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Recortes de Prensa    Sábado 26Julio 2008

Tercera hora de castellano
La Generalidad elude la ley
El anuncio de que la futura LEC fijará el horario de la asignatura de castellano equivale a la proclamación, chulesca sin duda, de la independencia escolar de Cataluña.
Francisco Caja Libertad Digital 26 Julio 2008

Las peregrinas invenciones jurídicas que el Gobierno catalán ha difundido estos días para no ejecutar la reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le obliga a adoptar las medidas oportunas para garantizar la impartición de la llamada «tercera hora» en la enseñanza primaria en los colegios de Cataluña muestran con total evidencia el desvarío (que no deriva) de un Gobierno que desconoce las más elementales reglas de un Estado de derecho.

No sólo las resoluciones judiciales son de obligado cumplimiento (art. 118 de la Constitución Española) sino que la ley dispone expresamente que "serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento" (art. 105.4 de la LRJCA). Las triquiñuelas de los Montilla y Cía. resultan, pues, pueriles en un Estado de derecho. Pero lo más grave no es que las intenten, sino que las anuncien con total impunidad y sin que nadie salga al paso para denunciarlas con argumentos ni políticos ni jurídicos.

Pero el Gobierno de Montilla ha descubierto la pólvora (jurídica). ¿Resolución judicial? Pelillos a la mar, que nosotros tenemos playa. Se promulga la Ley de Educación de Cataluña (LEC) y santas pascuas. Como informaba Libertad Digital:

La futura norma, añade la formación republicana, "despliega todo el potencial del Estatuto", otorgando a la Generalidad la competencia "exclusiva" para determinar los contenidos educativos de primaria y para diseñar el currículum educativo, lo que comporta, "de manera explícita y necesaria", la regulación del marco horario de todas las materias. De esta manera, según la formación, la Generalidad no estaría condicionada necesariamente por los decretos promulgados por el Gobierno y, por tanto, no se vería obligada a implantar en Cataluña la tercera hora de castellano.

¡Qué viaje y qué alforjas! Que una Ley autonómica pueda otorgar al Gobierno catalán la competencia "exclusiva" para la fijación de las enseñanzas mínimas en primaria y el "marco horario" de todas las asignaturas, incluida la de Lengua castellana y literatura, es fantasía jurídica, política-ficción pura. La Ley Orgánica (sí, Orgánica) de Educación de 2006, de acuerdo con el artículo 149, 30ª de la CE, reserva de modo explícito al Estado las fijación de las enseñanzas mínimas. Dice así el artículo 6. 2. de esa ley:

Con el fin de asegurar una formación común y garantizar la validez de los títulos correspondientes, el Gobierno fijará, en relación con los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas a las que se refiere la disposición adicional primera, apartado 2, letra c) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.

Y esta Ley, Orgánica también, establece a su vez en sus disposiciones adicionales que:

Primera 2. En todo caso, y por su propia naturaleza, corresponde al Estado: c) La fijación de las enseñanzas mínimas y la regulación de las demás condiciones para la obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales válidos en todo el territorio español.

Pero hay más, ningún Gobierno autonómico puede regular en ningún caso ningún aspecto relativo a la lengua castellana, la única oficial del Estado. Y por supuesto nada en lo relativo a su enseñanza. El anuncio de que la futura LEC fijará el horario de la asignatura de castellano equivale a la proclamación, chulesca sin duda, de la independencia escolar de Cataluña. Eso, sencillamente, no puede ser y además es imposible. Resulta verdaderamente inaudito que un Gobierno autonómico proclame que puede regular el uso de la lengua oficial del Estado. Que la regulación de la enseñanza del castellano en todo el Estado corresponde en exclusiva al Gobierno central es algo que todo jurista (recordemos que uno de los voceros más activos en esta singular declaración de independencia escolar catalana, el Sr. Ridao es profesor de derecho constitucional) sabe. Ahí están, entre otras, las Sentencias del Tribunal Constitucional 87/1983 y 88/1983 que resuelven que "El Gobierno ha fijado unos horarios mínimos en todo el territorio nacional, y en materia lingüística los ha fijado sólo en relación con el castellano [...] la única lengua que es oficial en todo su territorio y que, por tanto, debe enseñarse en todo él con arreglo a unos mínimos criterios concernientes tanto al contenido como a los horarios mínimos". Más claro, imposible.

Que el Sr. Ridao anuncie que la futura norma "despliega todo el potencial del Estatuto" confirma lo que nos temíamos: que el Estatuto catalán es en realidad el célebre Lecho de Procusto, o sea, en castizo, un trágala, y que al Sr. Ridao debiera suspendérsele en derecho constitucional. Que una resolución judicial que obliga al Gobierno catalán y a la Santísima Trinidad a que se imparta en las escuelas catanas una tercera hora de castellano, en realidad no más que el chocolate del loro de la libertad lingüísitca, sirva para poner de relieve la verdadera naturaleza antidemocrática y hasta la zafiedad jurídica-política del Gobierno catalán no debiera sorprendernos: la Cataluña de los nacionalistas, representada por la lengua-organismo, es un alma en pena en pos de su Lebensraum, el famoso espacio vital. Un amo absoluto que, naturalmente, exige el sacrifico de la Razón y del Estado de derecho, de los derechos de los ciudadanos. De lo contrario, esa lengua, viva desde la noche de los tiempos(Prat de la Riba) no sobreviviría. El reino del mito político.

Francisco Caja es presidente de Convivencia Cívica Catalana. http://www.convivenciacivica.org/

"TOTAL DESACUERDO" EN MATERIA LINGÜÍSTICA
Nolla y Girauta dejan la FAES catalana por sus discrepancias con Sánchez-Camacho
La sustitución de Daniel Sirera por Alicia Sánchez-Camacho como presidenta de la filial de FAES en Cataluña, ha desencadenado las dimisiones de dos destacados miembros del Consejo Asesor del Institut Catalunya Futur, Juan Carlos Girauta y Maite Nolla. Los dimisionarios explican en un comunicado conjunto que están en "total desacuerdo" con la línea política de Sánchez-Camacho. En concreto, consideran una "diferencia insalvable" su negativa a firmar el Manifiesto por la Lengua Común.
Libertad Digital 26 Julio 2008

La nueva presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, impuesta por Génova en el congreso regional celebrado hace tres semanas, también ha desbancado a Daniel Sirera como presidente del Institut Catalunya Futur.

El ya ex presidente de la filial catalana de la Fundación FAES anunciaba este jueves su dimisión para facilitar que Sánchez-Camacho se conviertiese en la nueva presidenta del instituto. Las consecuencias no se han hecho esperar y dos destacados miembros del Consejo Asesor de la institución han presentado su dimisión este viernes.

En un comunicado, Maite Nolla y Juan Carlos Girauta expresan su respeto por la decisión de Sirera pero explican que su desacuerdo con Sánchez-Camacho en asuntos tan importantes como la política lingüística es insalvable tras la negativa de la presidenta del PPC a firmar el Manifiesto en Defensa de la Lengua Común.

Por su interés informativo reproducimos íntegramente el comunicado de Maite Nolla y Juan Carlos Girauta:

Juan Carlos Girauta y Maite Nolla, miembros del Consejo Asesor del Institut Catalunya Futur, mediante el presente escrito, comunicamos públicamente nuestra dimisión como tales por los siguientes motivos:

El jueves 24 de julio de 2008, el presidente de dicho Instituto, Daniel Sirera, presentó su dimisión, ya que consideraba que la responsabilidad de dirigir el Instituto debía recaer sobre la nueva presidencia del Partido Popular de Cataluña.

Respetando la decisión de Daniel Sirera, no sólo no confiamos en la nueva dirección del partido en Cataluña, sino que estamos en total desacuerdo con alguna de las decisiones que ha tomado hasta la fecha, en contra de los criterios de su propio partido. Creemos que el hecho que la nueva presidenta del Partido Popular de Cataluña no considere necesario firmar el Manifiesto en defensa de la lengua común, constituye una diferencia insalvable entre nosotros y ella, y hace incompatible nuestra presencia en el Consejo Asesor.

Su postura es incompatible, incluso, con el trabajo y con la posición del Instituto y de la propia Faes, manifestada en las últimas publicaciones de dicha fundación, como el libro ¿Libertad o coacción?, políticas lingüísticas y nacionalismos en España.

Agradecemos sinceramente a Daniel Sirera que contara con nosotros durante la etapa en la que fue presidente.

Sólo se salvarán las asignaturas de castellano y literatura
La Generalitat impone el catalán en todas las clases
 La Razon 26 Julio 2008

La presión de los republicanos en el seno del tripartito ha vencido en la batalla de la inmersión lingüística. El proyecto de la Ley de Educación, que se aprobará el martes en el Consejo Ejecutivo del Gobierno catalán, establecerá que todas las materias que no sean castellano, lengua extranjera o literatura castellana se impartan en lengua catalana.

El catalán se convierte así en la lengua vehicular de la red educativa, una de las batallas que también lidera CiU, y asignaturas como Matemáticas o Ciencias Sociales no se impartirán en castellano. El nuevo texto está pactado por dos de los miembros del Ejecutivo, PSC y ERC, ya que este último se plantó en junio amenazando una nueva crisis en la Generalitat. La portavoz de ERC, Anna Simó, reclamó entonces el blindaje de la inmersión lingüística para no respetar la imposición de la tercera hora que establece el decreto del Ejecutivo Central y que obliga a impartir 665 horas de castellano en Primaria.

De hecho, el redactado en materia lingüística ha estado liderado por el secretario de ERC, Joan Ridao, un diputado de las filas republicanas, Josep MarIa Freixanet, y la vicesecretaria general de Política Sectorial de ERC, Alba Castellví. En el texto, que ha sido filtrado a algunos medios de comunicación, se especifica una excepción para poder impartir clases en castellano, y será cuando «los padres, madres o tutores de los niños soliciten que sus hijos reciban el primer curso de la escolarización básica o del primer ciclo de Educación Infantil en castellano».

El coste del plan: 1.500 millones
La aplicación de la Ley de Educación supondrá un presupuesto adicional de 1.501,8 millones de euros a los ocho años de su puesta en marcha, según un estudio elaborado por Educación. La memoria económica contempla que la Ley suponga una inversión anual extra y progresiva hasta alcanzar los 1.038,4 millones de euros adicionales a los cuatro años de su aplicación, en 2012, cantidad que se elevará a 1.501,8 a los ocho años, en 2016.

El proyecto no cuenta con el informe del Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña. Dolors Llobet, responsable del Área Socioeconómica de CCOO de Cataluña, explicó ayer que este trámite ha sido obviado por Enseñanza. Llobet precisó que, si finalmente el texto no cuenta con el informe, es probable que el Consejo de Trabajo exprese su malestar por este hecho al presidente del Parlament.

La Generalitat veta también el castellano en Matemáticas y Ciencias Naturales
NATALIA ARAGUÁS ABC 26 Julio 2008

BARCELONA. El castellano quedará relegado en la enseñanza primaria catalana a las clases específicas del idioma, literatura española y lengua extranjera, de acuerdo con el anteproyecto de la Ley de Educación de Cataluña (LEC) que el Gobierno catalán aprobará el próximo martes. Asignaturas como Matemáticas o Ciencias Naturales, que este curso podían impartirse en español, se deberán realizar exclusivamente en catalán.

La única excepción se hará «cuando los padres o tutores soliciten que sus hijos reciban el primer curso de la escolarización básica o el primer ciclo del primer ciclo de educación infantil en castellano».

Inglés y no castellano
El borrador de la LEC también incluye un artículo según el cuál el Departamento de Educación «podrá autorizar una adaptación horaria diferente a la prevista». Según avanzó ayer «El Punt», está pensado para reforzar el aprendizaje del inglés, no del castellano.

La intención del artículo 44 de la ley, dedicado al «régimen lingüístico del sistema educativo catalán», es deshacer el decreto aprobado en 2006 por el gobierno de Rodríguez Zapatero, que incrementaba una hora al tiempo dedicado a las clases de castellano en primaria. También fijaba que, si las horas de estructuras lingüísticas se daban en catalán, se compensase con más clases de castellano o de otras materias en esta lengua, como Matemáticas o Naturales.

Aunque el tripartito ha sorteado todo este año la aplicación de la tercera hora, aprobó por su parte un decreto que permitía impartir ciertas clases en castellano. Con la LEC -cuyo apartado lingüístico ha redactado el secretario general de ERC, Joan Ridao, entre otros- esta posibilidad queda proscrita.

Por oro lado, el Ayuntamiento de Barcelona se declaró ayer en contra del manifiesto a favor del castellano. «Debemos evitar que se convierta al catalán en una lengua de museo», declaró Jordi Portabella, presidente del grupo municipal de ERC en el Consistorio. Fue su partido el que promovió una declaración a favor del catalán como «forma de integración social» y en contra de la confrontación lingüística, en alusión al manifiesto a favor del castellano.

El documento fue subscrito por todos los partidos menos el PP. El líder de los populares, Alberto Fernández Díaz, se limitó a señalar: «Todos conocemos el modelo lingüístico de ERC, que promueve el catalán a partir de condenar al castellano».

Nueva fundación del PSOE
Acróstico
González como experto en Estudios Bíblicos y Homéricos, Barrionuevo y Corcuera en Derechos Humanos, Roldán en Regeneración Moral, Bibiana en Asuntos Lingüísticos (se preparen los del Manifiesto) y Manuela de Madre de conocedora de la Inquisición.
Serafín Fanjul Libertad Digital 26 Julio 2008

Rodríguez, que es un poeta, presentó hace días la fundación IDEAS, el paridero donde Bibiana, la Chacón y la Anglicana darán a luz sus ideícas más luminosas. Y como no queremos pecar de discriminadores y sexistas, hasta Pepiño, o Zerolo, podrán parir algo, quizás el mayor sueño de su vida. Todo metafórico, claro. Y en el estricto mundo del pensamiento, que es lo suyo. Explicó el prócer en el acto –no deriven, mal pensados, con lo del paridero, el acto y etc., aquí hablamos de altas metafísicas– que el nombre, tan original, de la mentada fundación es un "acróstico" (sic), con lo cual evidenció que quien le escribe los discursos ignora qué es tal cosa y qué es un acrónimo, el término que en realidad debería haber utilizado. Y tampoco está Rodríguez para semejantes correcciones. Ni aunque se lo propusiera: hasta para ser pedante hay que tener con qué, pero éstos quieren darse pisto empleando palabras raras, y ahí les salen el pelo de la dehesa y sus lecturas de Público y El Jueves.

Sin embargo, se trata de un lance muy menor en el ya nutrido historial de un político que va de impactante y resultón y que ha hecho causa, cifra y bandera de la abolición de los significados que el DRAE adjudica a los vocablos. Ya saben: cualquier conjunto de fonemas puede significar cualquier cosa en jerga socialista (accidente por asesinato, violento por asesino, internacional por islamista y un larguísimo etcétera).

Lo importante es lo de las "Ideas". Rodríguez aclaró sobre la marcha de qué palabras eran iniciales las letras que componen el acrónimo, que no acróstico. Pero no las recuerdo, lo cual tampoco es gran pérdida, pues, como barruntará el siempre avisado lector, todos eran conceptos hermosos, tales que Inviolabilidad, Deontología, Eugenesia, Afabilidad y Sabiduría, un poner. Mi mala memoria nos brinda la oportunidad de avanzar infinitas combinaciones posibles hasta dar con la genuina, la enunciada por el Guía. Por ejemplo: Incompetencia, Dislexia, Enchufe, Amarillismo y Sumisión. Otro poner. Y si del sustantivo pasamos al adjetivo, la interpretación podría quedar en Incapaces, Dolosos, Escamoteadores, Analfabetos y Sacamantecas. O mitad y mitad, el acromix preferido de Rodríguez y sus muchachos: Incuria Dorada Efecto de Apaños Sectarios. Y así.

Mas lo significativo de veras es la sombra que hará a FAES –¡la barrerá!–, esa antigualla de la derechona donde las varonas portan uniforme mantilla y peineta y nunca hablan en presencia de los hombros; y donde un indocumentado hato de profesionales y especialistas varios se limita a jalear las inicuas maldades de Aznar. ¡Pero ha llegado Ideas! La salvación, dado que la Pablo Iglesias no servía para mucho, aparte de pagar sueldos no malos. Y con Ideas, de la mano de alguien tan prudente y sabio como Caldera, se terminará de abrir la humilde pero fecunda trocha, convirtiéndola en llana autopista (de peaje, claro) por donde transite el pensamiento socialista tan granado. Celos provoca en el mundo entero. Con González como experto en Estudios Bíblicos y Homéricos, Barrionuevo y Corcuera en Derechos Humanos, Roldán en Regeneración Moral, Bibiana en Asuntos Lingüísticos (se preparen los del Manifiesto) y Manuela de Madre de conocedora de la Inquisición, ese invento franquista. Sin olvidar a Soria, el zurupeto; a Bermejo, el de la banda (de Arenas), y a la Fashionaria, quien nos contará de dónde saca pa’ tanto como destaca, porque un poco de propuestas lúdicas nunca viene mal. Todos tendrán su seminario, sus colaboradores, su cosa. Respiremos tranquilos. Se van a enterar los carcas de FAES.

Si no sonara a nacionalista español (¡horror!), podría afirmarse que está al caer un renacimiento del pensar hispano. Por consiguiente, conformémonos con la Ilusión (otro vocablo para el acrónimo, que no acróstico) de que la civilización mundial suspirará agradecida, y finalmente dará a Rodríguez lo que es suyo, ese Nobel de la Paz que tanto se merece.

Soberanía y autogobierno
Pablo Mosquera La Voz 26 Julio 2008

La teoría del Estado plurinacional elaborada por Pujol comporta que Cataluña, Galicia y País Vasco son naciones voluntariamente relacionadas con la nación española en un pacto, de igual a igual, contenido más allá de los vigentes estatutos de autonomía.

El derecho a la autodeterminación del pueblo vasco constituye el núcleo del contencioso vasco. Según Ibarretxe, Euskal Herria es un pueblo soberano, dividido contra su voluntad, relacionado con el Estado español por un Estatuto que además de no cumplirse en su totalidad resulta insuficiente en lo que deben ser las relaciones «cordiales y respetuosas entre naciones en el mismo Estado».

De lo anterior se deduce que autogobierno y soberanía son cuestiones diferentes. Lo que discute el lendakari no es el autogobierno. Está exigiendo el reconocimiento de la soberanía. De ahí que contemple la consulta plebiscitaria como derecho indiscutible, y coloque al Parlamento vasco en un plano de igualdad a las Cortes. Incluso, en el colmo del soberanismo, hace interpretación contraria a la legal. Las Cortes de España son indisponibles en determinadas materias de la soberanía del pueblo vasco.

Lo que antecede es fruto de un nacionalismo radical, trasnochado, de confrontación con el Estado y sus órganos jurídicos y, lo peor, carga de razones a la vanguardia asesina del movimiento nacional de liberación del pueblo vasco. Por cierto, ¿dónde está el pueblo vasco? ¿Ha resistido el proceso de mestizaje imparable del desarrollo socioeconómico? ¿Es lo mismo ese pueblo vasco, romántico y primitivo, al que aluden los puristas discípulos de Sabino Arana que la sociedad vasca a la que representa el pragmatismo económico de Confevas?

Urkullu ha tenido un gesto que tranquiliza. Le sigue el juego dialéctico al lendakari, pero advierte de que se acatará y cumplirá la sentencia del alto tribunal del Estado español. Por lo tanto, reconoce al Tribunal (ETA no reconoce a ningún órgano jurisdiccional) y deja claro que el PNV, que preside, no se tirará al monte. Le ha marcado los límites de la aventura al todavía lendakari.

El problema vasco nunca ha sido por el desarrollo del autogobierno. El Estatuto era un simple instrumento al servicio de la táctica en pos de la independencia. Ahora Ibarretxe, como Moisés, quiere conducir a su pueblo por la senda de la soberanía.

Sanguinario mimetismo
EDITORIAL El Correo 26 Julio 2008

La desarticulación del denominado 'complejo Vizcaya' de ETA ha permitido descubrir en toda su crudeza los planes que ideó la banda terrorista para romper la tregua. Es un sarcasmo expresivo de su fanatismo que el comando etarra decidiera autodenominarse 'Askatu haizea' -liberad al viento- cuando su cometido era destruir, asesinar y secuestrar. El propósito de los terroristas de reeditar la sádica representación del martirio infligido al joven concejal popular de Ermua Miguel Ángel Blanco en la persona del edil socialista eibarrés Benjamín Atutxa es suficiente para constatar el mimetismo sanguinario que rige sobre los activistas de ETA.

Una apuesta tan evidente por la sublimación del asesinato como método de amedrentamiento social y de presión política no permite a las instituciones democráticas alentar expectativa alguna sobre un 'final dialogado de la violencia', como de manera sin duda oportunista ha tratado de hacer el Gobierno vasco frente el acuerdo alcanzado entre el presidente Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Ni siquiera el lehendakari Ibarretxe puede sentirse legitimado para fomentar estrategias voluntaristas o sencillamente interesadas haciendo caso omiso a cuál es la voluntad de ETA. Porque al obviar tan amenazadora realidad invita tanto a la sociedad vasca como a la sociedad española en general a correr el riesgo de entregarse atadas de pies y manos a los verdugos del terror.

Las instituciones, y el Ejecutivo vasco entre ellas, no pueden suscitar esperanzas en el diálogo con quienes hace tiempo que dejaron claro que desean cualquier cosa menos dialogar. De lo contrario estarían propiciando que los matarifes de ETA sigan marcando la pauta con la seguridad de que, llegado el momento, su trayectoria de muerte será reconocida en una mesa de negociaciones. El mantenimiento de tal perspectiva constituye, en estos momentos, la equivocación más grave que podría cometerse desde la política democrática en una estrategia que pretenda acabar cuanto antes con la violencia terrorista. Sería tanto como conceder una prórroga a gentes como Goikoetxea y como Eceiza. Tanto como invitar a los violentos a proseguir con su agenda de atentados concediéndoles, además, el privilegio de decidir cuándo quieren que se escenifique la próxima negociación.

Crisis de la derecha
¿Qué fue del sindicato del crimen?
Está muy bien defender la Monarquía de todos y la visión cristiana de la familia. Pero no es menos importante que los españoles sean iguales ante la ley. Y, para que lo sean, no basta con ser súbditos del mismo rey, aunque ya no lo ultrajen.
Emilio Campmany Libertad Digital 26 Julio 2008

La victoria de Zapatero en marzo de 2008 se vio facilitada por la división de la prensa de derechas. Desde entonces, la hendidura se ha hecho aún más profunda. Se echa de menos aquel "sindicato del crimen" donde se reunió toda la prensa independiente con el objetivo de impedir que el Gonzalato se convirtiera en un régimen indefinido de partido único. ¿Por qué hoy, cuando el PSOE en el Gobierno constituye una amenaza de igual importancia, la prensa independiente no ha reaccionado igual que lo hizo al principio de la década de los noventa?

La explicación parece ser el 11-M. Mientras unos medios someten a crítica la versión oficial, que culpa a Aznar del ataque, otros prefieren conformarse con ella por miedo a que el régimen no soporte que la verdad se sepa. Pero el 11-M no basta para explicar el foso abierto entre los medios de derechas. Hay más.

Al principio de la legislatura pasada, el PP apenas reaccionó a los primeros disparates de ZP. Lo hicieron los sectores de la sociedad civil que se sintieron amenazados. Desde luego, lo hicieron las víctimas del terrorismo, arrastrando a los muchos españoles que simpatizan con ellas. Pero, sobre todo, reaccionó la derecha católica, a la que importaba, por supuesto, la investigación del 11-M, la constitucionalidad del Estatuto catalán y la negociación con ETA, pero que se sintió especialmente agredida con el matrimonio entre homosexuales y la reforma de la enseñanza y su corolario, la asignatura Educación para la Ciudadanía.

Todo un ramillete de agresiones, salpimentado con los ultrajes a la Corona, que la derecha podía haber repelido unida alrededor de sus medios de prensa. Sin embargo, cada cual, electores, políticos y medios, eligió el frente que le pareció más importante, dejando a un lado el resto. La mayoría no quiso mostrarse firme en todo a la vez para no parecerse a su caricatura, la derechona, la imagen con que la presentaba el Gobierno de izquierdas. En los medios es donde más se ha querido huir de ese retrato. Así, los que pusieron el acento en los ataques al Rey no quisieron dudar de la profesionalidad de la Policía en la investigación del 11-M. Y los que reaccionaron airadamente a los ataques a la familia no quisieron hacerlo con el mismo ardor a los ataques a la unidad de España.

Los hábiles socialistas, para hacer más honda la herida, han, por un lado, acusado de cavernícolas y ultramontanos a los pocos medios que se han enfrentado a ellos en todo. Y por otro, han colmado de halagos y atenciones por su "sentido del Estado" a los que no están en todas las trincheras.

La prensa de derechas no tiene por qué ser un monolito. Es más, conviene e interesa que no lo sea. Pero los principios son los principios. Está muy bien defender la Monarquía de todos y la visión cristiana de la familia. Pero no es menos importante que los españoles sean iguales ante la ley. Y, para que lo sean, no basta con ser súbditos del mismo rey, aunque ya no lo ultrajen (quién sabe por qué) sino que además hace falta pertenecer a la misma nación.

A vueltas con las cuotas
No todos los medios son válidos en democracia para conseguir la igualdad de sexos en la representación política
J. M. RUIZ SOROA El Correo 26 Julio 2008

El Tribunal Constitucional español convalidó hace ya meses la ley para la igualdad efectiva de hombres y mujeres en lo relativo a la representación política. 'Roma locuta, causa finita', pensarán muchos, así que no vuelva usted a marear con el tema. Además, cuestionar esa igualdad desprende un sospechoso tufo de machismo, o por lo menos de un ideario rancio y trasnochado. Bueno, pues a pesar de todo ello, me arriesgo. Y lo hago porque creo que la cuestión merece reflexión pública, pues toca el nervio mismo de la democracia liberal, y porque me parece que el razonamiento del Tribunal Constitucional ha sido especialmente débil en este caso. No porque no me parezca justa y conveniente la igualdad de sexos en la representación política, sino porque no todos los medios son válidos en democracia para conseguir tales fines.

El punto clave es la distinción entre dos clases de igualdad, la igualdad en los puntos de partida ('chances') y la igualdad en los resultados ('goals'). Esta distinción puede parecer rebuscada, pero está en la base de nuestro régimen político. Cuando se establece que la igualdad de todos los ciudadanos es uno de los valores superiores que inspira todo el ordenamiento jurídico democrático es preciso, si no se quiere caer en la confusión, concretar a qué tipo de igualdad en la vida nos estamos refiriendo: a la de salida o a la de llegada.

Pues bien, la democracia constitucional defiende que la igualdad se aplica en los puntos de partida: todos los ciudadanos deben tener los mismos derechos y gozar de las mismas oportunidades para realizar su proyecto de vida. Es más, el Estado debe promover todas las reformas necesarias para que esa igualdad de partida sea real y efectiva y remover todos los obstáculos que se oponen a ello.

Pero lo que nunca puede es imponer directamente la igualdad en los resultados, porque ello atentaría contra el principio de autonomía individual. En el caso que nos ocupa, el Estado puede y debe eliminar todas las constricciones sociales que impiden a la mujer, todavía hoy, participar plenamente en la actividad política. Pero no puede atribuir directamente un resultado final igual, es decir, establecer directamente que la mitad de los representantes políticos sea de cada sexo.

Una analogía permite quizás verlo más claro: toda la acción del Estado para conseguir que las personas emprendan su vida en igualdad de condiciones materiales es legítima. Por eso se les dota de igualdad en derechos, en formación, en asistencia social, en oportunidades. Por eso se deben remover las diferencias materiales que favorecen a unos en perjuicio de otros ya desde la cuna. Pero lo que el Estado no podría es saltar de los medios a los resultados e imponer directamente entre sus ciudadanos la igualdad sustancial en la distribución de renta y riqueza.

De este hecho eran conscientes, incluso, los redactores del texto legal. Y, precisamente por ello, para evitar que se imputara al legislador democrático haber impuesto un resultado final en la representación, buscaron la argucia de obligar a ello a los partidos políticos en el momento de confeccionar las listas. Así no se impone la igualdad en la representación, sino la igualdad en las listas de elegibles, sería el argumento. Argumento bastante inane, por cierto, pues parece bastante obvio que la una lleva inevitablemente a la otra.

El otro ángulo crítico es la quiebra del concepto de ciudadanía igual que puede abrir la admisión de un principio de representación por grupo. En efecto, dividir la ciudadanía por su sexo en dos grupos, y exigir que ambos grupos tengan la misma representación en los órganos parlamentarios conecta con la llamada «representación especular». Es decir, con la idea de que el parlamento debería ser un espejo de la sociedad, reproduciendo su morfología grupal lo más exactamente posible.

Por cierto, esto es algo que ya existió en la democracia medieval, donde la representación era de los estamentos y no de los individuos. El problema de esta idea es que se sabe dónde empieza, pero no dónde acaba; porque la lista de grupos candidatos a poseer representación propia es interminable: mayores, menores, jubilados, funcionarios, homosexuales, trabajadores privados, obreros manuales, inmigrantes, aborígenes, religiosos, cualquier criterio puede habilitar para fundar un reclamo grupal. Que tenga o no éxito, es sólo una cuestión de presión política para obtener la visibilidad social.

El Tribunal recurre a un pobre argumento para justificar su decisión: es que la divisoria por sexos no es como los demás criterios de grupo, dice, sino que «es un criterio natural y universal». Traer al baile a nada menos que la «naturaleza humana universal» es una ingenuidad de bulto, me temo. Porque es bastante claro que el ser humano no tiene naturaleza en sentido propio, sino sólo historia. Por ello, todos los criterios de clasificación grupal son fruto de construcciones sociales contingentes, por mucho que utilicen previas diferencias objetivas; no existen unos «naturales» y otros «artificiales». Precisamente por eso, abrir una brecha en la igualdad abstracta de la condición de ciudadano, por mucho que se haga con una inspiración justa, es algo que debería haber merecido mucha más precaución.

Historia de una farsa: Zapatero como el Mago de Oz
Federico Quevedo El Confidencial 26 Julio 2008

No recuerdo muy bien el final de la película, pero sí que cuando Dorothy y sus amigos –el león, el hombre de hojalata y el espantapájaros-, después de haber pasado una serie de pruebas, vuelven a la Ciudad Esmeralda para que el Mago de Oz les resuelva sus problemas, gracias a una maniobra de Totó, el perro de Dorothy, ese majestuoso personaje al que todo el mundo teme y respeta en la ciudad se descubre como un ser insignificante, sin poder alguno y, por supuesto, sin magia que le adorne... El mago, sin embargo, pide a Dorothy que no descubra la farsa a los habitantes de Ciudad Esmeralda para evitar que éstos caigan en el desconcierto, y promete a la niña llevarla en globo hasta Kansas. En fin, supongo que la mayoría de ustedes tendrán un recuerdo más fresco que el mío de la película protagonizada por Judy Garland, pero más o menos la historia sirve para ilustrar lo que estamos viviendo gobernados por este nuevo Mago de Oz, este presidente-druida, investido a sí mismo de un halo de divinidad que le convierte en una especie de oráculo de Delfos que rige nuestros destinos.

Como el Mago de Ciudad Esmeralda, Rodríguez pretende que los españoles crean en él a pies juntillas, que le vean como el salvador, como el hombre cuyo destino es conducirnos a la gloria... Rodríguez sube a la tribuna y convierte la política en palabras bonitas pero imposibles, sin preocuparle demasiado que lo que él cree que quiere escuchar la gente coincida con lo que la realidad indica que debe decir. Nada es lo que parece, todo es del color del cristal con que se mire, mejor una crisis con anestesia que a corazón abierto... Hasta ahora eso era así. El Mago se presentaba ante la humanidad como el único capaz de ofrecer refugio ante tanta desolación. Siempre había una palabra de esperanza para los más humildes, un recurso a la demagogia para los marginados... La culpa de todos nuestros males la tenían Bush y el PP, pero él había descendido del Olimpo de los Dioses para socorrernos y devolver la fe a nuestros corazones marchitos por los altos tipos de interés, el desbocado IPC y la amenaza de los EREs. Como el Mago de Oz, Rodríguez ha buscado el beneplácito de la ciudadanía sobre la base de llenar la acción política de oportunismo barato y demagogía simple, y atemorizando a las masas con el miedo a la derecha racista, fascista y antisocial.

Como el Mago de Oz, Rodríguez tiene un proyecto personal, de ambición totalitaria en la medida que busca la permanencia en el poder sobre los cimientos del miedo. Lo hizo en la pasada Legislatura y le gustaría poder reeditar esa misma estrategia en esta. En el fondo, él sí que no ha cambiado, sigue siendo el mismo gobernante excluyente que cree que hay una parte de la sociedad, la que no piensa como él, que no tiene derecho a formar parte del sistema. El problema es que las cosas ya no son iguales y los ciudadanos de esta Ciudad Esmeralda llamada España han empezado a comprobar que detrás de esa máscara de mago se esconde ese mismo ser falso e insignificante que se escondía tras los ropajes del Mago de Oz. Rodríguez, como el Mago, es una farsa, una caricatura de sí mismo, un mentiroso compulsivo al que, finalmente, se ha descubierto por la vía de los hechos. Tan sólo dos días después de que el propio presidente volviera a hablar de “frenazo al crecimiento” y ocultara de nuevo de su vocabulario la palabra crisis, el Gobierno reconocía la existencia de la misma modificando todas sus previsiones para este año y el que viene: la realidad es una dura evidencia de un tiempo de mentiras. Hoy sería un acierto reeditar aquel debate entre Solbes y Pizarro, alguna cadena de televisión debería hacerlo.

Y, aún así, el Mago Rodríguez sigue insistiendo en ofrecernos su visión idílica de la situación frente al esfuerzo de realismo que hacen los demás. El dice que no va a recortar prestaciones sociales, pero su Gobierno anuncia que no hay fondos para la Ley de Dependencia y preve tres millones de parados para finales de 2009. Y eso, en la previsión más optimista. Con su gesto hierático y su política de quedar bien, lo único que va a conseguir Rodríguez es recortar cada vez más el estado de bienestar, aunque el seguirá gritando a los cuatro vientos que eso es lo que pasará si viene la derecha. Pero, al final, al Mago se le descubre la farsa y Rodríguez no tendrá más remedio que huir en globo cuando frente a sus soflamas populistas se antepongan los hechos de una crisis que va a afectar, gravemente, a los más desfavorecidos sin que el Gobierno haya hecho, de verdad, nada por ayudarles más allá de frases huecas y palabras vacías que ni dan de comer, ni visten, ni ofrecen trabajo. Dijo una vez el Mago que el pesimismo no crea empleo... Puede ser, pero el optimismo exacerbado que niega la realidad, lo destruye y alimenta la degradación social. El Mago es, simplemente, un aprendiz de brujo.

El fiambre de la democracia
JUAN MANUEL DE PRADA ABC 26 Julio 2008

QUE Montesquieu ha sido enterrado en España -y no precisamente con honores de protomártir de la democracia, sino en una fosa común, como se entierran los crímenes de Estado- no creo que sea asunto que requiera mayor elucidación. Todos recordamos -salvo quienes padezcan amnesia- la bronquita que María Teresa Fernández de la Vega le largó a una compungida María Emilia Casas que se desvivía por presentarle excusas, en el palco de autoridades, durante el desfile militar del Día de la Hispanidad (permítaseme emplear la designación establecida por Ramiro de Maeztu, otro que fue enterrado en fosa común); bronquita que en un país medio normal (ni siquiera normal del todo) hubiese exigido la destitución fulminante de la vicepresidenta del Gobierno y de la presidenta del Tribunal Constitucional. Pero como España ha enterrado a Montesquieu y ninguna asociación de la memoria histórica se va a encargar de recuperar sus huesecitos reducidos a fosfatina, ambas siguen aferradas como lapas a la poltrona: la una repitiendo con cinismo de disco rayado que «el Gobierno de España respeta las decisiones judiciales»; la otra asegurándose de que cada decisión del Tribunal Constitucional suscite el respetuosísimo plácet del Gobierno de España. Y la pobre gente incauta, entretanto, papando moscas y encantada de disfrutar de esta democracia tan de buten donde el poder judicial se ha convertido en «ancilla» o sirvienta del que manda. ¿Y quién manda en una democracia tan de buten?, se preguntará algún ingenuo. ¿El pueblo? No me sean ilusos, por favor; aquí el pueblo (reducido a ciudadanía que papa moscas) es el rebaño que pastorea el pastor. Y, sobre el pastor, está el mayoral, que es el que de verdad manda. ¿Y quién es el mayoral?, seguirá preguntándose el ingenuo. ¡Pues el que quita y pone pastores, coño!

Ya nos lo anticipó el profético Castellani: «Democracia, en realidad, es una palabra que ya no significa nada; nada de exacto, determinado o definible, nada de inteligible; pero sí una cosa fieramente sentimentable, como una conjunción o cifra de todo cuanto hay de refocilador y despampanante». Y mientras la pobre gente incauta repite la palabreja vacía de significado con arrobo sentimentaloide, la democracia se nos pudre a ojos vistas sin que nadie haga nada por evitarlo. De vez en cuando, nos llega un hedor pestilente que atestigua que la democracia es un fiambre; pero la pobre gente incauta se lleva una pinza a las narices y sigue refocilándose, encantada de la vida. La última vaharada de hedor la ha aventado el Tribunal de Estrasburgo, dictaminando que Javier Gómez de Liaño -que tuvo la osadía de enfrentarse al mayoral- no disfrutó de una justicia independiente e imparcial cuando fue condenado por prevaricación y apartado de la carrera judicial; esto es, que no le fue reconocido el derecho a una tutela judicial efectiva consagrado por la Constitución, sino que fue juzgado por unos señores que arrojaron sobre su honra el mayor baldón que puede arrojarse sobre un juez, en un ejercicio abusivo de la potestad jurisdiccional. Puesto que la justicia emana del pueblo, puede decirse sin atisbo de hipérbole que aquellos magistrados traicionaron con su dependencia y parcialidad la alta misión que les había sido encomendada; y cuando se traicionan las misiones más altas, parece evidente que se comete alta traición. Pero como lo nuestro es una democracia de buten en la que utilizamos la Constitución para limpiarnos el culo, esos magistrados parciales seguirán tan campantes disfrutando de su jubilación, orgullosísimos de haber beneficiado a una de las partes en litigio. ¡Y esa parte beneficiada era el mayoral!

Aquellos jueces parciales y el mayoral al que beneficiaban destrozaron la carrera de Gómez de Liaño; pero no han podido ensuciar su honra, que ahora ha quedado definitivamente restablecida por el Tribunal de Estrasburgo. Gómez de Liaño, que durante todos esos años en que su honra fue arrastrada por el fango mostró el coraje de los hombres que están hechos de una aleación especial, ha afirmado -en un ejercicio de magnanimidad que lo enaltece- que «ahora hay que mirar al futuro». Pero uno mira al futuro y sólo ve el fiambre de la democracia.
www.juanmanueldeprada.com

25 de julio en Santiago
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 26 Julio 2008

¡VAYA mala suerte tienen los nacionalistas gallegos! El Día da Patria Galega, el 25 de julio, es nada menos que el Día de Santiago, Patrón de la aborrecida España. Y no sólo eso: el Apóstol es el famoso «Matamoros», que ganaba batallas para aquélla, montado en su caballo blanco. «Siempre pueden elegir otro día para su comunidad», dirán ustedes. Pero eso se dice más pronto que se hace. Galicia toda gira alrededor de Santiago de Compostela, y diría incluso que nació en torno al Campus Stellae y creció al compás del Camino de Santiago. ¿Cómo van a cambiar la fecha? Lo más que ha podido hacer el líder nacionalista y vicepresidente de la Xunta Anxo Quintana es no presentarse en los actos oficiales de la ofrenda al Apóstol, para celebrar con los suyos la fiesta, pródiga, como siempre, en pancartas, banderas, discursos y reivindicaciones, algo que no puede faltar en ningún acto nacionalista. ¿Saben lo último que pide Quintana? Pues el 85 por ciento de los impuestos que recauda aquí el Estado. Lo que no le impide pedir al mismo tiempo que el Estado le traiga el AVE, le modernice los aeropuertos, los puertos, las autovías, todo, en fin; por pedir que no quede». «¿Y por qué no pide el 100 por cien?», pregunto a un conocido. «Pues porque entonces no podría pedir todo lo demás», me contesta, asombrado de mi ingenuidad. Pues los nacionalistas podrán estar reñidos con la lógica, pero no con barrer para casa. Otra cosa es explicarlo. Quintana no nos ha explicado todavía cómo compagina su alianza con los nacionalistas catalanes con las exigencias de éstos de repartir el presupuesto según la aportación de cada comunidad, que su partido rechaza. Ni creo que se moleste en explicárnoslo, ya que a él las contradicciones no le molestan. ¿Acaso no está haciendo oposición desde dentro del Gobierno del que forma parte? «Es nuestra forma de gran coalición -me dice el mismo conocido-. Los lunes, miércoles y viernes gobierna, y los martes, jueves y sábado se opone. Bueno, los sábados no, porque hacen semana inglesa». «Supongo -comento- que devolverá el sueldo de esos días». «Ni lo sueñes, para un nacionalista no hay nada más sagrado que el sueldo».

Llueve a ratos este 25 de julio en Santiago. Pero eso no desluce la fiesta, diría incluso que la realza. Santiago es más Santiago que nunca con lluvia. Lluvia, sueños y granito han hecho esta ciudad, llamada un día la Segunda Jerusalén. ¿Qué es hoy? Lo que fue siempre: la capital de Galicia. Antes, la espiritual, hoy también la temporal. Por la Rúa do Vilar veo pasar a caballo, espada en mano, al Apóstol, preguntando: «¿Dónde están esos sarracenos de ETA?», mientras en la plaza que lleva su nombre, Anxo Quintana se dirige a sus huestes pidiendo «unha propia sociedade galega, que debe ser a única soberana de Galiza». Pero, eso sí, los dineros deben seguir viniendo de Madrid. ¡Ay, este Quintana, tan lejos de España y tan cerca del Ministerio de Hacienda! Por fortuna, Galicia es más que los nacionalistas gallegos. Mucho más. Es universal.

Bajarse del monte
EDURNE URIARTE ABC 26 Julio 2008

«Rajoy bajó del monte», editorializó un periódico muy cercano al PSOE sobre su reunión con Zapatero. Lo que da una idea de los destrozos causados en la capacidad analítica de la izquierda por la enloquecida manipulación a la que fue arrastrada por Zapatero en la pasada legislatura. Especialmente en la negociación con ETA.

Zapatero ha pactado el miércoles la política antiterrorista exigida por el PP durante toda la pasada legislatura, o sea, se ha bajado del monte donde se reunía con ETA. Pero quienes entonces le maquillaron sus andanzas no están dispuestos, por supuesto, a negarse ahora a sí mismos. Justamente la semana en que conocemos, de la mano de Rubalcaba, de quien acompañaba a Zapatero en los paseos montañeros con etarras, que ETA ordenó asesinar a Grande Marlaska y secuestrar a un concejal socialista. Cuando ellos estaban en el monte, negociando con ETA, que es el único extremismo que hemos conocido en España en materia antiterrorista. Además del GAL, claro está.

Otra cosa es que Zapatero sea de fiar cuando de ETA se trata, la otra crítica, de signo completamente opuesto, recibida por Rajoy tras sus acuerdos con Zapatero. Es tan de fiar como cuando describe la situación económica. Mejor dicho, algo menos, porque la negociación con ETA no fue tanto una maniobra coyuntural sino una estrategia nacida de su concepción sobre ETA. De su punto de vista ideológico sobre el terrorismo vasco, de su creencia en la legitimidad de la negociación, que es algo más preocupante que su negativa a reconocer la crisis económica.

Pero ése no es el problema de Rajoy. Lo es, en todo caso, del propio Zapatero y de los españoles que estén dispuestos a tolerarle otra mentira más en materia antiterrorista. Lo que hubiera sido completamente incomprensible por parte de Rajoy es evitar que Zapatero firmara lo que el mismo Rajoy y el PP pedían desde hace cuatro años. Con menos concreción de la que hubieran querido, ciertamente. Pero una rectificación socialista completa sobre ETA.
Si la incumplen y vuelven al monte con los Arkaitz Goikoetxea y compañía, será el PSOE el que tenga que explicarse.

Ponderación
http://santiagonzalez.blogspot.com  26 Julio 2008

Mi amigo J.A., lector aplicado de El País , me llama para señalarme un olvido. Ayer, al destacar la tribuna de Suso de Toro contra el Manifiesto por la Lengua Común , debí hacerme eco igualmente del artículo de Antonio Elorza, en el que criticaba falta de calidad argumental en las intervenciones de los detractores. Con estas palabras:

"La violencia de la respuesta catalanista al manifiesto de Savater anuncia días difíciles para ese otro ámbito de convivencia. No ha existido debate sobre el manifiesto, sino bombardeo de saturación, desde la diatriba chocarrera de Gonzalo Pontón, en la línea del Jaume el Conqueridor de Serafí Pitarra, pero sin la gracia del álbum de La Trinca, a la erudita del conseller Maragall, entre la cita orteguiana y la socorrida invocación del antepasado (¡Escolta Espanya!). Sin responder a las preguntas de qué catástrofes sobrevendrían si los castellanohablantes pudieran escolarizarse allí en español (más la enseñanza del catalán), recibir las tres horas de castellano en otro caso y no recibir multas por rotular en el idioma oficial de España.

" Tenía razón mi amigo, sobre todo si tenemos en cuenta que ayer fue el primer día en que la opinión publicada en el diario contiene una intervención a favor y una en contra del citado Manifiesto. Savater ya se refería a ello el 11 de julio:

"Como el mío va a ser uno de los pocos artículos que se publiquen en este periódico a favor del Manifiesto por la Lengua Común, permítanme que empiece con algo de melancolía."

El País ha publicado hasta la fecha doce tribunas sobre el asunto: dos a favor (Savater y Félix de Azúa) y diez en contra. De las diez en contra, solamente una, la de Ignacio Sánchez-Cuenca, hablaba del contenido del manifiesto en su tribuna, "¿Qué derechos lingüísticos?", al cuestionar el derecho de los ciudadanos a ser educados en su lengua materna, ignorando, de paso, que ese derecho todavía tiene una ley del Parlamento de Cataluña que lo ampara, la Ley de Política Lingüística 1/1998, de 7 de enero. Repitámoslo. Artículo 21.2:

"Los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano. La Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo. Los padres o tutores lo pueden ejercer en nombre de sus hijos instando a que se aplique."

No hay razón para suponer que un medio tenga que tener una posición equidistante ante cualquier asunto: los planes de Ibarretxe, el cambio climático, la pena de muerte, etc. E l Mundo, sin ir más lejos, ha tomado partido inequívocamente en favor del manifiesto desde el día de su presentación. Pero no deja de ser curioso que un periódico que hace poco más de un año ha llevado a su cabecera la leyenda: "El periódico global en español" (Advertencia: el presidente del Gobierno, la vicepresidenta primera, la ministra de Educación, el vicesecretario general del PSOE y los diez firmantes de las tribunas contrarias al manifiesto, no deberían confundir el citado lema con "el periódico global del español").

Por lo demás, la fiesta de la demagogia continuaba ayer en el Congreso del PSG, con Touriño y Blanco como no se les había visto desde los incendios de 2006. Así lo contaba El Mundo:

"Emilio Pérez Touriño, también lamentó que el líder de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, «calle como un muerto» cuando «circulan manifiestos» contra la lengua gallega.

Blanco, que intercaló en su intervención el gallego y el castellano, sostuvo que desde que Galicia existe, los ciudadanos han hablado en su lengua como «algo que forma parte de nuestra piel» [Es justamente al revés, Pepe, es la piel la que forma parte de nuesrta lengua] y la han usado «con total naturalidad». «Pero ahora parece que algunos quieren que hablar una lengua o la otra signifique algo más», dijo, y crear un problema «donde nunca lo ha habido», al pretender que la «diversidad lingüística y cultural, una de las más valiosas riquezas de España, sea una fuente de recelos y conflictos». «Son los separadores de siempre. Nos separaron por nuestro origen social: los ricos, a un lado, los pobres, al otro», añadió."

Verdad y mentira
Xavier Pericay ABC 26 Julio 2008

SIENTO tener que volver sobre «El manifiesto por la lengua común», pero no queda más remedio. Si el pasado sábado eran las declaraciones de un académico, hoy es el artículo de un consejero. De un consejero de Educación, por más señas (Ernest Maragall, «Varias decepciones y una profunda desazón», «El País», 23-7-2008). El caso es desbarrar. O, peor aún: mentir.

Para empezar, si bien el autor afirma haber leído el manifiesto, de sus propias palabras no puede sino deducirse justo lo contrario. Aunque también podría suceder, claro está, que lo hubiera leído y no hubiera entendido nada de nada -los nacionalistas suelen ver lo que nadie ve y son incapaces, por lo general, de percibir lo que el común de la gente percibe-. Sea como fuere, Maragall sostiene, entre otras muchas cosas, que el manifiesto «da a entender que el castellano es una lengua marginada en Cataluña, que un castellanohablante no puede vivir en Cataluña si no es renunciando a su lengua materna». ¿De veras? ¿En qué párrafo, en qué frase, en qué línea del texto ha hallado el consejero elementos bastantes como para sostener lo que sostiene? Es cierto que, en el orden de las interpretaciones, ancha es Castilla. Pero, en fin, alguna sustancia debería haber en el escrito de marras para que un lector como él pueda llegar a semejante conclusión.

Ahora bien, todo esto, en el fondo, no tiene mayor importancia. Lo que en verdad importa del artículo de Maragall es la insistencia en que, «con el sistema actual, todo el mundo en Cataluña completa sus estudios obligatorios dominando el castellano y el catalán», hasta el punto de que «los alumnos catalanes» obtienen «iguales resultados, incluso a veces mejores, en lengua castellana que en otras autonomías donde sólo se habla la lengua común». (Y hablo de insistencia, porque tanto el consejero como el resto de los miembros de la Administración, van repitiendo, todos a una y desde hace muchísimo tiempo, la misma canción.) ¿Dominar, dice? Es evidente que Maragall no ha tenido nunca entre sus manos un trabajo cualquiera de un estudiante universitario recién llegado de la enseñanza obligatoria y posobligatoria. Es evidente que jamás ha reparado en el cúmulo de faltas de ortografía y gramática, debidas muy a menudo a las interferencias entre ambas lenguas, que acostumbran a adornar esos escritos. Y, en cuanto a la equiparación entre el nivel de castellano de los alumnos catalanes y el de otras autonomías, ¿puede indicarme a qué prueba general para toda España, externa a cada una de las administraciones autonómicas, con un mismo temario y unos mismos criterios de puntuación -para entendernos: una suerte de reválida-, se refiere? Porque, de lo contrario, cualquier comparación entre unos y otros estará fuera de lugar. Y, usada como argumento, como hace el consejero en su artículo, no sólo estará fuera de lugar y perderá todo valor, sino que se convertirá en una falacia.

O en una verdad. ¿O acaso no decía aquel que una mentira repetida mil veces acababa convirtiéndose en una verdad?

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