AGLI

Recortes de Prensa    Miércoles 16 Julio 2008

Manifiesto por la Lengua Común
Ojo a las reacciones al Manifiesto
Una vez presentado el Manifiesto como violencia (sustantiva; lo simbólico es adjetivo), la vía queda expedita para una respuesta adecuada y en sus propios términos, que ya no son los documentos alternativos, sino otras formas de violencia.
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 16 Julio 2008

El espectáculo de Joan Puig, señalando con el dedo y tildando de "indeseables" a personas como Montserrat Caballé o Mario Vargas Llosa porque han firmado un manifiesto con el que él no está de acuerdo, da idea de hasta qué punto la Esquerra mancilló en su día las instituciones españolas al colocar a este activista, boicoteador y señalador profesional en sus listas al Congreso, al convertirlo en representante del pueblo español. Sangrienta burla.

El personaje en cuestión importa poco. No hay que darle la vuelta a su operación; los linchamientos son siempre nauseabundos, incluyendo los simbólicos. La explicación de los conflictos nunca está en un tipo como él, que al fin y al cabo ya no representa a nadie. Caso más preocupante es el de Joan Manuel Tresserras, miembro del Gobierno catalán, conseller de Cultura y Medios de Comunicación por más señas. El Manifiesto por una Lengua Común es para este doctor y profesor universitario "una forma de violencia simbólica". Y eso ya son palabras mayores, por sí mismas y por las responsabilidades de quien las pronuncia.

Una vez presentado el Manifiesto como violencia (sustantiva; lo simbólico es adjetivo), la vía queda expedita para una respuesta adecuada y en sus propios términos, que ya no son los documentos alternativos, sino otras formas de violencia, adjetivada o no. Hay que denunciar y poner fin a esta moda consistente en amenazar a gente desde el poder (apenas veladamente) que inauguró el primer tripartito y recupera el segundo. Desde aquel ensañar los dientes de Maragall (si no se acepta el Estatut que salga de Cataluña, "el drama está servido") hasta esta repugnante licencia simbólica para lo que sea (¿qué ha de hacer un pueblo oprimido como el catalán cuando unos desaprensivos ejercen sobre él violencia simbólica?), las hemos visto de todos los colores.

La más nítida amenaza institucional del tripartito remite a otro manifiesto. Los precursores de Ciudadanos se encontraron con que la segunda autoridad del Gobierno catalán, el independentista Bargalló, les recordaba otro manifiesto aún más antiguo, el de los 2.300, y para dejar clara la posición en que quedaban los de Boadella y Espada, el conseller primer se recreó citando los nombres de Amando y Federico. Que un tío de la Esquerra te recuerde a Federico Jiménez Losantos a modo de advertencia es algo que admite pocas lecturas.

Hay que estar preparado para cualquier debate público, por duro que sea, mientras siga siendo eso, un debate. Pero cuando el miembro de un Gobierno te acusa de violencia por firmar algo que tiene doscientos mil apoyos, el debate se ha terminado, y el firmante destacado queda a la espera de la respuesta inducida. Ojo, las amenazas siempre hay que tomarlas en serio.
Juan Carlos Girauta es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Lengua y mesianismo cultural
Teresa Puerto Ferre Minuto Digital 16 Julio 2008

La kultureta garrula del zapaterismo-fashion, nos trae a la memoria al gran maestro del periodismo italiano Indro Montanelli : “En mi pais , para su desgracia, la cultura está en manos de la izquierda, y eso es lo peor que le puede pasar a cualquier democracia que se precie “ ….

El veterano periodista se refería al dirigismo totalitario y sectario que acompaña todas las iniciativas educativas y culturales de la izquierda . ¿Objetivo? Apropiarse de la opinión pública mediante el poderío contagioso de sus embaucadores dogmas. La desgracia de ese totalitarismo cultural, de hondas raices marxistas , la llevamos padeciendo valencianos, mallorquines y aragoneses desde hace más de un siglo gracias al obsceno hermanamiento entre : socialismo revenido, nazi_onalismo cantonalista y, ahora también, la derechona cobardona y cómplice.

Más de un siglo ya desde que los gururús del fascisto-nazi_onalismo catalán , (los Prat de la Riba, Rovira i Virgili, Pompeu Fabra , etc..) .. trazaron las líneas programáticas de colonización imperialista, con métodos y estrategias de diseño, para hacer realidad su delirante ambición de convertir el histórico Reino de Valencia en un apéndice tercerón y servil de la Cataluña mesiánica . Mallorca ya sucumbió . Aragón ya está en el precipicio .

Y, en su mesianismo-tremens, CULTURA y LENGUA son los instrumentos esenciales para el intervencionismo arrogante y el sometimiento de “los pueblos inferiores” a los que tiene que “kulturizar” . Ella, la Cataluña feudal es la predestinada entre las naciones bárbaras para tan mesiánica tarea y TRES son sus objetivos : 1. la “normalitzación” de la lengua ;2. la “unidad lingüística” y 3. la uniformización mediante la imposición de su bastardo “dialecte barceloni” . Así en breve, si valencianos, mallorquines y aragoneses hablaremos catalaní .. y ¡todos seremos catalanes!

Para tan sublime empresa la gran multinacional de la mentira catalana lleva más de un siglo inundando bibliotecas, universitats, casas de cultura, ajuntaments ,escoletes e instituts , de toneladas de material impreso, y audiovisual :libros, folletos, revistas , panfletos, prensa, lecturetes, diccionarios, enciclopedias, etc..etc.., infectados, todos ellos, del virus de la aberración histórico-lingüística y plagados de barbarismos humillantes contra la identidad valenciana. Y contra la mallorquina y contra la aragonesa.

Ni el III Reich , en su lunático apogeo, llegó tan lejos .Las famosas declaraciones del Ministro de Cultura y Propaganda de Hitler , Josep Goebbels…: “He dado instrucciones para que nuestro Ministerio prepare diccionarios con destino a las regiones ocupadas , donde hay que enseñar y difundir el alemán. Tienen , por encima de todo, que incluir una terminología confome a nuestra moderna concepción del estado . Deben contener también aquellas palabras que que expresan nuestro DOGMATISMO político. Es una forma indirecta de propaganda de la que espero , a la larga, los mejores frutos .” (Diario de J. Goebbels .Febrero 1942.) … palabras que casi suenan a música celestial frente al culturoReich catalán que venimos soportando los valencianos desde hace ya más de un siglo.

¿Será por fin la mesíánica AVL (Academia anti-Valenciana de la Lengua) , con sus mesías pancaglobalizadores, la normalitzadora y dogmatizadora de la “timo-unitat llingüística”, profetizada por los gururús del fascistocatalanismo ? ¿ Habremos , por fin, clonado para la Comunidad Valenciana el IV culturoReich catalaní? y…, para más inri, con el centro-derecha al frente de la Conselleria d´Educació i Cultura.

Indro Montanelli se equivocaba: si infame es la izquierda para la cultura, peor es la derecha, convertida en cómplice-esclava de tan despreciable incultura.
www.teresafreedom.com

El falso derecho a decidir
PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO, Rector de la Universidad Rey Juan Carlos ABC 16 Julio 2008

LA cantinela nacionalista no tiene límite en sus megalómanas aspiraciones soberanistas, ni conoce restricciones en sus vías de espuria ejecución. Quizás la naturaleza de las pretensiones del nacionalismo actual le imposibilita poner límite político y constitucional a las reclamaciones de infinito autogobierno. La mejor prueba es la triste contumacia del Lehendakari en empeñarse en alucinógenas pesadillas de conformación de estatalidad. A tal fin, ahora tocaría la propuesta del «derecho del pueblo vasco a decidir» el próximo 25 de octubre que recoge la Ley 9/2008, de 27 de junio, del Parlamento vasco. Nada verdaderamente novedoso -recuerden el Plan Ibarretxe de 2004-, pero jurídica y políticamente inabordable en nuestro régimen constitucional.

A pesar de ello, y puestos a esgrimir la imposible independencia, es conocida la ductilidad para escoger las formulaciones más idóneas en cada momento. No importan sus groseras fallas de inexactitud o su íntegra falsaria construcción. Todo sea bienvenido en aras de la cruzada: la irrefrenable consecución de la bien hadada configuración en Estado. Para lo cual los conspicuos políticos y juristas en pro de la sagrada causa no dudan en valerse de las construcciones doctrinales que la Filosofía Política, la Política, la Sociología y el Derecho puedan tangencialmente brindarles.

Mientras tanto, todos los prevalimientos son ejercidos sin recato. Se nada a favor del poder normativo de lo fáctico. Se disfruta de los inmediatos réditos del principio de efectividad. Se fomenta el principio de equivocidad de los conceptos. Se cultiva el principio de cualquier apariencia que juegue a favor. Se rentabilizan las conquistas del principio de temporalidad. Se abusa del principio de tolerancia de un menguante Estado. Se fuerza la internacionalización del ficticio «conflicto vasco», al dar pábulo a organizaciones supranacionales mientras se ganan voluntades de seniles ex dirigentes políticos internacionales. Se ensalzan las no se sabe qué bondades de un «final dialogado». En el peor de los casos -la no consecución inmediata de la secesión- se van logrando dos batallas relevantes. La primera, la confusión en el uso del lenguaje. La segunda, la lluvia fina termina impenitentemente por calar. Todos lo sabemos: la percepción de la realidad forma parte de esa misma realidad.

Las categorías jurídicas se retuercen pues a voluntad. Si conviene se ensalza el «derecho a la independencia». Si interesa se alega el «derecho de libre determinación». Si procede se amenaza con el «derecho de secesión». Hasta se invoca -¡como Puerto Rico!- el caso del «Estado Libre Asociado». Lo que se pide ahora, «el derecho a decidir», carece asimismo de fundamento histórico, y no es político-constitucionalmente posible. Pues no. «Los españoles llevamos viviendo -dice Miguel Delibes- mucho tiempo juntos». Como afirmaba el Tribunal Supremo de Canadá en su Dictamen de 20 de agosto de 1998 respecto de la secesión de Quebec, «un Estado cuyo Gobierno representa, en igualdad y sin discriminación al conjunto del pueblo o de los pueblos que residen en su territorio y que respeta los principios de autodeterminación en sus arreglos internos, tiene derecho, en virtud del derecho internacional, a la protección de su integridad».

Aquí no estamos en un debate sobre los contenidos y la naturaleza de genéricos conceptos de la Ciencia Política y del Derecho Constitucional, sino lo que tales realidades significan en la Constitución de 1978, que es precisamente nuestro referente de ordenación político-jurídica. Así que no hablemos de la relatividad de las acepciones del vocablo Estado, del carácter difuso de la noción de soberanía, de la pérdida de relevancia de los Estados o de la equivocidad de la expresión Nación.

Nación en la Constitución no existe políticamente más que una, la Nación española, que es la que decide -desde el principio de libertad democrática- organizarse en su vigente Carta Magna: «La Nación española... en uso de su soberanía, proclama su voluntad... (Preámbulo)». Soberanía no hay tampoco más que una, y ésta se asigna al pueblo español en su integridad: «La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado» (artículo 1.2). Las Autonomías, es decir, la forma de ordenación territorial de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española, se asientan en el principio de autonomía: «La Constitución... reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran...» (artículo 2). Una autonomía verdaderamente política, más allá de la mera autonomía administrativa, pero construida desde el principio de unidad y con una referencia explícita al de solidaridad. Expresado en palabras del Tribunal Constitucional, «La autonomía hace referencia a un poder limitado. Autonomía no es soberanía» (STC 4/1981, de 2 de febrero). No cabe ningún derecho de secesión: «La Constitución se fundamenta -prescribe también el artículo 2- en la indisoluble unidad de la Nación española». ¡La Nación es un prius a la Constitución! Por lo demás, tales referéndums/consultas son de única competencia estatal: «El Estado tiene competencia exclusiva sobre... Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum»: (artículos 149.1.32 y 92.2 CE y 2,3 y 6 de la Ley Orgánica de Referéndum 2/1980).

Los vascos claro que disfrutan de un «derecho de decisión». Pero se trata de un derecho recogido en la misma Constitución y no en un fantasmagórico marco internacional habilitador de infundadas ansias independentistas. Un derecho que los vascos, como catalanes o riojanos, expresan dentro de los parámetros de constitucionalidad. ¿Saben cuál es su cauce habilitador? Se lo recuerdo: el Estatuto de Guernica de 1979. Las Constituciones son obra de las Naciones políticas, las únicas realidades soberanas conformadas hoy como Estados independientes. Lo otro se denomina deslealtad, salvo que se disfrute de las mayorías cualificadas para auspiciar, ¡cosa que no se tiene!, tan profundísimos cambios constitucionales (artículo 168 CE). El presidente del Gobierno acertó: «es innecesaria, es inconveniente, divide y confunde a los ciudadanos». «La mitomanía histórica -decía Vicens Vives- es la principal locura».

Además, en esa hipotética consulta, ¿quiénes estarían llamados a las urnas? ¿Cómo se van a expresar tantos ciudadanos vascos impelidos a abandonar sus hogares a causa de la extorsión y el crimen? Fernando Savater lo exponía bien: «Con una población atemorizada no puede haber consulta». Y por otro lado, ¿es que el resto de españoles no tenemos nada qué decir? El reciente Dictamen del Consejo de Estado de 3 de julio de 2008 lo señala certeramente: una fracción del cuerpo electoral -el vasco- no puede condicionar las decisiones del único poder soberano: el pueblo español.

¿Es tan difícil recuperar la cordura y hacer posible la aspiración de Claudio Sánchez Albornoz?: «Una España nueva que sepa escuchar los mandatos de la historia y sobre todo el más inexorable, que puede resumirse en tres palabras: paz en libertad». El ordenamiento jurídico dispone desde luego de la vía para abortar tales esquizofrenias: su presente impugnación suspensiva ante el Tribunal Constitucional (artículo 161.2 CE). ¿Es tan fatigoso convivir libremente respetando la Constitución y la ley? Recordaba el otro día la sabia admonición de Montesquieu: «La libertad es el derecho a hacer todo lo que las leyes permiten, de modo que si un ciudadano pudiera hacer lo que las leyes prohíben, ya no habría libertad, pues los demás tendrían igualmente esta facultad».

Desafío y respuesta
Editorial ABC 16 Julio 2008

El Plan Ibarretxe II está condenado, como mínimo, a su paralización después de que el Gobierno presentara ayer mismo y ante el Constitucional el recurso contra la ley de consulta popular con la que el lendakari quiere dar cobertura a su estrategia soberanista. Ibarretxe se ha hecho la víctima y ha calificado el recurso ante el TC como una «suspensión del autogobierno». Ni este tipo de declaraciones ni la amenaza de movilizaciones debe cambiar la actitud del Gobierno, que esta vez ha hecho lo que tenía que hacer, con rapidez y sin amagos. Su respuesta al desafío del Ejecutivo vasco merece el apoyo general y ha de facilitar la plena recuperación del consenso de Estado entre PP y PSOE frente a las pretensiones nacionalistas. Ahora, el TC tiene que ser consciente de que la suspensión cautelar de la ley vasca debe desembocar cuanto antes en una sentencia definitiva, que aborde no sólo su más que probable inconstitucionalidad, sino la necesidad de una tajante declaración sobre la unidad de la soberanía nacional. El Gobierno cuenta con pleno respaldo social y con el apoyo del PP, factores idóneos para que el PSOE redefina su relación con el nacionalismo y apueste por un cambio histórico. El problema que representa el PNV para la estabilidad constitucional no se va a acabar con la inconstitucionalidad de la iniciativa de Ibarretxe. Es precisa una respuesta política más profunda y decisiva, porque no nos hallamos ante una extravagancia de un lendakari amortizado, sino ante una contumaz estrategia nacionalista de desgaste del sistema constitucional.

¿Qué derechos lingüísticos?
IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA El País 16 Julio 2008

Los usuarios de estas lenguas locales tienen también sus agravios. Se quejan de que la justicia se desarrolle sólo en español, o de que haya muchas trabas al uso de las lenguas locales en las instituciones políticas españolas. Pero todas estas protestas, tanto las de unos como las de los otros, podrían resolverse razonablemente si hubiera voluntad de acuerdo.

El Manifiesto, sin embargo, va mucho más lejos. Se afirma que no sólo existen los despropósitos antes mencionados, sino que, además, y esto sería mucho más grave, las políticas lingüísticas de algunas comunidades autónomas violan derechos de los castellanohablantes cuando les obligan a recibir la educación en la lengua local. La referencia a los derechos de las personas no es baladí. Si verdaderamente la elección de la lengua que se utilice en la enseñanza constituye un derecho, la política lingüística de comunidades autónomas como Cataluña sólo podría entenderse como una imposición que no respeta la libertad de las personas. De ahí el conflicto que denuncian entre "políticas nacionalistas" y "libertades ciudadanas".

Pero cabe cuestionar si el derecho del que hablan los partidarios del Manifiesto existe. El Tribunal Constitucional no lo ha entendido así, pues ha frenado todos los intentos por impugnar la política lingüística catalana. Los redactores del Manifiesto son conscientes de que no pisan terreno firme y por eso dan a entender, sin argumentación alguna, que ese derecho existe pero no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, ante lo cual piden una reforma constitucional.

Piden, pues, una reforma constitucional los mismos que hace unos años criticaban, con la agresividad que estilan, a cualquiera que cuestionara la Constitución de 1978; para ellos, entonces, el fundamento último de nuestra convivencia democrática. Exigen ahora una reforma que rompería la convivencia lingüística de Cataluña, pero que podría reportar votos al partido de los impulsores del Manifiesto, UPD.

En cualquier caso, ¿tiene sentido hablar del derecho de las personas a elegir la lengua vehicular de la enseñanza? Cabe dudarlo. Qué contenidos deban impartirse en los colegios públicos es una decisión política de los poderes públicos. En España, por ejemplo, nadie tiene el derecho a recibir enseñanza pública religiosa en la que se apoye el creacionismo y se condene la teoría de la evolución, del mismo modo que no existe el derecho a no recibir Educación para la Ciudadanía si las autoridades deciden que esa asignatura forme parte de los planes de estudios.

En Cataluña se decidió, en virtud de un amplio acuerdo político y social, que el catalán fuera la lengua de enseñanza en el sistema público. Como en toda decisión política, habrá personas que se opongan. Pero eso no quiere decir que sus "derechos" hayan sido menoscabados.

Quizá el principal inconveniente de plantear el problema lingüístico en términos de derechos es que no analiza las consecuencias que puedan tener las distintas políticas de la lengua. Si hubiera un derecho ciudadano al respecto, habría que respetarlo, con independencia de los problemas que se puedan generar por ello. Así, puesto que el Manifiesto se mueve en un plano puramente ideológico, las cuestiones políticas que es necesario tener en cuenta no se mencionan.

¿Acaso impide el sistema catalán de inmersión el aprendizaje del español? Hasta el momento, no se han ofrecido datos que permitan responder afirmativamente. Si el catalán no fuera lengua de enseñanza, ¿llegarían a ser bilingües los castellanohablantes que viven en Cataluña? La situación entre las dos lenguas es tan asimétrica a favor del español por su abrumadora presencia social, que la mayoría de los catalanes piensa que no. Y de lo que se trata, como señaló Josep Ramoneda en este periódico, es de que se rompa de una vez en Cataluña la asimetría entre ciudadanos monolingües en castellano y ciudadanos bilingües. Por último, ¿acaso eliminar el catalán como lengua exclusiva de enseñanza no fracturaría la sociedad catalana en dos mitades lingüísticas, una de las cuales, la de los monolingües castellanos, no tendría la oportunidad de acceder a los trabajos que requieren el conocimiento del catalán, como por ejemplo los de la Administración catalana?

Los promotores del Manifiesto no han abordado estas cuestiones. Han preferido defender sus posiciones a base de responder a críticas especialmente lunáticas y zafias. Esa salida es tan decepcionante como lo sería atacar el Manifiesto por el hecho de que lo hayan ensalzado reaccionarios de toda laya. El debate sólo será provechoso si se abandona la demagogia de los derechos y se discute con datos y argumentos sobre el fin a alcanzar (bilingüismo efectivo o dominio del castellano en las comunidades con lengua propia) y los medios para conseguirlo. Justo lo contrario de lo que han hecho hasta el momento los intelectuales firmantes del Manifiesto.

Ignacio Sánchez-Cuenca es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.

La Constitución Española y el Tribunal Constitucional
Nota del Editor  16 Julio 2008

El Sr Sánchez-Cuenca no debe haber leído la Constitución Española, que en su art.3º establece el deber de conocer el español y en toda ella no establece el deber de conocer lengua regional alguna. Sigue argumentando con las sentencias del desprestigiado y anticonsticonsticional Tribunal Constitucional, que no hay que olvidar, ha determinado que los niños españoles no tienen derecho a ser escolarizados en su lengua materna si esta es la española, pero el tal tribunal, aún no ha determinado que el resto de los ciudadanos tengamos el deber de conocer las lenguas regionales, incluso si vivimos en regiones donde el estado, que debería ser garante de los derechos constitucionales, ha permitido que las tales lenguas regionales sean lenguas "propias" y el español, por consiguiente, sea lengua impropia.

El Sr. Sánchez-Cuenca debería esperar, al menos, hasta que el TC nos imponga el anticonstitucional estatuto catalán para escribir en contra del manifiesto por la lengua común, pues ahora mismo, no tiene razón alguna.

Réplica al artículo de Sánchez-Cuenca '¿Qué derechos lingüísticos?'
J. Elosua www.ciudadanos-cs.org / EL PAÍS  16 Julio 2008

¿Por qué piensa el autor que no es lícito permitir la libertad de elegir la lengua de escolarización entre las lenguas oficiales?

Poco provechoso el artículo de Sánchez-Cuenca. La primer columna es un argumento ad hominen (del tipo: "estos mismos son aquellos que antes…") y un juicio de intenciones (al deslizarse la idea de que el Manifiesto tiene como intención sacar ventajas políticas). Esto no es lícito en un debate que se quiere "provechoso" como pide el autor. En los debates provechosos los argumentos se sostienen por sí mismos, independientemente de las personas que los enuncian o sus posibles intenciones.

Hay confusión deliberada al hablar de los derechos al discutir si los padres tienen derecho de escolarizar a sus hijos en la lengua oficial de su elección, o no. El autor dice que no, puesto que el Constitucional no ha reconocido este derecho. Aquí estamos de acuerdo, aunque habría que añadir que lo contrario también es cierto. O lo es con casi total certidumbre, pues si le preguntáramos al Tribunal si se ajustaría a la constitución el diseño político alternativo - esto es, que los padres tienen derecho a elegir la lengua de escolarización de sus hijos entre las lenguas oficiales de su región- nos diría que sí con una probabilidad del 100%.

No tienen esos derechos, dice el autor, porque no lo ha reconocido así el Constitucional. Pero otra cuestión es estudiar si existe o no ese derecho desde tal o cual teoría de la justicia. Eso no lo trata Sánchez-Cuenca. Antes, lo evita, al decir que meternos ahí es situarnos en "un plano puramente ideológico". Pero quizá haya que meterse aquí, y ver desde qué teoría de la justicia es defendible imponer de forma excluyente la escolarización en una lengua en contra de otra lengua también oficial. De hecho, lo que se señala desde una postura liberal es que esta imposición excluyente está en el límite de lo que puede ser tolerado (ahí está, p. ej., el art. de Laitin y Reich en Kymlicka y Patten Language Rights and Political Theory –aunque hay otros muchos en este mismo sentido). Si hablamos de derechos tenemos que discutir estos temas, no ignorarlos o introducirlos a por la puerta de atrás como él mismo termina haciendo.

Se pregunta el autor si se llegaría al bilingüismo si no fuera obligatoria la enseñanza excluyente en catalán. También se pregunta qué se puede hacer para evitar la abrumadora mayoría del español. Como el que no quiere la cosa, aquí está introduciendo por la puerta de atrás esos "juicios ideológicos" que tanta grima le daban un poco más arriba. Estas preguntas se basan en una preocupación por la posición relativa del catalán (o por evitar su muerte). Aquí cabría exigirle al autor que explicitara una teoría de la justicia que diera buena cuanta de las razones por las que es necesario evitar el "desequilibrio lingüístico" en una comunidad, dónde estarían los límites de una política orientada en este sentido, y quién terminaría pagando los costes. En otras palabras: si antes el autor decía que al hablar de los derechos de las personas se hacía ideología, bien se le puede replicar que al invocar los derechos de las lenguas a mantener una situación de perfecto equilibrio (o evitar su muerte) también está haciendo ideología.

Lo peor viene al final. El autor se pregunta retóricamente "¿acaso eliminar el catalán como lengua exclusiva no fracturaría la sociedad catalana en dos mitades lingüísticas (..)?" Este es el viejo argumento de la cohesión social, y está basado en un contrafáctico que casi nadie se atrevería a hacer. De hecho, si nos quisiéramos meter en discutir qué habría pasado si hubiera habido dos o tres modelos escolares en lugar de uno excluyente, a mí se me ocurriría mirar lo que ha pasado en Quebec: ahí el Constitucional canadiense mantuvo que iba en contra de los derechos individuales obligar a los niños angloparlantes a ser escolarizados en francés, con el resultado de que hay dos redes públicas escolares: una en inglés (para quebequeses angloparlantes) y otra en francés (para todos los demás). ¿Ha habido fractura de la sociedad por este hecho? No.

(El argumento de la cohesión social, además, da miedo, pues se reduce a uno del tipo: "o haces obligatoriamente lo que yo te diga, o aquí vamos a tener problemas". Vamos, como los 25 años de paz de Franco.)

Y, por último, y esto ya muestra lo alejado que está el autor de una argumentación liberal es cuando, siguiendo el argumento de la posible fractura social, sugiere que, por su bien, y aún en contra de sus deseos, todo el mundo debe ser escolarizado en catalán, pues de otra forma uno no tendría la oportunidad de terminar trabajando en la administración catalana. Pero muy posiblemente las perspectivas vitales de muchas personas tienen un horizonte mucho más amplio que la administración catalana (y es precisamente por esto por lo que no se les permite elegir).

En fin, ¿por qué piensa el autor que no es lícito permitir la libertad de elegir la lengua de escolarización entre las lenguas oficiales? Yo todavía no encuentro argumentos de peso en contra de esta libertad de elección.

Segregación en Cataluña
¿Escuelas de bienvenida o centros de reclusión?
Se trata de "socializar" a los inmigrantes bajo un único dogma: la finca en la que moran se llama Generalidad –España, por supuesto, no existe–, y sólo tiene un amo: Montilla el del PSC.
Agapito Maestre Libertad Digital 16 Julio 2008

La Generalidad de Cataluña, apoyados por el ministro de Trabajo y la secretaria de organización del PSOE, han propuesto separar, que es una forma de recluir, a los menores inmigrantes de 8 a 16 años en centros especiales para adaptarlos al sistema educativo catalán (sic). Quien esté comprendido entre esas edades, no haya sido escolarizado y, naturalmente, sea inmigrante, reúne las condiciones para ser sometido a un proceso de segregación, separación y "socialización educativa" al margen del sistema educativo español. Los objetivos de la Generalidad son claros: "Informar y orientar sobre el sistema educativo catalán (no español). Sensibilización y fomento del uso de la lengua catalana (no la española). Iniciar procesos de familiarización con la realidad cultural catalana (no la española) mediante talleres educativos, culturales y deportivos."

La perversidad de la idea fue concebida merced a desde hace años existe un programa de apoyo al sistema formal de escolarización para los niños inmigrantes. Es el conocido proyecto de los Espacios de Bienvenida Educativa (EBE), algo así como una red de apoyo paralelo al educativo formal para que los niños inmigrantes se integren mejor y más rápidamente en el sistema escolar español. Los EBE constituyen todo un programa de integración educativa, que viene siendo desarrollado hace ya tiempo a través de Aulas de enlace en Madrid, o de acogida en Cataluña, o temporales en Andalucía, pero que la Generalidad de Cataluña quiere instrumentalizar para separar, segregar y programar a niños inmigrantes en súbditos catalanes.

Seguramente, la operación no se llevará a cabo de momento por las críticas recibidas, entre las que destaca el incumplimiento de los artículos 78 y 79 de la LOE, que no permite forma alguna de "segregación" o separación de los niños inmigrantes sin escolarizarlos previamente; pero estoy convencido de que la iniciativa de Montilla es la primera batalla de una guerra que trata no tanto de crear guetos, cosa obvia para quien conozca las intenciones de los socialistas y nacionalistas, cuanto de pastorearlos en su provecho. En otras palabras, se trata de "socializar" a los inmigrantes bajo un único dogma: la finca en la que moran se llama Generalidad –España, por supuesto, no existe–, y sólo tiene un amo: Montilla el del PSC. Todo se les permitirá a los inmigrantes, excepto no votar a los socialistas y nacionalistas.

Montilla parece haber rectificado, insisto, de momento, y ha dicho que esos espacios de acogida, o de Bienvenida Educativa, no serán obligatorios. Aunque sólo los padres que lo deseen podrán acogerse a la medida de pasar por estos espacios antes de integrarse en el sistema escolar, creo que la voluntariedad será sólo formal, conociendo cómo actúan los socialistas en materia educativa. ¿O es que acaso formalmente no existe el bilingüismo en Cataluña, cuando en realidad millones de niños no pueden ser escolarizados en castellano?
La "valiente" medida, según la calificación de Corbacho, del departamento de Educación de la Generalidad no tiene otro objetivo que mostrarle a los inmigrantes una sórdida alternativa: o se adaptan al nacionalismo socialista catalán o lo pasarán mal. Montilla sabe tan bien como Orwell que "desde el punto de vista de los Bajos, ningún cambio histórico ha significado mucho más que un cambio en el nombre de sus amos". Y aquí, según parece decir la Generalidad, no hay más amo que Montilla.

Todos colgados de la brocha
Lorenzo Contreras Estrella Digital 16 Julio 2008

Éramos pocos y parió la abuela. Había reconocimiento de crisis y suspendió pagos Martinsa–Fadesa, la mayor suspensión de la historia económica española. Un billón de las antiguas pesetas por medio, según las versiones disponibles o las interpretaciones de los expertos. Ya se sabe: el Instituto de Crédito Oficial (ICO) niega a Martinsa, o no tramita, su anunciado préstamo de 150 millones de euros. El ICO depende orgánicamente del Ministerio de Economía, y por tanto lo controla Solbes. Tiene por principio el Instituto no conceder créditos puente a empresas privadas. Mientras tanto otras empresas inmobiliarias se tambalean, entre ellas, según se dice, Reyal Urbis. Las consecuencias sociales, en forma de regulaciones de empleo, no pueden faltar. Están en marcha. Industrias auxiliares de la construcción quedan directamente concernidas. Demasiados grupos colgados de la brocha.

Es hora de acción urgente, pero lo que se comenta o buena parte de lo que se escucha corresponde a la necesidad de analizar la situación. Es lo que se le ocurre, por ejemplo, a Miguel Sebastián, ministro de Industria, cuando pide en los cursos de El Escorial un nuevo Pacto de la Moncloa. O sea, empresarios, sindicatos y partidos políticos en danza y cháchara como hace tantos años, cuando la democracia incipiente tras el franquismo estaba en pañales. Ahora parece que volvemos a cosa parecida en el orden económico. Miguel Sebastián da la sensación de que no concuerda con Zapatero, que sólo quiere hablar con Rajoy de asuntos judiciales. Significativo que ésa sea su urgencia, su apremio.

Tres crisis se han dado cita en esta coyuntura: la financiera, la energética y la inmobiliaria, que se solapan entre sí. Pero existe la otra, la crisis de entendimiento político, de “concertación para avanzar”. ¿Hacia dónde? Ahí está, como queda indicado, la crisis de la Justicia y el desafío independentista, tan ligado al futuro de las autonomías. En lo que afecta a la Justicia, la lucha política se entabla en torno al control del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que fue perdiendo desde un principio su control propio y hace demasiado tiempo que pasó a ser controlado por el Gobierno y los partidos. Ahora se murmura que la presidencia de ese Consejo, y por tanto del Tribunal Supremo, podría ser ocupado por Fernando Ledesma, de tanta influencia en la carrera de la hoy todopoderosa María Teresa Fernández de la Vega por la vía de la magistratura y del famoso cuarto turno, que a la actual vicepresidenta del Gobierno le sirvió para “incrustarse” en la vida judicial, su trampolín para la otra, la política.

Por lo que respecta a la “concertación” política, ahí está pendiente de descifrarse el “quid” del cambio de rumbo experimentado por el PP. Zapatero y Rajoy, Rajoy y Zapatero, se hacen signos de amistad sobre la base de una conveniencia que ha motivado la borrasca dentro del PP vasco y también, en parte, del PP catalán. Aquel Rajoy de la noche del 9–M, cuando desde el balcón de la calle Génova, en la sede del derrotado partido, asomado para el protocolo del saludo a los incondicionales, decía “adiós”, pronunciaba una palabra que siempre se ha relacionado o identificado con las despedidas, en este caso la despedida política, que luego se transformó en un “hasta pronto” o más bien “hasta mañana”. Rajoy necesitó para esta mutación consultar con la almohada aquella noche. Tal vez lo que funcionó fue el teléfono o algún fulminante vis a vis. ¿Con Fraga quizá? Desde luego, jamás Aznar, que no ha perdonado el volquetazo. A fin de cuentas, Fraga ha hecho sentir sutilmente, si cabe en él lo sutil, su proximidad a las tensionas últimas del partido. El hombre de “la calle es mía” es también el hombre de la Administración única para las Autonomías y el principal impulsor de la inmersión gallega en el idioma de Castelao. ¿A cuánta distancia queda el nacionalismo? Es decir, los nacionalismos.

Las "balanzas fiscales" quitan la razón a los nacionalistas
EDITORIAL Elsemanaldigital  16 Julio 2008

Este martes el Ministerio de Economía y Hacienda hizo públicas las balanzas fiscales elaboradas por el Instituto de Estudios Fiscales. Con seis métodos diferentes la conclusión es la ya prevista: los ciudadanos de algunas regiones contribuyen como media más que los de otras a los gastos comunes del país. Pero los nacionalistas que habían exigido la publicación de este análisis, especialmente los catalanistas, han quedado defraudados por el resultado.

Se mire como se mire, para los expertos de Hacienda los ciudadanos de las autonomías de Madrid, Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana son los que "más contribuyen" a la solidaridad territorial. Este principio constitucional parece estar siendo cumplido con el actual modelo impositivo, que además es según el equipo de Pedro Solbes "progresivo" e implica una "correcta redistribución de la renta a través del gasto público".

Ocho Comunidades Autónomas, en su conjunto, aportan más de lo que reciben, mientras que once (incluyendo en el total las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla), reciben más de lo que sus ciudadanos dan. A pesar de las reivindicaciones nacionalistas, Cataluña no está sola en la lista de regiones deficitarias, que tampoco encabeza. La Comunidad de Madrid, en cambio, constantemente acusada por todos los nacionalistas de beneficiarse de la capitalidad, resulta ser de las más solidarias con el resto de los españoles.

Los catalanistas esperaban poder usar estas balanzas fiscales como argumento para una nueva financiación autonómica, en la que el Principado saliese más beneficiado. En realidad, las Comunidades que más se beneficiarían de un cambio de modelo que tratase de equilibrar los saldos fiscales regionales serían precisamente Madrid y Valencia, que no piden una ruptura semejante del principio de solidaridad. El portavoz de Economía del PP en el Congreso, Cristóbal Montoro, pidió que los datos contenidos en las balanzas fiscales no sean utilizadas "para enfrentar a los españoles", entre los que no caben "agravios comparativos".

Montoro, además, ha puesto el dedo en la llaga al recordar que no son las Comunidades las que pagan impuestos, sino los españoles que viven en ellas. En ese sentido, es natural que las regiones con mayor riqueza per capita paguen más impuestos. Pero no se trata de una desigualdad injusta sino de la aplicación del principio constitucional de solidaridad.

Cabría preguntarse, además, por qué otros nacionalistas habitualmente reivindicativos como galleguistas y vasquistas han permanecido en silencio ante esta noticia. Galicia está entre las regiones beneficiadas por el actual sistema fiscal, y un cambio en la dirección propuesta por los catalanistas no convendría a los actuales gobernantes gallegos. El País Vasco, por su parte, tiene un sistema fiscal propio de origen foral y preconstitucional que difícilmente puede hacerse pasar por solidario y que los nacionalistas no desean modificar.

Las letras giradas
Las letras giradas
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 16 Julio 2008

ESTO no es «la maldición del segundo mandato», como se le llama peliculeramente. Son las letras sin fondo giradas por Zapatero durante su primer mandato, que llegan a cobro. Desde un Ibarretxe que plantea un desafío anticonstitucional porque no se le ofrece a él lo que se ofreció a ETA durante la negociación, a las comunidades autónomas, capitaneadas por Cataluña, que exigen lo que se les autorizó en sus nuevos estatutos, pero no puede dársele porque las cuentas no cuadran. En cuyo caso, amenazan con toda clase de represalias, empezando por no apoyar el próximo presupuesto. Lo que le faltaba a Solbes.

Pues la crisis de verdad, la más urgente y peliaguda, es la económica. Resulta, además, que no hay una, sino tres. Una crisis internacional, generada por el alza del petróleo y las hipotecas basura; una crisis española, generada por la burbuja inmobiliaria, y una crisis del Gobierno, por no haberla sabido prever y, lo que es peor, no estar sabiendo manejar. De las tres, la más grave es la última. Crisis ha habido siempre en todas partes. Unos las han salvado, otros, no. La clave ha sido siempre si quien estaba al frente del país tenía la capacidad suficiente para afrontarlas y la energía necesaria para tomar las decisiones oportunas, por dolorosas que fuesen.

Que es precisamente lo que ha faltado en España, donde un Gobierno de ineptos o mentirosos, o de las dos cosas al mismo tiempo, no ha hecho nada para prevenirla y, en cambio, ha hecho todo para enmascararla. Un Gobierno que empleó su primer mandato en proyectos que cosecharon sonados fracasos, como la negociación con ETA, y en reformas de los estatutos que sólo interesaban a determinadas minorías, en vez de abordar la tarea más urgente y necesaria: poner la economía española sobre cimientos más sólidos que el ladrillo y el consumo, sobre los que descansaba. Un cambio que conviene hacer en épocas de prosperidad, cuando hay un colchón para frenar los golpes, no cuando apenas queda guata para amortiguarlos.

Pero Zapatero no sólo no lo hizo, sino que ha iniciado su segundo mandato montado en su optimismo antropológico y tachando de antipatriotas a quienes le cantan las verdades, táctica que ya utilizó durante el primero, con éxito, todo hay que decirlo. Claro que estábamos en el periodo de vacas gordas. Tal vez para compensar que estamos en el de las flacas, lanza ahora una cortina de humo con el aborto y la eutanasia, en un intento desesperado de tapar el inmenso agujero que se abre en las grandes compañías inmobiliarias, la mayor de las cuales ha terminado por explotar. Pero fiel a su norma de «ni admitirlo ni enmendarlo», el presidente quiere centrar su primer encuentro con el líder de la oposición en la reforma de la Justicia, tema importante sin duda, pero no el que más preocupa hoy a los españoles. Aunque también es verdad que somos nosotros quienes le hemos elegido. Sospecho, sin embargo, que dentro de no mucho serán pocos los que reconozcan haberle votado.

El eslabón más débil
El eslabón más débil
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 16 Julio 2008

Llegamos tarde. Siempre tarde. Las placas de las calles dedicadas a los terroristas estaban ya ahí. Los que siempre tuvieron que esconderse, como apestados, fueron las víctimas. Tuvo que ser asesinado a plazo fijo Miguel Ángel Blanco para que surgiera una asociación cívica, y ha pasado mucho tiempo hasta que algunas gentes de izquierda comenzaron a darse cuenta de que hay un concepto democrático y cívico de nación. Porque, aun bien avanzada la democracia, algunos intelectuales seguían pensando que el terrorismo etarra estaba justificado por la naturaleza terrorista del propio Estado español.

Ha sido muy tardía la conciencia de la ciudadanía y de los partidos en relación con la marcha de los nacionalistas hacia la independencia. Para ellos con sabor a gesta. Con sus luchadores. Con sus «mártires». Así que, cuando hemos querido darnos cuenta, las placas de las calles en honor de los criminales ya llevaban puestas un buen tiempo.

Abogados del Estado han sido encargados de encontrar alguna medida por la que puedan retirarse las placas de las calles dedicadas a los etarras. ¿Y nos quejamos de que sean recibidos en Estrasburgo?

Ahora ha escandalizado la noticia de la liberación de De Juana por las situaciones de humillación que va a crear su mera presencia en ciertos medios. Pero, ¿acaso es De Juana el primer criminal que cumple condena? ¿En estas cuatro décadas de Terror no se habían producido situaciones similares por las que el legislador hubiera debido ver la conveniencia de defender la cotidianidad de las víctimas? Todos hemos visto el reportaje del asesino tomando café en el-centro-del-café-que-está-en-el-centro-del-pueblo. La densidad criminal del País Vasco es demasiado alta para no caer en la cuenta de hechos como éste. Los símbolos nacionalistas lo llenan todo. La presencia etarra invade hasta el Tour.

En esta situación ha llegado la encuesta del Euskobarómetro, según la cual las próximas elecciones autonómicas darían la victoria a los socialistas. No es de extrañar. La cadena se rompe por el eslabón más débil.

Durmiendo con tu enemigo
Durmiendo con tu enemigo
LAURA CAMPMANY ABC 16 Julio 2008

ESE tipo, De Juana, tiene algo más que suerte. Tiene a un Estado entero dejándose robar hasta el sentido. No sólo te asesina al hijo o al hermano, sino que luego, cuando se le acaba el paseo por las nubes, se te instala en el piso de abajo, que es de admirar lo bien que disimula, y puedes irte dando por jodido, porque ahí es donde piensa vivir y oxigenarse, donde piensa cruzarse cada tarde contigo, para que con tu propia autonomía, tu propia dignididad y tus propios derechos, hagas un referéndum que no vote Ibarretxe.

De ese tipo, De Juana, dice el ministro Bermejo que lo importante es que haya aprendido la lección. A lo mejor se refiere a algún capítulo sobre héroes y tumbas de la Educación para la Ciudadanía, que no menciona el quinto mandamiento. Pero algo sabe ya que no sabía. Tiene que haberse dado cuenta, por ejemplo, de que matar personas en España no es ni remotamente un deporte de riesgo. En caso de captura, el precio es asumible y, tras el pronto pago, se abre ante ti un magnífico horizonte con vistas a las viudas que tú mismo forjaste, o a huérfanos que saben quién era el asesino.

Algo falla y rechina en la Justicia. Algo que va más lejos que un simple disparate. Dejar entrar al lobo en el aprisco raya en el contradiós. La ley está para evitar el daño, pero también la burla, el regodeo. Y si aún no tiene letras suficientes para alejar del huerto a los verdugos, que le pongan dos manos. Antes de que las calles se vuelvan indecentes, antes de que la sangre tiña de rojo el trigo, antes de que no puedan, mansamente, llorar los vivos y cantar los muertos. Antes de que una noche nos encontremos todos durmiendo en nuestra cama al enemigo

Respuesta al clamor social
Jesús Salamanca Minuto Digital 16 Julio 2008

Si un estudiante tiene un examen final de carrera y se pone a estudiar la noche antes, estamos ante un estudiante que no sabe trabajar, no sabe o no quiere planificar, es un vago, un inconsciente o un abanderado de la dejadez. Pues así es el Ejecutivo de Rodríguez; aunque se podrían decir de él muchas más cosas y mucho más graves. ¿Por qué empiezo así el artículo? Sigue leyendo y lo sabrás.

El Gobierno del presidente Rodríguez y de todos los españoles, no solo no hace los deberes en el terreno económico, sino que tampoco los hace en el ámbito político. Sabían que el día iba a llegar y que Iñaki de Juana Chaos iba a salir en libertad, tendría que vivir en algún sitio y eso podría dar lugar a polémica.

Pues la polémica ya está aquí, aunque aún hay tiempo de rectificar y aplicarle orden de alejamiento respecto a sus víctimas. Lo ha planteado acertadamente Rosa Díez, al igual que lo ha hecho la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Incluso José Antonio Alonso, el único ministro con credibilidad en el Ejecutivo de Rodríguez, está preocupado por la situación. Y de él sí se fían los españoles, aunque desconfíen de ‘zetapé’.

Lo cierto es que el Gobierno se ha puesto ayer a estudiar, a unos días de la liberación de De Juana. ¿Entienden ahora el ejemplo del estudiante vago, dejado y perezoso? ¿Encuentran semejanza entre el caso De Juana Chaos y la actitud del avestruz que ha demostrado el ejecutivo socialista?

Si hasta ahora el Gobierno ha cerrado los ojos a realidad, no es conveniente que niegue el clamor social existente, como niega la crisis. Bastantes insensateces ha cometido este el Gobierno de Rodríguez como para que ahora haga deméritos con una más. Aún es tiempo de adoptar medidas, independientemente de que gente como Llamazares u organizaciones como el PNV apoyen la salida de De Juana.

Es cierto que una vez que esté en la calle habrá recuperado todos sus derechos civiles. Y uno de esos derechos es que viva donde le plazca. Por suerte la Constitución recoge la libertad de residencia; pero eso no es obstáculo para evitar que el asesino viva junto a sus víctimas a quienes, sin duda, mirará por encima del hombro y se arriesgará a que alguien dé cuenta de él, pues no faltan personas dispuestas a organizarse, lo que impedirá que salga a la calle o se generen innecesarios enfrentamientos.

Vamos a ver. Un preso que no se ha arrepentido de sus crímenes debería continuar en prisión. Ya sé que la ley en España es coja, ciega, vaga y deficiente, al menos en estos casos. Lo reconocen hasta quienes ‘juegan’ con ella; es decir, los juristas. Hay carencias como la de referencia que hacen sentir vergüenza al legislador, al jurista y al ciudadano.

Pero lo curioso del caso, y hago uso de las palabras de un jurista: “estas deficiencias con muy fáciles de corregir”. El problema es el de siempre: depende de la “voluntad política”. Apenas hemos empezado a reflexionar y ya chocamos con la política. En esta España nuestra, todo lo que lleva el apellido “político o política” es preocupante, y a veces objeto de crítica y mofa.

Nos sorprende la solución que se aporta desde una Asociación de Juristas. Su portavoz ha expuesto que “la sucesión de casos de este tipo puede llevar en un futuro próximo a que en los escritos de acusación de los fiscales se incorporen peticiones para cuando el culpable cumpla su condena”. No dudamos de que en este punto pueda entrar el alejamiento de las víctimas y otros variados aspectos. Pero señores, ese no es el problema ahora. La inmediatez no puede esperar y Chaos no va a aceptar permanecer preso hasta que el legislador encuentre la solución.

Ya, sin más dilación, se requiere una solución. El dos de agosto está a la puerta de la esquina. Y, al parecer, ni Ejecutivo, ni PSOE, ni algunas Asociaciones jurídicas ven vías a corto plazo y, sin embargo, la ciudadanía tiene decenas de soluciones basadas en el sentido común. Si las leyes no coinciden con el sentido común, esas leyes no nos sirven a los ciudadanos y habrá que hacer otras. No nos cabe duda de que el problema está en que la ley carece de espíritu, pues éste está en el legislador y el legislador no siempre tiene el sentido común que se le supone.

Lo más triste del caso es que se demorarán las soluciones. ¿Por qué? Pues porque no se ponen de acuerdo ni siquiera las Asociaciones Profesionales de expertos y expertas judiciales. Mientras que unas Asociaciones de juristas están muy interesadas en aportar soluciones, aunque no a corto plazo, el portavoz de otra Asociación retuerce el pensamiento de tal forma que los ciudadanos nos llevamos las manos a la cabeza ante la sorpresa y la interpretación, no sin indignación.

Bendita la libertad de expresión y pensamiento, pero el retorcimiento es preocupante: “reformar el Código Penal para extender penas que ya se han cumplido supondría dar pasos adelante hacia la cadena perpetua”. ¡Ahora vas y lo cascas! Por favor, no se rían, tómenselo en serio o, al menos, háganlo en privado para no llamar la atención. Lo ha dicho un portavoz de una de las Asociaciones. Para echarse a temblar. ¡Hace falta tener colmillo retorcido para llegar hasta ahí!

Otra perla más del mismo portavoz: “es inevitable que en determinadas ocasiones un delincuente viva cerca de una víctima (…), pero lo que se debe hacer es lo que dice la ley”. De acuerdo parcialmente, pero ese no es el problema ahora. Algunos marean al burro con tanto dar vueltas a la parva. Lo que hace falta son soluciones ya. Lo de Iñaki de Juana Chaos no se puede consentir; máxime cuando se conoce el retorcimiento hipotecario de su barragana, ‘polvera’ penitenciaria y hospitalaria, hoy su mujer, para no indemnizar a las víctimas.

La ciudadanía no juzga a sus políticos y legisladores por sus intenciones. Se puede decir de ellos que tienen un corazón de oro, pero eso se puede decir también de un huevo duro. Decía James R. Lowell que la demagogia otorga a cada uno de los hombres el derecho a ser opresor de sí mismo. Cierto y, a la vez, estúpida realidad, no muy alejada de la insensatez que hace que un asesino pueda oprimir sus víctimas

Órdago Ibarretxe
Ha llegado pues la hora de la verdad, el momento en el que la Ley se cumple o cae fulminada ante el órdago de un iluminado que se cree libertador de una raza oprimida.
EDITORIAL Libertad Digital 16 Julio 2008

Hace ya mucho tiempo que la realidad se encargó de echar por tierra el mito de que el PNV era un partido nacionalista moderado, y que sus integrantes eran convencidos demócratas dispuestos a dejarse la piel en defensa de la Constitución. Esta especie, repetida hasta la saciedad durante cerca de tres décadas, posibilitó a los nacionalistas sabinianos, oficialmente "buenos" y leales, emprender una gigantesca operación de transformación radical del País Vasco. Los resultados están a la vista. Nunca las Vascongadas se han parecido menos a España que ahora, precisamente porque nunca antes se había tomado en consideración la posibilidad de que los planes del nacionalismo "templado" iban tan en serio y sus paladines aspiraban a llevarlos a cabo hasta su última consecuencia.

Juan José Ibarretxe no es precisamente una lumbrera de la política, pero tiene claro el mapa de ruta que, en los albores de la Transición, trazó Xavier Arzallus para un País Vasco independiente y totalmente desligado del resto de España: en lo político, en lo económico y en lo sentimental. Lo primero y lo último sigue el rumbo prefijado sin más contratiempos que las quejas en saco roto de los populares vascos y algunas voces aisladas que están empezando a hacer una eficiente labor de zapa en el oasis nacionalista vasco. Lo segundo se resiste, y seguirá haciéndolo en un mundo globalizado donde la democracia del mercado prevalece sobre la soberbia y la sinrazón de la política y de los políticos.

En estas coordenadas se inscribe el referéndum convocado para el 25 de octubre a instancias de Ibarretxe. Que haya sido el propio lehendakari, es decir, el máximo representante del Estado Español en aquella región, el promotor de la consulta da fe de hasta qué punto España es un país anormal en el que los encargados de hacer cumplir la Ley incitan a violarla y no pasa nada. Porque, se ponga como se ponga el ministro de Justicia, lo único cierto aquí es que Ibarretxe sigue en sus trece y no tiene intención alguna de replantearse un plebiscito a todas luces ilegal. Escudado tras la habitual morralla dialéctica que suele acompañarle, y arguyendo estupideces antológicas como que los vascos son un pueblo con 7.000 años de historia a sus espaldas, el lehendakari va a por todas dispuesto a salirse con la suya cueste lo que cueste.

Ha llegado pues la hora de la verdad, el momento en el que la Ley se cumple o cae fulminada ante el órdago de un iluminado que se cree libertador de una raza oprimida. Después de treinta y tantos años de componendas, corrección política y vergüenza por el pasado, los representantes de la Nación española, de la cual forman parte los vascos desde hace varios siglos como miembros fundadores, tienen que hacer frente a este envite sin parangón en nuestra historia reciente. Es su obligación moral y un imperativo legal de primer orden.

Si el Gobierno quiere seguir siéndolo de todos y cada uno de los españoles, debe oponerse frontalmente al referéndum de 25 de octubre y tomar todas las medidas legales que sean necesarias incluyendo, claro está, la suspensión de la Autonomía dado el carácter sedicioso de la consulta. Y con él todos los individuos libres e iguales ante la Ley que conforman la Nación, cuya salud ha sido seriamente quebrantada por una parte del Estado que se ha rebelado contra ella.

La consulta del 'lehendakari', una afrenta a la democracia
Jaime Larrínaga, sacerdote y presidente del Foro El Salvador. EL MUNDO  16 Julio 2008

Ayer fue el día elegido. Quienes desayunaran leyendo el Boletín Oficial del País Vasco probablemente se atragantarían al ver publicada la Ley sobre la consulta popular del lehendakari. Cierto sosiego se produjo sólo unas horas después, las que tardó el Gobierno en impugnar la norma ante el Tribunal Constitucional.

Hay que recordar los movimientos dados hasta aquí. Primero, la Mesa del Parlamento vasco, gracias a la mayoría que posee el tripartito, dio luz verde a la consulta que pretende hacer el Gobierno vasco en torno al final dialogado de ETA y a la autodeterminación vasca. Después, el pasado 27 de junio, el pleno de la Cámara aprobó, con la ayuda del brazo político de ETA, la ley para permitir la citada consulta.

Lo cierto es que en este circo político todos los partidos vascos han jugado su papel; no ha habido sorpresas. Una de las razones principales que esgrimen los nacionalistas para llevar a cabo la consulta no es la existencia de ETA o del terrorismo, sino el «hastío» que -según dicen- padece la sociedad vasca bajo el marco jurídico actual. El problema, por tanto, no es otro que la propia España, que habría impuesto este marco jurídico. Esta explicación en nada difiere de una de las principales razones por las que muchos jóvenes se alistan en las filas de ETA, y se consideran a sí mismos -y son considerados por un sector importante del nacionalismo- como grandes patriotas.

Y en este contexto, unos y otros se reparten los papeles. El lehendakari, con los deberes bien hechos por parte de las Consejerías de Educación y Cultura, intenta crear y fomentar un ambiente y una cultura exclusivamente nacionalistas. Y por parte de ETA, se sigue tratando de establecer una dictadura del terror, eliminando físicamente a todos los que intentan protestar (no se puede olvidar que ya hay cerca de 1.000 muertos a manos de los terroristas, y que más de 200.000 ciudadanos hemos tenido que abandonar el País Vasco). Pero para combatir esta situación, lo único que propone el lehendakari es su consulta al pueblo vasco. No me cabe duda de que, así las cosas, llegará el día en que ETA pedirá al PNV que le reconozca y le agradezca los favores prestados al nacionalismo.

La consulta consiste, pues, en que el ciudadano vasco exprese lo que quiere ser y que se respete su decisión. Y, claro, después de tantos años de siembra nacionalista, los promotores de la iniciativa esperan buenos resultados. Aunque, si fuesen malos, volverían a la carga y, con más inyección de nacionalismo, plantearían de nuevo la consulta en un futuro hasta que los resultados les sean satisfactorios. Porque ésa es la esencia del nacionalismo: reivindicar siempre, hasta salirse con la suya.

El lehendakari Ibarretxe se ha atrevido en las últimas semanas -ayer volvió a hacerlo- a repetir que la consulta es plenamente legal, plenamente constitucional y plenamente democrática. No me meto en el terreno legal ni en el constitucional. Ni tampoco me voy a detener en los argumentos históricos y económicos para juzgar la bonanza o la desgracia de la consulta para el País Vaco y para España.

En cambio, sí me interesa, y por ello protesto con todas mis fuerzas, hacer un comentario acerca de la afirmación de que la consulta es plenamente democrática. Antes al contrario, no me cabe duda de que atenta contra la democracia y contra toda ética. Hace años, los que hablaban de la posibilidad de realizar en un futuro una consulta popular sobre la hipotética autodeterminación vasca -y casi nadie les contradecía-, afirmaban que, para ello, primero era requisito indispensable que el País Vasco disfrutara de un periodo largo de paz, en el que todos los ciudadanos pudiesen manifestar sus opiniones a favor o en contra, con toda libertad.

Sin embargo, ahora que no se cumple esta condición de mínimos -aún está muy reciente el último asesinato de ETA-, el Gobierno vasco ha puesto fecha para la celebración de su consulta: el 25 de octubre. No importa que ETA siga matando cuando quiere, extorsionando económicamente a muchos empresarios, atacando a las empresas que trabajan en la construcción de la línea de tren de Alta Velocidad vasca, etcétera. Ni que muchos ciudadanos vascos -no nacionalistas- vivan con escolta y más de 200.000 se hayan exiliado del País Vasco por las amenazas de ETA.

Y lo más grave de esta situación, que hay que denunciar también, es que ha sido el nacionalismo precisamente el que ha habilitado políticamente a los terroristas desde el nacimiento hasta el día de hoy. Las distintas instituciones del País Vasco han jugado siempre a favor de los proetarras, y en contra de sus víctimas y sus opositores. Apoyo que no es exclusivo de los nacionalistas, sino que también practica IU-Ezker Batua.

ETA ha impuesto en el País Vasco una de las dictaduras más crueles que se puedan imaginar. Entre otras razones, por la nebulosa que envuelve todo. Oficialmente, existe libertad; sin embargo, la vida real está dominada por el imperio del miedo total. No se respetan los derechos humanos primarios. La sociedad vasca está rota. Una parte, la nacionalista, disfruta de todos los derechos, y la otra parte, la no nacionalista, ni siquiera puede expresarse libremente. Los no nacionalistas debemos vivir con escoltas físicos, que nos proporciona la Administración, y con los escoltas silenciosos e invisibles que se impone uno mismo.

Y donde no hay libertad, no hay más vida que la de los cementerios. A los no nacionalistas se nos descalifica, no se nos escucha, se nos acusa de antivascos, porque solamente los nacionalistas se creen vascos.

¿Qué ha hecho el Gobierno Vasco contra la dictadura del terror impuesto por ETA? Muy poco, por no decir nada. Pone la mano en el hombro de la víctima y también en el hombro del terrorista. Conducta muy cínica. En esta situación en la que vivimos, no me cansaré de denunciar la consulta del lehendakari como gravemente inmoral y nada democrática.

Me da vergüenza, como vasco que soy, que haya quienes pretendan plantear preguntas como la del lehendakari a una sociedad en la que el 50% no vive, porque vive sin libertad, con mucho miedo. Y eso no es vivir. ¿Por qué no va también el Gobierno vasco a los cementerios a proclamar su consulta, por la que no recibirá, con toda seguridad, ninguna protesta?

La ética cristiana e incluso el Código Penal nos prohíben cruzarnos de brazos. Seríamos cómplices. Por eso hago aquí mi protesta más firme contra la consulta del lehendakari. La paz la tenemos que construir entre todos. No descalificando, ignorando a la mitad de la población, como pretende el Gobierno vasco. Necesitamos una paz basada en la justicia, que ampare los derechos más elementales de todos los ciudadanos. No nos podemos contentar con la denuncia al Tribunal Constitucional. Sería de ingenuos. Porque muchos, por lo que estamos viendo estos últimos años, hemos perdido la confianza en la Justicia española, cada vez más desprestigiada y sometida a los caprichos políticos.

Por mucho Estado de Derecho que los políticos proclamen que hay en el País Vasco, la realidad es muy distinta. La democracia hace aguas, no tiene ninguna vigencia. Desgraciadamente, ETA impuso hace ya muchos años su dictadura del miedo.

¿Pactar con el PNV?
Como el PNV, el PP debiera fijarse como prioridad la batalla cultural, lingüística y social contra el nacionalismo etnicista vasco.
GEES Libertad Digital 16 Julio 2008

El Partido Nacionalista Vasco no ha sido jamás ni autonomista ni regionalista. Ha sido independentista y salvajemente antiespañol desde su fundación en 1895, y ni siquiera ha sentido la necesidad de ocultarlo. Rechaza la Constitución de 1978 y concibe el régimen constitucional como un paso prescindible para lograr la unidad nacional vasca. No le interesan ni el liberalismo ni la democracia parlamentaria, sino la construcción de un régimen nacionalista que, además, anexione territorios cercanos, sometiéndolos.

Durante la Transición, el PNV se dio cuenta de que no tenía la fuerza electoral suficiente para lograr unos propósitos, que eran entonces tan independentistas como siempre. Esto le llevó a tomar dos decisiones: en primer lugar, usar el terrorismo etarra para lograr más competencias autonómicas, con visitas constantes a Francia para negociar estrategias políticas con los etarras, incluyendo la petición a ETA (pm) de retrasar la entrega de las armas hasta arrancar más autonomía vasca.

En segundo lugar, el PNV entendió que, dadas las circunstancias, la independencia y la territorialidad eran inviables a corto plazo. Así que hizo lo único que podía hacer: alcanzar el poder, en solitario o en coalición, y llevar a cabo una ambiciosa obra de ingeniería social destinada a construir en la realidad una nación vasca hasta entonces teórica. Puso desde el principio todos los resortes del poder en marginar al español, imponer el euskera y convertir los colegios en centros de adoctrinamiento cultural, histórico, social. Hoy presenciamos los primeros resultados.

Los partidos constitucionalistas hicieron la vista gorda, salvo la honrosa actitud del PP vasco y de algunos socialistas del PSE. Durante los años ochenta el PSOE fue compañero de viaje del PNV mientras éste aceleraba su política de construcción de una nación y de apartheid cultural. En el partido nacionalista puede haber familias distintas o caras diferentes que agraden en Madrid a los más despistados, pero todas ellas participan activamente de la destrucción del patrimonio cultural español en el País Vasco, y lo seguirán haciendo en el futuro.

Esta política de adoctrinamiento masivo continuó en los noventa, con o sin pactos con el Partido Popular. En 1996, el PNV pudo cumplir los pactos institucionales y ser leal en las votaciones parlamentarias. Pero a efectos históricos y a largo plazo, la estafa a los populares fue monumental: los nacionalistas continuaron persiguiendo el castellano, imponiendo el euskera, asfixiando medios de comunicación no independentistas e inundando de miles de millones de pesetas asociaciones culturales, sociales o deportivas, incluidas las del entorno abertzale, que trabajaban y trabajan en construir una nación.

Porque por encima de pactar con unos o con otros, esto es lo que interesa al nacionalismo vasco: construir la nación social y cultural. Cuando la tenga, la nación institucional será sólo cuestión de tiempo. Por eso el triunfo o no de Ibarretxe es totalmente secundario, puesto que el proceso seguirá. El PSOE se ha dado cuenta de que el proceso de construcción nacional va madurando, y ha elegido el camino contrario al presumible. En vez de buscar cómo revertir el proceso de inmersión cultural nacionalista, se ha sumado a él, lo que en el futuro puede suponer un triunfo del PSE, pero no de los constitucionalistas.

Ante el PP quedan las mismas alternativas que un día tuvo el PSOE. El pacto con el PNV es lo de menos. Lo de más es tratar de construir una alternativa cultural, constitucional y españolista atractiva para los vascos consistente en obstaculizar y entorpecer cuanto se pueda el proceso de apartheid cultural español y de construcción nacional vasca. Como el PNV, el PP debiera fijarse como prioridad la batalla cultural, lingüística y social contra el nacionalismo etnicista vasco. Fomentar, promover, defender, propagar la verdadera historia vasca, que es profundamente española. Y defender la lengua de los vascos, que es el español, defendiendo a sus hablantes.

¿Se quiere negociar con el PNV? Bien, hay que introducir estas cuestiones en toda negociación y defenderlas con el mismo ahínco con el que los independentistas defienden lo contrario, puesto que para nosotros son igualmente irrenunciables. Negociar con el PNV para entrar en La Moncloa sería miserable; hay que negociar con él para forzarle a defender los derechos constitucionales en el País Vasco. Esto depende de la visión histórica y los principios de cada cual. Ellos llevan treinta años negociando con "los españoles" para acabar con España, así que no hay motivo para no jugar todos al mismo juego, y por ejemplo negociar con el PNV para acabar con el nacionalismo. No obstante, esto exige tener más apego a España que al poder.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Legalidad frente a obstinación
EDITORIAL El Correo 16 Julio 2008

E l recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra la Ley de Consulta aprobada por el Parlamento vasco el pasado 27 de junio conlleva su inmediata suspensión a la espera de que el Alto Tribunal emita su definitiva sentencia sobre el caso. El hecho de que el Partido Popular haya presentado su propio recurso refuerza políticamente una impugnación cuyos fundamentos jurídicos son sobradamente consistentes como para esperar del Tribunal Constitucional un veredicto contrario a las intenciones auspiciadas por Ibarretxe y secundadas por los socios del Gobierno vasco con el inestimable préstamo parlamentario de la izquierda abertzale. La inconstitucionalidad de la ley promovida por el lehendakari resulta tan manifiesta que sorprende cómo su mentor, que encarna la representación ordinaria del Estado en Euskadi, puede calificar la decisión de los recurrentes de «prepotente y arbitraria». Ni la literalidad del artículo 9.2 del Estatuto vasco habilita a sus instituciones para convocar un referéndum, ni siquiera bajo el eufemismo de consulta, ni la potestad para tal convocatoria puede sustraérsele al Estado mediante una ley autonómica.

El lehendakari Ibarretxe, flanqueado solemnemente por sus consejeros, anunció ayer que el Gobierno vasco emprenderá todas las iniciativas «legales, sociales y políticas» en caso de que su consulta no sea finalmente permitida por el Tribunal Constitucional. La advertencia refleja la forma peculiar que el nacionalismo vasco ha adoptado de afrontar aquellas resoluciones judiciales cuyo contenido no comparte. No sólo salta a la vista la intencionada omisión del fundamental acatamiento de la sentencia que en su día emita el TC. Parece claro que, de facto, con el anuncio de ayer Ibarretxe pretende lo contrario. Citando sus propias palabras, no cabe actitud más «prepotente y arbitraria» que la de erigirse en intérprete de la legalidad incluso por encima del criterio que establezca el Constitucional, sugiriendo además que éste puede ser desbordado mediante las adecuadas iniciativas «sociales y políticas». Cada vez se hace más evidente que mediante su insistente desafío al Estado constitucional y su tozuda pretensión de desenganchar la autonomía vasca de él, el lehendakari ha logrado adueñarse de la voluntad política de su partido, el PNV, cuyos dirigentes -salvo destacadas excepciones- no parecen capaces más que de musitar alguna inquietud ante la huida hacia delante del inquilino de Ajuria Enea. La afirmación, por parte del lehendakari, de que «el recurso supone de hecho la suspensión de nuestro autogobierno» no sólo representa una exageración fuera de toda racionalidad, absolutamente alejada de la vivencia ciudadana de la autonomía. Constituye sobre todo un intento por apropiarse del autogobierno de los vascos para reducirlo a la dimensión soberanista que se obstina en imponerles.

Liberación de De Juana
Va por vosotros
Mientras el Gobierno juega al despiste en el circo mediático, donde lo difícil de verdad es separar a fieras de payasos, Pilar, Julio, Estíbaliz, Cristina y tantos otros llorarán de rabia cada vez que sientan la presencia de este asesino
Juan Morote Libertad Digital 16 Julio 2008

Vicente, Juan, Esteban, Fausto, Eugene, Juan Carlos, Vicente Javier, Juan José, Juan, Alberto, Ricardo, Carlos, Francisco, Jesús María, Santiago, Carmelo, Miguel Ángel, José, Andrés José, Antonio, José Joaquín, Jesús, Juan Ignacio, Javier Esteban y Ángel.

Va este artículo por las familias y amigos de todos vosotros. Por aquellos que fuisteis asesinados por un sádico ángel negro. Me duele que se os acoja bajo un número, que no es más que una abstracción intelectual, en este caso, de una realidad dura, muy dura. Cuando pienso en todas las víctimas del terrorismo también, como a Miguel Hernández, me duele hasta el aliento.

El asesino de todos vosotros va a salir en libertad el próximo día 2 de agosto, el día de la festividad de nuestra Señora de los Ángeles, ¡qué paradoja! Y va a salir en libertad por la falta de previsión de la mayoría y por el silencio cómplice de la minoría. En medio de la tragedia que supone para los familiares y amigos de los asesinados a manos de De Juana su puesta en libertad, el Gobierno pendula entre la comprensión, la aquiescencia y la indignación controladamente fingida.

El primer papel le corresponde a Rubalcaba, otrora portavoz del Gobierno del GAL, quien apunta estar dispuesto a afinar la redacción del Código Penal, que regula la convivencia entre víctimas y asesinos. Eso sí, para De Juana ya no, eso será pensando en el futuro.

El segundo rol lo asume Bermejo, infausto ministro de Justicia, sectario vocacional y adalid del cumplimiento del principio de Peter (en cualquier escala jerarquizada uno tiende siempre a alcanzar su nivel máximo de incompetencia). Señalaba Bermejo que debemos asumir que "a veces ocurren cosas que no nos gustan", y además tiene la desfachatez de apostillar que tampoco pidamos leyes que las cambien en un futuro. Claro que, para los estalinistas como el ministro, es inconcebible que la ley sea expresión de la voluntad general. Para él, la ley es un instrumento del poder al servicio de los intereses del partido, faltaría más.

La tercera máscara la porta la Vice, exhibiendo una calculada frialdad propia de un crupier cuando señala que el Gobierno está dispuesto a barajar otras opciones, como si todas las opciones, por el hecho de serlo, fuesen legítimas. No, señora De la Vega, las opciones son legítimas en función del bien que representan, y no en función del parecer de nadie, incluido el Gobierno.

Así, mientras el Gobierno juega al despiste en el circo mediático, donde lo difícil de verdad es separar a fieras de payasos, Pilar, Julio, Estíbaliz, Cristina y tantos otros, llorarán de rabia cada vez que sientan la presencia de este asesino, quien hace diez años pedía champagne y langostinos para celebrar el asesinato de Tomás Caballero.

Va por vosotros. Porque, a pesar de lo traicionero del paso del tiempo, estaréis siempre presentes en nuestras oraciones, y vuestros asesinos en nuestra memoria.

Balanzas imposibles
Son los ciudadanos, independientemente del lugar donde residen, quienes pagan impuestos y quienes se benefician de una supuesta redistribución de la riqueza que subyace y justifica todo sistema impositivo, incluido el español.
EDITORIAL Libertad Digital 16 Julio 2008

Con la publicación de las balanzas fiscales el Gobierno ha satisfecho una de las demandas pendientes de sus socios en esta legislatura. Desde la instauración del Estado de las autonomías, los nacionalistas han reivindicado la publicación de estos datos con la pretensión de demostrar el agravio que existe entre unas regiones que pagan y otras que reciben de las arcas del Estado. Una exigencia que evidencia el egoísmo de quienes etiquetándose como progresistas se niegan a ser "solidarios" con los ciudadanos de otras regiones.

Las balanzas fiscales publicadas por el Ejecutivo adolecen, además, de una imprecisión futro de la disparidad de métodos aplicables para realizar las cuentas. Resulta imposible, por ejemplo, imputar los ingresos fiscales de las sociedades a la autonomía en la que tiene su sede social cuando su actividad se ha desarrollado también en otras autonomías o el conjunto del territorio nacional. Criterios que, dependiendo de su aplicación, desembocan en que la horquilla del déficit fiscal de Madrid se encuentre entre el 5,57 y el 9,13 por ciento del PIB regional y la de Cataluña entre el 6,38 y el 8,70. Un margen lo suficientemente amplio que permite a la clase dirigente de cada autonomía clamar contra una injusticia comparativa respecto a las demás regiones.

Tampoco sería justo determinar la contribución regional sin tener en cuenta otras transferencias entre la administración central y las autonómicas como, por ejemplo, las balanzas comerciales. Puestos a realizar cálculos y buscar un sistema equitativo de contribuciones debería exigirse una exhaustividad que contabilizara todos los factores que intervienen sin contemplar privilegios como el de los cupos vasco y navarro. Presumir que las cuentas recién publicadas reflejan la realidad supone una manipulación demagógica que sólo beneficia a los nacionalistas exacerbados interesados en avanzar hacia un modelo confederal insostenible.

Con todo, y aun suponiendo que pudiesen llegar a realizarse unos cálculos que reflejasen las aportaciones y deudas reales entre la administración central y las diferentes autonomías, habría que preguntarse qué sentido tiene fijar un criterio territorial cuando son los ciudadanos, independientemente del lugar donde residen, quienes pagan impuestos y quienes se benefician de esa supuesta redistribución de la riqueza que subyace y justifica todo sistema impositivo, incluido el español. Siendo coherentes con el paradigma socialdemócrata, el sistema no debería pensarse para que las regiones ricas financiaran a las pobres sino para que las personas menos favorecidas tuvieran las mismas oportunidades allí donde se encontraran. Pues si llevamos a su lógica conclusión el razonamiento que mueve a los montillas de turno, debería irse más allá y calcular las balanzas fiscales individuales, con vistas a que cada español pagara lo que recibiera de servicios del Estado. Pero claro, el razonamiento del "Madrit nos roba" nunca llega a considerar que, siguiendo las mismas premisas, Barcelona también.

Balanzas fiscales
Si Manolo el del bombo fuera ministro de Hacienda
¿Qué parte del precio de las fragatas que Carme Chacón mantiene luchando en la guerra de Irak a favor de los yanquis ha sido imputado en la "balanza" como "servicios" recibidos por Cataluña?
José García Domínguez Libertad Digital 16 Julio 2008

Dicen por ahí que, al fin, Zapatero va a dar satisfacción a una vieja obsesión de los micronacionalistas moderaditos –léase CiU–, penosa enfermedad mental de la que se contagiaría, primero, la izquierda catalana toda, y que terminaría afectando hasta a los mismísimos compañeros de viaje de la Meseta (nunca preguntes por quién doblan las campanas, Mariano). Me refiero, naturalmente, a la manía de Jordi Pujol por certificar a cuánto asciende el "superávit fiscal" que disfrutan los parados, las viudas, los huérfanos, los jubilados o los discapacitados en relación al resto de las personas físicas que somos contribuyentes netos al Fisco.

"Balanzas fiscales" llaman al invento. Un morboso ejercicio de contabilidad creativa que apenas ha de servir para universalizar cierta idiotez conceptual, por lo demás muy del gusto de los periodistas económicos: la que consiste en propalar que Madrid "paga" más que Andalucía, que Murcia es "menos solidaria" que Cataluña o que "cada extremeño" recibe del Estado no sé cuántos euros al año.

Sin embargo, ni el río Segre ha ingresado jamás un céntimo en las arcas de Hacienda, ni la Puerta de Alcalá le ha firmado pagaré alguno a la Giralda de Sevilla, ni los Picos de Europa mantienen correspondencia mercantil con el Coto de Doñana. Y es que, aunque al estudioso de la Economía José Montilla le semeje insólito el aventi, quienes contribuimos a costearle el sueldo –además de los informes sobre la cría de codornices japonesas– resulta que somos los individuos, no los territorios.

Por lo demás, y quizás como homenaje póstumo a Napoleón –"Si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable; si quieres que se demore eternamente, nombra una comisión"–, el "grupo de expertos" del Gobierno ha alumbrado unas conclusiones sobre el asunto idénticas a las que hubiese obtenido Manolo el del bombo con sólo rascarse durante tres segundos la sesera. A saber, que el "déficit" de Cataluña debe rondar, más o menos, entre el 5 y el 8 por ciento de su PIB, y el de Madrid, pues un poquito más, entre el 5 y el 9 por ciento. Para ese viaje, compañero Solbes, no hacían falta muchas alforjas teóricas.

Aunque, ya puestos a contar mentiras, tralará, sería menester que los "expertos" nos revelasen cómo han territorializado esos ingresos y gastos del Estado que, por su propia naturaleza, resultan absolutamente imposibles de feudalizar. Por ejemplo, ¿qué parte del precio de las fragatas que Carme Chacón mantiene luchando en la guerra de Irak a favor de los yanquis ha sido imputado en la "balanza" como "servicios" recibidos por Cataluña?
Venga, don Pedro, mándenos a Zerolo con una pancarta a Barcelona para que nos saque de ascuas.
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Porque tenemos memoria, hay que recordar a todas las víctimas de ETA
Pascual Tamburri  elsemanaldigital 16 Julio 2008

Este lunes, 14 de julio, se conmemoró en Leiza el aniversario del asesinato de José Javier Múgica. El concejal de UPN murió a manos de ETA en 2001, y desde entonces los afiliados del lugar, la familia y algunos cargos públicos se reúnen para que no se pierda su memoria. Una magnífica iniciativa que cada año encabeza el presidente del Gobierno foral, Miguel Sanz.

Al acto de este año acudieron además otros políticos como Alberto Catalán, secretario general de UPN y portavoz del Gobierno de Navarra, el senador José Ignacio Palacios, José Antonio Mendive, alcalde de Barañáin y víctima a su vez de un ataque abertzale contra su comercio, el secretario general del PSN, Roberto Jiménez, y la delegada del Gobierno en Navarra, Elma Saiz. En el transcurso del acto Sanz se adhirió públicamente a otra iniciativa meritoria: "Me gustaría pedir a todos los alcaldes que dediquen en sus pueblos una calle o una plaza a las víctimas del terrorismo, para que no se olvide nunca por qué murieron a manos de los asesinos aquellas personas".

Una campaña similar, "Porque tenemos memoria", fue iniciada desde el diario La Razón por José Antonio Vera, y culmina este miércoles día 16 con un sencillo acto en la sede del mismo medio. Vecinos de Paz, Libertad Ya y la Fundación Leyre han sido las tres organizaciones navarras que han apoyado la campaña.

Y es que no se trata de un recuerdo aséptico. Todas las víctimas, por el hecho de serlo, merecen un recuerdo. El olvido, la división y el anonimato son objetivos de los asesinos abertzales, y las víctimas merecen ser recordadas por su nombre y por su causa. La misma causa que Pello Urquiola describió el lunes en vascuence al cantar que "Ibarretxe quiere llevar su plan por el camino equivocado y si no se le corta por lo sano nos puede complicar mucho la vida. Quiere dividir España y repartirla entre nacionalistas y malhechores. Pero nosotros queremos una sola España, una, grande y libre".

¿No hace falta poner los nombres?
Dicen que mi presidente dijo que "en aquellos Ayuntamientos que verdaderamente no quieran poner una calle, plaza o placa a las víctimas, en tono generalista -no hace falta poner los nombres- es que realmente en sus localidades no reina la libertad, la justicia y la paz". Sin duda la postura final de UPN matizará estas declaraciones hechas sobre la marcha y no contrastadas con el autor, porque todos somos conscientes que ocultar los nombres de las víctimas, avergonzarse de ellas o hacer distinciones entre "muertos de primera" como Caballero y Múgica y "muertos de segunda" como Atarés o Imaz sería dar la victoria moral a ETA.

Supondría tanto como admitir que alguna de las víctimas era de alguna manera culpable de algo. Como Miguel Sanz tiene una trayectoria impecable frente a la barbarie terrorista marxista y nacionalista es evidente cuál será su postura real. En este sentido, Alberto Catalán ha subrayado ya que "es de justicia reconocer todos los días del año y más en aniversarios como éste a todas y cada una de las víctimas del terrorismo para que no se sientan ni ellas ni sus familias olvidadas".

Todas y cada una, en efecto. Cualquier vacilación en este momento sería una derrota innecesaria, y por supuesto que Sanz no quiere una derrota para los defensores de la verdad y de la libertad, como dejó claro en 2001, al decir que "perdono pero no olvido y pido a este pueblo que no olvide que los asesinos están aquí".

Convergencia sigue dándole vueltas a la matraca del victimismo
Los españoles, desde que nos levantamos de la cama, no tenemos otra cosa en la que pensar que en cómo podemos debilitar a Cataluña.
Ely del Valle  elsemanaldigital 16 Julio 2008

Lo ha dicho Artur Más en el Congreso de su partido : "El españolismo pretende arrinconar a Cataluña y convertirla en un país más residual y más periférico".

El reelegido líder de Convergencia considera que Cataluña no puede conformarse con ser una comunidad autónoma al uso porque "corre el riesgo de no ser nada", que es, por lo visto, lo que somos los demás. Esto te lo coge Aristóteles y te hace un silogismo bestial: si A, que no es nada, es capaz de convertir a B en "un país menos bienestante" (sic), el resultado es que B es menos que nada.

En vez de instar a los suyos a practicar la máxima de Kennedy - No preguntes qué puede hacer el país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país - don Artur debería predicar con el ejemplo y cerrar de vez en cuando la boca que es por donde mueren gran parte de los políticos.

El ministro Corbacho, por ejemplo, debe de estar flagelándose después de jalear con enorme alborozo la "iniciativa valiente" del conseller de Educación, Ernest Maragall, de segregar obligatoriamente a los menores inmigrantes en centros educativos. El presidente de la Generalitat ha tenido que retirar la medida porque choca frontalmente con lo que se establece en la LOE, dejando al ministro con los calzones al viento.

El victimismo de algunos políticos catalanes -no confundir con los catalanes en general- ha llegado a tal punto que es difícil tomarles en serio. El lobo del estado español opresor y rapiñero cada vez cuela menos en una sociedad abierta y plural que vive acogotada por la dictadura de unas instituciones empeñadas en vender la burra del "nos tienen manía porque somos más guapos y más listos".

La realidad es muy distinta: Cataluña ha renunciado a tener los mejores médicos, los juristas más competentes, los catedráticos mejor preparados y los funcionarios más productivos gracias a su afán por priorizar la lengua por encima de los conocimientos. Sus líderes, cada vez más radicalizados, marcan distancias convirtiendo el término españolismo en algo despectivo, apelan al "legado milenario" catalán como si el resto hubiésemos surgido de un laboratorio hace dos telediarios, y hacen todo lo posible por dejar constancia de que practican su histórica solidaridad fiscal a regañadientes.

Si Cataluña, se convirtiera algún día en ese territorio capidisminuído con el que amenaza Más, la culpa sería exclusivamente de los que, aprovechando su cuota de poder, se están aplicando desde sus mismos intestinos en demoler el andamiaje de una sociedad que durante siglos ha tenido la inteligencia de mostrarse abierta y acogedora con quienes tenían algo que aportarle- con independencia de si lo hacían en castellano, alemán o suajili-, y de abrir fronteras en vez de crearlas bajo la falsa premisa de que Cataluña es el botín que los demás queremos repartirnos.

ARREMETE CONTRA "EL MUNDO" Y LIBERTAD DIGITAL
Puig llama "indeseables" a Caballé, Vargas Llosa y Boadella por firmar el Manifiesto
El inefable Joan Puig, que recientemente comparó a la compañía Air Berlín con los nazis por quejarse de que el Gobierno balear quería imponer el catalán en su empresa, vuelve a las andadas. En esta ocasión el objetivo de su campaña son los firmantes del Manifiesto por la Lengua Común. Según informa e-noticies, el ex diputado de ERC señala ahora a Montserrat Caballé, Vargas Llosa y Albert Boadella, a los que incluye en una "lista de indeseables".
¿Ha visto indicaciones turísticas en las que falte el español? Remita sus fotos a fotoslectores@libertaddigital.net

Libertad Digital) Joan Puig comienza calificando de "absoluto fracaso" el manifiesto porque ha recibido "poco más de cien mil firmas" que "dejan en ridículo a todos los personajes de la farándula que lo han firmado, presionados por estos medios de comunicación" en referencia a El Mundo y Libertad Digital. Para el ex diputado de ERC, socios de Zapatero durante la pasada legislatura, o el manifiesto consigue "cuatro millones de firmas o será un absoluto fracaso, y más todavía cuando compruebas que entre los firmantes está lo mejor de la España cañí, desde Luis Aragonès a Montserrat Caballé".

Opina el extremista que "la cantidad de medios puestos al alcance de los creadores de este panfleto hace caerse la cara de vergüenza a los verdaderos intelectuales españoles, el impacto publicitario destinado a la campaña es inversamente proporcional al fracaso obtenido". "Visto el resultado empieza a ser un problema anunciarse en estos medios (modestamente haré el posible), el rechazo que provocan entre los demócratas empieza a afectar negativamente a sus expectativas de ventas, un anuncio en estos medios provoca el deseo contrario".

Y entonces, como ya tiene por costumbre Joan Puig, anima a boicotear a quien ose opinar de forma distinta a él. "Difícilmente podré leer un libro de Vargas Llosas o escuchar a Montserrat Caballé o ver una obra de teatro de Albert Boadella, si lo que han firmado es una clara mentira, una autentica infamia, si mienten con el Manifiesto, como pueden ser creíbles como creadores".

"Yo digo basta, no les necesitamos, todos este personajes forman parte de una lista de indeseables, de mentirosos, de generadores de conflictos, hace falta denunciarlo, tenemos la razón y ellos lo saben".

El ex diputado menciona también su disputa con Air Berlín, a quien insultó gravemente por criticar en un artículo la imposición del catalán en su compañía. Asegura que es falso que la línea aérea le haya denunciado por colocar en su blog el logo junto a la esvástica nazi y compararles con Goebels. "Ninguno denuncia, todo lo contrario, si mostramos más firmeza ganamos la batalla, Air Berlín nos atenderá en catalán, pero hay que exigirlo. "Air Berlín y el manifiesto" han perdido su guerra, ahora, nos hace falta que nuestros dirigentes se den cuenta", concluye.

RECUERDA LAS CESIONES DEL GOBIERNO
Antonio Muñoz, víctima de ETA, ante el caso De Juana: "En este país sale muy barato matar"
Fue condenado a 3.000 años de cárcel, pero sólo estará en prisión algo más de 24. Las víctimas del terrorismo se sienten desamparadas ante la inminente salida de prisión del sanguinario De Juana, que pretende vivir rodeado de quienes sufrieron el terror de ETA. "En este país sale muy barato matar", afirma Antonio Muñoz, víctima y miembro de la Ejecutiva de la AVT. El diario El Mundo destapa, además, que la mujer del etarra se encuentra en nómina de un colectivo de familiares de presos terroristas.
Libertad Digital 16 Julio 2008

Clamor contra la inminente salida de la cárcel de Iñaki de Juana Chaos. En declaraciones a la Cadena Cope, Antonio Muñoz, guardia civil víctima de ETA y dirigente de la AVT, ha recordado las maniobras del Gobierno de Rodríguez Zapatero y de la Fiscalía durante el mal llamado proceso de paz. Además, ha recalcado que "en este país sale muy barato matar" ya que el terrorista múltiple fue condenado a "más de 3.000 años y sólo ha cumplido 24" en prisión.

Por todo ello, insta al Ejecutivo a agotar todos los cauces legales para evitar que el sanguinario miembro de ETA pueda vivir cerca de las víctimas del terrorismo, tal y como tiene planeado.

En este sentido, el diario El Mundo desvela este miércoles que la mujer de De Juana, Irati Aranzabal, está en nómina de un colectivo de familiares de presos etarras. Concretamente, recibe una aportación económica por ser portavoz del colectivo proetarra "Etxerat". Ésta es su principal fuente ingresos, con la que tendrá que pagar los cerca de 2.000 euros de hipoteca del piso al que se pretende ir con el terrorista.

UN ANÁLISIS PARCIAL SEGÚN LOS ECONOMISTAS
Los nacionalistas logran que el Gobierno publique las balanzas fiscales e ignore las comerciales
Los partidos nacionalistas se han salido con la suya. El Ejecutivo ha publicado las balanzas fiscales una semana después de que la Generalidad hiciera lo propio. Olvidándose de las balanzas comerciales, el Ejecutivo dice que Baleares, Madrid, Cataluña y Valencia son las autonomías que más contribuyen a la solidaridad territorial. Un análisis que para los economistas es parcial y subjetivo.
Agencias 16 Julio 2008

La metodología empleada por el Gobierno para elaborar estas balanzas fiscales, establece que las comunidades autónomas que disponen de una mayor renta per cápita son las que tienen déficit fiscal, es decir, que obtienen de la caja estatal tributaria menos dinero del que pagan sus ciudadanos. Once comunidades autónomas reciben más de lo que dan al Estado mientras ocho ingresan menos de los que aportan, siempre según la metodología del ejecutivo.

Aunque el Gobierno ha decidido publicar las balanzas fiscales, los economistas advierten sobre la imposibilidad de hacer balanzas fiscales autonómicas, por carencia de datos para distribuir adecuadamente los ingresos por impuestos sobre el IVA, el Impuesto de Sociedades e incluso por pagos a la Seguridad Social y el Impuesto sobre la Renta (IRPF).

Por lo tanto, y para realizar un cálculo justo de las aportaciones regionales a la economía nacional, los técnicos recomiendan emplear también los datos de las balanzas comerciales en la que se registren las operaciones comerciales de cada autonomía con las otras 16, con vistas a analizar la posibilidad de imponer cupos y aranceles internos. Algo que no se tiene en cuenta.

Esto es relevante en tanto en cuanto, en el caso del impuesto de sociedades es imposible saber en qué comunidad autónoma se ha generado el beneficio y, por tanto, a qué autonomía hay que imputar esos ingresos fiscales.

Además, habría que desglosar otro tipo de balanzas, como la de la Seguridad Social, la de inversiones públicas, la que desglosa la deuda autonómica y la balanza de ahorro e inversión.

Déficit fiscal
En cualquier caso, el Ejecutivo ha accedido a las peticiones de los nacionalistas catalanes y el PSC y ha señalado este martes que el déficit fiscal de Cataluña se sitúa entre el 6,38 y el 8,70 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB), según las seis balanzas fiscales con datos de 2005 elaboradas a través de las dos metodologías acordadas tras las exigencias impuestas al Ejecutivo por los partidos nacionalistas catalanes.

Por su parte, el déficit fiscal de Madrid se sitúa entre el 5,57 por ciento y el 9,13 por ciento del PIB regional. El informe que ha dado a conocer Hacienda y que, según Ocaña, confirma que el sistema fiscal es "progresivo" y supone una "correcta redistribución de la renta a través del gasto público" no es el último: el secretario de Estado adelantó que habrá más de dos balanzas, "en función de varios criterios".

El nuevo reparto autonómico
El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, recordó que estas balanzas responden a un ejercicio de transparencia por parte del Gobierno y que "en ningún caso" podrán utilizarse para la negociación del sistema de financiación autonómica,

De cara las futuras negociaciones, las comunidades que menos han crecido en habitantes en los últimos años pretenden impedir que la población sea el principal factor a la hora de asignar los recursos. Asturias, Galicia, Castilla y León, Cantabria, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura se reunirán el próximo uno de agosto en Oviedo para cerrar el pacto, pero ya se han producido algunos con acuerdos bilaterales.

En otro frente se sitúan, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid, que han registrado un mayor aumento demográfico en los últimos diez años, y que consideran que la población debe ser el criterio fundamental. El resto defiende la necesidad de incluir la inmigración como el principal factor.

El PP pide unidad a los españoles
El portavoz de Economía del PP en el Congreso de los Diputados, Cristóbal Montoro, pidió este martes que los datos contenidos en las balanzas fiscales recién publicados no sean utilizadas "para enfrentar a los españoles" ni para crear "agravios comparativos".

En su intervención, Montoro ha asegurado que los datos no arrojan sorpresas porque lo lógico en el actual sistema es que las comunidades con mayor renta aporten más al conjunto. Lo importante no es, en su opinión, la aportación de un territorio concreto, sino de cada uno de sus ciudadanos, que en función de sus circunstancias aportan recursos y reciben servicios.

Con mayor necesidad en una situación de dificultad económica, ha advirtido Montoro, la actitud no debe ser la de "insistir en la diferencia, sino reunir fuerzas para superar las dificultades actuales".

La crisis entre francófonos y valones hunde Bélgica
El primer ministro dimitió ante la imposibilidad de aliviar las hondas diferencias entre ambas comunidades y abre otra crisis
Stefano Marchi La Razon 16 Julio 2008

bruselas- La crisis política e institucional de Bélgica se agravó el pasado lunes por la noche al dimitir el primer ministro Yves Leterme, que encabezaba desde el pasado marzo un Gobierno de coalición, encargado de solucionar las diferencias entre flamencos y francófonos acerca del modelo federal del Estado. Esta crisis, que lleva años persistiendo, ya había retrasado durante nueve meses la formación de un nuevo Gobierno tras las últimas elecciones legislativas de junio de 2007. El rey de los belgas, Alberto II, aún no se ha pronunciado públicamente sobre la dimisión de Leterme. El monarca estuvo manteniendo ayer conversaciones al respecto con los líderes políticos.

Pese al reciente acuerdo en la coalición gubernamental acerca de una política socio-económica más satisfactoria para los valones y, sobre todo, para sus socialistas, Leterme paradójicamente perdió ayer el respaldo de su propio partido, el cristiano demócrata y flamenco CD&V, y de sus aliados nacionalistas y neerlandófonos de la N-VA. El primer ministro no les convenció a prorrogar y trasladar fuera del Gobierno las negociaciones entre partidos flamencos y valones por un Estado belga aún más federal que el actual. Los partidos flamencos exigen la aplicación del acuerdo logrado el pasado marzo en la coalición gubernamental para una ulterior transferencia de poderes y recursos fiscales a las tres regiones del país (los ricos Flandes, la deprimida Valonia, y Bruselas).

Los integrantes valones de la coalición, concretamente los socialistas, al igual que los liberales flamencos, están dispuestos a seguir negociando. Pero los demás partidos neerlandófonos no aceptaron, entre otras cosas, la propuesta de Leterme de que las conversaciones sobre este tema sean presididas no sólo por el jefe del Gobierno de Flandes, Kris Peeters, sino también por el viceprimer ministro federal, el liberal francófono Didier Reynders.

Otro motivo de persistente diferencia entre flamencos y valones es la exigencia de escindir la circunscripción electoral de Bruselas-Halle-Vilvoorde, planteada por los neerlandófonos. La escisión permitiría de facto la elección de candidatos flamencos en algunos ayuntamientos de la periferia de la capital pertenecientes a la región de Flandes.

Según analistas belgas, el rey no está propenso a convocar elecciones legislativas anticipadas, sino que estaría pensando en solicitar la formación de un nuevo Gobierno federal, que se ocupe de cuestiones socio-económicas, al mismo tiempo que un comité especial que saque adelante las negociaciones sobre el modelo de Estado.

¿Profesores españoles en el País Vasco?, no gracias
Redacción  Bilbao Minuto Digital  16 Julio 2008

El sistema educativo vasco podría quedarse sin profesores en muchos de sus colegios, institutos y centros de Formación Profesional si no se toman medidas para remediarlo, según un informe sobre la situación de la enseñanza en el País Vasco elaborado por el Consejo Escolar de Euskadi.

Las casi 600 jubilaciones por año que se registran entre el colectivo docente es el principal problema que afronta la enseñanza vasca, según alertan los expertos del consejo. Actualmente la edad media del maestro tanto de la red pública como privada, es de unos 44 años.

En el País Vasco, las dificultades para cubrir las plazas perdidas se agravan por la exigencia del dominio del euskera que impide que el Departamento de Educación pueda contratar profesores de otras provincias españolas o extranjeros que no acrediten el PL2, el nivel que permite dar clases en euskera.

Pero también pone límites a los licenciados de la comunidad. La necesidad de dominar la lengua vasca ha sido, de hecho, el motivo por el que 500 maestros de Primaria y 150 de Secundaria han sido excluidos de las dos últimas convocatorias de OPE. Muchos de ellos eran docentes de inglés, francés o lengua castellana.

El Gobierno vasco «podría flexibilizar las medidas de contratación pública» para, por ejemplo, atraer especialistas de inglés nativos que no tengan por qué conocer la lengua vasca, poco útil para sus funciones de enseñar un idioma extranjero. Además, el informe reconoce que se ha dedicado un gran esfuerzo de recursos materiales y personal a la euskaldunización de las plantillas. A pesar de ello, un 85% de los enseñantes suspendieron el último examen de acreditación de perfiles lingüísticos, que les permitiría acceder a las oposiciones y ocupar una plaza en el sistema educativo de la comunidad.

El documento subraya la necesidad de que el Gobierno investigue nuevas fórmulas de contratación que permitan incrementar las plantillas. Aconseja que se haga un seguimiento de la trayectoria laboral de los titulados en las últimas promociones para ver cuál es su destino actual.

Los nacionalistas logran usar las balanzas fiscales para atacar la cohesión nacional
Redacción Bilbao Minuto Digital 16 Julio 2008

A nadie en su sano juicio se le ocurriría acudir a un hospital exhibiendo su declaración de la renta exigiendo una mejor atención médica porque paga más impuestos que los demás enfermos. Sin embargo esa es ni más ni menos la teoría de los nacionalistas. Acuden, como siempre quejosos, al Estado exhibiendo las balanzas fiscales para exigir más dinero para sus regiones con delirios de nacioncitas. Quien más paga debe recibir más, dicen, así pues al pobre se le debe prestar menos atención que al rico. Y no deja de ser sarcástico que sea este gobierno que va de rojo hipermegaprogre, quien haya dado pábulo a esta argumentación cediendo a la publicación de las balanzas fiscales, que usadas torticeramente por los nacionalistas, no puede ser más contraria a todos los iconos del pensamiento izquierdista, y lo que es más importante, al sentido común y al sentido de patria.

Naturalmente el cuento de las balanzas fiscales encierra en primer lugar un grave sinsentido. Los territorios no pagan impuestos, ni Cataluña, ni Madrid, ni Valencia pagan más o menos que Castilla, Extremadura o Andalucía, son las personas quienes nos rascamos el bolsillo, no la Cibeles, ni Monserrat, ni la Giralda. Los impuestos se pagan en proporción a la renta personal, y precisamente si en un territorio se recauda más que en otro es porque hay más población o se gana más dinero que en otras regiones, pero no porque contribuyan unos individuos más que otros al sostenimiento del Estado.

Dicho esto es muy fácil entender que las comunidades autónomas que disponen de un mayor número de personas con una mayor renta per cápita son las que tienen déficit fiscal, es decir, que obtienen de la caja estatal tributaria menos dinero del que pagan sus ciudadanos. Once comunidades autónomas reciben más de lo que dan al Estado mientras ocho ingresan menos de los que aportan. Entre estas últimas Galicia, infectada también por el virus nacionalista.

Pero al igual que sucede con los contribuyentes, porque por supuesto el individuo que más gana tiene también déficit fiscal, pues sin duda recibe menos dinero de la administración que el que no tributa o paga menos impuestos, los principios de solidaridad, redistribución de la riqueza y cohesión nacional entran en juego, sin que nadie pueda sentirse agraviado. Imagínense ustedes qué tendrían que decir los alemanes de la Unión Europea si fuesen tan cafres como los nacionalistas españoles, con todo el dinero que han aportado para países más desfavorecidos, entre ellos España. Y lo que es peor, lo que iba a durar esa Unión que tantos beneficios nos ha traído a todos, sin cundiese el ejemplo de semejante tropa cavernícola insolidaria que nos quiere hacer regresar a la fragmentación de la Europa feudal.

Lo que nos lleva también a recordar las balanzas comerciales, porque lo que se vende y compra en una región procedente de otras, tiene mucho que ver con lo que se paga en impuestos gracias a la riqueza que genera ese comercio, que evidentemente también presenta un déficit para algunas autonomías a favor de otras, que con el mismo argumento podían exigir que se corrigiese, pidiendo aranceles o más inversiones públicas para compensar.

En definitiva nos encontramos una vez más ante una maniobra de los nacionalismos para socavar la cohesión nacional y dividir a los españoles sembrando rencillas, inventando agravios y manipulando sentimientos primarios, que nos alejan del ideal moderno que acude a la idea de empresa común y solidaria como mejor fórmula de progreso para todos.

Hace 72 años el asesinato de Calvo Sotelo a manos del PSOE precipitaba la Guerra Civil
Redacción Bilbao Minuto Digital 16 Julio 2008

No viene mal por estas fechas –Calvo Sotelo fue asesinado el 13 de julio de 1936- recordar que aquellos que hoy se quieren hacer pasar por demócratas, todo el Frente Popular, en realidad no mantenían en los años 30 un comportamiento muy diferente al que hoy mantiene Batasuna-ETA. Su idea de la política, al igual que los etarras, pasaba por la premisa de que eliminar a tiros a quienes se oponían a sus dictados e impedían u obstaculizaban su triunfo estaba justificado.

En la madrugada del 13 de julio de 1936 un grupo de guardias de Asalto y militantes socialistas, dirigido por el capitán de la Guardia Civil Fernando Condes, que se encargaba de la instrucción militar de la “motorizada”, guardia pretoriana del dirigente del PSOE Indalecio Prieto, le detuvo en su domicilio y le introdujo en el interior de una camioneta de la guardia de Asalto donde Luis Cuenca, militante de las Juventudes Socialistas y también guardaespaldas de Indalecio Prieto le asesinó a sangre fría disparándole dos tiros en la nuca. Inmediatamente después del asesinato el capitán Condes, que fue reconocido por la viuda de Calvo Sotelo, estuvo oculto por una noche en casa de la diputada Margarita Nelken.

Previamente Calvo Sotelo había sido amenazado de muerte en sede parlamentaria por Dolores Ibárruri La Pasionaria (16 de junio), e indudablemente por Ángel Galarza (1 de julio). Posteriormente los dos líderes del PSOE se pronunciaban sin lugar a dudas sobre el significado del crimen. Indalecio Prieto escribía el día 14 de julio en “El Liberal”: “La trágica muerte del Sr. Calvo Sotelo servirá para provocar el alzamiento… Será una batalla a muerte, porque cada uno de los bandos sabe que el adversario, si triunfa, no le dará cuartel”. Largo Caballero iba más allá y el 16 de julio de 1936, en el diario socialista Claridad aprobaba los métodos terroristas y violentos, cualquier cosa menos la democracia: “La lógica histórica aconseja soluciones más drásticas. Si el estado de alarma no puede someter a las derechas, venga, cuanto antes, la dictadura del Frente Popular. Dictadura por dictadura, la de izquierdas. ¿No quiere el Gobierno? Pues sustitúyale por un Gobierno dictatorial de izquierdas… ¿No quiere la paz civil? Pues sea la guerra civil a fondo. Todo menos el retorno de las derechas.”

Calvo Sotelo, junto a Gil Robles y José Antonio Primo de Rivera eran los líderes más importantes y populares de la oposición al Frente Popular. Dos de ellos, Calvo Sotelo y José Antonio, cayeron asesinados sin haber tenido participación alguna en el Alzamiento Nacional. Pero es que si repasamos la lista de víctimas de la guerra civil podremos encontrar a toda la cúpula dirigente de Falange junto a muchos significados líderes de la derecha española, mientras que del lado contrario, a excepción de Companys, no encontramos baja alguna. Dato muy significativo a la hora de comprender la realidad, profundidad y alcance de la represión desatada en ambos bandos.

Lo truculento del revisionismo, que desde el más puro revanchismo ha gestado la Ley de memoria histórica, es que ha llegado al extremo de perseguir la memoria de personajes que como Calvo Sotelo o José Antonio Primo de Rivera, que no sólo nada tuvieron que ver con el régimen franquista o la guerra civil, sino que cayeron víctimas de la violencia política. Cuando se pretende eliminar su presencia en el callejero de nuestras ciudades, lo que se está haciendo es cometer una autentica barbaridad. Ni más ni menos como si dentro de 70 años las calles y monumentos dedicados a Miguel Ángel Blanco fueran eliminados porque había pertenecido al PP.

POR LA LENGUA COMUN / La rotulación (III)
La señalización oficial en la Comunidad gallega vulnera sistemáticamente el bilingüismo
EL MUNDO  16 Julio 2008

SANTIAGO.- Afortunadamente para los visitantes y los castellanohablantes, el gallego es un idioma fácil de traducir al español. La Puebla del Caramiñal es desde hace décadas A Pobra do Caramiñal; La Coruña es A Coruña; Orense, Ourense, y así la inmensa mayoría de los nombres de los más de 3.000 núcleos de población que existen en la Comunidad gallega, el mayor número de toda España.

Pero ello no significa que se esté respetando el bilingüismo en la rotulación oficial. Pocos son los indicadores, carteles, señales y otros avisos públicos que respeten la ley en letra y espíritu. Es cierto que el Estatuto de Autonomía de Galicia, la Ley de Normalización Lingüística (de 1983) o los capítulos de la norma de la Función Pública de la comunidad gallega hablan sin duda de la obligación de «garantizar el uso oficial y normal de los dos idiomas» y de «potenciar [refiriéndonos siempre a los poderes públicos y los funcionarios que ejercen su labor en Galicia] el empleo del gallego en todos los ámbitos de la vida pública, cultural e informativa», disponiendo «los medios para facilitar su conocimiento», tal y como reza la ley orgánica de 6 de abril de 1981 del Estatuto de Autonomía.

Pero nada mejor que dar una buena caminata por calles, edificios públicos, sedes de ONG, centros culturales o de ocio para ver que la cohabitación de ambos idiomas es únicamente una entelequia del pasado. No hay más que darse una vuelta por el complejo administrativo de San Caetano, sede de la Administración autonómica de la capital de Galicia, Santiago de Compostela. Los ejemplos anteriores son extensibles, sin duda, al 99% de la rotulación viaria en la Comunidad gallega, a la de los edificios públicos, ayuntamientos, diputaciones y la Xunta.

Sólo en el Consistorio de La Coruña, regido durante décadas por el actual embajador en el Vaticano, Francisco Vázquez -defensor acérrimo de un bilingüismo armónico y respetuoso-, y ahora gobernado por el que fue durante años su mano derecha, Javier Losada, puede observarse, para sorpresa de propios y extraños, que la rotulación aparece en ambos idiomas. Nada que ver con los indicadores de los ayuntamientos de las otras seis grandes ciudades de Galicia (Santiago, Vigo, Pontevedra, Lugo, Orense y Ferrol), donde prácticamente el castellano ha desaparecido en la rotulación oficial, independientemente del partido político que gobierne.

De hecho, esta actitud discriminatoria con el castellano no puede achacarse al bipartito actualmente en el poder, regido por los socialistas gallegos y la formación nacionalista BNG. El fenómeno comenzó a desarrollarse intensamente con el Partido Popular al frente del Ejecutivo regional, encabezado hasta hace cinco años por Manuel Fraga, hoy presidente fundador del PP.

Sería casi absurdo entrar a explicar la situación de los otros 314 municipios gallegos, ya que en la mayoría toda la documentación oficial está únicamente disponible en gallego.

Igual situación se contempla en los centros del Servicio Galego de Saúde (Sergas), dependiente de la Consejería de Sanidad, donde sólo algunos indicadores de Uroloxía o Cardioloxía aparecen acompañados de sus equivalentes en castellano Urología y Cardiología.

De nuevo un gran hospital de La Coruña, el Complejo Hospitalario Juan Canalejo, cuyo nombre van a cambiar para que deje de llevar el del falangista respeta, quizás por error u olvido, el bilingüismo en la cartelería.

También podría hablarse en algunas ocasiones de una especie de trilingüismo que en ocasiones hay que padecer con las pintadas, tachaduras y sobreescritura de las rotulaciones realizadas por los nacionalistas radicales, partidarios intransigentes de lo que ellos denominan gallego lusista, es decir, un gallego de raíces portuguesas y con aportaciones de la evolución del idioma del país vecino.

No es extraño ver cómo algunos indicadores de carretera, poblacionales, señalizaciones que en su toponimia contienen la letra eñe ésta haya sido sustituida por nh.

Algo similar ocurre con la ce y la zeta en algunos topónimos y nombres, cambiando por la fuerza Galicia (nombre oficial) por Galiza (también admitido).

Y, finalmente, están las agresiones grafiteras contra todo rótulo que no figure al menos en gallego. No es extraño ver que los carteles de los bancos donde se anuncia el cambio, con los archiconocidos términos Cambio, Change, Exchange y Weschell, el vocablo en castellano aparezca tachado.

Pero lo cierto es que al margen de lo que pudiera ocurrir con algún visitante, la casi totalidad de los gallegos viven con naturalidad y tolerancia.
«Las excepciones que se puedan señalar son excepciones»

En el 2º Informe sobre el Cumplimiento en España de la Carta Europea de Lenguas Regionales y/o Minoritarias del Consejo de Europa (2003-2005), el Gobierno de España enumeraba los esfuerzos y avances de Galicia para cumplir con la normalización lingüística.

En el punto c), se recordaba el objetivo de «velar porque [sic] los servicios sociales, como por ejemplo los hospitales, las residencias de la gente de la tercera edad y los asilos ofrezcan la posibilidad de recibir y atender en su lengua a los hablantes de una lengua regional o minoritaria que necesiten cuidados por razones de salud, edad o por otros motivos».

¿Y cómo lo resolvieron las autoridades gallegas? Muy sencillo: «El idioma oficial de la comunicación externa y rotulación de los centros de salud de Galicia dependientes del Servicio Gallego de Salud (Sergas) es el gallego. Los formularios y recetas (...) tienen sus textos en gallego. Toda la documentación normativa, así como las aplicaciones informáticas de la Conselleria de Sanidad y del Sergas están en gallego. En centros como el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, por ejemplo, toda la comunicación interna del personal (avisos, mensajes, etcétera) está en gallego». Y, por último, destaca algo más: «Se dan ocasionalmente casos de carteles elaborados por el personal de los centros que, puntualmente, están en castellano».

«Motivos económicos»
Problema resuelto. Pero es que, además, «todos los meses la Conselleria de Sanidad publica cuadernos informativos referidos a distintos aspectos de salud: enfermedades, recomendaciones de higiene y hábitos de vida, etcétera». ¿A que lo adivinan? «La mayor parte de estas publicaciones se editan exclusivamente en gallego», pero en este caso el motivo argüido se aleja del concepto de inmersión: se hace así «por motivos económicos, y sólo una parte menor dobla [sic] la edición con versión en castellano». «Un ejemplo [de lo contrario] son los cuadernos sobre cuidados buco-dentales dirigidos a los niños y a las niñas, editados exclusivamente en gallego».

También se informa al Consejo de Europa de que «toda la rotulación y señalización de emergencia debe estar»... «en gallego».

En otro punto del informe se puede observar que ya en 2005 (fecha tope analizada en el informe al Consejo de Europa) «en general, se puede decir que la señalización viaria en Galicia está en gallego y las excepciones que se puedan señalar son excepciones».

'Peaxe' o 'Toll'
Si uno coge la autovía AP-55, que une la ciudad de A Coruña con la capital de Bergantinos, Carballo, puede observar cómo toda la rotulación de las señales de tráfico está exclusivamente en gallego. Sólo hay una excepción: como siempre en las autopistas o autovías de pago, cuando se llega a la zona de peaje unas señales como la de la fotografía nos van avisando de la necesidad de ir reduciendo la marcha porque ha llegado el momento o de coger el ticket o de proceder al pago de la tarifa. Pues bien, en la AP-55 reaparece fugazmente el bilingüismo, pero no para los dos idiomas cooficiales en esa comunidad autónoma, el gallego y el español, sino para la primera de estas lenguas... y el inglés. No busque usted la palabra 'peaje'. Sólo podrá encontrar términos en castellano en algunos carteles de la A-6 o Autovía del Norte, que une Madrid con A Coruña y viceversa.


Recortes de Prensa   Página Inicial