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Recortes de Prensa    Miércoles 30 Julio 2008

Actitudes frente al castellano
Editorial ABC 30 Julio 2008

EL tripartito catalán aprobó ayer -con la oposición de Iniciativa por Cataluña, que critica el tratamiento dado a los centros concertados- el proyecto de Ley de Educación, en el que consagra la marginación del castellano en la enseñanza y en la administración educativa. El texto implanta un monolingüismo real en el sistema educativo de Cataluña, pese a declarar que su objetivo es garantizar «el pleno dominio de las lenguas catalana y castellana al finalizar la enseñanza obligatoria». Las medidas concretas que prevé el proyecto de ley, promovidas por Esquerra Republicana y apoyadas por los socialistas, tienden efectivamente a una inmersión del alumnado, el profesorado y la administración de los centros en el uso excluyente del catalán. Esta lengua se reconoce como la «vehicular» del sistema de educación, y deberá ser la normal en «las actividades orales y escritas, el material didáctico y los libros de texto». El uso del castellano se equipara al dispensado para la enseñanza de una lengua extranjera. Esta ley excluye definitivamente la educación en castellano, lengua a la que los padres sólo tendrán derecho para sus hijos en el primer curso de la escolarización básica o del segundo ciclo de educación infantil, cuando se trate de su lengua habitual.

Las protestas de grupos ciudadanos por el bilingüismo y los pronunciamientos de los tribunales de justicia en contra de la postergación del castellano ven confirmados sus motivos en este proyecto de ley, que introduce en la educación de los niños y jóvenes en Cataluña una estrategia política de inmersión no ya lingüística, sino nacionalista, de la mano de un presidente socialista. Hay que recordar la reciente resolución del Tribunal Superior de Cataluña que confirmaba que cerca del 90 por ciento de los colegios catalanes no imparte la tercera hora de castellano, y el 50 por ciento ni siquiera la segunda. Por tanto, al despropósito político, educativo y social de empobrecer a la sociedad catalana, con la expulsión real del castellano de su sistema de enseñanza, se une la ilegalidad y la inconstitucionalidad de una estrategia que no respeta la oficialidad del castellano. No en vano el tripartito ha presentado este proyecto de ley como un desarrollo del nuevo estatuto, que sigue sin ser juzgado a la luz de la Constitución por el Tribunal Constitucional.

Frente a esta actitud hostil del tripartito frente al castellano -complementada por la complicidad del Gobierno de Rodríguez Zapatero-, el Partido Popular reiteró ayer su respaldo al castellano como lengua oficial de España. Lo hizo en San Millán de la Cogolla, donde Mariano Rajoy mantuvo un encuentro con los líderes autonómicos de su partido. El lugar no podía ser más propicio para una declaración de apoyo al castellano y al bilingüismo instaurado por la Constitución de 1978. La cuestión lingüística ha adquirido una dimensión política que el principal partido de la oposición debe incorporar a su labor de control al Gobierno, sin dramatismos ni discursos extremos, pero con la convicción de que detrás de la marginación del castellano hay una estrategia muy definida de diluir las señas de identidad comunes a Cataluña y al resto de España, como instrumento para la implantación de la excepción confederal que persigue el nuevo Estatuto catalán. Prueba de esta finalidad es que la enseñanza del catalán se erige en detrimento -y no en paralelo- a la del castellano, como si esta lengua fuera un producto de importación y no un elemento histórico y estructural de la cultura catalana.

La aquiescencia de Rodríguez Zapatero a la política lingüística del tripartito catalán lo hace corresponsable de sus consecuencias sociales, al margen de las valoraciones legales que hagan los tribunales, pero también emplaza al PP a tomar iniciativas que den contenido a sus pronunciamientos solemnes sobre la defensa de la lengua común de todos los españoles, porque están en juego el derecho de los españoles a aprender castellano y la libertad de utilizarlo en cualquier punto del territorio nacional.

Discriminación lingüística en Cataluña
Una ley antiespañola
Lo realmente nuevo de la LEC es hasta qué punto configura un sistema educativo completamente distinto y separado del que tiene el resto de España.
Álvaro Vermoet Hidalgo Libertad Digital 30 Julio 2008

Ángel Acebes dijo la legislatura pasada que, aunque luego le llamaran radical por decirlo, la Ley Orgánica de Educación era una ley "antiespañola". Tal afirmación se debía, entre otras cosas, a la laxitud con que el texto legal regulaba las competencias estatales y el infinito margen de desarrollo que dejaba a las Comunidades Autónomas. Seguidamente, entraba en vigor el Estatuto de Cataluña, estableciendo que "Corresponde a la Generalidad, en materia de enseñanza no universitaria, con relación a las enseñanzas obligatorias y no obligatorias que conducen a la obtención de un título académico o profesional con validez en todo el Estado y a las enseñanzas de educación infantil, la competencia exclusiva".

Pues bien, en desarrollo de ambas normas, el Gobierno de la Generalidad de Cataluña acaba de aprobar la LEC, Ley de Educación de Cataluña. Las denuncias más evidentes responden a la supresión definitiva de cualquier derecho lingüístico o cultural de los ciudadanos castellanohablantes, así como de la obligatoriedad del estudio de la lengua castellana. Se acaba así, ilegalmente, con la llamada "tercera hora" de castellano, que pretendía evitar la supresión de la enseñanza de esta lengua a través del fraude que supone impartir "estructuras lingüísticas comunes" en catalán en el horario de lengua castellana. En fin, la lengua oficial del Estado quedará marginada como asignatura y no podrá ser elegida como lengua vehicular por los castellanohablantes, para no segregar a los alumnos en función de su lengua, según dice Joan Riado, de Esquerra Republicana, partido, como se sabe, profundamente comprometido con la no-segregación lingüística.

Sin embargo, la legalización del régimen de inmersión lingüística, que lleva vigente veinte años y que supone la discriminación legal de una de las lenguas oficiales y, consiguientemente, de los ciudadanos que la hablan, no es lo más preocupante de la Ley, habida cuenta de que con el anterior texto legal, que sí reconocía el derecho a la educación primaria en castellano, tampoco era posible elegir lengua. Lo realmente nuevo de la LEC es hasta qué punto configura un sistema educativo completamente distinto y separado del que tiene el resto de España. La transferencia de los colegios públicos y sus profesores, la facultad de aprobar los planes de estudio, la regulación lingüística y, en definitiva, la cesión de todos los recursos y competencias legales sobre la educación, ya implicaban un sistema educativo fragmentado. Con la LEC, el sistema educativo catalán sencillamente se escinde del que tiene el resto del país.

Hay, sin duda, mejoras en la nueva Ley (tampoco es de extrañar, si se tiene en cuenta que España lleva desde 1990 con el mismo "modelo Logse"), como pueden ser las medidas de evaluación por resultados, la autonomía de los centros o el refuerzo de la autoridad del Director. También contiene grandes disparates típicamente progres, como la zonificación de centros y profesores, la revisión de los conciertos y la mediación para la resolución de conflictos (ya saben, si un alumno pega a un profesor hay un conflicto; alguien debe mediar entre ellos). Pero lo fundamental es, sin duda, que la LEC, con sus mejoras, sus maldades, sus innovaciones y sus tonterías, supone el reconocimiento de la definitiva escisión educativa de Cataluña y, con ello, de la triste retirada del Estado.

Álvaro Vermoet Hidalgo es presidente de la Unión Democrática de Estudiantes, miembro del Claustro de la Universidad Autónoma de Madrid, consejero del Consejo Escolar del Estado y autor del blog Cien Mil Objeciones.

Discriminación lingüística en Cataluña
Para la mà!

–¡Garsía! ¡Garsía! –y en la última fila, el pequeño chivo expiatorio García, que no entiende por qué el maestro se burla de él pronunciando su apellido en andaluz, se pone en pie, consternado ante la que se le viene encima.
José García Domínguez Libertad Digital 30 Julio 2008

Años después, Vázquez Montalbán nos contaría que esas callejuelas desangeladas de nuestra infancia formaban un barrio de supervivientes ubicado en una ciudad vencida, capital de un país, el nuestro, ocupado. Y durante mucho tiempo le creeríamos. Pero eso ocurrirá bastante más tarde, cuando lo del macuto, los catecismos ilustrados de Marta Harnecker, aquellas rubias de mirada lánguida que hablaban con cronopios y famas, y todas las demás inocencias aún por echar a perder. Porque todavía estamos en 1969 y el señor maestro, desbordado por ese alboroto que montamos los cincuenta hijos de inmigrantes recién llegados desde todas partes que abarrotamos el aula, grita histérico:

–¡Garsía! ¡Garsía!

Y en la última fila, el pequeño chivo expiatorio García, que no entiende por qué el maestro se burla de él pronunciando su apellido en andaluz, se pone en pie, consternado ante la que se le viene encima. Y al instante, en apenas dos zancadas, el hombre iracundo se planta delante de su silla y, tajante, le ordena:

–Para la mà!

Y, perplejo, García, bata a rayitas blancas y azules, todos los colores del rojo en sus mejillas, no comprende nada. Él ya está quieto, inmóvil, paralizado, a medias por la vergüenza, a medias por el miedo. ¿Parar? ¿Parar qué? Y el maestro, cada vez más enfurecido, casi fuera de sí, que vuelve a gritarle aún con mucha más fuerza que antes:

–Garsía, para la mà!

Y, en silencio absoluto, toda la clase está contemplando mi calvario. Y así transcurren los cinco segundos infinitos hasta que mi compinche de pupitre, un tipo pragmático, se atreve a sugerir:

–Para la mano, hombre, que si no te dará más fuerte.

Y ese Poncio Pilatos que acaba de aconsejarme por mi bien que pare la mano de una vez resulta que nació en un pueblo de Murcia, y que vive en la superstición de que habla castellano; y el otro, ese triste funcionario que ahora blande amenazante la regla de madera y al que delata el acento inconfundible –más tarde lo descubriré– de los de Lérida, cree que me va a pegar en castellano.

Y sólo yo, el hijo pródigo de dos gallegos que cuarenta años después de esa escena aún conservarán el mismo deje del día que llegaron a Cataluña, no estoy del todo seguro de comprender bien eso del castellano. Y, no obstante, en un puro reflejo instintivo, doy en extender la palma de la mano; es decir, la paro por un impulso pauloviano, sin ser consciente de que la estoy parando. Y así, rendido ante la autoridad, por fin, se hace justicia conmigo.

Y el fulano de la Esquerra, Ridao, que barrunta que su Ley de Educación de Cataluña va a expulsar de las aulas a la odiada lengua materna del ochenta por ciento de los maestros. Y el cándido de Montilla que se lo cree.
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Usted no sabe con quién está hablando
Roberto Blanco Valdés La Voz 30 Julio 2008

Imaginemos que, en plena dictadura, las autoridades franquistas hubieran aprobado una norma para obligar a los comerciantes de Galicia (o de Cataluña o de Valencia) a atender en castellano a sus clientes. ¿Qué habría pasado? Pues, entre otras cosas, lo mismo que ahora ocurrirá si el sentido común no evita finalmente que el proyecto de ley de comercio interior que se está tramitando en el Parlamento de Galicia incluya ese increíble deber de disponibilidad lingüística que la Xunta quiere imponer a los gallegos: hubiera pasado que miles de comerciantes gallegoparlantes -que entienden, pero no hablan con soltura el castellano- podrían verse obligados a utilizarlo e incluso (hay que suponerlo) podrían ser sancionados por incumplir tan estrambótico deber.

Planteado en esos términos (que se derivan sin duda del proyecto), todo el mundo entendería que las pretensiones de la Xunta supondrían una gratuita y brutal agresión a la libertad individual, que no aceptaría ningún parlamento democrático.

Es suficiente, sin embargo, con que se invierta la forma de plantear tan inaceptable atropello de los derechos personales -es decir, con que el proyecto de ley se enfoque desde el punto de vista del deber de atender en gallego a quienes se dirijan en gallego a un comerciante- para que lo que a muchos les parecería una vergüenza (y, seguro, que «unha imposición feixista») pase a parecerles algo normal y hasta obligado por la necesidad de normalizar una de las dos lenguas que hablamos los gallegos.

Aunque la cuestión podría abordarse desde la perspectiva de la constitucionalidad del proyecto de la Xunta (que no entra ni con calzador en nuestra ley fundamental), no es esa cara del asunto la que considero decisiva. La pregunta es, sencillamente, la de si en una sociedad libre puede imponerse, no a un funcionario público, sino a un particular, el deber de atender a su clientela en una lengua (sea la que fuere) y, consecuentemente, la de si es posible sancionarlo por incumplir tal obligación.

Esas preguntas solo pueden tener una respuesta rotundamente negativa. Lo contrario sería dar un paso de gigante hacia un gulag lingüístico, que se sabe dónde empieza, pero no dónde termina. Pues, ¿por qué no imponer también el deber de disponibilidad a los profesionales liberales? O ¿por qué no fijar por ley que los periódicos se editen en gallego o las radios emitan en gallego íntegramente?

Estoy seguro de que hay gentes, tan obsesionadas con la lengua como despreocupadas por los derechos personales, que estarían encantadas con adoptar medidas de ese tipo. Darles carrete es la mejor manera de que desaparezca no ya la convivencia lingüística en Galicia, sino la simple y pura convivencia.

Las preguntas incómodas del alcalde de Calviá
Xoán Xulio Alfaya Periodista Digital 30 Julio 2008

Calviá es un municipio de las Islas Baleares, España, situado en la parte occidental de la Isla de Mallorca, en la comarca de la Sierra de Tramontana. Su alcalde, Carlos Delgado, a pesar de pertenecer al PP, no tiene un pelo de tonto y en el congreso del PP balear hizo algunas preguntas muy incómodas para quienes se mueven entre la ambigüedad calculada y la incoherencia descarada... y también ofreció la respuesta.

Nada que ver con “el nuevo PP”.
Vale la pena dedicar unos minutos a escuchar este fragmento de su discurso: "...lo que no puede ser es que hagamos discursos distintos siendo un partido nacional en virtud del auditorio, el ambiente o la situación geográfica... ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué el PP hace esto?"

[”esto” es, entre otras cosas, las leyes de normalización lingüística y los decretos de mínimos, y, aunque se refiere, obviamente, a Baleares, las preguntas son igualmente pertinentes para Galicia].

Y da la respuesta: "...Porque cuando tienes principios es muy complicado defenderlos, pero cuando no los tienes es absolutamente imposible [y también muy cómodo: ad imposibilia nemo tenetur]".

P.D.: Ad imposibilia nemo tenetur: «Nadie está obligado a lo imposible».

Noticia remitida por la Mesa por la Libertad Lingüística:
http://libertadlinguistica.com/index.php

La lógica del terror
MANUEL MONTERO El Correo 30 Julio 2008

D e modo que ETA tenía el propósito de asesinar a Ramón Rabanera, realizar un atentado brutal contra la Ertzaintza, atentar en zonas veraniegas y repetir un secuestro-asesinato como el de Miguel Ángel Blanco, esta vez en la persona de un concejal socialista, Benjamín Atutxa. Todo sigue igual. Sólo ha cambiado la mayor eficacia policial, la mejor contribución a la normalización del País Vasco, y no los espantajos ideológicos que llaman 'normalizar' a hacernos cada vez más raros.

En 1997, cuando el salvaje asesinato de Miguel Ángel Blanco, se multiplicaron las voces, incluso desde el nacionalismo, que se horrorizaban por la brutalidad del atentado. Se decía que el clamor de los vascos forzaría a los terroristas a abandonar esa vía, que la repulsa era tal que ETA estaba acabada. Esas y parecidas expresiones sonaron entonces y tras cada atentado: que los terroristas son repudiados por los vascos, que son alimañas, que les abandonarían todos por el desprecio ante la práctica del terror. Pues ya ven: no parece que tengan conciencia de haber cometido en 1997 (y antes y después) un atentado que fue execrable en términos absolutos, desde cualquier moral. Más bien parecen satisfechos de su(s) tropelía(s), hasta el punto de querer repetirla(s).

Descontado que la ética no va con estos energúmenos de magín escaso y altanería fascista, puede colegirse que consideraron un éxito la brutalidad de 1997 -y el acoso a los no nacionalistas- y que desde su punto de vista repetir hoy similar tropelía les resultaría beneficioso. ¿Es un dislate o conclusión paranoica? Ambas cosas, pero hay razones para que los mandos del terror hayan concluido que el camino de 1997 les salió bien y les sigue conviniendo una década después.

Primero, porque resulta falsa la especie de que el grueso de sus secuaces les diera la espalda tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco y los de después. Sus bases no se resquebrajaron, ni dieron señales de sentirse afligidos por el aquelarre del terror. Ninguna condena seria ha salido de sus tropas. Lo de que la actividad terrorista haya generado hondos disgustos en la batasunía queda para las fantasías del Gobierno vasco, presto a confundir sus deseos y la realidad. El bloque que sigue a ETA se ha mantenido sin fisuras, pese al escándalo general.

Hay más. Tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco la posición de ETA no quedó debilitada, sino robustecida. Las cosas como son. Al año siguiente firmaba un acuerdo con el PNV y EA que dio lugar al Pacto de Lizarra y al comienzo de la década soberanista, que ha supuesto un inaudito reconocimiento de ETA y sus entornos, convertidos estos años en una referencia ideológico-política para el frente que representa el tripartito. Ha adquirido una pátina de respetabilidad, digámoslo así. Sus propuestas absurdas se tratan en el foro público como si tuvieran algún adarme de cordura. Hasta inspiran las políticas más vidriosas del Gobierno vasco.

A la salvajada de julio de 1997 siguió no el repudio de ETA y de los suyos -más allá de las primeras condenas-. PNV y EA se escandalizaron por el terror, pero a la vuelta del calendario pactaron con quienes lo practicaban. Siguió una política soberanista que desde hace diez años se presenta como la expresión del bloque nacionalista contra los demás y se adorna con rupturismos acordes con las ambiciones de la abertzalía radical, cuya dependencia respecto a ETA resulta obvia.
Hay quienes sostienen que Lizarra y el frente soberanista arrancaron de la alarma nacionalista ante el estallido social que siguió al asesinato de Miguel Ángel Blanco, que con razón o sin ella identificaron con movilización de los no nacionalistas, la consideraron peligrosa y justificación para cerrar filas. Recuérdese el vergonzoso relato nacionalista por el que «en la Edad Media vino a un pueblo de Euskadi llamado Ermua una oleada de ratas procedentes de España».

Seguramente el origen de Lizarra es anterior y para el PNV no fue una improvisación. Sin embargo, en la secuencia que llevó al pacto soberanista resultó clave la movilización que siguió al secuestro-asesinato de Miguel Ángel Blanco. Más importante aún en lo que nos ocupa: los terroristas pudieron interpretar que la opción soberanista del nacionalismo 'moderado' surgió como reacción ante aquella movilización de 'los enemigos del pueblo vasco', PSOE y PP, por emplear la expresión del pacto infame, el acuerdo PNV-EA-ETA (1998).

Esta lógica perversa quizás haya llevado a los terroristas a creer conveniente repetir la brutalidad de 1997, otro secuestro/asesinato de un concejal. Para asentar la espiral del frentismo. Para que, como sucediera hace diez años, el juego de movilizaciones reeditase la unidad nacionalista.

No podría culparse al nacionalismo tripartito (a sus tres cabezas, el lehendakari, PNV y EA; IU hace de tonto útil) de compartir esta lógica militarista. Sí de actuar como si ETA no existiese -pero existe- y tomar iniciativas que desde la lógica del terror puede llevar a este tipo de conclusiones abyectas. Cuando el asesinato de Korta, en el verano de 2000, el lehendakari aseguró: «quiero decirle a ETA que jamás colaboraré en una estrategia de confrontación» contra los no nacionalistas. Fue un momento de lucidez pasajera, pues ha buscado después la confrontación pura y dura. Hasta infunde desazón la reflexión del lehendakari de hace un año, cuanto se lamentaba de que ETA «no haya explicado por qué mató a Korta», «es un asunto pendiente». No querría hacer distingos, pero así expresado, una queja aislada acerca del asesinato de un nacionalista, sonó como si la pléyade de no nacionalistas asesinados por ETA no requiriesen explicación.

En la actual coyuntura -podría decirse que no es tal, sino estructura-, con ETA dispuesta al asesinato de fuerzas policiales, políticos no nacionalistas, y a los atentados más ruines, resulta verdaderamente incomprensible que se mantenga el despropósito del referéndum/consulta, la monomanía del tripartito. Es confrontación contra los no nacionalistas. Tiene consecuencias sobre la 'cuestión terrorista', siquiera porque la izquierda abertzale, el entorno de ETA, se siente protagonista, pues de ella depende en parte que salga la jugada. También porque el éxito soberanista requiere el enfrentamiento frentista y los terroristas pueden pensar que sus atentados ayudan a reproducir estas tensiones, como en 1997.

La cuestión, una y otra vez, es la misma: desde hace treinta años. O el nacionalismo 'moderado' opta por juntarse con los no nacionalistas para luchar contra el terrorismo o pacta con el nacionalismo radical contra los no nacionalistas. No hay espacios intermedios. Desde la óptica democrática sólo resulta admisible la primera vía. Decencia obliga, no sólo la sensatez política. Las consecuencias de que el otrora nacionalismo moderado haya optado por la comunidad nacionalista -todo el nacionalismo contra los no nacionalistas- están siendo enormes y brutales, y lo que queda por ver.

Liberación de De Juana
744 mentiras
Si el Gobierno hubiera cumplido con su trabajo a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, a De Juana aún le quedarían 744 días de prisión que cumplir; y las víctimas y sus familiares tendrían dos años de tranquilidad.
Juan Morote Libertad Digital 30 Julio 2008

A partir del dos de agosto De Juana Chaos volverá a perpetrar otro atentado, esta vez contra las familias de sus víctimas. El ataque consistirá en la afrenta que implica su mera presencia, su mirada desafiante carente del menor atisbo de arrepentimiento entre aquellos a quienes destrozó sus vidas. Su puesta en libertad supone una nueva humillación a las víctimas y también, aunque en menor medida, a cuantos las apoyamos.

Sale De Juana vergonzantemente a la calle en el inicio de un mes de agosto, como cuando Franco cesaba a algún ministro o aprobaba alguna medida que podía ser contestada. Del mismo modo, como si hubiese estado calculado, sale a la calle este asesino repugnante. Una de las causas de su puesta en libertad hay que buscarla en aquella frase del Fiscal General del Estado cuando apuntó que los encargados de hacer cumplir la ley y defender a las víctimas de sus agresores sabrían mancharse las togas con el polvo del camino. Eran los tiempos de la rendición del Estado ante la ETA. Aunque hubiera sido más exacto señalar que se mancharían las togas de sangre con el plomo del camino.

Dice ahora la vicepresidenta del Gobierno de España que se va cumplir la ley. ¡Pero qué desfachatez!, ¿qué significa "cumplir la ley"? Que se cumpla la ley debería significar que se genere el clima adecuado para que en el País Vasco las gentes de bien puedan actuar con libertad. Este etarra abandona la cárcel gracias a los 744 días de redención de pena que le concedieron por haber estudiado en la Universidad del País Vasco. Permítome recordarle a la vicepresidenta que hace mucho tiempo que en la Universidad del País Vasco desapareció la libertad. Cada una de las calificaciones que figuran en el expediente universitario de José Ignacio De Juana es mentira: unas han sido puestas gustosamente por encubridores de un asesino como él, otras simplemente por miedo, y las demás son meras falsificaciones.

Los encubridores son muchos, han sido tolerados y alentados con prebendas y subvenciones por el Gobierno vasco. Es conocida la opacidad del sistema español de acceso a las plazas de las universidades públicas, clientelismo en estado puro. El miedo, que mueve la actuación de muchos profesores universitarios vascos, no es mera cobardía, al menos no en todos los casos; el miedo es producido por la connivencia de las autoridades académicas y civiles, que han permitido que la Universidad del País Vasco sea un reducto de impunidad del crimen etarra en sus más diversas manifestaciones, tales como el boicot sistemático de las clases, la extorsión, la amenaza, la destrucción de vehículos, la agresión o el intento de asesinato.

En lo que atañe a las falsificaciones, es evidente que la vicepresidenta no les da ninguna importancia, pues también ella en las pasadas elecciones generales falsificó su empadronamiento en Beneixida, un pueblecito de Valencia del que ni siquiera sabía dónde estaba. "Como todo el mundo lo hace", debió pensar la "vice", será normal que lo haga De Juana.
De todo esto se deduce que 744 mentiras, cuanto menos consentidas, dan como resultado que este asesino execrable ande suelto. Si el Gobierno hubiera cumplido con su trabajo a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, a De Juana aún le quedarían 744 días de prisión que cumplir; y las víctimas y sus familiares tendrían dos años de tranquilidad, puesto que la paz se la arrebató para siempre este impostor universitario.

nos merecemos a de juana
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 30 Julio 2008

Los culpables de la libertad de De Juana Chaos han sido los gobiernos -todos los gobiernos- que han creído en un sistema penal que permite que el autor de 25 crímenes, condenado a 3.000 años, salga de la cárcel a los 18 años. ¿Tiene razón la víctima de De Juana cuando declaraba ayer a este periódico que un etarra no se echa atrás por una condena de 20 años? En todo caso, si hubiéramos contado con la cadena perpetua ahora tendríamos la satisfacción que da la aplicación de la justicia proporcionada.

Cuando la sociedad comenzó a enterarse de la inminente liberación del criminal, gracias en buena medida al macabro histrionismo del mismo, se puso el grito en el cielo, y más recientemente ha sido analizado el expediente penitenciario por si fuera posible retener al monstruo algo más de tiempo en la cárcel. De este modo, sería menor el sentimiento de culpabilidad.

El hecho es que en España no nos hemos planteado siquiera el debate de la cadena perpetua a pesar de ser nuestra nación la única europea en la que sigue sembrando el Terror una organización que surgió en 1959. Una organización que tiene como fin la destrucción del sistema político mediante el Terror, mediante el crimen, mediante la extorsión, mediante la persecución...

La salida de la cárcel de De Juana Chaos no debería servirnos para los hipócritas desgarramientos de vestiduras. Es ya una tradición nuestra ésta de pasar por todo y luego hacerse de nuevas. Como en otro terreno, con la aprobación del Estatuto catalán, la disparatada financiación autonómica o la negación del derecho a la lengua común. Con De Juana hemos descubierto que las víctimas van a tener que comprar el pan con los asesinos. Pero ¿acaso no viene sucediendo esto diariamente desde hace años? Es verdad que el palmarés del terrorismo lo tiene De Juana pero ¿dónde pasta el inmenso atajo de criminales ya en libertad?

¿Volverá Zapatero a negociar con ETA como dice Erkoreka? ¿Por qué no si le va electoralmente de cine?
Nos merecemos a De Juana...

Del Estado de derecho a la dictadura de hecho
Con estos mimbres legales el Estado de Derecho es una quimera, un cuento para bobos que sólo ampara a los poderosos y a los que, como Zarzalejos, no dudan en usar la Justicia para cumplimentar satisfacciones personales
EDITORIAL Libertad Digital 30 Julio 2008

Ya van dos. El mes pasado un tribunal condenó a Federico Jiménez Losantos, director de La Mañana de la COPE y vicepresidente de Libertad Digital, por decir lo que pensaba del alcalde de Madrid. Este mes, a sólo dos días de su conclusión, otro tribunal ha apuntalado el clavo condenando a Jiménez Losantos por haber herido el orgullo y el honor de José Antonio Zarzalejos, ex director de ABC. Demasiada casualidad, demasiada severidad y ni rastro de Justicia. Si lo de Gallardón fue un intolerable pisotón a la libertad de expresión de un periodista por parte de un político que sueña con ser omnipotente, lo de Zarazalejos es el remache necesario e infamante de una campaña absurda, liberticida y decididamente ad hominem.

Pocos casos tan evidentes de caza del hombre se han dado en la historia del periodismo español, y ninguno ha sido tan tenaz y prolongado en el tiempo como la persecución mediático-política que sufre el vicepresidente de este diario. Desde la victoria electoral de Zapatero en 2004 y el ascenso de la COPE como principal medio crítico con el Poder, el estandarte de la cadena, que no es otro que Jiménez Losantos y su exitoso programa matinal, se convirtió en el objetivo a batir. Los enemigos de la libertad no han escatimado esfuerzos y han echado toda la carne en el asador para cerrarle la boca enterrando de este modo la independencia de la emisora.

Zarzalejos, el mismo que estuvo a punto de hundir el centenario ABC por simple ineptitud al frente de la dirección del diario, interpuso una demanda por sentir menoscabo en su honor al escuchar como Jiménez Losantos le recriminaba su fracaso desde los micrófonos de la COPE. Esto, que en cualquier país normal sería algo connatural al oficio de periodista, es decir, la crítica a los compañeros de profesión, supone en España el riesgo de pasar por el juzgado y la probabilidad, alta según quien pase por delante del juez, de salir de él con una condena bajo el brazo. Una condena que no tiene más objetivo que amedrentar e invitar a la autocensura a los profesionales que ejercen su sacrosanto derecho a la libre expresión de sus opiniones e ideas.

Como en el caso de Gallardón, Jiménez Losantos se limitó a manifestar su opinión sobre Zarzalejos, que no era buena. Algo que, en ningún caso, puede ser constitutivo de falta o delito. Y más cuando el condenado es objeto de burlas, insultos e injurias de todas las gradaciones posibles desde multitud de medios de comunicación y partidos políticos. Condenar a Jiménez Losantos por llamar "bobo" al ex director de ABC, o transformar el apellido Zarzalejos en "Carcalejos" cuando otros periodistas le han tachado de "mandril" o "energúmeno", y el mismo Felipe González le llamó Jiménez "Losdemonios" es una broma de muy mal gusto. Es consagrar judicialmente el doble rasero: de malla muy fina para los enemigos y muy holgada para los amigos.

Los jueces no pueden y no deben decirnos qué es lo que está permitido y lo que no está permitido llamarse a través de un medio de comunicación. La labor periodística no puede estar limitada por un abstruso y muy interpretable "derecho al honor" que viene de tiempos de Franco y cuyo origen está en la obsesión del Poder por cercenar las críticas de raíz. Con estos mimbres legales el Estado de Derecho es una quimera, un cuento para bobos que sólo ampara a los poderosos y a los que, como Zarzalejos, no dudan en usar la Justicia para cumplimentar satisfacciones personales.

Campaña contra Losantos
Deshonor de la justicia
Quienes hacen de una discusión pública un asunto judicial, o quienes derivan a los tribunales lo que no son capaces de ganar en buena lid política o intelectual, no pueden llamarse con honestidad periodistas o intelectuales o políticos.
Agapito Maestre Libertad Digital 30 Julio 2008

De la justicia española sólo sé qué reparte injusticia, hace indigno lo digno y el honor desaparece enterrado en la vileza. De la justicia española, del sistema entero de la llamada justicia española, sólo tengo pruebas para mantener que es injusta. Injustísima. Depende de los poderosos. Los criminales salen a la calle y los ricos nunca pagan penalmente por sus delitos. De la justicia española sólo espero miseria, sangre, sudor y lágrimas. Otra cosa son los jueces: mientras que la mayoría se confunde con el ambiente injusto que nos domina, hay unos cuantos magistrados y fiscales –no sé cuántos– que mantienen intactas tanto su dignidad como la justicia a la que sirven. Son estos últimos quienes legitiman la institución de la Justicia. ¿Cuánto durarán? No lo sé, pero el tiempo se les acorta, porque la "democracia" formal está al servicio de la injusticia de hecho.

Esperemos que la sentencia contra Jiménez Losantos sea rectificada en otra instancia judicial. En caso contrario sería comparable al estremecimiento que provoca la noticia de ese pobre diablo, un hombre acusado de violación, que ha pasado 13 años en la cárcel por un delito que no cometió. Ahí está sintetizada la "justicia española". Ojalá otros jueces enmienden tantos despropósitos. De momento, en España, nadie podrá negar que la justicia no sólo está al servicio del poder sino también del "querulante", sí, del "malhechor" moral que utiliza la ley en provecho propio. A eso le llaman los bienpensantes, o sea, los "intelectuales" que son incapaces de separar lo que es el mundo de la política de la ciencia y del derecho, judicialización –qué horrible vocablo– de la vida.

Esa forma suave de terrorismo ideológico es practicada en España sin ningún límite. "Querulantes" –permítanme otra vez la utilización de esta fea palabra– hay por todas partes. Basta mirar el mundo de la universidad o del periodismo, o de la política, para saber a qué atenernos en un país lleno de este tipo de pleiteantes sin honor que hacen de esta palabra su bandera. Terrible. Quienes hacen de una discusión pública un asunto judicial, o quienes derivan a los tribunales lo que no son capaces de ganar en buena lid política o intelectual, no pueden llamarse con honestidad periodistas o intelectuales o políticos, sino "querulantes". Gentes que cifran el honor en una cantidad. El número sustituye al razonamiento y, por supuesto, a la pasión. Todo por la pasta. ¿Por qué el honor se cifra en 100.000 euros y no en 600.00?
Por desgracia para los "querulantes", creo que a nuestro gran Quevedo le sigue asistiendo la razón: "Los letrados defienden a los litigantes en los pleitos como los pilotos en las borrascas los navíos, sacándoles cuanto tienen en el cuerpo, para que si Dios fuere servido, lleguen vacíos y despojados a la orilla. Señor mío, el mejor jurisconsulto es la concordia, que nos da los que vuesa merced nos quita."

Campaña contra Losantos
Cualquier tiempo con Quevedo fue mejor
Puedo decir de mí que he escrito calificativos mucho peores que los solamente hablados por Losantos sobre gentes muy principales y nunca me enjuiciaron por ello. Se conoce que tuve la suerte de escribirlos en la época de Quevedo y Góngora.
José Antonio Martínez-Abarca Libertad Digital 30 Julio 2008

La nostalgia feroz por cualquier otra época menos ésta va a ser el último refugio de los optimistas que creen en el futuro. Porque presente no tenemos ninguno en España. Otra sentencia, tan preestablecida y previsible, tan de mala fe, tan odorienta y tan de encargo como la que condenó al juez Gómez de Liaño y que ha denunciado el Tribunal de Estrasburgo, ha establecido lo que nos temíamos pero no nos atrevíamos a preguntar: Que los tiempos, por comparación más respirables, de Quevedo y Góngora, graciosos tiempos del absolutismo, se han terminado (en realidad, la libertad de expresión lleva una década terminándosenos, desde que llegaron los "buenistas"), sustituidos por el humor del Boletín Oficial del Estado, el único permitido porque es el único que no molesta.

Lo de menos es que esa sentencia haya condenado a Jiménez Losantos por "entrometerse ilegítimamente" (sic) en el vagaroso honor del entonces director de ABC, José Antonio Zarzalejos. En realidad condena cualquier opinión, a partir de ahora sospechosa e imputable por definición. Por lo menos el ministro Fraga hacía por disimular la dictadura cuando era ministro de Información, pero la juez que ha condenado a Jiménez Losantos ni se molesta en ocultar lo que realmente está pasando aquí. Se han acabado las tonterías de que el único límite para la libertad de prensa es el código penal. No, señor. El único límite es quien manda aquí. ¿Quevedo, Góngora? Hoy no pasarían un día fuera de la cárcel, reconoce la judicatura española, no homologada con las democracias. Los de La Codorniz sobrevivieron a Franco, pero no podrían con Gallardón ni Zarzalejos. Ahí te querría yo ver, escopeta.

Más que probablemente debiéramos dejar el derecho al honor, tan espectral, en los sanos dominios do moraba: en el bosque, al amanecer y con padrinos, no en los juzgados. El derecho al honor no debiera existir más que en los duelos a pistola o a espada, y no andaban tan errados en Uruguay (¿o era en Paraguay?) cuando han mantenido hasta hace nada la legalidad de la satisfacción sangrienta, porque me creo que es la más democrática, o desde luego la menos totalitaria. Escribía el ensayista Paul Johnson que es una pena que los escritores y los periodistas ya no se den de puñetazos para dirimir sus diferencias, porque desde que todo es más civilizado el clima se ha vuelto mucho más enrarecido, y algo hay de eso. Por haber abolido los duelos particulares, lo que contribuyó a un aumento espectacular de la cobardía, nos ha crecido ahora este monstruo: el Gobierno y los jueces queriendo decidir qué debemos pensar y qué no podemos decir en según qué época.

Puedo decir de mí que he escrito calificativos mucho peores que los solamente hablados por Losantos sobre gentes muy principales y nunca me enjuiciaron por ello. Se conoce que tuve la suerte de escribirlos en la época de Quevedo y Góngora, que ha durado felizmente cuatro siglos, hasta ayer mañana. A partir de hoy, ambos los dos han ido a hacerle compañía a Barón de Montesquieu, en el mismo féretro. Van a estar un poco apretados.
abarca@libertaddigital.tv

REPRESENTAR OBRAS EN CASTELLANO, UN RETO
Compañías de teatro de Madrid denuncian las dificultades para poder actuar en Cataluña
La persecución y marginación del castellano se produce también en el mundo del espectáculo. Según ha informado COPE, varias compañías de teatro de Madrid han denunciado las dificultades que encuentran para poder actuar en Cataluña, llegando hasta el punto de que resulta más sencillo representar en el extranjero que en esta Comunidad Autónoma. De hecho, los artistas han resaltado que es un auténtico reto poder actuar La Vida es Sueño de Calderón en castellano en Barcelona.
Libertad Digital 30 Julio 2008

Han sido varias compañías de teatro de Madrid las que han denunciado las trabas y dificultades que se encuentran para poder ser contratadas en Cataluña. Según ha informado COPE, estos grupos aseguran que es todo un reto poder representar La Vida es Sueño de Calderón de la Barca en castellano en cualquier teatro de Barcelona.

La polémica saltó cuando tres compañías madrileñas se presentaron para actuar en el festival de Edimburgo. Por ello, se han quejado de que sea más fácil actuar en el extranjero que en Cataluña. De hecho, han sido los propios actores y bailarines los que han hecho pública esta situación a través de la Consejería de Cultura y Turismo de Madrid. Se pone de manifiesto una vez más la persecución al castellano que se produce en esta Comunidad Autónoma.

El acoso al castellano
Los barones del PP se comprometen con un «bilingüismo integrador»
Defienden la austeridad, pero piden más recursos al Gobierno para el gasto social
Los populares exigieron ayer al Gobierno que garantice que la lengua no sea un factor de discriminación.
Pablo Crespo La Razón 30 Julio 2008

San Millán de la Cogolla - Los «barones» del PP, en una reu-nión celebrada en San Millán de la Cogolla, con la presidencia de Mariano Rajoy, han asumido un decálogo de compromisos que será la base mínima para negociar la reforma de la financiación autonómica. Los populares plantean que la reforma del sistema debe estar inspirada en los principios de generalidad, estabilidad, autonomía, solidaridad y coordinación.

El encuentro reunió en la localidad riojana a todos los presidentes de gobierno o territoriales del PP, excepto Baleares, que no pudo asistir a la cumbre, así como a la secretaria general, María Dolores de Cospedal, a los portavoces en Cortes Generales y a los secretarios regionales. Duró alrededor de una hora y sirvió para constituir el Comité Autonómico del PP, que se reunirá cada tres meses, aunque Mariano Rajoy afirmó su intención de que la frecuencia sea mayor.

En una posterior declaración a los medios, sin preguntas, Rajoy señaló que el encuentro sirvió para refrendar el decálogo de la nueva financiación, que se inicia con un pronunciamiento de que el sistema debe ser plenamente respetuoso con la Constitución, es decir, con la solidaridad interterritorial, la suficiencia financiera de las comunidades y la garantía de igualdad en el acceso a los servicios públicos.

El presidente valenciano, Francisco Camps, destacó que el manifiesto suscrito reconoce que en su comunidad «hay cinco millones de ciudadanos y no cuatro millones y, por lo tanto, el Gobierno central debería aportar mil millones de euros más».

Por otra parte, los presidentes autonómicos del PP reivindicaron que las Administraciones Públicas aprueben planes de austeridad que les permitan redefinir sus objetivos, manteniendo el gasto social, pero con control y eliminando el gasto superfluo en las instituciones del Estado. El PP tendió ayer la mano al Gobierno central para llegar a un acuerdo en materia de financiación autonómica, pero pidió al Ejecutivo, al que ve «desorientado» en este asunto, que aporte más recursos a las autonomías para poder mantener el gasto social.

El PP también aprobó una declaración en defensa de la lengua común. Rajoy explicó que busca garantizar el derecho de todos a usar el castellano, y también reconoce que las demás lenguas deben ser objeto de un especial respeto y protección, porque lo reconocen los respectivos estatutos y también por su riqueza. La declaración proclama la libertad de elegir la lengua y el derecho a usarla sin ser discriminados por ello. Los populares, como ya han anunciado, presentarán proposiciones no de ley en parlamentos y entidades locales para que el Estado garantice que todos los españoles puedan formarse en castellano en todas las etapas educativas. Defienden un «bilingüismo integrador». Reclaman, además, que se garantice el acceso a la función pública sin distinción alguna por razón de lengua.

La normativa aprobada incumple sentencias del TSJC y puntos de la LOE
La Generalitat arrincona el español en las escuelas
Aprueba la ley que blinda el catalán como lengua vehicular de la educación
Sin consenso, la Ley de Educación sigue adelante y evita aplicar la tercera hora de castellano en Cataluña.
Joan Planes La Razón 30 Julio 2008

Barcelona- El consejero de Educación, Ernest Maragall, habló ayer de «gran día» para Cataluña. La Generalitat acababa de aprobar la polémica Ley de Educación, que garantiza para los próximos años un «modelo educativo propio» y que blinda por completo el catalán como lengua vehicular en la escuela, limitando el castellano a dos horas en Primaria. De esta manera, la inmersión lingüística de la Generalitat queda sellada.

La ley será debatida en el Parlament y nace sin consenso. Sólo cuenta con el beneplácito del PSC y de los artífices de la casi aniquilación del castellano, ERC. ICV, socio del tripartito, no apoya la normativa, ni tampoco los partidos de la oposición, CiU y PP. La ley también tiene en contra a la escuela concertada al completo y a sindicatos de profesores y estudiantes de la pública.

La nueva ley educativa confirma al catalán como lengua vehicular -eufemismo de «única»- y señala que «no se admite la separación del alumnado ni en clases ni en centros «por razones de su preferencia lingüística». El departamento de Educación implantará estrategias educativas en las que se utilizará de forma intensiva el catalán como vehículo de aprendizaje».

Competencia exclusiva
Ahora la Generalitat tendrá competencias exclusivas para determinar los contenidos de la Educación Primaria y para diseñar los currículums. De esta manera, no estará obligada a impartir la tercera hora de castellano que dictamina la Ley Orgánica de Educación (LOE). La secretaria ejecutiva de Políticas Sociales y Bienestar del PP, Ana Pastor, ya denunció que la normativa incumple la LOE y el sistema educativo común español. Incluso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha emitido varias sentencias en las que se reconoce el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular para sus hijos. La Generalitat hizo caso omiso.

No obstante, los padres podrán solicitar el primer curso de escolarización básica o del segundo ciclo de infantil en castellano, «cuando ésta sea su lengua habitual», una medida que, según CiU, incumple la Ley de Política Lingüística de 1998, que no contemplaba esta posibilidad. Por su parte, el PP catalán criticó la «falta de consenso» y reclamó un «bilingüismo integrador» en el sistema educativo.

La Generalitat aprueba sin el apoyo de ICV la Ley de Educación que margina el castellano
Daniel Forcada El Confidencial 30 Julio 2008

Nueva crisis en el seno del tripartito catalán. La Generalitat dio ayer luz verde al anteproyecto de su polémica Ley de Educación (LEC) sin el apoyo de Iniciativa Per Catalunya. Las discrepancias entre los partidos que forman el ejecutivo catalán (PSC, ERC e ICV) no son nuevas, si bien es la primera vez que ICV se queda al margen de un proyecto promovido por el Gobierno de coalición que lidera José Montilla. Hasta ahora, los ecosocialistas solo se habían enfrentado al tripartito por proyectos de infraestructuras, nunca por leyes.

Así las cosas, el anteproyecto educativo llegará al parlamento catalán en septiembre sin haber logrado antes el consenso en el interior del tripartito. Los dos consejeros de ICV, Joan Saura y Francesc Baltasar, mostraron ayer su rechazo al texto por considerar que consagra una doble red educativa de centros públicos y concertados que no respeta el espíritu del Pacto Nacional de Educación suscrito en 2006 por la mayor parte de la comunidad educativa catalana. Dicho acuerdo garantizaba la gratuidad de la escuela concertada en un plazo de cinco años, a lo que ICV quería unir que estos centros tuvieran la misma responsabilidad que los públicos a la hora de escolarizar a todo tipo de alumnos.

El partido se ha reservado el derecho a presentar enmiendas en el trámite parlamentario de la ley en la cámara catalana, si bien, Joan Saura quiso cerrar ayer toda polémica al declarar que, sin embargo, el tripartito “goza de buena salud”. El conseller de Educación, Ernest Maragall, se mostró, por su parte, esperanzado con la posibilidad de que la nueva ley se pueda aplicar en el curso 2009-10 a pesar de la oposición de Iniciativa y de los principales sindicatos docentes. Se trata del primer proyecto educativo que aprueba en materia de educación el gobierno de Montilla lo que, en palabras del conseller, supone “uno de los primeros grandes desarrollos del Estatut”.

Polémica lingüística
Sin embargo, no son estas discrepancias los aspectos más polémicos del anteproyecto educativo, que blinda el modelo catalán de inmersión lingüística en las escuelas, la baza jugada por ERC para dar su beneplácito. En su artículo 44, redactado por el secretario general de la formación independentista, Joan Ridao, se elimina la posibilidad de impartir en español asignaturas no lingüísticas como Matemáticas o Ciencias Naturales e invalida el decreto aprobado en 2006 por el Gobierno central que obligaba a las autonomías con dos lenguas oficiales a impartir una tercera hora semanal de castellano en primaria. Con la nueva ley catalana, esta hora ya no será obligatoria y se dejará en manos de los centros educativos la decisión de impartirla o no, de forma optativa.

A pesar de esto, el texto permite también la escolarización en castellano en primero de primaria si las familias así lo creen oportuno, lo que también ocurrirá con el segundo ciclo de la educación infantil, que sigue sin ser obligatorio. Aunque la ley concreta que “no se admite la separación del alumnado en centros ni grupos clase por razón de su preferencia lingüística”, el texto añade posteriormente que “los padres, las madres o los tutores de los niños podrán solicitar que sus hijos e hijas reciban el primer curso de la escolarización básica o el segundo ciclo de educación infantil en castellano, cuando esta se su lengua habitual, durante el primer curso escolar en el cual se incorporen a las mencionadas enseñanzas”.

Sólo habrá dos horas de español en la Educación Primaria
La Generalitat blinda el catalán como lengua exclusiva en los colegios
La Generalitat de Cataluña aprobó hoy el anteproyecto de la Ley de Educación de Catalunya (LEC), que tiene como finalidad dar personalidad al «sistema educativo propio» catalán, según declaró el conseller de Educación, el socialista Ernest Maragall. La escuela concertada y los profesores rechazan el nuevo texto legislativo.
Ep La Razón 30 Julio 2008

El texto se aprueba sin el apoyo de ICV-EUiA —socio del PSC e ERC en la Generalitat—. mientras que el consejero agradeció a CiU su «responsabilidad» y «participación» ante el texto, que ahora tendrá que abordarse en debate parlamentario.

En la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, Maragall agradeció «específicamente» a la federación nacionalista su «responsabilidad, participación y aportación» al proyecto. Manifestó que el Gobierno ha tenido contactos con los otros dos partidos de la oposición, el PP catalán y C’s, aunque estas conversaciones se han dado «muy especialmente» con la formación liderada por Artur Mas.

Entre las novedades del texto, destaca que finalmente la educación de 3 a 6 años —la infantil— no es obligatoria, aunque sí que los poderes públicos garantizarán oferta en esta etapa. Además, se garantiza el ideario de los centros de titularidad concertada, se da más poder a los Ayuntamientos en educación, y al mismo tiempo, se blinda el catalán como lengua «normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje» en la escuela, lo que garantiza la inmersión ling~ística, algo que se ha hecho a propuesta de ERC.

La ley define un modelo educativo «de interés público» de acuerdo con el artículo 21 del Estatut, que engloba centros públicos y privados sostenidos total o parcialmente con recursos públicos y regula el Servicio de Educación de Cataluña para garantizar el acceso a una educación «de calidad y en condiciones de igualdad en las enseñanzas obligatorios y en los declarados gratuitos».

En un principio, en vez de utilizar la expresión «de interés público», se propuso la de «servicio público educativo», algo que según la comunidad educativa perpetúa la existencia de una doble red —entre centros públicos y privados concertados—, lo que hoy negó el consejero.

Además, los centros concertados tienen «derecho al ideario propio» y la ley les da «claridad a la participación» de los centros concertados para que puedan tener «presencia y voz» en la educación catalana. Maragall aseguró que se ha decidido establecer esta definición para «satisfacer tanto a la afirmación explícita del Pacto Nacional de Educación (PNE) como la voluntad del Gobierno regional de avanzar hacia la aparición con plenitud de un modelo educativo propio».

Reconoció que el cambio puede dar lugar a un debate pero afirmó que la ley «resuelve perfectamente» ese debate. «Estamos en condiciones de hablar de modelo educativo propio, en el sentido de responder a una concepción integral y hacer complementarias los activos y el sector público y concertado. De superar una tradicional y enquistada coexistencia», declaró.

Los criterios básicos que rigen ese sistema son la libre elección de centro por parte de los padres, la escolarización «equitativa», la de cinco horas lectivas, no incluyendo por lo tanto la sexta hora que quedaría incluida en «contratos programa voluntarios» entre la Generalitat y las escuelas que la ofertan.

Otra de las principales aportaciones es la autonomía de centros, mediante la cual la Consejería será la encargada de fijar el currículum y el centro educativo será el encargado de fijar su propio proyecto y método de aplicación de ese currículum, por lo que también tendrán «posibilidad de gestionar» los recursos económicos para adaptarlos a sus proyectos.

La dirección del centro se convierte en «autoridad pública» y se crea la Agencia de Avaluación de la Educación, que se encargará de avaluar que el currículum elaborado por la Consejería se cumple en cada uno de los centros catalanes.

Los consejos escolares de cada centro también deberán aprobar el proyecto educativo del centro y realizar el seguimiento de su ejecución.

Por otro lado, se refuerza la figura de los profesores creando los cuerpos docentes de la Generalitat, cuyo acceso se regulará mediante oposiciones propias y que incluirá requisitos ling~ísticos y de uso de nuevas tecnologías. La ley establece un período de cuatro años para que los sueldos de los profesores del sector concertado se homologuen a los del sector público.
Sobre financiación, Maragall destacó que la aplicación de la LEC debe suponer al consecución progresiva de 1.500 millones adicionales anuales de aquí a ocho años, cuando se prevé que su aplicación sea plena.

La comunidad educativa en todas sus vertientes -profesores, sindicatos, alumnos— han mostrado su oposición a la LEC durante todo su proceso por diversos motivos, por lo que presentaron numerosas alegaciones al anteproyecto. Maragall definió esta situación como un proceso «ejemplar, que no quiere decir fácil sino real» y agradeció a todos ellos sus aportaciones.

«El país se ha implicado en el debate, ha recibido felizmente la aportación, la exigencia, el criterio del conjunto de la sociedad», declaró el consejero, que aseguró que tienen a «el país detrás atento, vigilando, impulsando».

Uno de los socios de Gobierno, ICV-EUiA, también mostró sus reticencias a la ley y anunció que presentará enmiendas. Maragall explicó que durante la reunión del Consejo de Gobierno la formación ecosocialista hizo una «explícita manifestación de reservas», que afirmó que no se expusieron claramente cuáles son, con lo que sus reticencias se manifestarán en el proceso de debate y aprobación parlamentaria que ahora empieza. Maragall deseó conseguir un «consenso social» para aprobar una Ley de Educación «ambiciosa que quiere ser del país» y añadió que en el curso 2009-2010 su vigencia «tendría que ser plena».

La renovación influirá de forma decisiva en el equilibrio de fuerzas
El TC declarará inconstitucional el término «nación» en el Estatut
Una amplia mayoría de magistrados del Alto Tribunal respalda los argumentos esgrimidos por el PP. También hay acuerdo para anular otros «aspectos sustanciales» de la norma catalana
Con el actual calendario de trabajo la resolución definitiva a la impugnación del Estatut estará lista a final de año.
F. Velasco - Madrid La Razón 30 Julio 2008

Los magistrados del Tribunal Constitucional continúan sus deliberaciones sobre el recurso interpuesto por el Partido Popular contra el Estatut de Cataluña al margen de todos los vericuetos relacionados con la renovación de cinco de sus miembros. Son ya seis meses los que llevan enfrascados en el articulado de la norma catalana y los más de 400 folios en los que los «populares» argumentan la vulneración de la Carta Magna en 114 artículos y doce disposiciones recurridas.
Las deliberaciones ya «cerradas» sobre aspectos relevantes del Estatut respaldarán, en buena medida, las tesis del PP. De hecho, fuentes solventes conocedoras del recurso afirmaron a LA RAZÓN que existe un «acuerdo mayoritario» en considerar inconstitucional buena parte de los preceptos impugnados que han sido debatidos hasta ahora.

Entre esos preceptos sobre los que de forma mayoritaria se concluye que vulneran lo establecido en la Constitución se encuentra, según las citadas fuentes, el relativo al término «nación», tal y como se recoge en el Preámbulo del Estatut, donde se establece que «el Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación. La Constitución Española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como nacionalidad».

Este «acuerdo mayoritario significa que no sólo han votado a favor de la inconstitucionalidad del citado precepto los cinco magistrados «conservadores», sino también algunos de los otros cinco «progresistas», toda vez que Pablo Pérez-Tremps fue apartado al estimarse la recusación del PP.

El Partido Popular argumentaba en su recurso que el empleo del concepto «nación» en el Preámbulo del Estatut vulnera la Constitución, toda vez que «desde el punto de vista constitucional no hay más nación que la española», y que la Carta Magna «no permite la aplicación» de ese concepto «nada más que a España». Además, consideraba igualmente «reprochable» la fórmula utilizada en el Preámbulo del Estatuto «para conseguir aplicar el concepto de nación a Cataluña».

Además de este aspecto, existe igualmente un consenso mayoritario entre los magistrados del Tribunal Constitucional en que otros «aspectos sustanciales» del nuevo Estatut catalán no respetan tampoco lo dispuesto en la Carta Magna.

En todo caso, hay que tener en cuenta que estas conclusiones son a las que ha llegado el Tribunal Constitucional en su actual configuración. Si la renovación de cinco vacantes se produce en septiembre, tal y como han pactado PSOE y PP, podría producirse un «vuelco» en el equilibrio de fuerzas, toda vez que tres de los magistrados que saldrán del Tribunal, más el fallecido García-Calvo, se encuentran alineados con el denominado «sector conservador»: Guillermo Jiménez -actual vicepresidente-, Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata. En cambio, del «sector progresista» sólo lo hará la actual presidenta, María Emilia Casas.

El acuerdo alcanzado entre socialistas y populares prevé que cada grupo proponga dos magistrados, mientras que el quinto será de consenso. De esa forma, el PP «perderá» dos magistrados en el Tribunal Constitucional, con lo que pasará a tener una posición minoritaria dentro del mismo. También en el debate sobre el Estatut.

Es por esta circunstancia, precisamente, por la que, según las fuentes consultadas, algunos magistrados «conservadores» no entienden las «prisas» del PP para cerrar la renovación de forma inminente, sobre todo a la vista de cómo marchan las deliberaciones sobre el recurso contra el Estatut.

Repercusiones
Esa renovación provocaría igualmente de manera casi definitiva un retraso en la decisión definitiva a ese recurso, toda vez que los cinco nuevos magistrados, una vez tomen posesión de sus cargos, deberán, en primer lugar, estudiar las impugnaciones antes de pronunciarse sobre si expresan su conformidad a los acuerdos a los que ya se ha llegado. Esto haría que el primer Pleno con la nueva configuración para debatir sobre el Estatut no se podría realizar hasta diciembre o enero.

Y, junto a ello, las elecciones vascas, previstas para marzo y en las que se prevé la concurrencia de una nueva «marca blanca» de Batasuna, provocará un nuevo «parón» en la resolución, toda vez que los recursos electorales llevan preferencia.

ADEMÁS HAY 40 AUTOS PROVISIONALES
Un total de 32 sentencias judiciales dan la razón a los objetores a EpC en toda España
Los Tribunales de Justicia van poco a poco dando la razón a los padres objetores a la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía. Con las siete nuevas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya son un total de 32 las que se han emitido en toda España. Diez de ellas se han producido en la Comunidad andaluza y 22 en La Rioja. Según informa Profesionales por la Ética, se han producido también otros 40 autos judiciales provisionales favorables a los objetores en Aragón y en Asturias.
Libertad Digital 30 Julio 2008

Con las nuevas siete sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que apoyan a los padres objetores son ya 32 las que se han producido en toda España.

En Andalucía, en los últimos meses se han emitido tres sentencias a las que se han sumado las siete de este lunes, y todo ello a pesar de las presiones y descalificaciones de la Junta presidida por Manuel Chaves. Además, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha publicado otras 22 sentencias que apoyan las reivindicaciones de las familias objetoras a la polémica asignatura. En ellas, se permite a los alumnos no asistir a esta clase y no ser evaluados.

Además de los fallos realizados en Andalucía y en La Rioja, se han emitido otros 40 autos judiciales, con carácter provisional, que permiten a los alumnos no asistir a las clases de esta asignatura.

De este modo, tal como asegura Profesionales por la Ética, otras sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias han confirmado la existencia del derecho a la objeción de conciencia

El citado órgano judicial ha subrayado la tutela que merecen los padres objetores frente a EpC ante vulneraciones concretas de su libertad ideológica o religiosa por parte de los centros o el profesorado, que podrá ser probado en el caso concreto. La novedad de las sentencias asturianas es que reconocen el derecho de los padres a objetar aún cuando los alumnos no estén cursando todavía la asignatura.

Ernesto Ladrón de Guevara:
‘Iñaki Ezkerra representa lo que siempre fue el Foro y que no debía haber dejado de ser’

Redacción Bilbao minutodigital 30 Julio 2008

Ha sido, y es, un político de referencia en el País Vasco. Militó en el PSOE y más tarde fue cargo público con Unidad Alavesa. Se manifiesta ‘triste’ por la actual situación del PP y reconoce ser simpatizante de UPyD.

En primer lugar nos gustaría preocuparnos por su situación personal ¿Se le retiró finalmente la escolta?
No se me retiró la escolta pese a que estuve a punto de ello. Mis protestas hicieron efecto. Los hechos posteriores, con el asesinato de Isaías Carrasco, demostraron que era una insensatez dejar sin protección a gente como yo que ha estado en primera línea de fuego durante mucho tiempo, dando la cara.

¿Cuál fue su experiencia en el Foro Ermua? ¿Fue usted expulsado?
Yo fui secretario y uno de los portavoces, junto a Iñaki Ezkerra, del Foro Ermua en los momentos más difíciles. Pablo Septien, que fue su primer secretario, tuvo que huir del País Vasco ante la inminencia de una acción terrorista contra él, y me tocó a mí porque alguien tenía que hacer esa función en el Foro. Fueron años de gran convulsión social con muchos atentados y movilizaciones constantes de la ciudadanía contra ETA, lideradas por el Foro Ermua. Me refiero a los años 2000 y 2001 fundamentalmente. No hay más que recordar el atentado contra nuestro compañero José Luis López de Lacalle para darnos cuenta de esa realidad. Me tocó, por ejemplo, poner en marcha la Plataforma Libertad formada por seis organizaciones cívicas, iniciar los primeros pasos de Papeles de Ermua e inaugurar el premio “López de Lacalle”, que en su primera edición galardonó a Pilar Elías y a Ana Utxaeguia, ambas como representantes de los concejales que encarnaban los valores de la libertad y el coraje cívico.

Respecto a si se me ha expulsado del Foro, la verdad es que no lo sé a ciencia cierta. Lo único que puedo decir es que no se me convoca a ninguna reunión desde hace al menos dos años, sin que se me haya notificado los motivos ni se me haya instruido expediente disciplinario alguno, que, por otra parte no soy merecedor, por razones obvias. Si el motivo de dejarme fuera de juego ha sido el que no pago las cuotas, he de decir en mi descargo que durante los años en que fui secretario tuve que poner de mi bolsillo mucho del dinero necesario para la gestión del Foro, pues no había ningún tipo de financiación. Y cuando digo nada de financiación me refiero a nada, ni un euro. Por eso resulta un sarcasmo que se me deje fuera del Foro por no pagar cuotas, si ese es el motivo.

¿Cuál es su opinión ante la situación actual del Foro y la imagen que se está dando?
Como es de suponer estoy consternado y desmoralizado, pues durante los años más difíciles los que estábamos al frente del Foro éramos conscientes del enorme sacrificio personal y los riesgos que de derivaban de ese compromiso. Pero lo hacíamos sabiendo la importancia que tenía aquella embajada tanto desde el plano del testimonio como de los catalizadores para reanimar el cuerpo moral-social en el País Vasco, traduciendo un cuerpo de doctrina para rescatar los elementos más sustanciales de la convivencia cívico-política y del funcionamiento democrático en el País Vasco. Aquello creo que fue muy importante porque se embarcaron en aquella aventura personalidades muy significativas en el plano intelectual y causó un revulsivo fundamental de carácter cívico, hasta el punto de que obligó a ponerse de acuerdo al PP y al PSOE en torno a unas líneas básicas de combate antiterrorista y de freno al nacionalismo que luego fue roto porque ese revulsivo cívico se disolvió en parte. No hay que abundar en exceso en este argumentarlo pues es ya muy conocido y forma parte de nuestro patrimonio histórico inmediato. Uno de los factores más determinantes de aquel resultado de movilización de las conciencias fue que esa exaltación de la palabra y de la inteligencia fue realizado desde el propio solar vasco.

Por todo ello, lo que sucede actualmente en el Foro –que ya se veía venir- me apena profundamente.

¿Iñaki Ezkerra o Inma Castilla de Cortazar’ ¿Por qué?
Sin duda Iñaki Ezkerra por muchísimos motivos. No me voy a referir a todos ellos. Sólo a dos: tiene la fuerza moral, pues fue uno de los fundadores del Foro, más aún, su precursor, y siempre ha mantenido los mismos principios, la misma coherencia. Inma y los que le rodean llegaron años después, cuando la cosa estaba ya rodando y el Foro tenía un gran prestigio. El otro motivo es la capacidad organizativa del Iñaki (cuando le dejan) y su brillantez intelectual, su coraje, su mensaje sin veladuras, nítido y con la fuerza de la verdad a bocajarro. Tiene sus defectos que no voy a enumerar, como todas las personas, pero representa lo que siempre fue el Foro y que no debía haber dejado de ser. Sólo hay que fijarse en una cosa: gran parte, por no decir una amplia mayoría de los que iniciamos los primeros pasos del Foro, estamos alejados de él. ¿Por qué será?

¿Cual cree usted que es el futuro del Foro?
Por el camino que va no vaticino nada bueno para el Foro, salvo que se consiga un clima más fraterno entre sus componentes, más solidario, más leal entre sus protagonistas. Y también creo que el Foro debe estar en el País Vasco. Fuera sirve para poco.

¿Está usted en algún proyecto político actualmente?
Soy simpatizante de UPyD, sobre todo teniendo en cuenta la triste deriva que ha tenido el PP desde que Rajoy volvió de Méjico. Es un misterio ese cambio.

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