AGLI

Recortes de Prensa    Jueves 17 Julio 2008

Tontos útiles
POR EDURNE URIARTE ABC 17 Julio 2008

La izquierda española ha sido durante muchos años ingenua, transigente y complaciente con los nacionalismos. También buena parte de la derecha. Y hay algunas razones históricas y políticas para entenderlo. Pero a estas alturas ya no quedan excusas para que, además de ingenua, transigente y complaciente, una buena parte de la izquierda asuma también el papel de tonta útil de los nacionalismos en el debate sobre las lenguas. Sin necesidad.

A no ser que consideremos necesidad el chantaje impuesto en Cataluña por ERC a los socialistas. O contra el español o ruptura de gobierno. No creo, sin embargo, que sea ésa la explicación principal de que tantos representantes de la izquierda política e intelectual se hayan puesto a decir y escribir todo tipo de manipulaciones y sandeces sobre el Manifiesto por la lengua común. Prestando una inestimable ayuda al nacionalismo más radical y étnico.

Porque los sinsentidos lingüísticos de algunos lugares de España son inspiración y obra de los sectores más radicales, de los que creen en la singularidad racial y en la independencia. La lengua es su instrumento de enfrentamiento con España antes que cualquier otra cosa. Y han triunfado porque el nacionalismo moderado les ha dicho que sí a todo y la izquierda a casi todo.

Y ahora, hasta les da argumentos. Sobre lo bien que les va a los ciudadanos obligados a socializarse en una lengua que no es la suya. O sobre las poderosas razones que asisten al nacionalismo radical para construir nación a golpe aculturación forzosa. O sobre lo extremistas, reaccionarios y fachas que son los del Manifiesto, que esto último es lo que más le gusta al nacionalismo radical. Saber que la medida de los principios democráticos más exquisitos está de su parte, desde los tiempos de Sabino Arana a nuestros días, con los desvaríos étnicos al día, ahora en forma de lengua.

Cuesta entender qué es lo que se le ha perdido a la izquierda española en el proyecto étnico del nacionalismo radical. Incapacidad de evolucionar, probablemente. E incontrolable impulso a oponerse a todo aquello que sea apoyado por la derecha. Aunque tenga razón.

Congreso de Convergencia
Y Artur Mas salió del armario
Con excepción, quizás, de ellos mismos y de algunos votantes, todos sabíamos de su condición. Todos conocíamos las verdaderas intenciones de los actuales responsables del proyecto político de Convergencia desde sus más tiernos comienzos.
Eva Miquel Subías Libertad Digital 17 Julio 2008

En estas fechas en las que vamos dando saltitos de congreso en congreso, cuando unos dan medio giro al "centro" y otros siguen girando sobre sí mismos, he querido detenerme unos instantes en el de Convergència Democràtica de Catalunya, cuyo lema bien habría podido ser Coming Out of the Closet. Mi más sincera enhorabuena por abandonar el mundo de la ambigüedad política.

Me comentaba una buena amiga que, en su día, al enfrentarse a sus propios miedos e inseguridades para, finalmente, reafirmarse sin complejos ante su familia y amigos, se quedó atónita cuando éstos le espetaron: "Uff, ya era hora..." Pues algo así me ha sucedido a mí al respecto del renovado "compromiso para que Cataluña se convierta en una nación libre y soberana en la Europa del siglo XXI", enmienda presentada por la JNC –los jóvenes convergentes que suelen portar pancartitas del tipo Freedom for Catalonia– y que tan cálidamente han recogido los dirigentes y militantes de CDC.

Con excepción, quizás, de ellos mismos y de algunos votantes, todos sabíamos de su condición. Todos conocíamos las verdaderas intenciones de los actuales responsables del proyecto político de Convergencia desde sus más tiernos comienzos. Y más que nunca ahora que en Cataluña asistimos a una especie de absurda competición sobre quien llegará a la meta siendo más nacionalista.

Otra cosa es que durante mucho tiempo estas permanentes idas y venidas les fuera rentable política y electoralmente, ese ahora sí pero luego no, y el bueno, sí, pero sólo un poquito. En definitiva, decir una cosa en Barcelona y otra muy diferente en Madrid o tirar la piedra y esconder la mano, algo de lo que tras muchos años de práctica les convirtió en auténticos especialistas del rodeo. Y del coqueteo ideológico. Al lado de mis amigos convergentes, mi amiga Teresa es una amateur.

Pero, como va siendo también una costumbre en ellos, acaban incurriendo en algún tipo de contradicción. Por un lado, no descartan un ejercicio del derecho a la autodeterminación. Por otro, abogan por la construcción de la "Casa Gran del Catalanisme", donde según Artur (pronúnciese con acento en la u) cabría otro tipo de personas, entre las que incluye a las "personas con una sensibilidad nacional un pelín diferente". El problema es que con tantas naciones y tantas sensibilidades me llevan loca.

Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Nos autodeterminamos? ¿Convivimos todos juntos –como siempre– entendiendo y sintiendo la realidad catalana y española cada uno a su manera? Por cierto, Sr. Puig, en cuanto a la original idea de ofrecer una alternativa sólida que ocupe la centralidad política, le sugiero que se vaya poniendo a la cola y pida la vez.

En fin, si los de CDC realmente llevan a cabo las propuestas surgidas del XV Congreso (las iniciativas en materia lingüística son de lo más sugerente) no me queda más remedio que decirle al Sr. Mas: Bravo por ustedes, lástima para Cataluña y España.Y mientras CDC va cotejando las tarifas de los notarios por si acaso, vamos a ver qué hace la supuestamente sensata U de la coalición, cuyo avispado, inquieto y comunicativamente seductor Duran i Lleida debería ofrecernos, a su regreso de las vacaciones estivales, algún sabroso plato para degustar, a ser posible con las exquisitas setas que seguro llegarán con las primeras lluvias otoñales.

Legislación más justa
Editorial El Correo 17 Julio 2008

La puesta en libertad de José Ignacio de Juana Chaos prevista para el próximo 2 de agosto, tras haber cumplido su pena por el asesinato de 25 personas, ha hecho aflorar dos problemas que presenta el procesamiento y condena de terroristas en relación a sus víctimas: la elusión del pago de las indemnizaciones que las sentencias establecen para compensar materialmente del daño causado y el riesgo de que, una vez cumplida la pena, pasen a residir en el entorno de sus propias víctimas o de quienes lo son a causa de la violencia etarra. La sanguinaria trayectoria del todavía preso y la provocadora desfachatez de su conducta al desafiar al Estado con una huelga de hambre han contribuido a que su inapelable salida de prisión suscite inquietud y sentimientos de profundo rechazo entre quienes más han padecido las consecuencias del terror y en una opinión pública sensibilizada frente al matonismo que acompaña las acciones de ETA. Las razones dadas para su nuevo ayuno voluntario -«la nueva campaña mediática» que están «sufriendo» él y su familia» y «las medidas de excepción» que, según él, se aplican a los reclusos de ETA- muestran la catadura moral de quien pretende hacerse la víctima sin siquiera retractarse lo más mínimo de su bárbaro pasado.

El efectivo cobro de las indemnizaciones fijadas judicialmente y el alejamiento de los condenados por terrorismo del lugar de residencia de las víctimas requieren modificaciones legislativas cuyos efectos podrían adelantarse con iniciativas que apuren las posibilidades del vigente ordenamiento, como lo ha hecho la fiscalía de la Audiencia Nacional al pedir al tribunal que emitió la última sentencia condenatoria contra De Juana Chaos que impida de inmediato la venta de una vivienda entre la madre del preso y su actual esposa. En cuanto a lo primero, sería lógico contemplar medidas cautelares que eviten la ocultación de bienes mediante su liquidación formal en el inicio mismo de los procedimientos judiciales. Su virtualidad no sólo estribaría en la materialización indemnizatoria; acabaría también con el bajo coste que los estragos suponen para quienes los causan y para los eventuales beneficiarios de los bienes que poseen. Por su parte, la inclusión de medidas de alejamiento resulta tan necesaria, como difícil de eludir legalmente la coincidencia espacial de quien ha cumplido condena por terrorismo con otras víctimas de ETA si no es mediante destierro. Una posibilidad que entraría en colisión con el sistema de libertades y con la finalidad que la Constitución concede a las penas de cárcel.

En el callejón
KEPA AULESTIA El Correo 17 Julio 2008

L a legalidad de una actuación o de una norma no la sentencia quien la promueve. Afortunadamente para eso están las instancias judiciales. Las reiteradas manifestaciones del lehendakari Ibarretxe mostrándose convencido de la legalidad de una decisión adoptada legítimamente son todo menos creíbles. A alguien como él tan acostumbrado a aplicar la norma hasta el último céntimo, a remitirse a leyes y reglamentos para administrar con rigor el día a día autonómico, no puede escapársele la clamorosa inconstitucionalidad de lo que acabó aprobando el Parlamento vasco el pasado 27 de junio. Si a pesar de ello hubiese anunciado que acatará la decisión del TC y que, si la consulta es rechazada, perseverará en la formulación de sus deseos de manera más acorde a la ley, su conducta hubiera sido sencillamente coherente. Pero la coherencia nada tiene que ver con la tozudez en el comportamiento de un responsable público. Es más, la tozudez acaba saboteando a la coherencia porque conduce siempre a metas muy distintas a las que se dice perseguir.

Si la meta última que pretende el lehendakari es un status político para Euskadi de libre asociación con España, a base de tozudez es más fácil que acabe llevando la política vasca a la quiebra -empezando por el PNV-, y partiendo el País Vasco por la mitad tanto social como territorialmente. Pero, además, si desde Ajuria Enea trata de conseguirlo situando la legitimidad de una mayoría parlamentaria apuradamente favorable a su empeño por encima de la legalidad a la que nos debemos todos, acabará retorciendo el sentido del Derecho hasta dar con una formulación que sintonizará plenamente con la preeminencia de los hechos, con nuestra supuesta y primigenia potestad de realizarnos en una democracia de vascos y vascas y no de leyes.

No parece verosímil que semejante transgresión, impulsada desde un poder sólo reductible electoralmente, obedezca a la fuerza de las convicciones. Sería más lógico pensar que responde a la inercia de alguien que un día decidió adentrarse por un callejón y no sabe, no quiere, no puede salir de él marcha atrás. Sabe que el callejón no tiene otra salida, pero continúa hacia delante con la esperanza de echar abajo los obstáculos que se encuentre a su paso y con la fingida épica de mostrarse dispuesto a acabar con su carrera política en el intento. Ya que se niega a salir marcha atrás, alguien debería convencerle para que se quede en el callejón pero no siga hacia delante. Sería coherente consigo mismo, incluso podría combinarlo con la tozudez de resistirse a abandonar el atolladero. Pero por lo menos así nadie se vería arrastrado en pos de tan incierta suerte, y la legalidad y la legitimidad conformarían un único cauce prohibido para los ilegales.

La careta de la consulta
ESTEBAN ARLUCEA El Correo 17 Julio 2008

PROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UPV-EHU

S e equivocan aquellos que pretenden unir estación estival con relajo y, hasta cierto punto, simpleza. Nada más lejos de la realidad, al menos si tomamos en cuenta la que ha abierto la ley 9/2008, más conocida como ley de convocatoria y regulación de la consulta popular de Ibarretxe. Porque un mínimo, aunque estricto, ejercicio intelectual en torno a dicha norma y al cúmulo de despropósitos que genera hace dudar de muchas cosas, desde la interiorización del Estado de Derecho, es decir, de las reglas del juego en sociedad, hasta el solipsismo extremo de algunos de nuestros gobernantes que, al socaire de intereses particularistas, pretenden imponer al todo unas decisiones fundadas en razonamientos válidos en la medida en que se ajusten a la defensa de sus postulados. Paradigma de ello es la difícil y errática noción de 'pueblo' (en singular), que en esta norma se alza como sujeto de derechos (el de decidir), entendida como un algo inescindible que sacraliza a comienzos del XXI a un conjunto de individuos privado de su destino, resucitando, si algún día fue desterrada desde los nacionalismos, la idea romántica y mítica de ese término en cuanto ente indisponible por sus sujetos actuales. Su inherente trascendencia al tiempo presente despoja de derechos a la base individual que cobija. Tan sólo por este perverso efecto tendría que ser un concepto muy cuidadosamente empleado y ante la hipótesis de su utilización, resultar desprovisto de sus atávicos referentes, pero, claro, este proceder no conviene precisamente a quienes se sirven cotidianamente de él. Porque la referencia al 'pueblo vasco', a la que ya nos encontramos acostumbrados por ser común expresión de nacionalistas, se ha visto acompañada de una interesada construcción e interpretación de ciertos momentos históricos de los que se hace traer causa su significado, y anclando, así, pueblo con historia, sencillamente, lo legitimamos. Del mismo modo la idea de unidad (no tan lejana de etnicidad) se trata de colar a toda costa en la noción de pueblo, con lo que el silogismo adquiere plena lógica deducible de su premisa: somos un pueblo, en singular (el vasco) ante la constancia de que somos -y valga la redundancia- uno. Compartimos una única historia, una única lengua y únicas tradiciones. Y si esa historia, lengua y tradiciones se resisten a ser reconducidas a la unidad, se readaptan y reinventan para que justifiquen las actuaciones que emprendamos en cuanto reflejo de nuestra imaginaria 'artificial'.

Ahora que ya hemos elaborado un solo pueblo en el plano intelectual, idea de la que no nos tiene que despistar esa obstinada historia que parece desmentir tanta uniformidad en los territorios que forman la hoy Comunidad autónoma vasca, sólo resta identificar al otro, ese alter que no forma parte del nosotros, precisamente por no compartir nuestra caracterización. Los alemanes dedican un curioso término a esta idea, que tan caro ha resultado a la humanidad, el 'Volkgeist'. Ese espíritu común que fluye y une a la colectividad. Pues bien, la exposición de motivos de la ley identifica ese otro alter al que me refería y que no comparte ese 'Geis't común; otro, frente al que pretendemos dar un paso constituyente, el Estado español, que obliga a actuar subsidiariamente ante la ausencia de pacto político a la Comunidad Autónoma para que su pueblo habilite a todos los partidos políticos vascos sin exclusión a tomar un acuerdo sobre el derecho a decidir del pueblo vasco. Y es constituyente porque la misma exposición de motivos desvela el objeto del acuerdo de normalización política que pretende alcanzarse: el establecimiento de las bases de una nueva relación entre la Comunidad Autónoma Vasca y el Estado español.

Como no podía ser de otra manera, las dos preguntas que acompañan como anexo I a la ley se preordenan a lo anterior. Dos preguntas, formalmente hablando, tres en la realidad, en las que se opta por una vinculación perversa de dos hechos coetáneos y simultáneos, bien es cierto ello, pero que no suponen causa-efecto como capciosamente se presentan. De un lado, la violencia de ETA; de otro, el deseo del PNV desde sus orígenes de organizar al pueblo vasco en torno al estado vasco. Y es la perversión de este manejo la que deslegitima la propuesta del PNV revestida de esa aura legitimadora que supone el Parlamento vasco. Precisamente la nuclear alusión a la normalización política que se realiza en la ley hace interesarnos por el concepto, pero inmediatamente se alcanza a ver que no es otro sino el diferente de novación política. Toda normalización se alcanza con el regular funcionamiento responsable de todas las administraciones actuantes bajo la Norma (que de ahí deriva el sustantivo normalización) de normas, la Constitución, una vez desaparecida ETA, la anormalizadora político-social por antonomasia. Sin embargo, esta idea está ausente de la expresión; lo que se pretende es la alteración de esta Norma, de esta normalidad, en aras de una nueva relación País Vasco-Estado en la que la representación política del nacionalismo excluye la violencia independentista (asesina) de ETA. Bajo la Euskalherria libre de la soberanía española, no hay razón de ser del terrorismo porque ya se ha dado la confluencia de objetivos. Y siendo ello así, la pregunta sobre el fin dialogado de la violencia con la que se abre la consulta carece de sentido, volviéndose innecesariamente cruel al revelarse como una mera pantalla obediente a lo políticamente correcto. Puede concluirse que sucede algo similar a los mandamientos, que a la postre se reducen a dos. Aquí, no perdamos la perspectiva, las dos preguntas (tres, como se ha apuntado) se reducen a una: '¿Está usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo sobre el derecho a decidir del pueblo vasco el establecimiento de una nueva relación entre la Comunidad Autónoma y el Estado?'.

Órdago y contraórdago

Lorenzo Contreras Estrella Digital 17 Julio 2008

Ibarretxe hizo de profeta en su mensaje de fin de año, en el 2007. Dijo que el 2008 iba a ser “un año en el que se va a escribir el futuro de Euskadi para mucho tiempo”. Así como suena. Y por si había que amarrar el pronóstico a la altura de estos días, ahí tenemos su desafío ya confirmado de la ley de “consulta” al pueblo vasco sobre autodeterminación. En realidad se trata de un referéndum ilegal a todas luces. Anticonstitucional. Y el Gobierno, junto con el primer partido de la oposición, no ha dudado en recurrir dicha ley ante el TC.

El lehendakari asociaba su desafío a la paz, nada menos. Señalaba que la llamada consulta permitiría “dejar atrás definitivamente la violencia y lograr la normalización política”, porque además, según manifestó, la sociedad vasca está “cansada” de la lacra del terrorismo y “aburrida” de que desde la política “no ofrezcamos salidas”.

Así pues, según su planteamiento autodeterminista, ya se ofrece un camino de salida. Lo ofrece él frente a un sector de su partido, el PNV, el de las dos almas. Desde una de ellas, contraria a Ibarretxe, o simplemente discrepante, el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, le ha dirigido este mensaje radiofónico: “Mira, chico, si te das tres veces contra la pared, pues dale la vuelta a la pared y no vayas la cuarta vez también contra la pared. Por tanto, si el Gobierno central recurre la consulta, se acabó, vete por otro camino”.

Ya veremos qué pasaría con la vuelta de la pared y con las consecuencias de un desafío que, una vez recurrido por el Gobierno, hace replicar al lehendakari que su Gobierno se reserva acciones no concretadas. Según Azkuna, el de la otra cara nacionalista, hay que “volver a la centralidad”, porque “los soberanistas han creído que ya iban a resolver las cosas con cuatro órdagos, y en política con cuatro órdagos no se hace nada”.

Las declaraciones de Azkuna ofrecen el interés añadido de que el alcalde de Bilbao introduce en ellas una cierta apuesta por Íñigo Urkullu, que a su juicio puede llevarnos directamente a dicha centralidad, siempre que se resuelvan determinadas “cosas”, “una serie de cosas” literalmente. ¿Pero cuáles? Porque estos nacionalistas, cuando ponen en circulación sus ambigüedades verbales, son impredecibles.

La apuesta aparente por Urkullu, presidente del PNV y sucesor de Josu Jon Imaz, el defenestrado por el propio partido, no deja de ser bastante significativa. La interrogante inmediata es tratar de discernir hasta qué punto Ibarretxe, si naufraga la “consulta”, quedará tocado o, como dicen los taurófilos, con “media en su sitio”, que hace rodar al toro sin puntilla después de parecer que la estocada, en un primer momento, podía no bastar.

Por tanto, la cuestión es saber si Ibarretxe rodará políticamente sin puntilla, con esa media estocada que basta (o bastaría) para alegar la pesadilla del soberanismo desbocado. Lo probable es que, si no puede llevar adelante su referéndum ilegal y, en consecuencia, se siente con el sillón de Ajuria Enea (ellos, los nacionalistas, dicen ahora Lakua) movido, tenga que convocar elecciones vascas anticipadas, que en tal caso serían elecciones plebiscitarias dirigidas no sólo a mantenerle en el “lehendakarinato”, sino también, y sobre todo, a bendecir popularmente en las urnas el referéndum recurrido por el Gobierno central. Entonces ya veremos qué hacen los Urkullu y compañía. Porque Urkullu, en quien Azkuna deposita confianza, se reunió con el líder de EA (Eusko Alkartasuna), Unai Ziarreta, para anticipar que la suspensión de la “consulta” sería “muy preocupante”. En resumen, ¿a qué carta quedarse, señor Azkuna?

La casa de Chaos
Germán Yanke Estrella Digital 17 Julio 2008

El caso De Juana Chaos es, como se ha visto, la suma de casos De Juana Chaos, muchos de ellos sorprendentes, ya que sorpresa debe causar, cuando menos, que se vayan quedando tantos flecos en el camino que luego deben resolverse con urgencia y, a veces, con improvisación. No se trata de vengarse del criminal, sino de hacer justicia, es decir, y de acuerdo con la vieja máxima, dar a cada uno lo suyo. En el caso De Juana, sobre todo durante el intento negociador del Gobierno con ETA, se actuó con una arbitrariedad pasmosa que, a la postre, no ayuda en nada a la lucha contra el terrorismo del Estado de Derecho: la legislación que le era aplicable quedó en suspenso, para beneficio del preso, cuando se consideró un “gesto” para el buen término del “proceso” y se aplicó de nuevo cuando aquello fracasó. El favor temporal del terrorista se convirtió en una traba para el correcto funcionamiento de la ley y, asimismo, para la percepción que la opinión pública debe tener del mismo.

Ahora, ante la inminente salida de la cárcel del criminal, se ha sabido que iba a acabar viviendo como vecino de víctimas del terrorismo, lo que ha causado el correspondiente revuelo y la lógica indignación. Martinmorales publicaba ayer una viñeta en Abc en la que unos parroquianos se preguntan en una taberna del País Vasco. “¿Dónde encuentras tú un lugar en el País Vasco en el que De Juana Chaos no encuentre por vecinos a víctimas suyas?”. Es verdad, ésas son las dimensiones del drama constante generado por los verdugos y sufrido por las víctimas. Esto no obsta que la legislación, y la posterior aplicación judicial de la ley, tenga en cuenta este castigo adicional a las víctimas, que deben ser protegidas sin descanso, y, en la medida de lo posible, lo evite. Algunas sentencias recientes ya lo contemplan en la medida que lo permite la ley.

Sin embargo, la sorpresa es de otro tipo cuando, al hilo del escándalo, se ha denunciado que De Juana Chaos no había pagado las correspondientes indemnizaciones a sus víctimas hasta un total aproximado, según la Fundación de Víctimas del Terrorismo, de ocho millones de euros. Con razón trataba el delincuente de hurtar su obligación no pagando y tratando de cambiar la titularidad de una vivienda cuyo embargo ahora pide la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Si se ha reaccionado rápido —ahora, ante el escándalo— se ha hecho ante una situación que no debería haberse producido, es decir, que se reacciona porque no se ha actuado. Cuando nos quejamos, y se reconoce abiertamente, que las deficiencias del sistema judicial afectan a la ejecución de las penas, éste —con el agravante de ser un caso de terrorismo— es uno de ellos. Y no es el único de este tipo. El presidente del Gobierno, al hilo de las calles y plazas con nombres de terroristas de ETA, dijo hace unos días que no se iba a permitir ni el más mínimo espacio a la exaltación de la violencia. Está muy bien, como también lo estaría evitar la satisfacción de los violentos al sortear leyes y obligaciones que al Estado le corresponde hacer cumplir.

Otra vez, el burlador de España
POR TERESA JIMÉNEZ-BECERRIL ABC 17 Julio 2008

El etarra José Ignacio De Juana Chaos, se ha convertido con el consentimiento del legislativo y del Ejecutivo que preside Rodríguez Zapatero en el burlador no solo de Sevilla, sino de todos los españoles. Asesinos tiene ETA y todos son de la misma estirpe, pero ninguno como él ha conseguido que todo un pueblo se indigne ante su continuo e infamante desafío.

Si la justicia fue benévola con él hasta la vergüenza, debería este sujeto haber aprovechado que el viento legal soplaba a su favor, pagando en silencio una condena injustamente corta y disfrutando en el más absoluto de los anonimatos de una libertad inmerecida. Pero no, De Juana además de asesino es un provocador en serie, y además de asesinar parece que le gusta provocar, ya sea pidiendo champán y langostinos o escribiendo cartas aterradoras donde se ríe a carcajadas del dolor de sus víctimas.

Pero su mayor burla, la llevo a cabo en pleno proceso de rendición ante ETA, cuando un Gobierno pelele, se humilló y despojó a las víctimas de su dignidad sacándolo de la cárcel. Nunca olvidaré la vergüenza que reflejaba la cara de Pérez Rubalcaba, ni el gesto de desafío del rostro de De Juana. Tristes días aquellos, penosos momentos de condenas que se esfumaban en un abrir y cerrar de ojos. Dieciséis años, !bien! Que no, que solo cuatro, que a calle...

Creíamos que el libro de este matón que se cree alguien por ser mal nacido se había cerrado; pero no, es nuestra pesadilla, la de sus víctimas y la de todos los españoles de bien. Sabíamos que llegaría el día en el que lo veríamos salir, sabíamos que nos miraría con la peor de las miradas, lo que no sabíamos es que seguiría burlándose de nosotros, viviendo rodeado de sus víctimas para seguir siendo quien es, dentro y fuera IÑAKI DE JUANA CHAOS, lo peor que ha dado España y digo España porque aunque a él le pese, y a mí mucho más, es español.

Y mañana a alimentarse de nuevo con las lágrimas de mi familia y la de todos los que creemos en la Justicia, porque acabo de oír que ha decidido dejar otra vez de comer. Esta vez no creo que le acompañe la suerte porque el ministro no volverá a perder su dignidad de nuevo y Zapatero, aunque no ha perdido el puesto, seguro que ha aprendido que cuesta caro llamar a tipos como él, «hombres de paz».

De Juana, el mismo chantaje
Editorial ABC 17 Julio 2008

La crueldad del etarra Juan Ignacio de Juana Chaos sólo es comparable a su desfachatez. A este asesino en serie no le parece suficiente cumplir sólo veintiún años de los tres mil de prisión a los que fue condenado por veinticinco asesinatos, lo que equivale a una pena efectiva de poco más de diez meses por víctima. Tampoco le bastó con los paseos que dio en San Sebastián tras el primer exitoso chantaje con el que doblegó al Gobierno socialista durante la negociación política con ETA. De Juana Chaos empezó ayer una nueva huelga de hambre para protestar porque la Fiscalía ha pedido el embargo de la vivienda comprada por su esposa. El Ministerio Público quiere que la Audiencia Nacional destine el inmueble a pagar las indemnizaciones que este sanguinario etarra debe por importe de ocho millones de euros a las víctimas de sus atentados.

Al margen de las dificultades técnicas que siempre supone el embargo de bienes a nombre de personas distintas de las que han sido condenadas -salvo que se demuestre, como puede ser el caso, que hay una operación fraudulenta-, la reacción de De Juana confirma todas y cada de las razones por las que este sujeto es incompatible con la convivencia e incapaz de reinsertarse en una sociedad pacífica. Con la primera huelga de hambre, quería impunidad. Ahora, con la segunda, quiere un piso. El Gobierno no puede repetir errores. Que sea De Juana el que asuma todas las consecuencias de sus decisiones, porque la dignidad de las víctimas y el respeto a la ley están por encima de los chantajes de este terrorista.

Balanzas y agravios
Editorial ABC 17 Julio 2008

LA publicación de las balanzas fiscales entre el Estado y las comunidades autónomas ha sido una cesión inútil del Gobierno a la presión del tripartito catalán y de las formaciones nacionalistas que querían poner números a su permanente estado de queja y reivindicación. La polémica está viciada en su origen porque el Gobierno aceptó el planteamiento nacionalista de que esas balanzas reflejarían el desequilibrio entre lo que algunas comunidades aportan al conjunto del país y lo que reciben como servicios públicos. Esta forma de entender la solidaridad ignora aspectos fundamentales de la contribución al interés general y empuja a conclusiones erróneas porque no reflejan fielmente el estado de la cuestión. No son los territorios, sino los ciudadanos y las empresas las que aportan fondos a través de sus impuestos.

Además, es lógico que quienes crean más riqueza sean, al mismo tiempo, los que más aportan a los demás ciudadanos. Por otro lado, las discrepancias entre los expertos sobre los criterios de medición de las balanzas obligan a no dogmatizar sobre sus resultados. Por ejemplo, no se debe obviar que los impuestos de una empresa tributan por los servicios pagados por ciudadanos de cualquier rincón de España. Una cosa es dónde se genera la riqueza y otra distinta dónde se computa a efectos fiscales. También los ciudadanos pagan impuestos por lo que ganan, no por los servicios públicos de educación, sanidad o transporte que reciben. La cohesión social o la solidaridad entre regiones tiene mucho que ver con el sentimiento de pertenencia a una misma realidad nacional. Sin ese sentimiento, la solidaridad es sustituida por la contabilidad.

El problema político no sólo subsiste sino que se agrava al dar publicidad a unos datos sembrados de dudas metodológicas y que conducen a la confusión, porque abierta la caja de los números, cada cual los lee a su manera y reclama para sí la prueba del agravio. Esta no es la forma de funcionar en un Estado unitario, basado en la idea de una nación articulada por la igualdad y la solidaridad entre sus ciudadanos. La publicación de las balanzas va a complicar innecesariamente cualquier negociación sobre financiación autonómica, porque ya está excitando agravios y dando coartadas a actitudes egoístas. Nada sería más perjudicial para la sociedad española, sobre todo en un momento de grave crisis como el actual, que el Estado autonómico fuera el escenario de una partición entre comunidades «contribuyentes» y comunidades «receptoras».

Ahora bien, más allá de las distancias que hay que tomar para valorar estos datos, sí deben tenerse en consideración para un doble efecto político. Por un lado, la queja del tripartito catalán es desproporcionada. Con criterios territoriales, Madrid y Baleares están por delante de Cataluña en déficit fiscal. Cuestión distinta es que esta comparación sea irrelevante para el tripartito presidido por José Montilla, porque el Estatuto catalán prevé un sistema propio de financiación, desvinculado del interés general y basado en una relación confederal entre Cataluña y el Estado (no el Gobierno central). Poco a poco van dando la cara los costes de las decisiones tomadas por el presidente del Gobierno en una política territorial que atendió exclusivamente a un interés partidista. Por otro lado, es también razonable que la expansión económica de determinadas comunidades vaya acompañada de una adecuada inversión en infraestructuras y que se espere de otras una mayor eficiencia en la gestión de los fondos públicos, que no deben ser empleados en mantener una red de subvenciones y subsidios ilimitados y sin condiciones. Entre ignorar la realidad o exagerar los desequilibrios hay un término medio que debe ser el eje del acuerdo político entre PP y PSOE para la financiación autonómica.

La balanza fiscal de Cataluña, de Castilla… y de Euzkadi
Pedro de Hoyos Periodista Digital 17 Julio 2008

Hasta el gorro de la insistencia de los nacionalistas catalanes debían estar en el Ministerio de Economía y Hacienda después de que llevaran tantos años insistiendo en la publicación de las balanzas fiscales de las diversas autonomías. Olvidándose de que los impuestos los pagan los ricos para compensar a los menos afortunados, los catalanistas pretendían que la supuesta descompensación de su balanza fiscal les sirviera para acumular más privilegios económicos.

Cierto que pagan más los ciudadanos catalanes que los de Extremadura, por ejemplo. Sin duda porque hay más catalanes que extremeños y porque el dinero, también con la colaboración de los emigrantes extremeños, fluye con más facilidad en la región mediterránea, en Cataluña hay más ricos que en Extremadura.

Les ha salido mal y ahora sabemos que en Baleares, la Comunidad Valenciana y en Madrid, una parte de Castilla enajenada a la Castilla verdadera, también se pagan más impuestos de lo que se recibe de la caja común. Los que los nacionalistas catalanes buscaban, como ya ha dejado claro Carod en más de una ocasión, es un concierto económico con el Estado a imagen y semejanza del concierto vasco, la perpetuación eterna de una injusticia histórica, un anacronismo injusto que certifica que los más ricos y desarrollados pueden mantener sus privilegios medievales en pleno siglo XXI. Yo también quiero privilegio semejante para mi tierra, coño.

Lamentablemente los castellanos tenemos los líderes que tenemos, que eternamente callan y otorgan a sus casas madres en las calles Génova y Ferraz, pero si alguna vez se nos cruzara el cable ácrata de 1521 podríamos también exigir al Estado que se publicasen las balanzas… de emigrantes, por ejemplo.

Así podríamos seguir el rastro de los tres millones de castellanos emigrados desde que Franco se empeñó en deshacerse de Castilla a través de la despoblación, disolviendo a sus habitantes entre las fábricas de Francia, suiza, Alemania y los altos hornos de Vizcaya y la fábrica de SEAT, puesta donde no había población suficiente para echarla a rodar. ¿Por qué se llevó la gente a la fábrica y no la fábrica a donde ya había población?

Creo que sería curiosamente llamativa la publicación de esa balanza de emigración para comparar cuántos emigrantes castellanos hay en Barcelona y cuántos emigrantes catalanes hay en Soria, Palencia o Zamora, pongamos. Quizá muchos catalanistas cerrarían su plañidera boca, abriéndola sólo para mostrar su asombro.

Balanzas trucadas
POR IGNACIO CAMACHO ABC 17 Julio 2008

¿PERO qué monserga es ésta de las balanzas fiscales? ¿Desde cuándo un Gobierno socialista acepta sin rechistar que los tributos los pagan los territorios y no los ciudadanos? Y aun así, ¿cómo se pueden dibujar aduanas tributarias en una nación que se supone comparte un mercado y una Hacienda únicos? ¿Habrá también balanzas comerciales autonómicas? ¿Y de cuotas de Seguridad Social? ¿Y cómo demonios las medimos? ¿Habrá que volver a los aranceles internos como parte de la recuperación de la memoria histórica?

Vamos a ver; si una ciudadana de Badajoz, que recibe por vía directa o indirecta transferencias de renta procedentes de Cataluña o Madrid, se compra una blusa en Mango, empresa textil catalana... ¿esa transacción en qué balanza se apunta? Cuando la sanidad pública andaluza adquiere sus materiales a fabricantes catalanes o madrileños y los paga con fondos aportados por dichas comunidades, ¿se cuenta ese dinero como pago o como ingreso de quién? Si un gallego subvencionado adquiere un electrodoméstico Fagor, fabricado en una autonomía protegida fiscalmente por concierto, o un mueble valenciano, ¿genera déficit o superávit fiscal? ¿Y si un parado andaluz ingresa su subsidio de desempleo en la Caixa? ¿En qué comunidad se pagan los impuestos de la producción de energía en la central extremeña de Almaraz? ¿Con qué balanza pesamos el intercambio cotidiano de millones de euros circulantes por los mecanismos de nivelación interregional?

Además, cualquiera diría, oyendo a los nacionalistas, que su contribución al presunto superávit fiscal de las regiones más pobres es voluntaria, y hay que agradecerla como si fuesen donativos a una ONG. Oiga, yo no conozco a nadie que pague tributos de buena gana. Se paga porque lo dice la ley, y se paga lo que dice la ley; ni más ni menos, aunque a todo el mundo le parece mucho. Se llama solidaridad, progresividad fiscal, y es un sistema imperfecto pero más o menos justo de redistribución de la renta. Entre personas, no entre territorios, y según cuánto ganan, no según donde viven. A ver si nos enteramos todos de una vez: los catalanes, los extremeños, los andaluces o los baleares tienen derecho a la misma educación o a la misma sanidad no porque sean catalanes, andaluces o extremeños, sino porque son españoles. ¿A que parece claro? Pues algunos no lo quieren ver. Porque no les interesa.

Y hablan de las balanzas porque la solidaridad se les antoja un peso. Porque desean que el Estado deje de invertir en Almendralejo, Bailén o Carballiño para que invierta más en Olot, Tarrassa y Hospitalet. Que sus impuestos financien sólo o preferentemente sus propios servicios y sus aspiraciones de «construcción nacional».

Que se rompa el equilibrio igualitario en virtud del cuál se pagan las necesidades de los que tienen menos con los impuestos de los que ganan más.

Que ése sea el designio de los nacionalistas tiene su lógica. Aislacionista e interesada, pero lógica. Pero... ¿a qué lógica responde que los socialistas cedan a la pretensión de trocear, segmentar o desarticular la igualdad de todos los ciudadanos aceptando unas balanzas trucadas?

Editoriales
Todos unidos con las víctimas
Gobierno y oposición ofrecieron ayer una gran lección de responsabilidad y compromiso
Editorial La Razon 17 Julio 2008

El acto celebrado ayer en LA RAZÓN fue, ante todo, la expresión de la unidad de todos los españoles en torno a las víctimas del terrorismo. Gobierno y oposición aparcaron sus naturales discrepancias para sumarse, junto a representantes del mundo judicial, universitario, diplomático y de las instituciones del Estado, a la iniciativa de nuestro periódico. Habría que remontarse al menos cuatro años atrás para encontrar un acto similar en el que los dos grandes partidos estuvieron codo con codo junto a las víctimas. Por eso, resulta altamente satisfactorio comprobar que, pese a errores y flaquezas, la clase política es capaz de separar el trigo de la paja y dar ejemplo de responsabilidad y compromiso cívico.

Persuadido de que la salud democrática de la sociedad no sólo se fortalece con el ejercicio del voto y de otros derechos, sino también con iniciativas que reconozcan el sacrificio y el dolor de quienes han muerto a manos de los que niegan el Estado de Derecho, LA RAZÓN puso en marcha la campaña para que en cada pueblo y ciudad de España hubiera al menos una calle dedicada a las víctimas del terrorismo. La respuesta ha sido excepcionalmente general, unánime y sin dilación. Decenas de municipios ya han aprobado en pleno secundar la iniciativa y día tras día se sucede el goteo de nuevos consistorios que se suman a ella.

Pecaríamos de presunción si nos atribuyéramos el mérito de este reconocimiento general a las víctimas, pues hemos sido simplemente el altavoz de una ciudadanía que exigía desde hace tiempo una iniciativa de esta naturaleza. El mérito es de las decenas de miles de ciudadanos que la han impulsado, pero también se debe reconocer y aplaudir el decidido apoyo del PSOE y del PP, sin cuyo consenso no habría sido posible alcanzar el éxito. En este capítulo de reconocimientos es de justicia citar, en primer lugar, a la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, y a la ministra de Defensa, Carme Chacón, presentes ayer en primera fila en LA RAZÓN. También es de justicia subrayar el papel desempeñado por José Blanco, por el presidente del Congreso y por el portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso. Todos ellos certifican la impecable actitud del Gobierno y del partido socialista hacia las víctimas del terrorismo. A nadie se le escapa que no siempre ha sido así y que en etapas pasadas hubo fuertes tensiones. Por eso el acto de ayer cobra especial relevancia en la medida en que expresa el apoyo inequívoco a las víctimas, junto a la cúpula del PP (Cospedal, Sáenz de Santamaría, Arenas, Mato, etc), con Mariano Rajoy a la cabeza, del alcalde de Madrid y de los dos vicepresidentes de la Comunidad madrileña. Si el homenaje de ayer logró una sentida aspiración ciudadana que marcará un hito fue porque las víctimas allí presentes, desde Mari Mar Blanco a Maite Pagaza y Juan Antonio García Casquero, se sintieron arropadas por gobiernos y partidos, sin que importaran sus colores y militancias.

Sería un error, sin embargo, considerar que este homenaje es el final del trayecto. Muy al contrario. Como señaló Ussía en su discurso, «es hora de olvidar viejas rencillas y unirse para que sea fructífera, eficaz y definitiva la lucha contra el terrorismo, para que sea permanente la gratitud y el amor de la sociedad hacia las víctimas y sus familias y para que sea posible en un futuro se alcance un acuerdo para hacer menos bondadoso el actual Código Penal respecto al terrorismo y no tengamos que avergonzarnos de ver cómo sale en libertad un asesino que ha cumplido menos de un año por cada uno de sus crímenes cometidos».

Alfonso Ussía: «Es hora de olvidar viejas rencillas y unirse por las víctimas»
 La Razon 17 Julio 2008

El escritor y columnista de LA RAZÓN fue el encargado de abrir el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo, con un discurso centrado en la unidad y en el apoyo incondicional a los que han sufrido el zarpazo de los terrroristas:

«Mi periódico, LA RAZÓN, me concede el honor de intervenir en este acto en el que se recuerda y se rinde homenaje a las Víctimas del Terrorismo.

Las Víctimas del Terrorismo han pasado por momentos de olvido, de desagradecimiento, de distancia. La iniciativa de nuestro periódico pretende que nunca más sean olvidadas; pero para ello es fundamental, porque si no nada se lograría, que la clase política, los alcaldes, y demás representantes del pueblo español apoyen lo que en nuestra opinión es de absoluta justicia.

Están aquí presentes altos representantes de los dos partidos principales de España. Juntos alcanzan casi el noventa por ciento de la representación popular. Es hora de olvidar viejas rencillas, desacuerdos y faltas de entendimiento y unirse para que sea fructífera, eficaz y definitiva la lucha contra el terrorismo, para que sea permanente la gratitud y el amor de la sociedad hacia las víctimas y sus famiilas y para que sea posible en un futuro no muy lejano que alcancen un acuerdo para hacer menos bondadoso el actual código penal respecto al terrorismo y no tengamos que avergonzarnos de ver cómo sale en libertad un asesino que ha cumplido menos de un año por cada uno de sus crímenes cometidos. LA RAZÓN ha dado el primer paso. A ustedes los políticos les corresponde seguir el camino para que las víctimas del terrorismo sean recordadas permanentemente en todos los rincones de España».

Conferencia saudí en Madrid
Reunión islamo-progresista
De nuevo tenemos a Rodríguez Zapatero sirviendo de anfitrión al islamismo radical. La presencia de ZP en la conferencia pone otra vez de manifiesto la desgracia que afecta a España y a Europa.
GEES Libertad Digital 17 Julio 2008

De nuevo la particular alianza islamo-progresista celebra un nuevo acto en nuestro país, la Conferencia para el diálogo religioso. Entre los asistentes, unos afirman su disposición a cambiar Europa; otros defienden la pena de muerte para los musulmanes que dejen de serlo; otros defienden el programa nuclear iraní; los más radicales hablan de supremacías raciales, o tienen relaciones estables con el terrorismo de Hamás.

Todos ellos representan la negación de los valores del diálogo y la libertad. Por eso podemos adelantar las conclusiones de la conferencia: La equiparación del terrorismo islamista con la política occidental y la llamada a que los occidentales cambien su forma de vivir y de comportarse para no ofender a los islamistas radicales.

Llama la atención cómo bajo la supuesta defensa del diálogo, lo que defienden es su negación. Lo que el islamismo radical entiende por diálogo es su legitimidad para cuestionar los fundamentos democráticos, además de la ilegitimidad de los demás para examinar críticamente los fundamentos de la sharía. A lo primero lo llaman diálogo intercultural; a lo segundo, provocación intolerable.

En la conferencia no veremos ni una condena radical e incondicional del terrorismo yihadista –negación absoluta del diálogo intercultural– ni una defensa del único tipo de sociedad donde el diálogo es posible –la democrática–. No les veremos cerrar filas ni defender con ahínco a los musulmanes moderados partidarios de la democracia, ni atacar a las organizaciones islámicas que propagan el odio, quizá porque algunas de ellas están representadas en la conferencia.

Por este rechazo visceral al régimen democrático constitucional occidental cuentan con la cobertura institucional de su habitual compañera de viaje, la izquierda radical europea. De nuevo tenemos a Rodríguez Zapatero sirviendo de anfitrión al islamismo radical. La presencia de ZP en la conferencia pone otra vez de manifiesto la desgracia que afecta a España y a Europa. La izquierda está abandonando no sólo a los europeos, sino también a los inmigrantes árabes, en manos de ideologías que los encierran en guetos culturales y religiosos y los condenan al radicalismo y/o a la pobreza.

Si algún día la izquierda defendió a los más débiles y habló de liberación, eso ya está olvidado. Hoy se ha unido a los más poderosos regímenes despóticos, forrados de petrodólares, en la marginación social y cultural de los musulmanes en Europa. Está condenando a jóvenes y mujeres a caer presas de una ideología antidemocrática que los usa, además, contra el régimen de libertades europeo. Eso sí, todo en nombre del diálogo entre religiones, que ni es diálogo ni lo es entre religiones.

Si usted es un inmigrante árabe en España y quiere para sus hijos un régimen donde puedan elegir libremente cómo vivir el islam y progresar socialmente, desengáñese: Zapatero no es su hombre. Si usted es agnóstico, ateo o poco creyente, desengáñese también, pues los amigos de Zapatero le obligaran a vivir religiosamente cara a la Meca. Y si usted es cristiano, no vamos a contarle qué tiene ZP preparado para usted y su familia, ni tampoco lo que le espera a manos de los amigos islamistas del presidente del Gobierno.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

"LLEVAMOS CON NORMALIDAD LA DUALIDAD"
Sánchez Camacho: "No firmaré el manifiesto del castellano, no es necesario"
Alicia Sánchez Camacho no cree que el castellano esté marginado en Cataluña. Es más, opina que "en esta tierra conviven con normalidad las dos lenguas". Por ello, la nueva presidenta del PPC asegura que no firmará el manifiesto en Defensa de la Lengua Común. "No es necesario", dice. Una percepción muy diferente a la de muchos e importantes dirigentes de su partido. "Llevamos con normalidad la dualidad", ha insistido en La Vanguardia, aunque reconoce que "queda mucho por mejorar".
Libertad Digital 17 Julio 2008

El castellano no está marginado en Cataluña. Ésta es la percepción que tiene la nueva líder de los populares en dicha comunidad, Alicia Sánchez Camacho. En una entrevista en La Vanguardia, asegura que no cree que sea necesario firmar el manifiesto en Defensa de la Lengua Común porque "tenemos un patrimonio extraordinario, que son dos lenguas que enriquecen nuestra tierra, y que defiendo con la misma igualdad y normalidad".

Pese a que muchos de sus compañeros del PP sí se han adherido, para Sánchez Camacho "no es necesario" el manifiesto. "Llevamos con normalidad la dualidad de las dos lenguas con las que convivimos, es una evidencia, pero conviene que se diga", argumenta.

En este sentido, insiste en que la equiparación de las dos lenguas está garantizada: "Estoy por lo que defiende mi partido, que es garantizar los derechos y deberes de todos los ciudadanos en todo el territorio español. Y esa garantía se debe asegurar en los otro territorios con lenguas cooficiales".

Reconoce, eso sí, que "hay derechos que no está garantizados" como es "el derecho de los padres a elegir la lengua en la que quieren escolarizar a sus hijos, y yo he defendido, defiendo y defenderé el derecho a usar y a aprender el castellano en Cataluña".

"Queda mucho por mejorar, como el acceso a la educación en castellano con el mismo derecho y normalidad que el catalán. Eso aún no se produce", asevera.

De matamala a matapeor
Nota del Editor  17 Julio 2008

Es una pena que el diario El Mundo no haya puesto hoy a disposición de sus lectores "gratuitos" el artículo de Joaquín Leguina, a ver si esta señora indocumentada lo lee y más difícil aún, consigue entenderlo y deja de dicir estupideces.

El reñidero español
Joaquín Leguina, ex presidente de la Comunidad de Madrid 17 Julio 2008

http://www.joaquinleguina.es/

«El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla» (Art. 3 de la Constitución Española)
"Al parecer, en estos nuevos tiempos todo lo que no sea aplaudir a ZP y sus ocurrencias es de derechas"

El pasado 23 de junio, Fernando Savater presentaba junto a un grupo de intelectuales de ideología variopinta un Manifiesto por la Lengua Común que levantó, de inmediato, todo tipo de ronchas y descalificaciones. Pero no se produjo ni un solo argumento en su contra. Porque en España hace ya mucho tiempo que cuando algo no gusta no se exhiben razonamientos para contradecir lo afirmado por otros, no, se recurre al insulto o -entre los más finolis- al eslogan político descalificador.

El diario zapaterista Público recibía el Manifiesto de esta guisa: «El nacionalismo español hace de nuevo política con las lenguas». Por su parte, Miquel Iceta, la nueva estrella rutilante del PSC, se limitó a señalar que el Manifiesto era «innecesario» y José Montilla (que es natural de Córdoba) afirmó que el Manifiesto incitaba a la «catalanofobia». Gran honestidad intelectual la de este charnego reconvertido en catalanista.

En efecto, el PSC es un partido que, según Félix de Azúa, se parece cada vez más a la corte de Catalina la Grande.

El aparato mediático del catalanismo lanzó 800 (sí, 800) artículos contra el Manifiesto, pero en ninguno de ellos se aludía a su contenido ni se argumentaba contra él.

Las fuerzas localistas del nordeste de España, como un solo hombre, se dieron al insulto -esa práctica tan española-: «Ataque contra el catalán», «franquistas», «fachas», «españolistas de mierda», «miserables» (Jordi Sánchez), todo eso y más lindezas dijeron. Antoni Puigvert aseguró -él, tan moderado- que el Manifiesto rompía los últimos puentes entre Cataluña y España... Naturalmente, todos esos artículos estaban escritos y publicados en español, la lengua que, según estos atacantes, quiere asesinar al catalán... y, para guinda del pastel, lo de Jordi Pujol sonó como el Tambor del Bruc: «Combatir con decisión y confianza, sin miedo y sin respeto para quien no nos respeta», eso dijo el veterano y, ahora, radicalizado líder.

Entretanto, las firmas de adhesión al documento escrito por Savater crecían, eso sí, movidas en parte por EL MUNDO, lo cual le vino de perlas a Rodríguez Zapatero, quien aprovechó que el Tormes pasa por Salamanca para sentar doctrina: «La derecha quiere apropiarse de la lengua común como antes lo intentó con la bandera común», dijo... y después de soltar semejante sandez, el actual presidente del Gobierno se fumó un puro.

De poco vale que más del 50% de los catalanes prefiera el castellano como primera lengua porque el nacionalismo catalán y sus adláteres están dispuestos -así lo dice el nuevo Estatuto- a obligar a todos quienes pisen (o sobrevuelen) el territorio de Cataluña a hacerles aprender y obligarles a usar aquella lengua «propia». Ya se sabe: «La letra con sangre entra».

Pero dejémonos de darle vueltas a la noria y recordemos, en primer lugar, que los poderes públicos -y desde luego el Gobierno de España- están obligados a guardar y hacer guardar la Constitución. Así lo han jurado o prometido todos ellos. Vayamos, pues, al grano.

1. ¿Puede un profesor, nacido pongamos que en Valladolid, ir a trabajar a una universidad catalana dando sus clases en castellano? La respuesta es no. Por lo tanto, a ese profesor se le está privando de uno de sus derechos (el de usar el castellano) y el Gobierno de España no puede mirar para otro lado.

2. ¿Puede un niño catalán que tenga como lengua materna el castellano ser escolarizado en ese idioma? La respuesta es no. Un derecho del que se le priva y que no puede dejar indiferente al Gobierno de España.

3. ¿Puede un funcionario español trasladarse a trabajar a Cataluña sin haber aprendido antes concienzudamente el catalán? La respuesta es no.

Y así podríamos seguir con los rótulos de las tiendas, los de las carreteras, con la expulsión de facto del castellano del Parlamento de Cataluña, con la exclusión de los escritores catalanes en castellano, pues sus obras -según los nacionalistas y sus abducidos del PSC- no pertenecen a la cultura catalana y por eso no se les permite acudir a la Feria de Fráncfort, etcétera.

En resumen, el derecho a usar el castellano que la Constitución consagra no se puede ejercer en los foros públicos de Cataluña... y el Gobierno no puede mirar para otro lado diciendo -como dicen sus voceros- que reclamar estos derechos elementales es de derechas (al parecer, en estos nuevos tiempos todo lo que no sea aplaudir a ZP y sus ocurrencias es de derechas).

Pero lo más peligroso -por irresponsable- del discurso de ZP y de sus conmilitones es que para ellos el nacionalismo periférico (vasco, catalán, gallego...) no existe y como no existe no puede hacer mal a nadie ni tener aspiraciones a la independencia. Por ejemplo, Convergencia Democrática de Cataluña, con Artur Mas a la cabeza, acuerda, imitando a Ibarreche, que su objetivo político es una «Cataluña Libre y Soberana»... y el Gobierno español no tiene nada que comentar.

¿Por qué no hablamos claro de una vez? Los nacionalistas y sus adláteres detestan el bilingüismo en sus territorios, lo mismo que rechazan el oír hablar de un Estado Federal... y de poco vale ocultar esa verdad haciendo oídos sordos a los voceros nacionalistas que no se cansan de repetir: «Derecho a decidir», «independencia», «fuera el castellano» y otras muchas lindezas anticonstitucionales.

Pero no es ésa -la de mirar para otro lado- una práctica que sólo concierna a este Gobierno. Sin ir más lejos, Aznar en 1997 se negó a recurrir la Ley de Política Lingüística de Pujol ante el Tribunal Constitucional, porque necesitaba los votos de CiU. Tampoco la recurrió el Defensor del Pueblo (Alvarez de Miranda), sobre quien se ejerció todo tipo de presiones para que no presentara recurso de inconstitucionalidad. Una ley que era y es anticonstitucional por los cuatro costados.

El Estatuto aprobado el 18 de junio de 2006 (con un apoyo popular, simplemente, ridículo, que todo hay que decirlo) echa un par de paletadas más sobre el asunto: 1) «Todas las personas en Cataluña tienen el derecho de utilizar y el deber de conocer las dos lenguas oficiales». Se establece así la obligatoriedad de dominar el catalán para todas las personas que vivan en Cataluña y 2) «La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de todas las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos en Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza».

Si esto es constitucional, yo soy el obispo de Mondoñedo, pero sí es una discriminación contra los castellanohablantes. Y por serlo es también una discriminación para los menos dotados económica y socialmente, los inmigrantes del resto de España y sus descendientes. Estamos ante una descarada y consentida política que pretende tratar a los castellanohablantes como extranjeros en su propio país. «Si un español emigra a Inglaterra, lo que ha de hacer es aprender el inglés» es un argumento que los catalanistas suelen exhibir para exigir a todo el mundo en Cataluña el uso del catalán. Se olvidan -y no por casualidad- que un andaluz en Inglaterra es un extranjero, pero cuando se desplaza a Cataluña no sale de su propia nación.

Las normas internacionales, por ejemplo, las de la Unesco, respecto a la enseñanza recomiendan una obviedad: los niños deben ser escolarizados en su lengua materna. Es tan paradigmático como penoso anotar cómo notables pedagogos catalanes han sacrificado estas elementales normas en el altar de su catalanismo.

Pero no han sido sólo los pedagogos quienes han teorizado, practicado y ejecutado el ombliguismo catalanista. Muy representativos escritores también se han pronunciado en la misma dirección en lo tocante a la creación literaria. Veámoslo.

En el número de julio y agosto de 1977 -inmediatamente después de las primeras elecciones democráticas y en vísperas del debate constitucional- la revista Taula del Canvi, catalanista de izquierdas, planteaba una pregunta a una serie de intelectuales antifranquistas de indudable valía (Salvador Espriu, Manuel de Pedrolo, Joaquín Molas, Antoni Comas...).

El asunto se las traía desde la propia formulación de la pregunta, que era ésta:

¿A los catalanes (de origen o radicación) que se expresen literariamente en lengua castellana hay que considerarlos como un fenómeno de conjunto que hay que liquidar a medida que Cataluña asuma sus propios órganos de gestión política y cultural?

Antes de considerar las respuestas ha de tenerse en cuenta que a ese «fenómeno de conjunto» pertenecían -y pertenecen- los hermanos Juan, José Agustín y Luis Goytisolo, Vázquez Montalbán, Carlos Barral, Juan Marsé, Félix de Azúa, Eduardo Mendoza y un largo etcétera, amigos y compadres de quienes respondían así:

Salvador Espriu: «Espero y deseo que sí».

Manuel de Pedrolo: «No hemos de discutir a nadie el derecho a escribir en la lengua que quiera, pero nadie tiene derecho a convertir una lengua forastera en un arma de destrucción de la identidad del pueblo al cual pertenece o en el cual se inserta».

Antoni Comas: «Como hecho colectivo, como fenómeno de conjunto, hay que liquidarlo a medida que Cataluña recupere su autonomía».

Joaquín Molas: «Si las soluciones son las que deberían ser, los que utilizan la lengua castellana tenderían a desaparecer».

Entre tanto ardor guerrero y exterminador destaca, por extraña, una propuesta razonable:

Francesc Vallverdú: «La cultura catalana se puede manifestar y de hecho se manifiesta en diversas lenguas».

Tan tempranas y amenazadoras manifestaciones de catalanismo identitario y arrasador deberían haber puesto en guardia, al menos, a dos entes políticos: 1) A los inmigrantes llegados a Cataluña y, en general, a los castellanohablantes y a sus representantes políticos y 2) A los partidos de ámbito nacional. Pero todos prefirieron mirar para otro lado, pensando, quizá, que la sangre no llegaría al río, que tales posiciones radicales, como otras muchas de entonces, se atemperarían en el marco constitucional que ya se estaba elaborando. Mas, fuera como fuera, el hecho fue que nadie quiso señalar unos límites, al menos intelectuales, a semejante desbarre.

Dado que los artículos del Nuevo Estatuto referidos a la obligatoriedad de la lengua catalana están recurridos ante el Tribunal Constitucional (TC), conviene recordar aquí una sentencia de este Alto Tribunal; la del 26 de junio de 1986, cuando lo presidía Francisco Tomás y Valiente. En esa sentencia -contraria a la obligatoriedad de una lengua cooficial- se lee lo siguiente: «Pues el citado artículo (el 3 de la Constitución) no establece para las lenguas cooficiales ese deber (el de ser conocidas), sin que ello pueda considerarse discriminatorio».

Cabría esperar que el TC se atuviera en este asunto a su propia jurisprudencia, mas, para decirlo todo, los miembros actuales del TC han demostrado sobradamente que no son ni Tomás Moro ante Enrique VIII ni Becket ante Enrique Plantagenet; se parecen más a los jueces obedientes y obsecuentes que pululaban por España no hace tantos años... y a los que convendría olvidar para siempre. En fin, que mi fe respecto a las actuales instituciones políticas y judiciales es descriptible, por eso estoy dispuesto a pelear contra las canalladas que se están perpetrando contra el derecho a usar el castellano y contra los canallas que las cometen o que las permiten.

Por el diálogo de las lenguas
Francesc de Carreras, La Vanguardia 17 Julio 2008

De nuevo, un manifiesto crítico con la política lingüística está suscitando en Cataluña un debate que no lleva a ninguna parte. La cascada de artículos que descalifican, sin más, al citado manifiesto, la emprenden contra ideas que en él no se expresan, es decir, utilizan la vieja falacia de deformar las razones del contrario para entonces refutar cómodamente lo que no se ha dicho.

Con ello, por un lado, se hace un flaco favor a la racionalidad, ya que se niega la posibilidad de entender los motivos de la otra parte y se impide argumentar en serio para llegar a consistentes acuerdos o desacuerdos. Por otro lado, al tergiversar las afirmaciones ajenas, se informa mal a quienes leen los textos del debate, ya que se les induce a creer que la otra parte sostiene unas posiciones cuando, en realidad, sostiene otras muy distintas. Ello se agrava cuando al lector de periódicos no se le ha suministrado el texto origen del debate, con lo cual la información es incompleta para que este lector pueda formar libremente su criterio, tras escuchar las razones de unos y otros.

No estaría mal o, mejor dicho, estaría muy bien, que la cosa no acabara aquí y, tras las vacaciones de verano que todos estamos anhelando, representantes cualificados de ambas partes sostuvieran un diálogo abierto, público y razonado, sobre esta cuestión: el resultado seguramente sería positivo para todos. Al menos, se podría saber de qué estamos hablando y cuáles son las razones de unos y otros. Sin embargo, no soy optimista: en otras ocasiones se ha buscado este ámbito de reflexión y nunca se ha logrado. Intentarlo una vez más, de todas formas, valdría la pena.

Leído el manifiesto, y habiéndolo suscrito a pesar de que, efectivamente, hay algunas imprecisiones que deberían aclararse, creo que en él se trata, básicamente, del significado y el alcance de la cooficialidad de las lenguas en las comunidades autónomas bilingües. Una lengua oficial es aquella que utiliza un poder público para dirigirse a los ciudadanos y a los demás poderes públicos. No hay que mezclar en ello misteriosas cuestiones identitarias. Simplemente hay que buscar el entendimiento entre personas: que los ciudadanos reconozcan como suyas a estas instituciones por el hecho de hablar en su propia lengua, es decir, en su lengua habitual.

Es por ello que nuestra Constitución sentó tres principios básicos: uno, que el castellano es lengua oficial en todo el territorio de nuestro Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo; dos, que los estatutos de autonomía establecerán, en su caso, otras lenguas oficiales, es decir, cooficiales, en su ámbito territorial; tres, que las distintas lenguas serán objeto de respeto y protección por constituir un patrimonio cultural común. Estos tres principios son una buena base para que establezcamos unas políticas lingüística en las que todos – se entiende, una gran mayoría – nos pongamos de acuerdo. Para ello es imprescindible que actuemos según un principio general del derecho que se presupone en todos los contratos: el principio de buena fe. Por ello decía antes que sería un buen instrumento para llegar a este acuerdo que los protagonistas de las partes hoy confrontadas – los autores del manifiesto y sus detractores – dialogaran entre sí en lugar de descalificarse sin atender las razones del otro.

Teniendo como punto de partida los razonables principios constitucionales antes citados, creo que ambas partes deberían ponerse de acuerdo sobre una misma filosofía de fondo: el bilingüismo es algo bueno y positivo, es una gran suerte nacer y vivir habitualmente en una sociedad bilingüe, una sociedad en la que desde pequeño, con naturalidad, sin esfuerzo, se puedan aprender dos lenguas. Me considero perfectamente bilingüe. ¿En qué momento aprendí catalán y castellano? No lo sé, sinceramente. Solo sé que los aprendí en la primera infancia sin darme cuenta y que los he hablado indistintamente a partir de entonces. Además, ello me ha servido para aprender otras lenguas con mucha mayor facilidad que aquellos que han sido monolingües durante su infancia y juventud. También pienso que el ideal es tener, por ejemplo, un padre inglés, una madre alemana, pasar la infancia en Paris (o Pekín) y la juventud en Barcelona. He conocido casos semejantes: hablan (o entienden) perfectamente varias lenguas sin esfuerzo alguno, sin las inútiles clases de idiomas que duran toda la vida.

La España monolingüe y la España bilingüe deben hacer un esfuerzo de comprensión mutua, sin encastillarse cada una en sus razones, con lealtad y buena fe. Tan absurdo es que en Catalunya no se rotule en catalán como que el Instituto Cervantes solo se encargue de proteger y difundir el castellano. Antes que un signo de identidad, la lengua es un instrumento de comunicación. Si se considerara así, todo sería mucho más sencillo de lo que ahora parece. Como dice el manifiesto, el castellano es la lengua común en España, la que sirve para que nos comuniquemos todos los españoles. También en Cataluña tenemos, además, otra lengua común, el catalán, para que nos comuniquemos todos los catalanes. Tan claro como el agua.

Francesc de Carreras, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona.

El adiós del PP al PP: dos escándalos a medias, un pesebre en ruinas y el relincho gallardonista
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 17 Julio 2008

Aunque no hay precedente de mayor torpeza desde el congreso de UCD en Palma de Mallorca, que logró hasta una huelga de Iberia, el escándalo catalán que inauguró la despedida del PP del PP histórico se ha atemperado en los no menos escandalosos pero sí más discretos de Baleares y el País vasco. El primero lo ha salvado la oposición al PP marianil, prisaico y gallardonita, representada por el admirable alcalde de Calviá. Sin el apoyo descarado a Estarás del aparato monclovita, amén de las trampas congresuales que el propio Delgado denunció en los tribunales y que reconoció pero no sancionó el juez por insuficientes (sólido concepto jurídico, ése de la insuficiencia) habría ganado el opositor a la candidata fociosa con holgura. Aún así, superar el 30% y quedarse en el Partido con una línea política alternativa salva el honor del PP y le permite una cierta posibilidad de regeneración. Escandaloso, pues, cómo se ganó. Pero no cómo se perdió.

Más confuso es el caso del PP vasco, donde no parece escandaloso cómo se ganó, ya que a ultimísima hora Antonio Basagoiti (tras amenazar con dimitir y que no hubiera candidatura alguna para sustituir a San Gil) logró un apaño o acuerdo de integración de rajoyosos y rebeldes que parecía patrocinado por Tiritas y Salvaslip.

Sin embargo, sigue siendo escandaloso cómo se perdió. La ejecución de María San Gil a manos de Arriba Soria y Alicia Sánchez Camacho, luego recompensada con la baronía cataláunica, y a pies de Alfonso Alonso y su principito Oyarzábal, es baldón imborrable que arrastrarán los verdugos genoveses. Y por más que se esfuerce Basagoiti en parecer independiente, no podemos olvidar que el anuncio de su candidatura lo hizo aviesamente Génova 13 media hora antes de la rueda de prensa del gilista Carmelo Barrio para presentar la suya. Barrio cometió el error –o el terror– del principiante al anunciar al partido la hora de su rueda de prensa y los arriolos presentaron a Basagoiti porque Alonso no quiso arriesgar. O sea, que Basagoiti fue un candidato de emergencia contra el sector de San Gil. Sucede que quedó tan groseramente a la vista su papel vicario cuando le impusieron de segundo al principito alfonsí que hizo de la necesidad virtud y a última hora arregló a medias lo que nació roto. Y roto está. Es normal que la gente de María San Gil se dejara seducir o cooptar por el integrador bilbaino, porque el PP vasco es más que un partido y casi una familia, pero políticamente hablando está destrozado por el volantazo de Madrid. Y si Basagoiti no tiene un buen resultado, todas estas cataplasmas integradoras serán inútiles. Será el turno del principito alfonsí, que a mí me parece una especie de Madrazo cruzado con Madina y cuya única hazaña conocida es la de injuriar a María San Gil.

Supongo que alguna encuesta arriolosa habrá advertido a los bacterios de Génova 13 de que por mucho que digan valorar a Rajoy los mismos que valoraban a Gallardón por oponerse al PP, no piensan votarlo. Y que los votos que ganen por esa vía serán menos que los que pierdan. Tras la chulería idiota de Barcelona se ha impuesto la discreción en los dos congresos regionales, pero el problema sigue siendo el mismo: la posición del PP ante el cambio de régimen. El penúltimo encuestorrelincho gallardonita en El País, dando por amortizado a Rajoy ante Ambiciones, explica bien el problema de fondo: ante el cambio de régimen, el PP ha decidido cambiar al PP. Pero como el cambio de Nación y la liquidación de la Constitución son seguros pero imprecisos, el cambio del gran partido de la Derecha se ha refugiado en esas brumas matinales tan propias del verano. Ya vendrá el Tribunal Constitucional con la rebaja catalana. Y el otoño económico. Y el invierno mediático e institucional. Y la glaciación política.

Los inmigrantes de Cataluña apoyan el Manifiesto ‘El catalán, lengua común’
Redacción Bilbao Minuto Digital 17 Julio 2008

Más de veinte asociaciones de inmigrantes presentan hoy en Barcelona el Manifiesto, ‘El catalán, lengua común’, con el apoyo de la Plataforma por la lengua, impulsora de la iniciativa.

Al acto asistiran el presidente del Parlamento, Ernest Benach, y Jordi Pujol, así como la escritora Najat El Hachmi, que ha firmado el prólogo donde se destaca “la importancia de utilizar la lengua del país con las personas recien llegadas como forma de reconocimiento mutuo y de no exclusión”.

El Manifiesto consta de 10 puntos “a los cuales la sociedad catalana no puede renunciar si pretendemos construir una sociedad justa y cohesionada”, según dicen las asociaciones. El vídeo que se presentará de la campaña “El catalán, lengua común”, es un reportaje de los actos celebrados en la fiesta de Sant Jordi del 2008 en Barcelona, por parte de las 23 asociaciones de personas inmigrades y organizaciones de apoyo a estas.

Interior
PP, PSOE y CiU, unidos en LA RAZÓN por las víctimas
Asociaciones, partidos, jueces, fiscales y representantes de la sociedad honran a los asesinados por el terrorismo con el descubrimiento de una placa
Únete a la iniciativa en memoria de las víctimas http://www.larazon.es/porquetenemosmemoria/
Fernando Cancio La Razon 17 Julio 2008

Políticos de diferentes ideologías, jueces de distintos ámbitos, alcaldes socialistas y populares, miembros de las Fuerzas de Seguridad, representantes del mundo sanitario, de la cultura, víctimas... Todos se unieron ayer para mostrar su respeto unánime y sincero a las víctimas del terrorismo. Y lo hicieron en la sede de LA RAZÓN, donde se descubrió una placa en su memoria. El acto tiene lugar un mes después de que este periódico impulsara el acuerdo de la Fundación de Víctimas (FVT) y la Federación de Municipios (FEMP) para dedicar calles a las víctimas. Más de una treintena de Ayuntamientos se ha sumado ya.

El acto lo abrió el escritor y columnista de LA RAZÓN Alfonso Ussía, quien destacó la necesidad de «olvidar viejas rencillas y unirse para que sea eficaz y definitiva la lucha contra el terrorismo, para que sea permanente la gratitud y el amor a las víctimas». Y ese recuerdo será el que perdurará en la placa que, acto seguido, descubrió el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Juan Antonio García Casquero. En ella se puede leer: «En recuerdo y reconocimiento a las víctimas del terrorismo. Porque tenemos memoria». Su descubrimiento provocó entre los centenares de presentes un aplauso casi interminable que ponía el broche a un acto marcado por la unión y, sobre todo, el recuerdo.

Y fue por la libertad y la democracia y el reconocimiento a quienes murieron por ellas por lo que se olvidaron las «rencillas» de las que hablaba Alfonso Ussía y las dos principales fuerzas políticas se dieron la mano en un acto de obligado consenso.

Por parte del Gobierno estuvieron presentes la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega y y la ministra de Defensa, Carme Chacón, quien destacó que «el recuerdo a las víctimas y el apoyo a sus familias es una obligación de la sociedad». José Bono acudió como presidente del Congreso, junto al portavoz socialista en la Cámara Baja, José Antonio Alonso; el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, y el secretario de libertades públicas, Álvaro Cuesta.

Del PP, además de su presidente, Mariano Rajoy, acudieron al homenaje su secretaria general, María Dolores de Cospedal; la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría; el vicesecretario general de Comunicación, Esteban González Pons; la vicesecretaria General de Organización, Ana Mato; el vicesecretario general de Política Autonómica, Javier Arenas; el coordinador de Justicia, Federico Trillo; el coordinador de Relaciones Internacionales, Jorge Moragas; el portavoz en el Senado, Pío García Escudero; el secretario general de FAES, Jaime García Legaz y el coordinador electoral, José Antonio Bermúdez de Castro. Junto a ellos, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, el vicealcalde Manuel Cobo y Elvira Rodríguez, presidenta de la Asamblea. Sáenz de Santamaría dijo que «es una forma de colocar a las víctimas en el lugar que se merecen». Del ámbito político también destacó el diputado de CiU, Josep Sánchez-Llibre.

Pero los verdaderos protagonistas fueron las víctimas y sus familiares. Tampoco quisieron faltar a la cita y destacó la presencia, entre otros, de la presidenta de la Fundación de Víctimas, Maite Pagazaurtundúa; el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero; el presidente de Foro Ermua, Iñaki Ezkerra; Cristina Cuesta, presidenta de Covite; el presidente de Foro el Salvador, Jaime Larrínaga o la presidenta de la Fundación Ordóñez, Ana Iribar. Además, estuvieron rostros conocidos como Mari Mar Blanco o Mikel Buesa.

La Justicia, presente
El mundo judicial también estuvo representado. Por parte de la Audiencia Nacional asistieron el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez; el fiscal jefe Javier Zaragoza; el juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1; José María Vázquez Honrubia, juez central de lo Penal, y el fiscal Juan Moral. Del Consejo General del Poder Judicial, su portavoz, Enrique López; el vocal para el País Vasco Juan Pablo González, y el vocal Agustín Azparren. Asistieron también, entre otros, Fernando Ruiz Piñeiro, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco; Manuel Moix, fiscal jefe de Madrid; José Luis González Armengol, juez decano de Madrid; Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo; Enrique García, vicepresidente del Foro Judicial Independiente; Jesús Chamorro, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura; Antonio García, magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJ del País Vasco; Juan José Rosa, miembro de la Ejecutiva de la Asociación de Fiscales. Vázquez Honrubia destacó «la unidad de los partidos , donde se observa un principio de acuerdo que redundará en beneficio de todos».

Junto a ellos, representantes del mundo de la cultura, la educación, los medios de comunicación o las Fuerzas de Seguridad. La ocasión invitaba a la unidad.

Deberá ratificar la suspensión o levantarla antes de cinco meses
El Constitucional admite los recursos del Gobierno y PP y suspende la consulta popular vasca
Efe - Madrid La Razon 17 Julio 2008

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido hoy a tramite los recursos del Gobierno y el PP en contra la Ley vasca que convoca una consulta popular el 25 de octubre con lo que deja en suspenso la norma y la iniciativa convocada por el lendakari, Juan Jose Ibarretxe, no podrá celebrarse.

En la impugnación del Gobierno, admitida hoy por el TC, se invoca expresamente el artículo 161.2 de la Constitución, que prevé la suspensión inmediata de la norma recurrida, pero establece que el Tribunal, en su caso, deberá ratificar esa suspensión o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

Una vez transcurrido ese tiempo, el TC podría decidir mantener o levantar la suspensión de la ley, pero el Alto Tribunal no tiene plazos para resolver sobre el fondo del asunto, aunque también ha decidido habilitar el mes de agosto para no demorar la decisión, como habían solicitado los recurrentes.

La Universidad de Valencia vulnera hasta en cinco casos la cooficialidad de las lenguas
ESTEBAN VILLAREJO ABC 17 Julio 2008

VALENCIA. Sólo en teoría la Universidad de Valencia garantiza el bilingüismo -castellano y valenciano- en su ámbito académico. Sin embargo, un recorrido por las instalaciones de cualquier facultad o de la propia sede de la institución advierten al estudiante que el valenciano -«la académica, lengua catalana», como reconoce el artículo 6 de sus Estatutos- es el único idioma que se emplea de facto.

Hasta cinco ejemplos: indicaciones, misivas y notificaciones, programas universitarios, la revista semanal o la misma página web de la universidad (con una «sui géneris» versión en castellano) son ejemplos que se encargan de subrayar que la lengua propia, y casi única, de la Universidad es el valenciano.

Un hecho éste que contradice el teórico bilingüismo y el trato igualitario que se le debiera ofrecer al castellano «que nadie diría que es lengua oficial de la Comunidad Valenciana ni de la Universidad», como reconoce uno de los docentes universitarios.

Decrece la presión
Profesores que denuncian esta situación admiten, por contra, que la presión lingüística a favor de la «lengua catalana» de la Universidad ha decrecido en los últimos años bajo el mandato del rector Francisco Tomás, en comparación con Ramón Lapiedra y Pedro Ruiz, cuyas opciones estaban más vinculadas a un nacionalismo de corte pancatalanista.

«En el trato personal no hay problemas, la cuestión es de posición institucional. Profesores y alumnos practican el bilingüismo con total normalidad y naturalidad. La institución, sin embargo, no es bilingüe».

Hay casos paradójicos como la página web de la Universidad -www.uv.es- que a pesar de que tiene una versión en castellano traduce titulares dejando en valenciano el resto del texto. ¿Cuesta mucho hacer una traducción completa del sitio de la Universidad en internet o de las indicaciones de los pasillos de la Universidad? «Claro que cuesta. El bilingüismo implica dinero y presupuesto para hacerlo efectivo. El problema es más de voluntad política», indica otro profesor que pide no revelar su nombre y que estima que esta deriva podría lastrar la atracción de estudiantes de otros países o de otras localidades de España.

Otro ejemplo es la publicación semanal que edita la Universidad, «Nou dise», cuya única versión es en valenciano.

Lo que sí tiene más aceptación es el cumplimiento de los itinerarios docentes en castellano. Así, un estudiante de Badajoz podría cursar sus estudios en su lengua materna en la Universidad de Valencia. Aunque siempre se topará con alguna asignatura menor que sólo pueda cursarse en valenciano.

La presión de los grupos de estudiantes nacionalistas -Col·lectiu d´Estudiants dels Països Catalans y el Bloc d´Estudiants Agermanats- también hace hincapié en el asunto de la lengua. Así, el tribunal de agravios de la Universidad copa la mayoría de sus actuaciones por denuncias relacionadas con la lengua.

Sobre el acoso al castellano en comunidades como Cataluña o el País Vasco, el rector zanja el debate con un escueto: «La Constitución garantiza suficientemente los derechos lingüísticos de los españoles».

La solidaridad era esto
Santiago González, EL MUNDO, 16/7/2008
17/07/2008 - Ignacio Camacho, ABC / Santiago González, EL MUNDO

Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid arrojan el mayor déficit fiscal. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, nada. Los impuestos en España constituyen una obligación personal, no territorial. Pagan impuestos los ciudadanos, no las comunidades. Si las citadas pagan más que otras es porque en ellas hay más ricos. Así de simple.

Ya tenemos balanzas fiscales. El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, las presentó con mucha cautela, destacando que su elaboración responde a «un ejercicio de transparencia del Gobierno», cuña obligada en un cargo público, pero que no describe con mucho rigor esta cuestión. Difícilmente puede imponerse la transparencia con un cristal traslúcido. Solbes no era un partidario muy entusiasta de dar a conocer la posición de cada autonomía con respecto a las demás y a la Administración central: cuánto paga en impuestos y cuánto recibe a cambio. Pensaba, con razón, que su publicación no aporta nada, ya que los datos son muy complejos y no permiten extraer conclusiones relevantes.

Tampoco era muy partidario el consejero de Economía y Hacienda de Madrid, Carlos Beteta, que consideraba su publicación como «estéril e inoportuna». Pero el presidente del Gobierno había prometido hacer públicas las balanzas fiscales, un capricho de sus socios nacionalistas, entre los que José Montilla ocupa un lugar muy destacado. Al final, hemos tenido balanzas fiscales que desde ayer mismo empezaron a convertirse en un elemento fundamental para el agit-prop de los nacionalistas en la negociación de sus respectivas financiaciones.

Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid -dos autonomías encabezadas por socialistas, ambas en coalición, y otras dos por el PP, que gobierna en solitario- son las comunidades con mayor déficit fiscal. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, nada. Los impuestos en España, y en toda tierra de garbanzos, constituyen una obligación personal, no territorial. Pagan impuestos los ciudadanos, no las comunidades autónomas. Los perceptores de rentas altas en Cataluña, Madrid o Extremadura pagan impuestos de los que se benefician, mediante el gasto público, los que menos ingresos perciben. En Cataluña, Madrid o Extremadura. O en Asturias, Melilla o Canarias. Si Madrid, Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana pagan más que en el resto de las citadas, es porque en aquellas comunidades hay más ricos que en éstas. Así de simple.

Aceptar la lógica que los nacionalistas pretenden extraer de este pozo seco supondría negar el Estado del Bienestar. Si negamos el carácter progresivo de los impuestos con el criterio de la territorialidad, no hay ninguna razón para no hacerlo con criterios aún más selectivos. Madrid es la comunidad que más paga, pero, aún dentro de Madrid, ¿por qué han de pagar tantos impuestos los vecinos de La Moraleja, El Viso o el barrio de Salamanca para costear una sanidad pública y una enseñanza que ellos no usan mayormente? ¿Por qué van a pagar los profesionales bien remunerados o los rentistas tanto «expolio fiscal», como ha dicho el portavoz económico de CiU en el Congreso?

El pasado 21 de mayo, durante una cena a la que Zapatero invitó a los presidentes autonómicos socialistas para tratar el espinoso asunto de la financiación, el honorable José Montilla dejó clavada a la concurrencia con una sentencia lapidaria: «Defiendo la solidaridad, pero no es razonable que los que dan más reciban menos...».

Los socialistas catalanes no entienden que ésa es precisamente la gracia del asunto. El mundo al revés: el lobito bueno y los liberales de Esperanza Aguirre defienden un concepto de la solidaridad que se les queda ajeno a los piratas honrados del socialismo español. Impresionante, este Montilla. Mira que haber llegado a los 53 años de su vida para descubrir que la solidaridad era esto. Y que el búlgaro era un idioma.



POR LA LENGUA COMUN / La rotulación (y IV)
La rotulación vasca cumple con el bilingüismo salvo excepciones
17/07/2008 - EL MUNDO

* La dificultad que puede suponer para un castellanohablante entender un cartel en euskara obliga a traducirlo sistemáticamente.
* La Ley señala que el uso del euskara no debe comportar "menoscabo" de los derechos de los ciudadanos que no la usen.
* El bilingüismo solo se incumple en pequeños municipios donde el euskara es la lengua habitual entre los vecinos

BILBAO.- En la siempre conflictiva normativa que en materia de rotulación e información pública aplican las comunidades autónomas bilingües, el País Vasco es la excepción. Reconocer sus calles, conducir por sus autovías o identificar edificios y servicios públicos no es un problema para quien no hable euskara. Es difícil perderse, desorientarse o no estar informado por desconocerlo. Al contrario que ocurre en Cataluña, Baleares y Galicia, en la inmensa mayoría de los casos el castellano es lengua suficiente.

En la actualidad, la práctica totalidad de los paneles y señalizaciones públicas respetan el bilingüismo. Es una situación evidente en grandes ciudades como Bilbao, Vitoria o San Sebastián, donde las indicaciones e informaciones públicas para el ciudadano se pueden leer tanto en euskara como en castellano. Habitualmente, es la denominación en euskara la que ocupa el lugar destacado o preferente de una rotulación, pero siempre acompañado de su correspondiente traducción al castellano. De forma excepcional, esta norma puede incumplirse en algunos pequeños municipios vascos, donde la primacía de una u otra lengua puede imponerse, bien en favor del castellano, bien del euskara.

En general, los edificios que albergan a organismos oficiales o a servicios públicos como el transporte, la sanidad, la educación o las haciendas forales respetan la cooficialidad y emplean de forma simultánea el euskara y el castellano en sus rotulaciones y comunicaciones fijas. Sin duda, la dificultad que supone para un castellanohablante poder entender un panel en euskara influye y obliga a tener que traducirlo de forma sistemática, una situación que con el catalán y el gallego, por su similitud con el español, en muchos casos no se cumple.

La Administración pública está obligada a hacerlo todo en las dos lenguas oficiales. El Estatuto de Guernica, aprobado en 1979, fijaba la cooficialidad del euskara y el castellano. Además, cinco años más tarde la Ley 10/1982 de 24 de noviembre de Normalización del Uso del Euskara establecía que el euskara es la lengua «propia» del pueblo vasco, pero señalaba que su uso no deberá comportar «menoscabo» de los derechos de los ciudadanos que no puedan hacer uso de ella. La ley insta a los poderes públicos a adoptar medidas «para que nadie sea discriminado por razón de la lengua».

Esta ley, que sigue marcando los criterios generales de rotulación pública, establece, por ejemplo, que las señales e indicadores de tráfico tendrán que estar «redactados de forma bilingüe». También, que todos los transportes públicos con origen en el País Vasco deberán redactar todos sus impresos, avisos y comunicaciones «en euskara y castellano».

Respecto a la nomenclatura de territorios, municipios, entidades, accidentes geográficos, vías urbanas y resto de topónimos de la Comunidad Autónoma Vasca se señala que se tendrá que rotular respetando «la originalidad euskaldun, romance y castellana con la grafía académica propia de cada lengua».

El artículo 8 de esta ley incorpora una excepción por la cual se puede rotular exclusivamente en euskara en el ámbito local «cuando, en razón de determinación sociolingüística del municipio, no se perjudiquen los derechos de los ciudadanos». Así, en algunas localidades con un uso mayoritario del euskara, en ocasiones se opta por rotular sólo en esta lengua al considerar que las palabras empleadas tienen un significante similar al castellano o van acompañadas por pictogramas que las identifican. Ejemplos de ello son paneles existentes en municipios como Guernica, en los que se informa a los conductores con paneles que señalizan, acompañados de pictogramas, la dirección hacia el anbulatorioa -ambulatorio- o un monumentoa -monumento-. Lo mismo ocurre con la rotulación que, en muchos casos, emplean las anbulantziak -ambulancias- o instalaciones como el aireportua -aeropuerto-.

El cumplimiento del bilingüismo en muchos casos se ha afrontado pese al rechazo de algunos sectores euskaldunes, que de forma sistemática tapan con spray o pintura la denominación castellana de un panel o rótulo para reivindicar así la presencia exclusiva del euskara.

La presencia simultánea del euskara y el castellano sólo en ocasiones se incumple, habitualmente por parte de algún pequeño municipio gobernado por formaciones nacionalistas y en los que el euskara se impone al ser la lengua de uso habitual entre sus vecinos. Los casos más habituales se registran en las comarcas más euskaldunes del Gohierri o del entorno de San Sebastián, en Guipúzcoa, o de Lea Artibai, en Vizcaya. En sentido contrario, también se dan casos en localidades gobernadas por alcaldes del PP y el PSE en las que se incumple el bilingüismo oficial al ser la presencia del euskara muy inferior, en beneficio del castellano.

Pero estos días el Gobierno vasco ha puesto en marcha una segunda fase en la euskaldunización de la sociedad vasca. En este caso, afectará a los funcionarios, que deberán rotular y encabezar sus manifiestos internos también en euskara. La Viceconsejería de Política Lingüística del Ejecutivo de Ibarretxe presentó recientemente un plan que establece que en los documentos y publicaciones de los distintos servicios del Gobierno vasco, el euskara deberá tener un lugar preferente en la rotulación, situándose «encima» o «delante» del castellano. Señala incluso que, en caso de tratarse de un texto en columnas, se tendrá que seleccionar la de la izquierda, la preferente, para el texto en euskara. Se añade también que, en caso de ser un comunicado a doble página, la de la derecha, la de mayor impacto visual, se reservará para el euskara.

Estas normas se aplican en los organismos públicos y hasta ahora no afectaban a los comercios. El castellano se impone de manera generalizada en los establecimientos de Vizcaya y Alava, y en menor medida, en Guipúzcoa. La mayoría del pequeño comercio de las grandes ciudades no atiende en euskara, aunque sí es frecuente que su rotulación respete el bilingüismo. La presencia única del euskara en la rotulación se limita a localidades especialmente euskaldunes.

Hasta ahora, la rotulación bilingüe en los comercios no era obligatoria. Sin embargo, el pasado 2 de julio el Gobierno vasco aprobó un decreto dirigido a los grandes centros comerciales y en el que se obliga no sólo a contar con servicio de atención al público en euskara, sino a rotular en ambas lenguas. En el plazo de cuatro años deberán cumplir la medida los establecimientos de más de 15 trabajadores o con una superficie superior a 400 metros cuadrados o a empresas de más de 250 empleados y con una facturación superior a los 50 millones de euros. La medida afectará también a las empresas que prestan servicios estratégicos, como el transporte, la energía o el gas.

El decreto, que ha sido rechazado por PP y PSE, incluye sanciones que por el momento, no se han concretado al no haberse desarrollado. Unas sanciones que remiten a la Ley del 22 de diciembre de 2003 del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias y que podrían llegar hasta los 600.000 euros en los casos más graves.
REGLA Y EXCEPCIONES.

En el caso de la rotulación en el País Vasco, ésta la constituyen algunas comarcas como la del Gohierri y el entorno de San Sebastián, en Guipúzcoa, o la de Lea Artibai, en Vizcaya. Algunos sectores euskaldunes también se dedican a hacer ilegible con spray la versión en castellano de las señales, y existe incluso alguna población en la que el euskara está discriminado en favor del castellano.
POR LA LENGUA COMUN / La rotulación (y IV)
'Isunak Zarautzen' / Multas en Zarauz
17/07/2008 - EL MUNDO

MADRID.- «Gehienez 60 min». Aparcó, fue multado y recuperó su dinero por no conocer el significado de esta señal de tráfico. El Real Decreto 1428/2003, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, lo dice bien claro: «Las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas, e inscripciones, figurarán en idioma castellano y, además, en la lengua oficial de la comunidad». En este caso, la señal tan sólo aparecía en euskara -gehienez significa máximo-, una falta que permitió a un automovilista recuperar los 24,85 euros que había pagado para recobrar su vehículo.

El conductor, un pamplonés desconocedor del euskara, se encontraba en la localidad guipuzcoana de Zarauz. En la odisea que supone encontrar aparcamiento, este automovilista acabó dando con una plaza ideal. Una señal advertía de algo incomprensible para él: «Gehienez 60 min». Si no podía entenderlo, no sería nada importante, debió pensar. Cuál fue su sorpresa cuando al volver por el coche, el aparcamiento estaba igual que cuando lo había encontrado: vacío. Se fue a casa con dos multas y 25 euros menos de tasa por inmovilización de su vehículo. Decidió recurrir a los tribunales y éstos le dieron la razón.

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Pamplona anuló las dos multas impuestas en julio de 2003 a este automovilista. «Una señal de tráfico necesariamente debe estar, al menos, en castellano», aseguró el juez. Además, afirmó que la señalización «no reúne los requisitos legales para desarrollar sus efectos, y menos aún para fundamentar una sanción». El Ayuntamiento defendió que aquello era una «excusa» del conductor para librarse de la sanción. Un policía municipal declaró en el juicio que la señal se comprendía «perfectamente». El juez no lo creyó así. En su sentencia, afirmó que el agente la entendería, «pero tratándose de una señal resulta deseable que las entiendan también los conductores». Lo cual, añadió, «es también obligatorio».
POR LA LENGUA COMUN / La rotulación (y IV)
¿'Zazpi kaleak'?
Desde hoy, los lectores pueden enviar a 'elmundo.es' fotos de rótulos y carteles que vulneren el bilingüismo

MADRID.- ¿Ha visto algún rótulo, cartel o señalización que no respete el bilingüismo en una comunidad con lengua cooficial? EL MUNDO y elmundo.es ofrecen desde hoy mismo a sus lectores la posibilidad de colaborar en la campaña en defensa de la lengua común enviando sus propias fotografías de denuncia.

Así, si usted veranea en el País Vasco o Navarra y busca el casco antiguo de una bonita localidad en la costa o la montaña, pero los rótulos sólo señalizan el zazpi kaleak; si se pregunta por el horario de una oficina de turismo en Cataluña, Baleares o la Comunidad Valenciana, pero los carteles sólo le informan del rellotge, o si se encuentra en las reglas de uso de una piscina pública de Galicia que está prohibido bañarse con aletas de mergullador, pero no con su traducción al castellano [de buceo], puede hacer una fotografía y enviarla a elmundo.es, donde encontrará un sencillo formulario.

La obligación de informar al ciudadano en las dos lenguas oficiales puede vulnerarse también en sentido contrario: es decir, que los rótulos o carteles en calles, carreteras, museos, monumentos u hospitales sólo aparezcan redactados en castellano. En tal caso, también puede usted captar la instantánea y remitirla a elmundo.es.

Desde que 18 intelectuales firmasen y promoviesen el Manifiesto por la Lengua Común en defensa de los derechos de los castellanohablantes en las comunidades con lengua cooficial, más de 130.000 personas ya se han adherido al mismo a través de EL MUNDO y elmundo.es. Ahora, además de apoyar la iniciativa por correo postal, fax o internet, los lectores pueden participar directamente enviando sus fotos.
POR LA LENGUA COMUN / La rotulación (y IV)
El euskara, lengua exclusiva del Consistorio de Vergara
17/07/2008 - EL MUNDO

BILBAO.- Mari Carmen Barrenechea es una de las dos ediles socialistas en el Ayuntamiento de Vergara, gobernado por ANV en coalición con Aralar. Comparte labores de oposición con los concejales del PNV y EA, pero tiene una dificultad añadida a la hora de ejercer este trabajo: el idiomático.

Barrenechea lleva dos años estudiando en un euskaltegi (academias de euskara), pero su dominio de la lengua no es absoluto. «Sabré un 40%, como mucho la mitad. No se aprende de la noche a la mañana», reconoce. Todos los plenos y comisiones informativas del Ayuntamiento se celebran en euskara.

La concejal del PSE afirma que esta situación dificulta enormemente su labor de oposición. El orden del día le llega traducido, pero en las diferentes sesiones ella interviene en castellano, mientras que los demás lo hacen en euskara. «De lo que hablan me entero la mitad», lamenta. Otros ayuntamientos guipuzcoanos cuentan con traductor, pero pese a las continuas peticiones -ya han presentado cuatro en esta legislatura-, el equipo de Gobierno de Vergara hace caso omiso.

Los socialistas denuncian que se está utilizando el euskara «como arma arrojadiza» y sólo piden que se instale la aplicación simultánea, para poder utilizar el castellano «sin perjuicio del euskara». El equipo de la aeneuvista Agurne Barruso no parece, sin embargo, estar por la labor de cambiar este hábito, se opone a instalar la traducción y sigue respondiendo en euskara al castellano. «Es una manera de arrinconarte», afirma la concejal del PSE.
POR LA LENGUA COMUN / La sanidad
Saber castellano será obligatorio para los médicos extranjeros en cualquier comunidad
Bernat Soria impulsa un decreto que les exigirá «acreditar un conocimiento suficiente» del idioma . Deberán mostrar su nivel académico y su formación y pasar dos meses de prácticas con su tutor.

MADRID. - Si, a partir de ahora, un médico ruso quiere trabajar en Cataluña tendrá que saber castellano. Aunque suena a perogrullada, no debe ser tanta si se le echa un vistazo al decreto del Ministerio de Sanidad que establece las futuras condiciones para reconocer los títulos de especialista de los profesionales sanitarios procedentes de países no miembros de la UE, una inmigración con salvavidas ante la escasez de cirujanos, pediatras, anestesistas, médicos de familia o radiólogos.

El documento, que Sanidad remitió ayer a la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, enumera los requisitos técnicos que se le pedirán al especialista que quiera venir a España, pero añade uno que no tiene que ver exactamente con su profesión, aunque parece evidente para la relación con los pacientes: que conozca el castellano.

«Los solicitantes de Estados cuya lengua oficial no sea el castellano tendrán que acreditar un conocimiento suficiente de este idioma», precisa, hasta en negrita, el proyecto de real decreto.

Aunque las competencias en materia sanitaria están transferidas a las comunidades autónomas, la condición impuesta por Sanidad puede fruncir el ceño de algún sector nacionalista en medio del barullo lingüístico de los últimos tiempos. De hecho, fuentes del Ministerio justifican gráficamente la inclusión de un párrafo tan aparentemente obvio en «la que está cayendo».

El decreto es el reverso de la queja de algunos médicos españoles que critican que para trabajar en la sanidad pública catalana o vasca se les exige saber catalán o euskara. Ahora, a los extranjeros no comunitarios que vayan a esas comunidades, el Estado central les pedirá que sepan castellano. Sin embargo, en las manos de cada comunidad autónoma con idioma cooficial está la decisión de pedir o no que el profesional conozca, además del castellano, la lengua propia de ese territorio.

El decreto está pensado para agilizar los trámites burocráticos de los médicos extranjeros que piden trabajar en España y lograr que ese periodo no exceda de seis meses, según el propio compromiso del Ministerio.

Un médico no comunitario puede desarrollar aquí su trabajo después de una doble homologación: la profesional y la académica. La primera depende del Ministerio de Sanidad y la segunda del de Ciencia e Innovación. El decreto de ayer mantiene ambas homologaciones, pero permite que los especialistas se incorporen al mercado laboral con un permiso profesional mientras se tramita el académico, que suele tardar mucho más tiempo.

La exigencia de saber castellano que aparece en el texto de Sanidad no es nueva, aunque sí mucho más clara que la que existía hasta ahora.

En los pliegos de condiciones necesarias para obtener la homologación académica se pedía «conocer los requisitos lingüísticos del país de acogida». Ahora, directamente, se habla de «acreditar un conocimiento suficiente del castellano».

Pero, junto al idioma para entender y entenderse, el especialista que pretenda sanar al prójimo en España deberá cumplir otras condiciones.

El decreto, que es hijo del artículo 18 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, cuenta que los médicos especialistas extranjeros deberán poseer un título que tenga «carácter oficial» en el país de origen, demostrar que ese título «no ha sido objeto de anterior homologación ni en España ni en otro país de la Unión Europea», confirmar que la formación especializada del título extranjero se ha realizado «en un centro universitario, un centro hospitalario o un centro sanitario acreditado para tal fin» y presentar el historial profesional con la formación académica previa, la especializada y la experiencia profesional que se desarrolló en el país donde se obtuvo el título, además de la formación complementaria y otros méritos.

Si el comité de 10 expertos propuestos por el Ministerio de Sanidad aprueba toda esa documentación, el médico pasará un periodo de prácticas de dos meses en una unidad asistencial de su especialidad acompañado desde arriba por el ojo vigilante de un tutor.



 

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