AGLI

Recortes de Prensa    Domingo 27 Julio 2008

Por qué es ilegítimo el gobierno actual (I)
Pío Moa Libertad Digital 27 Julio 2008

No es casual ni producto de la ignorancia que el gobierno Zapo se identifique como “rojo” y con el Frente Popular de 1936. Una línea los une, efectivamente, y el propio Zapo lo reconocía en su último congreso: “Siempre nos hemos reunido bajo las mismas siglas, siempre bajo los mismos valores, siempre con la misma voluntad”. Y así es, no han cambiado en nada esencial desde que se proclamaban abiertamente marxistas y trataban de imponer su dictadura y organizar la guerra civil. Solo los ciegos voluntarios (pero hay muchos) pueden dejar de verlo. Cuando los nazis explicaban con la mayor claridad su doctrina y objetivos, gran número de necios desarmaba a la opinión pública afirmando que “ya se amansarían”, que “no era para tanto”, incluso que, dándoles el poder, “el furtivo (Hitler) se convertiría en guardabosque”. Por lo que conviene volver a explicar el Frente Popular, precedente e inspirador de la política de Zapo y tan ignorado por la inmensa mayoría.

En octubre de 1934 el PSOE y la Esquerra de Companys declararon la guerra civil, con participación de comunistas (entonces un partido menor) y de un sector anarquista, más el apoyo del partido de Azaña y demás republicanos de izquierda (también del zascandil Miguel Maura), y cierta complicidad del PNV. Ante el fracaso de aquella insurrección gran parte de sus promotores (Largo Caballero, Carrillo…) se dedicaron a preparar otra guerra mejor organizada. En cambio otro sector izquierdista, con Prieto y Azaña a la cabeza, optaron por un cambio de estrategia: crear un frente para ganar las elecciones y entonces, dueños de los resortes del poder, imponer sus objetivos cambiando la naturaleza del régimen. Un golpe de estado, en fin, con apariencias de legalidad. Seguían, consciente o inconscientemente, la estrategia nazi, que también había intentado imponerse mediante un putsch para rectificar a continuación y explotar fraudulentamente las facilidades de la democracia liberal. Curiosamente la misma evolución siguieron los comunistas, desde la táctica insurreccional de “clase contra clase” a la de Frente Popular, aunque los comienzos de este frente, en España, vendrían de Azaña y Prieto, como quedó indicado, y no del PCE.

La primera hazaña de la nueva estrategia fue la intriga mafiosa del straperlo, con la que los dos líderes frentistas aniquilarían al moderado partido de Lerroux, que amortiguaba los golpes entre derechas e izquierdas. Y poco después, favorecidos por la demagogia y el resentimiento de Alcalá-Zamora, pudieron presentarse a las elecciones de febrero de 1936, que pasarían a la historia, precisamente, como “las elecciones del Frente Popular”, y cambiarían la historia de España.

Aunque se ha presentado el programa electoral del Frente Popular como moderado, no lo fue en absoluto: se trataba de cambiar puntos esenciales de la legalidad republicana de tal modo que la oposición derechista quedase reducida a la impotencia y abiertas las puertas a la imposición de la izquierda sin los frenos propios de la democracia. Pues la república, pese a sus muchas deficiencias, había nacido como una democracia, demostrada en el hecho de que la derecha pudiese ganar las elecciones de 1933. Tal cosa parecía totalmente inaceptable para una izquierda convencida de que el régimen republicano solo valía si gobernaba ella (en términos muy parecidos se había expresado Azaña). Para el PSOE, Azaña y demás izquierdistas, la victoria de la derecha no debía repetirse en absoluto, para lo cual la república debía transformarse en algo semejante al PRI mejicano. El modo como en febrero del 36 “ganó las elecciones” el Frente Popular, en un proceso repleto de irregularidades y violencias, ya tuvo mucho de golpe de estado, y así la política seguida a continuación.

No viene ahora al caso narrar los sucesos de aquellos meses, hoy bien conocidos o al alcance de cualquier persona interesada. Sí resumir este punto: la izquierda, tras asaltar el poder en 1934, o colaborar en el asalto, optó por la vía del Frente Popular, de apariencia legalista, para ganar las elecciones del modo que fuera y desde el poder transformar el régimen y anular progresivamente la democracia. Una estrategia con la que, implícitamente, se ha identificado el gobierno actual.

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Veo en un local del Corte Inglés el libro Falacias de la izquierda y silencios de la derecha en el tercer puesto de los más vendidos. Se trata, como saben los lectores, de una recopilación bastante sistematizada de artículos de LD y de este blog. Su difusión no deja de ser un varapalo a la degradación política que hoy vivimos. Permítanme expresar esta pequeña alegría dentro de un panorama bastante sombrío.
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"Nolla y Girauta dejan la FAES catalana por sus discrepancias con Sánchez-Camacho"
Son noticias que hay que divulgar al máximo. Quien colabora con la indecencia, se pringa.

Salvaje ETA
Editorial ABC 27 Julio 2008

LA desarticulación del «complejo Vizcaya» de ETA tuvo el pasado viernes su prolongación con las detenciones en Francia de Asier Eceiza y Olga Comes. Eceiza está considerado como uno de los terroristas más cercanos al jefe de la banda, pero, sea cual sea su papel, su detención ratifica la buena marcha de la lucha contra el terrorismo y de la cooperación con Francia, asentada en los acuerdos de Perpiñán de 2001, que crearon los más eficaces instrumentos legales existentes en Europa para combatir a una organización terrorista que se siente vigilada de cerca por las Fuerzas de Seguridad, tanto españolas como francesas. Esto es lo que cabe esperar de un Estado de Derecho, más aún tras conocerse los sanguinarios planes del «comando Vizcaya», que pretendía secuestrar y asesinar a un concejal socialista de Éibar, Benjamín Atutxa, siguiendo el mismo patrón criminal del asesinato de Miguel Ángel Blanco, planes de secuestro de los que ABC dio cuenta hace un año. Los etarras desistieron de llevar a cabo tan salvaje crimen disuadidos por la escolta que protegía al edil socialista, pero el fracaso del plan no reduce la gravedad de que la cúpula etarra lo ideara, porque revela que ETA persevera en sus más viles tendencias asesinas y cuenta -o al menos cree que cuenta- con infraestructura para ejecutar y mantener un secuestro, aunque sea corto.

La marea cívica que en 1997 se lanzó a la calle contra ETA para pedir la liberación de Miguel Ángel Blanco, primero, y condenar su brutal asesinato, después, no ha hecho mella en los terroristas. ETA no se preocupa de las quejas de sus víctimas, ni de las condenas políticas, sino de la eficacia de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de la Gendarmería francesa; le preocupa la dispersión de sus terroristas presos, el cumplimiento íntegro de las condenas que se les imponen, la ilegalización de sus testaferros «políticos» y el bloqueo de sus fuentes de financiación. Obviamente, le preocupa que de nuevo PP y PSOE hayan reiniciado el consenso antiterrorista y compartan lenguaje y objetivos para referirse al fin de ETA.

Que ETA está más débil es obvio, pero si ETA se propuso planes como asesinar al juez Grande-Marlaska -quien fue decisivo, durante la tregua de ETA, en mantener la dignidad del Estado de Derecho mientras otros pretendían desactivarlo desde dentro-, secuestrar y matar a un concejal o, como se supo ayer, atentar contra una furgoneta de la Ertzaintza es porque aún tiene determinación y expectativas. El Estado debe eliminarlas con la ley en la mano, y en este objetivo contra ETA debe estar incluido, como sucediera en 1998 con el Pacto de Lizarra, la nueva oferta del PNV a los etarras para consolidar el frente nacionalista. Esto y no otra cosa es el plan de consultas soberanistas del lendakari Ibarretxe, lo que el ex presidente del PNV, Josu Jon Imaz, calificó con pleno acierto como el «plan B» de ETA. Esta intentona anticonstitucional de Ibarretxe es la forma que tiene el nacionalismo vasco de mantener vivo el conflicto con el Estado, legitimar políticamente el terrorismo de ETA como una anomalía provocada por la falta de respeto a unos supuestos derechos del pueblo vasco y dar a los terroristas la oportunidad de evitar su derrota a cambio de aceptar sus propósitos básicos. Es coherente con este planteamiento que el Gobierno vasco rechazara el consenso entre Zapatero y Rajoy con el argumento de que no contempla el «diálogo» con los terroristas, auténtica confesión de parte con la que el Ejecutivo de Ibarretxe reconoce que su estrategia sigue fiel a esa pauta histórica que lleva al PNV a salir al rescate de ETA siempre que los terroristas están en un punto crítico.

La lucha policial y judicial es la opción más realista para acabar con ETA. En unos meses de presión en España y Francia se ha hecho más por su derrota que en cuatro años de estériles negociaciones. Los planes del «comando Vizcaya» demuestran que los etarras son irrecuperables para la convivencia sin un proceso previo de erradicación de su organización terrorista y de cumplimiento de largas condenas de prisión.

Aritmética vs. democracia
M. MARTÍN FERRAND ABC 27 Julio 2008

HACE casi tres siglos, en sus Cartas Persas, el Barón de Montesquieu nos dejó dicho, para quien quiera aprender con la sabiduría ajena, que las costumbres son más eficaces que la ley y que ningún régimen político, ni el mejor de los imaginables, puede durar eternamente. ¿Cómo podría explicársele lo de las costumbres a un nacionalista y lo de la efímera condición de las formas políticas a quienes se manifiestan fervorosos de un Estado inamovible y perenne? Las ideas sencillas, que siempre son depuración y síntesis de otras más complejas, suelen resultar inalcanzables para quienes son incapaces de anteponer el bien común al interés personal y/o partidario. Es decir, a quienes hacen dedicación y oficio de la política para, aunque sea por elección, terminar diciéndonos a los demás que es lo que nos conviene.

Los demócratas -¡todos decimos serlo!- sabemos que la separación de los tres grandes poderes del Estado es condición indispensable para que podamos hablar de Democracia. Estoy seguro de que, sometidos al potro de los tormentos, ninguno de nuestros líderes políticos, ni los más tibios en sus convicciones, estaría dispuesto a negar tan salutífero principio; pero, es evidente, todos tratan de sacarle jugo a la promiscuidad en la que el uso del poder ha instalado al Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Tres fuerzas teóricamente distintas y, en la realidad, una sola: la que se deriva del pacto interesado de los grupos políticos que, juntos, suman la mayoría suficiente para hacer de su capa un sayo. Es la Aritmética contra la Democracia.

Soraya Sáenz de Santamaría y José Antonio Alonso, dos personas cabales y de sólida formación jurídica, discuten estos días, en nombre de sus respectivos partidos, las muy retrasadas y pertinentes renovaciones en el Consejo General del Poder Judicial y la cascada de sus consecuencias y efectos en otros órganos jurisdiccionales. Es un ejercicio de liturgia democrática; pero, en el fondo, de lo que se trata es de que el PP y el PSOE, o viceversa, puedan mangonear adecuadamente, desde el Gobierno y/o el Parlamento, en un ámbito del que depende en buena medida nuestra certeza jurídica. No tratan de discernir los mejores nombres posibles, los más formados y enjundiosos, para ocupar los veintiún asientos del Consejo. Algo que tampoco sería deseable por ese procedimiento. Buscan, en un ejercicio alambicado y aritmético, que al menos nueve de esos veintiuno sean «de los suyos».

Así, poco a poco, es como se deteriora y desvirtúan las instituciones. La búsqueda de la excelencia puede cursar con grandes dosis de error, que para eso somos humanos; pero la selección de nombres, para un CGPJ o para lo que fuere, con criterios veterinarios -que todos lleven bien marcado el hierro de su ganadería- es un ejercicio de empobrecimiento democrático que le da la razón a Montesquieu en la segunda parte de su pronóstico: esto no puede ser duradero.


EL RESTO DE LA UE NO LO UTILIZA
Cataluña aplica un modelo de inmersión lingüística utilizado sólo por Groenlandia y las Feroe
Según informa este domingo el diario El Mundo, el modelo educativo catalán, en el que la lengua local relega a la nacional, es casi imposible de encontrar en toda la UE. Sólo en Groenlandia y las Feroe se da el modelo de inmersión obligatoria que Cataluña, Baleares y aplican, y que el País Vasco pretende acomodar. Además, según el Consejo de Europa, el catalán no corre ningún peligro: en España la "defensa institucional de las lenguas" es ya "especialmente elevada".
Libertad Digital 27 Julio 2008

Groenlandia es una parte de Dinamarca con autogobierno que impone como lengua de enseñanza el groenlandés para contrarrestar la pujanza del danés, que no obstante, sigue siendo obligatorio. En las Islas Feroe, también fuera de la UE, se privilegia el feroés frente al danés, igualmente presente en perfecto bilingüismo.

Según recuerda El Mundo, en la mayoría de los veintisiete de la UE coexisten varias lenguas oficiales y cooficiales en provicias y municipios, o regionales protegidas. Pero el aprendizaje de las autóctonas o minoritarias es un derecho, y no una imposición del Estado. El criterio utilizado para hallar prioridades es siempre el crecimiento personal y profesional del alumno.

Otro ejemplo: aunque Suecia es un estado sin lengua oficial, el sueco siempre ha sido promovido como tal, y ahora se complementa con el finés. Y aunque poco a poco las horas de enseñanza de sueco van aumentando hasta convertirse en casi totales, un alumno que desee estudiar en finés puede recibir la mitad de las clases en ese idioma aunque sea el único en la escuela.

A propósito del español, según afirma El Mundo, el portavoz del Ministerio de Educación sueco Anders Andren afirma que "es ahora muy popular" como tercera lengua aparte del inglés. "Supongo que ahora el español se considera más útil". El experto rechaza el concepto de inmersión y parece sorprendido por el modelo catalán: "no es nuestra manera de hacer las cosas. Sólo reconocemos el derecho de aprender finés o las otras cuatro lenguas maternas permitidas. Es simplemente un derecho".

En Finlandia, donde también existe una minoría de sueco parlantes, se reconocen como oficiales ambas lenguas y se favorece la elección en la enseñanza.

En el resto del continente, según El Mundo, se deja menos espacio a las lenguas minoritarias o protegidas, y como mucho, se pueden utilizar para comunicarse con la Administración Pública o para alguna clase en los colegios: tal es el caso del escocés en el Reino Unido, el húngaro en Austria...

Batallas lingüísticas
Sólo en el bloque comunista, debido a su pasado traumático, están presentes las batallas lingüísticas en reacción a la dominación soviética. Estonia o Letonia se resisten a reconocer el ruso como lengua oficial, pese a que lo habla entre el 30 y el 60 por ciento de la población.

El país más debilitado por contenciosos lingüísticos es Bélgica, un régimen federal que atraviesa una crisis gubernamental debido a la incomunicación existente entre partidos francófonos y neerlandófonos. De mayoría francoparlante pese a ser el único lugar bilingüe del país, en Bruselas (escenario de las tensiones) no se aplica, pese a ello, un modelo de inmersión como el de Cataluña. Los padres pueden elegir en qué lengua educar a sus hijos: francés, neerlandés, o ambos.

La Carta Europea
España está presente entre los 22 Estados que han firmado y ratificado la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, texto que trata de regular la discriminación resultante de la aplicación estricta de una lengua a favor de otra. Bélgica tiene una investigación del Consejo de Europa en este ámbito. Y en el último estudio de la situación lingüística, publicado en 2007, no consta que el catalán corra peligro alguno.

La Carta, aplicada a más de 18 millones de personas, establece en su estudio acerca de España que el "cuadro institucional de defensa de las lenguas regionales es especialmente elevado", de un modo sin parangón en todo el continente, "tal vez con la única excepción de la Federación Rusa".

nuevo texto
La Xunta exigirá al comerciante que atienda en gallego al cliente que lo use
La Lei do Comercio obligará a los negocios a estar en condiciones de utilizar las dos lenguas cooficiales
Luís Villamor La Voz 27 Julio 2008

El borrador de la Lei do Comercio Interior de Galicia recoge la obligatoriedad de los empleados de expresarse en gallego cuando sea esta la lengua que utilice el cliente. «Os establecementos comerciais que desenvolvan a súa actividade no territorio galego deben estar en condicións de poderen atender ás persoas compradoras cando se expresaren en calquera das linguas oficiais de Galicia», reza el artículo octavo de la norma elaborada por la Consellería de Industria, a la que ha tenido acceso este diario.

Esta redacción implica que los dependientes de un comercio deberán saber expresarse en gallego y castellano y hacerlo en la lengua propia de Galicia cuando sea la del comprador. El anteproyecto de ley incluye un artículo dedicado ex profeso a los «dereitos lingüísticos nas relacións comerciais». Especifica que el ejercicio de la actividad comercial se llevará a cabo «con rigoroso respecto aos dereitos lingüísticos das persoas compradoras». «Ninguén poderá ser discriminado ou atendido incorrectamente por razón da lingua oficial empregada».

La señalización, los carteles informativos y los documentos de oferta de servicios para los consumidores de establecimientos abiertos al público «deben ser redactados ao menos en galego», expresión que recogerá la ley autonómica similar a la que establece el texto catalán equivalente, que en su momento levantó una fuerte polémica.

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, se refirió a ella en la pasada campaña electoral para cuestionar la obligatoriedad de la lengua catalana a la hora de rotular, y denunciar los supuestos perjuicios que conllevaría para el castellano.

El artículo octavo de la norma contempla esta exigencia que, en cualquier caso, no se aplicará a las marcas, los nombres comerciales ni los rótulos amparados por la legislación de la propiedad industrial.

El anteproyecto de ley obliga a los poderes públicos a garantizar el ejercicio de los derechos establecidos en estos apartados, para lo que «prestarán todo o asesoramento que, no seu caso, fose preciso».

Rotulación
El borrador de la ley recalca que la ordenación, y la intervención, administrativa de la actividad comercial tendrá por objeto fundamental, además del régimen de horarios comerciales y de determinadas actividades promocionales, la «promoción do uso do idioma galego nas actividades comerciais, así como tamén na rotulación e sinaléctica dos establecementos comerciais de Galicia».

El texto del comercio interior de la comunidad gallega incluye 118 artículos, tres disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y siete finales, y está pendiente de aprobación por el Consello de la Xunta.

Ángel Viñas
Entre Negrín y Besteiro
Besteiro representaba en el PSOE justamente lo contrario de Negrín: la democracia frente al totalitarismo, la paz civil frente al guerracivilismo, la independencia nacional frente a la supeditación a otras potencias, la honradez real.
Pío Moa Libertad Digital 27 Julio 2008

La piedra angular de toda la historiografía lisenkiana sobre la España reciente consiste en el dogma de que el Frente Popular representó la legitimidad democrática. Como he expuesto en otras ocasiones, a partir de ese grotesco disparate solo puede construirse un cúmulo de despropósitos y pasar de la historiografía seria a la propaganda stalinista. Ello lo percibimos claramente en Viñas y su defensa de Negrín, incluso en la actitud común del defensor y el defendido de supeditar los intereses españoles a los soviéticos, como vimos en el artículo anterior.

Tanto la convicción como el método de Viñas se ponen nuevamente de relieve al tratar otra acusación hecha comunmente a Negrín: "Fue el hombre de Moscú. Falso. Negrín diseñó una estrategia que contó al principio con un amplio consenso, pero que fue rompiéndose poco a poco. Hubo de jugar con unos y con otros hasta descansar en los comunistas y en un sector socialista. Azaña, algunos republicanos burgueses, el PNV y ERC le aislaron mientras asestaban puñaladas traperas en Londres y París a la credibilidad de la resistencia. La idea de que Negrín fue un juguete de los comunistas es una construcción ideológica".

Muy bien, pero Negrín y los comunistas coincidieron en todo lo fundamental, qué casualidad. Difícilmente podría ser de otro modo, habiendo entregado Negrín a Stalin el control del oro español. ¿Y por qué "fue rompiéndose ese consenso"? Pues justamente porque la estrategia de Negrín se traducía, en la práctica, en la plena imposición de la estrategia comunista. Que en realidad era la única coherente dentro del Frente Popular; aunque, claro, tan "democrática" como el propio Stalin. Azaña y compañía asestaban "puñaladas traperas" a Negrín no sin un poderoso motivo, que el propagandista Viñas ni se molesta en considerar: porque la posibilidad de ganar la guerra bajo hegemonía staliniana-negrinista les iba pareciendo una pesadilla peor que el triunfo de Franco. Al final –también lo olvida Viñas, historiador singularmente desmemoriado– los descontentos e inquietos se sublevaron a la desesperada, organizándose dentro del Frente Popular una nueva guerra civil cuya alternativa era: "Negrín o Franco". A aquellas alturas Casado, Besteiro, Mera, el padre de Carrillo y tantos más, prefirieron la victoria de Franco. Nada más ilustrativo de la verdadera situación. Pero al negrinista-stalinista Viñas estos "detalles" se le escapan.

Las razones del creciente pánico de Azaña, la CNT, un sector del PSOE y muchos otros a un triunfo bajo el poder negrinista-comunista quedan indicadas, aunque muy vagamente, por otra acusación que Viñas presenta así: "No hizo nada para impedir el rapto y asesinato de Andreu Nin. Falso. Ambos fueron una operación diseñada y ejecutada por Alexander Orlov, de la NKVD, que llevó a cabo con agentes soviéticos y comunistas españoles, sin conocimiento de Negrín. Nin fue asesinado a los pocos días de su detención". Muy bien, pero ¿fueron los asesinos debidamente investigados y castigados, o amparados de hecho? ¿Fue el de Nin el único asesinato de ese tipo? ¿Cómo fue posible que el NKVD operase en España de esa forma, al margen de las autoridades españolas? ¿Y cómo, a continuación del asunto Nin, Orlov se convirtió en el inspirador del tenebroso SIM negrinista-prietista, una policía política con el patrón de la Cheka? Estas preguntas y otras parecidas tienen la mayor relevancia, aunque Viñas ni se las plantee. En realidad, la España de Negrín era un régimen de estilo cada vez más soviético, y Azaña y tantos más tenían todas las razones para alarmarse e intentar "puñaladas traperas" contra él. No por su carácter sanguinario, pues el Frente Popular lo tuvo desde las mismas elecciones del 36, sino porque cada día veían con más claridad que las víctimas no iban a ser solo de derechas. De todo esto no suele hablar la historiografía lisenkiana, pero, nuevamente, sin tenerlo en cuenta la historia se convierte en galimatías.

Volviendo al primer punto, la elección entre Franco y Negrín (o entre Franco y Stalin), que motivó la guerra civil dentro del Frente Popular en marzo de 1939, vale la pena recordar las frases de Besteiro: "La línea bolchevique es la aberración política más grande que han conocido quizá los siglos (…) La reacción contra ese error de la República de dejarse arrastrar a la línea bolchevique la representan genuinamente, sean cuales sean sus defectos, los nacionalistas [los nacionales] que se han batido en la gran cruzada antikomintern". Para los negrinistas, Besteiro es el traidor.
Besteiro representaba en el PSOE justamente lo contrario de Negrín: la democracia frente al totalitarismo, la paz civil frente al guerracivilismo, la independencia nacional frente a la supeditación a otras potencias, la honradez real y sin exhibiciones frente a la honradez ficticia como fachada de una corrupción rampante. Viñas –como el Gobierno y el grueso del PSOE actual– ha optado por Negrín. Con lo cual se retrata, y de paso degrada la historiografía al nivel de una propaganda barata.

Galeuscat firma un manifiesto contra "la imposición del castellano"
Quintana destaca "la riqueza que para un Estado implica tener varias lenguas"
D. SALGADO - Santiago El País 27 Julio 2008

75 años después de que el Partido Galeguista, Esquerra Republicana de Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco firmasen el Pacto de Compostela, los que se consideraron, ayer en la misma ciudad, sus "herederos directos", recordaron le efeméride con la presentación de un manifiesto "contra la imposición del castellano".

Artur Mas, por Convergència i Unió, Íñigo Urkullu, por el PNV, y Anxo Quintana, por el BNG, coincidieron en reclamar "la construcción de un Estado plurinacional que respete las realidades de Cataluña, Euskadi y Galicia".

Ante un reducido auditorio en el que se encontraba la dirección del BNG, intelectuales y militantes nacionalistas, el vicepresidente de la Xunta anunció "un paso al frente de Galeuscat para que vasco, catalán y gallego obtengan el mismo estatuto legal y jurídico que el castellano". "Marginar el castellano nunca fue la intención de los procesos de normalización", explicó, antes de lanzar, una vez más, la pregunta retórica: "Les pido que me digan una sola niña que, en Cataluña, Euskadi o Galicia, no sepa hablar el castellano; sin embrago, no una, sino cientos de niñas en Cataluña no saben hablar el catalán, en Euskadi no saben hablar euskera ni en Galicia el gallego".

Los tres partidos subscribieron, al efecto, los ocho puntos de un manifiesto que afirma: "Sólo habrá verdadera democracia si se asume una política de igualdad, no de jerarquización y descriminación, entre las diferentes lenguas del Estado español. La democracia tiene que implicar la verdadera cooficialidad de estas lenguas en sus respectivos territorios". "Consideramos el castellano como un patrimonio en parte común", argumentó el presidente de CiU Artur Mas, "pero no hay lenguas de primera y de segunda, ni naciones de primera y de segunda".

El portavoz nacional del BNG, que reiteró las ideas fuerza de su discurso el pasado viernes en el Día da Patria Galega, aludió a la "existencia de una mayoría social de ciudadanos galleguistas" a la que su partido aspira a "convencer y seducir". Tampoco olvidó la reivindicación del diálogo como herramienta política: "Pero el diálogo fructífero se construye con aquellos que piensan diferente; el diálogo entre PP y PSOE no tiene mérito. Piensan lo mismo sobre el modelo de Estado".

La crítica a la segunda legislatura de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue, precisamente, el fondo común a las tres intervenciones de los líderes de Galeuscat. Para el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, "Zapatero ha acabado con su indefinición y se ha decidido por el modelo de Estado del PP: centralista, monolingüe, jerarquizado". El nacionalista vasco defendió, en cambio, una "refundación del Estado sin corsés, con lealtades y obligaciones bilaterales".

"Estaríamos cómodos si el Estado español se convirtiese en un Estado plurinacional", insistió Artur Mas, "y no en uno que reduce la pluralidad a una descentralización". El dirigente catalán también opinó sobre los pactos entre populares y socialistas: "Hay pactos explícitos, como el de la justicia, que a ver en qué termina, o como el antiterrorista. Pero a mí me preocupan aún más los pactos implícitos, como el de cerrar el modelo de Estado para que no vaya más allá". Mas le recordó al presidente del Ejecutivo español que "no tiene mayoría". "Estas fuerzas [las integrantes de Galeuscat] le van a hacer falta", advirtió.

CiU, PNV y BNG piden un estatus mejor para las lenguas cooficiales
D. SALGADO - Santiago El País 27 Julio 2008

BNG, CiU y PNV reclamaron ayer en la reunión de la alianza de fuerzas nacionalistas Galeuscat, en Santiago de Compostela, la transformación de España en un Estado plurinacional que respete más sus diversas realidades lingüísticas.

Artur Mas (CiU), Iñigo Urkullu (PNV) y Anxo Quintana (BNG) anunciaron en el 75º aniversario de la alianza, "un paso al frente para que catalán, euskera y gallego tengan el mismo estatuto jurídico y legal que el castellano".

El manifiesto del encuentro plantea que "toda reforma de la legalidad vigente, constitucional o estatutaria, debe tener como objetivo la igualdad de derechos y deberes en relación con las diferentes lenguas oficiales en sus territorios y en las relaciones de los ciudadanos con el Estado".

La crítica a la "deriva centralista" del Gobierno de Zapatero fue la otra clave del encuentro. Mas recordó a los socialistas que "no tienen mayoría". "Éstas fuerzas [las integrantes de Galeuscat] pueden ser importantes", advirtió, "e intuyo que podemos ser decisivos para aprobar los próximos Presupuestos Generales del Estado". Para Urkullu, "Zapatero se ha decidido, finalmente, por el modelo de Estado del PP: centralista, monolingüe, jerarquizado". Quintana terminó tendiendo la mano al Ejecutivo "siempre y cuando acepte propuestas de diálogo multilateral con las autonomías".

CARTA DEL DIRECTOR
¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal?
PEDRO J. RAMIREZ  EL MUNDO  27 Julio 2008

Ya lo ven ustedes: ni en Gales, ni en Escocia, ni en Córcega, ni en Bretaña, ni en Baviera, ni en la étnica y culturalmente fragmentada Centroeuropa, ni en ningún lugar de la políglota Escandinavia. Es decir, en ningún sitio de la Unión Europea sucede lo que ya sucede en Cataluña, Baleares y Galicia, y lo que dentro de un año sucederá también en el País Vasco. Según el documentado informe que hoy publicamos, sólo en los remotos territorios de Groenlandia y las Islas Feroe, expresamente excluidos del ámbito de aplicación de las normas de la UE, se practica una inmersión obligatoria en una lengua cooficial convertida en la única vehicular de la enseñanza, tal y como ocurre en cuatro comunidades españolas.

La excepción no es baladí. Entre los 57.000 habitantes censados en Groenlandia y los apenas 50.000 de las 18 Islas Feroe ni siquiera suman la población de un barrio medio de Barcelona, pero su modelo de autogobierno -teóricamente sometido a la soberanía danesa, en la práctica independiente en todo menos en cuestiones de defensa- es el que propugnan todos los partidos catalanes con la excepción del PP. De hecho, ambos territorios cuentan con sus propias selecciones de fútbol o balonmano reconocidas por la FIFA y otras federaciones internacionales. Sus respectivos himnos son un buen trasunto de Els Segadors, Os Pinos, La Balanguera o el Gora ta gora. El de Groenlandia se titula Nunarput utoqqarsuanngoravit que, como todo el mundo sabe, quiere decir Tú, nuestra vieja tierra; y el de las Feroe Tú alfagra land mitt, o sea Mi tierra, la más maravillosa.

Pues bien, en el próximo comienzo de curso unos pocos miles de escolares groenlandeses recibirán todas sus clases en alguna de las tres variantes de la lengua inuit, otros tantos chavales de las Feroe lo harán en feroés y centenares de miles de alumnos de esas cuatro comunidades españolas lo harán en catalán, gallego y euskara. Tanto en Groenlandia como en las Feroe se garantiza el aprendizaje del danés, lengua común de la remota metrópoli y cooficial en ambos territorios, con bastantes más horas lectivas semanales que las escuálidas dos consentidas por la Generalitat.

A la vista de la mayoría de las reacciones de los nacionalistas contra el Manifiesto por la Lengua Común, está claro que todos ellos preferirían que sus respectivos territorios se desgajaran de la Península Ibérica, al modo de La Balsa de Piedra de Saramago, y fueran arrastrados a la deriva -tras pasar por un ensanchado estrecho de Gibraltar en el caso de Cataluña y Baleares- hasta las remotas latitudes que ocupan Groenlandia y las Feroe, con tal de que nadie cuestionara su modelo de imposición lingüística. Dejar atrás a esta España de la que, como diría el Rubianes menos maleducado, «estamos hasta los mismísimos», bien compensaría incluso sumergirse en las brumas de la noche polar. A miles de kilómetros de distancia de cualquier núcleo habitado nadie podría alegar ya que la escolarización forzosa en una lengua minoritaria supone arruinar o al menos lastrar las perspectivas vitales de los alumnos. Sin otro lugar a donde ir, Jerusalén podría al fin ser construida.

La manipulación y mala fe de los responsables de la Generalitat y el PSC quedaban una vez más patentes en el artículo publicado esta semana por el conseller Ernest Maragall, alegando -ahí es nada- que «defender el derecho a escolarizar exclusivamente en castellano es, directamente, arrebatar derechos a los ciudadanos que viven y trabajan en Cataluña», cuando hasta el más lelo entre los lelos sabe que lo que el Manifiesto defiende es el derecho a escolarizar optativamente en castellano o en catalán.

Esa pauta de conducta que una y otra vez repite la falsificación de los argumentos del antagonista para amoldarlo de forma maniquea a su demonización predeterminada encaja, en efecto, en la definición de «desfachatez». Es la expresión que La Vanguardia utilizó contra el respaldo que EL MUNDO viene prestando al Manifiesto, 24 horas antes de enmudecer tras la exhibición en nuestras páginas de la retahíla de imágenes que prueban la sistemática vulneración del bilingüismo en la rotulación y los avisos de interés ciudadano de las administraciones públicas catalanas.

Esa es, junto a la mezquina y desleal oposición a la implantación de la tercera hora de castellano ordenada por los tribunales, la prueba del algodón de que frente al bilingüismo que preconizan la Constitución y el Manifiesto, lo que se pretende es extirpar o al menos arrinconar a una lengua para potenciar a su costa tan sólo la otra. En el ámbito de la rotulación no cabe invocar como excusa que un doble circuito segregaría a la población en dos comunidades, amén de otros inconvenientes técnicos y presupuestarios, pues en el mismo cartelito y por el mismo precio por el que se prohíbe tirar els fems se puede prohibir también tirar la basura y ni siquiera tus más próximos sabrán si tu ojo se dirige instintivamente a la parte superior derecha o a la inferior izquierda de la placa.

El propio Ernest Maragall se ha desenmascarado al incluir en su artículo el pronóstico de que «ganaremos la batalla del uso social del catalán». La primera persona del plural supone que existe un sujeto colectivo autodefinido por él mismo, el verbo ganar denota que también habrá perdedores, la expresión batalla implica un sentimiento bélico y una trayectoria hacia el combate, y la referencia al uso social elige como campo de confrontación el de la esfera privada de cada individuo.

O sea que los políticos que ordeñan la ubre del nacionalismo han decidido imponer el catalán como única lengua en el espacio público -rotulación, enseñanza, relaciones con la administración- para convertirlo en plataforma de asalto a las posiciones que hoy por hoy ocupa el castellano en el ámbito de las relaciones personales. Por eso se ha obligado incluso a hospitales y clínicas a entregar los historiales médicos de los pacientes para espiar los usos lingüísticos del personal sanitario. Increíble pero cierto. He ahí la ingeniería social, he ahí la anteposición de los presuntos derechos de las lenguas a los de las personas. Más claro, el vaso de agua de Pemán.

El hecho de que, entre tanto, Oriol Pujol haya podido afear al presidente Montilla su mala dicción en catalán -omitiendo que aunque en español pronuncie algo mejor, eso tampoco arregla ni su oratoria ni su dialéctica- y el que casi acto seguido, como quien tiene un pecado original que expiar, el susodicho se haya plantado ante Zapatero y le haya espetado que le quiere «mucho» pero todavía quiere «más a Cataluña», revela hasta qué punto la clase política catalana ha terminado interiorizando sus propias majaderías. Ni siquiera el Fraga carpetovetónico que peroró en el congreso de Valencia sobre la Virgen de los Desamparados, la riada del año catapún y las gestas de Jaume El Conqueridor se atrevería a decirles públicamente a Rajoy, a Aznar o incluso -por hacerlo más verosímil- a Gallardón que les quiere mucho, pero que aun quiere más a España. Por favor, que Alfonso Guerra desenfunde la bífida para comentar este cordobesismo.

Nada me ha divertido tanto últimamente como el gran titular del jueves de El Periódico de Extremalunya: Sin financiación, el PSC vetará los Presupuestos. Por algo decía yo que Zapatero había acumulado tantos disparates durante la pasada legislatura, que se merecía ganar las elecciones para tener que abrir la puerta de La Moncloa cada vez que llamen al timbre y sea el cobrador del frac con alguna letra de cambio con fecha de vencimiento. Y eso que no contábamos con la dimensión del derrumbe económico.

Lo de los socialistas catalanes estaba, en cambio, cantado, incluida la patética maragallización de Montilla. Desde el mismo momento en que Zapatero blanqueó los réditos políticos del contrabando ideológico y el tráfico de estupefacientes nacionalistas en que se había embarcado la cúpula del PSC, prometiendo apoyar «el Estatuto que venga de Cataluña», ya sólo era una cuestión de tiempo. Mediocres sin discurso intelectual alguno, aparatistas sin oficio ni beneficio temerosos de que el naufragio ideológico de la izquierda les terminara dejando en el paro o al menos obligando a sacar a sus churumbeles y churumbelas del colegio Alemán, se fueron arrimando al frondoso árbol de los imaginarios derechos nacionales vulnerados, dispuestos a arrebatar a la burguesía convergente el control del negocio de los agravios con el mismo desparpajo con que la mafia judía fue desplazando a las familias sicilianas de sus tradicionales feudos neoyorquinos.

Sólo buscaban el poder y harán lo que sea para no tener que abandonarlo. En la pasada legislatura, Zapatero les regaló la soga del Estatut con la que ahora se disponen a ahorcarle y, por si eso no fuera suficiente, acaba de empezar ésta entregándoles la capucha de las balanzas fiscales para que embocen con ella a los verdugos. ¿Cómo es posible que un Gobierno de España se haya prestado a dar marchamo oficial a la tergiversación irredentista según la cual son las Comunidades Autónomas y no las personas las que pagan impuestos? Eso puede hacerlo -a modo de curiosidad estadística- el servicio de estudios de un banco, pero no el Ministerio de Economía y Hacienda. ¿Qué contribuyentes o contribuyentas son esas señoras tan rumbosas llamadas Cataluña, Madrid o Baleares? ¿Es rubia o morena doña Murcia? ¿Es alta o baja la señora Asturias? ¿Lleva bigote el señor Aragón? ¿Tienen separación de bienes o régimen de gananciales Mrs. Castilla y Mr. Leon? ¿Lo de Castilla-La Mancha es un matrimonio homosexual? ¿Hace la señora Andalucía su declaración por internet? ¿Suele dejarla para el último día doña Comunidad Valenciana? En este vodevil reaccionario ha devenido el irrenunciable principio de solidaridad fiscal que inspira cualquier régimen democrático.

A grandes males, grandes remedios. A muy pocos meses del trigésimo aniversario de la entrada en vigor de la Constitución del 78 parece que ha llegado el momento de someter a nuestra democracia a una detallada auditoría, a una especie de ITV a fondo que detecte los problemas que pueda haber acumulado el vehículo después de tantos kilómetros de rodaje. Treinta años de experiencia es un lapso de tiempo suficiente como para preguntarse con conocimiento de causa qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal y dar pie a una especie de Libro Blanco que sirva de base tanto a oportunos ajustes como a rectificaciones necesarias que ineludiblemente tendrán que ser fruto del consenso.

Ya que Gobierno y oposición no se han planteado este objetivo bipartisano y trascendente, EL MUNDO ha decidido realizar su propia aportación, compatible y complementaria con cualquier otra similar. Durante las próximas semanas, y aprovechando la pausa vacacional de la actividad política, publicaremos una serie de 29 entregas, en la que día tras día, asunto por asunto, reflejaremos cuál es el balance que hacen los españoles, cuáles son las medidas que proponen y cuál es el diagnóstico de los expertos. Se trata del proyecto de investigación sociopolítica más ambicioso nunca emprendido por un medio de comunicación y no en vano comenzará mañana con un primer capítulo dedicado al modelo educativo.

La súbita angustia que millones de españoles sienten en estos momentos ante el desplome de sus expectativas de bienestar más inmediatas no debería camuflar el hecho de que cualquier crisis no sólo es fuente de problemas sino también de oportunidades. Al igual que ocurre en cada familia o empresa, cambios que hace apenas unos meses se percibían sólo como convenientes para mejorar los resultados ahora se han vuelto dramáticamente imprescindibles para mantenerse a flote. Los países que los emprendan con mayor determinación saldrán reforzados de esta fase de ajuste y los remolones se quedarán en la cuneta de la ineficiencia.

Revaluar, repensar y reformar nuestro modelo de Estado son en este momento tres imperativos del patriotismo constitucional. La calidad de la enseñanza, la cohesión social y la unidad de mercado son ingredientes tan insoslayables de la competitividad de nuestra sociedad como la apuesta por la investigación y el desarrollo, la política fiscal o la flexibilidad laboral. Tras una pasada legislatura estéril y frustrante, despilfarrada en sueños vanos y prioridades absurdas, los resultados del primer encuentro entre Zapatero y Rajoy han quedado muy lejos tanto de las enormes expectativas creadas como de las abrumadoras necesidades del momento. Parturient montes, nascetur ridiculus mus. O tal y como lo versificó Samaniego: «Estos montes que al mundo estremecieron, un ratoncillo fue lo que parieron».

Hay que celebrar el restablecimiento formal del consenso antiterrorista o las perspectivas de desbloqueo de la renovación del Consejo del Poder Judicial, pero eso es demasiado poco. La única manera de zafar a los españoles de la pinza que forman un socialismo acomplejado y unos nacionalismos insaciables es embarcando a los dos principales partidos en el trasatlántico de los grandes acuerdos de Estado. La ocasión la pintan calva porque no hay elecciones a la vista, Zapatero y Rajoy acaban de ser refrendados por sus respectivos congresos y la extrema gravedad de la situación económica justifica muchas cosas. La reforma de la Constitución y unos nuevos pactos de La Moncloa que comprometan tanto a los agentes sociales como a todas las administraciones públicas deberían estar incluidos en la agenda de un inmediato segundo encuentro tras las vacaciones.

Miguel Sebastián se lamentaba el otro día del escaso aunque cualificado apoyo -las Cámaras de Comercio, el Círculo de Economía...- que, de momento, ha obtenido la propuesta de macropacto en la que vinimos a coincidir la semana pasada en El Escorial. El ministro de Industria no puede, sin embargo, admitir que el principal foco de resistencia a ese gran compromiso nacional contra la crisis es el atrincheramiento de Zapatero en la fantasía de que será capaz de hacer política social en medio del desmoronamiento del crecimiento y el empleo. Pero tiempo al tiempo porque más tozuda que él es la realidad. Y lo que está claro es que, como dijo Rajoy en su primera declaración importante con la que estoy plenamente de acuerdo en los últimos meses, aquí y ahora lo que de momento se ha acabado es el «vivir del cuento».

Ningún país del UE incurre en el disparate lingüístico de España
editorialEL MUNDO  27 Julio 2008

Los partidos nacionalistas que forman parte de la alianza llamada Galeuscat -CiU, PNV y BNG- volvieron a solemnizar ayer en Santiago su reivindicación de un Estado conformado por varias naciones y reclamaron «el mismo status jurídico» que el castellano para sus lenguas propias. Los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos suelen utilizar un lenguaje grandilocuente para defender la excepcionalidad de sus «hechos diferenciales» como si el caso de Cataluña, País Vasco y Galicia fuera único en toda Europa. No es así, ni mucho menos. En varios países de la UE, existen singularidades parecidas -o incluso más enraizadas en la Historia- y lenguas cooficiales, regionales o minoritarias. Lo que no hay en ninguna autonomía ni región de la UE -a excepción de Groenlandia y las Feroe cuyos territorios están excluidos de la Unión- es una ley de inmersión que establezca la lengua minoritaria como vehicular en la enseñanza, tal y como sucede en las comunidades de Galeuscat y Baleares.

El exhaustivo informe que hoy publicamos es muy ilustrativo acerca de la excepcionalidad de los postulados de los partidos nacionalistas en el seno de la UE y, en definitiva, de los disparates lingüísticos que se cometen en España. En Centroeuropa y en los países nórdicos hay todo un mosaico de lenguas, y la regulación legal es asimismo muy variada, aunque tiene algunos denominadores comunes: el respeto al bilingüismo y la consideración de la enseñanza en la lengua minoritaria como un derecho, nunca como un deber. Hay casos en los que se respeta escrupulosamente el bilingüismo, como en el Valle de Aosta en Italia -las escuelas imparten el mismo número de horas en francés que en italiano-, o en Suecia -donde los padres que hablan el finés tienen derecho a que sus hijos reciban la mitad de las clases en su idioma- y otros en los que se potencia el conocimiento de las lenguas minoritarias, como el frisio en los Países Bajos, el escocés en el Reino Unido o el húngaro en Austria.

Sin embargo, en todos los países europeos con más de una lengua oficial se considera que lo mejor para los escolares es aprender prioritariamente el idioma común e incluso se concede más importancia a la enseñanza del inglés que a la de las lenguas minoritarias.

Los nacionalistas de Galeuscat han logrado imponer el catalán, el vasco y el gallego por la vía de los hechos, aunque expertos en la manipulación del lenguaje, reiteraron ayer la gran mentira de que las leyes de normalización no tienen como objetivo la marginación del castellano, sino que las lenguas cooficiales tengan el «mismo status jurídico». La deriva nacionalista no sería tan grave si no fuera porque ha logrado la increíble complicidad del PSOE, cuyo vicesecretario general, José Blanco, dijo que el Manifiesto se debe «a los separadores de siempre». Y la de algunos miembros del PP, como el dirigente gallego Alberto Núñez Feijóo, que reivindicó la «doble nacionalidad» de los gallegos. De la debilidad de los partidos nacionales se aprovechan los nacionalistas.

POR LA LENGUA COMUN / En los Veintisiete, las lenguas cooficiales o minoritarias son un derecho y no un deber para los ciudadano.
El idioma del Estado queda relegado en Groenlandia y en las Islas Feroe, zonas fuera de la UE
El modelo escolar catalán sólo se aplica en Groenlandia y las Feroe
En ningún lugar de la UE existe la inmersión obligatoria en una lengua vehicular distinta a la común del Estado, tal y como ocurre en Cataluña, Baleares y Galicia y se pretende en el País Vasco
MARIA RAMIREZ. Corresponsal  EL MUNDO  27 Julio 2008

BRUSELAS. - En toda la UE, es casi imposible encontrar un modelo educativo de inmersión lingüística similar al de Cataluña. El único que se le parece, donde la lengua mayoritaria de un Estado miembro queda relegada a favor de la local, es el de una isla cubierta de hielo en un 80%, situada a más de 3.000 kilómetros del Gobierno central y que ni siquiera es un territorio de la Unión Europea. Desde su estatuto de autonomía de 1979, Groenlandia, una parte de Dinamarca con autogobierno, impone como lengua de enseñanza el groenlandés, establecido para contrarrestar la pujanza del danés, cuyo estudio, en cualquier caso, sigue siendo obligatorio.

Pese a la promoción del valor local, los profesores más codiciados son los daneses y no es raro que se impartan varias asignaturas en el idioma cooficial del continente. En las Islas Feroe, con un estatus parecido y también excluidas de la UE, se privilegia igualmente el feroés, si bien el danés sigue presente en colegios que logran un perfecto bilingüismo.

La mayoría de los Veintisiete tiene, como Dinamarca, varias lenguas oficiales, cooficiales en provincias y municipios, o regionales protegidas, pero el aprendizaje de las autóctonas o minoritarias es siempre un derecho y no una imposición del Estado.

En general, la prioridad educativa actual suele ser el dominio del inglés o de otras lenguas consideradas útiles para el crecimiento personal y profesional del alumno, como el español, en auge entre los nórdicos.

Suecia es un Estado sin lengua oficial, aunque históricamente sus autoridades siempre hayan promovido el sueco como «la principal» y ahora también protejan el finés, hablado por unas 460.000 personas en un país de nueve millones, y otras cuatro lenguas minoritarias.

Un alumno de padres finésparlantes tiene derecho, aunque sea el único caso en una escuela, a recibir la mitad de las clases en su idioma en los primeros años educativos, aunque, poco a poco, las horas en sueco aumentan hasta convertirse en casi la totalidad.

Pero, según explica desde Estocolmo Anders Andren, portavoz del Ministerio de Educación sueco y autor de un estudio sobre las minorías, la demanda de estos idiomas está decreciendo y ya se encuentran en pocos colegios públicos, sólo en la capital y en otras tres ciudades.

«El idioma español es ahora muy popular», explica Andren sobre la elección de la tercera lengua aparte del inglés, obligatorio desde la enseñanza primaria. «Supongo que ahora el español se considera más útil», comenta el experto, que rechaza el concepto de inmersión lingüística y parece sorprendido por el modelo catalán. «No es nuestra manera de hacer las cosas. Sólo reconocemos el derecho de aprender finés o las otras cuatro lenguas maternas permitidas. Es simplemente un derecho», dice.

Las minorías, aunque la demanda sea más baja, gozan de un alto nivel de protección. «Antes, hacía falta que cinco personas en una clase pidieran una lengua para enseñarla; ahora, basta con un solo estudiante, porque es difícil que sean tantos», explica.

Sus vecinos finlandeses, que también tienen una significativa minoría de sueco parlantes -herencia de los ocupadores-, reconocen como oficiales las dos lenguas en todo el país. Se favorece la elección en la enseñanza, aunque el ideal es que los estudiantes sean bilingües y que, si eligen un idioma como vehicular, también conozcan el otro oficial.

La demanda gobierna la organización del sistema escolar. Así, algunas localidades donde menos del 6% de la población habla finés, como las Islas Åland, a medio camino entre Suecia y Finlandia, los ayuntamientos pueden ser declarados monolingües y la lengua de enseñanza ser sólo el sueco, con apoyos para el finés.

Johanna Hulkko, consejera de Educación en la Representación de Finlandia ante la UE, explica que no hay problemas lingüísticos serios, aunque la población que habla sueco tiende a declinar. La obsesión de su sistema educativo es el inglés o el ruso, en la frontera con la ex Unión Soviética.

En el Continente, la mayoría de los Estados deja menos espacio a las lenguas minoritarias o protegidas, que, como mucho, se pueden utilizar para comunicarse con la Administración pública o para alguna clase en los colegios, como en el caso del escocés en Reino Unido, el húngaro en Austria o el frisio en los Países Bajos, con alguna excepción bilingüe como la zona de Valle de Aosta, donde las escuelas están obligadas a impartir igual número de horas en francés y en italiano.

Sin embargo, las batallas lingüísticas tampoco son ajenas a los miembros con pasados traumáticos, sobre todo en el ex bloque comunista por la reacción a la dominación soviética.

La resistencia de Estonia o de Letonia a reconocer como oficial el idioma ruso, pese a que lo habla entre el 30% y el 60% de su población, crea continuas fricciones en las relaciones de la UE con Moscú, que se queja de la discriminación y la persecución de sus minorías en las repúblicas bálticas, en un enfrentamiento donde los conflictos diplomáticos son continuos.

Además, el país más debilitado por las guerras lingüísticas, hasta poner continuamente en cuestión la existencia del Estado, es Bélgica, un régimen federal que atraviesa ahora una nueva crisis de Gobierno por la incomunicación entre los partidos francófonos y neerlandófonos.

Sin embargo, en Bruselas, escenario de tensiones y abrumadoramente francoparlante, aunque sea el único lugar oficialmente bilingüe del país, tampoco se aplica un sistema de inmersión lingüística parecido al de Cataluña: los padres pueden elegir educar a sus hijos sólo en francés, sólo en neerlandés y, en ocasiones, en los dos idiomas. La capital es, en realidad, el único territorio con las dos lenguas cooficiales.

En Flandes, las escuelas son monolingües y algunas castigan hasta el empleo del francés fuera de las aulas, pero lo pueden hacer porque en esta región la lengua oficial es solamente el neerlandés, igual que en Valonia es sólo el francés y se discrimina al neerlandés.

La frontera lingüística que en 1963 partió el país ha conseguido crear dos mundos segregados para la prensa, la educación, la música o los partidos políticos, el caldo de cultivo para una separación definitiva. «Da miedo pensar que esto pueda ser un ejemplo para España», comenta un funcionario comunitario.

Bélgica tiene, de hecho, abierta una investigación del Consejo de Europa, el órgano de defensa de los Derechos Humanos independiente de la Unión Europea, por los efectos discriminatorios de la aplicación estricta de su legislación lingüística y no ha firmado ni ratificado la Carta de Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias a pesar de su variedad idiomática (además del alemán, se hablan múltiples dialectos).

España, en cambio, está entre los 22 Estados que han firmado y ratificado este texto y que son examinados periódicamente sobre su cumplimiento. Según el Consejo de Europa, el catalán no corre ningún peligro.

En su último estudio de la situación lingüística española, publicado en 2007 y basado en los datos de las comunidades autónomas, destaca que el «cuadro institucional de defensa de las lenguas regionales es especialmente elevado».

La Carta se aplica a más de 18 millones de personas, habitantes de territorios con las lenguas regionales o minoritarias más importantes de Europa, algo que no tiene parangón en todo el continente, según el informe, «tal vez con la única excepción de la Federación Rusa».

POR LA LENGUA COMUN / La situación en Europa / ITALIA
Colegios en lenguas cooficiales, pero libertad de elección
IRENE SAVIO. Especial para EL MUNDO  27 Julio 2008

ROMA.- Aunque el italiano es la lengua oficial, el artículo 6 de la Carta Magna Italiana lo tiene contemplado: «La República protegerá, mediante normas adecuadas, a las minorías lingüísticas», recita el texto que se remonta a 1948. Es la base que sirvió para tutelar los 11 idiomas que hoy son protegidos en Italia: el francés, el albanés, el catalán, el alemán, el griego, el esloveno, el croata, el occitano, el sardo, el friulano y el ladino.

De estos, sin embargo, solamente tres gozan de un sistema educativo que prevé el uso del idioma local para la mayoría de las asignaturas, como acontece en Cataluña, por ejemplo. Se trata de las minorías de habla alemana, ubicadas en la limítrofe región Trentino Alto Adige (noreste); las de habla francesa, situados en otra región fronteriza, Valle de Aosta (noroeste) y los ciudadanos italianos de origen esloveno que viven principalmente en la región de Friuli Venezia Giulia y las dos provincias de Gorizia y Trieste.

En los tres casos, el idioma italiano es considerado como «extranjero», y enseñado, durante la franja horaria escolar, como el inglés o el francés.

«A diferencia de Cataluña, sin embargo, las escuelas de estas regiones no están obligadas a ejercer su trabajo en el idioma protegido. Pueden elegir. Y las familias, de igual modo, escogen libremente enviar a sus hijos a colegios que optan por el uso del idioma local como vehículo de aprendizaje y de comunicación», dice a EL MUNDO Carla Marcato, directora del Centro Internacional Plurilingüe de Udine.

«Eso sí, los contenidos de los programas de las asignaturas, los decide el Estado central», añade Marcato, quien explica que la historia de la planificación lingüística en Italia ha sido un proceso tortuoso y reciente. Y es que, aunque algunos acuerdos internacionales ya tutelaban la enseñanza de las lenguas minoritarias desde los años 50, fue sólo en 1999 cuando se aprobó una Ley Nacional, la 482, que garantiza jurídicamente la presencia de las lenguas minoritarias en la administración y órganos locales, en los medios de comunicación, en la toponimia y para nombres de personas. Pero esta codificación, según los expertos, está lejos de haber resuelto todas las tensiones de los grupos que históricamente se asentaron en Italia.

En la actualidad, al menos dos grupos étnicos, los tabarquinos, llegados en el siglo XVIII a la isla de Cerdeña, y los galoitálicos, que viven en la isla Sicilia desde el Bajo Medioevo, reclaman sin éxito un reconocimiento oficial del propio idioma.

POR LA LENGUA COMUN / La situación en Europa / BELGICA
Una lengua que parte al país con toques surrealistas
MARIA RAMIREZ. Corresponsal  EL MUNDO  27 Julio 2008

BRUSELAS.- Bélgica es, como decía un diario alemán, el Estado fallido más exitoso del mundo. Su conflicto por la lengua ha sido relativamente pacífico desde la creación del país en 1830, aunque siempre con un toque surrealista.

En 1963, cuando se estableció la frontera lingüística, Flandes y Valonia se convirtieron en dos bloques incomunicados al quedarse con una sola lengua oficial y desterrar por completo la otra. Bruselas, el único punto bilingüe, es un complicado cruce de caminos. En algunos pueblos cerca de la capital (pero, técnicamente, fuera de ella y dentro de Flandes), más del 80% de la población es francófona, pero el neerlandés se defiende con ferocidad. En tres, los alcaldes ganadores de las elecciones hace casi dos años no han sido oficialmente nombrados por enviar papeletas en francés a los hablantes de esta lengua -casi la totalidad de la población- sin esperar a que recibieran la información en neerlandés y solicitaran la traducción, como manda la ley. «Comprendo que para un extranjero pueda parecer ridículo. Pero los alcaldes en Bélgica tienen mucho poder... la legislación lingüística es muy delicada», explica el portavoz del Ministerio flamenco, Peter Dejaegher.

Los neerlandófonos parecen ahora los más extremistas -ya son objeto de una investigación del Consejo de Europa, el órgano de defensa de los Derechos Humanos-, pero reaccionan a un siglo de opresión.

En 1907, ante las peticiones de que se respetara el derecho a la educación en neerlandés en Bruselas, el ministro y profesor Prosper Poullet, que después sería premier, escribía en Le Soir: «Hasta en las mejores familias, puede suceder que un miembro tenga un defecto de pronunciación. ¿Qué se hace entonces? Intentar curarlo. Pero, ¿a que no se ha visto nunca que toda la familia se ponga a balbucear para demostrar su amor al tartamudo?».

Pese a los traumas y las restricciones educativas, los flamencos siguen hablando francés por motivos prácticos y son más políglotas que los francófonos. Hasta en la firma de un pacto de cooperación entre Cataluña y Flandes, hace unos días, el ministro de Exteriores flamenco, el separatista Geert Bourgeois, aceptaba, sin problemas, el francés para comunicarse con Josep-Lluís Carod-Rovira y con los periodistas. El vicepresidente de la Generalitat contestaba sólo en catalán aunque le hablaran en castellano.

POR LA LENGUA COMUN / La situación en Europa / FRANCIA
Se puede elegir el idioma en toda la enseñanza
MARTA GUZMAN. Especial para EL MUNDO 27 Julio 2008

PARIS.- Las lenguas regionales «pertenecen al patrimonio de Francia», pero el francés es el idioma supremo y prioritario del país, según sentenció una enmienda a la Constitución aprobada por la Asamblea a principios de julio. Sin embargo, esta disminución de la trascendencia de los idiomas regionales frente al nacional no les quita importancia a la hora de su aprendizaje en sus áreas autóctonas.

Porque desde hace ya más de medio siglo, en los programas de las escuelas elementales y de enseñanza media galas figuran programas de enseñanza del occitán, bretón, vasco, catalán, corso, galo, las lenguas regionales de Languedoc y Alsacia, así como el tahitiano y otros idiomas de los territorios franceses fuera de las fronteras galas europeas (el Caribe, América y Oceanía).

La enseñanza de los idiomas locales en las escuelas primarias francesas data de una ley del 12 de diciembre de 1941 firmada por el Gobierno colaboracionista de Vichy en plena Segunda Guerra Mundial. Diez años después del conflicto, otra ley, del 11 de enero de 1951, sancionó el mismo principio, mantenido a lo largo de los decenios posteriores por sendas ratificaciones, en 1982 y 1989. Por último, una circular ministerial firmada por el entonces ministro de Educación, el actual líder centrista Francois Bayrou, el 7 de abril de 1995, estableció definitivamente «la generalización del descubrimiento de las lenguas y las culturas regionales» en los programas de enseñanza de cada centro escolar. De esta forma, estos últimos son los que fijan en sus programas la posibilidad de enseñar las lenguas de sus respectivas regiones de forma facultativa.

Los cursos no son obligatorios pero no por ello se han visto perjudicados. Al contrario, en el año escolar 2001-2002, un total de 252.858 alumnos se beneficiaron de programas de enseñanza en sus respectivas lenguas regionales. La cifra ascendió a 404.351 alumnos en el curso 2007-2008, un aumento de un 60 %.

Para los puristas de la lengua francesa, estas cifras demuestran que la supervivencia de las minorías lingüísticas -un total de 73- no está amenazada. Esas voces, por el contrario, se muestran muy críticas con los programas voluntarios de enseñanza que, en su opinión, van en detrimento del aprendizaje del francés (2.800 horas de enseñanza hace 30 años frente a unas 2.000 horas calculadas en 2004) y de las lenguas clásicas, o sea, el griego y el latín.

POR LA LENGUA COMUN / La situación en Europa / REINO UNIDO
Legislación para garantizar el bilingüismo
BEGOÑA PEREZ. Especial para EL MUNDO 27 Julio 2008

LONDRES. - En Reino Unido, el galés es el idioma regional con mayor proyección en el sector educativo. Desde 2000, su enseñanza es obligatoria en las escuelas hasta los 16 años, lo que le ha hecho remontar su tendencia a la baja. Esta medida ha permitido que los hijos de inmigrantes ingleses hayan adquirido conocimientos de este idioma. Aun así, la política lingüística de la región establece como objetivo crear «un galés verdaderamente bilingüe» con un espíritu integrador entre los dos segmentos de la población.

El Gobierno de coalición entre laboristas y nacionalistas del Plaid Cymru ha establecido una estrategia para reforzar la enseñanza en galés. Según la Junta de la Lengua Galesa, organismo público que promueve el uso de este idioma, un 20,3% de estudiantes de Primaria estaba recibiendo educación en galés en enero de 2007. El resto, en su mayoría, estudia galés como segundo idioma. Un 20% de la población habla galés, unas 600.000 personas. En todo caso, hay cifras contradictorias sobre el número real de galeses que lo hablan de forma fluida. Su uso tiene una connotación más nacionalista aún que el gaélico escocés.

En Escocia, el gaélico obtuvo reconocimiento oficial por ley en 2005 en el Parlamento escocés. Al igual que pasa con el galés, la legislación establece «respeto igualado» entre el gaélico escocés y el inglés. Una premisa también respetada desde el Gobierno nacionalista de Alex Salmond. Desde su llegada al poder hace un año, los independentistas escoceses han promovido la creación de escuelas de formación en gaélico, pero todas contemplan «una unidad específica en inglés para aquellos alumnos que prefieran recibir sus enseñanzas en inglés», como recordó la responsable de Exteriores, Linda Fabiani, en un encuentro de partidos nacionalistas europeos que contó con la participación de Esquerra Republicana y Eusko Alkartasuna.

Del mismo modo, las escuelas de habla inglesa acogen unidades de gaélico para atender a las minorías que hablan este idioma o a niños cuyos padres apuesten por una educación bilingüe. El gaélico se habla en un 1% de la población, en total unas 60.000 personas, y tiene una presencia superficial en las lecciones de inglés a través de la lectura del amplio legado de literatura escocesa. Más que una alternativa al inglés, su enfoque educativo otorga al escocés el estatus de un dialecto local.

POR LA LENGUA COMUN / La situación en Europa / AUSTRIA
El imperio se olvida de sus lenguas
MARIA RAMIREZ. Corresponsal  EL MUNDO  27 Julio 2008

BRUSELAS. - La región de Burgenland, uno de los nueve Estados federados de Austria, es el reducto multicultural que queda del Imperio Austro-Húngaro y ahí se siguen hablando, aunque con poca ayuda pública nacional, el croata, el húngaro, el esloveno, el romaní y el yiddish. Las únicas lenguas con un estatus oficial son el croata -ahora, el más fuerte-, el esloveno y, en un grado inferior, el húngaro.

Estas tres lenguas tienen unos pocos privilegios, como la designación bilingüe de sus municipios o el reconocimiento de algunas de sus instituciones. Sin embargo, desde la Ley de Grupos Etnicos de 1976, las obligaciones para la protección de las lenguas minoritarias, establecidas en 1955, se han ido diluyendo. Esta legislación subordina la promoción de las minorías a su estatus demográfico. «Es paradójico, los grupos más fuertes son los que más probablemente se beneficiarán», se queja un informe del Centro de Investigación de Multilingüismo de la Universidad Abierta de Cataluña, que recoge un catálogo exhaustivo de las lenguas minoritarias de Europa.

Sólo se encuentran escuelas donde, en algunas clases o ciclos, la lengua de instrucción es el croata o el esloveno, mientras no queda ningún colegio donde el húngaro sea vehicular. El alemán sigue siendo la norma, con opciones bilingües en algunos años escolares o universitarios. En general, en Primaria, varios colegios ofrecen algunas horas en su idioma, pero sigue siendo una conquista reducida frente al dominante alemán.

POR LA LENGUA COMUN / La situación en Europa / ESLOVENIA
Una excepción lingüística en los Balcanes
MARIA RAMIREZ. Corresponsal  EL MUNDO  27 Julio 2008

BRUSELAS.- Por su pasado italiano, la mini-costa adriática de Eslovenia sigue siendo bilingüe. Piran o Pirano, Koper o Capodistria, Izola o Isola, son los municipios donde se concentra el 80% de esta minoría, protegida según la legislación nacional, que autoriza el uso de sus símbolos, sus instituciones y su lengua. Los carteles están en esloveno y en italiano, que se enseña, como opción y no como imposición, en algunas escuelas de estos municipios. En cada uno, hay un colegio público donde la lengua de enseñanza es el italiano, y en el resto, el esloveno.

Eslovenia, el primer Estado en independizarse de la ex Yugoslavia, es el más pacífico de la región y por eso ha entrado antes que sus vecinos en la UE y en el euro. Pero, más allá de su frontera es donde se encuentran, de verdad, las guerras por la identidad cultural.

Wanda Troszczynska, experta de Human Rights Watch en los Balcanes, explica que Kosovo es el peor ejemplo de convivencia. «Las comunidades están separadas y no hay ninguna escuela bilingüe. Las nuevas generaciones están divididas geográficamente y no pueden comunicarse a no ser que sea en inglés». Destaca que uno de los pocos Estados multilingües es Serbia, donde se acepta la enseñanza del albanés o, en Vojvodina, del húngaro, mientras otros vecinos hasta llaman con diferentes nombres a la misma lengua. «El Estado no impone en absoluto aprender una lengua minoritaria. En los Balcanes, el modelo está muy alejado de la inmersión lingüística».

POR LA LENGUA COMUN / La polémica
Blanco atribuye el Manifiesto «a los separadores de siempre»
SANTIAGO El Mundo 27 Julio 2008

 El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, arremetió ayer contra quienes respaldan el Manifiesto en defensa de la lengua común y acusó a «los separadores de siempre» de intentar dividir a la ciudadanía y crear «un problema que nunca ha habido» con la diversidad lingüística.

El dirigente socialista hizo esta afirmación al intervenir en el undécimo congreso de los socialistas gallegos, celebrado en Santiago de Compostela, donde su secretario general, Emilio Pérez Touriño, también lamentó que el líder de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, «calle como un muerto» cuando «circulan manifiestos» contra la lengua gallega.

Blanco, que intercaló en su intervención el gallego y el castellano, sostuvo que desde que Galicia existe, los ciudadanos han hablado en su lengua como «algo que forma parte de nuestra piel» y la han usado «con total naturalidad». «Pero ahora parece que algunos quieren que hablar una lengua o la otra signifique algo más», dijo, y crear un problema «donde nunca lo ha habido», al pretender que la «diversidad lingüística y cultural, una de las más valiosas riquezas de España, sea una fuente de recelos y conflictos». «Son los separadores de siempre. Nos separaron por nuestro origen social: los ricos, a un lado, los pobres, al otro», añadió.

LA TRASTIENDA
El libre albedrío de las lenguas
ALEX SALMON  EL MUNDO  27 Julio 2008

Acabemos la temporada hablando de lengua. No es que sea un tema recurrente, es que es una de las cuestiones fundamentales de este país, imprescindibles para que las derivas nacionalistas sean prudentes y no se conviertan en algo excesivamente negativo en la sociedad.

Ciertamente no sé qué sería de Cataluña si no existieran los nacionalistas. Esa tensión entre los que consideramos que este país es el mejor lugar posible para desarrollarse por la histórica amplitud de miras, sus dos lenguas y su sabia cultura y los que focalizan sus esfuerzos en convertirla en un único espacio de identificación con el territorio, la tradición y una lengua, la mal llamada propia.

Sigo defendiendo que el 70% de los catalanes se siente bien reconociéndose bilingüe y tan español como catalán, o tan catalán como español, y mostrando una moderación a prueba de ataques por un lado y por otro. Lo sigo defendiendo, tanto como me asombra que en las demostraciones públicas ese sentimiento parezca no visualizarse, o evaporarse, por temor al qué dirán. Entre ese 70% hay votantes de todo tipo: del PSC, del PP, de Ciutadans, de Iniciativa, de Esquerra Unida, de Unió y hasta de Convergència. De ERC, lo dudo.

Es un ciudadano al que no le gusta que desde fuera se critique a Cataluña ni a su cultura, pero que se divierte con la victoria de la selección española. Que se ha acostumbrado a la bandera española, pero tampoco le preocupa demasiado. Que le gusta la Moreneta y las sardanas tanto como la poesía de Espriu o de Gil de Biedma. Y que firmarían por que las clases se dieran en catalán y en castellano, como es la calle, y a ello le sumarían el inglés, que aunque no sea un idioma culturalmente relacionado con Cataluña, es el del futuro.

Creo que el 70% de los catalanes sufren con los conflictos lingüísticos y que les gustaría que todo fuera más normal. Que no saben cómo manifestar sus quejas sin que unos pocos les llamen franquistas.Y que están convencidos de que todo es un problema de los políticos y no de la política. De la misma forma considero que el 25% restante mantiene una cerrazón con la lengua de la que saca beneficios públicos, para mantenerse en el escenario mediático, gracias a inventarse un enemigo y presentarse como las víctimas de una lengua con gran fuerza: la castellana. El 5% restante es el reducto que considera el español como la única lengua posible, pero estos son muy pocos. El tanto por cien expuesto en este caso es muy espléndido.

Este mes ha sido el del Manifiesto por una lengua común. Un texto respetuoso con el castellano y con el catalán, y decididamente comprometido con la libertad de las personas. Su resumen es sencillo: «Que cada uno elija el idioma que quiera». Un redactado con tanto sentido común y firmado por personas tan poco sospechosas es un peligro para los amigos de la inmersión lingüística y de la llamada discriminación positiva de la lengua. En sí misma esta expresión pone en evidencia la mala utilización del término discriminación: ¿desde cuándo una discriminación puede ser positiva? ¿No son antónimos en su propia definición?

El pasado martes, en el programa de TV3 Els matins d'estiu, tres invitados defensores del catalán se enfrentaron dialécticamente a otros tres defensores de la libertad de la lengua. Los primeros, ninguno conocido, eran prototipo de la defensa del catalán de forma radical, en algún caso con argumentos anticuados como «Cataluña fue dominada por las armas...», recordando los momentos de la dictadura franquista en España, que poco tiene que ver con la situación actual. Los segundos intentaban demostrar las carencias culturales provocadas por dejar la escuela en poder de una sola de las dos lenguas oficiales.

El evidente enfado de los que defendían la inmersión lingüística llamaba la atención ante el relativo sentido del humor de los que protegían la libertad del bilingüismo.

La diferencia de los discursos era la siguiente: los defensores del catalán como lengua vehicular se amparaban en la debilidad del idioma, anulando cualquier consideración sobre el interés de que el castellano fuera una lengua académica, al ya mantenerse en la calle; mientras, los protectores del bilingüismo fundamentaban su discurso en el «hable usted como le dé la gana pero estudie las dos». Es evidente que el primero es un discurso que resta y el segundo que suma. Cae por su propio peso.

Percibo ciertos cambios en la sensibilidad de la sociedad sobre el tema de la lengua. Las personas que se han decidido a leer el Manifiesto se han dado cuenta de que no existe un ataque contra nada y sí una defensa de la paulatina desaparición educativa y administrativa del castellano. Y sobre todo una falta de libre decisión a la hora de saber elegir.

Una reflexión final sobre la cuestión. Este diario, la edición catalana de EL MUNDO, se siente orgulloso de que sus articulistas puedan elegir la lengua de sus textos. ¿Conocen ustedes, señores lectores, una fórmula mejor de fomento de las dos lenguas? Hubo un sector de nuestros incondicionales que no lo entendieron al principio hace 12 años. Ahora, cabalgamos en la libertad individual que eso supone. Así, autores como Miquel de Palol, Rafael Vallbona, Alex Susanna, o Hèctor Bofill, todos ellos tan dispares en sus ideas, escriben aquí en catalán. En La Vanguardia no podrían.

Espero que mi pesadez con el tema no les haya hecho abandonar su lectura. En agosto, disfruten.

El reñidero español
JOAQUÍN LEGUINA - EL IMPARCIAL 27 Julio 2008

“El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. (Artículo 3 de la Constitución Española).

El pasado 23 de junio, Fernando Savater presentaba junto a un grupo de intelectuales de ideología variopinta un “Manifiesto por la Lengua común” que levantó, de inmediato, todo tipo de ronchas y descalificaciones. Pero no se produjo ni un solo argumento en su contra. Porque en España hace ya mucho tiempo que cuando algo no gusta no se exhiben razonamientos para contradecir lo afirmado por otros, no, se recurre al insulto o —entre los más finolis- al eslogan político descalificador.

El diario zapaterista “Público” recibía el Manifiesto de esta guisa: “El nacionalismo español hace de nuevo política con las lenguas”. Por su parte, Miquel Iceta, la nueva estrella rutilante del PSC, se limitó a señalar que el Manifiesto era “innecesario” y José Montilla (que es natural de Córdoba) afirmó que el Manifiesto incitaba a la “catalanofobia”. Gran honestidad intelectual la de este charnego reconvertido en catalanista. En efecto, el PSC es un partido que, según Félix de Azúa, se parece cada vez más a la corte de Catalina la Grande.

El aparato mediático del catalanismo lanzó 800 (sí, ochocientos) artículos contra el Manifiesto, pero en ninguno de ellos se aludía a su contenido ni se argumentaba contra él.

Las fuerzas localistas del nordeste de España, como un solo hombre, se dieron al insulto —esa práctica tan española-: “ataque contra el catalán”, “franquistas”, “fachas”, “españolistas de mierda”, “miserables” (Jordi Sánchez), todo eso y más lindezas dijeron. Antoni Puigvert aseguró —él, tan moderado- que el Manifiesto rompía los últimos puentes entre Cataluña y España. Naturalmente, todos esos artículos estaban escritos y publicados en español, la lengua que, según estos atacantes, quiere asesinar al catalán y, para guinda del pastel, lo de Jordi Pujol sonó como el Tambor del Bruc: “Combatir con decisión y confianza, sin miedo y sin respeto para quien no nos respeta”, eso dijo el veterano y, ahora, radicalizado líder.

Entretanto, las firmas de adhesión al documento escrito por Savater crecían, eso sí, movidas en parte por “El Mundo”, lo cual le vino de perlas a Rodríguez Zapatero, quien aprovechó que el Tormes pasa por Salamanca para sentar doctrina: “La derecha quiere apropiarse de la lengua común como antes lo intentó con la bandera común”, dijo, y después de soltar semejante sandez, el actual Presidente del Gobierno se fumó un puro.

De poco vale que más del 50% de los catalanes prefiera el castellano como primera lengua porque el nacionalismo catalán y sus adláteres están dispuestos —así lo dice el nuevo Estatuto- a obligar a todos quienes pisen (o sobrevuelen) el territorio de Cataluña a hacerles aprender y obligarles a usar aquella lengua “propia”. Ya se sabe: “la letra con sangre entra”.

El derecho a usar el castellano que la Constitución consagra no se puede ejercer en los foros públicos de Cataluña y el Gobierno no puede mirar para otro lado diciendo —como dicen sus voceros- que reclamar estos derechos elementales es de derechas (al parecer, en estos nuevos tiempos todo lo que no sea aplaudir a ZP y sus ocurrencias es de derechas).

Pero lo más peligroso —por irresponsable- del discurso de ZP y de sus conmilitones es que para ellos el nacionalismo periférico (vasco, catalán, gallego) no existe y como no existe no puede hacer mal a nadie ni tener aspiraciones a la independencia.

Las normas internacionales, por ejemplo, las de la UNESCO, respecto a la enseñanza recomiendan una obviedad: los niños deben ser escolarizados en su lengua materna. Es tan paradigmático como penoso anotar cómo notables pedagogos catalanes han sacrificado estas elementales normas en el altar de su catalanismo.

Dado que los artículos del Nuevo Estatuto referidos a la obligatoriedad de la lengua catalana están recurridos ante el Tribunal Constitucional, conviene recordar aquí una sentencia de este Alto Tribunal; la del 26 de junio de 1986, cuando lo presidía Francisco Tomás y Valiente. En esa sentencia -contraria a la obligatoriedad de una lengua co-oficial- se lee lo siguiente: “Pues el citado artículo (el 3 de la Constitución) no establece para las lenguas co-oficiales ese deber (el de ser conocidas), sin que ello pueda considerarse discriminatorio”.

Cabría esperar que el TC se atuviera en este asunto a su propia jurisprudencia, mas, para decirlo todo, los miembros actuales del TC han demostrado sobradamente que no son ni Tomás Moro ante Enrique VIII ni Becket ante Enrique Plantagenet; se parecen más a los jueces obedientes y obsecuentes que pululaban por España no hace tantos años y a los que convendría olvidar para siempre. En fin, que mi fe respecto a las actuales instituciones políticas y judiciales es descriptible, por eso estoy dispuesto a pelear contra las canalladas que se están perpetrando contra el derecho a usar el castellano y contra los canallas que las cometen o que las permiten.

JOAQUÍN LEGUINA es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, político y escritor

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