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Recortes de Prensa    Viernes 11 Julio 2008

Política lingüística y democracia constitucional
José María Ruiz Soroa
 14 Mayo 2008

... la democracia constitucional consiste en un régimen de gobierno popular que toma sus decisiones por sistema de mayorías pero limitadas en todo caso por el respeto infranqueable a un coto vedado de derechos de las personas, que ninguna mayoría puede violar....

Texto de la conferencia que, con ese título, pronunció el abogado José María Ruiz Soroa, el 22 de abril de 2008, en las Aulas de la Experiencia de la Universidad del País Vasco, en Bilbao, organizada por Aldaketa.

Índice del Artículo
Política lingüística y democracia constitucional.
Los dos grandes paradigmas en la política lingüística
¿Qué tiene que ver los derechos de las personas?
¿Y qué pasa con la identidad cultural?
En materia lingüística no hay derechos absolutos
Algunos términos que conviene comentar
Los derechos colectivos
El valor de la lengua como marco formativo de la personalidad humana
La integración y la cohesión social
La injusticia de la historia
El derecho de todo hablante a ser atendido y respondido
El consenso político

 Gracias a la Fundación Para la Libertad

La política lingüística puede ser examinada desde múltiples y diversas perspectivas. Aquí se va a seguir una muy concreta: la propia de la filosofía política. Es decir, que no vamos a analizar la cuestión de las lenguas desde el punto de vista de la lingüística (disciplina en la que nos reconocemos unos ignorantes), o de la educación (en que nos sucede lo mismo), o del estrictamente jurídico positivo (aunque algunas referencias haremos a textos jurídicos y constitucionales), sino desde la perspectiva de los principios y valores que informan la democracia constitucional.

El de democracia constitucional (o su equivalente “el Estado democrático de Derecho”) es un concepto hoy ampliamente extendido que pretende recoger las notas esenciales y características de las democracias actuales. Y, sobre todo, pretende recoger en un mismo término dos planos ideológicos e históricos distintos en la formación de las democracias como sistemas de gobierno: el núcleo liberal de la democracia entendida como limitación del poder público y el núcleo democrático de la democracia entendida como autogobierno popular. De esta forma, la democracia constitucional consiste en un régimen de gobierno popular que toma sus decisiones por sistema de mayorías pero limitadas en todo caso por el respeto infranqueable a un coto vedado de derechos de las personas, que ninguna mayoría puede violar. Pues bien, de lo que se trata aquí es de examinar la compatibilidad de las políticas estatales en materia lingüística con los principios clave de la democracia constitucional y, en concreto, con el corazón de “libertades” que posee. Es decir, examinar hasta qué punto determinadas políticas en materia lingüística afectan de manera negativa a la libertad de los ciudadanos o a la igualdad de estatus jurídico entre ellos. Puesto que si así sucediera, esas políticas no serían aceptables desde la perspectiva democrática. Este es el contenido de la primera parte de este trabajo.

Pero no terminará aquí el examen, puesto que entendemos que los principios claves de la democracia no sólo actúan como límites infranqueables para determinadas políticas intervencionistas o asimilacionistas, sino que también pueden servir para inspirar las líneas maestras de cualquier política lingüística. Es decir, que el objetivo de lograr la más amplia autonomía de las personas dentro de un sistema de acceso igual a las diversas opciones vitales (libertad e igualdad) determina con bastante claridad, dentro del contexto propio de cada país, las líneas maestras de la política en materia lingüística. A este aspecto dedicaremos la segunda parte.

PARTE I – LAS PERSONAS COMO LÍMITES
 

LOS DOS GRANDES PARADIGMAS EN LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Un somero repaso al tema lingüístico nos enseña de inmediato que en esta materia existen dos paradigmas diversos desde los cuales se comprende el problema, se analiza y se intenta regularlo. Hablo de “paradigmas” en su sentido fuerte (el de Thomas Khun), es decir, de modelos intelectuales que organizan nuestra precomprensión de un ámbito determinado de la realidad y desde los cuales los estudiamos e intentamos resolver sus problemas. Los paradigmas son verdaderos modelos cognoscitivos y normativos para un sector de la experiencia humana.

Pues bien, a la hora de comprender, estudiar y regular el fenómeno de la pluralidad lingüística pueden adoptarse dos paradigmas muy diversos:

a) El “paradigma de las lenguas” consideradas como bienes básicos o primordiales por sí mismas. En este modelo se parte fundamentalmente del valor cultural de las lenguas como marcadores de etnicidad de los grupos sociales que las hablan.

Dentro de su ámbito aparecen expresiones que sólo en él tienen sentido, tales como “lengua propia”, “riqueza cultural”, “patrimonio lingüístico”, “normalizar la lengua” y otras parecidas. El rasgo esencial del modelo es que, en todo caso, el eje conceptual desde el que se aborda la comprensión y regulación del fenómeno es la lengua misma. Es ésta la que reclama una política, sea cual sea ella, pues constituye un bien básico que el gobierno debe repartir. Por ello, en este modelo aparecen como sujetos activos esenciales de la política a desarrollar unos entes colectivos o abstractos, que son los poseedores de la lengua: el territorio, el pueblo, el grupo, la cultura. Las personas aparecen no tanto como sujetos sino como objetos de la regulación, en tanto en cuanto son miembros de un grupo o habitantes de un territorio.

b) El “paradigma de los hablantes”, que se fija en las personas, en tanto en cuanto animales locuaces que son, como eje de cualquier precomprensión, análisis y regulación. En este modelo se toma en consideración primaria los valores de las personas (autonomía en su desarrollo e igualdad de acceso a las oportunidades). Las lenguas son consideradas básicamente como instrumentos de comunicación al servicio de esos valores, aunque también se reconoce el hecho de que puedan ostentar un valor expresivo o simbólico para algunas personas. En este modelo suenan términos como “lengua de uso”, “lengua común”, “libertad lingüística”, “lengua oficial”, “no discriminación”, etc. El sujeto de cualquier regulación son las personas (los hablantes) no lo que hablan (la lengua).

“La distinción básica en materia de lenguas es entre la lengua entendida como habitualmente se hace, es decir, como un instrumento de comunicación, y la lengua como un emblema de grupo, como un símbolo, como un punto de reunión” (J. Edwards, “Language, Society and Identity”).

Esta división de modelos no es un mero prurito clasificador o dogmático, sino que revela una importancia trascendental. Según se adopte uno u otro, las realidades sociales existentes en nuestro derredor serán percibidas de una u otra forma. Los mismos términos significarán cosas radicalmente distintas según se utilicen en uno u otro paradigma. Por ejemplo, un término tan básico y simple como “igualdad” significa algo profundamente diverso en el paradigma de la lengua (donde significa que las diversas lenguas existentes son iguales y por tanto pueden aspirar a ser habladas por igual) o en el de los hablantes (donde significa que las personas deben tener iguales derechos lingüísticos). El término “bilingüismo” significa en uno que todos los habitantes de un territorio deben hablar las dos lenguas (bilingüismo personal), mientras que en el otro significa que en ese ámbito hay hablantes de una, de otra y de las dos (bilingüismo social). El término “lengua propia” significa en uno la lengua de un pueblo o de un territorio o de una historia, en el otro significa la lengua de las personas.

Dato trascendental: en España vivimos y nos regulamos dentro de y conforme con el primero de los paradigmas, el de las lenguas. Un paradigma que, ya de entrada podemos anunciarlo, ocasiona casos flagrantes de violación de derechos personales en materia de libertad e igualdad de los ciudadanos. Por eso, este trabajo tiene un acusado carácter crítico y revulsivo, puesto que está pensado desde el paradigma distinto. Advertimos desde ahora que contiene afirmaciones que serán consideradas casi como injurias o insultos, o por lo menos como desvaríos absurdos, por quienes habitan en el paradigma oficial. Esto es algo natural y ha sucedido en todos los casos en los que la precomprensión intelectual de un fenómeno físico o social ha cristalizado en un modelo rígido: que lo que dicen quienes hablan desde otro diverso semeja locura o delito.

¿QUÉ TIENEN QUE VER LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS?
La regulación lingüística entra en relación con varios derechos de las personas, derechos que, en principio y con las salvedades que más adelante haremos, debe respetar en todo caso. Fundamentalmente, se trata de la libertad y de la igualdad. La libertad en materia de lengua se plasma en el derecho a la libertad lingüística o libertad de opción, en el sentido de que cada persona es libre de hablar la lengua que decida autónomamente, sin que pueda ser coercionada por el poder público para adoptar una determinada. Este es un derecho que conecta con otros más generales como el derecho a la libre expresión, a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad. Además, la libertad en materia de lengua conecta también con otra faceta de la libertad personal, que luego comentaremos más ampliamente, la libertad de identidad cultural.
 
También la igualdad puede verse afectada por la regulación positiva en materia de lenguas. En efecto, en una democracia existe el más amplio derecho al trato igual de todos los ciudadanos en el acceso a las oportunidades o bienes públicos (igualdad de chances). Estas oportunidades o bienes se manifiestan en una amplísima gama de servicios públicos (enseñanza, justicia, bienestar, administración) y de acceso a puestos de trabajo, pero no se agotan en ellos. En efecto, la igualdad de acceso debe también incluir la participación en la actividad política y cultural de la sociedad en que se vive, de forma que ningún ciudadano podría ser discriminado por razón de su lengua en el derecho a participar, a tener voz en su sociedad.

Las políticas lingüísticas pueden interferir abusivamente en la libertad personal, por ejemplo, cuando imponen a las personas el conocimiento o utilización de una determinada lengua distinta de suya propia en contra de su voluntad. Y pueden interferir en la igualdad de los ciudadanos cuando condicionan el acceso a los bienes y chances de carácter público al empleo de una determinada lengua, o privilegian ese acceso en función de la lengua que posea/emplee el ciudadano. Sin embargo, llamamos la atención sobre el término que hemos empleado: “pueden” interferir. Y es que la imposición de una lengua no siempre constituye un atentado a la igual libertad de las personas. En este punto hay que ser cautos y no otorgar apresuradamente a los derechos de libertad e igualdad lingüísticos un carácter absoluto e incondicionado. La lengua tiene unos condicionantes sociales que hacen que ningún derecho con ella relacionado, ni siquiera el de libertad, pueda ser considerado fundamental o absoluto. Más adelante ampliaremos este punto.

Antes, sin embargo, conviene recordar lo que significa el carácter de “coto vedado” o “indisponibilidad democrática” de que gozan los derechos a la igual libertad de las personas en una democracia constitucional. Y las consecuencias que ello tiene. Porque resulta que, para una extendida apreciación vigente en esta materia, una política lingüística es legítima siempre que haya sido debatida y aprobada por los órganos representativos del país, es decir, es legítima siempre que haya sido objeto del adecuado consenso democrático. Y no digamos nada si ha sido objeto de un “superconsenso” como el que en ciertos casos se ha producido en los parlamentos representativos, en los que una determinada política ha sido aprobada por unanimidad de los representantes políticos. En virtud de esta difundida opinión, en democracia no cabría objetar nada a las políticas democráticamente consensuadas. Pues bien, esta opinión es precisamente la que desconoce flagrantemente el alcance de lo que constituye una democracia constitucional. El núcleo esencial que constituye la igual libertad de las personas no puede ser violado en ningún caso por la acción del gobierno, con independencia de que esa acción esté más o menos respaldad por un previo consenso democrático. Incluso si la igual libertad afectada fuera la de una sola persona y, por el contrario, la decisión adoptada fuera respaldada por todos los demás ciudadanos, la decisión y la política consecuente serían ilegítimas. Porque el corazón de libertades personales existente en toda democracia es literalmente “indisponible” para las mayorías, para el gobierno y para la sociedad. La cuestión no es de mayorías o minorías, es de pura y simple “incompetencia”.

¿Y QUÉ PASA CON LA IDENTIDAD CULTURAL?
Si hay un punto en el que la forma contemporánea de percepción política está desviada de los parámetros democráticos es el de la identidad cultural, y ello tiene serias consecuencias en la materia que tratamos, que conviene poner en claro antes de continuar. En efecto, el sentimiento más generalizado en nuestras sociedades es el de que la identidad cultural es una cuestión colectiva que afecta a grupos, etnias o naciones y que, por esa misma razón, pertenece al ámbito de lo que se ha llamado “derechos colectivos”. Serían los grupos o naciones los que poseerían un derecho a su conservación identitaria, a su pervivencia en el tiempo, y ese derecho podría imponerse incluso a las personas afectadas. Y dado que la lengua se considera (con razón o sin ella, eso es lo de menos) como uno de los más importantes y significativos “marcadores de identidad”, los grupos tendrían derecho a imponerla a los individuos como medio para lograr el fin supremo perseguido, el de garantizar la conservación del grupo.

A esta percepción generalizada, que no dudamos en considerar como desviada y errónea, se ha llegado en nuestra sociedades por la influencia de un conjunto de factores, tanto sociales como políticos e ideológicos. Ahora no nos interesa mucho desgranarlos, sino sólo destacar la trascendencia entre ellos del nacionalismo romántico como elemento político, y del comunitarismo como elemento ideológico para esta popularización de la visión de la cultura como hecho colectivo que se impone a la libertad del individuo. Hoy, entre nosotros, se ha convertido casi en una obvia banalidad que nadie discute. Véase, por poner un ejemplo, el caso del Estatuto de Autonomía andaluz recientemente aprobado en 2.007, cuyo art. 10 afirma que uno de los objetivos básicos del gobierno andaluz es nada menos que
“conseguir el afianzamiento de la conciencia de identidad y de la cultura andaluza”.

O el art. 3-2-h) de la Ley de la Escuela Pública Vasca que le señala como función:
“Facilitar el descubrimiento por los alumnos de su identidad cultural como miembros del pueblo vasco”.

Si nos tomamos en serio estos textos, y si nos fijamos en algo tan obvio como que esa “conciencia de identidad” que se pretende afianzar sólo existe y puede existir en los circuitos neuronales de los individuos andaluces y vascos (es su “lugar ontológico” por definición), lo que está diciendo el Estatuto es que el gobierno andaluz no sólo puede, sino que debe, intervenir en las conciencias individuales de los ciudadanos para imponer un determinado contenido (cultura) en ellas ¿Dónde quedan, entonces, los principios de libertad de personalidad y de conciencia que garantizan, en teoría, los arts. 10 y 16 C.E.? ¿Se imaginan un texto legal que autorizase al gobierno a “afianzar la conciencia de identidad cristiana” en la mente de los ciudadanos? Pues si substituimos religión por cultura, la violación del ámbito personal privado es idéntica. Y, sin embargo, lo que en un caso parecería escandaloso a todo el mundo, en el otro parece normal.

En cualquier caso, la doctrina nacionalista/comunitarista en materia de identidad cultural puede definirse como un caso típico del fenómeno consistente en deducir de una descripción correcta de un hecho social unas consecuencias normativas estrafalarias para con él. Pues si bien es banalmente cierto que el individuo se forma en ósmosis continua con su ambiente social y cultural, y extrae de ese ambiente los elementos constituyentes de su personalidad, es absurdo deducir de ese hecho la consecuencia de que los individuos estarían obligados a preservar, continuar y recrear indefinidamente esos contenidos culturales. Eso sería tanto como confundir la moralidad social (la sittlichkeit hegeliana) con la moralidad crítica o reflexiva. De una precedencia genética (el individuo se forma en una sociedad y cultura concreta) no puede deducirse una preeminencia ética o política (la cultura concreta estaría por delante de los derechos del individuo).

Desde el punto de vista democrático constitucional esta deducción de un presunto derecho de los grupos a conservarse a sí mismos por encima de los derechos de las personas que los componen es un puro dislate. El derecho a la identidad cultural existe, ciertamente, pero es un derecho de los individuos, por mucho que sea un derecho de ejercicio colectivo o conjunto, y a nadie se le puede imponer, o forzar a conservar, una identidad concreta en contra de sus deseos fundados.

“Nacer en una cultura particular no es evidentemente un ejercicio de libertad cultural, y la preservación de alguna cosa con la cual el individuo ha sido marcado simplemente debido al nacimiento difícilmente puede ser, por sí mismo, considerado como un ejercicio de libertad” ( Amartya Sen).

Esto no significa que la cultura no sea importante para los liberales igualitarios. Más bien podría decirse lo contrario: los demócratas pensamos que la cultura es un dato central en la vida de las personas y, precisamente por ello, creemos que dentro de un sistema de derechos iguales para todos, cada cual debe poder vivir su cultura, traspasarla a sus hijos, desafiarla o cambiarla, así como abandonarla y substituirla. La que resulta literalmente contradictoria y absurda es la postura de aquellos que consideran la pertenencia cultural como un bien primario para, a renglón seguido, pretender imponerlo a las personas que componen o participan de esa cultura.

“La protección igualitaria de la integridad de la persona, que todos los ciudadanos pueden exigir, incluye la garantía del mismo acceso a los patrones de comunicación, relaciones sociales, tradiciones y relaciones de reconocimiento que son indispensables o deseables para el desarrollo, reproducción y renovación de su identidad personal” (J. Habermas, “Entre naturalismo y religión”)

Si partimos, entonces, de la base cierta de que la libertad de identidad es un derecho individual, la relación del punto con la política lingüística se organiza también sobre la libertad personal. Es decir, que la conservación de la lengua de un grupo por motivos culturales, que puede ser un objetivo legítimo de un gobierno si se ha decidido democráticamente, nunca podrá afectar al derecho de cada persona a mantener, cambiar o rechazar esa lengua por motivos de índole precisamente cultural. Cuanto más se exagere la importancia de la lengua en la formación de la personalidad humana (la hipótesis Sapir-Whorff), más evidente resulta el derecho personal de cada uno a decidir libremente en esa materia.

“Los contenidos culturales están en los cerebros de los individuos, no en las abstracciones estadísticas que son los grupos sociales ni en las geologías descerebradas que son los territorios. Por eso, la única autonomía cultural real es la de los individuos, no la de las colectividades o los territorios. La única normalidad compatible con la libertad y la racionalidad es aquella situación en la cual cada ciudadano decide por sí mismo los contenidos culturales que prefiere” (J. Mosterín)

EN MATERIA LINGÜÍSTICA NO HAY DERECHOS ABSOLUTOS.
La afirmación de que no hay derechos absolutos es especialmente aplicable al caso de los derechos y libertades relacionados con la lengua, precisamente porque ésta es un fenómeno social de carácter muy especial.

En principio, ningún derecho es absoluto, en el sentido de que cualquiera de ellos debe someterse en su ejercicio a las limitaciones y restricciones derivadas de la existencia de unos derechos simétricos de los demás. Por ello, las personas están obligadas a soportar ciertas restricciones o limitaciones a sus libertades, cuando son necesarias para garantizar la igual libertad de los demás. Precisamente, el único título habilitante que poseen los poderes públicos para intervenir restrictivamente en la esfera personal de los ciudadanos es la protección de los derechos de los demás ciudadanos. Y ello condicionado a las circunstancias de razonabilidad y proporcionalidad (no arbitrariedad) entre la limitación del derecho de uno y la protección del derecho de otros. Esta es una idea trascendental, pues en materia de lenguas tiende a creerse que las concepciones del bien común que construye la mayoría de los ciudadanos y que, por ello, hace suyas el gobierno, son título suficiente para intervenir y limitar las iguales libertades de elección de las personas, de forma que una concepción particular de la buena vida sería causa suficiente para justificar una política limitativa o intervencionista de un gobierno. Y esto no es así. En democracia cada uno es libre de buscar su propio modelo de felicidad (la buena vida), y el gobierno no puede ni siquiera intentar imponer el que considera mayoritario o preferible si con ello interfiere sobre las libertades básicas. Por el contrario, podrá hacerlo para proteger o defender el igual derecho de todos a buscar la felicidad. El límite a la autonomía personal es, precisamente, el tener que convivir con la autonomía de los demás.

Ahora bien, cuando tratamos de la lengua, el carácter no absoluto de las libertades con ella relacionadas adquiere facetas muy especiales. Y es que las opciones lingüísticas, a diferencia de otras opciones personales como las religiosas, no pueden arregladas simplemente dejando solas a las personas. El Estado no puede levantar sus manos del asunto y dejarlo al libre juego interpersonal.

La solución de Babel no es ya posible.

Y ello por varias razones. En primer lugar, porque el Estado existe y habla, y tiene que elegir en qué lengua va a relacionarse con los ciudadanos y en qué lengua va a proporcionar esos servicios a los que los ciudadanos tienen derecho. Es decir, tiene que establecer cuál o cuáles son su lengua de interlocución.

“El Estado puede ser neutral respecto a las religiones de una forma en que no puede serlo respecto a las lenguas, sencillamente porque tiene que utilizar al menos una lengua para comunicarse con sus ciudadanos. La separación entre la iglesia y el estado es posible, pero no lo es la separación entre el estado y la lengua” (T. J. Miley)

En segundo lugar, el derecho personal en materia lingüística es un derecho que requiere de la asistencia activa de terceros, no es un derecho que, como la opción religiosa, pueda ejercitarse en la aislada intimidad de cada conciencia y hogar. Es un derecho fuertemente relacional y, por ello, proclamar un derecho de opción lingüística es tanto como proclamar una carga del resto de la sociedad, la carga de atender esa voz.

Pues bien, esta naturaleza particular de las cuestiones lingüísticas marca ineluctablemente, en forma de limitación evidente, nos guste o no, las libertades abstractas que inicialmente hemos proclamado. El derecho a usar la propia lengua no es un derecho humano en un sentido estándar de este término, pues está condicionado por factores arbitrarios que actúan al margen de cualquier criterio moral. Un ciudadano puede proclamar su derecho a una opción religiosa determinada, aunque sea el único de todo un país que practica esa religión. En cambio, un ciudadano aislado no puede proclamar su derecho a hablar en un determinado idioma en un país concreto si ese idioma no tiene presencia social apreciable en él. Es así de sencillo, por arbitrario que pueda resultar desde un punto de vista moral: el derecho está condicionado a requisitos puramente fácticos, es un derecho fuertemente contextualizado.

Por poner un ejemplo evidente, los inmigrantes que acceden a un Estado no poseen un derecho de opción lingüística, en cuanto que no pueden exigir ser atendidos (escuchados) por la administración pública en su propio idioma, ni que se les proporcionen los servicios en su idioma, ni que puedan participar en la actividad sociopolítica en su idioma. Otra cosa será determinar a partir de qué nivel o masa de inmigrantes con residencia el Estado afectado debe considerar como una obligación el concederles derechos de lengua minoritaria.

Otro ejemplo no menos evidente: hay países concretos en los que existen centenares de lenguas vivas (Indonesia 694, Papúa-Nueva Guinea 673, Nigeria 455, India 337, Camerún 247, limitándonos a los cinco primeros del ranking mundial), de las cuales muchas de ellas son habladas por menos de mil personas (el 25% de las lenguas del globo están en esta situación) o menos de diez mil (otro 25%). No hace falta razonar mucho la conclusión de que, en estos países, muchas personas no pueden proclamar un derecho de opción lingüística ante el Estado correspondiente. Sencillamente, no es posible atenderlo.

Más aún, otra conclusión no menos evidente, aunque seguro que choca con la percepción usual en nuestro ámbito, es la de que en estos casos el gobierno está obligado a imponer como lengua de instrucción una que sea ampliamente conocida y que garantice a los ciudadanos el acceso en igualdad de condiciones a los bienes públicos, por mucho que no sea la lengua “materna” de esas personas. Sí, han leído bien, son precisamente los derechos a la igual libertad de las personas afectadas los que a veces, no ya autorizan, sino que exigen a un gobierno que imponga una lengua de enseñanza diversa de la utilizada por las familias afectadas. Exigen la “aculturación” de las personas en una lengua diversa de la suya propia. De lo contrario, esas personas nunca serían ciudadanos en condiciones de ejercitar su autonomía personal ni tendrían acceso igual a las oportunidades vitales.

Esa política, con toda probabilidad, provocará la extinción de las lenguas minoritarias, es decir, causará lo que nuestros ecologistas culturales llamarían una pérdida irreparable de la diversidad lingüística. Aún así, desde el punto de vista de los derechos de las personas, está justificada.

“Los lingüistas, de forma típica, han lamentado la pérdida de la diversidad lingüística. Pocas veces se han fijado en los hablantes mismos en términos de sus motivaciones y de los costos y beneficios que les supone abandonar sus lenguas. Rara vez se han ocupado de la cuestión de si la supervivencia de una lengua implicaría una adaptación más adecuada de sus hablantes a la ecología socioeconómica cambiante. Han censurado la pérdida de las culturas ancestrales como si las culturas fueran sistemas estáticos y la emergencia de otras nuevas en respuesta a esas ecologías cambiantes fuera necesariamente peor” (Salikoko Mufwene, “Colonisation, Globalisation and the Future of Languages in Twenty-First Century”)

La conclusión evidente de estas situaciones es que los derechos de opción lingüística de las personas están vinculados al número de hablantes de una lengua, y no puede ser garantizado para personas pertenecientes a grupos muy pequeños.
“Un mundo en el que todos y en todos los lugares pudieran usar su propia lengua es totalmente utópico” (Eric Lagerpetz, “Sobre los derechos lingüísticos”).

Si no hay un derecho absoluto, si el derecho de libertad lingüística no es un derecho moral o humano, ¿qué validez tiene entonces? Pues tiene una validez contextual, pero aún así relevante. En primer lugar, una vez establecidas las condiciones de posibilidad que la realidad sociolingüística marca ineluctablemente en cada país a la política, es el que sirve de límite infranqueable a esa política. Por poner un ejemplo: un inmigrante aislado no tiene derecho a exigir que sus hijos sean educados en su idioma materno; un español tiene derecho a exigirlo, pues ello es posible y congruente con la realidad de su idioma en este país. En segundo lugar, la realidad lingüística (lo que la gente realmente habla) se impone como criterio de orden jerárquico superior al gobierno que pretende elegir su lengua oficial, precisamente porque expresa los derechos de los hablantes en forma inmediata: es un hecho social que el Derecho debe respetar. Un gobierno no puede imponer la lengua al margen de la realidad social efectiva existente.

De esta forma, la igual libertad en materia lingüística actúa de dos maneras: como límite para ciertas políticas en cuanto que es un derecho frente al poder, y como criterio de inspiración para cualquier política lingüística en cuanto es el valor más importante a preservar. Más adelante volveremos sobre este segundo aspecto, el de intentar pergeñar los ejes democráticos de una política lingüística. Por ahora, seguimos con nuestro análisis crítico de la realmente existente, es decir, de la que procede del paradigma de las lenguas como sujetos.

ALGUNOS TÉRMINOS QUE CONVIENE COMENTAR
Llegados a este punto, y aunque ello pueda parecer una digresión en nuestro caminar teórico en torno al tema, considero oportuno hacer un alto en el camino del análisis para intentar desvelar el significado de una serie de términos de uso frecuente en materia de política lingüística, pues no pocos de los problemas en torno a ella derivan de una comprensión defectuosa de algunos, o de la sacralización de otros como verdaderas “píldoras semánticas” evidentes por sí mismas, o del uso de otros como “metáforas que nos piensan”. Se trata de una labor indispensable de higiene mental antes de proseguir.

1) “Lengua propia”: formulada en abstracto, esta expresión haría referencia a la lengua que posee una persona, es decir, a su lengua de uso normal (podría incluso incluir más de una lengua en el caso de bilingües perfectos). Así, todas las lenguas son “propias” de alguien. Pero nadie la utiliza así en nuestro ámbito, sino en un sentido muy distinto. En concreto, esta expresión fue “inventada” por los Estatutos de Autonomía para designar a la lengua vernácula de cada nacionalidad o región de que se tratase (recuerda mucho a la de “Landsprache” que se inventó en el tardo Imperio Austrohúngaro), por oposición a la lengua “oficial” española. Se trata de un término que provoca inevitablemente un fuerte desajuste cognitivo para la percepción razonable de la situación lingüística de una sociedad y, por ende, en la orientación de la política a seguir. En efecto, a través de este término se califica como “propia”, “particular”, “correcta” o “ajustada” a una lengua vernácula, a pesar de que esa lengua no es hablada ni conocida por la mayoría de los habitantes. Es “propia” del pueblo, del territorio o de cualquier otra entidad metafísica, pero no es propia de las personas que allí habitan. Por el contrario, la lengua “propia” de todas estas personas como seres concretos, la que realmente hablan todos ellos (la lengua “común”) pasa a ser considerada como “lengua ajena” (que es el antónimo exacto de “propia”).

“Lengua propia: ¿hay alguna que no lo sea? Solamente existen gentes con lenguas propias” (Mikel Azurmendi)

2) De forma y manera que la situación tal como la ley vigente la contempla es la de que una mayoría de personas hablan una lengua ajena a ellas (el cómo podría suceder tal cosa, si nos lo tomamos literalmente en serio es algo cuya explicación me desborda), situación que debe ser corregida para restituirles (quieran o no) su propia lengua.

3) “Lengua común”: es un término ignorado por las normas vigentes que, sin embargo, hace referencia a un hecho trascendental, probablemente el más importante a tener en cuenta en una política lingüística razonable: que los ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca poseen todos ellos el dominio de una lengua común, que es la que les permite entenderse. Esto mismo sucede en España. Sin embargo, no encontrarán ustedes absolutamente ninguna referencia a la lengua “común” en la Constitución, los Estatutos u otro texto legal, sin duda porque es un hecho que se considera contaminado por un pasado injusto y rechazable, el de la imposición coactiva de esa lengua. A pesar de ello, se trata, como es obvio para cualquiera, sea lingüista o no, de un hecho trascendental que nos separa radicalmente de la situación de otros países con pluralidad lingüística (Suiza, Bélgica) que carecen del bien más preciado en esta materia: una lengua de uso universal.

4) “Lengua oficial”: en puridad, designa aquella lengua que es elegida por la Administración como lengua de comunicación, de manera que sus servicios son prestados en dicho idioma, por un lado, y no está obligada a atender a quien se dirija ella en otra lengua, por otro lado. Es el instrumento clave en el diseño de una política lingüística y pocos países carecen de una declaración de oficialidad de una o varias lenguas. Sin embargo, entre nosotros la expresión se utiliza con sentido peyorativo, para designar a la lengua “ajena” o “no propia” de “este pueblo”, de manera que la lengua “oficial” se percibe como opuesta a la lengua “propia” o “natural”, por mucho que sea la del cien por cien de la población.

5) “Lengua materna”: se ha convertido finalmente en una “tomadura de pelo”. Durante muchos años fue el término utilizado por los nacionalistas para designar un principio que se pretendía como básico en la psicopedagogía lingüística (el que la primera educación debía recibirse en la lengua materna so pena de graves daños al desarrollo infantil):

“Creo que es justo decir también que el derecho a la lengua materna es un derecho del hombre, un requisito pedagógico de la máxima importancia .. Cambiar de lengua en la niñez dificulta extraordinariamente la capacidad del niño.. Nosotros nunca vamos a obligar a ningún niño de ambiente familiar castellano a estudiar en catalán (R. Trías Fargas, CIU, Comisión Constitucional, debate sobre el art. 3 CE, 1978).

Posteriormente, y una vez conseguido ese derecho, pasó a ser un principio falso, pues se descubrió que el ideal educativo era la plena inmersión precoz del niño en el idioma no materno. ¿Dónde está lo cierto? Los especialistas no se ponen de acuerdo en cuál de ellos es el principio correcto, y más parece que su opinión depende su interés político personal. La postura más razonable parece ser la de considerar que la lengua “materna” no ostenta ningún valor especial como cauce de la educación (la educación practicada en nuestro ámbito en colegios franceses, alemanes o ingleses lo desmiente), y que lo que sí lo ostenta es la percepción del niño de la lengua usada como “no querida” o “impuesta”.

6) “Normalización”: en su sentido estricto, normalizar una lengua consiste sólo en establecer las normas estructurales, fonéticas y gramáticas de esa lengua, algo que sucedió muy tempranamente para el castellano o español y muy tarde para otras lenguas peninsulares. Tal como se utiliza aquí y ahora, viene a significar “hacer normal el uso de una lengua”, es decir, ajustar el Derecho al hecho. Lo cual implica dos asunciones previas de valor: que el uso que previamente se les daba era “anormal” y que “normalidad” significa universalizar el conocimiento de la lengua en toda la sociedad. En España no se concibe, en efecto, más situación “normal” que la de que toda la sociedad afectada conozca y hable la lengua normalizada. Esta opción carece de cualquier fundamento científico y se sustenta sólo en criterios de valor ajenos al uso de la lengua. En realidad, en lugar de ajustar la norma jurídica al hecho social, se intenta amoldar éste a aquélla. Aplicado a largo plazo significa que en los territorios autonómicos no podrá haber lenguas minoritarias, sino que todas serán “comunes”.

7) “Bilingüismo”: término que permite una amplísima gama de usos, en función del sujeto a quien se aplique. Entre nosotros, el término se aplica inicialmente a las sociedades o grupos y constata una realidad obvia: que en ellas coexisten dos idiomas. De esta descripción obvia se pasa sin solución de continuidad a una prescripción injustificada e injustificable: en una sociedad bilingüe todos los hablantes deben ser bilingües. Se trata de un caso típico de una “falacia de composición” en que los caracteres del conjunto se atribuyen a los individuos que lo componen. Sin embargo, la falacia se ha convertido en un argumento irrebatible para justificar las políticas lingüísticas intervencionistas.

8) “Patrimonio lingüístico”: es la metáfora preferida por los textos constitucionales y políticos para hacer referencia al plurilingüismo existente en España, metáfora cuya adopción tiene una trascendencia imposible de exagerar. Su solo empleo produce una asunción implícita de una densa carga valorativa de lo que en principio no es sino un hecho bruto (el plurilingüísmo), puesto que éste pasa a ser considerado como algo “bueno” por definición, que ha sido “heredado” de las generaciones precedentes, y que debe ser “conservado” e “incrementado”. Porque las personas no son las “propietarias” del patrimonio en cuestión, sino sólo sus depositarias temporales, obligadas a conservarlo y pasarlo íntegro y mejorado a la siguiente generación. De esta forma, es el patrimonio el que posee a los hablantes.

“Nuestra lengua es parte esencial de un patrimonio cultural del que el Pueblo vasco es depositario” (Preámbulo de la Ley de Normalización del Euskera 10/1982, las mayúsculas en el original).

LOS DERECHOS COLECTIVOS
El argumento suena así: “X (pongan aquí el grupo, pueblo o nación que deseen) es un pueblo con una cultura propia, que incluye como parte esencial una lengua determinada. Como todo pueblo o cultura, X tiene derecho a su supervivencia. Para sobrevivir, debe conservar sus marcadores de identidad. Luego puede legítimamente exigir a sus miembros que conserven o adquieran esos marcadores”.

El razonamiento hace uso del concepto de “derechos colectivos” o “derechos del grupo”, un concepto cuya corrección dogmática es más que discutida. Pero no vamos a entrar en esa discusión pues, incluso aceptando la idea de que los grupos pudieran ser sujetos de derechos, lo que es patente es que esos derechos nunca podrían en una democracia constitucional pretender anteponerse a los derechos individuales. El pretendido derecho de los grupos o las naciones a conservar sus señas de identidad podrá todo lo más justificar el establecimiento de “restricciones externas” frente a otros grupo o frente al colectivo social más amplio en que está inmerso el grupo en cuestión, es decir, un derecho a que las políticas culturales o lingüísticas del grupo amplio reconozcan y respeten su existencia. Lo que nunca podría ese presunto derecho es llegar a imponer obligaciones o restricciones sobre las personas que forman parte del mismo (o que se encuentran en su radio de acción territorial) que afecten a su derechos básicos como personas, es decir, su libertad e igualdad. Es el límite infranqueable de cualquier política gubernamental en una democracia liberal.

Por otra parte, el argumento es altamente contradictorio: puesto que si alguien forma parte de un grupo marcado por su identidad y lengua propia ello se deberá, precisamente, a que posee personalmente tales identidad y lengua. Si no es así, no forma parte del grupo y no tiene sentido imponerle nada.

La idea de que el presunto derecho de un pueblo a subsistir como tal implica la obligación de sus integrantes de adoptar un determinado idioma está siempre presente en el discurso nacionalista, incluso en aquellos casos en que pretenden adoptar posiciones de partida respetuosas con los derechos de las personas individuales:

“No se trata pues de que nadie renuncie a su lengua propia, sino de que conozca otra; no se trata de imponerles nada, sino de reconocer su derecho al acceso a la lengua del país (hasta aquí premisa totalmente respetuosa). Pero una de dos: o bien el catalán debe desaparecer, o bien quien vive en Cataluña tiene que conocerlo” (conclusión contradictoria) (Texto de Ana Moll citado como excelso por P. Etxenike en su defensa de la Ley de Normalización del Euskera, Parlamento Vasco, 25.11.1982).

Igual rechazo provocan, desde una perspectiva democrática, los discursos que pretenden “equilibrar” los derechos colectivos del grupo con los derechos individuales de los individuos que los componen, de forma que:
“Nuestro propio modelo se basa en derechos individuales, pero con el reconocimiento de que la lengua propia y el centro de gravedad de Cataluña es el catalán y de que, por ello, se le deberían otorgar ciertos privilegios ..” (J. Pujol, 1995 ).

No es cuestión de equilibrio, sino de jerarquía: los derechos individuales son de rango superior, son indisponibles para el gobierno, y no pueden contrabalancearse con ningún presunto derecho colectivo. Cualquier privilegio que se pretenda conceder a una determinada lengua o rasgo cultural tiene como límite infranqueable los derechos de las personas afectadas.

EL VALOR DE LA LENGUA COMO MARCO FORMATIVO DE LA PERSONALIDAD HUMANA
En este caso, el razonamiento sigue siendo comunitarista por su inspiración, pero adopta la perspectiva de la persona individual. En definitiva, este argumento subraya el valor que para toda persona tiene su marco cultural de pertenencia, pues nadie puede autocomprenderse sino en los marcos de su propia cultura. Nadie puede ser persona autónoma si no es tomando de su propia cultura los elementos que le permiten constituirse como tal. De forma que el marco cultural tiene para la persona un valor constitutivo, es un “bien primario” si queremos utilizar la terminología de Rawls. Y como tal “bien primario”, la persona tendría derecho a que el gobierno se lo distribuya y garantice.

El argumento es ciertamente difícil de seguir en su propia congruencia. En efecto, sin entrar a discutir el alto valor que para las personas pueda tener su marco cultural propio y que ello incluya su conservación en el tiempo (algo que habría que matizar enormemente), el problema de la validez de las políticas lingüísticas intervencionistas entre nosotros (aquí y ahora) no se plantea con respecto a los ciudadanos que desean conservar su marco cultural personal (personas que por definición están de acuerdo con esas políticas), sino con respecto a ciudadanos que poseen un marco lingüístico diverso y se ven forzadas a asimilarse al definido como adecuado por el gobierno. Es decir, que precisamente es el argumento del valor excelso de la “pertenencia cultural” el que más fuertemente milita contra la posibilidad de imponer una lengua a personas que no la hablan.

En realidad, y por muchos esfuerzos que hagan para disimularlo, en los razonamientos justificativos de las políticas lingüísticas practicadas en España que se hacen desde el argumento del valor de la cultura para las personas hay siempre un momento dialéctico tramposo, pues en algún momento del razonamiento se ha producido un mágico “cambiazo” de sujetos. Del sujeto “persona individual concreta” se ha pasado al sujeto “pueblo/grupo”. Del marco cultural concreto y real de cada uno se ha pasado al marco que ese uno “debería poseer” en función de la historia o el territorio. Si no es así, es inexplicable cómo se puede arrancar de una premisa que atribuye un valor superior al derecho de las personas para conservar sus marcos culturales y llegar a una conclusión que permite a los gobiernos alterar a su placer los marcos culturales de sus súbditos.

El valor intrínseco (identitario o cultural) que algunas personas atribuyen a la lengua que hablan puede ser un valioso argumento defensivo a favor de esas personas para oponerse a políticas asimilacionistas. Decimos “puede ser” porque en casos extremos su fuerza depende de la amplitud del grupo afectado o de su condición de nativos/inmigrantes. Puede ser, igualmente, un argumento válido para reclamar del gobierno la posibilidad real de atención, enseñanza y participación en esa lengua (su “oficialidad”) aunque también sujeto a las constricciones arbitrarias de la realidad social. Pero nunca podrá ser un argumento para imponer esa lengua a personas que no la poseen, si queremos respetar la propia lógica interna del valor argüido.

LA INTEGRACIÓN Y LA COHESIÓN SOCIAL
Este argumento proclama que en sociedades bilingües la cohesión social exige que todos los ciudadanos conozcan todas las lenguas existentes, pues de otra forma no podrán comunicarse entre sí y se formarán comunidades culturales aisladas. En el caso de sociedades con dos idiomas, el argumento exige que el bilingüismo se extienda a todas las personas, de forma que las políticas tendentes a implantar un bilingüismo universal estarían legitimadas por el fin beneficioso perseguido, la cohesión social.

El argumento resulta intuitivamente convincente, pero empieza a fallar no bien se examina más de cerca. En primer lugar, no existen estudios empíricos demostrativos de que el grado de cohesión social de un país dependa de su situación lingüística. Hay países profundamente divididos por razones étnicas o nacionales a pesar de hablar sus habitantes una misma lengua (India y Pakistán, dado que urdu e hindi son la misma lengua), y casos contrarios de alta cohesión con diversas lenguas (Suiza). En segundo, y ello es más importante desde nuestro concreto punto de vista, el argumento no tiene en cuenta que en Euskadi existe una lengua común de conocimiento universal, de forma que la posibilidad de intercomunicación y participación sociopolítica está en todo caso garantizada. Afirmar que la cohesión social vasca aumentaría si todos los habitantes conocieran el euskera es un puro desiderátum carente de la más mínima prueba empírica, y que resulta altamente dudoso. En efecto, una tal afirmación presupone que los conflictos existentes en dicha sociedad se relacionan con su diversidad cultural objetiva, cuando parece mucho más correcto pensar que se relacionan con la forma subjetiva en que es aprehendida esa diversidad. El sentimiento nacional manipula datos sociales objetivos, no es una simple traducción de ellos.

Una sociedad euskaldunizada a regañadientes dudosamente cambiará sus sentimientos de pertenencia y sus afinidades políticas.

Pero es que, en cualquier caso, la integración y cohesión sociales son objetivos que ceden ante los derechos primarios de las personas y, por ello, nunca podrán legitimar políticas que atenten a estos derechos. Alguien puede juzgar que la integración social de los inmigrantes aumentaría si todos ellos fueran indoctrinados en la religión cristiana, pero tal objetivo nunca justificaría una violación de su derecho a la libertad religiosa. La situación no es distinta en el caso lingüístico, por lo menos cuando lo que se pretende es alterar los usos idiomáticos de la mayoría. La cohesión social no funda en ningún caso un derecho que esté por encima de los derechos individuales. De lo contrario, y de seguir el argumento contrario fielmente, alguien podría plantear por qué no se ensaya alternativamente el suprimir las lenguas minoritarias y establecer una única como medio para la más perfecta integración social de todos los españoles.


LA INJUSTICIA DE LA HISTORIA
La historia es siempre un poderoso argumento en materias culturales. En el caso concreto que nos ocupa, el de las políticas lingüísticas practicadas en España, el razonamiento sonaría más o menos en la forma siguiente: “En un pasado la lengua vernácula fue casi universal en este territorio, pero como resultado del contacto con otra extrajera más generalizada se produjeron situaciones de diglosia y progresivo abandono de nuestra lengua; este proceso se agravó por una inmigración significativa desde ese extranjero, así como por las medidas coercitivas adoptadas por el poder extranjero para imponer su lengua en todos los ámbitos. De forma que la situación actual es el resultado de una pura injusticia histórica continuada”.

Ante una situación real que es fruto del abuso y la imposición, las actuales políticas lingüísticas de recuperación y normalización del idioma vernáculo estarían más que legitimadas, pues intentarían corregir una realidad que está artificialmente descompensada en su contra. Las medidas intervencionistas de fomento (tales como premiar la lengua vernácula en el acceso a los puestos de trabajo más allá de lo estrictamente necesario para su desempeño, o exigir su conocimiento en la enseñanza) estarían legitimadas puesto que pretenden corregir situaciones de injusticia histórica. La tarea de los poderes públicos incluye la de adoptar medidas positivas para corregir situaciones de injusticia enquistadas por el proceso histórico en la sociedad real. En definitiva, no se trataría sino de medidas de “discriminación positiva” a favor de la lengua más débil en una situación histórica de bilingüismo descompensado que es conveniente y justo corregir.
Como más adelante comentaremos, este razonamiento es aceptado en general con independencia de la filiación política de los autores, sean o no nacionalistas. Es más, forma ya parte del bloque de constitucionalidad español puesto que ha sido aceptado por el Tribunal Constitucional expresamente:

“La política lingüística … permitirá corregir situaciones de desequilibrio heredadas históricamente y excluir así que dicha lengua (vernácula) ocupe una situación marginal o secundaria” (T.C. 23.12.1994, 710/94).

¿Y qué valor tiene el argumento en cuestión enjuiciado desde los concretos principios de la democracia constitucional? Nos tememos que ninguno si lo que pretende es legitimar una violación o limitación de los derechos a la libertad lingüística de los habitantes de una Comunidad Autónoma, o su igualdad substancial en los requisitos de acceso a las oportunidades vitales. El argumento puede inspirar la política de los poderes autonómicos, pero carece de toda fuerza ante los derechos de los hablantes que viven en esa Comunidad.

Les ahorro dos cuestiones previas sobre las que habría que hablar largo y tendido cuando se estudia este argumento. La primera, de orden fundamentalmente científico, sería la de precisar hasta qué punto ese “relato de la gran injusticia” responde a la verdad histórica y a las reglas normales de la evolución de las lenguas cuando entran en contacto ¿Son de verdad la violencia y la imposición las que explican la expansión, asimilación, pérdida, abandono y difusión de las lenguas?

La segunda, de orden mucho más ético-político, sería la de examinar hasta qué punto las políticas de homogeneización lingüística practicadas por los Estados liberales el siglo XIX pueden valorarse como globalmente injustas o negativas, lo cual implica tanto como desconocer sus efectos positivos para la ampliación del campo de la autonomía personal de los mismos afectados por esas políticas. Aplicar un perentorio juicio negativo no es ni mucho menos tan sencillo como le parece a quien juzga desde el presente, desde una historia que ya se ha realizado y en la que no existe el contrafáctico: ¿sería un marco preferible al actual que tenemos el de una sociedad vasca en la que el 95% de los habitantes sólo conocieran y dominaran el vascuence? ¿Podríamos afirmar que los habitantes de una tal sociedad gozarían de unas posibilidades de desarrollo de sus opciones vitales mejores que las de la actual en que el castellano es universal?

Y si les ahorro esas cuestiones es porque no afectan para nada a la respuesta al argumento de la “reparación de la injusticia histórica” desde los principios de la democracia liberal. Una respuesta que podría sintetizarse en una fórmula muy simple:

“Una injusticia sobre un muerto no se arregla añadiendo una injusticia sobre un vivo” (F. Ovejero Lucas)

En una forma más analítica la refutación del argumento histórico deriva de la consideración atenta de los sujetos de que estamos hablando: cuando se menciona el desequilibrio injusta e históricamente provocado de las lenguas estamos asumiendo el punto de vista de las lenguas, o el de los pueblos como entidades transhistóricas. Desde este punto de vista, a una lengua le correspondería tener un número de hablantes por derecho propio, y si no los tiene se están violando sus derechos. Pero cuando se menciona la injusticia actual estamos hablando desde la perspectiva de personas concretas de carne y hueso. Y las personas son los únicos sujetos de relevancia moral que pueden legítimamente exigir y obtener derechos en una democracia constitucional.

“Si como consecuencia de las acciones políticas de hoy en la comunidad donde se hablaba mayoritariamente X se acaba por hablar Y, cualquier intento de retornar a X supondrá una injusticia con los habitantes vivos, como lo fue antes con los que padecieron el tránsito anterior” (F. Ovejero Lucas)

Expuesto desde otro ángulo, las políticas de “discriminación positiva” o de “acción positiva” exigen para su justificación democrática que un colectivo de personas concretas e individualizables, realmente existentes, estén penalizadas o sometidas a una privación total o parcial de derechos u opciones por razón de circunstancias arbitrarias (tales como el azar, la historia o una dominación tradicional). Para conseguir que esas personas accedan a los mismos derechos y opciones que las demás se pueden adoptar medidas transitorias de reequilibrio, que las privilegien aunque infrinjan el derecho a la igualdad de las otras.

“Es aconsejable distinguir entre la compensación por discriminaciones que tuvieron lugar en el pasado y la mejora de las actuales desventajas. Son éstas últimas las que exigen, en virtud del principio de igualdad de chances vitales, la aplicación de medidas preferenciales para superar una situación en la que lo relevante no es la génesis de las mismas sino su injusticia actual” (Ernesto Garzón Valdés).

Por tanto, para justificar medidas de discriminación sería preciso demostrar que hoy existen en Euskadi personas que están discriminadas o perjudicadas por hablar únicamente euskera. Y que esta discriminación exige, para corregirse, la limitación de los derechos de quienes hablan castellano. Lo primero podría ser cierto en algunos casos, pues algunos servicios públicos son todavía hoy deficitarios en su oferta lingüística. Pero no se ve en modo alguno cómo ese déficit exige, para corregirse, la limitación de los derechos de los demás.

La conclusión que se impone es que no cabe legitimar ninguna política lingüística que disminuya o afecte negativamente al estatus de igual libertad de todos los ciudadanos, o que imponga sobre algunos de ellos alguna carga u obligación especial, o que disminuya sus opciones de acceso a los empleos en condiciones de igualdad, por las pasadas injusticias históricas o por el deseo de reequilibrar los idiomas de un pueblo. Estos datos, con independencia de que sean más o menos ciertos, podrán inspirar (¿cómo no?) las más favorables, intensas y entusiastas políticas de recuperación de su idioma vernáculo que democráticamente sean decididas por cada sociedad. Poco puede decir la teoría democrática sobre su oportunidad, si la sociedad las decide. Pero lo que sí puede decir esta teoría es que tales políticas tienen como límite infranqueable el respeto a la libertad y la igualdad de los ciudadanos realmente existentes.

EL DERECHO DE TODO HABLANTE A SER ATENDIDO Y RESPONDIDO
Esta es una justificación que, en cierto modo, puede intentar complementar la anterior, la de la discriminación. Pues, en efecto, se plantea como un caso de protección de derechos personales ante su posible desconocimiento. En sustancia, el argumento dice: “El derecho de cualquier persona a hablar una lengua requiere, para poder ser consumado, que los demás ciudadanos le entiendan y respondan en esa lengua; de lo contrario, el hablante de la lengua vernácula vería limitado su derecho de opción lingüística al pequeño círculo de quienes dominan esa lengua; la ignorancia de la lengua por la mayoría de la sociedad estaría frustrando el ejercicio pleno de su propio derecho”.

Para poder sostenerse con éxito, este argumento requiere demostrar adecuadamente que el derecho de una persona a hablar su lengua propia implica necesariamente el derecho a ser atendido y respondido en esa misma lengua. Y que ese derecho se aplica no sólo a las instituciones públicas o administrativas, sino también a los particulares.

En el primer aspecto, el derecho a ser atendido por las autoridades, hemos comentado ya que no todas las pretensiones en tal sentido son legítimas, sino que el derecho en cuestión está limitado por la realidad empírica de su uso generalizado y consiguiente declaración como lengua oficial. Un inmigrante o un extranjero no tienen, en principio, un derecho lingüístico esgrimible ante la administración. Ahora bien, cuando el ciudadano en cuestión forma parte del ámbito de una lengua vernácula a la que, precisamente por su apreciable arraigo y difusión, se ha concedido estatus de oficialidad, no cabe la menor duda de que en principio ostenta el derecho a ser atendido y respondido por la administración en su lengua. Esto es lo que ocurre obviamente en el caso de los hablantes del vascuence.

Ahora bien ¿se extiende este derecho a las relaciones interpersonales? ¿Puede el hablante de la lengua vernácula exigir que todos los vascos aprendan y dominen el euskera por la sencilla razón de que ello es algo así como la condición de posibilidad para que él pueda hacer un uso universal de su lengua? ¿Puede lo que es su derecho convertirse en un deber para los demás? ¿Podría invocar algo así como un principio de reciprocidad según el cual “si yo domino tu lengua, tú estás obligado a dominar la mía”? De nuevo nos encontramos en un punto que no permite una respuesta simple y desconectada de la realidad social del país del que estemos tratando. Ya de entrada, resulta ciertamente difícil admitir un criterio general en el sentido de que un derecho personal pueda llegar a exigir a las demás personas no sólo su respeto pasivo y abstención, sino su colaboración activa mediante una conducta positiva y probablemente onerosa (aprender otro idioma). No se trata del deber de financiar mediante sus impuestos una política de plena atención a quienes hablan la lengua vernácula, lo cual ya implica costes personales, sino de mucho más, de implicarse en el aprendizaje de una lengua con los costes de oportunidad que ello conlleva.

Aún así, podría admitirse que en ciertas comunidades puede considerarse como lícita la imposición obligatoria de un cierto grado de conocimiento de la lengua vernácula de otra parte de la población; se trataría, en concreto, de aquellas comunidades plurilingües en las que no existe una lengua común y, por ello, cada comunidad posee sólo su lengua vernácula (casos por ejemplo de Suiza o Bélgica). En estos casos, parece que la condición de ciudadanía de estos países puede justificar la exigencia de conocer un mínimo de la lengua ajena, de manera que ese conocimiento podría considerarse como una parte obligada del más pleno desarrollo de la personalidad posible para todos.

En cualquier caso, la cuestión cambia radicalmente allí donde existe una lengua común universal. En este caso, el hablante de la otra lengua, la vernácula, sólo podría exigir como deber personal a los demás el empleo de su lengua propia si pudiera demostrar que el cambiar a la lengua común le supone un daño irreversible. Algo que es realmente difícil incluso de pensar cuando hablamos de personas bilingües. Hablamos de daño personal, no de gusto o de satisfacción. Es claro que para muchos bilingües sería una verdadera satisfacción encontrarse con una sociedad vasca compuesta al cien por cien de individuos bilingües. También es claro que a muchas personas les molesta tener que cambiar al castellano en su conversación para poder ser atendidos. Pero la satisfacción, el gusto o el interés personal de uno, por fuertes que sean, no pueden justificar una restricción a la libertad ajena. Sólo la evitación de un daño real podría hacerlo.

En definitiva, la hipótesis del daño se demuestra imposible en el momento mismo en que se formula, por una razón muy sencilla: porque si considerásemos que para un bilingüe es un daño el cambiar de idioma en su hablar cotidiano, deberíamos admitir que más aún lo es para aquel a quien se exige aprender uno nuevo. Estamos ante una tesis que se refuta a sí misma.

EL CONSENSO POLÍTICO
La legitimidad de las políticas lingüísticas ha sido frecuentemente defendida desde posturas estrictamente democráticas haciendo referencia al hecho de que han sido decididas en las instituciones representativas del sistema político y que, además, esa decisión se ha adoptado con un amplio consenso de todas las fuerzas políticas representadas. Incluso, como parece ser el caso catalán en lo que se refiere a sus leyes de normalización, con la unanimidad de todos los partidos representados (una especie de “superconsenso”).

Sin lugar a duda, el consenso democrático es un valioso argumento a favor de la legitimidad de una decisión política, de forma que puede decirse que crea una fuerte “presunción” de legitimidad. Sin embargo, en último término no añade nada al juicio de legitimidad cuando se alega que esa ley perjudica o restringe injustificadamente los derechos de las personas afectadas a su autonomía personal o a su igualdad ante la ley. Porque estamos hablando del núcleo duro de la democracia constitucional, que no puede ser lesionado por ninguna decisión de los poderes públicos, incluso si ha sido adoptada por la totalidad (menos uno) de los ciudadanos. Se trata de derechos que no están disponibles ni para las mayorías ni para las supermayorías.

Por otro lado, el argumento del “consenso” esconde un cierto equívoco cuando se analizan los hechos reales. Pues muy bien puede suceder que el “consenso político” esconda un “disenso social”, lo que sucede cuando se trata de políticas implementadas top-down. Y es de sospechar que éste es precisamente el caso, como lo ponen de manifiesto los datos del CIS en su Encuesta Sociolingüística de Cataluña o Euskadi de 1999.

A la pregunta de si “está Ud. de acuerdo en que la enseñanza pública primaria se desarrolle sólo en catalán/euskera”, contestaron afirmativamente el 27/31% y negativamente el 69/53%.
Sobre la preferencia de modelos de enseñanza lingüística respondieron: mitad en catalán/euskera, mitad en castellano (50/44%), mayor parte en catalán/euskera (33/24%), todo en catalán/euskera (9/12%), todo en castellano (10%).

Hablar de consenso social unánime para la “inmersión total” en el idioma vernáculo con estos datos sociométricos resulta carente de base seria.

Este repaso a los argumentos más utilizados para legitimar las políticas lingüísticas practicadas actualmente en España debe, insistimos de nuevo ello, ser interpretado adecuadamente. En efecto, no afirmamos que este tipo de argumentos sean totalmente inválidos y que no puedan ser utilizados para motivar las decisiones políticas. No se trata de eso. De lo que se trata es de mostrar su insuficiencia radical cuando de lo que se trata es de políticas que afectan a los derechos personales a la más plena autonomía cultural y a la igualdad de acceso a las oportunidades vitales. De lo que se trata es de mostrar cómo, una vez más, los derechos de las personas, tomados en serio, son verdaderos “triunfos” que ganan en cualquier competición con las decisiones de la mayoría popular, y que en esta competición los argumentos usuales no añaden nada ni evitan la derrota de las políticas intervencionistas duras. 

No son las lenguas, es la libertad
CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN, Profesor de la Universidad del País Vasco ABC 11 Julio 2008

NO resulta sorprendente que los «críticos» con el Manifiesto por la Lengua Común nos reprochen algo que el texto en cuestión no dice en ninguna parte: que el español esté en peligro y requiera de una defensa política. Pero ya es sabido que, en España, la forma más habitual de «criticar» una idea es tergiversarla todo lo posible. Repitamos algo que han entendido sin ninguna dificultad los más de ciento cincuenta mil ciudadanos que ya han firmado el Manifiesto, eso que Iker Casillas expresó mejor que docenas de supuestos «intelectuales críticos»: lo que el Manifiesto defiende es la libertad de elección de lengua en las comunidades españolas bilingües -y, por tanto, el bilingüismo voluntario-, y el valor insustituible de la disposición de una lengua común que saben -o sabían- la práctica totalidad de los ciudadanos de España. Eso es todo. Y es tan claro y evidente que más bien hay que preguntar a los disconformes qué es lo que proponen ellos. ¡Por diálogo y debate, que no quede!

Insistamos: el Manifiesto reclama que se cumplan las previsiones constitucionales en materia de cooficialidad, progresivamente ignoradas en Cataluña, País Vasco, Galicia o Baleares, y que los ciudadanos allí residentes, habitual o temporalmente, puedan elegir en qué lengua quieren escolarizar a sus hijos y cuál prefieren para relacionarse con las instituciones, además de no ser discriminados con excusas lingüísticas cuando quieren acceder a un puesto de trabajo público o tener contratos con la administración, ver la televisión autonómica o, sencillamente, entender los impresos de hospitales y universidades. Es muy sencillo conseguirlo: basta con ofrecer una educación bilingüe y que los formularios, comunicaciones e indicadores públicos también lo sean.

Los partidarios de las políticas de «normalización lingüística», que no son sino ataques a la democracia porque restringen libertades básicas y crean obligaciones arbitrarias, no son sólo nacionalistas. A estos, que simplemente no tienen remedio ni idea decente alguna sobre lo que es la democracia, se unen numerosos españoles con ideas políticas oportunistas o inexistentes, o sencillamente descabelladas. Comencemos por éstos.

Algunas almas bellas sostienen que como el castellano o español disfruta de magnífica salud, no es necesario esfuerzo alguno para defenderlo, mientras que sí es necesario proteger legalmente a las lenguas cooficiales: catalán, gallego y eusquera. Estos espíritus simples se afilian a la tesis de que bastante castellano tienen ya en sus vidas los escolares catalanes, gallegos o vascos, de modo que lo aprenderán solitos de modo natural, mientras que todo el esfuerzo educativo debe centrarse en la lengua cooficial, que muchos ignoran porque no es la suya materna (y que muchos comienzan a detestar, aunque esta es otra historia). Confundir la adquisición espontánea de una lengua con su estudio es similar a creer que es igual contar con los dedos que saber matemáticas -y es una barbaridad, aunque la acepten Suso de Toro y otros semejantes-. Es, en definitiva, aceptar que el analfabetismo funcional en la lengua común es un gran progreso educativo.

El problema de fondo que articula todo el Manifiesto es que las medidas políticas de «protección de lenguas», como las que padecemos en la España periférica afectando casi a 16 millones de ciudadanos, son ilegítimas en sí mismas. Primero, porque las lenguas no son sujetos políticos ni personas jurídicas; y segundo, porque esa protección impropia acaba lesionando gravemente derechos elementales de los ciudadanos. Por ejemplo, el derecho a una buena educación, y desde luego la libertad de elección de lengua. Cualquier política lingüística que vaya más allá de hacer posible un bilingüismo institucional que garantice a todos el derecho a elegir la lengua en que desean comunicarse con la administración y sus servicios sociales es, sencillamente, una política que abandona el mundo de la democracia para adentrarse en el piélago del totalitarismo. La consecuencia es que producimos jóvenes cuasi-analfabetos funcionales en la lengua mayoritaria y oficial de su país, y sólo para complacer las mitomanías nacionalistas, y que creamos categorías distintas de ciudadanos al convertir la lengua en un instrumento de exclusión de los disidentes ideológicos y de los extranjeros.

Desde luego, es inútil empeñarse en que los nacionalistas no sean lo que son. Hay que mantenerlos a raya y oponerse a sus incansables intentos por sobrepasar en todos los sentidos los límites infranqueables de un sistema político sin otra justificación que garantizar la igualdad y libertad personal de los ciudadanos. A quienes hay que pedir cuentas es a los que dicen no ser nacionalistas y, sin embargo, apoyan su guerra contra el libre empleo de la lengua común, precisamente para cargarse la comunidad política llamada España. Es obvio que si los nacionalistas consiguen que las nuevas generaciones consideren el español una lengua extranjera, o todavía menos que eso si se le dedica menos tiempo que al inglés -como quiere el president Montilla-, quizás también consideren a España un Estado invasor y, en todo caso, extranjero.

El PP se ha sumado en masa al Manifiesto; habrá que pedirle, pues, que rectifique los abusos lingüísticos de los que ha sido el principal responsable político cuando gobernaba en Galicia y Baleares, y los que se siguen cometiendo en Valencia. Pero, ¿qué hacemos con un PSOE que acaba de aprobar una resolución diametralmente opuesta al Manifiesto? Y, por cierto, mediante un texto repleto no sólo de vacuidades y falacias, sino pésimamente escrito (signo de que, quizás, sí haya que «defender» al castellano en algunos ambientes...). Al menos habrá que decir bien alto y claro a los socialistas que su política se basa en una ficción jurídico-política impresentable, a saber, los «derechos» de las lenguas y de los territorios. Y falsos derechos impuestos, además, a costa de los únicos reales: los de las personas, contadas una a una. La perspectiva socialista sobre el problema del uso de las lenguas en la España bilingüe está mucho más cerca de las típicas del nacionalismo fascista que de otra cosa. Defender que la inmersión lingüística practicada en Cataluña, por ejemplo, resuelve problemas de convivencia porque impide que haya dos comunidades lingüísticas distintas es semejante a sostener que lo mejor es que haya un partido político único, porque así la sociedad estará menos dividida y las elecciones serían más armoniosas. Como en Cuba o en la España de Franco.

Esta caída socialista en el peor de los derechismos, el de anteponer abstracciones como lengua y territorios eternos a personas y sociedad libre, no es sólo una muestra elocuente de la senilidad ideológica del PSOE y de la izquierda tradicional española, sino una señal de alarma de los graves riesgos degenerativos que afronta la democracia española.

Porque cada vez que alguien, en nombre del «futuro del catalán» o de cualquier otra lengua cooficial, pretende recortar mediante leyes y reglamentos ad hoc el derecho elemental a elegir cuál de las dos lenguas oficiales quiere uno usar, lo que se está haciendo ya no es política democrática, sino una ingeniería social que, para diseñar una sociedad distinta según determinado proyecto ideológico, exige violentar progresivamente la libertad de las personas, restringida mediante innumerables reglamentos y sistemas de vigilancia y castigo que imponen opciones no queridas, desde prohibir a los escolares usar la lengua común a multar a los comercios que no atiendan en eusquera o catalán. ¿Es este el país dictatorial y antiigualitario que queremos?

Política y deporte
Lázaro Conde Monge Minuto Digital 11 Julio 2008

El arrebato colectivo de españolismo, motivado por el éxito deportivo de la selección ganadora del reciente Campeonato de Europa de Fútbol, nos hace pensar en la situación política que estamos viviendo. Cuando aún permanece el efecto del entusiasmo nacional y el reconocimiento de la calidad humana y profesional de sus protagonistas, es oportuno recalcar la diferencia entre el comportamiento espontáneo del pueblo y el oportunismo de la mediocre clase política que nos gobierna, que trata de equipararse con quienes nos han proporcionado tan inolvidables momentos de alegría.

Toda reflexión política debe fundamentarse en hechos y circunstancias constatables, que permitan llegar a conclusiones objetivas. En definitiva, se trata de evaluar posibles aciertos y errores de quienes han sido elegidos democraticamente para ejercer una acción de Gobierno que nos afecta a todos sin excepción.

Es obligación de los ciudadanos, de cualquier condición, sexo y edad, conscientes de lo que significa el reconocimiento de que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (art. 1.2 de la Constitución), exigir a los elegidos para desempeñar los cometidos propios de la Administración, que cumplan con su deber. En primer lugar al Presidente del Gobierno de todos los españoles.

Si la política es el arte de hacer posible lo necesario, se impone reaccionar contra la arbitraria decisión de los Gobiernos autónomos de suprimir la enseñanza en castellano en las Comunidades bilingües. Es flagrante la vulneración del artículo 3.1 de la Constitución española que señala taxativamente que el castellano es la lengua oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. La responsabilidad de su incumplimiento, al igual que el de la Ley de Banderas, es del Presidente del Gobierno que ha prometido cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Supone una auténtica provocación, el hecho de que en el momento, en que los protagonistas de una gesta deportiva de la magnitud del Campeonato de Europa, reciben la consideración y el reconocimiento de la inmensa mayoría de los españoles, quien es incapaz de hacer cumplir la orden de que la bandera de España ondee en todos los Ayuntamientos y edificios oficiales de la nación, la coloque en su solapa para participar de un protagonismo que en modo alguno le corresponde.

Al ser la memoria una potencia del alma, por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado, es inevitable la referencia a una hazaña deportiva similar, que se remonta a 44 años antes de la actual. Al activarse los recuerdos y valorar la reacción popular, se comprueba que el pueblo ha enarbolado, en ambas ocasiones con delirante entusiasmo, la misma bandera que simboliza su inquebrantable orgullo de auténticos españoles. Esta evidencia pone de manifiesto el descaro de la casta política que, desvergonzadamente, actúa en función de sus intereses.

Los millones de españoles que, exultantes por un triunfo deportivo, han hecho flamear gozosos nuestra bandera a lo largo y ancho de la geografía nacional, son los mismos que sufren los efectos de una crisis económica, que su Gobierno se niega a reconocer. Como denominador común del deporte, en la manifestación de nuestra unidad nacional, Rafael Nadal, español ejemplar, acaba de dar un inequívoco testimonio de patriotismo tras ganar espectacularmente el más importante torneo mundial de tenis. Su orgullosa exhibición de la bandera de España y sus respuestas en castellano a las preguntas de periodistas de los cinco continentes, que le solicitaban su opinión tras su memorable triunfo, lo dicen todo.

La circunstancia de que pocos días después de los éxitos deportivos que se comentan, se haya celebrado un Congreso del partido del Gobierno, aumenta exponencialmente la preocupación de gran parte de la población española, a la vista de las resoluciones adoptadas en el mismo, que incrementan el sectarismo y el resentimiento consustancial a la izquierda progresista de tendencia totalitaria.

La disparatada política del iluminado Presidente del Gobierno, desde su acceso al poder el 14 de Marzo de 2004, a los tres días de la terrible masacre, cuya autoría que se desconoce, causó 191 víctimas mortales y más de 1500 heridos, ha sido patente en dos cuestiones esenciales: la unidad, nacional y la lucha contra el terrorismo.

Los demócratas españoles que le votaron en las últimas elecciones, ignoraban que al iniciar otra legislatura sin la necesaria oposición, iba a comenzar una nueva Era en la Historia de España. Es el momento de recordar la razón que asistía al acreditado periodista, libre de la presión que el Gobierno ejerce sobre los numerosos medios de comunicación a los que distingue con sus dádivas, al advertir del riesgo de volver a votar al mismo Presidente, recomendando el voto para cualquier partido nacional, distinto del socialista. Al conjugar la estulticia, el resentimiento y el rencor, como estímulos para el ejercicio de la acción política, se ha soslayado la evidencia de la crisis económica, que nos afecta a todos, con el fin de dar prioridad absoluta a las demandas partidistas, aunque tengan efectos perniciosos para la mayoría.

De momento, es conveniente dejar constancia de la falsedad y falta de escrúpulos de quien, aún negándolo reiteradamente, mantuvo un prolongado diálogo con miembros de una banda terrorista, durante la pasada legislatura y contribuyó conscientemente al deterioro de la situación nacional, dando luz verde a la precaria aprobación de un Estatuto de Cataluña claramente anticonstitucional.

Ya ha quedado expuesta la incapacidad del actual Presidente del Gobierno de España, en asuntos tan relevantes como el de hacer cumplir de la Ley de Banderas y la enseñanza y uso del castellano como lengua oficial del Estado.

La pretensión de borrar de la vida pública el signo de la cruz, símbolo principal de la civilización occidental, basada en el humanismo cristiano y permanentemente presente en la cultura, el arte, las tradiciones y las costumbres de España, denotan ignorancia y maldad. Tal vez en su fanatismo anticristiano y más aún anticatólico, ignore que la presencia de Jesucristo en la tierra, divide desde hace 2000 años la Historia de la Humanidad en un antes y un después de esta presencia.

Para hacerle ver al Presidente la opinión generalizada de la mayoría de españoles, que profesan la religión católica, no está de más recordarle que el 13 de Octubre de 1931, Manuel Azaña pronunció la imprudente frase en la que anunciaba que España había dejado de ser católica. No se pueden ignorar sus terribles consecuencias.

Afortunadamente en estos momentos de zozobra, la explosión de alegría motivada por la celebración de memorables éxitos deportivos, ha vuelto a poner de manifiesto el anuncio evangélico de que la verdad nos hará libres. Gracias a Dios, aunque les pese a los progresistas al uso, la fundada esperanza de la inmensa mayoría de los españoles en la permanencia de la unidad nacional, lograda hace más de cinco siglos por los Reyes Católicos, acaban de ratificarla unos deportistas ejemplares que han proclamado “urbi et orbe” su inquebrantable amor a España. Esta es la venturosa verdad. Benditos sean.

Ciudadanía y lengua común
FERNANDO SAVATER El País 11 Julio 2008

Como el mío va a ser uno de los pocos artículos que se publiquen en este periódico a favor del Manifiesto por la Lengua Común, permítanme que empiece con algo de melancolía. El documento en cuestión derrocha miramientos y renuncia a cualquier denuncia o acusación: no contiene críticas contra el Gobierno, ni contra la oposición, ni contra ninguna de las Administraciones autonómicas. Como el poeta, está a punto de perder su vida por delicadeza. Tampoco incurre en un alarmismo exagerado (se limita a señalar lo que es una preocupación generalizada en nuestra sociedad, como demuestran las firmas obtenidas de personalidades ilustres de las letras, las ciencias, el arte, el comercio o el deporte, muchas de las cuales no han firmado ningún manifiesto en su vida), y se centra en recomendar medidas preventivas antes de que lo peor sea además irremediable. Ni que decir tiene que reconoce todas las lenguas oficiales como igualmente españolas (lo que sin duda puede haber molestado a algunos) y formando parte del patrimonio cultural y social que compartimos, merecedoras de estímulo y salvaguardia. En el Manifiesto no sólo se defiende el derecho de quien lo desee a ser educado en castellano, sino también el derecho semejante a ser educado en catalán en Cataluña, en euskera en el País Vasco, en gallego en Galicia, etc. Éste es el Manifiesto que ha sido denunciado como xenófobo, imperialista, contrario al pluralismo cultural y hasta partidario del exterminio de los hablantes de lenguas minoritarias. Un político catalán lo calificó como "un insulto a la inteligencia": bueno, entonces usted no tiene por qué considerarse ofendido, buen hombre. Y lo mismo vale para los demás. Por decirlo churchilianamente: nunca quien no agredió a nadie fue agredido por tantos.

Es curioso: a los que hemos luchado durante bastantes años a favor de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, las tergiversaciones polémicas que se utilizan contra el Manifiesto nos recuerdan irresistiblemente las que oímos tantas veces contra esa necesaria materia académica. Destinos paralelos: en un caso, se ofendió involuntariamente las prerrogativas que considera intocables la Iglesia católica, y en el otro, las que se atribuye la jerarquía nacionalista, dos poderes fácticos de fundamentación mitológica que consideran persecución totalitaria cualquier merma de sus privilegios autoconcedidos. Interesante semejanza, que merece ser examinada más despacio.

Primera similitud: para criticar con mayor comodidad, se inventan el contenido de la asignatura y el contenido del Manifiesto. Según unos manipuladores, la Educación para la Ciudadanía se dedica a hacer proselitismo

homosexual y a recomendar que nadie se case si no es con persona de su mismo sexo. Como no faltan manuales delirantes propuestos para la materia, otros se dedican a entresacar proclamas a favor de Fidel, Chávez y la abolición inmediata del capitalismo. Intentar que se recuerde en sus justos términos el temario oficial es tiempo perdido. De modo semejante, algunos decretan que el Manifiesto sale en defensa de la lengua castellana, empeño risible porque nuestro idioma goza de excelente salud, es hablado por 400 millones de personas y de nada hay que protegerlo. Según otros -pertenecientes a la lunatic fringe de varias autonomías bilingües-, el Manifiesto persigue abolir nuestro pluralismo lingüístico y cultural, exterminar al diferente, etc. Rogar que se lea el Manifiesto para comprobar que lo que se trata de defender son los derechos de los castellanohablantes sin mermar el bilingüismo o que estamos tan convencidos de la pujanza universal del castellano que por eso nos parece crucial reforzarlo como lengua común de España es tarea ociosa: la caricatura resulta polémicamente más rentable.

Segunda similitud: tanto la asignatura como el Manifiesto son inútiles, superfluos y refuerzan al poder establecido. Unos nos dicen que todo el mundo sale ciudadano de la escuela por la convivencia con los demás y sobre todo por la enseñanza de los padres. ¿Para qué adoctrinarles con teorías políticamente correctas que les hagan dóciles al relativismo moral dominante? Los otros aseguran con total convicción que no existe problema lingüístico en ninguna parte, salvo en la imaginación de la extrema derecha. No es verdad que haya comunidades donde no se pueda escolarizar a los niños con plena naturalidad en castellano, ni es cierto que en ellas los impresos oficiales sólo se faciliten en la lengua autonómica, ni es verdad que la señalización de vías públicas tampoco sea bilingüe, ni que el conocimiento de la lengua co-oficial tenga un valor desmesurado en concursos y oposiciones, etc. Esas denuncias son invenciones en la mayoría de los casos, o simples anécdotas irrelevantes cuando resultan probadas. Los que de veras sufren son quienes intentan manejar una lengua distinta del castellano: ¿hay algo más difícil y peor visto que hablar catalán en Cataluña, euskera en el País Vasco o gallego en Galicia? Todo son problemas y cortapisas para los héroes que a tanto se atreven... El Manifiesto es una apología de la represión y de la prepotencia vigente, puaf.

Tercera similitud: ¡vuelve el franquismo! Educación para la Ciudadanía es un revival de la Formación del Espíritu Nacional (que nada tiene que ver con las sanas lecciones de identidad que se dan en las autonomías nacionalistas), así como el Manifiesto defiende la lengua del Imperio, según enseñó Girón de Velasco. ¿Cómo no nos habremos dado cuenta antes? Bien claro está; el último canalla que se preocupó por la unidad de España fue Franco, y sólo a él podía ocurrírsele adoctrinar en valores políticos comunes. Menos mal que aún quedan vigías para dar la voz de alarma y señalar que por allí resopla el fascismo. Debemos estarles eternamente agradecidos... y obedecerles sin rechistar.

En fin, dejémoslo estar. Los defensores de la inmersión lingüística ven en ella la única forma de evitar guetos y de garantizar la convivencia cultural. Si nosotros fuésemos nacionalistas españoles, aceptaríamos el razonamiento pero aplicado a toda España: inmersión lingüística general en castellano para la educación pública, a fin de evitar que Cataluña, Euskadi, Galicia o Baleares se conviertan en guetos dentro del país. Es la doctrina vigente en Francia, que no es el peor Estado europeo ni en cultura ni en democracia. Sin embargo, no es eso lo que reivindicamos. El Manifiesto no pide inmersión en castellano de los que tienen otras lenguas maternas, sino que no se imponga otra lengua a los que prefieren el castellano. En general, la lengua común no requiere en las comunidades bilingües trato privilegiado, sólo que no se la persiga ni obstaculice como hoy se hace. Con eso basta.

Por lo demás, admito que se nos discuta, pero no acepto que se nos descalifique con infundios sectarios como han hecho reciente y reiteradamente el Partido Socialista y el Gobierno. La decencia política no se funda en el optimismo, como cree Zapatero, sino en la veracidad. Decidido: en cuanto nos repongamos de este Manifiesto, hay que preparar otro contra el uso impune de la mentira por los políticos.

Fernando Savater es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense.

Izquierda liberal
Un mundo al revés
¿Se imaginan una calle dedicada al Ku Kux Klan en Barcelona? Yo tampoco. Pero existe una calle dedicada a Sabino Arana, fundador del nacionalismo vasco cuya apología del racismo es intolerable.
Antonio Robles Libertad Digital 11 Julio 2008

¿Se imaginan una calle con el nombre de Bin Laden en Manhattan? Yo tampoco. Pues en España hemos de acostumbrarnos a calles y plazas de etarras sin que sus respectivos alcaldes sean recriminados por exaltación del terrorismo.

¿Se imaginan una calle dedicada al Ku Kux Klan en Barcelona? Yo tampoco. Pero existe una calle dedicada a Sabino Arana, fundador del nacionalismo vasco cuya apología del racismo es intolerable. Sin embargo, el Ayuntamiento de Barcelona ha rechazado varias propuestas de varias asociaciones y cientos de firmas de ciudadanos para que cambie el nombre de la calle por el de Derechos Humanos. Se ha negado. Lástima que no sea tan consecuente como con la estatua ecuestre de Franco que ha sido retirada de la academia militar de Montjuit.

¿Se imaginan que una familia francesa de Perpiñán no pudiera escolarizar a sus hijos en francés y tuvieran que aprender su propia lengua en una asignatura como si fuera un idioma extranjero más? Yo tampoco, pero en Cataluña, País Vasco, Baleares o Galicia está ocurriendo. ¿Se imaginan que el Gobierno francés avalara y defendiera esa política de exclusión contra los derechos lingüísticos de todos los franceses a poder estudiar en su idioma común y oficial? Yo tampoco, pero en nuestro país, su presidente, Rodríguez Zapatero lo avala y además arremete contra intelectuales y ciudadanos que lo han denunciado en el "manifiesto por la lengua común".

¿Se imaginan que un Tribunal de Justicia alemán sentenciara que las horas oficiales destinadas a la asignatura alemana habrían de cumplirse al completo y las autoridades de Baviera desobedecieran dicha sentencia? Yo tampoco, pero en Cataluña el Gobierno de la Generalitat lo hace por sistema cuando se trata de excluir la lengua castellana de la escuela.

Y lo que es peor, cuando el Gobierno de la nación toma conciencia del delito y publica un Real Decreto (7 de diciembre de 2006) para obligar a dar la tercera hora que se hurta al conocimiento del castellano, el Gobierno autonómico de la Generalitat sigue desobedeciendo. Y cuando una asociación (CCC) presenta recurso por incumplimiento de dicho Decreto y los Tribunales dictan un auto con medidas cautelares para que se de esa tercera hora de castellano sin dilación, el 90 por ciento del Parlamento de Cataluña presenta una moción para hacer una ley que permita blindar jurídicamente todos los abusos contra los derechos lingüísticos de los castellanohablantes de Cataluña, mientras el Gobierno de la Generalitat busca nuevas disculpas para no cumplir el auto del TSJC.

Un mundo al revés. El Gobierno, que habría de ser la garantía del cumplimiento de las leyes, es el primero que las incumple. Y si faltare algo para el recochineo, la ministra de Defensa, Carmen Chacón declara que "La gente que habla de los problemas de la lengua en Cataluña, no la ha pisado nunca". ¿Le debo recordar a la señora ministra que en 1994 se publicó un manifiesto en Barcelona, el segundo después del de 1981, titulado: "En Castellano también, por favor", firmado por 50.000 ciudadanos exclusivamente catalanes y del cual yo mismo fui su primer firmante y cuyo núcleo central fue la denuncia contra la Generalitat por no permitir estudiar en lengua materna? Entiendo que usted no se enterara, como casi la totalidad de los ciudadanos catalanes, porque el gobierno nacionalista de CiU en Cataluña y su Gobierno del PSOE en España se encargaron de ocultar "el problema" a la opinión pública y lo desactivaron allí donde rompía los diques del control de la información con gilipolleces como la que acaba de decir usted. No se crea que es original, es el truco retórico más utilizado desde siempre: La denuncia de la exclusión lingüística en Cataluña siempre viene de fuera, de la pérfida Madrid.

¿Cómo se atreven a mentir tanto y tan repetidamente a pesar de la evidencia de la existencia de tres diputados de Ciudadanos que lograron sus escaños el 1 de noviembre de 2006, precisamente por tener el problema lingüístico como su mayor denuncia. Si acaso, Sra. Ministra de Defensa, es al contrario. La marginación de los derechos lingüísticos en Cataluña a principios de los 90 era tan exagerada e increíble, que cuando en 1995 se organizó una "Caravana por la tolerancia lingüística" que desde Barcelona recorrería toda España en un mes, con el objeto de explicar al resto de españoles la cacicada nacionalista, España no se lo creyó. Y es que nadie se podía creer entonces que un niño en Cataluña no pudiera estudiar en español. Así que desde hace más de 20 años miles de ciudadanos catalanes agrupados en asociaciones como la Cervantina, Asociación por la Tolerancia, Asociación de profesores por el Bilingüismo, Foro Babel o Convivencia Cívica Catalana han venido denunciando una triple marginación: la que imponían las fuerzas nacionalistas de Cataluña, el abandono del Gobierno de España y el incomprensible silencio de intelectuales y medios de comunicación.
Como los problemas de defensa los demarque tan bien como los lingüísticos, las coordenadas militares no nos defenderán ni de los tirachinas de los andorranos.
antoniorobles1789@hotmail.com

Lo que el tiempo nos reserva
Lorenzo Contreras Estrella Digital 11 Julio 2008

Esto ya no hay quien lo pare. El Gobierno de Zapatero va completamente suelto de manos. Y el PSOE, olvidado de la “E” de sus siglas y de su ideario constitutivo, no alumbra desde sus filas, obedientes a una disciplina miope, ni la menor crítica ni el más mínimo gesto de disconformidad con una dirección sin sentido del vértigo. Acaba de saberse que la ministra de Defensa, Carme Chacón, catalana por la ausencia de “n” en su nombre propio, y de raíz sospechosamente española por la “n” de su apellido (Chacó le hubiese venido mejor en estos tiempos), considera o estima que la inmersión lingüística en catalán favorece a los españoles que residen en Cataluña. Es de suponer que se refiere a los hijos de emigrantes en cuyo círculo familiar no se parla catalá y, por consiguiente, necesitan empaparse de lengua verdagueriana. Lo cual sería de agradecer si ello fuese también compatible con la enseñanza bilingüe como derecho, según preceptúa la Constitución.

El emigrante sin medios para sufragar una educación privada que asegure al niño en riesgo de “inmersión” un conocimiento adecuado de la lengua de sus ancestros, tendrá que apañarse como pueda para suministrar a sus hijos, según el grado de cultura familiar, un determinado nivel de conocimiento del idioma que le interese, en su caso el castellano. Si ese grado de cultura carece del adecuado nivel, el niño, cuando sea adulto, tendrá con toda probabilidad una falta de dominio expresivo de la lengua de sus padres. En consecuencia, la España del empleo o de la profesión que busque fuera de los límites geográficos de Cataluña (lo mismo cabe decir de cualquier otra taifa exclusivista) no será para él una España a la medida de sus posibilidades léxicas y, por supuesto, también culturales en general. O sea, gran porcentaje de posibilidades de automarginación.

Esta grave cuestión permanece hoy fuera de las preocupaciones del Gobierno español. La situación también es predicable de Baleares y el País Vasco, por no decir de Galicia, donde Fraga sentó las bases de otro exclusivismo idiomático para hacerse perdonar su antigua devoción patriótica “rojigualda”. Luego, como bien se sabe, completó su metamorfosis y su camaleónica adaptación al medio autonómico que le tocó regentar. Las consecuencias se aprecian ahora, y cada día más, en un sentido mutilador para los pobladores del país de Rosalía y Castelao, pero también de Valle Inclán y de Fernández Flórez, entre otros muchos.

Cataluña, por el poderío de su latinidad idiomática y su vigor histórico, fue la pionera del divorcio lingüístico en galopante marcha. La Renaixença hizo estragos y los Prat de la Riba y compañía completaron la obra. Ya lo que funciona es una inercia de carácter irreversible que la incompetente Carme Chacón acaba de canonizar desde el interior de un Gobierno central radicado en Madrid, eje histórico de las Españas que ganaron en un proceso de siglos su identidad y su unidad, hoy en precario para hacer proféticos a escala peninsular los famosos versos de Quevedo:

“Y es posible, oh España, en muchos modos,
que a lo que todos les quitaste sola,
te puedan a ti sola quitar todos”.

Naturalmente, el verbo “quitar” no cuadra perfectamente (mejor “ganar”) en la intención de esta cita literaria. Quevedo lo utilizó para lamentar la desmembración del Imperio, que él ya vislumbraba desde su agudeza barroca. Cervantes, cuando paseaba a su ingenioso hidalgo por la playa de Barcino, no podía imaginar lo que los tiempos futuros reservaban a la España de Lepanto. Ni tampoco pensaba en ello, desde su legítima catalanidad, el aventurero Roque Guinart, con quien Alonso Quijano hizo en el litoral de aquellas tierras excelentes migas.

Para desgracia de los españoles, hoy nos queda en Cataluña un paisano con mando en plaza. Es de Iznájar (Córdoba) y es de los que también quieren hacerse perdonar.

Democracia y electoralismo
¿Principios? ¿Para qué?
El problema aparece cuando los principios se rebajan, se diluyen ante la posibilidad de coaligarse con quien los niega. Es decir, cuando la atracción del poder es más fuerte que los principios que sostienen las reglas del juego
Jorge Vilches Libertad Digital 11 Julio 2008

Ahora que en Occidente sólo sobreviven dos religiones secularizadas, el nacionalismo etnolingüístico y el ecopacifismo multicultural, existe un desapego aparente hacia los principios y las ideas, y una sublimación artificial de las ofertas electorales y la imagen. Esto no es bueno ni malo, sino simplemente algo propio de las democracias consolidadas. No obstante, a la hora de fabricar planteamientos estratégicos e imágenes modernas es preciso no perder de vista los principios. Es una regla a tener en cuenta, porque sobre este equilibrio se han mantenido las democracias tradicionales.

Nuestro régimen, el de la Constitución de 1978, es una democracia de consenso o de conciliación. Esto supone que la mayor parte de los partidos políticos, los importantes, los que representan a la mayoría de la sociedad, está de acuerdo al menos en dos cosas. La primera es el respeto a las reglas de juego democrático; es decir, al conjunto de normas, escritas o no, que permiten la convivencia pacífica y el funcionamiento del sistema. Y el segundo elemento en el que coinciden es el mantenimiento de instituciones que se distribuyen el poder, y que, directa o indirectamente, tienen un origen popular.

Establecido este marco común, el de la democracia liberal, según se consolidan las reglas de juego y las instituciones, menos margen queda para la confrontación de grandes postulados políticos. Lógico, máxime si los principios del régimen están insertos, como es el caso español, en el Título preliminar de la Constitución: soberanía nacional, Monarquía parlamentaria, y los valores de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Es más, la "indisoluble unidad de la Nación española" se sitúa junto al "derecho a la autonomía", sin olvidar que el castellano es la lengua común que ha de convivir con las "distintas modalidades lingüísticas". Vaya. Hay principios.

El problema aparece cuando los principios se rebajan, se diluyen ante la posibilidad de coaligarse con quien los niega. Es decir, cuando la atracción del poder es más fuerte que los principios que sostienen las reglas del juego y las instituciones que permiten ese poder. Los principios se convierten entonces en algo discutido y discutible.

El resumen es claro: si la soberanía se parcela con consultas sobre "el derecho a decidir", si la Monarquía parlamentaria es preterida ante la idealizada Segunda República, si la libertad se sacrifica en aras de una falsa protección social del Estado, y la igualdad se condiciona a la territorialidad y no al individuo, nos asiste el derecho a defender el respeto a los principios constitucionales sin ser tildados de "extrema derecha".

El error es renunciar a la defensa del conjunto de los principios y optar por parcelarlos y subarrendarlos para ganarse a los que desean el hundimiento del régimen y quizá acercarse al poder. Ese es el momento en que la estrategia oculta los principios y las ofertas electorales y la imagen se convierten en "ideas". Sólo así se puede entender que ser un "hombre de principios" sea algo propio de gente de partidos arcaicos, antidemocráticos o antipáticos, y que una organización política haya de asentarse en meros y momentáneos "planteamientos".

Los nacionalistas y la crisis económica
Pablo Sebastián Estrella Digital 11 Julio 2008

No parece que este tiempo, de crisis económica camino de la recesión, sea el mejor de los momentos posibles para que los nacionalistas catalanes y vascos reactiven su discurso de reivindicación de soberanía y de ventajas fiscales y presupuestarias como el que se plantea desde la Generalitat con el cansino e insolidario discurso de la balanza fiscal, al tiempo que desde el Gobierno de Vitoria se pretende un referéndum ilegal de autodeterminación del País Vasco.

A la vista de estos planteamientos da la impresión de que los políticos del nacionalismo más pujante, que tienen su base social en la burguesía de esos territorios, no viven en este planeta, ni conocen nuestro ámbito europeo y occidental, en el que habita España, a la que pertenecen, les guste o no. Y corren el riesgo de alejarse de los principales problemas de su ciudadanos y de recibir en las urnas un castigo todavía mayor del que ya cosecharon en las elecciones generales los primeros dirigentes de CiU, ERC, PNV y BNG, entre otros, como el que dibuja el último Euskobarómetro, confirmando la pérdida de apoyos políticos del PNV en unas eventuales elecciones vascas.

Además, los nacionalistas —como los catalanistas del PSC, pillados en el Gobierno de la Generalitat por los disparates de ERC— no parecen haber entendido que Zapatero ha empezado a cambiar el rumbo, tan disparatado como irreal, de aquella deriva confederal del Estado, con la que pretendió no sólo congraciarse con el catalanismo radical, sino también con Batasuna en pos de una paz con ETA, previo pago, en soberanía, de grandes regalos a la banda terrorista. Lo que la propia ETA dinamitó a bombazos, primero, y a tiros, después, a partir del atentado del aeropuerto de Barajas, con el que pensaban aumentar el nivel de las concesiones que el Gobierno ya les había ofrecido en las negociaciones de Loyola.

Si Zapatero dijo la verdad, cuando afirmó que había aprendido algo de sus errores confederales, y le sumamos a ello el duro castigo electoral recibido por los partidos nacionalistas en las elecciones del 9 de marzo, y los efectos imparables de la crisis económica, veremos que, por más que griten “sin miedo”, como reclama descolocado Pujol, o con altanería desafiante el lehendakari Ibarretxe, estas reivindicaciones se van a quedar en nada.

En lamentos pedigüeños que no recibirán respuesta o que serán acogidos con un sonoro portazo, porque la prioridad, como reconoció no hace mucho Felipe González, es la crisis económica y la estabilidad nacional. Y ya no es tiempo de ceder más competencias del Estado, o de reformar, a favor de las comunidades más ricas, la financiación autonómica, y menos aún sobre las bases tramposas e insolidarias de las llamadas balanzas fiscales. Por ejemplo: ¿acaso la Generalitat ha incluido en sus cuentas el IVA que las empresas catalanas recaudan en el resto del territorio español? ¿O los ingresos y beneficios que las empresas e instituciones financieras reciben de las ventas y ahorros que sus empresas realizan y captan en otras regiones españolas más allá del territorio catalán, la ignorada ventaja comercial?

Quizás convenga recordar a los políticos vascos y catalanes —y también a los de Galicia y Baleares— aquella “guerra del cava” que se inició tras atacar el inefable Carod-Rovira al vino de Rioja. Cada vez que al nacionalismo de la burguesía vasca y catalana le tocan la cartera, entonces claman al cielo y se acuerdan de España, y todas sus empresas e instituciones financieras se asustan y se ponen a la defensiva, desplegando su “obra social española” y grandes campañas de publicidad para mitigar los despropósitos y desafíos de sus dirigentes. ¿Se imaginan, por ejemplo, una “guerra del cava” llevada al territorio de Gas Natural, donde permanece impertérrito el tal Gabarró, el que dijo y presumió de haber preñado Endesa con su semen?

Los empresarios y líderes financieros del nacionalismo —de cuyos pechos, Cajas de Ahorros, fundaciones y donativos varios, se alimentan todos los partidos del nacionalismo vasco y catalán— deberían imponer un poco de cordura y racionalidad entre sus dirigentes políticos. Porque sólo les faltaba que, a la grave crisis económica y financiera, se sumara la batalla comercial con marcados tintes políticos, y sobradas justificaciones, como las que está provocando el acoso, la marginación y la discriminación de castellanohablantes en Cataluña, el único lugar de España, Europa y Occidente donde no se puede estudiar en el idioma español, y donde los españoles que no hablan catalán ven conculcados sus derechos y libertades constitucionales. Una demencial agresión a España y los derechos y libertades constitucionales que el PNV pretende desarrollar, también, en el País Vasco.

Tengamos, pues, la fiesta o la crisis económica y financiera en paz, no vaya a ser que las cosas empeoren más de lo que ya están. Y veamos si, mientras tanto, el PSOE y el PP se ponen de acuerdo para reformar la ley electoral y se acaban los chantajes sobre España, de esa burguesía nacionalista, frívola y pesetera que sólo se acuerda de España a la hora de cobrar.

Calles a etarras
Jueces y observadores al servicio del miedo
Los jaleadores de ese Auto jamás conseguirán levantar la cerviz. Protagonistas y aplaudidores de esta terrible comedia sirven con diligencia y delectación a la misma infamia.
Agapito Maestre Libertad Digital 11 Julio 2008

El Auto del Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional sobre el callejero etarra es un monumento "jurídico" dedicado a cantar la maldad del terrorismo. La conducta de los actuales ediles abertzales que mantienen el callejero etarra no es, según este Auto, un delito de enaltecimiento del terrorismo. Quienes han dedicado calles en honor de esos criminales no han delinquido, según estos "jueces" al servicio del régimen político impuesto por Zapatero y los nacionalistas. ¿Están en verdad estos juristas a disposición de Zapatero, o quizá de los terroristas?

Aunque mi opinión es que estos jueces sólo sirven a su miedo, al pánico que sienten ante el terror nacionalista, hay tres grandes actitudes sobre esta evacuación judicial. Un moralista estricto, o sea, un absolutista moral, diría que los magistrados de este Tribunal, están sin duda alguna más de cerca de los segundos que del primero. Un relativista moral repartiría a partes iguales la colaboración de estos jueces con la maldad socialista y con el terrorismo de ETA. Naturalmente, los listillos y cobardes, y en general los que defienden el derecho como una doctrina autónoma de la vida política, mantendrán con facundia intelectual que la culpa no es de los jueces, ni siquiera de una "justicia" asilvestrada y corporativista, sino de las leyes que hacen los políticos. Falso.

En efecto, de esas tres posiciones creo que la más falsa y cruel es la tercera. Esa actitud "enteradilla" y supuestamente neutral respecto a la profesión de quienes imparten justicia es tan inmoral como la del juez que se atrinchera en un formalismo "jurídico" para no comprometerse con la sagrada Justicia. Excepto los jueces españoles, ¿quién en su sano juicio democrático no se atrevería a condenar a las personas e instituciones que han puesto calles dedicadas a criminales? Quizá nadie. Parece obvio qué nombre recibirá cualquier enjuiciamiento político y moral de este Auto que tienda a ocultar la perversidad jurídica encerrada en el formalismo utilizado por el ponente, Gómez Bermúdez, para no acusar de delito alguno a quienes ponen nombres de calles en honor de los criminales de ETA.

Sí, sí, pocas personas de bien y con sentido común se privarán de llamarle cobarde a quien no sea capaz de ver la cobardía que encierra este Auto. Los observadores "imparciales" de este tipo de Auto son tan miedosos como quienes los aprueban. Pero, además, tendrán que compartir con esos jueces toda la crueldad, que es mucha y terrible, contenida en esa sentencia, convertida ya en un manual para apoyo de terroristas. El pecado es su penitencia. Los jaleadores de ese Auto jamás conseguirán levantar la cerviz. Protagonistas y aplaudidores de esta terrible comedia sirven con diligencia y delectación a la misma infamia. La conclusión del Auto es demoníaca. El razonamiento es tan perverso que, por un lado, nos conduce a la condena moral de quienes han puesto esos callejeros; pero, por otro lado, exculpa judicialmente a quienes han sido condenados moralmente. Es un horror.

Este Auto es un monumento al cinismo cobarde. La ética parece estar al margen de la ley, y viceversa. Contiene la esencia más cruel de la peor jurisprudencia española de todos los tiempos.

El PP vasco no se entendería sin los principios de María San Gil
EDITORIAL Elsemanaldigital 11 Julio 2008

El Partido Popular vive una etapa de cambios. Tras el Congreso nacional, en el que Mariano Rajoy fue confirmado en la presidencia y renovó su equipo de colaboradores, los Congresos Regionales de los populares están marcando la vida política española. En Cataluña y en Baleares han concurrido diferentes candidaturas con distintas interpretaciones de la situación, algo que podría haberse gestionado mejor desde la sede central de la calle Génova pero que no deja de ser una muestra de vitalidad democrática. Ahora es el turno del PP en el País Vasco, donde todo es más difícil.

El Partido Popular de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya no es sólo una sigla electoral. Entorno al PP vasco se han reunido las esperanzas de muchos vascos cansados de la imposición del nacionalismo desde las instituciones y del terrorismo abertzale de ETA, que no cesa. Tras sucesivos éxitos electorales en 1999 y en 2000, el PP vasco de Jaime Mayor Oreja articuló junto al PSE-PSOE de Nicolás Redondo Terreros una alternativa constitucionalista al frente independentista unido en el pacto de Estella. Aunque en 2001 Juan José Ibarretxe mantuvo el Gobierno vasco en manos nacionalistas aquel PP se convirtió en un símbolo de la España constitucional también fuera del País Vasco.

El PP de Mayor Oreja, dirigido después por Carlos Iturgaiz y por María San Gil, ha conservado los mismos principios. Es un partido plural, centrado y moderado, en el que no tienen cabida los dogmas nacionalistas, el soberanismo ni por supuesto la complacencia con ETA. Es un partido que con esa identidad conserva una fuerte base electoral en el País Vasco, pese al giro del PSE-PSOE de Patxi López, y que hace ganar consensos al PP también en otras regiones. La credibilidad de María San Gil es indudable incluso en partes de España muy alejadas de su región natal.

Los cambios introducidos por Rajoy apuntan ya consecuencias favorables en las encuestas, pero no en el País Vasco. Allí, la dimisión de María San Gil de la presidencia ha abierto una crisis cuya resolución no interesa sólo al PP. Lo que está en juego es patrimonio común de la España constitucional.

Antonio Basagoiti, único candidato congresual a suceder a San Gil, debe tener en cuenta que ésta dimitió por considerar mermada la confianza de la dirección nacional. La dirigente guipuzcoana cree que algunas de las personas próximas a Rajoy están dispuestas a una aproximación al PNV que sería incompatible con los principios defendidos por el PP en toda España. El hasta ahora secretario general del PP vasco, Carmelo Barrio, se ha mostrado dispuesto a ayudar a Basagoiti a que "siga el camino marcado" por sus antecesores, ya que "modificar los valores y principios que han funcionado hasta ahora sería un suicidio político". Si el PP ha llegado a ser un gran partido en el País Vasco a pesar de las enormes dificultades y de la violencia sufrida, todo cambio en lo esencial puede suponer un paso hacia la marginalidad.

Barrio comparte "al cien por cien" las posiciones mantenidas por San Gil, basadas en denunciar la "comunión de objetivos del nacionalismo con el conglomerado ETA-Batasuna". Otros, como el presidente del PP alavés y ex alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, y el secretario general de los populares alaveses y parlamentario vasco, Iñaki Oyarzábal, prefieren que Basagoiti se limite a hablar de los "problemas reales de los ciudadanos", cambiando el discurso del PP vasco en su conjunto de manera paralela a como cambió tras 2001 el del PSE-PSOE. Se trata de un posible cambio de personas y de táctica política que debe ser afrontado con cautela por el PP, que se juega mucho en la cuestión.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha expresado el sentir de los hombres y mujeres del PP al considerar a los militantes del PP vasco como "héroes" y al asegurar que cuando tiene que "opinar" sobre algo que "hace un militante del PP del País Vasco, aunque sea dimitir, me siento moralmente obligado a darle la razón". González Pons, desde el equipo de Rajoy, sabe que el lugar de María San Gil es el PP, y que su ausencia es una llamada de atención. "Si tres militantes del PP del País Vasco se han marchado será porque tenían razones para marcharse y espero que los demás seamos capaces, tanto a ellos como a otros que se han marchado con anterioridad, de convencerles para que vuelvan", según González Pons. El hecho es que las ambiciones políticas a corto plazo no deben pesar más que los principios permanentes del PP. Y eso debe estar en la mente de Basagoiti, cuya primera tarea tendrá que ser recuperar la confianza y la unidad entre los suyos. Incluyendo por supuesto a María San Gil.

Sentencia del caso bórico
Blanco llama al exterminio
Blanco ha acudido a las más reputadas: las propagandas nazi y estalinista, que bordaron la deshumanización del adversario como paso previo a un exterminio sin cargos de conciencia para la sociedad.
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 11 Julio 2008

Cuando José Blanco se refiere en su blog a una "conspiración de cucarachas" está realizando dos operaciones simultáneas propias de su especialidad, que es la propaganda política en su acepción más descarnada. La primera operación es una inversión sencilla operada por un simple mecanismo especular, truco muy del gusto de su compañero Rubalcaba: acusa de conspiradores a quienes han denunciado una conspiración. Nótese que ni siquiera esto es exacto. Algunos, en la materia de la que se trata, que es el asunto del bórico, han denunciado una conspiración; otros, no. Si se lee su pieza, Blanco apunta en realidad a un grupo más amplio, el bautizado como "conspiranoicos" (paranoicos que ven conspiraciones donde no las hay) por los interesados en despachar cuanto antes el 11-M.

Dejando al margen que los atentados de los trenes deben constituir la única operación terrorista de gran magnitud que no ha requerido conspirar (tal conclusión se impone por lógica a la vista de la acusación de "conspiranoia"), lo notable es que los paranoicos han pasado, gracias a Blanco, a ser ellos mismos conspiradores. Ya no se trata de gente desatinada, crédula o perturbada; se trata de gente peligrosa. ¿Qué hacer con esa gente peligrosa?

La respuesta exige detenerse en la segunda de las operaciones aludidas, ambas contenidas con asombrosa economía de medios y mortífera eficacia propagandística en dos sustantivos separados por una preposición: "conspiración de cucarachas". La segunda operación deshumaniza y convierte, en el imaginario, en insectos a quienes consideraron irregulares unas actuaciones policiales que la propia sentencia del bórico considera irregulares.

Ahora ya se ve lo que hay que hacer con la gente que quiere que se siga investigando el 11-M. Eran peligrosos por conspiradores, pero han sido convenientemente trocados en insectos gracias a otro juego de conexiones azarosas: el bórico serviría para matar cucarachas. Las cucarachas se matan, y las peligrosas gentes que conspiran ya son cucarachas.

Puestos a buscar en las fuentes de su oficio, Blanco ha acudido a las más reputadas: las propagandas nazi y estalinista, que bordaron la deshumanización del adversario como paso previo a un exterminio sin cargos de conciencia para la sociedad. Se bestializa, se cosifica, se convierte al otro en rata o insecto simbólico. Esta última ha sido la modalidad escogida por el segundo de a bordo de un partido que se desliza hacia el totalitarismo. "Más allá de la alternancia política", como advirtió Zapatero. Más allá de la crítica al poder, que ya jamás será legítima porque incurrir en ella es señal inequívoca de pertenecer a un grupo cuyo estudio no corresponde a la sociología sino a la entomología. Sólo que ese salto metafórico siempre llama al exterminio.
Juan Carlos Girauta es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

POLÍTICA LINGüÍSTICA
Oposición y sindicatos critican que se obligue a los funcionarios a hablar en euskera
Creen que «la vía de la imposición no es la adecuada» y piden una reflexión sobre el desfase entre conocimiento y uso de la lengua vasca
M. JOSÉ TOMÉ BILBAO El Correo 11 Julio 2008
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m.j.tome@diario-elcorreo.com
El nuevo plan de normalización lingüística de la Administración pública, que exige utilizar el euskera en su trabajo a 2.000 funcionarios con perfil, ha reabierto la polémica desatada por el decreto sobre el uso de la lengua vasca en los comercios, si es que el debate suscitado apenas una semana atrás llegó a cerrarse en algún momento. Los partidos de la oposición al tripartito y los sindicatos UGT y CC OO criticaron ayer que el fomento del euskera en el ámbito laboral pase por «la vía de la obligatoriedad» en lugar de promover su uso a través de medidas no coercitivas. Tanto el PSE como el PP consideran que el Gobierno vasco debería reflexionar sobre el «problema» de base: mientras cada vez hay más empleados y ciudadanos que conocen el idioma, «su uso no crece en igual proporción».

Los socialistas vascos creen que los responsables de Política Lingüística deberían sacar conclusiones de esta paradoja. La parlamentaria Isabel Celaá no comparte «en modo alguno» que se promueva el uso de una lengua a través «de la imposición», aunque comprende que «si un funcionario ha accedido a un puesto de trabajo por su conocimiento del euskera, lo utilice». «Es razonable, pero no creemos que las medidas coercitivas deriven en nada medianamente eficiente. El hecho de que haya que obligar a hablar euskera debería hacer reflexionar» al tripartito, apuntó la responsable socialista.

Para el PP, el desequilibrio entre el conocimiento y el uso de la lengua vasca es consecuencia evidente de una «política errónea» de imposición que genera rechazo «incluso entre quienes la conocen y la usan». «Los funcionarios tienen en determinados casos la obligación de hablar euskera, pero no se puede forzar a que una de las dos lenguas oficiales de la comunidad sea convertida en la lengua de trabajo de la Administración», apuntó el parlamentario Iñaki Oyarzábal, quien anunció que su grupo pedirá la comparecencia parlamentaria de Patxi Baztarrika.

Dimisiones
Los sindicatos UGT y CC OO, por su parte, creen que este tipo de medidas deberían aplicarse con un «amplio consenso» y, sobre todo, ajustadas al «contexto real» del nivel de utilización del euskera por parte de los ciudadanos. Para UGT, el plan representa «un paso más en la instrumentalización» de esta lengua que «sólo va a conseguir desmotivar a los trabajadores que ya la utilizábamos habitualmente».

A juicio de la secretaria de acción sindical de la Federación de servicios públicos, Susana Cejudo, estas «políticas de ordeno y mando» son «el mayor daño que se le puede hacer a la normalización lingüística». Y consideró razonable, que en «coherencia» con lo que promulga el tripartito, «los altos cargos de la Administración vasca que no sean capaces de mantener una conversación fluida en euskera, deberían dimitir».

CC OO interpretó el decreto como un reconocimiento implícito del fracaso de una «mala política lingüística» que, pese a disponer de una dotación económica «ingente», ha cosechado «escasos resultados». Ángel Madrazo, secretario general de la Federación de servicios y administraciones públicas, se mostró convencido de que las acciones de fomento del euskera no pueden adoptarse «a golpe de decreto», sino que deben aplicarse en función de un «consenso amplio» que tenga en cuenta la «pluralidad de la sociedad vasca» y sin caer en una utilización «partidista» de la lengua. «Echamos en falta un debate más apegado al terreno de la realidad con los agentes sociales implicados», apuntó.

PARTE DE UNA "OFENSIVA ESPAÑOLISTA"
CiU pide censurar un reportaje de Telemadrid sobre el uso del catalán en el sector turístico
El portavoz de CiU, Oriol Pujol, ha pedido al Consejo Audiovisual de Cataluña que se pronuncie contra un reportaje emitido por Telemadrid que subrayaba el impacto negativo que en el sector turístico catalán tiene el exclusivo uso de la lengua catalana. Ese tipo de material, dice Oriol, no respetan la identidad nacional, cultural y lingüística de los catalanes por parte de medios de comunicación públicos. Así, Pujol denuncia que se trata de una "ofensiva españolista" que acompaña al "Manifiesto por la lengua común".
¿Ha visto indicaciones turísticas en las que falte el español? Remita sus fotos a fotoslectores@libertaddigital.net
Libertad Digital 11 Julio 2008

Según e-Notícies, el Consejo Audiovisual de Cataluña ha recibido una carta remitida por el portavoz de CiU, Oriol Pujol, en que pide elaborar un informe sobre un reportaje elaborado y emitido por la cadena autonómica madrileña Telemadrid "en el cual se opinaba sobre el impacto negativo del uso de la lengua catalana en el ámbito del sector turístico en Cataluña".

De acuerdo con la citada web, Pujol solicita que el CAC "se manifieste sobre la adecuación de este reportaje en los valores de pluralismo, veracidad y preservación de la convivencia entre territorios". En especial, CiU pide al organismo verificar si el reportaje de Telemadrid se ajusta al "derecho de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña" a respetarse "su identidad nacional, cultural y lingüística por parte de los medios de comunicación de titularidad pública en su programación".

Oriol Pujol explica que reportajes como el de Telemadrid "atentan contra la convivencia entre los territorios" y se "enmarcan dentro de la ofensiva españolista que se está produciendo últimamente con iniciativas como el `Manifiesto por la lengua común´".

Así, el portavoz nacionalista pide al PP de Cataluña que se pronuncie a favor o en contra del material de Telemadrid y, en caso negativo, le exige "hagan algo para que se dejen de emitir reportajes demagógicos, que no se corresponden a la realidad y perjudican seriamente la imagen de Cataluña".

Por ser «ejemplo de esperanza y fortaleza»
La Fundación Miguel Ángel Blanco premia a Irene Villa y su madre
Ep - Madrid La Razón 11 Julio 2008

La Fundación Miguel Angel Blanco entregó hoy el XI Premio a la Convivencia a Irene Villa y a su madre María Jesús González, víctimas de un atentado de ETA con coche bomba el 17 de octubre de 1991, por considerar que ambas son «ejemplo de esperanza y de fortaleza» para las demás víctimas y para el conjunto de la sociedad española.

Así lo aseguró Mari Mar Blanco, presidenta de la fundación y hermana del concejal del PP asesinado por ETA hace ahora 11 años, en un acto de homenaje a la memoria de Miguel Angel Blanco celebrado en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que contó con la presencia de la jefa de gobierno regional, Esperanza Aguirre, el líder del PP, Mariano Rajoy, el ex ministro y portavoz de Justicia, Federico Trillo, y numerosas víctimas de ETA.

Aguirre recalcó que el sacrificio del edil del PP «no fue en vano» y añadió que gracias a él los españoles tomaron «plena conciencia de que las víctimas son los máximos referentes morales de la sociedad y de la democracia». «Honrar la memoria de Miguel Angel es mantener viva la de todas las víctimas del terrorismo», recalcó, para añadir que «nadie tiene derecho a hablar de paz» en nombre de las víctimas y «sin antes contar con ellas».

María Jesús González aseguró que el galardón recibido hoy era un «bálsamo» para las heridas sobre todo después de que el Gobierno socialista decidiera «romper» el Pacto Antiterrorista, «posiblemente sin mala intención», «negociar con los asesinos» y «dejar sin voz a las víctimas».

El PP acusa a Losada de “buscar disculpas” para no defender la “L” del topónimo
REDACCIÓN  A CORUÑA El Ideal Gallego 11 Julio 2008

El grupo municipal del PP acusó ayer al alcalde, Javier Losada, de “buscar disculpas” y de “falta de coraje político” por no seguir defendiendo la “L” en el topónimo. Consideran que estas actitudes del regidor le impiden reivindicar ante su propio partido la denominación de la ciudad para “devolver la libertad a la mayoría social de la ciudad”.

Los conservadores lamentan que Losada “se esconda detrás de la Agrupación Socialista para tratar de justificar su actuación” y para no responder a la propuesta de presentar una iniciativa en el Parlamento gallego para obtener la cooficialidad de las dos formas.

El PP recuerda, a través de un comunicado de prensa, que el PSOE “apoyó de forma unánime la Lei de Normalización Lingüística en la que se regularon los topónimos, sobre la que ningún parlamentario socialista votó en contra”.

Por último, los populares en María Pita aseguran que el ex presidente de la Xunta, Manuel Fraga, estaba dispuesto a apoyar la cooficalidad “siempre y cuando Touriño se manifestase inequívocamente favorable”, en una iniciativa que nunca llegó a fructificar. Reclaman, pues, que el PSOE inicie un diálogo para poder utilizar ambos topónimos.

Su hija Irene Villa calificó de «doloroso» el proceso vivido hace unos meses cuando algunas personas le paraban por la calle y le preguntaban si las víctimas no querían la paz y si «estaban politizadas». Según explicó, a partir de ese momento optó por defender su compromiso a través del esquí adaptado y afirmó que la cercanía y el cariño de la sociedad es lo que «ayuda a curarse».

El asturiano quedará definido como «patrimonio lingüístico» en el Estatuto
SUSANA NEIRA. ABC 11 Julio 2008

OVIEDO. PSOE y PP zanjaron ayer cualquier polémica con el asturiano en la reforma del Estatuto de Autonomía. Los dos partidos políticos con mayor peso en el Principado rechazaron la cooficialidad de la lengua, que quedará definida como un «patrimonio lingüístico» y un valor social de respecto, convivencia y entendimiento. El nuevo texto obliga además al Gobierno del Principado a promover y fomentar su uso, así como su difusión en los medios de comunicación y a su enseñanza, respetando variantes como puede ser el asturiano-gallego, hablado en la zona occidental de la región.

El asturiano era uno de los asuntos «polémicos» de la reforma y en el que se esperaba que se diesen discrepancias, como ocurrió con IU. La coalición, a favor de la cooficialidad, no suscribió el acuerdo.

Cerrado este asunto, parece que será más complicado que PSOE y PP lleguen a su solución sobre el tema de reconocer a Oviedo como capital y sede de las instituciones. El PP recordó ayer que su intención es que el nuevo texto recoge una Ley de capitalidad del Principado y no sólo el reconocimiento de la misma. Su presidente, Ovidio Sánchez, defenderá que se definan exactamente cuáles son los organismos propios que deben estar en esa capital y cuáles son las funciones de la misma. «Para nosotros es un tema importante porque lo otro sería una definición sin demasiado sentido», dijo el popular.

Al menos hasta ahora, el PSOE rechaza esta ley, vigente ya en otras comunidades. Presentó una propuesta que recoge que la ciudad de Oviedo sea la capital, sede de sus órganos institucionales y que el Gobierno pueda celebrar, excepcionalmente, reuniones en otros territorios del Principado.

Por su parte, el secretario regional de IU, Jesús Iglesias, indicó que su grupo apoya la capitalidad pero que «eso no debe suponer» el reconocimiento de ningún tipo de privilegio para el municipio ovetense.

IU hizo referencia así a la petición del PP de que Oviedo tuviese contraprestaciones económicas como sede de las instituciones.

Además del asturiano y la capitalidad, los partidos avanzaron ayer tras cuestiones como los símbolos y la definición de Asturias, que seguirá siendo una «comunidad histórica».

Los políticos asturianos continuarán el próximo lunes con la ronda de reuniones para la reforma Estatutaria, que quieren cerrar la próxima semana para someter a votación tras un parón veraniego.

Ibarretxe ordena a dos mil funcionarios que usen el euskera
M. F. VALLEJO/ I. ALONSO ABC 11 Julio 2008

BILBAO. El Gobierno vasco exigirá utilizar el euskera en su trabajo a cerca de 2.000 funcionarios que ocupan una plaza en la Administración en la que se requiere el conocimiento de la lengua vasca. Es la clave del nuevo plan de normalización del uso de este idioma oficial para la etapa 2008-2012, que han presentado el viceconsejero de Política Lingüística, Patxi Baztarrika, y Joseba Lozano, responsable directo del programa. Cada departamento del Ejecutivo fijará qué funciones comunicativas deberán hacer en lengua vasca los empleados afectados por esta iniciativa y evaluará anualmente si ese trabajador cumple sus tareas en el idioma.

Este plan llega apenas una semana después de que el Gabinete de Ibarretxe aprobara un polémico decreto sobre el uso del euskera en los comercios, que obligará a las grandes empresas a contar con empleados euskaldunes. Como en aquella ocasión, el responsable de Política Lingüística argumentó que el objetivo del nuevo proyecto es «garantizar» los derechos lingüísticos del ciudadano. «Que el euskera se convierta en lengua normal de trabajo en la Administración para dar más oportunidades de uso», dijo Baztarrika. «No somos neutrales con el euskera», admitió.

El nuevo programa de normalización se aplicará en la Administración general y en los organismos autónomos y sociedades públicas que dependen de ella. Salvo a Osakidetza, Ertzaintza o los profesores, que tienen sus propios planes, llegará a todos los departamentos del Ejecutivo autónomo y a entidades como el Instituto Vasco de Administración Pública, Eustat, Euskotren o Euskalmet, entre otras muchas. De los más de 6.000 funcionarios que trabajan en esas áreas, el plan afecta a 2.000, aquéllos que ocupan plazas en las que han tenido que acreditar el conocimiento del euskera. El Gobierno «invitará» a participar en la experiencia a otro millar más que conoce este idioma cooficial.
 

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