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Recortes de Prensa    Martes 15 Julio 2008

Los nacionalismos y el Euribor
Los nacionalismos y el Euribor
VALENTÍ PUIG ABC 15 Julio 2008

EL genio de la lámpara ha ido desdibujándose en el aire al trasbordar CiU del autonomismo «de facto» al soberanismo de intención. Sintieron la tentación de ser más nacionalistas que ERC y han desperdiciado centralidad. Sus votantes no están por el secesionismo, como dicen una y otra vez las encuestas. Tal vez Pujol fue capaz de decir una cosa en Madrid y hacer otra en Barcelona, de lanzar mensajes que satisfacían la sentimentalidad del catalanismo, al votante más o menos de centro-derecha y a los empresarios, pero sus sucesores tienen dificultades patentes tanto de dicción como de semántica. En plena crisis económica, los diputados de CiU van a verse votando los Presupuestos Generales del mismo Zapatero, que tan ahorrativo fue con la verdad en sus charlas monclovitas con Artur Mas sobre el nuevo Estatuto catalán.

No está de más recordar que en los pactos del Majestic entre PP y CiU los pujolistas se comprometían a no pedir ni la reforma estatutaria. A cambio, no faltó un «quid pro quo», ni la adhesión catalanista al proceso de convergencia económica en el euro. Ahora es distinto: se trata de atarse al palo mayor con Zapatero para pasar el cabo de las tormentas recesionarias. Lo hicieron en los peores momentos del felipismo, también con Solbes. Pero en aquel momento tenían el poder en la Generalitat y consideraban a los de ERC poco menos que como los gamberros del pueblo que al pasarse de copas invocaban una Cataluña independiente. CiU amamantó a una ERC que se le fue al tripartito. Así abandonaron la vía autonomista, el mapa de ruta de Roca, y pidieron el derecho de autodeterminación. Ahora CiU constata que ni un 30 por ciento de sus votantes está por la independencia de Cataluña. A este paso, el PSC-PSOE convoca elecciones anticipadas y gana, ya sea con Montilla o con Carmen Chacón. El autonomismo da nostalgia, como los pactos del Majestic o las tentativas de aproximación entre Maura y Cambó, pero el genio soberanista ya se salió de la lámpara. Fundamentalmente, lo que inquieta a la ciudadanía catalana es la economía y en eso, al menos aparentemente, hay poca consanguinidad con el zapaterismo. No es lo mismo un Solbes con Felipe González que un Solbes con Miguel Sebastián.

También para el PNV las hipotecas son cada vez más caras. Sólo un 22 por ciento de la sociedad vasca da su apoyo a una iniciativa de secesión. Mientras tanto, el PSOE avanza electoralmente y pudiera ser el partido con más escaños en las elecciones autonómicas. El plan Ibarretxe es un fiasco que, hoy por hoy, no podría rebañar aquellos votos que fecunda el victimismo nacionalista. Al apartarse, aunque tarde, de su estrategia de negociación con ETA, Zapatero sacó más beneficio político del que seguramente esperaba. No hubo castigo, sino recompensa. En cambio, un 51 por ciento del electorado vasco desea un cambio de lendakari. El autonomismo desapareció de los horizontes del PNV hace ya tiempo y no tan sólo como decorado de opereta con indianos nostálgicos. Dada la abrupta historia del PNV, poco destacaría un episodio como el del liderato confusionista de Ibarretxe si no fuera porque ha dividido al máximo la sociedad vasca y por la línea de puntos que marca fronteras entre el terreno todavía practicable y el camino sin retorno. Encuestas en mano, la incógnita esencial está en si Zapatero querrá pactar con el PNV o con el PP.

En el nacionalismo tanto vasco como catalán persiste la ambivalencia de referirse a los «lander» alemanes cuando conviene el autonomismo y a Québec cuando lo que toca es el soberanismo. Con los «lander» hemos topado. En realidad, el hecho federal en la Alemania Occidental no proviene de una voluntad soberana, sino de las condiciones que impuso Francia cuando los Estados Unidos y el Reino Unido decidieron que rehacer Alemania era imprescindible para atajar la amenaza soviética en los inicios de la guerra fría. La España de las autonomías es algo muy distinto y procede de un venturoso pacto constitucional. Cierto que ya entonces hubo quien asomó con gestualidad soberanista. Ahora también, pero por lo visto son gestos que de cada vez retraen más al elector.
vpuig@abc.es

Las reflexiones de un asociado:
Asociación Tolerancia 15 Julio 2008

A pesar de haber solicitado la enseñanza inicial en una de las lenguas en teoría co-oficiales en Cataluña para nuestro hijo (me refiero sólo en 1º y 2º de primaria ya que a partir de 3º la ley no lo permite y tenemos que conformarnos con las 2 horas semanales de castellano ... y basta) tampoco podremos ejercer ese mínimo derecho ya que, como ocurrió el año pasado, los libros de texto de 2º son exclusivamente en catalán y no existe una versión igual en castellano.

Acabo de escuchar a Fernando Savater por la tele y ha dicho una frase que me gustaría compartir con todos, especialmente con los que me hayan puesto la etiqueta de que soy un enemigo de Cataluña o del catalán.

"Las lenguas tienen dos verdaderos enemigos. Los que las prohíben ...... y los que las imponen"

Los rectores y el acoso al español
ABC 15 Julio 2008

MADRID. Rectores de universidades públicas y privadas denuncian el deterioro que el español sufre en las aulas, sobre todo en las comunidades con lengua propia, al tiempo que alertan del riesgo que puede suponer para la movilidad de alumnos y profesores.

Carlos Berzosa
Rector de la Universidad Complutense
«Supongo que si las autoridades catalanas, vascas o gallegas ven que el requisito de conocer sus lenguas respectivas presenta inconvenientes para la movilidad de alumnos y profesores, ellas serán las primeras interesadas en evitar que esto suceda. Lo contrario me parecería sorprendente».
«El Manifiesto ha sido promovido por personalidades relevantes y la lengua es un tema sensible, por lo que no me extraña el eco que ha tenido. Me parece lógico que se debata sobre este asunto, lo que no vería bien es que se convirtiese en un elemento más al servicio de la crispación».

Pedro González Trevijano
Rector de la U. Rey Juan Carlos
«Los contenidos del Manifiesto me parecen razonables y pertinentes en el bien entendido sentido de que efectivamente el castellano no necesita que nadie le defienda, porque se defiende muy bien él solo».
«Es cierto que se está experimentando un deterioro del español en la Universidad desde dos planos. En general, es por culpa del déficit de formación en lengua española y gramática que afecta inexorablemente a la capacidad de expresión de los estudiantes. Más en particular, en las comunidades en las que se ha realizado un proceso de inmersión lingüística, en un claro ninguneo de las leyes, se experimenta un doble déficit: aprender mal la lengua de la comunidad y peor el castellano».

Marceliano Arranz
Rector de la U. Pontificia de Salamanca
«Nadie puede entender que alguien pueda prohibirles a unos padres decidir en qué lengua prefieren que sean educados sus hijos. Ningún poder tiene la potestad de coartar esa libertad. Más que amenazado, parece que hay personas con ganas de amenazar al español, sobre todo políticos». «Desgraciadamente, cada vez hay menos dominio de la lengua española».

Fernando Fernández
Rector de la Universidad A. de Nebrija
«Es un manifiesto necesario y oportuno al que me adhiero plenamente». «El problema no es que el español esté amenazado. Es un activo tan poderoso, un patrimonio tan valioso que apenas sufrirá. Lo que está amenazado, lo que está siendo pisoteado, es el derecho de los españoles a utilizar su idioma en su país. Y el precepto constitucional que establece el derecho a usar el español en cualquier circunstancia, incluida la escolarización y en la relación con la administración autonómica».
«Hay regiones que se han aislado completamente del sistema universitario español. No hay intercambio de alumnos ni de profesores. La Nebrija tiene casi un 50 por ciento de alumnos de fuera de Madrid, pero hay comunidades de las que apenas tenemos alguno. Ese parcelamiento del sistema es un empobrecimiento cultural, académico y económico».

Josep Joan Moreso
Rector de la U. Pompeu Fabra
«Me parece un Manifiesto que parte de una premisa aceptable, la que sostiene que una lengua común es una condición para un espacio democrático común, para llegar a conclusiones, en mi opinión, injustificadas. Me refiero a una de ellas. Para que la lengua española sea una lengua común, no hace falta que en toda España todos los ciudadanos tengan el derecho a que sus hijos reciban su educación primordialmente en lengua castellana».
«El modelo de escuela integrada propone como objetivo que los niños sean competentes en ambas lenguas [castellano y catalán]. Y ese es el modelo vigente en Cataluña».

Alfonso Bullón de Mendoza
Rector de la Universidad San Pablo CEU
«El español goza de una excelente salud en el mundo y seguirá siendo así. En cambio, sí que existe un problema en ciertas comunidades autónomas. Hablas con gente, no necesariamente muy joven, personas de 30 años, y compruebas que tienen serios problemas para entenderles bien. Cometen errores gravísimos de sintaxis, de gramática».
«Y esta es una cuestión que se agrava entre los más jóvenes. Incluso en zona de castellano parlantes, como Madrid, se aprecia un nivel muy bajo de los estudiantes en lengua, gente que llega a la Universidad con muchas faltas de ortografía y con serias dificultades para leer y escribir, para comprender lo que leen».

José Ángel Hermida
Rector de la U. de León
«A pesar de que la Constitución española dice que nadie puede estar discriminado por hablar el castellano, en algunas comunidades autónomas esta situación se puede dar».
«En cualquier caso, si uno habla inglés y español puede comunicarse tranquilamente con las tres cuartas partes del mundo».

Lluís Ferrer
Rector de la U. Autónoma de Barcelona
«No sé de dónde procede esta jerarquía de lenguas de "primera" y de "segunda" y creo que el Manifiesto contiene una grave contradicción al decir que las lenguas no deben imponerse coactivamente cuando, en esencia, es ésto lo que propone el documento a favor de la lengua castellana, cercenando derechos a los que tenemos otra lengua materna (catalán en mi caso)».

Alfonso Murillo Villar
Rector de la Universidad de Burgos
«El Manifiesto merece todo mi respeto y consideración; es más, comparto sus premisas, si bien parece excesivo afirmar que se trata de una inquietud estrictamente política, pues ello favorece que muchas personas prefieran posicionarse en contra. Aún no me he adherido al Manifiesto pero medito hacerlo en breve». «Más que falta de nivel lo que se observa es el manejo, especialmente en el lenguaje escrito, de una nueva forma de escribir muy influenciada por el lenguaje del SMS, tendente a prescindir de las vocales, uso de palabras entrecortadas, etc., que si bien entre la juventud es su "jerga" habitual para comunicarse, son pocos los que lo plasman en trabajos o en exámenes. Saben que la exigencia en la Universidad está por encima de ese tipo de lenguaje y que jamás podrán superar una prueba académica así».

Adelaida de la Calle
Rectora de la Universidad de Málaga
«Me parece bien que surjan iniciativas tendentes a defender el idioma común, porque, al fin y al cabo, es el idioma de todos y la forma que tenemos de entendernos no sólo los españoles, sino todos los hispanohablantes. Sin embargo, también considero positivo fomentar todas las lenguas existentes en el Estado y me parece razonable que las comunidades autónomas luchen por ello. Eso sí, sin menoscabo de la lengua común, que debe estar también en todas las escuelas. Lo ideal es el bilingüismo, porque supone una riqueza adicional para el habla de muchos españoles».
«Respecto a mi adhesión al manifiesto, es algo que me gustaría meditar».

Ignacio Jiménez Raneda
Rector de la Universidad de Alicante
«Considero que es perfectamente legítimo, en virtud de la libertad de expresión, que cualquier persona pueda elaborar, suscribir y defender cualquier manifiesto, sea cual sea su contenido. Sin embargo, la Universidad de Alicante, como institución pública, tiene como criterio la no adhesión a ningún tipo de manifiesto y, por tanto, no vamos a suscribir el Manifiesto por la lengua común».
«La lengua española goza de una enorme fortaleza, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras».
«No todos los alumnos que llegan a la Universidad de Alicante acceden con una formación previa suficientemente sólida. Esto sucede así no únicamente con lengua española sino también con otras materias, aunque el verdadero escollo y el mayor desconocimiento que presentan los alumnos cuando entran en la Universidad está en los idiomas extranjeros».

Manuel Casado Velarde
Catedrático de Lengua de la Universidad de Navarra
«No me preocupa la salud del español, que es una lengua internacional, mayoritariamente americana, que presenta una magnífica unidad y cohesión, y que se expande globalmente a un ritmo considerable. Dicho esto, lo que sí me inquieta es que haya zonas de España en que la libertad de las personas se vea amenazada por medidas legislativas y de gobierno que tratan de imponer el monolingüismo en la lengua autonómica, con el consiguiente atropello de los derechos y libertades de los ciudadanos».

Jesús Rodríguez Marín
Rector de la U. Miguel Hernández
«El deber de conocer y el derecho a usar el español de todos los ciudadanos queda inequívocamente establecido por nuestra Carta Magna, y no creo que puedan ser nuestro objeto de discusión».

Francisco Tomás
Rector de la U. de Valencia
«La Constitución garantiza suficientemente los derechos lingüísticos de los españoles».

El derecho a conocer la propia lengua
RAMÓN ZALLO El Correo 15 Julio 2008

CATEDRÁTICO DE COMUNICACIÓN DE LA UPV-EHU

E l 'Manifiesto por la lengua común' mira las lenguas no desde la cultura y su diversidad sino desde una determinada visión política; y esconde una operación encaminada a provocar una involución en el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística del Estado. El documento subordina e instrumentaliza las lenguas a la construcción política del Estado («una inquietud estrictamente política»; «una lengua política común»). Ese concepto de Estado es de clara inspiración borbónica y liberal-decimonónica frente al modelo de los Austrias (austracismo) que entendía lenguas y Estados de forma convivencial y no jerárquica. Aquí hay una operación lerrouxista.

No estamos ante una defensa del castellano frente a las nada amenazadoras lenguas minoritarias en el Estado, sino ante un manifiesto que busca fundamentar culturalmente un nacionalismo español reactivo promoviendo un modelo de Estado piramidal. En efecto, no sólo propugna que se ratifique de derecho lo que, lamentablemente, ya ocurre de hecho en el Estado Español, «una asimetría entre las lenguas españolas oficiales», sino también que el castellano pase al estatus de la lengua política propia de todos los españoles y al de preferente en el interior de las Comunidades con lengua propia, bajo la falsa y victimista premisa de que se está persiguiendo al castellano. El manifiesto entiende la diversidad como un problema.

Es una hipocresía digna de mejor causa que los mismos que niegan que las lenguas tengan derechos, en cambio, les atribuyan obligaciones. Dan por bueno que la Constitución -con criterio injusto- establezca una obligación colectiva (con carácter exclusivo) de saber el castellano; y, en cambio, cuestionan una política de mera preferencia (sin exclusión del castellano) para esas lenguas propias en sus cunas culturales. Hoy el castellano es la lengua de uso exclusivo en el funcionamiento del Estado compartido, en el sistema de medios de comunicación, en las relaciones económicas o en los flujos sociales e intercambios culturales, relacionales y comunicativos. El castellano lo domina el 100% de las comunidades bilingües. Las demás lenguas del Estado, en cambio, sí tienen un problema. No verlo es pura ceguera interesada. Por motivos de equilibrio, una política de apoyo especial es imprescindible ante el predominio diglósico del castellano.

Produce sonrojo esta polémica que nos indica el agujero negro que hay en el pensamiento político sobre la diversidad, el pluralismo y la calidad integradora de la democracia española misma. Si como se pide en el manifiesto, el Parlamento español adoptara medidas restrictivas con una «normativa legal (con reforma constitucional y de estatutos autonómicos)», a nadie se le escapa el riesgo de fractura que ese tipo de iniciativas podrían propiciar. Han abierto una absurda y peligrosa guerra lingüística. A la condición de lenguas maltratadas por la historia de la construcción del Estado español, y a su condición de minorizadas en muchos ámbitos internos, tienen que añadir ahora la de querer ser relegadas al estatus de lenguas y culturas secundarias y no integrales, meros apéndices de una supuesta cultura y lengua común.

En plena era de la defensa de la diversidad de culturas propiciada por la UNESCO, ha salido a relucir en la polémica la fundamentación filosófica de fondo de esa posición: el darwinismo cultural. Se sostiene que sean el tamaño del número de hablantes y los mercados lingüísticos los criterios del futuro de las lenguas, y deslegitimando que se puedan proteger las lenguas menos robustas. Y lo defienden incluso personas que les horrorizaría un criterio darwinista en lo social, o que defienden la excepción cultural en el audiovisual internacional.

Estatutaria e históricamente, el gallego, el catalán y el euskera son las lenguas propias de sus comunidades. El castellano, en cambio, es la lengua común -por conocida por todos que no por propia aunque sí por apreciada- con el resto del Estado, y la cooficial en nuestras comunidades. Asimismo frente a la idea de que el castellano también «es la común dentro de esa comunidad», hay que decir que es una lengua cooficial, más apropiada que propia, y que se debe aspirar a que sean comunes a nuestras ciudadanías tanto la lengua propia como la cooficial. Se trata de disponer del derecho colectivo a conocer bien la propia (y la otra) lengua para que cada cual pueda ser realmente libre de usar la que quiera, cuando quiera, y según las situaciones.

Hay que estar a favor de todos los derechos individuales y colectivos que lo sean, pero además de reconocerlos todos, no se deben confrontar. Con esta campaña se quiere oponer al derecho colectivo a la lengua propia, un dudoso derecho individual a elegir lengua vehicular en nuestros sistemas educativos (el derecho a la educación no tiene el corolario del derecho a un modelo lingüístico educativo a la carta, como reconoce la jurisprudencia) al igual que el derecho a usar cualquier lengua no tiene el corolario de que cualquier ciudadano tenga derecho a ser atendido institucionalmente en cualquier lengua en cualquier parte.

Hay un derecho individual en cada comunidad bilingüe a hablar en el idioma que se quiera ('opción lingüística') y un derecho a que las dos lenguas sean dominadas al final del ciclo educativo, cuestión ésta que los sistemas garantizan, además de la obtención de un buen nivel de una tercera lengua. No siendo planteable la exclusión de las matemáticas o el inglés de los currícula, no es razonable tampoco que se pueda ejercer una objeción de conciencia familiar, en el sistema público o concertado, a unos modelos lingüísticos adaptados ad hoc que, dando preferencia a la lengua propia, busquen que, al final del ciclo formativo, sea competente todo el alumnado en saberes y en las dos lenguas de la comunidad. Hay que evitar que por desconocimiento de la lengua propia haya una futura ciudadanía no integrada o en desigualdad de oportunidades.

Quizás haya que plantear un boomerang para esta campaña en la medida de que se incumple el artículo 3.3. de la Constitución Española que indica que «La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección» en todo el Estado español (se entiende). Por ejemplo, los medios de RTV públicos y privados españoles sólo utilizan el castellano para emitir para todas las comunidades autónomas. Parece necesario concretar ese artículo a escala estatal con criterios de respeto y proporcionalidad en beneficio de las «demás lenguas españolas». En efecto, en Cortes Generales, en el sistema de medios de ámbito estatal que hoy excluyen a las otras lenguas; en algunas rotulaciones 'ad hoc' en lugares muy visitados en el Estado y en las comunicaciones institucionales significativas con nuestras comunidades, en un Estado que se dice pluricultural y que es plurinacional, debieran visibilizarse en mucha mayor medida las otras lenguas. No olvidemos que el censo de los territorios con lengua distinta al castellano supone, nada menos, que el 40% de la población en España y, sin embargo, son invisibles para el otro 60%.

Finalmente, no sólo hay que defender las lenguas como patrimonio, sino también los derechos de sus hablantes y de las ciudadanías, que entienden perfectamente que las autoridades deben aplicar criterios de discriminación positiva en los Estados plurinacionales que no terminan de interiorizar cultural, jurídica y políticamente que lo son. Este es el fondo del problema.

El no derecho a imponer la lengua "propia"
Nota del Editor 15 Julio 2008

Vaya ahora se entera uno que los territorios hablan. Partiendo de ese supuesto, dentro de nada se podrán casar y tener hijos.

El manifiesto por la lengua común es un intento más para que en España, la mayoría de los ciudadanos, los ciudadanos castellanohablantes, que da la casualidad que somos los que hablamos la lengua que todos tenemos el deber de conocer, podamos ejercer, parcialmente, de ciudadanos en aquellas regiones donde por razones políticas bastardas se han impuesto lenguas regionales, y no olvidemos que, en todas las regiones españolas tenemos lenguas regionales y sólo en las que la política ha elevado a lenguas "propias" se conculcan los nuestros derechos constitucionales.

Las lenguas son para comunicarse, los defensores de las lenguas regionales no tienen derecho alguno a imponerlas, y pueden hablarlas siempre que sus interlocutores las entiendas, de otro modo no hay diálogo. Por muchas vueltas que le den, las lenguas regionales no pueden imponerse, y menos con el objeto de potenciarlas.

Hablar de lenguas propias es ya una aberración, lo mismo que hablar de bilingüismo, no vivimos siete vidas en paralelo para poder vivir siete vidas equivalentes en siete lenguas, cada ser humano tiene conocimiento de parte de una o varias lenguas y sin que pueda existir una equivalencia absoluta entre el conocimiento que pueda tener o adquirir de cada una de ellas.

En el manifiesto se estan defendiendo los derechos conculcados por las regiones donde los políticos ineptos y sin sentido alguno de los derechos humanos, han implantado una ingeniería social para perpetuarse en el poder sobre una ciudadanía de cuarta clase, manteniendo una elite de corte etnicista en base a la lengua regional.

El manifiesto tiene algunas limitaciones, posturas políticamente correctas pero que constituyen serios problemas de derechos constitucionales para los ciudadanos castellanohablantes. En primer lugar, la posibilidad de que en las cámaras regionales se utilice indistintamente la lengua regional, excluye a los ciudadanos castellanohablantes de la participación en los procesos políticos y administrativos regionales, lo que es claramente anticonstitucional.

En segundo lugar, propone la rotulación bilingüe, tema que en muchas situaciones constituye un serio peligro para los ciudadanos castellanohablantes, pues si un ciudadano castellano hablante conduce su coche por una carretera donde se están mostrando mensajes en lengua regional y español, se le está obligando a disminuir su atención a la conducción al tener que mirar y esperar a que surjan los mensajes en español, lo que sin duda constituye una especie de intento de provocar accidentes a los conductores hispanohablantes. Lo mismo ocurre con los letreros de emergencias de los edificios, en situación de emergencia, al los español hablantes, se les obliga a perder unos segundos identificando los letreros en el idioma oficial de España.

En caso alguno hay que olvidar que la Constitución Española establece el deber de conocer el españoll, y no lengua regional alguna.

TENDRÍA QUE PAGAR OCHO MILLONES DE EUROS
La mujer de De Juana compró el piso familiar para evitar indemnizar a las víctimas
La mujer de De Juana, Irati Aranzabal, compró en julio del año pasado la vivienda que ambos van a ocupar próximamente. Según destapa El Mundo, con esta operación, el sanguinario terrorista elude pagar la indemnización a las víctimas por sus atentados, ya que el inmueble no es de su propiedad. La cifra a deber ascendería a ocho millones de euros. De Juana, que sale de prisión el 2 de agosto, vivirá justo debajo de la casa de una víctima de ETA. "Es una bomba andante, sin arrepentimiento alguno", denuncia Manuela Lancharro.

"Es una bomba andante, sin arrepentimiento"
DE JUANA vivirá debajo de una víctima de ETA
Libertad Digital 15 Julio 2008

El diario El Mundo desvela este martes que la mujer de De Juana Chaos, Irati Aranzabal, ha comprado el piso familiar que compartirá con el terrorista una vez salga de la cárcel, el próximo dos de agosto. Con esta macabra operación, el etarra recupera su inmueble pero elude pagar a las víctimas la indemnización requerida por la Justicia, que asciende a ocho millones de euros. El motivo; el piso no será de su propiedad.

La hipoteca a la que tendrá que hacer frente la esposa del sanguinario terrorista asciende a 360.000 euros, con un plazo de 40 años, y ha sido concedida por Caja Laboral.

Como ya adelantó este periódico, el piso de la pareja está situado en el número uno de la avenida Carlos I de San Sebastián, en el barrio de Armara, justo debajo de la casa en la que habita una víctima del terrorismo. También muy cerca de allí residen la madre de Pagazartundua, otras dos víctimas de ETA y Julio Iglesias Zamora.

El inmueble, que era de la madre del terrorista pero pasó a manos de su hermana cuando ésta murió para evitar su embargo, consta de 95 metros cuadrados, cuatro dormitorios, un comedor y una solana. Según un escrito del Registro de la Propiedad, al que ha tenido acceso El Mundo, Aranzabal compró la vivienda el 11 de julio del año pasado.

Azkárate: "De Juana ha cumplido su deuda con la sociedad"

La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkárate, ha dicho que no sabe donde va a vivir De Juana Chaos cuando dentro de dos semanas salga de la cárcel. Azkárate no sabe si el dirigente etarra irá a su domicilio en San Sebastián, cerca de donde viven víctimas de la organización terrorista ETA, pero sí recalcó que ya ha cumplido su deuda con la sociedad.

"La verdad es que el Gobierno vasco desconoce cuales son las intenciones de De Juana Chaos cuando deje la prisión, por eso es aventurado empezar a fijar posicione sobre cuestiones que todavía desconocemos", declaró Azkárate en declaraciones a Radio Nacional recogidas por Europa Press.

BERMEJO: "TODAS LAS VÍAS ESTÁN ABIERTAS"
El Gobierno recurre el referéndum secesionista de Ibarretxe ante el Constitucional
El abogado general del Estado ya ha presentado ante el Tribunal Constitucional el recurso contra el referéndum secesionista de Ibarretxe, publicado a primera hora de la mañana en el Boletín Oficial del País Vasco. En caso de que el lehendakari haga caso omiso, el ministro Bermejo no descarta suspender la autonomía de dicha comunidad. "Todas las vías están abiertas", ha recalcado en un desayuno informativo. El PP también llevará el órdago ilegal ante el Alto Tribunal.
EFE Libertad Digital 15 Julio 2008

Tras la publicación en el BOPV, el Gobierno ha anunciado en días pasados que la recurrirá inmediatamente ante el Tribunal Constitucional (TC). De hecho, el Ejecutivo ya tiene redactado el recurso, que irá acompañado de una "expresa invocación" al artículo 161 de la Constitución, que prevé la suspensión inmediata de la ley recurrida y todos sus efectos jurídicos durante cinco meses, lo que impediría la celebración de la consulta el 25 de octubre.

El Gobierno cuenta con un dictamen del Consejo de Estado que considera que existen argumentos jurídicos suficientes para interponer el recurso. Este dictamen dice que la Ley del Parlamento Vasco "pone en cuestión el fundamento mismo del orden político y jurídico del Estado en su conjunto" y vulnera "el orden constitucional de competencias".

El PP también recurrirá esta ley ante el Constitucional, en su caso a través de la firma de cincuenta diputados.

Con la publicación de la ley han pasado así diecinueve días desde su aprobación en la Cámara, aunque de ellos sólo trece laborables.

Educación
La Justicia se inclina a favor de los objetores a Ciudadanía
 La Razon 15 Julio 2008

La guerra contra Educación para la Ciudadanía se libra en los tribunales. Ante la falta de reconocimiento por las comunidades autónomas, los objetores a esta polémica asignatura comenzaron, hace unos meses, a acudir a la Justicia para evitar que sus hijos tuvieran que cursarla. La primera sentencia, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, fue favorable; la segunda, en Asturias, negó que los padres tuvieran motivos para objetar. El marcador estaba igualado, pero con el final del curso la balanza se ha inclinado claramente del lado de los objetores. Ya cuentan con al menos una treintena de autos de «medidas cautelares», que reconocen el derecho de los alumnos de no asistir a clase mientras el Tribunal Supremo no tome una decisión sobre la asignatura. Y esperan más.

Así lo explica Teresa García Noblejas, portavoz de la plataforma objetora Profesionales por la Ética. «En Andalucía hay más de 100 procedimientos judiciales relacionados con la objeción y pendientes de sentencia. Como se tramitan por la vía de los derechos fundamentales, irán a la misma sala que ya falló a favor de tres familias objetoras, por lo que es previsible que, en estos casos, también nos den la razón».

Suspensos revocados
En agosto los juzgados cierran, por lo que en estos últimos días de julio está llegando un aluvión de sentencias relacionadas con Educación para la Ciudadanía. Los autos judiciales ya han empezado a dar sus frutos. «Algunos niños andaluces que recibieron un suspenso en su boletín de notas, ahora figuran como ??no evaluados?? por orden de la Consejería de Educación», explican desde Profesionales por la Ética.

Sin embargo, se trata sólo de los pocos alumnos que ya cuentan con un fallo judicial a su favor. Los otros 500 objetores andaluces que han cursado 3º de Secundaria este año (el curso en el que se ha implantado la asignatura en siete comunidades) se siguen considerando suspensos.

Nuevos fallos
En la última semana, la balanza se ha inclinado aún más del lado de los objetores. En La Rioja, el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad emitió una sentencia a favor de los objetores y en contra del Gobierno riojano, que denegaba a lospadres la objeción a la asignatura, que se implantará el curso que viene en esta autonomía. La resolución, a la que tuvo acceso este periódico, reconoce que «los contenidos, objetivos y criterios de evaluación resultan radicalmente contrarios a sus ideas, creencias y convicciones [las de los padres]», por lo que «lesiona el contenido esencial de los derechos fundamentales».

Tras la sentencia riojana vinieron otros seis autos de medidas cautelares. Para Jaime Urcelay, presidente de la plataforma objetora, ya hay base jurídica para determinar que el Gobierno «conculca derechos constitucionales». «En caso de duda -asegura- los poderes públicos deberían actuar a favor de la libertad».

El rey Alberto II inicia las consultas políticas para estudiar la dimisión del primer ministro
Leterme no ha sido capaz de poner fin a la crisis belga entre los partidos valones y flamencos por la reforma institucional sobre la descentralización del país
AGENCIAS/ELPAÍS.com - Bruselas El País 15 Julio 2008

El caos político vuelve apoderarse de Bélgica después de que el primer ministro, el democristiano flamenco Yves Leterme, ha presentado este lunes su dimisión ante el rey Alberto II, como consecuencia del fracaso en el impulso de las medidas para dar más poder a las regiones del país, Flandes y Valonia. Pero el rey Alberto II, que ya ha iniciado una ronda de consultas con las principales formaciones políticas, se ha reservado el derecho a tomar una decisión, aunque todo apunta a que rechazará la dimisión porque supondría nuevos y complejos trámites para la formación de un Gobierno.

El Palacio Real ha emitido un comunicado en el que confirma que Alberto II "deja en suspenso" su decisión al respecto, lo cual, por el momento, no significa que haya aceptado la petición de renuncia de Leterme, que había proclamado primer ministro el pasado marzo. Leterme acudió al Palacio Real al filo de la medianoche, después de constatar el bloqueo de las negociaciones y tras conocer el rechazo de su propio partido a la opción de prolongarlas. La audiencia con el Rey, que duró más de cuatro horas, contó también con la presencia del presidente de la Cámara, el democristiano flamenco Herman Van Rompuy.

La noticia de la dimisión ha llegado de manera totalmente inesperada, a pesar de los problemas que existían en el terreno de la reforma institucional para la descentralización del Estado. Es la tercera vez que Leterme presenta su dimisión al rey, tras las dos tentativas que hizo durante los nueve meses que tardó en formar gobierno, después de ser el candidato más votado en las elecciones de hace un año. El martes 15 de julio se cumplía el plazo que los partidos flamencos habían dado a los francófonos para llegar a un acuerdo sobre una reforma en profundidad del Estado federal. Sin embargo, la fecha ha llegado y el acuerdo no se ha conseguido.

Las diferencias han sido insalvables. La última propuesta de Leterme para proseguir las negociaciones sobre la descentralización había sido involucrar en ellas también a los presidentes de los ejecutivos regionales y no sólo a los responsables de los principales partidos de uno y otro lado del país. Esta idea, destinada sobre todo a rebajar la presión ejercida dentro de su propio campo flamenco, no habría sido secundada por su partido, el CD&V, lo que habría llevado al primer ministro a un callejón sin salida.

Los principales problemas
Medios belgas también han apuntado que el primer ministro se negó a que los ayuntamientos que rodean a Bruselas por el sur, en la conocida región de BHV, pudiesen utilizar el francés como lengua oficial. La división lingüística es uno de los principales puntos de desacuerdo. La región de BHV, que engloba Bruselas y otros 35 municipios de mayoría francófona de su periferia, están enclavados en Flandes, cuya lengua es el neerlandés. La BHV es la única región de Bélgica donde se puede votar tanto a las listas flamencas como a las valonas, mientras en Flandes sólo se puede votar a partidos flamencos y en Valonia a partidos valones.

Los partidos flamencos consideran esta característica excepcional de BHV algo contrario a la ley y exigen la escisión de este distrito, en el que viven muchos francófonos. Los valones piden a cambio compensaciones en el acuerdo general, como ampliar el territorio de Bruselas o contar con un corredor que comunique Valonia con la capital, pero cualquier opción que implique ceder territorio a Valonia resulta inaceptable para los flamencos.

Los enfrentamientos en este tema ya estuvieron detrás de la grave crisis que vivió Bélgica tras las elecciones de junio de 2007, que dejó al país durante nueve meses sin gobierno. Otro aspecto problemático consiste en las pretensiones flamencas de que las regiones obtengan más competencias, como sanidad, empleo, seguridad social, circulación e inversiones, que actualmente pertenecen al Gobierno central. Los valones, sin embargo, han rechazado tales reformas.

Una coalición débil desde el principio
El hasta ahora primer ministro de Bélgica fue elegido tras un periodo de crisis en el que se sucedieron las disputas entre los partidos de cada una de las dos regiones lingüísticas. En los 9 meses que duraron las negociaciones para la formación de Gobierno se llegó a temer la ruptura del país.

El nuevo Ejecutivo que salió de las negociaciones estaba formado por cinco partidos: dos flamencos y tres valones, rompiendo así la tradicional paridad de fuerzas de los gobiernos belgas. Los flamencos del norte del país, que representan el 60% de la población, estaban representados por los cristianos demócratas (CDV) y los liberales (Open VLD), liderados por Bart Somers.

Por parte de los valones francófonos participaban los liberales de Movimiento Reformista, presidido por Didier Reynders, los cristiano demócratas humanistas, que lidera Jöelle Milquet, y los socialistas dirigidos por Elio Di Rupo. Sin embargo, esta coalición adolecía de fragilidad desde el principio, ya que no llegó a una solución para la reforma institucional, que es el auténtico conflicto en el que se encuentra enzarzado el país.

Truco, trampa, estafa, peligro...
Truco, trampa, estafa, peligro...
HERMANN TERTSCH ABC 15 Julio 2008

TAN libres son ya en la mendacidad, tan impunes se saben en la mentira, que intentan colarles la trola hasta a sus seres más queridos. Le preguntaban este domingo a José Blanco, ahora vicesecretario general del PSOE, sobre los «grandes proyectos más allá de la alternancia» con los que los socialistas quieren imponer a la sociedad española códigos de conducta que son imposiciones a su conciencia. Léanse con atención las reveladoras respuestas del Gran Grumete sobre los planes reales y la pulsión «modificadora» de la realidad del Gran Timonel. Y concluyan ustedes mismos sobre la visión que del consenso y la convivencia entre los españoles maneja esa máquina de mentir que es la organización usufructuaria de las siglas del Partido Socialista Obrero Español al que la mayoría de los españoles ha dado el poder. Que según encuestas de estos días muchos compatriotas se arrepientan de ello no soluciona nada. No es consuelo para nadie. Tiempo van a tener muchos otros de arrepentirse por los daños que a esta nación y a este Estado de Derecho se están infligiendo gracias a su voto.

Entrevistadora: «En ese congreso han abierto la puerta a una ley de plazos del aborto que quitaron de su programa electoral hace cuatro meses. ¿Temían que les restara votos?». Respuesta de Blanco: «Nunca estuvo en nuestro programa. Hubo reflexiones sobre la necesidad de abrir un gran debate. (...) Queremos hacer esto con un gran consenso social y político». Entrevistadora: «Perdone, pero la ley de plazos sí figuraba en su programa electoral de 2004 y en este último se quitó. ¿Qué ha pasado para que ahora lo recuperen?». José Blanco: «No quisimos adquirir un compromiso concreto porque intuíamos que no tendríamos solos la fuerza suficiente para poder llevarla a la práctica». Entrevistadora: «Y no la tienen. Y, sin embargo, ahora sí lo anuncian». José Blanco: «Déjenme que lo trate de explicar. El PSOE indica el camino a seguir, y será posible si generamos consenso». Entrevistadora: «Tampoco figuraba en su programa la eutanasia. Y ahora abren la reflexión aunque sea para los próximos años». José Blanco:«Nuestro deseo es avanzar, pero con consenso. Aunque los avances sociales no pueden ser frenados por posiciones retrógradas. (...)». Entrevistadora:«Dice que la falta de consenso no puede frenar los avances. Eso quiere decir que aunque no tengan una mayoría...». José Blanco: «Hay que buscar el acuerdo con todos pero el PP no puede condicionar el consenso o limitar los avances sociales».

El Gran Grumete nos ha hecho una vez más un inmenso favor a quienes no hemos tenido en estos cuatro años y medio la capacidad necesaria para persuadir a nuestros compatriotas de que el zapaterismo no es un mero error o disparate, fruto de la incapacidad, incapacidad e inmoralidad de los gobernantes. El zapaterismo es un proyecto que «más allá de la alternancia», es decir superándola, construya los llamados consensos al margen y en contra de media España. Se ha demostrado muchas veces y se ha dicho con frecuencia. Pero pocas veces se ha expresado con esta claridad. El PP puede expresarse con los buenos modos que quiera, pero será siempre un enemigo de la secta mientras no se pliegue a los designios, al «consenso», de la misma. Nos lo cuenta el Gran Timonel y nos lo explica el Gran Grumete. Tendrán ocasión de hacerle caso. Ante la catastrófica situación que se avecina en otoño van a buscar enemigos hasta debajo de las piedras. Acabarán siéndolo también sus ex votantes.

Convergencia soberanista
Editorial ABC 15 Julio 2008

Convergencia Democrática de Cataluña acelera su deriva soberanista, según el documento aprobado en el congreso del partido que reeligió por abrumadora mayoría a Artur Mas como secretario general. El supuesto nacionalismo «moderado» habla ahora de soberanía plena, derecho de autodeterminación y nación libre y soberana, y se quedó a las puertas de aprobar directamente una reclamación de independencia como pedía el sector más radical. Artur Mas habla de la situación de «urgencia nacional» que vive supuestamente una Cataluña amenazada, según dijo, en su identidad, su economía y su bienestar. Como siempre, la culpa la tiene un imaginario «españolismo» que quiere reducirla a ser un país «débil y residual». La escalada verbal de los nacionalistas suele ir en paralelo con la pérdida del poder. Hace tiempo que plantean una apuesta por competir con ERC por los votos extremistas, aunque es una estrategia llamada al fracaso porque acentúa las tensiones con sus socios de Unió y aleja a Artur Mas de los sectores centristas y moderados. Con esta retórica, hablar de «casa común» del catalanismo resulta sencillamente absurdo. El reelegido secretario general huye hacia adelante cada vez que puede para tapar los pésimos resultados electorales que cosecha CDC bajo su liderazgo. Lo malo es que, mientras sigue pendiente la sentencia del TC sobre el Estatuto, este lenguaje rompe las reglas del juego del sistema democrático y sitúa a los convergentes en un espacio político que no les corresponde por razones sociales e ideológicas.

Segregación ilegal
Editorial ABC 15 Julio 2008

El Gobierno tiene el deber de hacer cumplir la Ley Orgánica de Educación para impedir la segregación de determinados grupos de inmigrantes que pretende desarrollar la Generalitat catalana. El texto de los artículos 78 y 79 de la LOE -que ayer recogía ABC- es claro e inequívoco. Cualquier programa específico para alumnos con carencias lingüísticas o de conocimientos básicos debe ser «simultáneo» a la escolarización de los mismos en los grupos ordinarios. Es lógico que existan aulas de enlace para estos supuestos, pero siempre en el marco del sistema común y sin crear situaciones objetivamente discriminatorias. Las leyes están para ser cumplidas, por mucho que al ministro Corbacho la propuesta le parezca una «idea valiente». Por el contrario, se trata del reconocimiento de que ha fracasado la política educativa mediante una falsa solución que puede crear nuevos problemas de convivencia.

La sangre bajo cero
La sangre bajo cero
IGNACIO CAMACHO ABC 15 Julio 2008

VALE, quizás haya que aceptar asesino como animal de compañía en el siniestro skatergoris del horror cotidiano. Ya lo aceptó, a la fuerza, Pilar Elías, cuando el tipo que había matado a su marido se instaló en una cristalería bajo su propia casa. El verdadero problema no es dónde vaya a vivir De Juana Chaos cuando salga de la cárcel, sino el escaso precio que ha pagado por sus horrendos crímenes sin arrepentimiento, y ése ya no tiene remedio porque en su momento alguien se dejó una rendija abierta entre los pliegues de la ley. Acaso se pueda apretar un poco más, resistirse a la resignación tratando de encontrar un resquicio jurídico para un destierro, una orden de alejamiento, un embargo, alguna leve aspirina para el inmenso dolor de la herida moral de las víctimas, pero reconozcámoslo: es tarde, es difícil, probablemente sea imposible. Habrá que tragar. Pero tragar no significa olvidar. Y si el caso De Juana resulta especialmente lacerante no es sólo por la terrorífica contumacia de su macabro currículum homicida, ni por la arrogancia sangrienta con que celebraba desde la prisión los asesinatos que cometían sus colegas, ni por la ausencia absoluta de un breve intersticio de piedad o contrición en su hermética conciencia mineral; es por todo eso, sin duda, pero también por la gratuita propina de indignación que suscitó en la opinión pública la humillación genuflexa, imprecatoria, prosternada y servil con que el Gobierno manejó su chantaje para salvar la iluminada pretensión de un ignominioso armisticio con los terroristas. Ese bochorno ultrajante, esa abyecta deshonra no se podrá borrar en mucho tiempo, pero es que apenas han pasado dos años y aún supura la brecha emocional que semejante vileza abrió en la piel de la conciencia civil española.

Fue entonces cuando De Juana apuró a fondo su desafío coactivo ante la timorata pasividad de un Gobierno entregado al oprobio, el momento crucial en que se produjo un desistimiento que desarmaba moralmente la resistencia social ante el terrorismo. Fue entonces cuando la Fiscalía envainó hasta los mínimos su inicial exigencia -probablemente exagerada en años, sí- de una pena suplementaria por un delito sobrevenido. Fue entonces cuando el Estado aflojó por impúdica conveniencia su propia determinación de evitar el escándalo de la libertad del asesino al que un ministro -¡de Justicia!- había calificado de «alimaña» con tan notable como reversible complacencia retórica. Fue entonces cuando el presidente se postró de rodillas y convirtió a De Juana en el símbolo de una infamante degradación democrática.

Fue entonces cuando la madre de Joseba Pagaza, Pilar Ruiz, dijo aquello de «haréis cosas que nos helarán la sangre». Las hicieron, vaya si las hicieron, y encima no sirvieron de nada. Lo que aún no sabe Pilar -Dios, cómo irán a decírselo-, ni acaso imaginarlo pueda, es que está a menos de un mes de toparse ella misma por las veredas de su propio vecindario con el rostro afilado y metálico de un impenetrable horror capaz de dejarle el alma bajo cero.

Una Cataluña soberana
Una Cataluña soberana
M. MARTÍN FERRAND ABC 15 Julio 2008

ARTUR Mas, tras el decimoquinto Congreso de CDC, continúa siendo el líder que, siguiendo la estela marcada por Jordi Pujol, administra la intensidad soberanista que, según las circunstancias, conviene a su formación, la misma que suele cabalgar pareja con UDC. El ímpetu de los nacionalistas es siempre de intensidad variable. De ello depende su fortaleza y ese es su mayor truco operativo para ordeñar del mejor modo posible la ubre del Estado. Así, anfibológicamente, «CDC renueva su compromiso para que Cataluña se convierta en una nación libre y soberana en la Europa del siglo XXI»; pero, de momento, sin reclamar un Estado propio y desde la latente amenaza del uso potencial de un derecho de autodeterminación tan invocado como inexistente.

Cuando arrecian los problemas serios, los que repercuten directamente en el pan y la paz de los ciudadanos, estos asuntos del nacionalismo resultan cansinos y, además, propagan entre las gentes sencillas la confusión que constituye la naturaleza central de quienes, siendo parte de un todo, quieren convertirse en distantes de ese todo, como un brazo que aspirara a vivir en un territorio diferente del cuerpo al que pertenece. Esas confusiones alcanzan, a veces, un paroxismo perturbador.

Así, por ejemplo, cuando Mas le dice a José Luis Rodríguez Zapatero: «Si el PSOE no cumple con Cataluña, CiU tampoco tiene por que cumplir con el PSOE».
Es muy difícil llegar más lejos en el disparate y/o, a elegir por el lector, en la oscuridad del raciocinio político. Mas, en compañía de otros que le han elegido y respaldan, no tiene ningún reparo en exponer su patológica identificación de CiU con Cataluña y hacerlo, además, en clave de exclusión de quienes pudieran atreverse a ser y decirse catalanes sin militar en CDC o, en un arranque de tolerancia, en UDC. El PSOE tiene que cumplir con Cataluña; pero, en significativa reducción conceptual, la reciprocidad del compromiso es cosa de CiU y no de una Cataluña más total, real y verdadera, más amplia en sus ciudadanos, sus ideas y sus militancias.

Comprendo que debe resultar difícil, fracaso tras fracaso y sin tocar el pelo del poder, que es lo que engrandece a los líderes, mantener el tipo como hereu de Pujol. Especialmente cuando, de hecho, el recién concluido Congreso de Convergencia ya ha prospectado las posibilidades del hereu de Mas; pero, aún así, un mínimo rigor intelectual y político, incluso geográfico e histórico, parece exigible en quien es cabeza de un partido que aspira a ser hegemónico en Cataluña. A propósito: quien, de momento, parece tener mejor puntuación para suceder a Mas, Felipe Puig, dijo en el cónclave convergente: «¿Independencia? Todo el mundo sabe que pensamos en ella siempre, no hablamos nunca y trabajamos por ella cada día». Es la gran ventaja de la política de las abstracciones, no necesitan el contraste con la realidad y se bastan con el oportunismo y la invención.

Cataluña pedirá pruebas orales de catalán y castellano en la nueva selectividad
ESTHER ARMORA ABC 15 Julio 2008

BARCELONA. «¡La escuela cumple y cumplirá!», indicó ayer el consejero de Educación Ernest Maragall respecto al uso del catalán en el entorno educativo. Lamentó, no obstante, la «preocupante situación» de esta lengua en el ámbito social. Por este motivo, el consejero socialista abogó por «salir a campo abierto a ganarnos el espacio público, el prestigio creativo y su uso real para nuestros jóvenes y para los nuevos ciudadanos».

Ernest Maragall lanzó la consigna en el foro Tribuna Barcelona ante un nutrido auditorio repleto de personalidades políticas y educativas, entre ellas, su hermano el ex presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall.

«Dar la vuelta en positivo» El titular de Educación pidió «dar la vuelta en positivo» a la situación actual respecto al uso del catalán en el ámbito social y pidió para esta lengua un «espacio prioritario» también fuera de las aulas. «El catalán debe acompañar a los jóvenes catalanes y a los recién llegados también en el tiempo de ocio, en el deporte...», apuntó el consejero durante su intervención.

El socialista anunció que uno de los principales objetivos de la reforma que impulsa su departamento a través de la nueva Ley de Educación de Cataluña (LEC) será devolver al catalán su papel de primera lengua en todos los ámbitos. Otra meta prioritaria será, según dijo, acabar con los altos índices de fracaso escolar. «No podremos avanzar correctamente en esta dirección si no nos aproximamos al objetivo de que el 85% de los jóvenes complete con éxito la educación secundaria postobligatoria. Reduciendo las distancias que aun hoy nos hablan de profundas desigualdades», precisó.

El responsable de Educación catalán destacó la necesidad de que la nueva ley recoja las aportaciones de la comunidad educativa que le han llegado durante todo el proceso de debate e indicó que la normativa entrará en el Parlamento catalán en septiembre. Por otro lado, Maragall avanzó también la visión de su departamento respecto al nuevo modelo de selectividad que perfila el Gobierno. En este sentido, anunció que hará llegar a la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, la propuesta de que se incluya en las nuevas pruebas un «examen de expresión oral que nos permita verificar la capacidad de comunicación con suficiente calidad de nuestros alumnos».

«Nivel de comunicación» Ernest Maragall dio más detalles al respecto y concretó que pedirá dos pruebas orales, una para catalán y otra para castellano, con el objeto de «determinar el nivel de comunicación y expresión de los alumnos en las dos lenguas cooficiales».
«Parecer ser que en la nueva selectividad habrá una prueba oral para una tercera lengua, yo la pido para las dos nuestras (catalán y castellano). Estoy convencido de que esto tendría un efecto muy positivo sobre nuestra Educación Secundaria y sobre el Bachillerato», concluyó.

¿Es usted también culpable de la puesta en libertad del etarra De Juana Chaos?
Redacción Bilbao  Minuto Digital 15 Julio 2008

Una sociedad que permite que una alimaña como De Juana Chaos, pueda salir a la calle tras cumplir sólo 21 años de reclusión por veinticinco asesinatos, no cabe duda que no puede ser calificada precisamente de ejemplar.

Pero el camino que conduce a la libertad del mayor asesino de la historia reciente de España bien merece una reflexión sobre los despropósitos que lo han jalonado y que ponen de manifiesto cuanto se ha venido haciendo rematadamente mal en España desde la época de la transición.

El último despropósito que todos recordamos por supuesto fue la excarcelación que Zapatero había planeado para contentar a los etarras con los que negociaba. Un espectáculo lamentable en el que el Estado de derecho y la Fiscalía se arrastraron por el fango para satisfacer los dictados de una negociación que solo beneficiaba y sólo ha beneficiado a los terroristas.

Y es que precisamente debido a que siempre se ha pensado en el rédito electoral en vez de en la visión de Estado, y en satisfacer el ansia de poder de unos pocos en vez de en el bien común, hemos llegado a esta vergonzosa situación en la que el terrorista más sanguinario de nuestro país se paseará a partir del 2 de agosto triunfante, ufano de su maldad y aclamado como un héroe por un País Vasco de pesadilla.

Pero los culpables directos de la libertad del terrorista debemos buscarlos en la UCD y en el PSOE de hace 30 años. Los mismos que nos han dejado como herencia un régimen político lleno de ambigüedades, que no es capaz de garantizar la unidad y cohesión nacional, la plena igualdad entre españoles, algo tan elemental como la libertad para usar el español en toda España, o simple y llanamente, la vida frente al terrorismo separatista. Los mismos que metieron la ocurrencia conceptual de las nacionalidades en la Constitución o redactaron un Título VIII por el que se introducía de tapadillo los fundamentos de un estado federal camuflado tras ese otro “genial” invento de las autonomías. Sí, aquellos que se han venido equivocando una y mil veces pretendiendo calmar al nacionalismo a base de más y más concesiones, que siempre se han vuelto en contra de España.

Porque fueron aquellos padres de la transición, quienes negligentemente derogaron el código de justicia militar franquista que juzgaba a los terroristas, -el mismo que había servido a los procesos de Burgos- sin sustituirlo por otra legislación para contemplar el castigo y las penas para estos delitos, que quedaron a la regulación que de las penas hacía el código penal común franquista. Una legislación, que contrariamente a la propaganda que circula, era bastante blanda en vez de represiva, (el escaso índice de criminalidad de aquella España permitía el paternalismo con los delincuentes comunes) y que contemplaba numerosos beneficios para los presos, que veían como se acortaban sensiblemente sus penas.

Ni los sucesivos gobiernos de la UCD ni el PSOE se molestaron en adaptar la legislación penal a los nuevos tiempos. Sólo en un momento tan tardío como la última legislatura del PP de Aznar, -es decir con 25 años de retraso- se abordaron estos cambios para conseguir un mínimo del deseable cumplimiento integró de las penas por los terroristas.

Ahora nos echamos las manos a la cabeza. Naturalmente la indignación en esta sociedad superficial no pasará del comentario de café y poco más. Pero no olviden que los españoles hoy no tenemos disculpa, no vale echar la culpa a los que nos mandan, porque hemos sido nosotros quienes los hemos elegido para mandarnos. Así que piensen, incluidos algunos comentaristas radiofónicos recién convertidos al patriotismo, a quien votaron hace unos lustros y asuman su cuota de responsabilidad.

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