los padres, podrán estudiar también, en su caso, las otras lenguas cooficiales, pero nunca de forma impuesta, sino de manera voluntaria. Así se desprende del artículo 148.1.17, al establecer que es competencia de las comunidades autónomas, según lo establezcan los estatutos, «la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma», y no la «enseñanza en la lengua de la Comunidad Autónoma», como abusivamente se ha interpretado.

Esto es lo que dice la Constitución y lo que debería regir, puesto que es la primera de las normas del Estado y están obligados a su cumplimiento todos los poderes del Estado. Sin embargo, sabemos que no ocurre así, que los gobiernos nacionalistas han ido ganando terreno, poco a poco, hasta llegar a invertir los términos de lo que afirma la Constitución. Es más: estos partidos que defienden -ilegalmente- el derecho a poder decidir su futuro -sean vascos, catalanes, gallegos o baleares- para poder separarse o no del resto del Estado, como irresponsablemente reconoció a los vascos el propio presidente del Gobierno, no son capaces, sin embargo, de utilizar el mismo criterio para que los que viven en sus respectivos territorios puedan también decidir en qué lengua quieren trabajar o que estudien sus hijos, ya que si fuesen consecuentes habría que recordarles que el que puede lo más, también puedo lo menos.

Pero los neototalitarios que están hoy en los gobiernos de esas comunidades autónomas saben perfectamente que la imposición y el predominio de la lengua es el mejor instrumento que existe para llegar a su sueño secesionista, aunque sea pisoteando los derechos de muchos de los españoles que viven en ellas. Piensan, aunque no lo digan, que no es el espacio quien define la lengua, sino que es la lengua quien define su espacio, porque no deberíamos olvidar que es la lengua precisamente, en razón de su infinita capacidad generativa y de su papel de ser el vehículo de las representaciones colectivas, un instrumento que aparece para los neototalitarios como el mejor soporte de su sueño en la búsqueda del poder absoluto.

A través de la lengua autóctona no sólo quieren obtener el predominio del poder en el futuro, sino asimismo, mientras tanto, múltiples ventajas para los que viven en el territorio respectivo, fomentando así una estúpida endogamia en todos los ámbitos. Yo he tenido la oportunidad de comprobarlo no hace mucho tiempo, con motivo de unas oposiciones a una Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco en las que yo formaba parte del Tribunal. El día de la presentación de los opositores, sólo se presentaron dos: el candidato local y un discípulo mío. Pero ante mi sorpresa el presidente del Tribunal, que no era vasco, dijo que mi discípulo quedaba excluido de la oposición, porque no se había presentado a un examen previo para demostrar su conocimiento del euskara, requisito que se había colado ilegalmente en la convocatoria como si fuese algo natural. Como es natural, yo me negué a aceptar tamaña arbitrariedad y amenacé con marcharme del Tribunal. Al final no lo hice por no montar un escándalo, pero no sé si me equivoqué. En todo caso, formulé un voto particular contra semejante abuso, al mismo tiempo que mi discípulo presentó un recurso contencioso-administrativo que perdió, en primera instancia, naturalmente en un Juzgado vasco, recurriendo después ante el Tribunal Superior del País Vasco, el cual tampoco le dio la razón por la flagrante discriminación de que había sido objeto.

Será el Tribunal Constitucional quien finalmente decida, al haber presentado un recurso de amparo, si, a la vista de esta discriminación, la Constitución rige también en el País Vasco. Lo curioso del caso es que, de este modo, a través de la lengua, los vascos, catalanes o gallegos se aseguran muchos puestos de la Universidad o de la Administración Autonómica para ellos, mientras que si les interesan pueden concurrir también a las oposiciones de cualquier Universidad o Administración en España, sin que nadie les ponga impedimento. Me recuerdan así la conocida anécdota de aquella viejecita que, tras implantarse el Frente Popular, en las postrimerías de la II República, conociendo que se iban a expropiar todas las tierras para repartirlas al pueblo, dijo socarronamente: «Pues muy bien, porque entre las que tengo y las que me toquen en el reparto, saldré ganando…».

Lo lamentable del caso es que hemos pasado de la situación totalitaria del franquismo, con su lema de «hablad la lengua del Imperio», a una balcanización lingüística en la que ahora se quiere desterrar la lengua oficial del Estado de las escuelas y de las Universidades. Todos estos supuestos me parecen una enorme majadería en la que se están desorbitando las cosas. Por supuesto, el culpable de la presente situación no es el actual Gobierno o, mejor dicho, no es sólo el actual Gobierno, sino que todos los gobiernos anteriores hicieron muy poco, o nada, para encontrar una solución de equilibrio en este problema.

La explicación es muy clara, y no es otra que la enorme prepotencia que han ido adquiriendo, con los años, pequeños partidos nacionalistas gracias a una absurda ley electoral que les ha convertido a veces en partidos necesarios para poder gobernar las mayorías minoritarias parlamentarias. Es más, también el Tribunal Constitucional es culpable de haber dictado sentencias que iban en contra de los derechos de muchos españoles que viven en comunidades realmente bilingües, puesto que se les ha obligado a estudiar en una lengua que no era la materna. Se ha pasado, así, de las tres horas de catalán, por poner el ejemplo de Cataluña, que estaba vigente hace 25 años, a las tres horas de castellano, que ni siquiera se cumple, como acaba de señalar un Tribunal de Cataluña,

Esta guerra de las lenguas es una verdadera barbaridad que el Manifiesto por la Lengua Común ha denunciado, por si todavía se puede poner remedio a esta política neototalitaria, antes de que sea tarde. Porque lo que está en juego, no es la preponderancia de uno u otro idioma, sino dos cuestiones fundamentales. Por un lado, que se impida a muchos españoles estudiar o trabajar en la lengua que se quiera, cuando residan en comunidades bilingües. Y, por otro, que por meras razones prácticas todos debemos conocer la lengua oficial del Estado, fomentando, al mismo tiempo, el bilingüismo en las comunidades en que exista otra lengua.

Pero para eso no es necesario modificar la Constitución, lo cual además sería prácticamente imposible en este punto, sino que bastaría con cumplir lo que dicen varios de sus artículos. El artículo 3, en el que se señala que el castellano es la lengua española oficial del Estado, por lo que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla, siendo cooficiales las demás lenguas españolas en sus respectivas comunidades autónomas. El artículo 139, que establece que «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado». Y, por último, el 149.1.1, que señala que el Estado tiene competencia exclusiva para «la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales». Simplemente aplicando la Constitución no existiría ningún problema. Sin embargo, en este caso, como en otros, nos estamos aproximando a esa caricatura de Estado de Derecho que se implantó con la Restauración y que hizo decir cínicamente a Cánovas, su creador, que «España es un país de leyes rígidas que se atenúan con su incumplimiento».

Pues bien, en la actual regresión de nuestro Estado de Derecho, al menos en esta cuestión, son culpables, como digo, los distintos gobiernos que se han sucedido, el Poder Judicial que se va también balcanizando cada vez más, a pesar de que es el único poder que debe ser único y común en todo el Estado y, por último, el garante de la Constitución, es decir, el Tribunal Constitucional, que posee una jurisprudencia contradictoria, que ha fomentado sin duda este conflicto. En cualquier caso, si el Manifiesto por la Lengua Común no contribuye a detener este suicidio cultural de nuestro país, como consecuencia de una guerra absurda entre las lenguas, solo quedaría el recurso, si no prospera la proposición de ley que va a presentar Rosa Díez, de acogerse a una proposición de ley, de iniciativa popular, que fuese avalada por más de medio millón de firmas, según lo establecido 87.3 de la Constitución. Claro que para eso hace falta que los ciudadanos afectados por estas medidas discriminatorias reaccionen, pues es sabido que la democracia da también a cada uno el derecho de ser su propio opresor.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.

POR LA LENGUA COMUN / Los apoyos
PP y PSOE se adhieren conjuntamente al Manifiesto en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga
El Partido Popular de esta localidad malagueña presentó una moción con carácter urgente para apoyar el documento, que fue suscrito, sin debate alguno, por el Grupo Socialista durante un Pleno.
EL MUNDO  9 Julio 2008

MALAGA.- El Manifiesto por la Lengua Común sigue sumando apoyos e incluso está superando las barreras del color político. El Pleno del Ayuntamiento malagueño de Vélez-Málaga ha aprobado adherirse a este documento con el apoyo expreso de los grupos políticos que lo conforman, incluidos el PSOE y el Partido Andalucista, y con la excepción de Izquierda Unida.

La iniciativa partió del alcalde del municipio, Francisco Delgado Bonilla (PP), que presentó una moción con carácter urgente para que fuera aprobada durante el Pleno ordinario que se celebró el pasado 30 de junio. En la Junta de Portavoces previa a esta sesión plenaria, Delgado Bonilla explicó a los demás grupos políticos con representación en el Consistorio veleño los motivos de su propuesta.

«Igual que desde el Ayuntamiento nos hemos pronunciado con respecto a otros temas de fuera de las fronteras de Vélez-Málaga, mostrando nuestra solidaridad con problemas medioambientales o de derechos humanos, por ejemplo, era normal que nos preocupáramos también por algo que es lógico y de sentido común, que es que se respete el castellano», señaló Delgado Bonilla.

En su exposición argumentó que «si hay algo que reconoce la Constitución es el español y el respeto a las lenguas cooficiales, pero últimamente se percibe cierta marginación a esta lengua, y este Manifiesto pretende poner las cosas en su sitio y que se respeten los valores que se establecieron en 1978». Por esto, pidió el apoyo de las demás fuerzas políticas al Manifiesto por la Lengua Común, impulsado por personalidades de la talla de Mario Vargas Llosa, Fernando Savater o Arcadi Espada.

En el texto de la moción se señalaba, al igual que aparece en el Manifiesto, que el objetivo de esta iniciativa es «defender la oficialidad del castellano y establecerlo como lengua común y oficial en todo el territorio nacional, por lo que todos los ciudadanos que lo deseen tienen derecho a ser educados en esa lengua».

La moción, que se presentó con carácter urgente en el Pleno, recibió el apoyo de dos de los grupos políticos de la oposición, que no plantearon ni siquiera un debate sobre este documento.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Vélez, Antonio Souvirón, explicó que su Grupo se sumó a este manifiesto «porque todo lo que sea apoyar el castellano se debe hacer». «Nosotros no compartimos el punto de vista del PP de que España se rompe o de que el castellano esté en peligro, pero todos deseamos apoyar la fortaleza de esta lengua», indicó Souvirón, quien añadió que igualmente habría apoyado otra moción en defensa de las otras lenguas que se hablan en el país.

Las únicas formaciones que no se mostraron a favor fueron las de IU, que votó en contra de la moción, y la del Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar, que no contaba con ningún concejal en el Pleno en el momento en el que se celebró la votación de esta propuesta. El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Vélez Málaga, Salvador Marín, explicó que no apoya el Manifiesto porque no está de acuerdo con el fondo del documento. «No entendemos que la lengua española esté amenazada por el más mínimo peligro, porque creemos que tiene suficientes garantías», indicó Marín.

«1. Sólo el castellano es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y, por tanto, la única lengua que goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen».

«2. Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas».

«3. En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua cooficial [...] Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta».

«4. Nada cabe objetar al artículo tercero, apartado 3, de la Constitución, tan generoso como justo, proclamado para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas».

POR LA LENGUA COMUN / Los apoyos
El embajador de Colombia propondrá a todos sus colegas una acción en defensa del castellano
Afirma que «no podemos ser neutrales respecto a la necesidad de preservarlo como idioma oficial» El diplomático cree que las restricciones lingüísticas perjudicarán a los inmigrantes latinoamericanos
EL MUNDO  9 Julio 2008

MADRID. - El embajador de Colombia en España, Carlos Rodado, propondrá a todos sus colegas latinoamericanos que suscriban una iniciativa común en defensa del idioma español. El más alto representante de Bogotá tiene previsto plantear esta idea al resto de diplomáticos destacados en Madrid en la reunión que todos ellos mantendrán antes de finales de mes para abordar los problemas de la inmigración.

«No podemos ser neutrales», explicó ayer el embajador de Colombia a EL MUNDO, «respecto a la necesidad de preservar el castellano como lengua oficial en toda España. Reconocemos que la diversidad lingüística es parte de la riqueza del país y ha de ser respetada, pero también creemos que todos los españoles deben tener derecho a expresarse, a estudiar y a trabajar en español, que es el idioma común».

Rodado aclara que su iniciativa no tiene «ninguna intencionalidad política» y añade que no debe buscarse en la misma pretensión alguna de atacar el bilingüismo.

«Se trata», dice, «de defender la raíz de nuestra cultura» y de adelantarse, además, a los «serios problemas» que pueden afectar a los más de 1,5 millones de latinoamericanos que residen en España, de acuerdo con el último censo.

«Para nosotros», apunta, «sería duro que se impusieran lenguas que no son la propia. Nos afectaría de lleno, sobre todo a la hora de acceder a la educación y al trabajo». «Si se imponen restricciones al español en algunas comunidades autónomas, sin duda ello tendría su efecto sobre la masa laboral», advierte, tras recordar que la inmensa mayoría de los latinoamericanos que residen en España son «trabajadores». También recuerda que las nuevas directivas de la Unión Europea que regulan la inmigración imponen de facto el deber de hablar la lengua del país en el que se reside. «Resulta lógico», asegura, pero las dificultades serían muchas «si en lugar de una tuvieran que ser varias» las lenguas obligatorias.

El embajador colombiano planteará a sus colegas la posibilidad de suscribir un documento o manifiesto que tendrá, según él, la fuerza que proporciona el representar a los 380 millones de hispanoparlantes de América Latina, a los que pueden sumarse los 50 millones que se expresan en castellano en Estados Unidos.

«Somos el núcleo mayoritario de hispanoparlantes y, por ello, creo», afirma, «que tenemos derecho a manifestarnos». «Debemos hacer una manifestación para que no se someta nuestro idioma a discriminación, sin que ello perjudique el bilingüismo y la diversidad».

Carlos Rodado explica que en la mayoría de los países latinoamericanos existen varias lenguas aborígenes -sólo en Colombia, más de 40-, pero la lengua oficial «y común» es siempre el español.

«Hay que conservar las lenguas varias, pero propiciar la lengua común porque es la que está al alcance de todos», añade.

«Nosotros», afirma el diplomático colombiano, «también hemos aprendido a amar a España a través de la lengua, que es la de Cervantes, la de Santa Teresa, la de Quevedo y la de Lorca, pero también la de Neruda, la de García Márquez, la de Vargas Llosa y la de Borges. La cumbre de las letras y del pensamiento se expresa en español, que es un idioma universal y, probablemente, el más hablado como lengua materna».

POR LA LENGUA COMUN
Rosa Díez desmiente la naturaleza partidista del Manifiesto
EL MUNDO  9 Julio 2008

SANTANDER.- Rosa Díez desmintió ayer que el Manifiesto por la lengua común tenga una naturaleza partidista. «De lo que sí se trata es de un documento político, no faltaría más», afirmó, puesto que para la diputada de Unión Progreso y Democracia la defensa de la lengua atañe a los partidos políticos igual que «la Seguridad Social o el urbanismo».

Díez presentó la semana pasada en el Congreso una proposición de ley para garantizar la libertad de elección de lengua en la educación y en el acceso al empleo público. Díez ve el éxito de la recogida de firmas a favor del Manifiesto como síntoma del deseo ciudadano de poner sobre la mesa este debate. Díez criticó «la discriminación por razones lingüísticas» y la «marginación» a la que se ven sometidos los profesionales que no dominan las lenguas cooficiales.

«En el País Vasco a un cirujano se le puntúa con 20 puntos por tener conocimientos de euskera y con cinco por tener la mejor especialización», explicó la líder de UPyD. «En consecuencia, los buenos cirujanos no buscan trabajo en el País Vasco y los que sufren las consecuencias son los que utilizan el sistema público de salud, porque los que tienen dinero se van al privado», añadió.

Rosa Díez cree que la manera de garantizar el derecho a educarse en castellano en las regiones bilingües es que «el Estado recupere las competencias trasmitidas en este área a las Comunidades Autónomas». Pero se muestra escéptica: «Sé que en esta legislatura no lo vamos a conseguir», reconoce con pesar, «pero al menos podemos lograr que la gente vaya pensando en ello».

La Real Academia Sevillana de Buenas Letras también se ha adherido al Manifiesto por la Lengua Común, afirmando «explícitamente su acuerdo con las premisas» del mismo.

POR LA LENGUA COMUN
«Me he visto metida en una polémica que no deseo», dice Luz Casal
EL MUNDO  9 Julio 2008

MADRID. - La cantante Luz Casal decidió ayer darse de baja de la lista de firmantes del Manifiesto por la Lengua Común. Para ello, envió una carta a este periódico en la que expresa: «Quiero defenderme de la manipulación, del sinsentido y del partidismo que mi opinión haya suscitado. Desde que saltó la noticia de mi adhesión a considerar el castellano idioma y nexo común de todos (firmé siguiendo la estela de artistas como Gamoneda o Antonio López, a los que admiro profundamente), me he visto metida en una polémica que no deseo, que me es ajena y de la que quiero que me excluyan».

«¡He pasado la peor semana desde que me dieron la noticia de mi enfermedad! Yo canto en castellano, gallego, catalán (no he tenido la ocasión de hacerlo todavía en vasco), en portugués y en francés... ¿Cómo puede alguien pensar que pueda estar en contra de ellas, de cualquier lengua? ¿Que esté en contra del bilingüismo?», proclama la brillante vocalista, quien tiene que luchar contra el cáncer de mama que le fue diagnosticado.

«Durante toda mi vida profesional he tenido mucho cuidado de no significarme políticamente ni tampoco con la religión (...) Si he de tomar partido, lo haré por el que defienda un mundo en armonía», concluye.

POR LA LENGUA COMUN / Las iniciativas
Piden ayuda a la UE por la imposición del euskara en la escuela
El líder conservador británico de la Eurocámara dice que sólo España y Georgia vetan un idioma
EL MUNDO  9 Julio 2008

BRUSELAS.- «¿Se imaginan ustedes, señores parlamentarios de Francia, que una familia residente en Bayona no pudiera escolarizar a sus hijos en francés y tuvieran que aprender su propia lengua en una asignatura como si fuera un idioma extranjero más?», preguntaba ayer Susana Marques, portavoz de una asociación de padres vascos, a un grupo de eurodiputados populares en el Parlamento Europeo.

Ante parlamentarios de Reino Unido, Francia, Grecia, Chipre, Finlandia o Eslovaquia, la Plataforma para la Libertad Lingüística, que agrupa a más de 3.000 progenitores, pidió ayer la «implicación» de las instituciones europeas en su lucha contra el decreto del Gobierno vasco que considera el euskara como la única lengua vehicular de estudio. Los representantes de los padres apelaron a la Convención de la ONU de Protección del Niño y al principio de libre circulación.

«La situación es grave porque afecta al futuro de todos, también al suyo. Un precedente así en un rincón de Europa no sería bueno para una construcción europea basada en el reconocimiento de derechos. Nuestros niños no pueden ser cobayas de unos irresponsables que tratan de perpetuarse en el poder a base de no formar a las generaciones futuras; vamos a tener unas generaciones de incultos», dijo Marques, que aclaró que el castellano no está amenazado en su Comunidad y su asociación no tiene como objetivo defenderlo.

Jaime Mayor Oreja, el organizador de la audiencia, describió el decreto vasco como «uno de los temas más sangrantes de la ofensiva nacionalista». El líder de los populares españoles en la Eurocámara dijo a EL MUNDO que esta queja ciudadana «afecta a derechos fundamentales de las personas». Se comprometió a buscar apoyos entre los socialistas y los liberales europeos, si bien el Hemiciclo no suele interferir en problemas lingüísticos de sus estados. El popular insiste en que «la autodeterminación llegará a la UE» y las instituciones se verán obligadas a posicionarse.

El líder conservador británico, Philip Bushill-Matthews, dijo, por teléfono, que «los únicos dos países en Europa» que intentan eliminar una lengua de las escuelas son España y Georgia, donde se ha prohibido el ruso como reacción al pasado soviético y depuración de la minoría independentista.
09/07/2008 - EL MUNDO

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