AGLI

Recortes de Prensa    Sábado 12 Julio 2008

La izquierda intelectual y el manifiesto
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 12 Julio 2008

JUNTO a su valor como denuncia de un abuso de poder y un atropello de la Constitución, el Manifiesto por la Lengua Común ha dejado claro quién está a favor de los derechos fundamentales de las personas y quién los subordina a la conveniencia personal o de partido. Algo siempre importante para catalogar a cada uno o una.

Siendo los promotores del Manifiesto destacadas personalidades de la izquierda, podría pensarse que la llamada «inteligencia», que reclama la ética como heredad, acudiría en bloque a respaldarlo. Pero no ha sido así, ni de lejos. Es cierto que no han faltado intelectuales de izquierda que han endosado con pasión y elocuencia el Manifiesto. Pero la inmensa mayoría se ha escaqueado, sin que faltasen los y las que han querido nadar y guardar la ropa, esto es, aceptar que la denuncia está justificada en su fondo, pero no respaldarla por una circunstancia u la otra. Actitud de clara cobardía moral, ya que las razones que alegan no pueden ser más deleznables: «El Manifiesto está siendo utilizado políticamente», «Lo apoyan personas que no me ofrecen garantías», «Habría que precisar cuál es la lengua común», «Trata de desgastar al gobierno», «Hubiera preferido algo más modesto», excusas más de políticos en activo que de intelectuales en ejercicio. No se niega la médula de la acusación -que en determinadas comunidades españolas se están violando derechos fundamentales, no ya de los padres, sino de los niños-, pero se subordina a algo tan liviano como la coyuntura política. Y esa es la mayor traición que puede cometer un intelectual, a quien se le supone comprometido con valores más altos que los ideológicos. Claro que no es la primera vez que la «inteligencia» comete tal traición. Lo hizo ante Stalin, lo hizo ante Castro y todo apunta que lo seguirá haciendo tanto en dictaduras como en democracias.

Cuando Kant estableció el primer principio de la moral moderna, quiero decir, una moral independiente de la religión, lo resumió en la máxima «actúa como si aquello que haces tuviera validez universal». Es decir, no sometido a las circunstancias personales, políticas o de conveniencia. Lo que está haciendo buena parte de nuestra intelectualidad de izquierdas es justo lo contrario: someter un principio universal -el derecho de los niños a ser instruidos en su lengua- al provecho coyuntural de dos de sus viejos enemigos, el poder y el nacionalismo. Algo ni moral, ni ético, ni decente.

Se puede atacar el español desde las trincheras nacionalistas. Pero, no desde las intelectuales, menos que nadie, por parte de aquellos que se ganan la vida con él como instrumento. Y lo que resulta ya totalmente inadmisible desde el punto de vista intelectual es que se restrinja al derecho a aprenderlo en las aulas a niños españoles, no importa dónde residan. Aunque la valentía no ha sido un atributo intelectual, desde que a Sócrates le costó la vida sostener sus principios.
Claro que tampoco ninguno de esos intelectuales nuestros es un Galileo.

Balanzas fiscales
España ya es confederal
Nada bueno puede traer que la política de inversiones dependa de las balanzas fiscales. España va a acabar siendo una especie de Unión Europea de la señorita Pepis.
Emilio Campmany Libertad Digital 12 Julio 2008

La Generalidad acaba de publicar, adelantándose a la administración central, el estudio de la balanza fiscal de Cataluña. Como era de esperar, del estudio resulta que desde 2002 la comunidad autónoma ha dejado de percibir no sé cuántos miles de millones de euros. El nuevo estatuto pone remedio a esta injusta situación y obliga legalmente al Gobierno del Estado español a devolverle a la región un porcentaje de lo que los catalanes pagan al Estado. Al parecer, para Montilla, la solidaridad bien entendida empieza por uno mismo.

Después de aprobado el estatuto, los que lo denunciamos tuvimos que aguantar mil burlas en las que se nos venía a decir: "¿Lo veis? Ya se ha aprobado el estatuto y no ha pasado nada; España no se ha roto y todo sigue igual." No fueron sólo los socialistas y los nacionalistas los que así nos sermonearon. Merece la pena recordar que Antonio Hernández Mancha publicó en El País un artículo con el tranquilizador título de España no se rompe.

Sin embargo, en cuanto se ha empezado a ejecutar el estatuto, han comenzado a abrirse las primeras grietas. Nada bueno puede traer que la política de inversiones dependa de las balanzas fiscales. España va a acabar siendo una especie de Unión Europea de la señorita Pepis donde el futuro de los ciudadanos de cada región ya no dependerá de lo que se debata en las Cortes, sino de las reuniones anuales en las que los presidentes autonómicos acordarán cuánto dinero van a poner las regiones ricas y cuánto van a recibir las pobres.

El principio podría aplicarse hasta el infinito. Si Cataluña tiene derecho a que se le devuelva la mayor parte de lo que allí se recauda, ¿por qué ha de negársele a Lérida el mismo derecho y obligarle a aceptar que sea la Generalidad en Barcelona la que decida qué se hace con lo recaudado en aquella provincia? No sólo ella, sino que también los de Sabadell deberían poder reclamar cuando crean que reciben muy poco a cambio de lo que pagan y se sientan agraviados al ver que la Generalidad se hincha a hacer inversiones en Mataró.

"Eso no va a pasar", dirán algunos. Es verdad. No va a pasar porque ni Lérida ni Sabadell son una nación. El problema del estatuto catalán estriba precisamente en eso, en que afirma la existencia de la nación catalana, y por eso no reconoce a los de Lérida ni a nadie el derecho a recibir un porcentaje de lo que aportan a la Generalidad, pues Cataluña es una y no la suma de varios. Pero, al hacerlo, al afirmarse como nación y reclamar, ella sí, el derecho a que se le devuelva un porcentaje de lo que allí se recauda, inevitablemente niega la existencia misma de la nación española.

¡Dichosas balanzas fiscales! El mero reconocimiento legal de su existencia, la publicación oficial de las cifras que arrojan, la imposición de derechos y obligaciones a consecuencia de las mismas nos convierten en un Estado confederal sin muchos más lazos entre nuestras regiones de los que hoy existen entre los estados de la Unión Europea.
¡Menos mal que "España no se rompe"! Si llega a romperse, no es que se rompe, es que desaparece.

Victimismo y desconexión moral
ANDRÉS MONTERO GÓMEZ El Correo 12 Julio 2008

| DIRECTOR DEL INSTITUTO DE PSICOLOGÍA DE LA VIOLENCIA

A mí me gustaría que ETA fuera como el PNV. Es verdad que el discurso de ambos conjuntos de siglas podría ser más parecido, pero entonces casi sería indistinguible. Las últimas palabras de Urkullu, el presidente del PNV, instando al presidente Zapatero a dejar avanzar a Ibarretxe sin presentar el anunciado recurso al Tribunal Constitucional ante la consulta del lehendakari suenan por completo a victimización abertzale.

Desde luego el PNV no es ETA, aunque ETA naciera de las juventudes del PNV. Sin embargo, si algún día ETA abandonara el terrorismo, tendría un discurso político próximo al peneuvista. Esta comparación no pretende, aunque lo parezca, equiparar a un partido político legítimo y democrático como el PNV con una banda terrorista criminal como ETA. De igual manera, supongo que no era intención del PNV equiparar a las víctimas del terrorismo con los etarras cuando, en apariencia, la recién promulgada ley de víctimas del Gobierno vasco ponía en el mismo plano a asesinados por ETA con etarras que se dicen torturados por las Fuerzas de Seguridad. Las apariencias es lo que tienen, que cuando apuntan a realidades transmitidas (casi siempre interesadamente) de manera ambigua producen percepciones que a unos complacen más que a otros. A los votantes del PNV no gustará que se compare el discurso de sus dirigentes con el argumentario etarra, mientras a las víctimas del terrorismo les tiene que doler profundamente que las metan en el mismo saco que quienes las torturaron y asesinaron. Cuando están relacionadas con posicionamientos ante la violencia, las equidistancias son injustas, además de humillantes para las víctimas.

Hay quien afirma que el victimismo es inherente a los nacionalismos, una especie de imperativo genético que introduce en el organismo nacionalista el mandato de producir argumentos de victimación para construir un ecosistema de perpetua reclamación, de perenne desagravio. Es obvio que los nacionalismos tendrían poco recorrido político si no existieran (o ellos no se encargaran de construir) escenarios sociales en donde hay algo que se le niega a un colectivo agraviado, algo relacionado con unos pretendidos derechos que el nacionalista tiene que conquistar, porque se siente víctima de su des-posesión. La razón expresada por Urkullu de que el recurso que a Zapatero no le queda más remedio que interponer ante el Tribunal Constitucional va a desatar un escenario de cuyas solas consecuencias Zapatero será responsable nos recuerda a algo. La proyección de la responsabilidad que hace alguien que vulnera la ley sobre quien ha establecido las leyes es común entre los criminales y, desde luego, está presente en el argumentario habitual de ETA: no le queda más remedio que asesinar y las responsables de ser asesinadas son las víctimas. Este es un recurso muy estudiado en la psicología de las dictaduras, discurso que a su vez forma parte de los mecanismos de circunvalación o desconexión moral. En los totalitarismos dictatoriales o revolucionarios, la desconexión moral por desplazamiento de la responsabilidad conduce a considerar que la víctima es la culpable de sus propios males y el transgresor, el agresor, el dictador o el revolucionario siempre está obligado a emplear la fuerza o la transgresión por el propio bien del agredido o de lo transgredido.

Así las cosas, la desconexión moral habilita a pensar que el Estado español será el responsable de lo que pueda pasar, de llevar al PNV a un escenario de ruptura que no desea, si es que no se deja a Ibarretxe seguir adelante con su consulta. En el mismo plano de razonamiento estaría, es un suponer, el argumento de que la consulta programada no deja más remedio al Gobierno español que hacer lo que los británicos, con mucha más normalidad democrática, hicieron con la autonomía de Ulster varias veces durante el proceso en que el IRA ya había abandonado el terrorismo: anular la autonomía del País Vasco, algo creo que plenamente constitucional si se dieran las condiciones. En efecto, las condiciones no se dan, pero puestos a atribuir responsabilidades, parecen más claras las situadas en el tejado de la Lehendakaritza por comportamiento ilegal (si tal se produjera) que las situadas en el lado del Gobierno de Madrid por interrumpir una secuencia que, según la legislación vigente, pone al Ejecutivo autonómico vasco fuera del marco constitucional. No creo que llegue ni la consulta ni la intervención constitucional del Estado.

Lo que siente el PNV se ha dejado claro por Urkullu estos días. El jeltzalismo respeta la legalidad pero discrepa de ella y, en esa discrepancia, el PNV no va, textualmente, a «doblar la cerviz». Está muy bien y es digno de un partido democrático perseguir sus ideales, aunque sean extremos, por los medios legítimos, incluso promoviendo cambios legislativos por los cauces que se ajusten a Derecho. Sin embargo, el discurso del PNV bien podría sonar a oídos de muchos como un ejercicio de desconexión moral puesta al servicio de objetivos estratégicos. Aquí, el razonamiento moral importa menos, mucho menos, que los fines políticos. En esa tesitura puede no ser tan relevante que un determinado discurso nacionalista y el argumentario etarra acaben por ser indistinguibles, como el propósito estratégico que justifica la circunvalación moral jeltzale que a su vez refuerza el ideario terrorista.

El propósito de la desconexión moral del plan Ibarretxe es triple. En primera instancia, ganar las elecciones autonómicas, en vez de haciendo acumulación de fuerzas, que dirían los abertzales, acumulando expectativas ante varios nichos de votantes.

En segundo, preparar el camino para un nacionalismo separatista autodeterminista sin ambages, en un estilo quebequés todo lo políticamente agresivo que sea necesario. En tercero, mimetizar el discurso de ETA como para que la banda terrorista crea que su predicamento ha calado lo suficiente como para desactivar la violencia, porque la semilla abertzale ya ha dado fruto político sostenible. De las tres, la más realista es la primera y la más surrealista, la última. En sus análisis estratégicos el PNV se equivoca creyendo que puede desahuciar a ETA asimilando el ideario que llevó a los cachorros de las juventudes peneuvistas a escindirse de sus mayores hace más de cuarenta años para convertirse en etarras, ideario que salvo maquillajes ha evolucionado bastante poco. La actual ETA profesionalizada en el crimen no desaparecería motu proprio ni aunque mañana Ibarretxe declarara la autodeterminación unilateral de Euskadi. Incluso en ese escenario, se quedaría a tutelar el proceso. Lo ha dicho la propia banda por boca de EHAK en el Parlamento vasco: con ETA no se va a acabar por la puerta falsa. Expresado de otra manera, hay dos formas de poner fin a ETA: desarticularla o concederle sus demandas. no llegar a sus demandas por mano de un tercero, menos si es el PNV.

El castellano contraataca en Baleares
Decenas de voluntarios recorrerán los colegios para recordar a padres y profesores que tienen derecho a usar el español Repartirán 5.000 folletos e impartirán charlas
Ernesto Villar  La Razón 12 Julio 2008

madrid- Hace apenas unos meses, defender el castellano en Baleares era un ejercicio de convicción personal que se llevaba a la práctica entre las cuatro paredes de casa o como mucho -los más valientes- en el claustro de profesores de un colegio. Ahora, la rebelión cívica en favor de la lengua de Cervantes llega por primera vez a la calle. El Círculo Balear, la organización más combativa en defensa de los castellanoparlantes, planea poner en marcha en el próximo curso escolar una campaña de concienciación que incluye charlas en los colegios y reuniones con padres y profesores, así como la distribución de 5.000 folletos.

De esta forma, decenas de voluntarios se apostarán a las puertas de los centros escolares de la isla de Mallorca para repartir a los padres una guía con todos los recursos legales y administrativos que tienen a su alcance para conseguir algo tan obvio como que sus hijos estudien en su lengua materna, en caso de que ésta sea el castellano. La campaña, que los responsables del Círculo Balear ultiman estos días, se centrará sobre todo en aquellos centros educativos mallorquines (de los 149 que funcionan en toda la isla) en los que se han atropellado con más saña los derechos de los castellanoparlantes. «No tenemos el dinero que el Gobierno balear destina para hacer cómics contra el castellano, pero intentaremos responderles con las mismas armas», explica Jorge Campos, presidente del Círculo Balear.

El trabajo que queda por delante es arduo. En la práctica, el 90% de las clases de los colegios baleares se imparte en catalán, pese a que buena parte de sus alumnos es castellanoparlante. A esta situación se ha llegado gracias a que la ley de normalización lingüística autonómica recoge que la presencia del mallorquín en los centros debe ser, «como mínimo», de un 50%, sin fijar un máximo. La presión nacionalista y los complejos autonomistas han hecho el resto.

Esta campaña de concienciación, la primera de este tipo que se lleva a cabo en defensa del castellano en toda España, incluye, como primera providencia, reunirse con las asociaciones de padres de alumnos y los profesores para recordarles que, legalmente, tienen derecho a exigir la enseñanza en castellano. La segunda medida será demandar a los consejos escolares que deroguen los proyectos lingüísticos aprobados en los centros -para entendernos, el «programa de Gobierno»- que han desterrado al castellano de las aulas.

Planean manifestaciones
«Una buena parte de los maestros y, sobre todo, los padres, nos apoyan. El problema es que las APAS sólo son una de las tres patas del Consejo Escolar. El resto lo forman el claustro de profesores y la dirección del centro. La supervivencia de ambos, tanto por sueldos como por subvenciones, depende de la Consejería de Educación, que es ??procatalanista??».
El tercer y último recurso de esta campaña consiste en recordar a los padres, mediante unos folletos explicativos, que, en esta cruzada, la ley les ampara, ya que establece el derecho a estudiar en la lengua materna. Cualquier incumplimiento puede ser denunciado por vía administrativa o incluso en los tribunales. «Si no nos hacen caso, estamos dispuestos a convocar manifestaciones en la calle», concluye Jorge Campos

La politización de la lengua en los colegios
cartas al director, EL MUNDO  12 Julio 2008

Sr. Director:
Desde que escolaricé a mi hijo me he encontrado muy mal: me he sentido más extranjera que nunca en mi propia tierra.

El niño empezó con tres añitos y ya sabía todo el abecedario, los números hasta el 10, y todos los colores. Mi sorpresa es que, en lugar de felicitar a una madre que se esfuerza por enseñar a su hijo antes de ir al colegio, me reprochan que -¡oh!- le he enseñado a hablar castellano. Y claro, esto en un colegio público de Cataluña, pues no se puede tolerar.

La maestra, el director de la escuela y la psicóloga del centro me presionan para que deje de dar una enseñanza en castellano en casa. Han conseguido que mi hijo permanezca en el colegio ocho horas, pero eso no es suficiente, porque el niño se niega a aprender en catalán: no presta atención. Así que me lo han tachado de niño problemático, ganándose el título de «nen amb necessitats educatives especials». Vamos, que es un retrasado mental.

Con tal título bajo el brazo, me obligan a que lleve al niño a logopedas, por supuesto en catalán. Cuando llega a la logopeda, después de ocho horas de colegio, simplemente está agotado. Y la cuestión es que no queda tiempo para que yo, su madre, pueda enseñar a mi hijo un idioma que le abrirá muchas puertas, mientras que si aprende sólo catalán no podrá salir de esta tierra.

Mi hijo es retrasado. Así, tal cual, firmado con papeles por la psicóloga del centro. Retrasado por el tema del habla. Al menos podrían dar tiempo para que estos niños aprendan el catalán.

Lo triste es que se trata de una guerra política. Usan a nuestros hijos como armas de una batalla sin fin. Piensan que si sólo hablan catalán, se sentirán catalanes y lucharán por la independencia.

Barcelona.
Eva-Kristina Salvador.

Una lengua con otras lenguas / 1
José Vidal Beneyto, EL PAÍS  12 Julio 2008

No es ni legítimo ni deseable que los líderes de cualquier comunidad impongan la utilización de su lengua a los miembros de otros ámbitos lingüísticos con fines políticos nacionalistas. Sí es, en cambio, necesario impedirles que se sirvan de su política lingüística como dispositivo para, con pretexto de promover su patrimonio lingüístico, agredir a las otras lenguas.

La multiplicidad de las lenguas es una irrefragable realidad mundial que la globalización ha incorporado a nuestra experiencia cotidiana. Cerca de 6.000 lenguas censadas cuya presencia activa tiene muy diversos niveles de utilización -desde la abrumadora hasta la apenas perceptible, pues en más de 500 ámbitos lingüísticos casi no llegan a 100 sus usuarios- y en múltiples casos con una muy precaria existencia en el propio espacio comunitario, por la batalla lingüística y por la avalancha de otras lenguas.

En el primer caso hay que situar aquellas en las que los antagonismos nacionalistas se han subido a caballo de las lenguas, como en Bélgica, donde la rivalidad entre el francés y el flamenco se ha complicado con el enfrentamiento entre las comunidades territoriales de Walonia, Flandes y Bruselas. Sin olvidar a Malta, Quebec, Cataluña y tantos otros ámbitos.

En el segundo, nos encontramos con una turbamulta que va desde las 380 lenguas de la India, pasando por las 410 de Nigeria y las 670 de Indonesia hasta el opresivo abigarramiento de las 850 de Nueva Guinea. Recordando también su vigencia institucional que tiene en la Unión Europea una tan brillante ilustración, con las 23 lenguas oficiales para 27 Estados y con un Comisariado (ministerio), reservado exclusivamente al multilingüismo, regido hoy por el rumano Leonard Orban.

Abram de Swaan en Words of the World (Polity Press 2001), insiste en que el contacto y la interacción entre las lenguas depende de que su ubicación en el universo lingüístico sea periférica o central. Los lenguajes periféricos recurren casi siempre a la intermediación de una lengua común con fuerte capacidad conectiva como el quechua en América del Sur, o el wolof, lingala y bambara en África, que se constituyen y funcionan como lenguas centrales.

En Europa, todas las lenguas nacional-estatales asumen una función de centralidad conectora, obviamente con muy distintas modalidades respecto de las lenguas regionales: como sucede con el holandés para el frisón; con el finlandés para el sami, con el francés para el alsaciano, bretón, corso, euskera, occitano. En la perspectiva mundial en la que es hoy inevitable situarse tanto Swann como Jean-Louis Calvet (Por una ecología de las lenguas del mundo, Plon 1999) proponen la figura de lenguas hipercentrales que reducen a 10: árabe, chino, inglés, español, francés, hindi, malayo, portugués, ruso y suajili, a las que confían la responsabilidad de asegurar una mínima comunicabilidad dentro de cada macroárea lingüística y entre ellas.

La gran dificultad en este tema es la de distinguir en el tratamiento de las lenguas entre la dimensión de su uso cotidiano predominantemente privado y la utilización política, eminentemente pública, de las mismas porque está ligada a la indisociabilidad de identidad colectiva y lengua en todas las comunidades.

Es evidente que lo que no es ni legítimo ni deseable es que los líderes de cualquier comunidad, histórica o reciente, impongan la utilización de su lengua o lenguas a los miembros de otros ámbitos lingüísticos con fines políticos nacionalistas. Lo que sí es, en cambio, deseable e incluso necesario es impedirles que se sirvan de su política lingüística como dispositivo para, con pretexto de promover su patrimonio lingüístico, agredir a las otras lenguas. Quiere decirse que es absolutamente inaceptable recurrir a la fuerza de la ley para imponer o vetar un comportamiento lingüístico. Lo optativo y lo promotor son las modalidades que deben privilegiarse en la difícil práctica de la integración lingüística que en nuestro caso debe favorecerse, aunque reitero una vez más no imponerse, tanto a los no catalanes en Cataluña, como a los no hispano-parlantes, en particular a los no europeos en el resto de España. Pues es inevitable que a éstos, en particular a los africanos no lingüísticamente integrados, se les confine en los niveles últimos de la escala laboral, es decir, se les destine a constituir un subproletariado oprimido y explotado.

En el número 9 de Manière de Voir de Le Monde Diplomatique, de febrero-marzo 2008, al que debe mucho esta reflexión, se subraya el empobrecimiento que supone la abrumadora primacía del inglés, que nos está convirtiendo a todos en colonizados lingüísticos e impidiendo no ya el multilingüismo, sino hasta el bilingüismo, tan justificado en España.

Porque no es discutible que el conocimiento de dos lenguas del universo lingüístico latino nos permitiría circular por él con seguridad y provecho a la par que confirmaría la potencia del espacio cultural con sus modos y sus usos. Pluralismo, pues, de las lenguas e integración lingüística, pero con diversidad cultural.

Congreso del PP vasco
Lo siento, pero yo discrepo
No se puede confundir radicalidad con defender abiertamente y de forma clara la Constitución Española, que es al final lo que defendemos los tildados ahora de “radicales”
Regina Otaola Libertad Digital 12 Julio 2008

Artículo publicado en Desde Lizarza, el blog de Regina Otaola en Libertad Digital

Hace un par de meses sostuve que la crisis del PP tenía que ver con las personas, la estrategia y los principios del partido, porque todos estos elementos son los que deben ser considerados cuando hablamos de la acción política de un partido. Todos estos elementos configuran el proyecto del partido. Y este proyecto ha de ser defendido con liderazgo.

Parto de la premisa de que un partido está formado por personas de diversa índole, capacidad, preparación, personalidad... unas más pragmáticas que otras, pero todas necesarias y válidas para que un partido siga adelante. Junto a las personas, lo importante es tener un proyecto que pueda defenderse abiertamente, sin complejos, llamando a las cosas por su nombre. El tono del mensaje puede ser más o menos brusco pero el fondo del proyecto ha de ser claro. Porque un proyecto que ilusione tiene que ser defendido con claridad, con convencimiento y coraje, que no es lo mismo que defenderlo con violencia verbal o física (o ambas).

Al respecto, si los que formamos el PP Vasco creemos en España, ¿por qué no aparece "España" en toda la Ponencia política? ¿Da vergüenza hablar de España como Nación o se omite para no disgustar a los nacionalistas? Ellos deben de estar encantados, desde luego, porque han conseguido que ya ni el PP se atreva a hablar de España con reconocimiento. Ya han ganado una de las últimas batallas que quedaban por librar en el País Vasco.

Por mi parte, no me hago siquiera a la idea de un PP diseñado de cara a la galería, a una galería poblada de extremistas nacionalistas y de izquierda, compañeros de viaje de un Partido Socialista excluyente y totalmente alejado de las demandas reales de los españoles.

Por lo mismo, me parece censurable la manera en la que se está echando o dejando en la cuneta a personas valiosas que han trabajado para que el PP llegara a donde ha llegado. Ni estas personas, con María a la cabeza, ni otros muchos que seguimos por ahora en el PP somos radicales, extremistas, duros o inmoderados.

Porque los extremistas no hacen bandera de la defensa de la Libertad, la Democracia y los derechos individuales a la vida, a la propiedad privada y a la libertad de expresión. Y tampoco debe ser entendido como radical el defender un País Vasco como parte de España, la derrota sin concesiones de los terroristas o la denuncia del "cordón sanitario" aplicado al PP por el resto de las fuerzas políticas de la mano de ETA (esto es lo que consagra tanto el Pacto del Tinell como el "proceso de paz").

Mantener estos principios hace del PP un partido auténticamente democrático, en el que los ciudadanos pueden confiar para encomendarle el Gobierno. De lo contrario, si esto es radicalidad, todo el PP hasta ahora ha sido radical, incluidos nuestros votantes, y sobre todo los 400.000 votantes más (respecto a 2004) que apostaron por el PP el 9-M. No se puede confundir radicalidad con defender abiertamente y de forma clara la Constitución Española, que es al final lo que defendemos los tildados ahora de "radicales".

Además, es incomprensible que se hable ahora de "nuevo PP", mientras en la práctica se cuenta con las personas de siempre, y que se pretenda una apertura del partido "al exterior" mientras a los de dentro se les cierra la puerta, sólo por el hecho de discrepar políticamente de la línea que se pretende imponer al partido. De la "no-línea", más bien, si nos atenemos a la ponencia política del PP Vasco.

Mantengo la opinión de que en democracia es bueno discrepar, porque ésa es la base en la que se sustenta el sistema como régimen plural de expresión y participación política. Como digo siempre, el pensamiento único no tiene cabida en una democracia, es la perversión misma de la Democracia. De forma que los discrepantes deberían concitar el respeto de los demás, por lo menos, y también la atención, en el caso que nos ocupa, de los que aspiran a ejercer el liderazgo de un partido como el PP Vasco.
Pero, sin embargo, ante los retos acuciantes a que nos enfrentamos en la hora actual, el PP Vasco sólo parece dispuesto a confundirse con el paisaje mientras espera a que la probable caída de Ibarretxe alumbre un "nuevo PNV", o por lo menos depare un escenario distinto en el País Vasco. La mejor traducción de esta actitud la representa el siguiente punto de su ponencia política:

En el Partido Popular establecemos el derecho de los vascos a seguir compartiendo la decisión, como ciudadanos iguales, con la convicción profunda de que la decisión compartida es siempre más rica y hace más fuertes a aquellos que participan de ella.

Así que, desde este mismo momento, al "derecho a decidir" del PNV de Ibarretxe, Urkullu y Egibar, y al "los vascos serán los que ellos decidan" de Eguiguren, López y Rodríguez Zapatero, el PP de Alonso, Barreda y Basagoiti piensa oponer "el derecho de los vascos a seguir compartiendo la decisión", porque "compartir nos hace fuertes". ¿Compartir el qué, con quiénes? ¿Compartir España con los vascos o "el derecho de decisión" con los españoles? Pues eso es lo triste: que no queda para nada claro. El círculo se cierra, y con nosotros dentro.
Regina Otaola es alcaldesa de Lizarza.

GLOBALIZACIÓN
Vidal Quadras, la economía de Rajoy y cómo ser la "leal oposición"

Eduardo Arroyo elsemanaldigital 12 Julio 2008

A este paso, ese pintoresco partido apellidado Popular acabará con mucha cifra, mucho buenismo y poca chicha ideológica. ¿Cómo les distinguiremos del PSOE?

"La democracia no es suficiente. Si la cultura muere, el país muere". La frase es de Pat J. Buchanan en su último y agónico libro –State of Emergency- sobre el fin de nuestra civilización por la invasión de pueblos del Tercer Mundo. Pero si la hubiera pronunciado el pescadero de su barrio, la secretaria de su gestoría o el ingeniero de la obra de su casa hubiera dado exactamente igual: resulta obvia para casi cualquiera, aunque no para todos.

Y es que el complejo de costumbres, esquemas mentales, hábitos de vida, actitudes ante los hechos fundamentales de lo humano, referencias históricas y, sobre todo, la conciencia de compartir unos referentes claros en cuanto a la procedencia de comunidades históricas del pasado y, así mismo, la conciencia de la vinculación al destino de esa misma comunidad histórica; en una palabra, lo que llamamos cultura, en su más amplio sentido, es lo que proporciona un sustrato, un contenido, al procedimiento formal de elección de dirigentes que llamamos democracia. Pero nunca al revés. Lo primero es anterior a lo segundo e invertir los términos conduce al absurdo más absoluto. Buchanan nos recuerda algo obvio porque vivimos en una época idólatra, en la que las palabras tabú parecen conjurar cualquier razonamiento. La necedad más primaria tiene posibilidades de ser aceptada, o cuando menos debatida, si es convenientemente aderezada con palabras-tótem como "democracia", "tolerancia", "diálogo" y similares, unas palabras ante las que nadie va a detenerse para comprobar qué significan realmente en el contexto exacto en que se utilizan.

Ahora resulta que para el PP, ese partido que lleva suplantando el ansia de comunidad, de pueblo y de seriedad en la política desde hace dos décadas, la ofensiva del PSOE sobre el triple eje de la eutanasia, el aborto y el voto inmigrante no son "problemas reales". Los auténticos problemas son los económicos, para los que recomiendan la sempiterna –e ineficaz- cantinela liberal de "austeridad", "reformas estructurales" y "liberalización del mercado de trabajo". Si no fuera porque uno se resiste a creer que los dos millares de personas que deben formar la dirigencia del PP, la mayoría profesionales aventajados con titulación superior, no entienden absolutamente nada, muchos no creeríamos que no pudiera deducirse de la realidad empírica semejante conclusión.

Según informó El Semanal Digital, ante las punzantes intervenciones de Alejo Vidal Cuadras en el primer Comité Ejecutivo tras el XVI Congreso del PP, la respuesta de Rajoy es que el PP tiene que centrarse hoy en los problemas reales, es decir, en la crisis económica, y no en debates que dividen a los españoles y sobre los que no hay ni siquiera iniciativas concretas.

Incapaces de distinguir de la planificación estratégica la lucha por los contenidos, califican de "problemas reales" solo a los económicos porque son incapaces de comprender que lo que el PSOE pretende es un cambio en las mentalidades, en el que se acepte una visión sobre la vida humana sin disidencias. El aborto, como estrategia de genocidio prospectivo sobre las generaciones futuras, la eutanasia, como devaluación de la vida hasta el relativismo y la dependencia del criterio individual o del capricho, y el voto inmigrante como manera de vaciar la nacionalidad de su contenido hasta equipararla a la residencia por cuestiones laborales, todo ello se sitúa en la línea de la disolución física del pueblo español.

Además, aborto y voto inmigrante favorecen la estrategia del capital global, que induce crecimientos demográficos negativos para sustituir las poblaciones autóctonas por mano de obra inmigrante carente de derechos. Al margen de consideraciones morales de enorme valor, la combinación de aborto masivo e inmigración constituye un formidable ataque a los derechos conquistados por las generaciones que nos precedieron y se perfila como la puntilla final sobre el tan cacareado "Estado de Bienestar". Por supuesto, nada de esto es de extrañar, precisamente por provenir de un partido como el PSOE, que ha sido siempre el partido de la plutocracia. Para ellos, a fin de que el pueblo español acepte su destrucción a medio plazo sin rechistar, es necesario un cambio en las mentalidades que disfrace de "derechos" y "libertades" lo que no es sino nuestro propio sepelio como pueblo. Esto es lo que, en el fondo, ocultan las irresponsables pero siniestras palabras de Zapatero de que su gobierno está "más allá de la alternancia".

En esta tesitura el PP considera que "el filón" está en la crisis económica. Incapaz de dar la batalla por los contenidos –una batalla que demandan millones-, por miedo a que no le sitúen en un centro construido a la medida de la izquierda, yerra en creer que su receta liberal es la salvación ante el tsunami que se avecina. Puede que al final muchos españoles voten al PP porque no hay otra cosa, pero el caso es que también en lo económico PP y PSOE coinciden en el principal error que subyace a la presente crisis: ambos toleran un Banco Central Europeo regido por un ignorante que cree que la manera de que ningún precio suba consiste en subir el costo que está en todas partes - el tipo de interés –, algo que, para más INRI, depende de una decisión exclusivamente voluntarista. Las medidas de Trichet, cuyo curioso efecto consiste en llenar aún más los bolsillos de los hiper-ricos a costa de las clases trabajadoras, no son cuestionadas absolutamente por nadie, de manera que el pueblo español se debate entre una izquierda que planea el genocidio sibilino del pueblo y una derecha que propone soluciones tan ineficaces y ridículas que lo único coherente que puede verse en ellas es que con su inoperancia favorecen las intenciones de aquellos a quienes pretende combatir.

Por fortuna es que cada vez mayor la separación que se abre entre los políticos de uno y otro bando y las fuerzas sanas del pueblo que creen en el futuro de España, en la decencia y en defender la vida de los que están por venir. Esa masa no es, como creen los estrategas de la ambición "centrista", un montón de marginales de los que pueden prescindir numéricamente en sus sesudos y siempre errados cálculos. Se trata más bien de la única fracción del pueblo sobre la que puede reconstruirse una vida civilizada y humana. Es muy posible que colaborar con el PP que llega sea cada vez más claramente luchar por la destrucción de nuestro pueblo, algo por cuyo futuro todos tenemos un deber.

El congreso y los símbolos
JAVIER ZARZALEJOS El Correo 12 Julio 2008

El congreso del Partido Popular del País Vasco no es una convención política al uso. Cualquiera que sea el volumen de la discusión interna, nada tendrá que ver con lo visto en Barcelona una semana antes. En el cómputo de escaños a nivel nacional, los que la comunidad autónoma pueda aportar el PP, en la mejor de las hipótesis, nunca han sido ni serán determinantes para ganar unas elecciones generales si se comparan con el peso electoral de Andalucía, Cataluña y Madrid.

A estas alturas, tampoco reviste excesivo interés saber si la ponencia política mencionará expresamente al PNV y si describirá la actitud de éste partido frente a ETA como legitimadora, obstruccionista, equívoca, reticente, ambigua, reservona o todavía insuficiente, por ir de más a menos. El margen para la renovación generacional -si es que de eso se trata- es también limitado en un partido al que el terrorismo ha querido exterminar, haciendo imposible con su amenaza permanente un crecimiento orgánico acorde con su respaldo electoral. El PP vasco es el resultado superviviente de un grupo de personas batidas en la militancia desde su primera juventud, generacionalmente muy compacto que ha compartido una misma experiencia tantas veces dramática.

De modo que si las líneas que suelen marcar la atención en estos acontecimientos apenas son aplicables al caso del PP vasco, el interés -y la dificultad- de este congreso radica en que un partido que desde su refundación ha protagonizado una parte esencial del relato democrático se las tiene que ver con sus propios símbolos, tiene que esclarecer su significado al día de hoy y debe actualizar su vigencia.

Esas referencias simbólicas en el PP vasco son muchas y entre ellas figura María San Gil, no tanto porque su vida haya corrido más o menos riesgo que la de otros militantes y cargos públicos de su partido, sino porque asumió mayor responsabilidad que otros cumpliéndola con largueza en dedicación y esfuerzo. María San Gil ha sido una elocuente metáfora del PP. Se la ha visto como testigo de cargo contra el asesino de Gregorio Ordóñez, y ninguneada por el secretario general de los socialistas vascos cuando éste dispensaba sonrisas de complicidad y buen rollo a las representantes de EHAK; haciendo campaña 'de calle' en las elecciones autonómicas de 2005 y acosada por unos energúmenos en la Universidad de Santiago que gritaban su muerte mientras ella hacia campaña para su partido. Pero es verdad, María San Gil no ha sido una excepción. No lo habría podido ser aunque hubiera querido. Es precisamente porque actitudes como las de la presidenta dimisionaria del PP vasco han caracterizado a todo un partido, a sus militantes y cargos públicos, por lo que la lógica cínica del 'jarrón chino' no funciona en este caso. Como, por otra parte, no es fácil ver en Antonio Basagoiti, en Leopoldo Barreda o en Laura Garrido a políticos de compromiso débil, el mensaje que haya de salir del Congreso parece que habrá de matizarse por encima de la media de los titulares estereotipados.

Cuando se recuerda el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, el congreso del Partido Popular inicia una delicada inmersión en el acervo de significados que están en su identidad. Señas de identidad que, sobre todo, forman parte de una cultura cívica construida en la reivindicación de la libertad, de la Constitución y de la nación cívica -España- frente al nacionalismo étnico y su expresión criminal -el terrorismo de ETA- y frente a la deslegitimación de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. Esta reivindicación se proyectó en amplios sectores de la sociedad vasca al margen de lealtades partidistas y muchos ciudadanos dieron el paso de disputar eficazmente la presencia hegemónica del nacionalismo en el espacio público. Una acción política alentada por estos principios permitió romper el mito de la imbatibilidad de ETA en una sociedad saturada de mensajes resignados que le hablaban de la infinita capacidad de regeneración de los terroristas y puso por primera vez sobre la mesa el objetivo de promover la alternativa al nacionalismo mediante la sustitución democrática de éste.

No estamos en 2004, ni en 1996 ni en 2001. Claro que no. Y ése es precisamente el desafío que tiene que afrontar el Partido Popular: que han pasado los años, las cosas son distintas pero todavía hay que darle vueltas a la manera de conseguir que los terroristas sean expulsados -de nuevo- de los ayuntamientos. Hay que decir que la palabra 'derrota' aplicada al futuro de ETA no es un tabú. Y hay que responder a las nuevas vueltas de tuerca de una política lingüística dispuesta a recurrir a la coacción para esconder su fracaso. El lehendakari se declara decidido a consumar su voluntad de ruptura con la sociedad y con la Constitución, mientras quedan placas dedicadas a criminales pendientes de desaparecer de las calles. Todavía hay que recordar que la negociación política con los terroristas es un costoso error y que el nacionalismo no tiene por qué ser el ingrediente esencial de cualquier fórmula de gobierno que en el futuro pueda articularse.

La política vasca no es cíclica. Tiende a ser circular. Por eso el futuro para la sociedad vasca suele ser el lugar donde el pasado espera emboscado. Esa condición hace del futuro un concepto político extremadamente complicado de manejar. Por ejemplo, Rodríguez Zapatero hace cuatro años declaraba que el plan Ibarretxe se correspondía con «una etapa ya superada». El PP -al que todavía se le pretende escatimar su carácter democrático- sabe por experiencia que no encontraría la misma benevolencia que Rodríguez Zapatero si incurriera en parecidos errores de apreciación ya sea sobre el futuro, ya sobre el pasado.

LAS VÍCTIMAS CLAMAN CONTRA EL "CALLEJERO ETARRA"
Las víctimas exigen al Gobierno y a los partidos que "actúen" contra el "callejero etarra"
La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundúa, exigió este viernes que el Gobierno y los partidos "actúen" para eliminar los nombres de los etarras de las calles. Advirtió que "la pelota está en su alero" para acabar con la "situación vergonzosa y humillante" y con "tantos años de despiste" con respecto a la "impunidad ambiental" que se sigue dando en la comunidad vasca.
Agencias Libertad Digital 12 Julio 2008

La responsable de esta Fundación consideró que la sentencia de la Audiencia Nacional es "muy frustrante" y calificó de "escandaloso y humillante" la existencia de placas y elementos de homenaje a terroristas en el País Vasco. No obstante, dijo que "no se puede pedir a las leyes lo que no está en ellas".

Sin embargo, sí consideró que esta situación tiene que hacer reflexionar a todos sobre "tantos años de despiste con respecto a la impunidad ambiental que se sigue dando en el País Vasco". "Esto de las calles es una anécdota más, pero hay muchas otras cosas que se refieren al mismo tipo de impunidad ambiental que hace que las víctimas que siguen viviendo en el País Vasco tengan una situación especialmente dolorosa", argumentó.

Por ello, reclamó que los poderes "institucionales y públicos", el Gobierno y los representantes políticos" actúen contra esta situación "vergonzosa y humillante" y no sólo se limiten a emitir "palabras o comunicados", sino que hagan "todo lo que sea necesario" y "de verdad desarrollen las acciones oportunas para que en muy poco tiempo nada de estos sea ya una realidad, que pase al pasado".

"¡Vergüenza nos debería dar a todos!"
Pagazaurtundúa recordó que esta situación se ha conocido porque la asociación "Dignidad y Justicia" se ha empeñado en denunciarlo. "Y todavía hay quien les critica y dicen que no han utilizado la vía correcta", reprochó la presidenta de la Fundación de Víctimas, quien exclamó: "¡Vergüenza nos debería de dar a todos el que esto haya estado pasando hasta ahora y nadie se preocupase de verdad de quitar todas esas placas!".

En cuanto a la fórmula legislativa que se debería utilizar para acabar con esta situación, afirmó que "desde el punto de vista técnico" no sabe cuál es el "paso más oportuno". "No se si el ámbito es la Ley de Víctimas o debería ser cualquier otro código, supongo que esto es una cuestión técnica", precisó.

En cualquier caso, insistió en lo que "sí hay es un objetivo que debemos conseguir y que en ese objetivo, más allá de ese primer impulso que ha realizado la asociación 'Dignidad y Justicia', que me parece muy encomiable, es el momento de los representantes políticos y de las administraciones". "Ellos tienen que terminar resolviendo esto. La pelota está en su alero", sentenció.

Tremendo que PNV, EA e IU lo vean normal
Maite Pagaza también criticó la actitud de algunas fuerzas políticas la comunidad vasca. Afirmó, en este sentido que, aunque mantener las placas con los nombres de etarras en las calles "no es delito", sí es "tremendo" que los "líderes del PNV, EA e IU vean como normal que en algunos municipios esto siga pasando".

En este sentido, opinó que en la sociedad vasca existe una "anormalidad palpable" a la que "hay que hacer frente". "No es sólo hacer frente al terrorismo", matizó, sino que "hay que hacer frente a toda una cultura en la que hay tanta gente ciega por conveniencia, por cobardía, por falta de sentido de la responsabilidad.

Añadió que se debería "afear" la conducta "desde el punto de vista social y político" de todos aquellos que "no han hecho nada" para que desaparezcan las placas con nombres etarras.

Educación
Seis nuevos autos judiciales apoyan la objeción a la clase de Ciudadanía
Desde final de curso se han unido 3.000 nuevos opositores y ya rozan los 44.000
Una alumna de Huesca y otros cinco estudiantes de La Rioja no cursarán, de momento, la polémica asignatura.
J. V. Echagüe  La Razón 12 Julio 2008

MADRID- Seis nuevas objeciones avaladas ayer por los tribunales, casi 44.000 repartidas por las 17 comunidades autónomas y una avalancha que aún está por llegar. Ése, al menos, es el panorama que vislumbra la plataforma Profesionales por la Ética en torno a Educación para la Ciudadanía (EpC). En concreto, Leonor Tamayo, la coordinadora de campaña de objeción de conciencia a la polémica asignatura promovida por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, estima que «a lo largo del mes de julio, y especialmente en septiembre, coincidiendo con el principio de curso, se producirá una auténtica explosión» de objeciones.

Además, recuerda que «hasta ahora EpC sólo se ha implantado en siete comunidades autónomas»: Andalucía, Asturias, Aragón, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Navarra. Con todo, los opositores se reparten por toda la Península.

Medidas provisionales
Así, Profesionales por la Ética informó ayer de que el Juzgado Contencioso-Administrativo de Huesca accedió a la petición de unos padres que solicitaban la no asistencia de su hija, alumna de 3º de ESO. La plataforma sostiene que está a la espera de que el juzgado dicte sentencia firme, por lo que «la medida es provisional». Sin embargo, afirma también que la resolución «está jurídicamente argumentada», pues se fundamenta en que los contenidos de EpC «afectan al modo en que los progenitores tienen derecho a educar a sus hijos, según señala el artículo 27.3 de la Constitución Española».

También ayer se hicieron públicos cinco autos del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que, como ocurre con el anterior, permiten a otros tantos alumnos no asistir a clase hasta que se dicte sentencia. Apunta Profesionales por la Ética que, pese a que los alumnos quedan exentos de ser evaluados, «ello no puede tener consecuencia alguna a la hora de promocionar de curso y obtener los títulos académicos correspondientes».

Precisamente La Rioja y Huesca fueron esta semana escenario de nuevas objeciones avaladas por autos judiciales. El pasado miércoles, en la comunidad riojana se dictó una sentencia del Tribunal Superior de La Rioja reconociendo el derecho de unos padres a la objeción.

Las plataformas contrarias a la asignatura no esconden su satisfacción por los últimos resultados. Si a 24 de junio el número de objeciones era de 41.107, a fecha de ayer ascendía a 43.949. Eso significa que apenas dos semanas después de la finalización del curso escolar, casi 3.000 opositores han mostrado su rechazo frontal a EpC.

El V Congreso de la Lengua celebrará a Neruda y Mistral
Los poetas chilenos, protagonistas de la cita de Valparaíso en marzo de 2010
MANUEL DÉLANO - Santiago El País 12 Julio 2008

Los poetas chilenos Pablo Neruda y Gabriela Mistral, ambos ganadores del Premio Nobel de Literatura, serán los grandes homenajeados en el V Congreso Internacional de la Lengua Española, que se realizará entre el 2 y el 6 de marzo de 2010 en Valparaíso, según se dio a conocer ayer en una ceremonia en La Moneda que encabezó la presidenta Michelle Bachelet, y a la que asistieron los directores del Instituto Cervantes y la Real Academia Española (RAE), y la ministra de Cultura chilena, Paulina Urrutia.

El Congreso será una de las actividades centrales de la celebración del bicentenario de la independencia chilena y el punto de partida a esta conmemoración en otros seis países de América Latina. Asistirán unos 200 invitados para debatir sobre la situación y los retos de este idioma, y su lema será América en lengua española. El Congreso será inaugurado por el rey Juan Carlos de Borbón y por Bachelet, y en él intervendrán tres escritores: uno chileno, otro español y el peruano nacionalizado español Mario Vargas Llosa, en representación de los del resto de este continente.

Existe una "conciencia cada vez mayor de que la lengua es un patrimonio del pueblo", señaló Víctor García de la Concha, director de la RAE. Para la directora del Instituto Cervantes, Carmen Caffarel, el español es la lengua de 22 países, y "ya somos el segundo idioma de comunicación internacional".

Durante el Congreso se presentarán ediciones populares masivas de Neruda y Mistral, que prepararán la RAE y la Asociación de Lenguas de la Academia Española. También se rendirán homenajes a Andrés Bello, coincidiendo con una nueva edición de Ortografía académica, preparada por las veintidós Academias de la Lengua, y a los poetas chilenos Gonzalo Rojas y Nicanor Parra.

La cita se estructurará en cuatro paneles, en los que se examinará la proyección internacional de la lengua española, su contribución a la economía y el empleo, la educación intercultural bilingüe, y la creación literaria y los nuevos soportes digitales.

Los congresos de esta lengua que hablan 450 millones de personas se celebran cada tres años, el anterior fue en Cartagena de Indias, Colombia.

Los problemas de los inmigrantes
La Generalitat segregará a los inmigrantes en centros especiales
Una comisión decidirá qué menores salen indefinidamente del sistema escolar
SEBASTIÁN TOBARRA - Barcelona El País 12 Julio 2008

Después de meses de estudiarlo, la Generalitat de Cataluña ha decidido poner en marcha a partir de septiembre centros especiales para alumnos inmigrantes fuera de la red escolar. En la práctica, la medida afectará mayoritariamente a aquellos alumnos procedentes de la inmigración pobre: Magreb, África subsahariana y países del este de Europa más deprimidos. Los alumnos que lleguen procedentes de la UE no se verán segregados en estos centros, que quedarán fuera del sistema educativo.

La medida está prevista para aquellos alumnos que lleguen con el curso empezado y arrancará de forma experimental en cuatro centros, tres de ellos en la ciudad de Reus (Tarragona) y uno en Vic (Barcelona), anunció ayer la Generalitat. Tras su paso por los centros segregados, pasarán a la red escolar.

La decisión desafía una práctica educativa basada en la integración en las aulas escolares, con un refuerzo adicional para los alumnos con gran desnivel lingüístico y educativo. Y ha desatado las críticas de numerosos colectivos de inmigrantes.

La Generalitat se propone que "conozcan" las características sociales y culturales del país, se promueva su integración social y empiecen a tener un conocimiento suficiente de la lengua catalana y castellana, según el Departamento de Educación. La Asociación de Trabajadores Paquistaníes en Cataluña, las Asociaciones Ecuatorianas en Cataluña y la Asociación Catalana de Residentes Senegaleses, así como SOS Racismo, han criticado la medida.

Estos centros para inmigrantes acogerán a estudiantes de entre 8 y 18 años, estarán abiertos todo el año y no tendrán un tiempo de duración definido, según afirmó ayer el consejero de Educación, el socialista Ernest Maragall.

El objetivo es que, como máximo, los alumnos lleguen a estar en ellos un curso, aunque se pretende acortar al mínimo su estancia, recalcó el consejero. La decisión final de quién irá a estos espacios para inmigrantes la tomarán las oficinas de escolarización, integradas por los ayuntamientos y la Generalitat. Los centros han sido bautizados oficialmente con el nombre eufemístico de Espacios de Bienvenida Educativa.

Aunque la Generalitat asegura que la nacionalidad no será el elemento decisorio para ir a estos centros, el perfil de los alumnos candidatos para ir a ellas corresponde a culturas distintas a la europea. Los procedentes de "entornos similares", es decir, países europeos, no irán a estos centros, según la Generalitat.

Estos espacios para inmigrantes no serán centros educativos, aunque impartirán cuatro horas diarias de actividades de conocimiento del entorno social, la realidad del sistema educativo catalán y las características sociales y culturales del municipio en el que viven los alumnos y sus familias, señala la Consejería de Educación.

Se busca que estos centros sean una extensión de los llamados planes educativos del entorno, que ya funcionan para facilitar la integración de los extranjeros con sus ciudades. Se pretende que cada espacio para inmigrantes acoja a entre 15 o 20 alumnos. Los centros serán "un beneficio para los que llegan y para el resto de alumnos y docentes", dijo Maragall. Aun así, numerosas entidades de inmigrantes se mostraron en contra de la medida cuando se anunció hace seis meses.

La elección de los alumnos que vayan transitoriamente a estos centros es clave. Las oficinas de escolarización entrevistarán a las familias. Se les dará información sobre el sistema educativo y el entorno en el que viven tras su llegada a la ciudad que hayan elegido para vivir. Los alumnos que no requieran ir a estos espacios pero que desconozcan la lengua seguirán acudiendo a las aulas de acogida actuales, que están ubicadas en los propios centros educativos. El curso que viene se abrirán 60 nuevas aulas de acogida en los centros, dijo Maragall.

El Departamento de Educación dice que los niños de menos de ocho años no necesitarán en principio ir a los Espacios de Bienvenida y podrán incorporarse directamente a los centros.

Reus y Vic tienen tasas de alumnos inmigrantes que rondan el 20%. En Reus, el 6% de la población es de origen africano. En esta ciudad se abrirán tres de estos centros. Estarán en espacios cercanos a la escuela Doctor Alberich i Casas, al instituto Gabriel Ferrater i Soler y al Colegio La Salle. En Vic, donde el 14% de la población es de origen africano, el centro estará ubicado en el antiguo edificio de la Casa de la Caridad.

Los alcaldes de Reus, Lluís Miquel Pérez (PSC), y de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal (CiU), defendieron ayer la creación de estos centros en sus ciudades. "Tenemos carencias para los recién llegados y estos centros nos dan herramientas para trabajar mejor", dijo Vila d'Abadal. "Todos éramos conscientes de que había que hacer algo por el goteo constante en las aulas de recién llegados que distorsionan el ritmo de trabajo de las aulas", dijo Pérez.
Espacios especiales para inmigrantes

- La Generalitat denomina a los centros especiales para inmigrantes "Espacios de Bienvenida Educativa".- Están destinados a alumnos recién llegados con edades comprendidas entre 8 y 18 años.- Habrá programas de acceso al mundo laboral para los jóvenes que tengan entre 16 y 18 años.- La Generalitat afirma que quiere facilitar la incorporación de los alumnos al sistema educativo con plenas garantías.- Oficialmente servirán para detectar las necesidades de los recién llegados tanto físicas como afectivas y psicológicas y darles a conocer el entorno en el que viven.- El Ejecutivo catalán sostiene que quiere fomentar la lengua catalana y familiarizarles con la realidad cultural a través de talleres educativos, culturales y deportivos.

«No asumimos quedar en tablas con los asesinos»
EL DIARIO VASCO  12 Julio 2008

Irene Villa y su madre recibieron el Premio de la Fundación Miguel Ángel Blanco en el aniversario del asesinato del edil. «Cuando se habló de que no habría vencedores y vencidos me resultó más doloroso que cuando a mí madre y a mí nos arrancaron parte del cuerpo», declaró la joven en referencia al último proceso de negociación con ETA.

Emocionadas y entre un gran aplauso, Irene Villa y su madre, María Jesús González, recogieron en Madrid el XI Premio a la Convivencia de la Fundación Miguel Ángel Blanco.

Su resistencia cívica y el compromiso con las víctimas les han hecho merecedoras de este premio que anualmente reconoce la labor de quienes luchan en defensa de las víctimas del terrorismo y a su vez homenajea al concejal de Ermua asesinado tal día como ayer hace once años.

Irene Villa y su madre vivieron en sus propias carnes el horror de ETA. Fue en 1991, cuando un coche bomba estalló a su paso y les arrebató sus extremidades. Las lesiones, aún visibles, no impidieron que madre e hija echaran mano del coraje que les caracteriza para superar la desgracia. Pero hay una cosa que aún no han superado: que les pararan por la calle para decirles que no querían la paz, que estaban politizadas.

Las críticas a la política antiterrorista llevada a cabo por el Gobierno socialista, tras el anuncio del «alto el fuego permanente» por parte de ETA en marzo de 2006, no se hicieron esperar. «No asumimos quedar en tablas con los asesinos», sentenció la joven. «Cuando se habló de que no habría vencedores y vencidos me resultó más doloroso que cuando a mí madre y a mí nos arrancaron parte del cuerpo», declaró.

El aplauso de los asistentes, entre los que se encontraban familiares y víctimas del terrorismo interrumpió en varias ocasiones su discurso. Irene les respondió dándoles las gracias «por seguir ahí» y «por aguantar» comentarios «injustos» y «absurdos», silencios «incomprensibles» y agravios «indebidos».

La joven, que ha sido durante años delegada por Madrid de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, alabó el mensaje «de no venganza, de memoria, dignidad y justicia» de las víctimas después de «haber tenido que soportar» lo que jamás creían que tendrían que escuchar.
Curarse las heridas

Tras estas sentidas declaraciones, su madre recogió el relevo. María Jesús González, vicepresidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, describió como «un bálsamo» para sus «heridas» el galardón que recibió de manos de la hermana de Miguel Ángel Blanco y presidenta de la fundación que lleva su nombre.

Al igual que su hija, María Jesús dedicó parte de su discurso al Ejecutivo de Zapatero. «Triste y herida» son las palabras de las que se sirvió para describir su estado de ánimo cuando conoció la decisión del Gobierno de romper el Pacto Antiterrorista, de «negociar con los asesinos y dejar sin voz a las víctimas».

Precisamente, fueron todas las víctimas del terrorismo las verdaderas homenajeadas en el día de ayer. Por ello, María del Mar Blanco tomó la palabra para recordar que las víctimas «no hemos cambiado, seguimos pensando lo mismo» y definió a las galardonadas como «ejemplos de esperanza y fortaleza». Alabanzas a las que se sumaron las de Esperanza Aguirre, quien calificó a Irene Villa y su madre como «entrañables mujeres, que encarnan la infinita distancia moral que separa a los terroristas de las víctimas».
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