AGLI

Recortes de Prensa    Viernes 1 Agosto 2008

Una ley para la exclusión
La opinión pública había comenzado a romper la mordaza que el poder político y los medios de comunicación catalanistas habían logrado mantener en silencio. Por eso necesitaban un marco legal que legalizara la exclusión.
Antonio Robles Libertad Digital 1 Agosto 2008

La precipitación del anteproyecto de la Ley de Educación Catalana es una prueba más del uso que hacen de la lengua los partidos nacionalistas para demostrar ante su opinión pública quién la tiene más larga. En el último pleno del Parlamento de Cataluña, CiU interpuso una moción para cerrar un modelo lingüístico que impidiese definitiva y legalmente cualquier resquicio por donde los ciudadanos pudieran exigir enseñanza en castellano. No lo consiguió. Pero no lo consiguió porque su homólogo en el Gobierno, ERC no podía permitir que su rival en exclusiones culturales y lingüísticas españolas se apuntara el tanto de aparecer ante la opinión pública nacionalista como la más resolutiva para expulsar el castellano de la escuela.

Sin embargo, un mes después el propio Gobierno Tripartito saca precipitadamente el anteproyecto de Ley de Educación Catalana donde se hace lo mismo; es decir, se blinda la inmersión por ley, se atribuye a la Generalitat el derecho de imponer el currículo escolar para impedir dar la tercera hora de castellano que el Real Decreto del Gobierno de España ha exigido desde finales de 2006 y se ponen las bases legales para que tales atropellos no se puedan recurrir ante los tribunales. Un verdadero golpe estatutario contra la legalidad constitucional y los derechos legítimos de millones de ciudadanos. Y es que la rebelión contra la inmersión comenzaba a calar ante la opinión pública y los Tribunales ya habían dictado sentencia en tres casos. Un auto del TSJC instaba con medidas cautelares a dar sin dilación la tercera hora de castellano. Sabían que ya no podían seguir imponiendo su modelo monolingüísta contra la ley porque la opinión pública había comenzado a romper la mordaza que el poder político y los medios de comunicación catalanistas habían logrado mantener en silencio. Por eso necesitaban un marco legal que legalizara la exclusión. De aquí esta Ley de Educación Catalana.

Nada de esto sería posible sin el Estatuto actual. Estas son las consecuencias de la frivolidad adolescente de un presidente al impulsar un Estatuto cuyo principio provocó, pero fue incapaz de imaginarse las consecuencias. Tiempo habrá de hablar sobre los muchísimos puntos negros para la convivencia de esta futura ley, pero de momento, ya se ha convertido en el segundo paso soberanista de Cataluña respecto a la legalidad constitucional española. La primera fue la aprobación del Estatuto.

Como siempre, el manoseo del lenguaje forma parte del camuflaje de un texto con malas intenciones. Presionado por CiU, el Govern se aleja de una red única de educación, se desentiende del concepto de "enseñanza pública", no acepta el de "servicio educativo de interés público" de la concertada y finalmente se queda con el híbrido de "Servicio público educativo". E introduce como principios generales la libertad de enseñanza y el pluralismo tal como CiU y la escuela concertada exigían. Quedan garantizados así el derecho a la elección de centro por parte de los padres y el derecho al ideario del centro. Es este punto precisamente el que ha llevado a sus socios de ICV a no suscribir el anteproyecto de ley. Pura pantomima para entretener a los propios. Como ven hay más libertad, pero ninguna para poder elegir la lengua en que quieres que estudien tus hijos.

Los "proyectos educativos de centro" o los "proyectos lingüísticos de centro" son otro caballo de Troya donde el nacionalismo campará a sus anchas. De esta manera, la Consejería de Educación traspasará la responsabilidad del fracaso escolar o de los atropellos culturales a los propios centros. Dejará de ser responsable para pasar a ser juez, evaluar y corregir. Genial. El consejero, máximo responsable de educación, será intocable. El está para hacer una "ley de país". O sea, para hacer un país distinto a España. Como en el franquismo, las tropelías se decretan en verano, tiempo de asueto y la guardia baja.
P.D. PARA EL PSOE: Si permitimos esta violación de derechos, el rostro posmoderno del fascismo os habrá cogido definitivamente entretenidos en vapulear al Manifiesto por una Lengua Común. Curiosa naturaleza la de nuestros progres: Edipo huye de su destino y en su huida se topa trágicamente con él.
antoniorobles1789@hotmail.com

¿Quién hablará gallego a finales de este siglo?
Xoán Xulio Alfaya Periodista Digital 1 Agosto 2008

Toda la preocupación de nuestra desastrosa clase política se centra en la imposición coactiva del gallego porque, argumentan ellos, se trata de una lengua minoritaria (y sin duda lo es) y amenazada (también lo es, sobre todo por quienes dicen defenderla).

Todas las estadísticas que conozco evidencian que quienes más hablan el gallego son las personas mayores, algunas ya a punto de pasar a la otra vida. Los jóvenes, obligados a estudiar en gallego, lo hablan cada vez menos y, lo que todavía es peor, cada vez hay menos jóvenes en Galicia.

Muchos jóvenes gallegos van a buscarse la vida en otras comunidades autónomas, sobre todo Madrid, Canarias y Cataluña, y los que se quedan envejecen por ley de vida (el ADN gallego no da para más) y llega un momento en que dejan de ser jóvenes.

Mientras, los nazionalistas (incomprensiblemente) defienden a capa y espada las políticas antinatalistas más agresivas como si les sobrasen hablantes de su tan idolatrada "lengua propia" y los niños naciesen en los campos como los tomates, las zanahorias o los pimientos de Padrón.

Los inmigrantes que llegan no son lo suficientemente numerosos como para equilibrar el desastre demográfico y, por otra parte, ellos vienen ya con su "lengua propia" y no me parece tarea fácil transformarlos de la noche a la mañana en galegofalantes.

Así que saquen ustedes sus propias conclusiones.
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El éxodo y la vejez causan la pérdida de 13.000 jóvenes en Galicia cada año
Rubén Santamarta La Voz de Galicia 31/7/2008

En los últimos diez años, Galicia ha ganado por la base y la cumbre de la pirámide demográfica lo que se ha dejado en sus tramos intermedios. Dicho en términos menos técnicos, se ha constatado un incremento en el número de gallegos entre los 0 y los 4 años a partir de los 70. Pero se ha desangrado la demografía en un amplio trecho, el de las personas de entre 15 y 34 años, especialmente hasta llegar a la treintena. La comparación entre el dibujo que se presentaba en 1998 y el 2008 revela que Galicia, en ese tiempo, ha cedido hasta 110.000 jóvenes en ese trecho de edades, en el que arranca la vida laboral y en el que se tienen los hijos.

De media, en los últimos cinco años, la población en esa franja de edad ha decrecido en 13.000 ciudadanos por curso. Entre el 2007 y el 2008 fueron 12.900; y en el ejercicio precedente, 15.500. Se ha compensado en otros puntos de la pirámide poblacional, porque de lo contrario no tendría explicación que Galicia haya mejorado sus cifras de población año a año, con un repunte anual en torno al 0,5%. Hoy, conforme a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 2.783.100 gallegos. De ellos, 715.483 tienen entre 15 y 34 años, ambas edades incluidas.

Para saber si ellos son muchos o pocos basta con establecer un paralelismo curso a curso en el último decenio. En la actualidad el censo de jóvenes gallegos supone un 25,7% del total. Con menos población, en el 2007 eran el 26,2%. En el 2006, un 26,8%. Y en 1998, con 60.000 gallegos menos, los mozos suponían un 30,3% del total. Se da así una paradoja que puede resultar grave si no se logra atajar: Galicia crece demográficamente, pero decrece en su tramo intermedio. De hecho, porcentualmente el número de chavales entre esas 15 y 34 primaveras decae a un ritmo de casi dos puntos porcentuales por año.

¿Qué causas están detrás? Se advierten varias. El envejecimiento poblacional, que no se ha logrado atajar desde hace décadas, y el fenómeno de la emigración juvenil, principalmente a otras comunidades. Conforme a los datos de que se dispone hasta la fecha -aún sin computar el 2007-, un 65% de las personas que optaron por salir de Galicia en los últimos cinco años estaba en ese tramo de edad. Hay que recordar que anualmente algo más de 20.000 gallegos han de optar por el éxodo, entre los que se van a otras comunidades autónomas y los que salen fuera de España.

Ese fenómeno, que se reproduce también en otras comunidades con problemas de crecimiento demográfico -Asturias o Extremadura-, provoca que la edad media poblacional aumente. Si a ello se suma que en ese último decenio (1998-2008) el número de personas por encima de los 75 años ha engordado en 45.000 ciudadanos, se pueden advertir también las tensiones poblacionales futuras.

Hay otro factor a tener en cuenta: la baja natalidad de finales de los ochenta y comienzos de los noventa en Galicia. Los niños que vinieron al mundo entonces son los que hoy tienen entre 15 y 20 años. Y es ahí donde ahora se nota una mayor diferencia.

¿Cómo se equilibra esa deficiencia? Por la inmigración en primer lugar, con nuevos gallegos que llegan con una edad media de 25 a 30 años. Por ello el declive poblacional en el censo gallego de jóvenes se ajusta a partir de esas edades. Hoy hay algo más de 95.000 foráneos empadronados en la comunidad, un 3,5% del total. Hace apenas seis años eran la mitad.

Debe tenerse en cuenta también que, conforme a los últimos datos de población, el número de partos de mujeres extranjeras se ha duplicado desde el ejercicio 2002. Por ello, lo previsible, salvo que no se ataje esa emigración juvenil, sería que la pirámide volviera a equilibrarse en esas edades medias conforme pasaran entre tres y cuatro lustros.

El PP extremeño exige la defensa del castellano en la Asamblea
P. VADILLO ABC 1 Agosto 2008

MÉRIDA. Los populares extremeños se han sumado al movimiento que desde múltiples ámbitos de la sociedad española se está produciendo en defensa de la lengua castellana y han decidido presentar una proposición no de ley en la Asamblea regional para que el Gobierno central garantice que todos los españoles tengan derecho a formarse en castellano en todas las etapas educativas.

El PP regional -que asegura que muchos españoles se sienten preocupados y observan con incertidumbre su futuro ante las actuales circunstancias económicas y sociales- considera necesario hacerse eco de las críticas de los ciudadanos «contra determinadas instituciones públicas que pierden tiempo y dinero al no garantizar los derechos de todos los españoles, en perjuicio de la lengua castellana». Por ello, el PP ha decidido presentar en la Asamblea de Extremadura una proposición no de ley para que el Gobierno de Zapatero garantice, «haciendo uso de sus obligaciones constitucionales», que todos los españoles tengan derecho a formarse en castellano en todas las etapas educativas y hacer uso del castellano siempre que lo deseen.

«Un deber y un orgullo»
Una decisión que anunció ayer el presidente del Partido Popular de Extremadura, Carlos Floriano, quien aseveró que «defenderemos la lengua común de todos los españoles». Los populares -según afirmó- «consideramos un deber y un orgullo defender nuestra lengua». El líder popular justificó la iniciativa de su grupo en la defensa de la libertad y la igualdad como valores, a su juicio, superiores del ordenamiento jurídico español. Para los populares «es tarea de los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas».

Después de las continuas discusiones sobre el uso del castellano en distintas comunidades, el PP extremeño recuerda que la Constitución proclama que «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio», principio que se hace patente en su artículo tercero, en relación con la lengua común de todos los españoles. «Al reconocer que el castellano es la lengua oficial del Estado, la Constitución ampara a todos los españoles en el deber de conocerla y en el derecho a usarla», apostilló Floriano.

Los populares, a través de un comunicado, exaltaron la defensa y el amparo a la libertad de los padres para educar y escolarizar a sus hijos en español. «Defendemos la igualdad de los ciudadanos españoles en el acceso a la función pública sin discriminaciones», aseguraron.

Democracia a la española
POR JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 1 Agosto 2008

APARTE de robarnos, secuestrarnos, extorsionarnos, chantajearnos, insultarnos, asesinarnos, están secuestrando la justicia, aprovechando la ingenuidad de unos, la complicidad de otros y la ignorancia de la inmensa mayoría. Me refiero a la gentuza de ETA, que, encima de todo ello, nos está tomando el pelo.

Si los sueños de la razón producen monstruos, los sueños de la ignorancia producen esperpentos. Como con los que nos dimos de bruces ayer al abrir el periódico: un condenado por 25 asesinatos, que tras ver reducida su pena al mínimo, podrá pasearse tranquila y diría olímpicamente entre los familiares de sus víctimas; una terrorista en la calle porque quiere ser inseminada artificialmente; una alcaldesa que se negó a condenar los atentados de ETA puesta en libertad «porque no hay riesgo de fuga». ¿Cómo va a haberla si su pueblo la ha recibido a bombo y platillo? En ningún sitio estará mejor y más segura que allí. Pero díganme ustedes si esto es justicia, decencia, democracia.

Nuestra asignatura pendiente más importante es creer que la democracia es débil, asustadiza, laxa. Cuando es el sistema político más robusto, firme y severo que existe, al estar legitimada por el Derecho y la voluntad popular. A diferencia de la dictadura, que carece de esa legitimación, la democracia no tiene complejos a la hora de hacer cumplir la ley. Puede ser generosa, y de hecho lo es con aquellos que muestran arrepentimiento y propósito de enmienda de sus delitos. Pero con quienes no lo hacen, no vacila en hacerles pagar la deuda que han contraído con la sociedad en general y con sus víctimas en particular. Pues la cárcel no es un reformatorio de menores. Es un lugar donde se paga el daño infligido a la sociedad.

Es lo que ha fallado desde el principio en nuestra democracia. Una mala conciencia por parte de quienes habían colaborado con el régimen anterior, una falsa progresía por parte del resto de las fuerzas políticas y un desconocimiento generalizado de lo que es la democracia nos hizo diseñar una justicia que velaba más por los derechos de quienes habían transgredido la ley que por los de quienes habían sufrido las transgresiones. Y eso no es justicia. Es fraude de ley, el peor crimen contra la democracia, que busca, ante todo, la defensa de los débiles y el castigo de quienes abusan de la fuerza.

Esta deriva antijurídica y antidemocrática ha desembocado en el esperpento de hoy. De Juana ha podido reducir su condena a menos de un año por asesinato perpetrado fabricándose un expediente académico a base de «exámenes patrióticos» - ¡a ver quién era el guapo que se atrevía a suspender a un tipo así!-, que no le han hecho doctor en física cuántica porque no le dio la gana. Mientras Elena Beloki abandona la cárcel tras cumplir sólo un año de los 13 a que había sido condenada porque, a sus 47 años, quiere ser fecundada artificialmente. Imagino que sus compañeras de bomba y pistola encarceladas se apresurarán a querer ser madres cuando se corra la voz de que ese es el mejor atajo para abandonar la celda, y hasta puede que pidan que el tratamiento se lo pague la Seguridad Social, no estando descartado que se les conceda. Por cierto, ¿se les concederá el mismo privilegio a las presas comunes que muestren su deseo de ser inseminadas? Porque el colmo del esperpento sería que se le concediese sólo a las etarras. Aunque tampoco debería extrañarnos a la luz de los desmanes legales y las ignominias políticas que hemos visto en el País Vasco, donde ETA ha gozado de trato de favor por parte de un nacionalismo que recogía las nueces del árbol que los terroristas sacudían y de un gobierno, como el actual, tan empeñado en negociar con ellos que no le importaba ceder al chantaje de un asesino convicto, mientras se duchaba con su novia. De aquellos polvos vienen estos lodos.

Los resultados de tal tergiversación están a la vista: los muertos al hoyo, los asesinos, al bollo y nosotros, presumiendo de democracia. Claro que también presumíamos de una de las economías más vigorosas del planeta.

Ángel Herrera Oria
El fracaso de la Transición
El fracaso de Herrera Oria es semejante, por lo tanto, al fracaso de Ortega y Gasset. Es, en verdad, la síntesis de liberales y cristianos el principal problema ideológico que deberá resolver el PP si quiere llegar al poder.
Agapito Maestre Libertad Digital 1 Agosto 2008

Asisto a un curso sobre Ángel Herrera Oria en Santander organizado por la Asociación Católica de Propagandistas. Todos los participantes coinciden en que es imposible comprender la historia de España del siglo XX sin la figura de Herrera. Todos ellos tienen razones suficientes para defender esa tesis, pero esa razonable y justa posición contrasta con el escaso conocimiento que se tiene de Herrera Oria fuera de los círculos de los especialistas. He ahí la primera señal para hablar de Ángel Herrera Oria como una causa perdida. Un fracaso. Naturalmente, no quiero decir que él sea un fracasado, sino que la sociedad ha fracasado por no tomarse en serio su mensaje. El fracaso es antes una cuestión social e histórica que subjetiva. Es otra manera de hablar del fracaso de una sociedad. Es una forma literaria de abordar la moral y la política.

La biografía de este personaje es, sin duda alguna, una de las principales causas morales y políticas de España, pero es menester reconocer que ha perdido, o peor, ha sido vencido por sus adversarios y enemigos para actualizar su mensaje. Su razón de ser ha fracasado en la historia política de la España contemporánea de modo parecido al fracaso del liberalismo de Ortega. Sin embargo, que no hayan triunfado ni uno ni otro en el terreno de la práctica, de lo concreto, no dice nada en contra de esos principios, pensamientos y proyectos culturales, sino contra el salvajismo que impide la existencia de ciudadanos cristianos o ciudadanos liberales, respectivamente.

El fracaso de Herrera Oria es semejante, por lo tanto, al fracaso de Ortega y Gasset. Es, en verdad, la síntesis de liberales y cristianos el principal problema ideológico que deberá resolver el PP si quiere llegar al poder. Dudo mucho de que los actuales dirigentes aborden el asunto, cuando ni siquiera son capaces de asumir con contundencia y efectividad los principios del llamado ciudadano cristiano, que está siendo expulsado por el Gobierno del espacio público con la saña propia de regímenes totalitarios... En todo caso, Herrera tuvo su último momento de éxito durante la Transición. Eso fue lo que mantuvo Alfonso Osorio, vicepresidente del Gobierno durante la primera época de Suárez y discípulo de Herrera Oria, en su intervención a favor de esa causa perdida.

Aunque él murió en 1968, según Osorio la Transición española habría sido inviable sin los principios de Herrera. Fue, sin embargo, su último y efímero éxito, porque muy pronto todo se fue a pique, entre otros motivos por una ley electoral con listas cerradas y bloqueadas y un Estado de las Autonomías absurdo. Hoy, en verdad, España vive de las pocas luces que aún quedan encendidas de ese período iluminador de nuestra historia reciente. El poderío de los principios y la acción política que Herrera defendió aún siguen vigentes: fortaleza en los principios del ciudadano cristiano y flexibilidad en las formas de organización política, defensa sin límite de las libertades, empezando por la de conciencia, y diálogo permanente con todos los adversarios políticos.

Defensa, en fin, de la ciudadanía, de la posibilidad de crecer como ser humano en lo público por encima de cualquier imposición de una casta política o intelectual. Esta sigue siendo la idea firme de un ciudadano cristiano, de un ciudadano a la altura de su tiempo. He ahí mi preferencia por una causa perdida en la España de Zapatero, o sea, la España de la persecución de las libertades en general y de las religiosas en particular. Contra esa persecución vale la pena arriesgarse por una causa perdida. Es la causa de Herrera. Es una forma estoica, española, de vivir en el fracaso.

La indefensión absoluta o la dictadura mediático-judicial que se nos viene encima
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 1 Agosto 2008

Tras mi condena por la jueza Remírez en el caso Zarzalejos, y dados los términos en que se produce, a mi juicio radicalmente incompatibles con la libertad de expresión según la define y defiende el artículo 20 de la Constitución, debería proclamar la absoluta indefensión en que me coloca esa sentencia. Pero creo que ni a eso me deja derecho. ¿Puedo criticar a la jueza? No lo sé, pero diríase que no. Dada su poca, por no decir nula, comprensión de la función de los medios de comunicación en la sociedad democrática, es de temer que se saque de la manga alguna forma de desacato, que es algo así como el honor de los jueces visto por los jueces mismos, y me crucifique después de apalearme. Sí, me considero una víctima de esa sentencia que considero injusta, y lo soy hasta tal punto que ni siquiera sé si tengo derecho a defenderme. Según la sentencia, creo que no.

Si yo no temiera la arbitrariedad de la Justicia española en general y de ciertos jueces o juezas en particular, podría decir que una sentencia que se lanza sin un solo argumento serio a castigar con multas estratosféricas el supuesto "daño moral" infligido en un área tan nebulosa como la del "honor" al director de un medio de comunicación por el director de otro medio de comunicación enfrentado políticamente con él no es compatible con una sociedad democrática y un Estado de Derecho digno de tal nombre. Pero como no tengo ninguna confianza en una justicia politizada hasta el tuétano y aún menos en un caso político de cabo a rabo y que sigue paso a paso el Caso Gallardón, no puedo ni siquiera pedir justicia. Porque esa sentencia me condena a la total indefensión.

Puedo apelar, claro, pero la condena infligida por esta sentencia a mi honor personal, a mi familia y a mi prestigio profesional, ¿me la pagará la jueza Remírez si una instancia superior la revoca? Lo dudo. ¿Me la pagará el director de ABC en el momento de los hechos, que de forma astutamente torticera y lacrimosa ha presentado una típica pelea política entre medios de comunicación como el asalto a un pobre padre de familia indefenso por parte de un periodista omnipotente y malvado? Zarzalejos, personalmente o a través de su periódico, ha atacado mi honor personal, sea lo que sea esa figura, y mi integridad profesional en centenares de ocasiones. Pero, lo mismo que hay clubes que ganan en los despachos lo que pierden en el campo de fútbol, hay periodistas que si no ganan al enemigo político en un debate de opinión lo intentan aplastar en los tribunales sin dejar de atacarlo en sus medios. Y a veces les sale bien.

Si los zarzalejos, cebrianes o gallardones, piezas de un mismo bloque político y mediático que está dispuesto a cambiar el régimen constitucional español sin consultar a los ciudadanos y machacando a los pocos medios de comunicación que nos oponemos a su dictado, acuden a los tribunales para continuar en los estrados la misma campaña de destrucción personal y profesional que llevan a cabo en sus medios, no lo hacen sólo por jugar a la lotería de las fidelidades político-mediáticas de las distintas familias judiciales, sino porque en el ámbito de la Justicia ha cundido también la especie de que todo vale y de que hay que hacer méritos ahora para prosperar en el régimen que viene. Y porque hay jueces que se arrogan por sí y ante sí la capacidad de decidir lo que es necesario o innecesario, insultante o no, pertinente o no en un debate político dentro de los medios. La jueza Remírez va aún más lejos que la jueza del Caso Gallardón y dicta que no puedo criticar a Zarzalejos por nada de lo que haya hecho –sea hundir el ABC o tratar de hundir la COPE–, como si yo fuera un maltratador de periodistas contra el que se dicta orden de alejamiento. Así que, con todo el respeto que merece, y si me atreviese a decirle algo, yo le rogaría a la señora Remírez que me diga de qué puedo hablar y qué adjetivos puedo usar, así como el tono que debo utilizar en los micrófonos.

Si una Justicia desnortada cuanto implacable impone la vuelta a la censura previa o a la autocensura, yo prefiero la primera. Pero sin la benéfica orientación censora uno se siente, sobre indefenso, perdido en un sombrío bosque embrujado, o sea, enrevesadamente judicial. Como hay una sentencia divertidamente clásica de un juez de lo mercantil, que hizo la lista de adjetivos que se podían o no podían decir a Zarzalejos, y aunque luego fue revocada de forma drástica en una instancia superior y más sensata, yo me atrevería a pedir a la jueza, si no temiera su justicia, que me dijera también los sustantivos y adjetivos que puedo utilizar contra los periodistas y medios que, como Zarzalejos, se meten conmigo salvajemente a diario.

Y si mi único derecho es el de callar, también agradecería que se me dijera. ¿Pero a quién llamo? ¿A Cándido, cuyo representante respaldó la demanda del otrora director de ABC, y al que en un día de ferocidad insultadora llamé "malo"? ¿O a Bermejo, aunque osé llamarle Bermejinski? La verdad es que, sobre estar indefenso, temo fundadamente que me corten el teléfono.

Cadena perpetua
POR EDURNE URIARTE ABC 1 Agosto 2008

Del asesinato de Carrero a la liberación de De Juana Chaos el balance es inquietante. Ni los gobiernos, ni el Parlamento ni el poder judicial han estado a la altura del proceso. Lo dije antes de ayer: ¿cómo es posible que en estos treinta años de los terrorismo nadie haya querido plantear la cadena perpetua? La respuesta, a mi entender, es clara: los partidos han tenido siempre un complejo de fondo ante el nacionalismo vasco incluidas sus formas terroristas. La insistencia en negar el carácter político de ETA y dejarla reducida a un hecho de banda criminal y mafiosa venía a demostrar la cobardía intelectual y moral de los partidos democráticos. En el fondo se esperaba que diera resultado un tratamiento policial y judicial no excesivamente riguroso. Se esperaba que los chicos díscolos, coyunturalmente entregados al Terror, volvieran a la casa del padre, esto es, a las formas razonables del nacionalismo. Siendo las cosas así ¿cómo recurrir a los métodos de represión más duros? ¿No supondría eso una ruptura definitiva de una gran parte de la sociedad vasca?

El tributo de vidas, pagado por los socialistas y los «populares» (en su día UCD) al nacionalismo no disculpa los enormes errores de ambos. Los primeros han querido representar siempre la «centralidad» en un caso donde ésta no es posible porque el PNV y ETA tienen lazos de sangre; los segundos no han querido volcar su enorme fuerza en el resto de España por miedo a ser tratados de continuadores del franquismo. Por supuesto, ni los unos ni los otros han querido plantearse la aplicación de la cadena perperpetua a los autores de «asesinatos políticos». No han querido entender que los miembros de una organización terrorista no pueden beneficiarse del arrepentimiento, ya que en ellos la disciplina está por encima de la voluntad individual. ¿Cómo podrían entenderlo si los socialistas les consideran dignos de sentarse a negociar y los «populares» sueñan con hacer la misma política que sus contrincantes?

Que la liberación de De Juana Chaos, que va a hacer de mañana un día «histórico», haga reflexionar un poco a nuestros dirigentes. Si fuera así, la humillación general no sería tan inmensa.

Otra Transición
POR GERMÁN YANKE ABC 1 Agosto 2008

Comienza agosto. Ahora que el Gobierno, salvo algunos exagerados, está de vacaciones, podemos, si se me permite la broma, hablar más claramente. Este Gobierno «reformista» tiene un programa, por parcial, timorato. El gran cambio que prometía al comienzo del primer mandato de Zapatero se ha quedado, solamente, en la «reforma territorial», que es un eufemismo para dar cabida a un liderazgo más por agregación territorial que por el impulso de un proyecto democratizador, y en lo que los socialistas han denominado «ampliación de derechos» o, en momentos de mayor exaltación, la creación de nuevos derechos.

Parecerá a muchos que, tras las turbulencias causadas por todo ello, decir que el cambio se ha quedado sólo en eso es una suerte de broma que para algunos será incluso de mal gusto. Sin embargo, refleja, a mi juicio, que la mirada del Gobierno es pacata. La reforma de los Estatutos, con el de Cataluña como faro para que todos (todos los territorios o, mejor, los dirigentes territoriales) puedan sentirse a gusto ha sido un fiasco que, además, no resuelve los problemas ni las pretensiones etnicistas o de privilegio que alientan muchos de ellos. Los planes de Ibarretxe y, en otro orden, el pasmoso debate sobre las balanzas fiscales, lo demuestra más claramente que cualquier larga descripción. Los «nuevos derechos», es cierto, estaban en el programa electoral del PSOE, como tantas veces ha recordado el Gobierno y su partido, pero, entre tanta barahunda, se han dejado de lado algunas de las reformas más radicales y más necesarias.

Desde la derecha, o desde algún sector de la derecha, la combinación de nuevos derechos y reformas territoriales se ha tachado, con una fórmula a todas luces inapropiada, de «segunda transición». Pero lo cierto es que ha quedado arrumbada la necesaria transición, la otra transición, en beneficio de propuestas y reformas partidistas. Ni niego que estas sean legítimas e incluso algunas necesarias, pero la transición, si se permite el juego de palabras, de la Transición a la Democracia ha quedado abandonada. No hay modo de pasar del interés por los partidos políticos, que presidió los delicados años tras la muerte del dictador, a la preocupación eficiente por los ciudadanos, que sería la verdadera -y conveniente- segunda transición.

Se discute y se negocia ahora, por ejemplo, la reforma de la Justicia. Se habla de modernización, de mejoras técnicas e informáticas, de presupuestos. Magnífico. Quizá incluso se llegue a un acuerdo sobre la renovación del Consejo General y del Tribunal Constitucional. Sin embargo, nada sobre conseguir la independencia del Poder Judicial, asunto que constituiría uno de los elementos fundamentales del camino hacia una democracia consolidada y que ha quedado una y otra olvidado. No fue, desde luego, una preocupación de los protagonistas de la Transición. Se quebró aún más cuando se modificó el sistema de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces. Y el PP abandonó su propuesta de reforma cuando había ganado las elecciones por mayoría absoluta en beneficio de un consenso con un PSOE que, como se ha vuelto a ver ahora, en plena fiebre de reformas, no contempla la independencia de la Justicia como un elemento clave. Si Montesquieu no ha muerto, que es difícil matarlo con tan poco bagage intelectual, se le ha dejado de lado confundiendo el Estado (la Justicia es un poder del Estado) con el poder legislativo que, además, está entre nosotros -sistema electoral de por medio- controlado por el ejecutivo. Un drama ya que, a la postre, se confunde el Estado con el Gobierno, motivo por el que seguramente, con el invento de los consejos regionales, se quiere adjudicar un poder judicial a todo poder territorial. Si se hablase del Estado no sería el caso...

Así que la transición ahora necesaria, las reformas que exige una democracia seria, no están en los planes del momento. En plena búsqueda de consenso, aparece para presidir quién sabe si el CGPJ o el Constitucional el nombre, entre otros, del ex ministro Ledesma, hombre de partido como dice su biografía al margen de sus conocimientos jurídicos. Todo un símbolo del lugar adonde nos puede llevar este idílico apalancamiento en lo heredado, en vez de afrontar las reformas necesarias. No es la de la Justicia la única, pero sí decisiva para pasar de una vez de un periodo postdictatorial (en el que se protegía a los políticos) a uno democrático en el que se proteja a los ciudadanos, ¿Pero serán capaces los partidos de desprotegerse a si mismos, pienso ahora en el sistema electoral, y abrirse -con las listas- a los ciudadanos?

España
El TC «tumba» los poderes exclusivos que el Estatut da al «Síndic de Greuges»
Cree inconstitucional que sólo el Defensor del Pueblo catalán supervise a la Generalitat
El Pleno del TC cree que las competencias exclusivas atribuidas al «Sindic de Greuges» son inconstitucionales.
F. Velasco La Razón 1 Agosto 2008

madrid- Los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) han llegado a la conclusión de que las competencias exclusivas que el Estatuto de Cataluña atribuye al «Síndic de Greuges» (Defensor del Pueblo catalán) son inconstitucionales. Tras más de seis meses desbrozando el recurso presentado por el PP, que considera contrarios a la Carta Magna 114 artículos y doce disposiciones de la norma estatutaria, el Pleno del TC ha concluido de forma mayoritaria (con el respaldo de algunos magistrados del sector «progresista») que esas disposiciones referentes a las competencias exclusivas del Defensor del Pueblo catalán vulneran la Constitución española, según aseguraron fuentes conocedoras de las deliberaciones.

Entre el sector «conservador» crece la preocupación por el hecho de que algunos de los futuros magistrados del TC puedan ser recusados, especialmente si proceden del grupo mayoritario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dado que, recuerdan esas mismas fuentes, éstos firmaron un informe que advertía de la inconstitucionalidad de algunos artículos del Estatuto de Cataluña. Este hecho sería suficiente para apartarles -como ya le sucedió al magistrado Pablo Pérez Tremps, que elaboró un informe sobre la norma para la Generalitat- del debate sobre los recursos de inconstitucionalidad contra el texto estatutario. El TC está pendiente de la renovación de cinco de sus magistrados, cuatro de ellos de tendencia «conservadora».

Sólo ante el «Síndic»
El Estatut establece en su artículo 78 que es el «Síndic de Greuges» quien tiene la función de proteger y defender los derechos y las libertades reconocidos por la Constitución y el Estatuto y quien supervisará, «con carácter exclusivo», la actividad de la Administración de la Generalitat o de los organismos públicos o privados vinculados o que dependan de la misma, entre otros. Es decir, que los ciudadanos no pueden recurrir al Defensor del Pueblo español para presentar sus quejas contra los poderes públicos en Cataluña.

Eso sí, el texto estatutario añade que ambos «colaboran» en el ejercicio de sus funciones, una redacción que deja en el aire, según el propio Enrique Múgica, Defensor del Pueblo, la garantía de que todos los ciudadanos, incluidos los de Cataluña, tengan la opción de defender sus derechos fundamentales a través de la institución que preside.

Múgica también recurrió ante el TC 109 artículos y cuatro disposiciones del Estatuto catalán. El Defensor del Pueblo apela al «valor superior de la igualdad» que consagra la Constitución Española para justificar su recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut, que según él instaura una «desigualdad» entre ciudadanos. Al dar a conocer su recurso, Múgica resumió en siete capítulos sus argumentos: la regulación de derechos y deberes y los principios rectores; el origen del poder de la Generalitat (que sea el pueblo catalán, lo que «expresa una diferenciación» con la soberanía nacional); la regulación de la lengua, el capítulo judicial, las competencias, la bilateralidad y la exclusividad del Síndic de Greuges para supervisar a la Administración catalana.

Supervisar la Administración
El artículo 54 de la Constitución Española establece que una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, «como alto comisionado de las Cortes Generales», y será designado por éstas «para la defensa» de los derechos y libertades fundamentales, «a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales». Éste es uno de los preceptos constitucionales que, según el PP y el Defensor del Pueblo, habría conculcado el Estatuto catalán.

EL EQUIPO DE FÚTBOL TENÍA CONTRATADO EL VUELO CON UN OPERADOR
El Barça rechaza volar a EEUU con Air Berlin porque no potencia el uso del catalán
 EUROPA PRESS EL MUNDO 1 Agosto 2008

BARCELONA | PALMA.- El FC Barcelona ha rechazado realizar el viaje de su primer equipo de fútbol de Pisa a Chicago en una aeronave de LTU, perteneciente a la compañía Air Berlin, pese a que ya había pagado los gastos del vuelo, a raíz de la polémica surgida en torno al uso de la lengua catalana en las relaciones de la aerolínea alemana con sus clientes, por lo que finalmente ha optado por desplazarse en un vuelo charter de Pullmantur.

El director general de Air Berlin para España y Portugal, Álvaro Middelmann, expresó su "perplejidad" ante la cancelación del vuelo y afirmó, por las justificaciones que han llegado a la compañía desde el club azulgrana, que "indudablemente" se debe a la negativa de la aerolínea de potenciar el catalán en sus vuelos. Otras fuentes de la compañía también han confirmado que esta cancelación "está ligada con la lengua".

Middelmann, sin embargo, aseveró que "no somos apestados" por el hecho de no dedicar recursos a la implantación de la lengua catalana en los vuelos que recalen en los territorios donde se hable este idioma, incidiendo en que para la compañía no es posible llevar a cabo esta iniciativa. "No es por rechazo al catalán, sino que para una compañía alemana fomentar el castellano ya nos supone un esfuerzo muy grande", puntualizó.

Así, aseguró sentirse "sorprendido" ante la decisión del Barcelona y consideró que los argumentos esgrimidos por el club son "bastante peregrinos". Según señaló, Air Berlin deberá reintegrar el 50% del coste del trayecto a la empresa a través de la cual el conjunto catalán contrató el vuelo, mientras que la otra mitad quedará en manos de la 'low cost' en concepto de gastos por la rescisión del acuerdo y condiciones establecidas en el contrato.

La polémica surgió por la petición del Govern balear para que la aerolínea alemana utilizara el catalán en sus comunicaciones

En declaraciones a elmundo.es, el Barcelona ha reconocido el cambio de vuelo, pero se ha eludido entrar en valoraciones del motivo que les llevó a hacerlo. Esta mañana la cadena Cope informó de que el Barcelona ha obligado al 'broker' encargado de la operación a rescindir el acuerdo y buscar otra aeronave, perteneciente a Air Pullmantur, en la que han viajado plantilla, técnicos y el resto del personal.

La polémica en relación a Air Berlin surgió a partir de la petición que el Govern balear realizó mediante una misiva a la aerolínea, a través de la Dirección General de Política Lingüística, para que utilizase la lengua catalana en las comunicaciones con sus clientes.

Desde Air Berlin recuerdan el importante volumen de turistas que viajan a Baleares con la compañía al cabo del año, por lo que aseguraron "no entender" por qué desde el Govern se preocupan por una cuestión como ésta, cuando existen "otras prioridades mucho más relevantes".

En este contexto, hicieron hincapié en que en España hay "otras lenguas cooficiales que merecen todo el respeto" pero que la compañía no utiliza, y defendieron el "derecho de una empresa privada internacional a expresarse como considere oportuno".

"Me hacen la vida imposible"
El entorno 'abertzale' se ha ensañado con un militante del PP en Bilbao tras verle en televisión con Aznar en 1998

KARIM ASRY - Bilbao El País 1 Agosto 2008

Parece un día cualquiera en el bar de Modesto Fernández. Los clientes departen sobre el calor mientras el dueño del local hace las cuentas, como si nada hubiese ocurrido el miércoles pasado. Como si cuatro encapuchados no hubieran atacado con un cóctel mólotov el coche de este militante "de toda la vida" del PP, que ejerce de representante de la formación en el consejo de distrito de Santutxu, un barrio de Bilbao en el que la izquierda abertzale mantiene una arraigada presencia. Como si no tuviese que llevar escolta desde el año 2000, cuando su nombre apareció en alguna lista de objetivos de ETA.

La historia de este hombre de 61 años, de origen gallego, es la del surrealismo al que se enfrentan los amenazados, frente a unos radicales que les tildan de fascistas y a continuación pintan una diana con su nombre. Fernández asegura que le han destrozado la vida. "Mi mujer tiene un trastorno psicológico, mi hija tuvo que vivir fuera varios años y yo, que quería abrir una franquicia de locales y un servicio de comidas, me tengo que conformar con este bar", resume.

Unos amigos le avisaron el miércoles por la noche que su Audi estaba ardiendo. "Lo apagamos como pudimos con un par de chaquetas". Hicieron lo mismo con el cajero de Caixa Galicia situado a unos metros, también atacado. Ya van muchos disgustos, cuenta. En enero de 1999, su cafetería acabó destrozada por las llamas. "Creo que todo empezó cuando me vieron en la televisión con José María Aznar en La Moncloa", relata. Unos meses antes del incendio, en 1998, el entonces presidente de Gobierno invitó a varios cargos y afiliados del PP vasco a una de sus recepciones. Salió a la derecha de Aznar. Era fácil reconocerle. Desde entonces, se siente vigilado. "Intentan hacerme la vida imposible para que termine haciendo las maletas y me vaya", explica. Le ven como un extranjero en el barrio, aunque lleve ahí más años que muchos de sus acosadores. El incidente más reciente fue la semana pasada. Entre diez y veinte radicales se plantaron en la puerta y escenificaron una corrida en la que uno hacía de guardia civil persiguiendo a un toro, mientras los demás se divertían escupiendo a los clientes que salían del bar.

Fernández recibió varias llamadas de sus compañeros del PP. También le llamó el concejal del PSE en su zona para solidarizarse. Nadie del Gobierno vasco, ni del PNV, se ha puesto en contacto con él. "Ni han llamado, ni llamarán", asevera. Las muestras de cariño que recibe de sus vecinos suelen ser discretas, en privado. A muchos les puede el miedo, afirma. Y los entiende, porque nadie quiere ver su nombre cercado por una diana.

El alcalde de Mérida llama «hijo de puta» al edil catalán que instaba a apadrinar niños extremeños
P. V. ABC 1 Agosto 2008

MÉRIDA. «Para sacar a unos niños sucios que parecen de la película «Los Olvidados» de Buñuel diciendo apadrina un «nen» extremeño hace falta ser un auténtico hijo de puta». Así se refirió ayer el alcalde de Mérida, el socialista Ángel Calle, al escándalo provocado por Lluis Suñé, concejal de Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) en Torredembarra (Tarragona) , al publicar en su blog personal una invitación para apadrinar niños extremeños por 1.000 euros al mes.

Calle, que calificó a Suñé de «profundamente cateto y aldeano», acusó al candidato de ICV-EUiA por Tarragona en las elecciones generales de «burlarse de un pueblo trabajador» y de «utilizar una crítica absolutamente epidérmica, incapaz de penetrar, simplista y fascistona», la cual «consigue lo contrario de lo que pretende», puesto que lo que ha logrado es «elevar la autoestima de los extremeños».

La iniciativa de Suñé provocó la indignación unánime de todas las formaciones extremeñas. Así, el coordinador general de IU en esta Comunidad, Pedro Escobar, exigió ayer a ICV que inicie los trámites para romper sus relaciones con EUia, partido con el que está coaligado en Torredembarra. Escobar manifestó su «repugnancia, desagrado y rechazo» a la actuación de Suñé y consideró lamentable tener «ciertos compañeros de viajes» que lo único que buscan es «notoriedad».

Por su parte, mientras el presidente del PP extremeño, Carlos Floriano acusó a Suñé de «arremeter zafia y groseramente» contra los ciudadanos de esta Comunidad, la presidenta de Unión del Pueblo Extremeño (UPEx), María Victoria Domínguez, anunció que su partido iniciará acciones legales contra el concejal catalán.

Desde la Junta de Extremadura, su presidente, el socialista Guillermo Fernández Vara, afirmó que lo que le «pide el cuerpo» es «invitar a este señor a darse una vuelta por aquí» para que compruebe lo que se ha logrado «con el esfuerzo de toda una generación de gente que decidió quedarse aquí cuando muchos se fueron y ahora son vecinos del señor Suñé».
 

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