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Recortes de Prensa    Domingo 3 Agosto 2008

De Juana ya está en la calle
De los tres mil años que este vil asesino debería haber permanecido en prisión tan sólo habrá cumplido veintiuno. Esto implica que, por cada una de sus víctimas, habrá pasado, tan sólo, algo más de diez meses entre rejas.
EDITORIAL Libertad Digital 3 Agosto 2008


No por anunciada y conocida la liberación de Iñaki de Juana Chaos ha sido menos dolorosa para las víctimas del terrorismo y todos los españoles de bien. La excarcelación de este sanguinario terrorista se ha llevado a cabo el primer sábado de agosto tras un continuado goteo de noticias que confirmaban las peores sospechas y auguran un futuro incierto ante el supuesto cambio de rumbo tomado por el gobierno Zapatero.

No obstante, ni el comienzo del mes de vacaciones por excelencia ni el fin de semana han evitado que cientos de personas se echaran a la calle en toda España para exigir Justicia y mostrar su repulsa a la excarcelación. La imagen sonriente del terrorista junto a su mujer contrastaba con el sufrimiento de los familiares de sus víctimas a las que jamás podrán restituir sus vidas. Una estampa que recuerda a la ignominia que ya sufrieron cuando el Gobierno negociaba con la banda terrorista y concedía graciosos privilegios a un De Juana que fingía huelgas de hambre.

De los tres mil años que este vil asesino debería haber permanecido en prisión tan sólo habrá cumplido veintiuno. Esto implica que, por cada una de sus víctimas, habrá pasado, tan sólo, algo más de diez meses entre rejas. Una reducción de pena que ha sido posible gracias a una legislación buenista y al falseamiento documental de sus títulos académicos. De haber existido voluntad política, ambas causas podrían haber sido corregidas en su momento. En primer lugar, tal y como han señalado PP y UPyD, llevando a cabo las reformas legislativas necesarias para que los terroristas cumplan íntegramente sus penas y no puedan reincorporarse a la sociedad a menos que se corroborae su arrepentimiento. Y, en segundo, permitir y alentar a la Justicia para que verifique el fraude documental que conllevaría el reingreso en prisión del terrorista De Juana.

Son muchos los adjetivos que podríamos encontrar para calificar la salida a la calle de este asesino con veinticinco muertos a sus espaldas pero, siendo repugnante uno de ellos, parece una muestra de hipocresía que sea el mismo Gobierno que consideró a Otegui un "hombre de paz" y amparó el mal llamado proceso de paz quien lo utilice en esta ocasión. Hipócrita porque mientras De Juana sale de prisión los socialistas continúan negándose a derogar la resolución del Congreso que ampara el diálogo con los asesinos. Hipócrita porque durante las negociaciones con los terroristas el Gobierno señaló a quienes descubrían sus mentiras como antipatriotas que entorpecían el final de ETA. Hipócrita porque los atentados terroristas que ahora se condenan entonces eran calificados por Zapatero como accidentes. Hipócrita porque de poco sirven ahora las apelaciones a la memoria y la dignidad de las víctimas cuando el Gobierno y sus apéndices mediáticos las sometieron a una campaña de acoso y derribo que nunca olvidarán.

Si bien las medidas de la fiscalía y la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado apuntan en la buena dirección, el Partido Popular no puede ni debe olvidar que fue Zapatero quien –en palabras de Mariano Rajoy- traicionó a los muertos al dialogar con ETA y estableció un precio político al fin del terrorismo. Si el Gobierno quiere demostrar su buena fe en la lucha antiterrorista los pasos a seguir son claros: mantener la presión policial contra el entramado etarra, emprender las reformas legislativas necesarias para que el cumplimiento íntegro de penas sea una realidad, terminar con los privilegios penitenciarios e instar a la fiscalía para que ilegalice a los apéndices políticos de los terroristas demostrando que la libertad y el respeto a la ley no son, bajo ningún concepto, negociables.

Un escándalo equivocado
POR M. MARTÍN FERRAND ABC 3 Agosto 2008

HEMOS sido los españoles, desde siempre, fáciles para el escándalo. Acogemos los acontecimientos, de modo fingido o natural, con más ruido del que les corresponde y ello suele servirnos para el escaqueo de nuestra propia responsabilidad. Sobre todo, para dejar en dichos rimbombantes y tremendos lo que debieran ser nuestros hechos cabales y constantes.

Baltasar Gracián, que como buen jesuita era un magnífico predicador, solía poner con sus homilías el dedo en la llaga de la sociedad de Valencia, en donde estuvo destinado. Conseguía con sus sermones mover conciencias y promover conductas. En cierta ocasión dijo haber recibido una carta del Infierno y anunció su lectura para una próxima plática. Buen argumento para el escándalo del poder. El obispo, a instancias de la nobleza, le mandó de cura castrense para acompañar a las tropas que, en Lérida, luchaban contra los franceses. Así, tan finamente, los piadosos seguidores del genial escritor perdieron la oportunidad de escandalizarse con el mensaje del averno para que el poder -civil y eclesial- no tuviera que hacerlo con las admoniciones morales, sutiles e incisivas del más notable de los escritores nacidos en Aragón.

La decadencia que vive la España de hoy no es muy distinta de la que Gracián señalaba en sus días, hace casi cuatro siglos. La diferencia reside, si es que lo hace, en que la socialización de las costumbres nos permite escandalizarnos al unísono a gobernados y gobernantes. Nosotros, sin reparar en nuestra responsabilidad ciudadana, al elegir a quienes elegimos. Ellos, obedientes a su sigla, para no tener que reconocer su autoría en las causas que dan lugar a los efectos que nos soliviantan y encrespan.

En las últimas horas, España entera ha sido un agraviado grito de protesta e indignación por la puesta en libertad, tras cumplir la condena que le impusieron los jueces, del singular etarra y múltiple asesino Ignacio de Juana Chaos. Ha vuelto a cundir el escándalo, que es nuestro modo de no enfrentarnos a la realidad, huir de ella y consolarnos con un exabrupto. Lo escandaloso no es que De Juana salga de la cárcel después de pagar menos de un año de prisión por cada uno de las dos docenas de ciudadanos honrados que se llevó por delante.

De Juana es una carta llegada del Infierno y jaleada por el nacionalismo vasco. En lugar de leerla en la fecha de su expedición, como advertencia y enseñanza de lo que es ETA y dónde llegan su saña y su maldad, se le ha dejado pasar. En todo ese tiempo de daños acumulados, en el que hemos conocido distintos gobiernos, ninguno de los poderes del Estado ha tomado la iniciativa para que la ley previese éste y otros casos parecidos en los que los asesinos pueden pasear, si ese es su deseo -incluso con protección policial para que nada pueda ocurrirles-, en ofensa y provocación a sus víctimas. El verdadero escándalo, como siempre, está justo al lado de aquello por lo que decimos escandalizarnos.

De Juana como revelador.
Pío Moa Libertad Digital

*** “MARIANO RAJOY, EN ABC
"Convoqué la marcha contra De Juana y me llamaron fascista; hoy el Gobierno rectifica"
Este tío, ¿nos toma a todos por imbéciles, o lo es él? ¡La marcha contra De Juana, como si él mismo se hubiese liberado! ¿No era contra el gobierno amigo de De Juana, de su libertad y del “diálogo”? El problema nunca fue De Juana, sino sus colaboradores en nombre de la paz. Ellos le han puesto en libertad. Y quien ha rectificado, del modo más repulsivo, es el fulano de la Nena Angloparlante.

*** Cospedal: "Las leyes, para ser buenas, deben responder a la sensibilidad de los ciudadanos, a la dignidad y a la justicia". ¿Va a cambiar las leyes de la noche a la mañana, para impedir la tropelía? Y vaya un criterio, por la boca muere el pez. Pues mire usted, demagoga, entre los ciudadanos hay muchas sensibilidades y opiniones, y cuando se ven manipulados a diario por embusteros como ustedes y sus amigos del PSOE, llegan a aceptar por mayoría leyes antidemocráticas e inmorales. Inmorales como ustedes mismos. Y para dignidad y justicia, la que revela el PP todos los días, haciendo el trabajo sucio del PSOE en relación con Jiménez Losantos, por ejemplo. O haciendo como que protesta por lo de De Juana.

*** Basagoiti: "De Juana ha tomado el pelo a la democracia". Miseria del individuo. Quien toma el pelo a la democracia es el gobierno. Y el PP. Y Basagoiti, el traidor a María San Gil, por un carguillo.

*** “Ana Mato reivindica en Menorca un PP "unido, fuerte y sin luchas internas".
Unido en torno al Solemne y su troupe. Nadie proteste, o las poltronas correrán peligro, he ahí la moraleja. He ahí al PP de Rajoy, más repulsivo, repito, que el PSOE, más engañabobos.

*** LES INSTA A SEGUIR EL GIRO DE RAJOY
El País: "¿Seguirán los obispos la línea de oposición radical al Gobierno?"

¿Seguirá el prisaico sindicato del crimen manipulando a la opinión y chantajeando a los obispos? Por supuesto.

*** “De Juana me genera desprecio, pero hay que respetar la ley”, dice Zapo, el individuo que un día sí y otro también pisotea la Constitución. De Juana no está en la calle por ninguna ley, está por el “proceso de paz”. Se trata de un desafío más del gobierno del diálogo con los asesinos, aprovechando el verano, una prueba a ver cómo reaccionan la sociedad y la indecente oposición de la Nena Angloparlante. Reacción plenamente satisfactoria esta última, para los amigos de De Juana. La política como estafa permanente al ciudadano. Una democracia podrida, en plena involución.
Si esto ha de seguir así, al menos no cerremos los ojos. Ni la boca.

Fe de errores
POR IGNACIO CAMACHO ABC 3 Agosto 2008

NOS equivocamos. Unos más que otros, sin duda, y no todos con la misma responsabilidad, pero nos equivocamos. Y no sólo hoy, ni ayer, ni antier -que esos errores recientes sólo han sido de unos, o de uno más bien, y tiene nombre y dos apellidos-, sino desde hace treinta años. El «caso De Juana» es el fruto de un largo e intenso error que ha carcomido algunas estructuras sociales y políticas mientras todos bailábamos el alegre vals del optimismo democrático sobre un suelo institucional resquebrajado por los complejos y la pusilanimidad. Fuimos todos buenistas, y confiamos en el sentido y la positividad de la ley, del Estado, incluso del futuro, sin comprender el carácter mineral, impermeable, rocoso, del desafío terrorista. E incluso en la más lúcida cohesión de los años duros, olvidamos cerrar las grietas que había dejado abiertas nuestra bienintencionada confianza.

De Juana se ha escapado por una de esas grietas. La que durante la Transición cuarteó el ordenamiento penal con una oleada de progresismo esperanzado. Se descartó la cadena perpetua en la Constitución y se dejó sin reformar el código franquista, cerrando los ojos a la amenaza explícita y ya brutal del totalitarismo etarra. Fue la clase política la que se dejó llevar por esa música redentorista que confiaba en el final feliz, pero no hubo en el cuerpo social una demanda que tirase de las riendas a la dirigencia pública. Simplemente confiamos. Y olvidamos la necesidad de articular una respuesta por si se daba el caso de que la realidad no acabase siendo como creíamos merecerla.

Nos equivocamos también cuando quisimos creer que el terrorismo no era una violencia política. Cuando nos empeñamos en asimilar la ETA a una banda mafiosa y criminal y no a una organización totalitaria poseída por un delirio de poder. Al hacerlo evitamos la verdadera respuesta política, que no era la de la clamorosa humillación negociadora propuesta por Zapatero, sino la contraria: la del blindaje del Estado ante una agresión global formulada desde un designio político. Demente, pero político. Cuando el aznarismo trató de reconducir esa debilidad estructural, ya quedaban atrás veinte años largos de crímenes juzgados, en el mejor de los casos, bajo la juridicidad permisiva que ha puesto a éste y a otros asesinos en la calle. Porque no es sólo De Juana; son los que han sido, y los que aún serán.

Y, por último, se equivocó, esta vez él solo, Zapatero, cuando deshizo el escaso camino bien andado para trazar una deriva claudicante. El presidente desarticuló la fortaleza civil con una negociación genuflexa que proponía a los asesinos un premio por dejar de matar. Fue él quien trató de despenalizar a De Juana minimizando el último intento de agrandar su condena, él quien humilló al Estado al plegarse al chantaje, él quien desarboló la resistencia moral de las víctimas. Y él quien todavía mira para otro lado ante la evidencia del desastre e insta a «respetar la ley» que no ha querido cambiar. Peor aún, que en su momento quiso cambiar en sentido contrario, para flexibilizarla a la medida de su proyecto contemporizador y apaciguatorio. Ahora, después de tantos errores, no podemos sino lamentar esta amarga impotencia que nos retrata débiles, inermes y un poco, bastante, estúpidos.

Enseñanzas del caso De Juana
POR GERMÁN YANKE ABC 3 Agosto 2008

La salida de la cárcel del terrorista De Juana Chaos produce, como no podía ser de otro modo, una inmensa conmoción ciudadana. Si el abandono de la prisión ya era esperado como algo inevitable después de la lamentable evolución de su caso durante el «proceso» de diálogo con ETA, la desolación se ha subrayado ahora al saber que el asesino iba a terminar siendo vecino de víctimas de la banda. No es la primera vez que las víctimas del terrorismo se encuentran con un tormento similar, añadido al ya causado por los asesinos, pero las circunstancias de De Juana han convertido el drama en algo especialmente hiriente.

No debe olvidarse que precisamente en eso, en las circunstancias de este criminal, el Gobierno ha tenido un especial protagonismo. La legislación que finalmente se aplicó, y que le mantuvo en prisión hasta ayer, fue suspendida por una desgraciada operación política con la que se le quiso dar un trato privilegiado, defraudando la ley, porque se pensaba, en definitiva, que su imperio, el de la ley, era un inconveniente para el buen término de aquel lamentable y fracasado «proceso». Se pretendió, además, disimular lo que en realidad se estaba haciendo con la más vergonzosa de las retóricas sobre la paz y el comportamiento hipotéticamente humanitario del Estado. Si la fatalidad de la salida de la cárcel del asesino conlleva enseñanzas, no deberá ser la menor, desde luego, la de que la tolerancia con el terrorismo debe ser cero.

Cualquier cesión, como la que ridículamente se pretendió poner en marcha, es aire para que el terrorismo respire, nunca para acabar con él. En definitiva, el caso De Juana, en el contexto del «proceso», demuestra que no hay en ETA, en contra de lo que algunos quieren pensar, resortes internos para acabar con la violencia. No hay dos caminos (la derrota con los mecanismos del Estado de Derecho o negociación para conseguir la paz) para acabar con ETA, que puedan ser utilizados en función de ideologías o de circunstancias temporales. O se derrota al terrorismo o se le dan opciones para sobrevivir, nada más. El escándalo de ahora y, junto al escándalo, el refuerzo del nacionalismo vasco violento vienen precedidos por el previo comportamiento gubernamental con De Juana. Conviene no olvidarlo.

Por otro lado, la indignidad de que el terrorista (este de ahora y otros) terminen viviendo junto a víctimas es una tragedia con dos caras. Una, la de la lentitud en las reformas legales para luchar eficazmente contra el terrorismo. Ahora, lo que es a todas luces tarde, se hacen votos para poner en marcha las modificaciones legales que lo impidan. En la lucha contra el terror, que implica tanto la persecución de los pistoleros como la de todos sus apoyos, se ha avanzado mucho en los últimos tiempos, tras decenios de pasmosa pusilanimidad. Pero es evidente que es una batalla que nunca se termina y ante la que hay que estar vigilantes y atentos. Ciertamente, no parece que sea compatible con el empeño dialogante que se despliega periódicamente entre nosotros como un tornado.

La otra cara de la moneda viene determinada por la reiterada constatación, también en el caso de De Juana, de que los terroristas excarcelados no cumplen habitualmente la parte de la pena que hace referencia a las indemnizaciones que corresponden a sus víctimas. Tienen que darse escándalos como los que han saltado a la luz estas últimas semanas para que el aparato burocrático de la Justicia se ponga en marcha para exigir su cumplimiento en la medida de lo posible. Algunos deudores meramente mercantiles, que han visto sus bienes embargados, deben estar haciéndose cruces ahora ante la facilidad con la que los terroristas escapan a obligaciones que tienen títulos aún más exigibles. El hecho de que los deudores mercantiles tengan activos acreedores tras sus pasos sólo demuestra la lamentable situación en la que las víctimas del terrorismo se encuentran, es decir, sin el apoyo de las instituciones para hacer valer sus derechos.

Son algunas, entre otras, enseñanzas de este lamentable caso. Está bien el desprecio al terrorista, pero es aún mejor su persecución eficiente. Incluso es necesaria para que la ley, aunque a veces no nos satisfaga, sea aceptada de buena gana como el mejor principio para luchar contra el crimen. Pero, aun de mala gana, la ley es nuestra fuerza moral y técnica. Reclamar que se vaya más allá no conduce a nada que no sea favorecer al terror.

Fracaso del Estado de Derecho
Editorial ABC 3 Agosto 2008

LA excarcelación del etarra Juan Ignacio de Juana Chaos ha provocado un justa indignación que debe dar paso, de forma inmediata, a una reflexión eficaz y resolutiva sobre las circunstancias legales por las que un asesino en serie y no rehabilitado está desde ayer en la calle. Conviene que las autoridades no generen expectativas que la ley no permite cumplir.

Técnicamente, a De Juana no se le puede imponer ninguna nueva medida restrictiva de su libertad de residencia o de movimiento. El dolor de las víctimas que se crucen con él por la calle es, desde ayer, impune. Esto no quiere decir que haya que resignarse. Las investigaciones judiciales sobre su patrimonio y sobre la posible falsedad de los documentos académicos que sirvieron de base para la concesión de beneficios penitenciarios, mantienen abierta una puerta a la justicia, pero es estrecha y con un recorrido incierto. La respuesta que merece este fracaso del Estado de Derecho -un asesino sin rehabilitar está en la calle, veinticinco asesinatos saldados con un pena ridícula y decenas de víctimas nuevamente golpeadas- debe tener mucho más calado y compromete a los principales partidos mucho más allá de las concretas medidas que acordaron Rajoy y Rodríguez Zapatero en La Moncloa.

Más que nunca es preciso el amparo masivo de la sociedad, de las instituciones y de los medios de comunicación -excluidos los que amparan el terror- a las víctimas del terrorismo. Lo peor de la excarcelación de De Juana es que realmente siente que vuelve a casa, sin temor al rechazo social o, a lo sumo, que éste se la haga patente. Lo peor es la cobardía social que desprotege a las víctimas en las ciudades del País Vasco y hace que los etarras se sientan cómodos. Para derrotar a ETA hay que llegar a un clima social que intimide a sus criminales y les haga sentirse repudiados y marginados por sus vecinos, cuyos dedos tienen que dejar de señalar a los padres, hermanas y viudas de concejales, policías y guardias civiles, y empezar a acusar a los terroristas. La sociedad vasca no se juega su dignidad en ese fantasmal derecho a decidir que encartela las acrobacias temerarias del lendakari, sino en su reconversión como una comunidad de ciudadanos libres y con ética suficiente para dar a Pilar Elías o a la madre de Joseba Pagazaurtundúa todo el respaldo que debe negar a De Juana y a todo terrorista. Mientras no lo consiga, esa será la verdadera carencia de la sociedad vasca. No esa ficticia negación de imposibles derechos históricos.

Hay que revisar el sistema penal en su conjunto y tomar buena nota de las decisiones políticas que han permitido a De Juana estar hoy mismo, si quiere, paseando por San Sebastián. Desde 1986, Alianza Popular, primero, y el Partido Popular, después intentaron sin éxito la supresión de los beneficios penitenciarios a los terroristas. El PSOE siempre se opuso y en 1987 llegó a calificar esa propuesta de inconstitucional. En 1990 y 1991, el PP insistió en esta reforma. El Código Penal de 1995 suprimió la redención de penas por el trabajo pero rechazó incluir en la ley lo que luego, con matices, se dio a conocer como «doctrina Parot» (que aplica los beneficios sobre cada una de las condenas impuestas, no sobre el tiempo de cumplimiento máximo). Sólo a partir de 2003, con el Gobierno de José María Aznar, el Código Penal incorporó el sistema de cumplimiento íntegro de las condenas. Aquellos prejuicios de la izquierda contra el rigor penal han traídos estos lodos, pero incluso se podrían dar por buenos si la disposición del PSOE fuera convenir con el PP nuevas reformas legales que impregnen todo el sistema de la justicia penal de la firmeza que ahora no tiene. Es necesario extender el cumplimiento íntegro de las condenas, revisar la figura del delito continuado, implantar el juicio en ausencia y asumir el debate, inaplazable, de la cadena perpetua con revisiones periódicas para los delitos más graves. La libertad de De Juana no es el último capítulo de la infamia etarra. Aún no está escrito el final de ETA, como tampoco el de otros delitos brutales que nada tienen que ver con el terrorismo. El Gobierno y el Parlamento saben que hay una demanda social de justicia que se corresponde, además, con un diagnóstico que exhibe la insuficiencia del sistema penal. Ya no hay excusas para mantener al Estado con una mano atada a la espalda en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia.

Sólo derecho
JUAN JOSÉ SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA El Correo 3 Agosto 2008

CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL EN LA UAM

A muchos nos ha sorprendido la sorpresa del Gobierno vasco ante la impugnación en el Tribunal Constitucional de la ley vasca autorizando la famosa consulta. En un Estado de Derecho en el que todos están sujetos a la ley, lo sorprendente habría sido que el Gobierno de la Nación hubiese quedado impasible ante lo que considera una disposición antijurídica, cuando está prevista una actuación de su parte poniendo remedio a la infracción constitucional.

Se trata simplemente de cumplir, haciendo cumplir la ley. Más sencillo imposible. No hay cercenamiento del autogobierno, ni abuso, ni prepotencia. Ocurre que el Parlamento vasco no puede autorizar un referendum, o una consulta porque esa actuación es una competencia del Estado, que se le reserva por el artículo 149-1 de la Constitución. Esto no quiere decir que en otros ordenamientos autonómicos los parlamentos no puedan regular las consultas, como ocurre en Andalucía, o puedan hacerlo en el futuro, pero lo que no pueden, no lo hace hoy la regulación andaluza ni lo podrá hacer mañana la catalana, es autorizar una consulta sin intervención del Estado central. Por otro lado, autonomía quiere decir precisamente capacidad de ejercer la propia potestad legislativa, de modo que en el momento presente la consulta vasca no disfruta de base habilitadora alguna general, a no ser que entendamos que las leyes andaluzas o catalanas no tienen marcado territorialmente su ámbito de vigencia, y, por tanto, nos legislan desde Sevilla o Barcelona.

Más aún, sostengo que el referendum de Ibarretxe en estrictos términos jurídicos, en cuanto inequívocamente relacionado con el ejercicio del derecho de autodeterminación territorial que nuestro ordenamiento no contempla, no podría ser convocado ni siquiera por el Gobierno central, pues mientras no se reformase la Norma Fundamental un referéndum de las características del propuesto sería claramente inconstitucional. Ocurre que la Constitución atribuye al pueblo español en su conjunto la soberanía, lo que impide que una fracción del mismo, en este caso el cuerpo electoral vasco, pueda disponer de un derecho que sólo corresponde al titular del poder máximo.

Me muevo en un terreno exclusivamente jurídico, que es asimismo al que está sujeto en un Estado de Derecho todo poder constituido, como es el caso del Gobierno vasco. En el orden político pueden plantearse objeciones a la obstaculización de la pretensión de la autodeterminación, pues considero que esta en determinadas circunstancias puede ser una opción política defendible. Aunque creo que la autodeterminación, y en ese sentido cabe decir lo mismo de la preparación directa para su ejercicio, no es el camino, no es nuestro camino. Así de sencillas son las cosas. Sobran aspavientos y sobreactuaciones. Ya sabemos que al nacionalismo le viene bien algo de dramatismo, pues le gusta el trance y el planteamiento agónico de los problemas. Lo veía bien Azaola, cuando advertía que el nacionalismo, sea cual sea su dimensión territorial, suele moverse mejor en el campo de la teología que en el de la política.

o curioso es que esta actitud, algo alterada como digo, puede contagiar incluso a quienes se mueven, de ordinario con destreza y tino, en el terreno más frío del argumento jurídico. La discusión en una democracia, de cara a la formación de la opinión pública, que es una institución insustituible en los sistemas de gobierno de nuestro tiempo, presenta dos características bien claras. En primer lugar no encuentra acotado el ámbito a que se refiere, pues en una democracia todo es discutible y nada debe escapar al escrutinio de la confrontación pública razonada. Así la opinión pública se ocupa de todo, se trate de la moral, de política, de derecho. En segundo lugar, se trata de una discusión en la que nadie tiene vedado intervenir, de modo que no es necesario ser un experto ni es necesaria acreditación conferida por orden o estamento alguno para participar en la conformación de la opinión pública. Se participa, sin acritud, por razón de la propia autoridad de los argumentos, de los que uno depende exclusivamente en «el mercado de las ideas», según la expresión del juez Holmes.

Por eso me ha extrañado que con ocasión del debate sobre la consulta de Ibarretxe, alguien, sin duda inadvertidamente, haya podido pensar en reintroducir balizas, aduanas y órdenes.

El nacionalismo español no es el más excluyente
Vicente Torres Periodista Digital 3 Agosto 2008

Hay una entrevista en El Periódico, con Juan Carlos Moreno Cabrera, en la que éste dice que el nacionalismo español es el más excluyente. A mí no me parece que eso sea cierto. Estoy dispuesto a reconocer que hay un nacionalismo español, que no sé si será comparable con el francés o el alemán, pongamos por caso. Particularmente, pienso que la mejor patria es la justicia. Cualquier causa justa merece la adhesión y cualquier causa injusta merece rechazo. Ahora bien, una vez admitido que existe el nacionalismo español, cuesta trabajo admitir que sea peor que el catalán o el vasco. Si los nacionalismos son anacrónicos, lo son todos. Por otro lado, el nacionalismo vasco ha propiciado el fenómeno etarra, algo de lo que debería avergonzarse por los siglos de los siglos, y el nacionalismo catalán dio lugar a Terra Lliure. El nacionalismo catalán también proporciona grandes incomodidades y disgustos a los catalanes que no son nacionalistas, como Albert Boadella, por citar uno. El nacionalismo catalán aprueba afirmaciones infumables de Jordi Pujol, y no porque esté prohibido fumar, sino porque no son razonables.

Juan Carlos Moreno Cabrera, en la entrevista, dice que Vargas Llosa, Pombó, Savater, etc., no se dan cuenta de que lo suyo es una ideología ferozmente nacionalista. Con esta afirmación, el entrevistado descalifica el resto de sus afirmaciones, puesto que pretender que a los impulsores del Manifiesto por la lengua común, individualmente o en conjunto, se les escapa algo que él si ve, es cuando menos ingenuo. En todo caso, el nacionalista feroz sería él, puesto que les niega a ese grupo de intelectuales el derecho a tomar una iniciativa totalmente legítima.

Se puede decir que el Manifiesto es innecesario, arguyendo los motivos, o sencillamente se puede optar por no firmarlo. Lo que no es correcto es que se intente descalificar a los autores. No resulta difícil reconocer que para ellos hubiera sido más cómodo quedarse callados. Da una idea de lo que son los nacionalismos periféricos españoles el hecho de que se han tenido que juntar varios personajes, todos de renombre, para atreverse a lanzar un manifiesto cuyo contenido ha sido medido y sopesado meticulosamente, para no decir ni una palabra más de las necesarias. Y les han dicho de todo a los impulsores.

Había una vez, un circo.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 3 Agosto 2008

Montado el circo, al Sr. Zapatero le han crecido los enanos. Pero no es eso lo peor, sino que en ese circo las alimañas andan sueltas en libertad, sin que nadie se atreva a devolverlas a las jaulas que se abrieron de un modo irresponsable. Los espectadores no solo están perdiendo su dinero por un espectáculo grotesco que no cumple sus expectativas, ni el programa anunciado, sino que además ven como sus vidas corren peligro al estar a merced de esas alimañas.

Sobre el papel y por sus declaraciones, pudiera parecer que el Director se ha dado cuenta de la situación, porque su mensaje ya no convence y su reputación cae en las encuestas. Pudiera parecer que se ha convencido de sus errores pasados y busca enderezar su rumbo. Pero no, todo sigue siendo igual. La actitud no cambia y las decisiones se posponen a la espera de que surja ¿un milagro o el azar?,en fín, algo que lo solucione espontáneamente. Con su laicismo militante, no puedo hablar de fe en sí mismo o en la divina providencia, sino en su auto convencimiento de que está en el camino correcto.

Hay quien pueda pensar que esa forma de enfrentarse, más bien, eludir los problemas, no es lo que España necesita en estos momentos. El empecinamiento en no adoptar medidas urgentes tendentes a reconducir la grave situación, ya no admite más retrasos y está llevando a un final catastrófico a la Nación. Esta debilidad, aún hace más dependiente a un Gobierno necesitado de unos apoyos nacionalistas condicionados y que será el peaje a pagar. El orgulloso desprecio del consenso nacional y de la ayuda que el PP le ha brindado, le deja en manos de quien solo pretende sacar provecho y conseguir sus objetivos insolidarios y secesionistas.

La sensatez indica que no hay tiempo que perder y aún así, ni el Gobierno, ni la oposición muestran un interés más allá de las vacías y pomposas declaraciones. No hay lugar a las vacaciones cuando el futuro del País está en juego. No hay lugar a un descanso prolongado como si estuviéramos en una situación normal de desarrollo y bienestar. El retiro de los políticos a sus lugares de descanso hasta septiembre, denota que no están a la altura de lo que España necesita. No pueden comportarse como mercenarios que no se implican en la marcha de la empresa.

Para que podamos salir de esta situación, la responsabilidad de las decisiones, por impopulares que sean, las deben adoptar quienes gobiernan. Pero esas medidas no pueden ser el fruto de ocurrencias improvisadas, sino de una concienciación general, en primer lugar de todos los partidos políticos y en segundo lugar de todos los ciudadanos. Nadie se puede, ni se debe excluir de su responsabilidad en contribuir a la solución de la crisis. Solo un País unido puede afrontar su futuro con garantías. Sin la Unidad, será como un barco a la deriva y acabará estrellándose.

Es el momento de exigir esa Unidad. Demostremos que los españoles podemos cuando queremos. Ya lo demostramos en el pasado y tenemos la obligación de continuar haciéndolo, dejando a nuestros descendientes mejorada la herencia que recibimos. No la dilapidemos.

España, campeona de Europa del desempleo
Xoán Xulio Alfaya Periodista Digital 3 Agosto 2008

El pasado mes de junio España se proclamó campeona de Europa del desempleo superando por fin a Eslovaquia que era el único estado de la UE que tenía más parados que nosotros.

Me sé de memoria todo el rollito de que "la crisis económica es internacional" y demás, pero lo que es evidente es que no todos los gobiernos la afrontan de la misma forma. Ya pasó con Felipe González. ¿Recuerdan aquella promesa de creación de 800.000 puestos de trabajo que se transformó en un aumento del paro sin precedentes y en una descapitalización de las arcas del Estado por la corrupción galopante y la mala gestión que estuvo a punto de acabar con nuestro sistema de Seguridad Social que, les guste o no a los socialistas, no fue creado por la izquierda, sino por Franco? Pues volvemos a lo mismo, pero en peor.

Los socialistas se muestran de cara a la galería como progresistas, amables, sonrientes, dicen tener talante y buen rollito, cuando lo que tienen en realidad son numerosos y caros asesores de imagen, una capacidad increíble para el teatro y un habilísimo control de los medios de comunicación; pero como gestores siempre han sido un desastre.

El eslogan de los famosos "100 años de honradez" sólo se lo han tragado quienes viven inmersos en la cultura del botellón, la telebasura y las modernidades sexuales. Quienes se hayan tomado la molestia de informarse de las fechorías del PSOE desde su fundación por Pablo Iglesias en 1879 hasta hoy, llegarán inevitablemente a la conclusión de que el espíritu crítico y el análisis histórico riguroso le resultan tan ajenos a la mayoría de los españoles como la vista a un ciego.

Cuando yo dije al comienzo del zapatismo que socialismo y crisis económica forman un matrimonio indisoluble me tacharon de lo que todos ustedes se imaginan y que no creo necesario repetir aquí. Al final los hechos no sólo me dieron la razón, sino que superaron con mucho mis propias y más pesimistas previsiones.

El socialismo es el sistema político ideal para los progres, los ricos y los nuevos ricos; pero no para la clase media que sufre dolores de parto para llegar a fin de mes. Lo malo es que no hay alternativa o, al menos, yo no la veo por ninguna parte, porque el panorama que nos ofrece el "nuevo PP" no es como para salir a la calle dando saltos de alegría.

IMAGEN DEL BLOG DE ELENTIR: http://www.outono.net/elentir/

Los Carod, familia ejemplar
Manuel Molares do Val Periodista Digital 3 Agosto 2008

Pobre José Luís Carod-Rovira, vicepresidente independentista de la Generalidad catalana: sus enemigos lo acusan injustamente de endogamia y corrupción por haber nombrado a su hermano Apel-les embajador oficioso de Cataluña en la vecina Francia.

Una designación seguramente ejemplar e inteligente, muestra de la devoción que deben profesarse los consanguíneos, ahora que tantos gobiernos desdeñan la familia tradicional como la primera célula social.

Como hijos que son de un guardia civil conocieron desde niños las virtudes castrenses, tan españolas, que obligan a ser honorables y a cumplir con el deber de proteger a los ciudadanos, empezando por la propia familia.

En una hambruna se le da la comida primero a los hijos, ¿verdad?: pues no repudiemos la endogamia. Sería una hipocresía.

No hay más que analizar a las monarquías y a las empresas que se perpetúan por generaciones. La familia Botín, por ejemplo: solvencia, tradición y orgullo portando el Botín como seña de los banqueros.

España es una nación felizmente edificada sobre la endogamia y las corruptelas. En cualquier pueblo o ciudad, y especialmente en las Comunidades Históricas, la familia, el clan, la panda o la cuadrilla mantiene inextricables redes de autoprotección mutua, nuestras “cosa nostra”.

El materialismo capitalista les llama redes mafiosas o clientelares. Las desprecia. Pero si las suprimiéramos no dispondríamos de caciques, conseguidores, sobre-cogedores y personajes que nos retrotraen a la querida Picaresca, espíritu de nuestra más noble tradición.

En este caso hay que alabar a la “cosa nostra” de los hermanos Carod-Rovira, ejemplo de las usanzas de una estirpe sólidamente española, aunque ellos digan que no desean esa nacionalidad.

Hasta hoy sólo Franco, patriota como ellos de lo suyo, se había atrevido valientemente a colocar a un hermano, Nicolás, de embajador en un país también vecino, Portugal.

El día de la infamia: el asesino De Juana Chaos abandona la prisión
 Periodista Digital 3 Agosto 2008

Los agujeros sin fondo de la acomplejada Justicia española han permitido que el etarra José Ignacio de Juana Chaos ha abandonado la cárcel de Aranjuez (Madrid) sobre las 7.20 de este sábado tras cumplir su última condena, de tres años, por un delito de amenazas que le impuso el Tribunal Supremo en febrero de 2007. La cara sonriente del asesino en libertad es el reflejo de una democracia enferma de debilidad y de dudas.

El asesino José Ignacio de Juana Chaos es desde las 7,20 de la mañana un hombre libre, un etarra libre.

A esa hora salió por la puerta principal de la cárcel de Aranjuez, a la que minutos antes habían llegado su mujer Iratí Arazabal y sus dos abogados, Reizábal y Goricelaya en un todoterreno negro.

Con sus 25 muertos a las espaldas y sin descomponer el gesto, vestido con un polo blanco y unos pantalones de loneta color crema, sin el más mínimo rastro de la supuesta huelga de hambre que seguía, De Juana subió a la parte trasera del coche junto a su esposa en dirección a San Sebastián.
Sólo silencio.

El único sonido que perturbaba la nada era el de las decenas de cámaras apostados frente a la prisión desde la medianoche.

Dos furgones de la Agrupación Rural de Seguridad (ARS) de la Guardia Civil y otra decena de vehículos del Cuerpo montaron un dispositivo de seguridad dos horas antes que se extendía a las glorietas más próximas a la cárcel.

Ni una víctima, ni un colectivo esperó a ver la cara del terrorista, tampoco los autobuses de proetarras que asiduamente hacen de comparsa en este tipo de excarcelaciones.

Una pintada de Falange negando el perdón en el puente de acceso al centro penitenciario era el único vestigio que recordaba quién era el sanguinario ex preso.

Pese a que durante horas se especuló con la posibilidad de que miembros de la Guardia Civil escoltaran a De Juana hasta San Sebastián, el coche del antiguo miembro del “comando Madrid” enfiló la carretera a toda velocidad pero en solitario. Los rostros de los agentes, con base en Valdemoro, eran elocuentes. “En el momento que ponga los pies en la calle, nosotros no queremos saber nada de ese individuo”, murmuraba un miembro de la ARS. “Es un hombre libre. Somos los primeros sorprendidos de que nadie haya venido a recibirlo”, señalaba otro compañero.

De Juana estas horas en su ciudad y la de muchas de sus víctimas a las que seguirá mirando sin torcer el gesto. Veintiún años en prisión, de los 3.000 a los que fue condenado, y 25 muertos, que se estarán revolviendo en su tumba.

Decenas de familias a las que sólo les quedan los recuerdos desayunarán hoy con la fotografía del asesino, más recuperado que nunca.

EL FACINEROSO NO ACUDE AL RECIBIMIENTO QUE LE HABÍAN PREPARADO LOS PROETARRAS
El etarra Iñaki de Juana Chaos no ha acudido al recibimiento que le habían organizado los movimientos pro-amnistía en San Sebastián, por motivos de "seguridad" y para evitar el "circo mediático" que, a su entender, se ha desplegado en torno a su persona tras ser puesto en libertad esta mañana.

De Juana ha hecho llegar una carta a las decenas de personas que le esperaban desde las 12 horas en la calle Juan de Bilbao de la Parte Vieja de la capital guipuzcoana, donde habían acotado un pequeño espacio con dos grandes pancartas en las que figuraba el lema en euskera: 'Bienvenido Iñaki, Euskal Herria necesita democracia'.

Los asistentes también han cortado la vía por sus dos extremos con carteles de apoyo a los presos de ETA y han impedido el acceso a esta zona de la calle a los periodistas, a quienes han advertido de que el acto era "un homenaje privado a una persona" por lo que estaban "mejor fuera".

Una mujer ha leído una carta que les ha hecho llegar Iñaki de Juana, en la que el ex recluso explicaba a los presentes que su "corazón" estaba con ellos a pesar de no acudir a la cita, y criticaba la política penitenciaria del Gobierno, tras lo que los participantes han prorrumpido en aplausos y han lanzado gritos de apoyo a ETA.

El etarra, condenado a 3.000 años de prisión por el asesinato de 25 personas, salió esta mañana de la cárcel de Aranjuez tras 21 años entre rejas, los dos últimos por un delito de amenazas.

Rosa Díez: "ZP pide respetar la ley pero hay leyes que permiten la impunidad"
 Periodista Digital 3 Agosto 2008

Rosa Díez asegura que sobran los adjetivos para calificar la puesta en libertad del asesino De Juana, porque asegura que es indescriptible el desprecio que representa para la gente de bien tener que ver cómo va a vivir entre las víctimas impunemente. Considera que la grandeza del Estado de Derecho no es que se cumpla la ley como dice Zapatero sino que la ley sea justa.

La diputada de UPyD ha afirmado en declaraciones hechas a la Cadena Cope recogidas por Periodista Digital que "ahora lo más necesario es dar aliento a las víctimas que esperan una respuesta humana solidaria, para que sepan que no están solas". Díez ha señalado que "Zapatero haría bien en reconocer que no ha actuado con la diligencia debida, y que no podemos olvidar que ha usado flexiblemente las leyes acomodándolas al momento político, estirándolas como el chicle para convertirlos en héroes o para llevarlos a la cárcel según convenga".

"Sobran adjetivos para describir el desprecio de la gente ver a este asesino vivir en libertad con impunidad. Algunos lo veníamos diciendo pero por cuatro años nadie buscaba la justicia sino el amparo de los asesinos. Zapatero es el mismo que dijo durante la huelga de hambre que había que cumplir la ley y luego vimos que no era así y volvió a la cárcel. Hay que cambiar las leyes, lo importante no es cumplir la ley sino que la ley sea justa".

La diputada destacó que hay que apoyar a las víctimas, sobre todo a las de San Sebastián. "A mí se me cae la cara de vergüenza como responsable político y si estuviera en el Gobierno si tengo que explicarle a una víctima que esta es la ley y que hay que respetarla. Hay leyes que permiten la impunidad. No nos podemos callar porque eso es indultar al terrorista".

Familia que chupa de la teta unida, permanece unida
 Periodista Digital 3 Agosto 2008

Hubo un tiempo en el que se escuchaba aquello de "familia que reza unida, permanece unida". Los tiempos han cambiado y ahora, en España, el cemento que fija con mayor solidez los lazos familiares parece ser el que mana de la ubérrima teta del presupuesto público. Carod-Rovira, Rojo, Maragall, Fabra, Barceló, Chaves... Son sólo algunas de las apellidos que copan cargos públicos.

Más de uno habrá tenido este pensamiento al oír la noticia de que un señor llamado Apeles Carod-Rovira ha sido nombrado delegado de la Generalitat de Cataluña en Francia.

Como subraya con tanta sorna como exactitud el diario El País este domingo, el apellido es conocido "aquí y en la China", como diría el hermano del nuevo cargo, el vicepresidente catalán y dirigente de ERC Josep Lluís Carod-Rovira.

El "chino" Carod no es el único que ha colocado a un hermano junto a la ubérrima teta del presupuesto público catalán. El ex presidente Maragall nombró a su hermano Ernest secretario del Gobierno. Cuando el político del PSC era alcalde de Barcelona, su hermano fue concejal.

Manel Nadal, hermano del consejero de Política Territorial Joaquim Nadal, es secretario de Movilidad de la Generalitat. Y la hermana de ambos, Mercè Nadal, es jefa de intermediación de la delegación de Girona del departamento catalán de Trabajo.

Ninguna pata del tripartito está a salvo. Maria Comellas, ex esposa del consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar (ICV), es la actual directora general de Calidad Ambiental. Ya lo era cuando Baltasar llegó al cargo.

Cuando él era alcalde de Sant Feliu de Llobregat, ella era concejal de Urbanismo. La hija de ambos, la periodista Lluna Baltasar, forma parte del equipo de comunicación de Presidencia.

Tampoco es Cataluñas la única región donde chupan al unísono del pezón administrativo miembros de la misma familia.

La política valenciana se hace en familia. En la provincia de Alicante, la ciudad de Benidorm, y más concretamente la familia Barceló, se lleva la palma en protagonismo político.

El primer eslabón lo representa el veterano (84 años) senador Miguel Barceló, del PP. El siguiente escalón lo ocupa su hija Ángela Barceló, concejal del Ayuntamiento y diputada autonómica. Su yerno es el ex presidente valenciano y ex diputado Eduardo Zaplana. El nieto del senador Barceló, Agustín Almodóvar, es suplente en la lista del PP al Senado, presto a ocupar la plaza del abuelo cuando se jubile. El sobrino, Francisco Murcia, es diputado nacional.

En las filas socialistas, la representación la encabezan la concejal Maite Iraola, madre de la número tres del PSOE, Leire Pajín, y su marido, José María Pajín, asesor en la Subdelegación del Gobierno en Alicante.

Pero si hay una familia política por excelencia es la de Carlos Fabra. Hijo, nieto y bisnieto de presidentes de la Diputación de Castellón, él también ostenta el cargo.

Una de sus hijas, Andrea Fabra, actual diputada, fue antes senadora por designación territorial y, con anterioridad, trabajó en el Ministerio de Economía y Hacienda cuando era secretario de Estado Juan Costa, al que acompañó en la candidatura en las pasadas elecciones.

Andrea Fabra está casada con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes. Además, el hermano de Carlos Fabra, José Alberto, es el jefe de gabinete del alcalde de Castellón.

El de los Costa es otro caso conocido. Juan Costa, ex ministro de Ciencia y Tecnología, es diputado en el Congreso, y su hermano Ricardo es parlamentario autonómico y secretario general del PP valenciano.

En el País Vasco, otro tanto de lo mismo. La corrupción en Estepona ha puesto el foco en los Rojo. Javier, dirigente del PSE alavés, es el presidente del Senado; su hermano Gregorio es el presidente de la Caja Vital, a propuesta del PSE.

Una hija de Javier, Natalia, es parlamentaria vasca del PSE. La otra, Patricia, cargo de confianza de Urbanismo en Estepona hasta la intervención judicial.

También socialistas son Patxi López, el secretario general del PSE, su esposa, Begoña Gil (concejal en el Ayuntamiento de Bilbao), y Melchor Gil, hermano y cuñado, vicepresidente de las Juntas Generales de Vizcaya.

Quien fuera diputado del PNV en el Congreso, diputado general de Guipúzcoa y ahora presidente de la Autoridad Portuaria de Pasajes, Joxe Joan González de Txabarri, tiene una hermana parlamentaria peneuvista en la Cámara de Vitoria. Como las hermanas Zenarruzabeitia: Idoia, la vicelehendakari, y Arantza, diputada foral de Innovación y Promoción Económica de Álava.

Y lo de Andalucía, clama al cielo. Dos de los ocho hermanos del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, también viven de la política.

Leonardo Chaves fue nombrado la pasada legislatura director general de Tecnología e Infraestructuras Deportivas de la Consejería de Turismo. Su hermano Fernando es portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Arahal (Sevilla).

Tras el fichaje de Leonardo, la empresa Climo Cubierta, asesorada por otro de los hermanos Chaves, Antonio, obtuvo tres contratos y dos subvenciones de la Consejería de Turismo.

VÍA EL PAÍS

CHEQUEO A 30 AÑOS DE DEMOCRACIA
Un 70% pide una ley para que los rótulos sean bilingües en cuatro comunidades
* El 42% cree que la cooficialidad privilegia al catalán, gallego y vasco frente al castellano
PALOMA DÍAZ SOTERO El Mundo 3 Agosto 2008

MADRID.- El 70,4% de los ciudadanos cree que debería obligarse por ley a que todas las rotulaciones públicas sean bilingües en Cataluña, Baleares, Galicia y el País Vasco, según ha publicado EL MUNDO en su edición impresa de hoy a partir de los datos de una encuesta realizada por Sigma Dos.

El sondeo revela también que la mayoría de los entrevistados está de acuerdo con el reconocimiento legal de las lenguas cooficiales, pero un 42% considera que este bilingüismo ha conseguido que el catalán, el vasco y el gallego se encuentren en una posición de privilegio respecto a la lengua oficial del Estado.

Cinco de las 17 comunidades autónomas resultantes del proceso constituyente de 1978 son reconocidas como bilingües por tener lengua cooficial. El 58,9% de la población cree que fue «acertado» dar, por ley, rango de lenguas cooficiales al catalán, el gallego, el euskara y el valenciano en sus respectivas comunidades autónomas (el catalán, también en Baleares). La opinión favorable de los más jóvenes (un 68,8% de los menores de 29 años) choca con la de los mayores (un 51,7% a partir de 65 años).

El nada despreciable porcentaje del 35,4% considera que fue «un error» esta concesión. De esta opinión es el 32,3% de los ciudadanos que votaron al PSOE en las últimas elecciones, un 30,1% de los votantes de IU y un 48,9% de los del PP. Por otro lado, entre los partidarios del bilingüismo se encuentra un 63,2% de los votantes socialistas, un 67% de los de IU y un 44,8% de los del PP.

Sin embargo, un 42,3% de la población considera que ese bilingüismo otorgado ha traído consigo que el catalán, el vasco y el gallego se encuentren en una posición de privilegio respecto a la lengua oficial del Estado. El porcentaje se eleva al 47,1% en la franja de edad de los 30 a los 44 años. Entre los partidarios de esta afirmación se encuentra un 61% de los ciudadanos que votaron al PP en los últimos comicios y un 41,6% de los que dieron su apoyo al PSOE.

En cuestiones concretas más relacionadas con la vida cotidiana de los ciudadanos, la encuesta de Sigma Dos revela, por ejemplo, que la mitad de los españoles (47,8%) cree que el castellano debe ser la lengua en la que las comunidades bilingües se dirijan a los ciudadanos. El porcentaje aumenta con la edad (el 59,2% de los mayores de 65). Curiosamente, sólo un 4,1% se muestra a favor de que las comunicaciones oficiales se realicen en la lengua vernácula. El resto de los encuestados se reparte entre quienes creen que las comunicaciones de las comunidades bilingües deben ser, en efecto, bilingües (un 33,5%) y quienes consideran que deberían efectuarse en la lengua que elija el ciudadano (un 14,3%).

Un 70% de ciudadanos despistados
Nota del Editor
 3 Agosto 2008

Siendo español-hablante, el defender que los letreros en las zonas donde hay alguna lengua regional estén en la misma y también en castellano es un intento de suicidio, a parte de ser claramente anticonstitucional.

Si un conductor español-hablante tiene que esperar a que salga en los paneles indicadores la versión española del mensaje, se está atentando contra su vida, pues esos instantes constituyen un peligro cierto.

El ciudadano español-hablante no tiene porqué ser educado o indoctrinado en las lenguas regionales, cumple con el deber de conocer el español y el estado tiene dirigirse en el idioma español.

Ahora bien, si teniendo en cuenta que nuestra mayor industria, a parte de la estupidez, que es nuestra mayor contraindustria, es el turismo, no estaría mal que todos los letreros estuvieran en español y en inglés, teniendo cuidado de no ponerlos juntos, sino en letreros separados y con colores de fondo y texto distintos, para que la búsqueda del color adecuado pueda ser un acto reflejo que no implique riesgo alguno para el conductor; y como hay muchos colores, se puede aplicar a otros muchos idiomas para que nuestros turistas se sientan como en su casa.

domingo 3 de agosto de 2008
ENCUESTA SIGMA DOS-EL MUNDO: ¿QUE HEMOS HECHO BIEN? ¿QUE HEMOS HECHO MAL? (VII) / LAS LENGUAS
http://e-pesimo.blogspot.com
 3 Agosto 2008

CHEQUEO A 30 AÑOS DE DEMOCRACIA (7) / La encuesta / LAS LENGUAS
Cooficialidad real que respete el castellano
El papel que las comunidades bilingües han otorgado a las lenguas cooficiales deja a la ciudadanía un tanto fría y dividida. La mayoría, aunque no aplastante, está de acuerdo con su reconocimiento legal, pero un 42% dice que se las ha llevado a una situación de privilegio en perjuicio del castellano, idioma oficial del Estado que los españoles creen que debe recuperar presencia en la vida pública
PALOMA DIAZ SOTERO

MADRID.- Cinco de las 17 comunidades autónomas resultantes del proceso constituyente de 1978 son reconocidas como bilingües por tener lengua cooficial. Su realidad es muy diferente a la del resto, donde no ha lugar a conflicto posible por el uso de una única lengua, la oficial del Estado. Es posible que esta circunstancia influya en la fría respuesta, sin convicciones abrumadoramente mayoritarias, que el conjunto de los españoles ha dado a las cuestiones sobre el uso de lenguas cooficiales planteadas por Sigma Dos para EL MUNDO.

Así, el 58,9% de la población cree que fue «acertado» dar, por ley, rango de lenguas cooficiales al catalán, el gallego, el euskara y el valenciano en sus respectivas comunidades autónomas (el catalán, también en Baleares). La opinión favorable de los más jóvenes (un 68,8% de los menores de 29 años) choca con la de los mayores (un 51,7% a partir de 65 años).

El nada despreciable porcentaje del 35,4% considera que fue «un error» esta concesión. De esta opinión es el 32,3% de los ciudadanos que votaron al PSOE en las últimas elecciones, un 30,1% de los votantes de IU y un 48,9% de los del PP.

Por otro lado, entre los partidarios del bilingüismo se encuentra un 63,2% de los votantes socialistas, un 67% de los de IU y un 44,8% de los del PP.

Sin embargo, un 42,3% de la población considera que ese bilingüismo otorgado ha traído consigo que el catalán, el vasco y el gallego se encuentren en una posición de privilegio respecto a la lengua oficial del Estado. El porcentaje se eleva al 47,1% en la franja de edad de los 30 a los 44 años. Entre los partidarios de esta afirmación se encuentra un 61% de los ciudadanos que votaron al PP en los últimos comicios y un 41,6% de los que dieron su apoyo al PSOE.

Por otro lado, el 36,3% cree que las lenguas cooficiales tienen una consideración correcta y sólo un 16,2% cree que están discriminadas (un 10,7% de votantes del PSOE y un 10,6% de los del PP). El porcentaje de los que sienten esa discriminación se eleva al 22,2% entre los menores de 29 años, nacidos en democracia.

En cuestiones concretas más relacionadas con la vida cotidiana de los ciudadanos, la encuesta de Sigma Dos revela, por ejemplo, que la mitad de los españoles (47,8%) cree que el castellano debe ser la lengua en la que las comunidades bilingües se dirijan a los ciudadanos. El porcentaje aumenta con la edad (el 59,2% de los mayores de 65).

Curiosamente, sólo un 4,1% se muestra a favor de que las comunicaciones oficiales se realicen en la lengua vernácula. El resto de los encuestados se reparte entre quienes creen que las comunicaciones de las comunidades bilingües deben ser, en efecto, bilingües (un 33,5%) y quienes consideran que deberían efectuarse en la lengua que elija el ciudadano (un 14,3%). Actualmente, en Cataluña, Galicia y Baleares los ciudadanos que quieran recibir la información oficial en castellano deben solicitarlo por escrito a la Administración y es probable que tengan que insistir en ello.

Otra de las cuestiones planteadas se refiere a la posibilidad de trabajar en la Administración pública de las comunidades bilingües conociendo sólo la lengua oficial del Estado.

El 44,9% cree que el conocimiento de la lengua cooficial de la región debe ser considerado un mérito más, como el resto de cualificaciones, para optar al puesto solicitado. De esta opinión son más votantes del PP (el 47%) que del PSOE (42,8%) e IU (44,8%).

Menos españoles (un 35,1%) entienden que la lengua del aspirante no debe ser tenida en cuenta (opción con menos votantes del PP que la de quienes creen que debe ser un mérito más).

Quienes opinan que hablar la lengua cooficial debe ser requisito obligatorio suman un 18,9% de la población. Entre ellos se encuentra un 21,4% de los votantes socialistas.

Los rótulos, en español
Cuando a los españoles se les pregunta sobre algo tan concreto, sencillo y cotidiano como son los carteles y rótulos de la vía pública o de las sedes institucionales, la mayoría lo tiene claro: en las comunidades bilingües el bilingüismo debe cumplirse.

Así, un 70,4% de los encuestados cree que debería obligarse por ley a que todas las rotulaciones públicas sean bilingües en las comunidades con dos lenguas oficiales, justo lo contrario de lo ocurre en Cataluña, Baleares y Galicia.

En caso de que sólo pudiera rotularse en una lengua, el 79,3% (el 83% de los votantes del PSOE y el 91,8% de los del PP) opina que debería ser la oficial del Estado, frente al 16,2%, que considera que debería ser la lengua cooficial de cada comunidad autónoma. Otra cosa diferente son las pautas de rotulación en el ámbito privado. En Cataluña y Baleares se obliga a que los comerciantes y empresarios rotulen sus negocios al menos en catalán; y en Galicia se prepara un proyecto de ley que fija el gallego en el mismo sentido.

Pero la opinión pública es bien diferente. El 38,2% dice que los carteles deberían ir primero en castellano, con opción a ser escritos en otra lengua. Así lo piensa el 41,1% de votantes del PSOE y el 51,4% de votantes del PP. El 37,1% cree que deberían ir en las dos lenguas cooficiales de la comunidad en cuestión, y sólo el 19,4% da libertad a cada comerciante para rotular en la lengua que quiera. Sólo un 5% concede la rotulación en la lengua vernácula.

CHEQUEO A 30 AÑOS DE DEMOCRACIA (7) / La controversia
El bilingüismo que se volvió en contra de la lengua común
El reconocimiento de lenguas cooficiales devino en un caballo de Troya cargado de políticas de exclusión del castellano
PALOMA DIAZ SOTERO

MADRID.- Si alguna garantía se esperaba de la cooficialidad de dos lenguas cuando los españoles votaron la Constitución de 1978 pudo ser la de la libertad para expresarse en cualquiera de ellas, o en las dos.

La Carta Magna fijaba el derecho de los residentes en las autonomías bilingües a conocer su lengua vernácula, además del deber de aprender el castellano. Se zanjaba así cualquier posibilidad de persecución o marginación de quienes hablaban, pongamos por caso, catalán o vasco, y se aseguraba una libertad para enseñar en la escuela lenguas españolas anteriormente perseguidas, vetadas o restringidas.

Pero en no muchos años (Galicia y Cataluña aprobaron sus leyes de normalización lingüística en 1983 y Baleares, en 1986), el reconocimiento legal del bilingüismo devino en el paraguas protector de un rodillo político que, lejos de equiparar a las lenguas cooficiales con el castellano, ha acabado por despreciar los derechos de los castellanohablantes.

La pauta constitucional del «respeto» y la «protección» de las lenguas cooficiales fue llevada al extremo de la imposición mediante leyes y decretos de discriminación positiva que hicieron prevalecer la lengua vernácula sobre el castellano.

Los sucesivos estatutos de autonomía y las citadas leyes de Cataluña, Baleares y Galicia resaltaron que su «lengua propia» es el catalán o el gallego, según el caso, y fijaron el deber de conocerla, lo que justificó que los gobiernos autonómicos establecieran dichas lenguas como vehiculares de la enseñanza (Cataluña, en 1998 y, dentro de poco, el Gobierno vasco, según sus intenciones manifiestas) o fijaran decretos de uso mínimo sin determinar el máximo (Baleares, en 1997, y Galicia, en 2007).

Si bien todos presumen de garantizar el deber constitucional de conocer el castellano mediante la asignatura de Lengua Española en los planes de estudio, su aplicación en los colegios ha echado por tierra, en muchos casos, el derecho, también constitucional, a usarlo. En la escuela pública de Cataluña y Baleares los niños deben expresarse y examinarse en catalán (salvo el primer curso de los recién llegados de otra comunidad). Y en Galicia, al menos las asignaturas troncales se imparten en gallego y se perciben recientes esfuerzos de inmersión lingüística en la vida cotidiana de las aulas.

«Propia»
De la misma manera, a los comerciantes se les impide rotular sus tiendas sólo en castellano; las comunicaciones públicas de la Administración se hacen sólo en la lengua cooficial; ningún ciudadano puede acceder a un empleo en la Administración de comunidades bilingües si sólo habla la lengua oficial del Estado y se prioriza el conocimiento de la lengua por encima de otros méritos profesional. Igualmente, sólo se subvencionan iniciativas y proyectos en su «lengua propia».

La responsabilidad política es de todos los colores y los gobiernos centrales de turno, necesitados de los apoyos nacionalistas en el Parlamento, han mirado siempre para otro lado.

Si en Cataluña empezó CiU (ley de 1983) y continuó el PSC, con la presión de sus socios de ERC, en Baleares se han turnado PP y PSOE. Los políticos de las islas siempre han mirado a Cataluña desde que definieron el catalán como su lengua (Estatuto de 1983) y los políticos catalanes siempre han tratado de tutelar a los gobiernos baleares en esta materia.

En Galicia, el PP fue el responsable de la normalización lingüística en gallego, intensificada ahora con las políticas del PSdG y BNG (decreto que reduce drásticamente la educación en castellano y proyecto de ley que obliga al comerciante a rotular en gallego). En el País Vasco, el PNV permitió en principio una razonable libertad de elección, ante el escaso conocimiento del euskara unificado, y en los últimos años está forzando la máquina. La Comunidad Valenciana es la que demuestra un mayor respeto al bilingüismo, aunque en algunos colegios, por falta de demanda, no pueda estudiarse en castellano.

Aparte de la imposibilidad de estudiar en español, la reivindicación del aprendizaje y uso de la lengua oficial del Estado es presentado hoy por los partidos nacionalistas y por el activismo colectivo más radical -nunca contestado por sus gobiernos autonómicos- como una amenaza contra la lengua y la identidad nacionales, vinculado a la falta de libertades predemocráticas.

Pese a todo el desarrollo normativo que excluye al castellano de la vida pública en estas comunidades, en la práctica pocas quejas han llegado a los tribunales, máxime cuando las leyes garantizan la libertad de uso de cualquier lengua oficial. Cabe recordar que, en el ámbito educativo, una sentencia del Constitucional de 1993 dejó claro que la Carta Magna no recoge explícitamente un derecho a la libre elección de la lengua docente, reconoce la diversidad de modelos lingüísticos de enseñanza y remite su elaboración al legislador correspondiente.

En el capítulo de las lenguas oficiales de nuestra democracia asoma, pues, una triste moraleja: el difícil equilibrio para impedir que la garantía de un derecho aniquile otro.

CHEQUEO A 30 AÑOS DE DEMOCRACIA (7) / LAS LENGUAS
Convivir, no enfrentar
PATXI BAZTARRIKA

Recientemente, ante la necesidad de recurrir a profesionales originarios de países que desconocen el castellano para paliar el déficit de personal sanitario en distintos servicios del sistema de salud, se remarcaba en este mismo periódico la necesidad de asegurar que estos profesionales tuvieran un conocimiento suficiente del castellano para relacionarse con los usuarios en esta lengua. Tal exigencia era considerada una cuestión evidente.

Sin embargo, no sucede lo mismo cuando hablamos de promocionar, que no imponer, el conocimiento y uso de las demás lenguas oficiales en aquellas comunidades autónomas con lenguas propias.

El castellano, y me alegro de ello, no es una lengua perseguida en aquellas comunidades que, como la catalana, vasca o gallega, pretenden promocionar lenguas que en largo tiempo han sido postergadas, perdiendo, debido fundamentalmente a esa circunstancia, hablantes y ámbitos de uso. ¡Qué no necesitarán para su pervivencia y desarrollo el euskera, el catalán o el gallego, lenguas minorizadas, si el castellano, lengua vigorosa, necesita de especial protección!

La política lingüística del Gobierno vasco se sustenta en el reconocimiento de derechos lingüísticos iguales con respecto al euskera y al castellano a todas las personas de nuestra comunidad, y la atribución de las consiguientes obligaciones a los poderes públicos para que los derechos reconocidos puedan ser ejercidos realmente de manera progresiva, atendiendo a la diversidad sociolingüística del país. También el castellano es nuestra lengua. Tenemos dos lenguas oficiales, y trabajamos para asegurar el conocimiento y uso de ambas, no sólo de una. Es una obligación constitucional, y es un factor de riqueza que se corresponde con la voluntad de la inmensa mayoría de la sociedad vasca. Nos gusta sumar y convivir, no restar y enfrentar. Si la ciudadanía vasca y los poderes públicos no promovemos y apoyamos con especial intensidad el euskera, ¿quién lo va hacer?

El monolingüismo, incluso castellano, no es un derecho, es una limitación. Alardear de monolingüismo en sociedades bilingües y en un contexto europeo que pretende fomentar el conocimiento de las demás lenguas de la Unión es un anacronismo propio del pasado. Alardear de las bondades de promover el conocimiento del inglés, al tiempo que se da la espalda a las lenguas oficiales de un Estado pluricultural y plurilingüe, resulta una insalvable contradicción.

Las lenguas son instrumentos para la comunicación entre personas y fortalecen la identidad plural y abierta de nuestras sociedades. El Gobierno vasco fomenta el euskera porque es la más débil, y para que todos los hablantes tengan, además de los mismos derechos, las mismas oportunidades de uso. Porque en la medida en que las personas tengan iguales oportunidades, también para el uso de las lenguas, conseguiremos una sociedad más igualitaria, más cohesionada y vertebrada, neutralizando, de paso, toda posibilidad de enfrentamiento. Lo nuestro es la democracia lingüística, nunca el darwinismo lingüístico que confunde lengua común con lengua única, y en nombre de una supuesta defensa de la lengua hegemónica pretende imponer ésta como única lengua, lo cual constituye una actitud excluyente contraria a la convivencia que anularía la rica diversidad lingüística y nos trasladaría a la época preconstitucional.

Patxi Baztarrika es viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno vasco.

CHEQUEO A 30 AÑOS DE DEMOCRACIA (7) / LAS LENGUAS
Está en juego la libertad
ARCADI ESPADA

Vistos los gravísimos problemas disléxicos que se han manifestado en la opinión nacionalista (o sea, gubernamental) a propósito del Manifiesto por la Lengua Común, habrá que insistir en que en éste no se plantea la defensa de ninguna lengua (y, correlativamente, tampoco la erosión o el exterminio de ninguna otra), sino solamente la defensa del sentido común y los derechos, no ya lingüísticos, sino políticos de los ciudadanos españoles.

El Manifiesto no propone que el español sea una de las lenguas vehiculares de la enseñanza porque sea la lengua materna de la inmensa mayoría de ciudadanos, sino porque es lengua oficial en todas las comunidades españolas. El concepto de lengua materna sólo lo usan los nacionalistas: durante la dictadura de Franco decían que era un genocidio educar a los niños en una lengua distinta de la lengua materna: ahora dicen que es un genocidio invocar la lengua materna. El genocidio son ellos, naturalmente, su negocio y su quebradiza inteligencia. Pero la lengua materna no es cuestión del Manifiesto. Casi siempre las cosas se entienden mejor en francés: es imposible imaginar que un habitante de la Bretaña no pudiera escolarizar a sus hijos en francés.

Lo que cabe decir de la enseñanza cabe decirlo del comercio: es intolerable que el poder obligue a rotular el santo y seña de los establecimientos en una lengua determinada. ¡Esto no lo hace ni el grosero poder español! Lo que está en juego no es el castellano (o el inglés o el urdu), sino la libertad. Cuando el poder mete la lengua en los asuntos privados siempre aparece 1984, la célebre distopía, cuyo rasgo característico es, precisamente, la fabricación de una neolengua. Por cierto, que la profecía orwelliana se ha cumplido admirablemente en estos 30 últimos años en España: ha sido y es mucho más fácil mentir en catalán o en vasco que en castellano. Mentir y hacer negocios: los significantes, sean lengua o bandera, han resultado ser excelentes salvoconductos.

No es el español lo que está en juego cuando se critica el manual de estilo de la televisión pública catalana, que obliga a los periodistas presentes en el lugar de un crimen a elegir los testimonios de vecinos que se expresen en catalán: está en juego la verdad, la dignidad y hasta el sentido del ridículo.

El Manifiesto, tal como creen descubrir con su proverbial agudeza algunos de sus críticos, es una operación política. Una operación en defensa del pacto político y cultural por las libertades españolas tácita y expresamente suscrito durante la Transición, y erosionado sistemática y eficazmente por los nacionalistas catalanes, gallegos, vascos, y también por el nacionalismo leonés, el peor de todos.

Las 25 víctimas del etarra serán recordadas con flores en Madrid
Las víctimas, indignadas, se echan de nuevo a la calle por la salida de De Juana
F. Cancio / J. López - Madrid La Razón 3 Agosto 2008

Indignación, rabia, dolor... Pero, sobre todo, impotencia. Es lo que provoca la salida de la cárcel de uno de los terroristas más sangrientos de ETA. A sus espaldas, Iñaki De Juana Chaos deja 25 muertes. Muertes de las que nunca se ha arrepentido. Los 3.000 años a los que fue condenado se han convertido en apenas 20, menos de uno por cada una de sus víctimas. Por ello, las víctimas, los partidos políticos y, en general, la sociedad civil han puesto el grito en el cielo ante algo que califican de «insulto» o «vergüenza». Como el hecho de que tenga que ser la Guardia Civil la que blinde la cárcel y proteja al terrorista para evitar incidentes a su salida.

Y ante esta «injusticia», diferentes asociaciones y colectivos realizarán hoy diversos actos de homenaje a las víctimas del terrorismo. Los actos principales tendrán lugar en Madrid y en San Sebastián, ciudad en la que el etarra tiene previsto establecer su residencia habitual después de su paso por prisión. En esta ciudad, Dignidad y Justicia se concentrará en los jardines Alderdi Eder a las 12:00 horas. Numerosos colectivos de víctimas como Covite o el Foro Ermua se unirán a esta protesta. En el acto estará presente la diputada de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez.

En Madrid, ciudad donde el etarra ha sembrado el dolor con sus crímenes, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) realizará una ofrenda floral en la plaza de la República Dominicana, donde un atentado perpetrado en 1986 provocó la muerte de 12 guardias civiles e hirió a 70 personas. En ella, el presidente de la AVT, Juan Antonio García Casquero, y diversas víctimas y miembros del colectivo depositarán 25 ramos de flores, uno por cada una de las víctimas mortales de De Juana, ante el monumento dedicado a las víctimas del terrorismo e inaugurado el pasado mes de mayo.

García Casquero explicó que será «sólo un gesto» y manifestó su voluntad de que «todo el pueblo español» rinda un homenaje a las víctimas a partir de la salida del etarra de la cárcel. Su objetivo es que los ciudadanos depositen velas y flores en «cualquier lugar simbólico» para las víctimas del terrorismo, como pueden ser las calles y plazas dedicadas a ellas en diversas localidades españolas.

A este acto se ha unido el PP en a través de su secretaria general, María Dolores Cospedal, quien mantendrá un encuentro con García Casquero, la vicepresidenta de la asociación, Angeles Pedraza, y los miembros de la Junta Directiva de la AVT. Pero los verdaderos protagonistas del día serán las víctimas. No sólo los familiares de aquellas a las que el etarra arrancó la vida, sino también los supervivientes de sus ataques.

«¿Ha pensado alguien en el shock anímico y emocional que padecerán las víctimas? Verse frente a frente con este psicópata va a ser algo durísimo». Quien habla es Manuela Lancharro, hermana del agente Antonio Lancharro, fallecido en el atentado de República Dominicana. «Siento una impotencia tremenda. Tendrían que pensar en las familias por humanidad, que les han cambiado la vida quitándoles un ser querido».

Lo mismo piensa Hortensia, madre del guardia civil Alberto Alonso Gómez, asesinado en el atentado con coche bomba de la calle Príncipe de Vergara junto a cuatro compañeros. «Nos ha hecho muchísimo daño», señala, al tiempo que lanza una pregunta a los jueces y políticos: «¿No son ustedes padres? Yo sólo pido que se pudra en la cárcel, porque yo me estoy muriendo en vida, y es él el que tendría que morir», sentencia con un pequeño hilo de voz casi apagado por las lágrimas.
Mientras, los que lograron sobrevivir a la barbarie terrorista han vivido marcados de por vida. Es el caso de Alfonso Sánchez o Raimundo Plata, supervivientes del atentado de República Argentina. Los recuerdos, malos, y las secuelas les han acompañado todos estos años y saben que será difícil volver a la «normalidad».

Alfonso considera que la salida del etarra «es una burla al sistema democrático, una aberración, algo vergonzoso». Y, sobre todo, espera no tener que cruzarse nunca con la persona que intentó acabar con su vida, «como va a pasar por desgracia con algunas víctimas en San Sebastián». Por su parte, Raimundo, agradece a la «suerte» que él y sus compañeros sobreviviesen y recuerda con rabia que «ha arruinado mi vida». Sólo pide una cosa: «Justicia».

Una calle para las víctimas
Castilla y León recuerda a las víctimas
La localidad vallisoletana de Olmedo cuenta ya con una plaza dedicada a las víctimas de la barbarie terrorista, uniéndose a la iniciativa impulsada por LA RAZÓN.
Rodrigo Ortega - Valladolid La Razón 3 Agosto 2008

David Nañez, guardia civil retirado de 40 años y natural de Olmedo, que sufrió en 1991 la violencia de ETA cuando una mochila bomba estalló cerca de la garita donde trabajaba en la localidad guipuzcoana de Pasajes, fue el encargado de descubrir la placa. El atentado, en el que falleció su compañero, le costó a David una pierna y la audición. Desde entonces, está retirado. Que su localidad natal cuente con una plaza dedicada a las víctimas «es algo que me agrada enormemente», asegura, añadiendo que lo importante es mantener la memoria y la dignidad de las víctimas. El acto sirvió también para destacar la importancia de las últimas detenciones de etarras «porque sirven de aliento para los que hemos sufrido en nuestras carnes la barbarie», recuerda.

La inauguración de esta plaza contó también con la presencia del consejero de Interior, Alfonso Fernández Mañueco, y del presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Juan Antonio García Casquero. Para Mañueco el homenaje es un «acto de justicia» para los más de 170 castellano leoneses víctimas del terrorismo, y animó a todos los ayuntamientos a que sigan los pasos de Olmedo y recojan el guante lanzado por la Junta.

Casquero destacó la importancia de este tipo de actos y se felicitó de la firma de un convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León, que dotará a la AVT con 75.000 euros este año para financiar actividades y apoyar el funcionamiento de la asociación.

Protestas contra De Juana
Redacción Bilbao minutodigital  3 Agosto 2008

Más de doscientas personas [fotografías al final de la nota
http://www.minutodigital.com/actualidad2/2008/08/03/protestas-contra-de-juana/] se concentraron ayer en San Sebastián en memoria de las víctimas del terrorismo, coincidiendo con la puesta en libertad del preso de ETA Iñaki De Juana.

En el acto, convocado por Dignidad y Justicia y apoyado por colectivos como Covite y España y Libertad, sus participantes expresaron su intención de “seguir luchando” para que se acabe “la impunidad de los terroristas”, para que “paguen lo que es justo” y “recuperar la calle”, así como su compromiso de exigírselo a “jueces, legisladores y esa parte de la sociedad vasca pusilánime que mira a otro lado”.

La concentración comenzó a las doce del mediodía en los Jardines de Alderdi Eder de la capital guipuzcoana con la presencia, entre otros, de la vicepresidenta de Dignidad y Justicia, Sonsoles Arroyo; la portavoz de Covite, Cristina Cuesta; la coordinadora de España y Libertad, Yolanda Morín; los dirigentes del PP Antonio Basagoiti y María José Usandizaga; la miembro de UPyD Rosa Díez; o la viuda de Ramón Baglietto, Pilas Elías.

Durante la concentración silenciosa, portaron banderas españolas con crespones negros, así como carteles con la imagen de De Juana y las palabras ‘Da asco’. Además, el monolito de Alderdi Eder albergaba las fotografías de las víctimas del ex preso de ETA.

La vicepresidenta de Dignidad y Justicia, Sonsoles Arroyo, fue la encargada de dar lectura a un manifiesto en el que se recoge el compromiso por “luchar para que se acabe la impunidad de los terroristas”.

“Acabaremos con sus símbolos, calles, monumentos, homenajes”, afirma el manifiesto, que añade que pretenden que se les exija su arrepentimiento para “volver a formar parte de nuestra sociedad, que sintáis vergüenza por vuestras acciones y el desprecio de la sociedad”.

El texto también manifiesta la intención de “seguir luchando para que las víctimas puedan seguir utilizando el orgullo como su arma frente a la ignominia de la mirada retadora del mundo etarra desde la izquierda abertzale y para que se acabe el bajar la mirada frente a los delincuentes”.

“ESCORIA”
Del mismo modo, expresa el compromiso de “seguir luchando para que paguen lo que es justo, recuperando la calle y se lo exigiremos a jueces, legisladores y esa parte de la sociedad vasca pusilánime que mira a otro lado”.

“Cándido Aspiazu, Iñaki De Juana Chaos, y a tantos otros, os decimos ’sois escoria’. Sin capucha, sin armas en las manos, os lo decimos”, concluye el manifiesto, que traslada también agradecimiento a la Guardia Civil, Policía Nacional y Ertzaintza, “los únicos que no nos habéis fallado”.

Tras guardar un minuto de silencio, el acto de homenaje terminó con la colocación de un ramo de flores junto al monolito de Alderdi Eder, que depositó Pilar Elías.

Agonías
POR JON JUARISTI ABC 3 Agosto 2008

«Y tú, ¿no tienes nada que decir sobre lo que está pasando con el Foro Ermua?», me preguntan a menudo estos días.
Pues sí. La verdad es que no quiero descender a juzgar comportamientos. En el Foro hay gente que estimo y a la que no me gustaría herir con mis comentarios, ahora que están divididos y despellejándose entre sí. Por otra parte, sigo siendo todavía presidente de una fundación independiente del Foro, pero históricamente vinculada al mismo. Creo que no descubro nada si digo que acepté presidirla desde el escepticismo más absoluto, a mediados de la anterior legislatura. Entonces, recordémoslo, todo el que se opusiera a las componendas del presidente Rodríguez con ETA era inmediatamente clasificado en la extrema derecha por el Gobierno y sus medios afines, y el Foro Ermua estaba a la cabeza de todas las movilizaciones contra la negociación. Qué menos que ponerse a su lado y dar la cara por ellos donde hiciera falta.

Sin embargo, es también sabido que, habiendo participado en la fundación del Foro, hace diez años, fui el primero en abandonarlo, por motivos que he expuesto repetidas veces. Creo que, en política, no debe haber más organizaciones estables que los partidos. Las demás, a la larga o a la corta, fracasan estrepitosamente (si no se convierten antes en partidos, lo que sucedió con algunas plataformas cívicas catalanas y con un sector de Basta ya). El fracaso inevitable se debe a que, no siéndolo, tienden a funcionar como partidos, desarrollando el mismo tipo de personalismos y cultos a la personalidad; manías como la ortodoxia y su correlato, la persecución y exclusión de los disconformes, y los ajustes de cuentas aparatosos y desagradables. Los partidos aguantan esas y otras fatalidades porque representan -en teoría, al menos- los intereses de distintos electorados que sancionan con sus votos las purgas internas. Los movimientos cívicos sólo se representan a sí mismos, y las tensiones entre sus miembros, carentes de respaldo social, los disgregan con facilidad.

Cuando se llega a una situación semejante, los dirigentes caen con frecuencia en la tentación de dar explicaciones a la sociedad, a la que nada deben y ni siquiera se las ha pedido, pues movimientos como el Foro Ermua no gestionan recursos sociales. En todo caso, las explicaciones deberían darse a los miembros del movimiento y a sus benefactores, si los hubiera, aunque éstos no suelen ser accionistas que exijan dividendos. Lanzarse públicamente acusaciones de gasto caótico, malversación o apropiación indebida de fondos sólo sirve, como se está viendo, para hacer las delicias de los que tildaban al Foro de fascista hace sólo unos meses. Por supuesto, parto de la convicción total de que nada ha habido de esto y de que el Foro pasará limpio y perfumado cualquier inspección de cuentas, pero creo también que su crisis actual demuestra que la fórmula organizativa no era buena y que lo mejor que podría hacer el Foro Ermua es disolverse.

El Foro ha servido fundamentalmente para dos cosas: acoger y dar calor humano a una buena cantidad de damnificados por el nacionalismo vasco (víctimas de ETA, amenazados por la banda o por el radicalismo abertzale en general, empresarios extorsionados, etcétera) y para sostener la ilusión de que era posible una alternativa constitucionalista al frentismo abertzale. Tal alternativa, si existió alguna vez, se desmoronó tras las elecciones autonómicas de mayo de 2001, y no tiene visos de recomponerse. En cuanto a la primera función, es evidente que poco puede hacer el Foro u otra organización análoga si el Estado no asume sus responsabilidades al respecto. La erradicación del terrorismo y la consiguiente democratización de la vida política vasca no son tareas al alcance de un movimiento cívico.

En el Foro Ermua hay personas que han probado suficientemente su capacidad generosa de compromiso. Sería una lástima que ésta se malgastase en el esfuerzo de mantener una estructura sin función, abismada cada vez más en sus problemas internos, que, por torpeza, ingenuidad (y, en algún caso, mala fe), está cosechando un desprestigio que no se merece. Las agonías, breves.

Envidia del Foro de Ermua o el síndrome del Partido Popular
Nota del Editor
 3 Agosto 2008

Causa una profunda envidia que haya gente que ande a la gresca por hacerse con el control de una asociación cívica, cuando lo normal es que todo el mundo mire a otro lado para no tener que arrimar el hombro, esperando que otros les saquen las castañas del fuego.

Al Foro de Ermua le sentó muy mal que se anulara a su anterior presidente a causa de su recién adquirida adscripcióm política a UPD. Aquello fue un disparate que ahora tienen que pagar, y la solución no es hacerlo desaparecer, eso sería un reconocimiento de la derrota de la lucha cívica que no debemos permitir.

Algunas gentes de la cúpula visible y directiva del Foro de Ermua está/ha estado muy vinculada al Partido Popular, tanto por razones idológicas como por apoyo financiero.

Y al Foro de Ermua le ha ocurrido lo mismo que al Partido Popular,  se ha visto que hay personas que no tienen interés en defender las ideas y los principios, que sólo tienen interés en conseguir el poder, el Foro de Ermua era una herramienta más.

Así que el Foro de Ermua tiene que hacer lo que el Partido Popular debería hacer, refundarse en base a la defensa de los derechos cívicos, dejar que sus miembros, de cualquier relevancia, puedan manifestar su preferencia por el grupo político que les parezca mejor, siempre que en lo fundamental defiendan la Constitución Española, los derechos ciudadanos, la libertad, la memoria, la justicia y demás principios éticos para que Españ pueda ser tal y no un reino de taifas, un país de cachondeo como ahora.

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