AGLI

Recortes de Prensa    Lunes 4 Agosto 2008

Defender el castellano en toda España
Ana Mato ha recordado que a pesar de que el nacionalismo fomente "la exclusión" y la imposición de las lenguas cooficiales, "en el caso de Cataluña es el Partido Socialista el que lo hace". Ha olvidado que el PP ha hecho exactamente lo mismo.
EDITORIAL Libertad Digital 4 Agosto 2008

La ley en defensa del castellano fue una de las promesas estelares en la pasada campaña electoral y una de las pocas ideas –junto con el contrato de integración de inmigrantes– en que le tomó la delantera al PSOE, obligándolo a defenderse e ir a remolque. Y es que una parte considerable del electorado socialista no comparte la obsesión de su presidente de apoyar de manera inquebrantable las multas por rotular en castellano o la erradicación de la lengua común de las aulas pagadas con dinero de todos.

Por tanto, resulta una buena noticia constatar que el PP no ha olvidado sus promesas electorales tras su derrota y tiene un texto casi listo para presentar en el Congreso de los Diputados. Pese a ser minoría y contar, previsiblemente, sólo con el apoyo de UPyD, esta iniciativa obligará al PSOE a retratarse una vez más. En un momento en que su imagen y sus apoyos están seriamente dañados por su pésima gestión de la crisis económica, recordar una de las más importantes razones por las que no se debería volver a votar a Zapatero nunca está de más.

No obstante, es de temer que esta iniciativa se quede en un mero gesto sin mayores consecuencias. Del propio PP depende que no sea así. Ana Mato ha recordado que a pesar de que el nacionalismo fomente "la exclusión" y la imposición de las lenguas cooficiales, "en el caso de Cataluña es el Partido Socialista el que lo hace". Ha olvidado que el PP ha hecho exactamente lo mismo tanto en regiones donde ha tenido el Gobierno y lo ha perdido –Baleares y Galicia– como en la Comunidad Valencia, donde ha afianzado su liderazgo sobre el resto de las fuerzas políticas.

Bien está que se exija el respeto a la lengua común desde un texto legal presentado en la sede de la soberanía nacional, pero poca credibilidad ostenta quien lo apoya al mismo tiempo que practica su violación en sus tareas de Gobierno. Es hora de que Camps presente un texto similar en el parlamento valenciano y lo aplique, cambiando las rotulaciones públicas por otras bilingües y garantizando el derecho de los padres a que sus hijos sean educados en castellano si así lo desean, por más que vivan en una zona en que la mayoría hable valenciano.

Sólo desde la coherencia puede exigírseles responsabilidades a las demás fuerzas políticas. El PP debería examinar antes lo que ha hecho y sigue haciendo en algunas comunidades autónomas si quiere que los ciudadanos crean a los populares cuando presentan iniciativas tan necesarias como esta ley. En caso contrario, parecerá que actúan a remolque del manifiesto por la lengua común, y que actúan para capitalizar su éxito.

De Juana y el Estado de derecho
Salvajismo sobre salvajismo
Nuestro “Estado”, si es que a esto que soportamos los españoles puede dársele este nombre, es tan salvaje que los terroristas convivirán “apaciblemente” con las víctimas y sus familiares. Eso quiere decir que los criminales han vuelto a ganar.
Agapito Maestre Libertad Digital 4 Agosto 2008

Zapatero ha conseguido añadir salvajismo a su salvaje negociación con ETA. De Juana Chaos, un símbolo del terrorismo de ETA, ha ganado. Está en la calle. El espíritu democrático que caracterizó durante la anterior legislatura a las grandes manifestaciones de las víctimas del terrorismo contra la negociación del Gobierno con ETA ha vuelto a perder. Gobernantes, legisladores, políticos y jueces están con Zapatero, o sea, comparten su "política" negociadora con el terrorismo. Los terroristas persisten en matarnos y Zapatero en integrarlos en una sociedad de carácter ovino. Más aún, Zapatero ha conseguido que Rajoy se sume a este inmoral proyecto: los terroristas tienen que ser integrados en la sociedad aunque tengan que vivir un poco alejados de sus víctimas y cumplir con su responsabilidad civil. ¡Cuánto cinismo!

Aparte de que las víctimas hace ya mucho tiempo que conviven con los asesinos, y aparte de que la propia Audiencia Nacional dictó en 2005 sentencias para que los criminales que salen de la cárcel vivan lejos de las víctimas, resulta bochornoso, desde el punto vista de una sociedad desarrollada moralmente, que la entera negociación de Zapatero y Rajoy sobre cómo combatir el terrorismo se resuma, según ha dicho el segundo, "en que los terroristas no pueden vivir cerca de sus víctimas y sobre todo que los etarras abonen las indemnizaciones a sus víctimas y que no puedan eludir su responsabilidad civil."

Cualquiera que lea con sentido común esas declaraciones tiene que sentir vergüenza ajena. Millones de ciudadanos en la anterior legislatura salieron a la calle para acabar con el terrorismo y, sobre todo, para que los terroristas cumplieran toda la condena impuesta y, naturalmente, para que se legislase la cadena perpetua contra los asesinos, pero los dos principales dirigentes de España sólo están preocupados porque puedan "convivir" los criminales con las víctimas. Si no fuera dramática esta situación, diría que todo este cambalache sobre los terroristas suena a chiste malo y negro.

Nuestro "Estado", si es que a esto que soportamos los españoles puede dársele este nombre, es tan salvaje que los terroristas convivirán "apaciblemente" con las víctimas y sus familiares. Eso quiere decir que los criminales han vuelto a ganar. Se han impuesto a los ciudadanos. Ellos seguirán exhibiendo su arma asesina ante quien ose llamarles por su nombre: asesinos. De hecho, insisto, hace demasiado tiempo que las víctimas están soportando la presencia cotidiana y constante de sus asesinos. Parece increíble que una sociedad desarrollada, según el lenguaje de los políticos y los falsos juristas, permita tal salvajismo, pero es un hecho que sobre el dolor de las víctimas, sí, sobre la sangre de los asesinados, el sufrimiento y desprecio de sus familiares, amigos y conciudadanos se construye un "Estado" que algunos insisten en llamarle Estado de Derecho. Imposible.

Nunca un Estado de Derecho puede construirse sobre la sangre de los ciudadanos, menos aún juntando a los criminales con sus víctimas. ¿Cómo puede "convivir" un asesino en serie, como es el caso de De Juana Chaos, al lado de los familiares, amigos y conciudadanos de sus víctimas? ¿Cómo es posible decir que eso es el Estado de Derecho? Aparte de una falsedad semántica, es una ignominia intelectual llamarle "Estado de Derecho" a un Estado, o mejor, a un Gobierno que instrumentaliza el Estado convirtiendo el derecho y la ley en una propiedad particular para justificar cualquier barbaridad, por ejemplo, que a un asesino en serie no sólo le salgan casi gratis sus crímenes, sino que se le sitúe al lado de las víctimas para seguir intimidando a los familiares de sus asesinados.¿Cómo hay jueces a los que no se les cae la cara de vergüenza cuando defienden un "Estado de Derecho" donde viven revueltos los asesinos con sus víctimas? ¿Qué tipo de moralista es quien fomenta que el asesino tiene que vivir con la víctima?

En verdad, sólo quien viva en una situación de salvajismo intelectual y moral puede defender algo parecido a lo que está pasando en esta España trágica y cruel. Sólo un salvajismo intelectual, como el instalado en España hace décadas, hace posible que sigamos hablando del "Estado de Derecho". En cualquier caso, no seré yo quien diga que esta sociedad es un fracaso moral ni que este "Estado" es un fracaso democrático, si previamente no reconozco que legisladores y jueces, gobernantes y políticos, han contribuido por igual a la construcción de este "Estado" semisalvaje.

Liberación de De Juana
Cholloterrorismo
La misma suerte ha corrido Juan Pablo Diéguez, condenado a un año menos por integración en organización terrorista, ya que la pobre criatura también padece la misma apnea de sueño.
Isabel Durán Libertad Digital 4 Agosto 2008

En España trae cuenta ser terrorista. Como es bien sabido, a pesar de la tardía, fingida o real conmoción gubernamental por la recobrada libertad de uno de los más sanguinarios asesinos de ETA y su burdo montaje para vivir al lado de sus víctimas, cualquier preso que se ponga en huelga de hambre es inmediatamente puesto a disposición de su novia para darse unas refriegas en la ducha. Más tarde se le conduce al hospital de su elección en su ciudad natal para que pueda ir de compras a la óptica y al herbolario. Posteriormente, cuando llega a la excarcelación definitiva tras haber burlado impunemente la ley mientras un juzgado se traga durante 3 años el cuento de unos cursillos de enfermería y demás fruslería con las que rebajar sustancialmente la condena, el Gobierno muestra su contundente repulsa pública, y aquí paz y después gloria. José Ignacio de Juana Chaos no es el único que se lo pasa de lo lindo y se libra de la prisión por las buenas.

Su colega de banda terrorista, la dirigente Elena Beloki, condenada a 13 años de cárcel en diciembre pasado como responsable de Xaki, el aparato internacional de ETA, ha obtenido permiso para recibir tratamiento de inseminación in vitro del también etarra Juan María Olano en el Hospital de Cruces de Vizcaya. Ello porque a los señoritos del terror les han entrado unas irreprimibles ansias de procrear en este preciso momento y no hace unos meses, cuando ambos gozaban todavía en libertad. Tal y como les ocurre a las millares de presas comunes que pueblan las prisiones españolas, la Justicia ha dictaminado la necesidad de unas "condiciones psicológicas adecuadas". Y naturalmente la "actual situación de privación de libertad" no resulta idónea para tan altos menesteres. Así que tan ilustre criminal ha sido enviada a su pueblo para que pueda reproducirse artificialmente. Que nadie se escandalice, pues se le ha exigido una elevadísima fianza de 6.000 euros.

Aún hay más. Los desdichados terroristas no pegan ojo, así que uno a uno desfilan por donde llegaron hace apenas unos meses gracias a la coherente y justa acción judicial. De esta manera al pobre Juan Mari Mendizábal, condenado a 13 años por considerársele jefe de ETA, se le ha mandado hace un mes y medio a su casa por padecer de apnea de sueño, hernia de hiato e hipertensión. La misma suerte ha corrido Juan Pablo Diéguez, condenado a un año menos por integración en organización terrorista, ya que la pobre criatura también padece la misma apnea de sueño. ¿Y que decir del desgraciadísimo Javier Salutregui, condenado a la nimiedad de 12 años por dirigir la banda y puesto en la calle debido a que el desvalido padece depresión crónica? ¿O de su compañero en el crimen, Olatz Altuna, penado con 9 años por colaborar con banda armada y puesto de patitas en la calle por padecer síndrome ansioso depresivo?

Y eso que se había reformado el Código Penal para que estos criminales cumplieran íntegramente las condenas. Eso sí, que nadie se preocupe, el Ejecutivo de Zapatero pretende ahora imponer el alejamiento de los terroristas sobre sus víctimas. Claro es que hasta hoy ninguna víctima había tenido que convivir con los asesinos de sus familiares. Felicitémonos todos por el modelo español de la lucha contra el terrorismo y el ejemplar apoyo a las víctimas.

Liberación de De Juana
Qué raritos somos
Un juzgado se ha tomado, en asunto de tanta alarma social, tres añitos para comprobar si los títulos de De Juana son de verdad o se trata de una colección de etiquetas de Anís del Mono homologadas por la UPV.
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 4 Agosto 2008

España es ese extraño país occidental donde los funcionarios arrojan a violadores reincidentes en brazos de anónimas muchachas que han tenido la mala suerte de pasar por ahí. Luego contemplan las consecuencias y hacen un curso, un informe y un debate muy interesantes donde se acaba (más bien se empieza) descartando la castración química voluntaria y, tras reconocer que ciertos tipos nunca cambiarán, lo zanjan todo con argumentos que desconocen tan terminante premisa. Antes de despedirse y marcharse de vacaciones, celebran los avances en materia penal, criminológica y penitenciaria.

España es un enigma jurídico donde un asesinato se paga con siete u ocho meses de prisión (que el reo especialmente peligroso dedicará a sacarse unos títulos oficiales sin abrir un libro). Siempre y cuando el asesino lo sea en serie y haya contado en su periplo procesal y penitenciario con la inestimable ayuda de algún presidente de Gobierno conmovido por el pacifismo del matarife o de algún ministro de Justicia ocupado en enseñarle los dientes (¡y cuántos tiene el condenado, y que largos!) no al carnicero, sino al periodista molesto, mientras corre la sangre a sus espaldas. O de algún cándido político que, de pura candidez, se troca en serpiente y le ve las razones a la ETA (en la punta del arma, será, que era donde Mao situaba el poder); de algún ministro del Interior que, como el guardián del silogismo, está incapacitado para la verdad; de todos los medios adeptos al poder, que antes de usar un adjetivo le preguntan al comisario político si hoy toca indignarse, ponerse serio, desviar la atención, echarlo a broma, darle un masaje a Mariano Rajoy –eclipse y espuma– o culpar al comodín Aznar; o de algún fiscal dispuesto a ponerse la toga perdida de polvo del camino (pero ojo, que con el polvo van otras cosas más asquerositas).

España es un paradójico e indeterminado conceto donde se abomina de los rigores de un régimen franquista que promulgó la legislación penal y penitenciaria más laxa del mundo, como se ha visto con De Juana, que si está libre hoy, y haciendo el gallito, no es sólo por las debilidades del elenco socialista comentado supra, sino por un Código Penal de "la dictadura". Y también porque un juzgado se ha tomado, en asunto de tanta alarma social, tres añitos para comprobar si los títulos de De Juana son de verdad o se trata de una colección de etiquetas de Anís del Mono homologadas por la UPV, de cuando el PNV protegía a todo HDP, adelantándose al PSOE posmoderno / primera legislatura, o Zapatero en fase Mr. Hyde.

Nepotismo nacionalista
El hermano Apeles
Mantenemos, cómo no, a las dos cuñadas de Duran Lleida haciendo caja en la consejería de Turismo; y a la Eulalia (Pujol), sobrina del viejo patriarca, de delegada especial –o algo por el estilo– para la promoción de Cataluña en Helsink.
José García Domínguez Libertad Digital 4 Agosto 2008

Ahora que tenemos colocado al otro, habrá que ir pensando en algún apaño para el Arnau. Más que nada, porque el chaval ya se está poniendo en una edad, y no va a seguir toda la vida en la calle, que después pasa lo que pasa por culpa de las malas compañías. Aunque atar lo suyo no será tan sencillo como lo del Apeles. Y es que, desengañémonos, el Apeles era mucho Apeles. Ahí es nada: vicedecano del Ilustre Colegio de Abogados de Reus. Por algo cuentan los avisados que allí, en la metrópolis de referencia de la comarca del Baix Camp, no se movía una mosca sin que lo supiera el tete del Carod. Poca broma: Reus también es mucho Reus. Ya conocen el dicho: “París, Reus, Nueva York”.

Vaya, con semejante currículum, que el Apeles ocupara el sillón que fuera del “nen” Oriol ( Pujol) en la muy improbable Dirección General de Asuntos Interdepartamentales, ya nos supo a poco en tiempos del primer tripartito. Y esto otro, lo de que su hermano Josep Lluís haya reparado precisamente en él como el mejor embajador plenipotenciario posible de Cataluña ante el Estado francés, pues, qué quieren que les diga, es de Justicia (del ministerio, se entiende).

En fin, lo dicho: urge que nos centremos en arreglar lo del Arnau. Gracias a Dios (y a su padre), todos los demás ya están en nómina. Así, tenemos al simpático Ernest (Maragall) en la consejería de Educación, mareando con la tercera hora de castellano; al Manel (Nadal), puesto por el Joaquím (Nadal) en las antípodas del paro: sestea en un chiringuito que responde por Secretaría General de Movilidad; a uno que nadie había visto nunca y que dice llamarse Antoni Fogué, de nuevo presidente de la Diputación de Barcelona gracias a ser el presunto marido de la Manuela (De Madre).

Mantenemos, cómo no, a las dos cuñadas de Duran Lleida haciendo caja en la consejería de Turismo; y a la Eulalia (Pujol), sobrina del viejo patriarca, de delegada especial –o algo por el estilo– para la promoción de Cataluña en Helsinki; y a la Lluna (Baltasar), hija nada pródiga del consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, disfrutando del tercer coche oficial de la familia (su madre, la Maria Comelles, fue nombrada directora general de Calidad Ambiental por su padre, y ella, la nena, ejerce de asesora especial del president en materias , por lo demás, arcanas para el común). Et caetera.

Celebremos, pues, esa reciente resolución firme del Juzgado número 14 de lo Penal de Barcelona, la que condena a Arnau Montilla, a la sazón primogénito de José Montilla Aguilera, por andar reventando cabinas telefónicas en Las Ramblas en estado de congestión etílica. Al cabo, la sentencia no contempla ninguna inhabilitación especial para ocupar cargo público.
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Los nacionalistas, ¿son tigres de papel?
Luis de Velasco Estrella Digital 4 Agosto 2008

Permítame el lector empezar con una referencia personal. Fui militante del PSOE desde 1976 hasta 1994, en que lo abandoné asqueado de un montón de cosas, desde la corrupción hasta los GAL, pasando por la deriva conservadora (especialmente, aunque no sólo, en la política económica, fuerte con los débiles y débil con los fuertes), ausencia de democracia interna y, en definitiva, conciencia de que no estábamos sólo ante la crisis política de un partido trufado por el oportunismo y el ganar poder a toda costa sino, sobre todo, ante una crisis moral.

Transcurridos todos estos años, echo la vista atrás y nunca, ni en mis previsiones más pesimistas, pude suponer que el PSOE llegaría a los niveles de deterioro político y moral como el alcanzado ahora. Puede parecer grotesco, incluso revanchista, afirmar esto de un partido que sigue en el Gobierno y que cuenta, al menos hoy, con el respaldo de la mayoría del país. Para quienes todo lo miden por el éxito electoral, a costa de lo que sea, eso es suficiente. No lo es para quienes piensan, pensamos, que el PSOE, con Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, está causando daños seguramente irreparables.

Dejemos de lado el tema de la archinegada crisis económica (cuya profundidad y duración va a ser superior a los pronósticos oficiales y que está ya recayendo, diga lo que diga el Gobierno, sobre los más débiles) porque, al fin y al cabo, de ella se saldrá algún día, y centrémonos en temas más permanentes. Concretamente, en la política desarrollada por el Gobierno desde el 2000, basada en alianzas con los partidos nacionalistas, ejemplificada especialmente en el tripartito catalán con el PSC al frente de la manifestación y en el respaldo al Estatut, algo que está demostrando ser, y más lo será en el inmediato futuro (salvo que el Constitucional lo remedie, algo poco probable), una enorme fuente de problemas de todo tipo. Primera prueba de esto es la aprobación, esta pasada semana, por el Gobierno catalán de un nuevo proyecto de ley de enseñanza que, como ha dicho muy acertadamente Antonio Robles, diputado autonómico de Ciudadanos, es una ley para la exclusión, para expulsar el castellano de la escuela catalana. Claramente anticonstitucional y franquista. Mientras, el Gobierno del PSOE, Gobierno de España (como dice ese gracioso estribillo inventado antes de las últimas elecciones), mira para otro lado.

Cuando llegó Maragall, algunos pensamos y dijimos que sería más nacionalista que Pujol. La burguesía ilustrada barcelonesa, el llamado socialismo “caviar”, tenía que buscar su lugar al sol como fuera. Luego han llegado los llamados “capitanes”, los foráneos, con Montilla a la cabeza, y hay que demostrar la pureza de sangre siendo más papistas que el Papa. La Declaración de Principios aprobada en el reciente congreso del PSC proclama a Catalunya “una nación con un territorio, una lengua, una cultura y una historia propias que configuran una comunidad nacional”, y continúa: “Afirmamos que la lucha por el socialismo y por la libertad nacional de Catalunya son objetos inseparables de nuestro proyecto”. Lo del “socialismo” es farfolla. Lo de la “libertad nacional” tiene mayor enjundia. Es un paso más en una clara deriva en la que el Estatut es pieza clave.

No es exagerado afirmar que, sin la base de una absurda ley electoral y, sobre todo, sin el apoyo actual del PSOE y el esperable del PP (las recientes convulsiones en este partido responden simplemente a la cuestión de qué hacer con los nacionalistas), estos partidos nacionalistas serían tigres de papel. Sólo la conversión de estos dos partidos en nacionalistas bis o vergonzantes les da oxígeno a los nacionalistas y les permite ser cada vez menos de papel al tener acceso a los crecientes presupuestos autonómicos. Además del caso catalán, tenemos el gallego y el balear y, en el horizonte más inmediato, el vasco, donde no es descartable, tras las elecciones, un Gobierno PSE-PNV que serviría para dar oxígeno al segundo.

El PSOE, que cada vez parece menos un partido nacional y cada vez más una confederación de franquicias, enfrenta un enorme responsabilidad, mayor que el PP por ser el partido de gobierno. La coyuntura política es cada vez más grave. Si en lo económico no se justifican, al menos hoy, unos nuevos pactos de la Moncloa, en lo político la embestida nacionalista y de sus “clones”, sí justifica un acuerdo entre los dos grandes partidos, acuerdo que incluya desde reformas constitucionales rescatando competencias para el anoréxico Estado, hasta una nueva ley electoral más acorde con eso tan democrático de una persona, un voto.

Desde la cofa
De Prada, seguidor de Lenin
La libertad protege lo bello y lo feo, lo moral y lo inmoral, y tiene que ser así, porque por un lado nos permite aprender con la experiencia y por otro no cae en el error de imponer soluciones únicas… y siempre negativas.
José Carlos Rodríguez Libertad Digital 4 Agosto 2008

Nada tengo contra Juan Manuel de Prada, pero él parece tenerlo todo contra la libertad. Es cierto que para quien cree que la libertad es una "vieja herejía", cualquier ocasión es buena para combatirla. Especialmente si, como él, imagina ya su nombre en el panteón de moralistas ilustres de todos los tiempos. Por cierto, bello artículo el que dedicó el otro día a mostrar su amor por Amy Winehouse.

Para quien tiene un martillo en la mano todo le parecen clavos, de modo que quien guarda un pequeño Torquemada en su corazón verá del primero al último de sus días ocasiones perfectas para darle un aldabonazo a la libertad, a la espera de que alguno de ellos sea el último y definitivo. La penúltima es la condena a Federico por sus críticas a José Antonio Zarzalejos, a quien dedica una elocuente carta.

Hasta quienes aborrecen abierta y sinceramente la libertad, como es el caso de De Prada, necesitan una idea para llevarla (otra vez) a la hoguera. Ya puestos, ¿por qué conformarse con una autoridad en la materia inferior a Lenin? Con él se encontró nuestro Giner de los Ríos en su viaje a la Rusia soviética para preguntarle cuándo se iba a establecer allí la libertad. "Libertad, ¿para qué?", fue la respuesta del ideólogo de nuestro escritor. Pues esa es la clave. La libertad está bien, sí, pero en función de quién la tenga y para qué la utilice. De Prada: "La libertad, en sí misma, no es más que un movimiento; hace falta determinar la dirección de ese movimiento para establecer si tal libertad merece ser protegida jurídicamente."

Está todo clarísimo. Sólo que a uno le asaltan las dudas. ¿Quién establece si la dirección con que uno hace uso de la libertad es correcta o no? ¿Torquemaditas ilustres como Juan Manuel de Prada, o nos valen los que ya tenemos instalados en el Gobierno? Y ¿cuáles son los límites para cercenar la libertad? Puestos a repartir permisos de lo que se puede y no se puede permitir (siempre en nombre de la "verdadera libertad" de la que habla De Prada), tampoco hay razones para ser generoso si, como el escritor, se tiene la Verdad y la Moral siempre de su lado.

Es más, si no cabe más libertad que la que se permita para ciertos comportamientos pero no para otros es que, en verdad, no hay libertad. La libertad protege lo bello y lo feo, lo moral y lo inmoral, y tiene que ser así, porque por un lado nos permite aprender con la experiencia y por otro no cae en el error de imponer soluciones únicas... y siempre negativas.

De Prada se siente cómodo en su papel de censor frustrado. Por lo que se refiere a los demás, a quienes estamos a la espera de que el moralista nos conceda su cédula, sólo nos queda repetirnos sus palabras: "La verdadera libertad es un estado de obediencia". Amén.

José Carlos Rodríguez es miembro del Instituto Juan de Mariana

Españetas contra España
MIGUEL ESCUDERO El Correo 4 Agosto 2008

A partir de ciertas condiciones, una función matemática deja de ir sola y lleva adosada su transformada de Fourier, una caricatura siempre a mano. Por razones de eficacia, se juega entonces a la vez con esas dos 'realidades'. Igual sucede con los pueblos. Ortega distinguió entre la España real y la España oficial, nosotros podemos hablar también de la Españeta como la parte impersonal, torpe y panoli de España. Ofrece muy diversas caras, mientras unos rebozan su chabacanería (luciendo sus símbolos de forma compulsiva), otros refuerzan una animadversión que les corroe el alma y, prepotentes, exhiben la cortita inteligencia de hacerse el extranjero. Así se deshacen las personas, así se configuran los países. Se podrían hacer libros de ello, Carlos Rojas ya ha escrito el primero y único hasta ahora: '¡Puñeta, la Españeta!'.

Si pasamos a mirar sus subconjuntos, partes del todo, como son Euskadi y Cataluña, vemos que éstas no se libran de una peculiar diferenciación, actitudes catetas de nuevo. Cataluñeta es, por ejemplo, ver a Carod pedir ayuda a Portugal en su lucha contra España; la respuesta -encabezada por Saramago- fue de desprecio lusitano, de denuncia de la total falta de cariño y de conocimiento del vicepresidente catalán hacia la realidad portuguesa. Podríamos dar muchos más ejemplos, todos con un fondo político e irracional, siempre carentes del sentido de lo ridículo en uno mismo. No me entusiasma ni el número ni la longitud de las banderas. Me desagrada ver gentes perder la compostura y lucir su españolía de manera cutre, con gritos y vestimentas estrambóticas. Pero es lo que hay, tampoco me hace sentir superior (una reacción malsana). No obstante, cualquiera con algo más de medias luces sabe que esto, en sus diferentes versiones, sucede en todas partes.

Mi aversión por las Españetas se traduce en afán de más España, necesidad de desarrollar una mayor personalidad. En las semifinales de la pasada Eurocopa un cargo de los señores de la tierra, un trabajador de la Euskadieta, dijo preferir que ganase Rusia y no España. Ante este gesto, impulsos propios de la Españeta serían tanto hacerse el ofendido, como disculparlo. Creo preferible decir '¡qué podemos esperar de majaderos así!', o bien exclamar un jocoso e inofensivo '¡tomo nota, Juncal!', recordando al gran Paco Rabal.

La seguridad como derecho
ANDRÉS MONTERO GÓMEZ El Correo 4 Agosto 2008

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE PSICOLOGÍA DE LA VIOLENCIA

Toda persona tiene derecho a la seguridad. La Constitución Española la garantiza para ciudadanos y ciudadanas en su artículo 17, el mismo que establece que la libertad es un derecho fundamental. La seguridad es, pues, uno de los derechos humanos. El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que la vida, la libertad y la seguridad son derechos inalienables. Los derechos humanos son aquellos que nadie nos tiene que reconocer, que ninguna autoridad nos concede, ningún gobierno ni ningún Estado, sino que son intrínsecos, inherentes a la cualidad humana del ser.

Los derechos humanos nacieron después del Holocausto nazi. La circunstancia de que nadie tenga el poder de reconocer el derecho de un ser humano a la seguridad no es un detalle sin importancia. Nadie los puede reconocer para que nadie pueda quitarlos, retirarlos a su voluntad. Y si alguien lo hace, si alguien los vulnera, está quebrando los derechos fundamentales y despojándonos de nuestra condición de humanos.

La seguridad como derecho está en el mismo paquete de fundamentos democráticos que la libertad o que la vida. En la Constitución Española, son las fuerzas de seguridad las investidas con el mandato de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas, así como garantizar la seguridad del ciudadano. Esta función democrática la expresa el texto constitucional en el artículo 104, mucho después de establecer los derechos fundamentales. De manera que, siguiendo el razonamiento constitucional y sin entrar en disquisiciones jurídicas, la ciudadanía democrática es inherente a unos derechos fundamentales (la seguridad entre ellos) y existen unos poderes públicos (la policía entre ellos) erigidos para proteger esos derechos contra las amenazas a su libre ejercicio. Ese itinerario racional es, probablemente, el que debe de haberse seguido en la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Y digo probablemente porque de su atenta lectura pudiera extraerse la conclusión de que algún paso del itinerario racional se ha saltado, o bien de que no se han encajado las piezas con todo el sentido, o bien de que su redacción procede de la necesidad de adecuar el texto jurídico de la Ley integral a una filosofía política subyacente (adelanto que esa filosofía es la de proteger a la mujer que denuncia) que no se concilia bien con la realidad de la violencia de género. Vamos a explicarnos.

En la Ley integral el derecho a la seguridad no está reconocido a las mujeres maltratadas, sino únicamente su tutela, su protección penal. Es cierto que la Ley integral tampoco reconoce en su capítulo de derechos los correspondientes a la libertad o a la vida. Así las cosas, puede entenderse que la ley orgánica de medidas integrales, que por su definición de 'orgánica' desarrolla preceptos constitucionales, no ha entrado a reconocer derechos fundamentales a las mujeres maltratadas porque no puede reconocérselos, es decir, porque al ser derechos humanos la Constitución se limita a establecerlos como derechos, que ya tienen las mujeres maltratadas en tanto humanas, y a partir de ahí ya no es necesario redundar en ellos en una ley orgánica. Éste sería un argumento. De hecho, la Ley integral emplea un título entero (el segundo) para conferir una serie de derechos a las mujeres víctimas de violencia de género. Estos derechos, que se conocen como derechos civiles, o de segundo orden tras los derechos fundamentales, incluyen el derecho a la información, a la asistencia social integral, a la asistencia jurídica gratuita o derechos laborales y económicos. Está muy bien. Todos estos derechos son absolutamente necesarios para unas mujeres que ven vulnerados por un agresor, a diario en buena parte de los casos, sus derechos humanos fundamentales y también sus derechos civiles, políticos o de segunda generación.

Continuando con la lógica de la Ley integral contra la violencia de género, la seguridad está garantizada como protección bajo las tutelas penal y judicial en los títulos cuarto y quinto de la redacción jurídica. Es decir, la seguridad se garantiza cuando se quiebra, cuando la mujer está victimizada, cuando ha visto vulnerados sus derechos. En el resto de casos, cuando ni la seguridad, ni la libertad, ni la vida están comprometidas por la violencia de un agresor, la Constitución ya reconoce a la mujer esos derechos inalienables y ya es bastante. Todos podemos pensar que ése es el razonamiento lógico, que es de sentido común jurídico. De hecho, la reflexión que estamos haciendo ahora bien puede ser considerada una 'mindturbation', un desahogo mental que no nos conduce a ninguna parte. Bien pudiera ser. Sin embargo, a diario nos encontramos con el problema de las mujeres maltratadas que no habiendo iniciado una denuncia penal están en grave peligro y desprotegidas, mujeres cuya ecuación de riesgo está conformada de tal manera que la presentación de una denuncia supone, de hecho, un aumento y no una disminución de su vulnerabilidad ante el agresor. ¿Es la seguridad un derecho fundamental previo a la denuncia o es el quebrantamiento del derecho lo que origina el propio derecho, en este caso a ser tutelada, a ser protegida? Es una pregunta filosófica, pero que tiene una traducción trágicamente práctica en las vidas de muchas mujeres.

A mi modo de ver, esta disyuntiva tiene una solución, una solución progresista y evolutiva como lo es la propia Ley integral. La redacción de la ley establece, por ejemplo, que la información es un derecho positivo de las mujeres maltratadas, pero en cambio la seguridad es tutelada, es decir, protegida. La propia denominación de la ley como «de medidas de protección integral» refuerza esta percepción de intencionalidad tuteladora, que está muy bien pero que igual se queda corta. De nuevo podemos ampararnos en la Constitución para sentenciar que la seguridad ya es un derecho de las mujeres maltratadas, igual que su libertad, y que no es necesario incluirla en el capítulo de derechos de la Ley integral. Sí, pero entonces hemos elaborado una ley orgánica únicamente para la protección contra la vulneración de derechos y no para la garantía efectiva de esos derechos antes de su protección. ¿Es eso lo que queremos? Ahora que tenemos la experiencia de cuatro años de recorrido de la Ley integral y la conceptualización de otras iniciativas para el ejercicio efectivo de derechos (y no sólo su protección ante la vulneración) como la Ley de Igualdad, podemos hacer avanzar la Ley integral.

La seguridad de las mujeres maltratas necesita ser reconocida como derecho efectivo previo a la tutela penal precisamente porque el ejercicio de ese derecho no está siendo efectivo, porque partimos de un plano de desigualdad previa, inherente a la violencia de género, que convierte a la seguridad de las mujeres en un derecho minusválido cuando no inexistente. Si hemos avanzado jurídicamente hacia la igualdad efectiva como conjunto de derechos positivos, idéntico camino habría que programar para la seguridad. La igualdad es un derecho constitucional para el que no ha existido apuro en canalizarla a través de una ley orgánica, porque hemos entendido que un precepto fundamental tiene un flanco débil en su expresión real. Ocurre lo mismo con la seguridad como derecho efectivo para las mujeres maltratadas. Ahora que ya hemos visibilizado el problema conceptual, tenemos que pensar en su articulación práctica y jurídica.

Alfabetos en libertad
ANDONI UNZALU GARAIGORDOBIL El Correo 4 Agosto 2008

Me ha sorprendido muchísimo el artículo del director de HABE publicado el otro día (EL CORREO, 26-7-2008). No esperaba una reacción así de una persona que las veces que he estado con él ha sido de hablar tranquilo y afable. Parece que el régimen se pone nervioso y toca a rebato apretando las tuercas a sus funcionarios más públicos.

So capa de criticar el artículo 'La guerra de los alfabetos' (EL CORREO, 10-7-2008), lo que en realidad intenta es exclusivamente un ataque personal. Yo no lo voy a hacer. Aquí nos conocemos todos. Pero sí voy a responder a sus críticas. Joseba Erkizia sí que ha leído el artículo, pero al parecer no lo ha entendido. O puede ser, también, que no me sepa explicar con corrección; voy a intentarlo de nuevo.

No es que yo esté a favor de la guerra de comunidades lingüísticas, sino que me declaro totalmente en contra de tal planteamiento. Y respecto a la convivencia añado: las convivencias forzadas no me interesan, quiero convivencia en libertad.

Soy, y me siento muy orgulloso por ello, presidente de la Fundación Aurten Bai, una de las instituciones más importantes de Bizkaia en el ámbito de la enseñanza del euskera a adultos. Los miles de alumnos que han pasado por las aulas del barnetegi de Amorebieta podrán confirmarlo

A Joseba no le tengo que explicar que he sido y soy firme defensor de las políticas de fomento del euskera y, como él reconoce, conozco necesariamente las políticas lingüísticas del Gobierno vasco. Y porque las conozco, cuando hablo sé de qué estoy hablando. No podrá aportar ninguna afirmación mía que diga que reniego de las medidas de fomento del uso del euskera. Es más, en multitud de ocasiones he reivindicado, y reivindico, más recursos en esta labor. En concreto, en la labor de los euskaltegis para la enseñanza a adultos he criticado, creo que desde siempre, la tacañería del Gobierno a la hora de dotar de recursos económicos al sector, incluida una comparecencia en la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento.

Es verdad que los tres últimos años se ha mejorado sensiblemente este aspecto, pero seguimos estando por debajo de la financiación a un colegio concertado de primaria, por ejemplo. Sería conveniente y necesario un debate tranquilo sobre los recursos utilizados porque hay un desconocimiento interesado generalizado, pero no es éste el motivo del artículo.

Me equipara con el PP intentando con ello verter un insulto de grado máximo, añadiendo que soy antinacionalista. Él sabe que a mí del PP me separan muchas cosas. Pero si me quiere insultar diciendo que soy del PP debo responderle: yo del PP no soy, pero se puede ser vasco honrado siendo del PP e incluso apoyar el euskera. Si quiere insultar hágalo con propiedad y mire en el acervo castellano, que le proveerá de muy variados exabruptos útiles (bueno, ya sabemos que en euskera no hay).

No sé como explicarle que una cosa es estar a favor del fomento del euskera y otra cosa muy diferente estar en contra de las medidas que discriminan la igualdad de oportunidades de los vascos. Es más, en el artículo aludido manifestaba, y sigo afirmando lo mismo hoy, que yo estoy en contra de algunas medidas de la política lingüística del Gobierno, precisamente porque no fomentan el euskera y sí en cambio discriminan. Debo recordarle que la ley básica se denomina 'normalización del uso del euskera'. Alguna razón debo de tener en lo que digo porque después de treinta años, si bien hemos incrementado de forma sensible el nivel y número de los que tienen conocimiento del euskera, su uso real sigue siendo, en opinión unánime, una asignatura que no conseguimos superar.

Le voy a dar un par de ejemplos. Cuando la necesidad me obliga a ello y acudo a la Hacienda foral, me encuentro con un gran local en el que, junto a las maquinitas expendedoras de tickets, están unos 15 funcionarios atendiendo. Nadie duda, yo al menos no, de que es conveniente que estos funcionarios sean bilingües y puedan atender indistintamente en euskera o castellano. Pero mirando la plantilla veo que el Departamento de Hacienda de Bizkaia tiene 1.000 funcionarios. El 99,5% de los ciudadanos vizcaínos nunca van a hablar con esos funcionarios que trabajan detrás de puertas que los ciudadanos normales no podemos traspasar. Nunca vamos a hablar con ellos, al menos en su función de funcionarios públicos.

El que estos funcionarios hablen inglés o portugués, si hacen de forma eficiente su trabajo, nos da igual, no incide en el fomento del uso social del euskera. Alguno me responderá: pero es que estamos euskaldunizando la Administración. ¡Ah!, vale. Pero eso no es fomentar el uso del euskera en la población de vizcaínos. Es euskaldunizar la Administración pública, que es cosa muy diferente.

El tiempo real que un ciudadano, a lo largo de toda su vida, habla con un especialista, pongamos cardiovascular, no sobrepasa las tres horas. Aunque lo ideal es no tener que hablar nunca con él, si realmente tengo necesidad de acudir a alguno, mi prioridad es que sea un muy buen médico, aunque hable alemán. La incidencia del idioma de este médico en el uso efectivo del euskera entre sus pacientes es insignificante.

Si el director de HABE quiere el fomento del euskera, y no otras cosas, ya sabe dónde encontrarme. Pero para que tenga claro le digo que para mí el fomento del euskera debe ser sembrado en el campo de la libertad. Y, más, el otro gran valor democrático, la igualdad, debe ser mantenida. Sigue siendo verdad aquella afirmación marxista de que lo único que tiene el proletario es su fuerza de trabajo.

En nuestras sociedades, salvo los tocados por la gracia de la fortuna, nuestro único bien es la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo. El poder acceder y lograr un puesto de trabajo es lo que nos garantiza, a la mayoría, el tener familia, tener casa, ocio, etcétera.

Se vista como se vista, el poner obstáculos para acceder a puestos de calidad por razón de idioma, es una de las discriminaciones sociales más serias que puede sufrir un ciudadano sin recursos.

Joseba, que es más o menos de mi edad, ha conocido la dictadura. Los dos sabemos qué significa que el poder político te impida el uso normal del idioma de tu elección. Los dos hemos conocido la creación de las ikastolas desde la semiclandestinidad o las clases de euskera a adultos sin ningún apoyo. Los dos conocemos qué es ser discriminados por razón de lengua porque en la dictadura lo hemos vivido. Pero yo hoy me niego a pasar de víctima a verdugo y discriminar a otros porque les guste más el castellano.

Un Gobierno en caída libre
Editorial ABC 4 Agosto 2008

JOSÉ Luis Rodríguez Zapatero ha faltado a la verdad con ánimo de ocultar a los españoles la realidad de la situación económica. La confianza que los electores depositan en los gobernantes es un elemento esencial del sistema democrático. La gente sabe ya que el Ejecutivo desperdició los tiempos de bonanza en la pasada legislatura sin adoptar las medidas estructurales imprescindibles para fortalecer la economía española. Es consciente también de que existen dificultades objetivas y de que la solución de algunos problemas -entre ellos, el precio del petróleo o los tipos de interés- no está en manos del Gobierno. Lo que resulta intolerable para una sociedad madura es el engaño deliberado con fines oportunistas. El PSOE maquilló la realidad antes de las elecciones, cuando el propio presidente del Gobierno calificaba de «antipatriotas» a quienes se limitaban a decir la verdad. Después del 9-M, Rodríguez Zapatero adoptó una actitud absurda, utilizando eufemismos de todo tipo para negar la evidencia. A su vez, el vicepresidente económico dilapida su prestigio con una postura pasiva y distante que provoca cierta irritación y se traduce en un notable descenso en su valoración política. El ministro de Industria da la cara, pero sus ocurrencias sobre bombillas y corbatas ofrecen una imagen frívola que resulta incompatible con el rigor indispensable en estas circunstancias.

Es lógico que la última encuesta del CIS refleje la caída en picado de un Gobierno insolvente. No hay precedentes en nuestra democracia reciente de un varapalo tan fuerte en tan poco tiempo para el partido en el poder, que hace apenas unos meses obtenía la mayoría en las urnas. El PP ha resuelto a tiempo sus problemas internos y desarrolla ahora una labor de oposición sólida y eficaz que empieza a calar en la opinión pública. El barómetro del CIS es significativo del fracaso de un equipo flojo e incoherente que carece de proyecto político: suspende incluso el propio presidente del Gobierno y sólo tres ministros aprueban por la mínima. La causa no es la crisis en sí misma, sino la percepción social de que alguien hace trampas con las palabras y los hechos, lo que justifica este deterioro acelerado. La sociedad española no se puede permitir un Gobierno débil y sometido a los vaivenes de la aritmética parlamentaria. El desbarajuste territorial impulsado desde hace unos años pasa ahora su factura, con una nueva versión del Plan Ibarretxe que nadie termina de desactivar y un Estatuto catalán que Montilla pone en práctica sin consideración alguna hacia lo que pueda decir en su momento el Tribunal Constitucional.

Según los datos del CIS para el mes de abril, el PSOE sacaba 6 puntos de diferencia al PP, reducidos ahora a dos décimas. Es un batacazo en toda regla para el Ejecutivo, aunque la vicepresidenta se consuele pensando que tienen cuatro años por delante para demostrar la existencia de un proyecto. Más valdría que empezaran cuanto antes, y también que algunos ministros dejaran de ser unos perfectos desconocidos para la gran mayoría de los ciudadanos, como también reflejan los datos. Las operaciones cosméticas, como la convocatoria de un consejo de ministros en mitad de agosto, sólo sirven para prolongar el engaño. España afronta una crisis económica importante y el Estado de Derecho tiene que hacer frente a desafíos soberanistas que exigen una defensa activa y eficaz de la Constitución. No sirven las sonrisas, el talante o el buenismo, sino que es deber del Gobierno crear las condiciones adecuadas para generar seguridad y confianza en los distintos sectores sociales. Por eso, ha llegado la hora de decir la verdad a los ciudadanos y de ofrecer soluciones a los problemas, aunque -vistos los antecedentes- es ilusorio pensar que Rodríguez Zapatero está en condiciones de aportar lo que la sociedad exige en una coyuntura tan difícil en el plano político y económico.

El calor reblandece a la AN y excarcela a etarras por enfermedad
Vicente A. C. M. Periodista Digital 4 Agosto 2008

Este escrito de hoy pretendía que hubiera sido breve, porque es tal mi sentimiento de frustración ante las actuaciones judiciales de la Audiencia Nacional en relación a ETA y su entorno, que me empujaba a escribir algo que no fuera sino expresar mi rechazo total ante estas infames actuaciones. No hace ni tres días, escribí un artículo en cuyo título me preguntaba si estaba produciéndose un trato de favor hacia ETA. La respuesta creo que es obvia y rotundamente afirmativa.

Tras la liberalización del etarra de Juana Chaos, sin ni siquiera haber seguido la línea de investigación de los beneficios penitenciarios obtenidos con estudios y titulaciones académicas de más que dudosa legalidad, se ha producido la excarcelación de otros cuatro etarras condenados en el llamado caso EKIN, a penas entre 9 y 13 años de prisión. ¿Y cuál ha sido la justificación dada? Pues que se han aludido diversas dolencias, como “contracturas”, “hernia de hiato”, etc. Como se verá, son enfermedades perfectamente compatibles con la privación de libertad, ya que en los centros penitenciarios existen medios médicos para su tratamiento y si no, siempre existe la posibilidad de una derivación a un centro hospitalario.

El hecho adicional de que estén pendientes de un recurso de la sentencia de prisión ante el tribunal Supremo, no es causa suficiente para la excarcelación bajo fianza de 6.000 euros, aduciendo que no hay riesgo de fuga. Desde luego, donde no existe riesgo de fuga es en la cárcel, ya que no sería muy inteligente, siendo un etarra, permanecer en España sabiendo que te van a devolver a prisión en cuanto el TS corroborase la sentencia.

Así que la Audiencia Nacional ha explicado con claridad para justificar algo que no aplica al resto de reclusos. ¿Es esto un trato de favor o una interpretación de la Ley porque la jugada lo aconseja? Ya no me cabe ninguna duda de que estamos asistiendo a una serie de gestos encaminados a retomar las negociaciones con ETA. Por un lado se ponen bombas, pero se cuida mucho el no causar víctimas. Por el otro lado se vuelve a aflojar la cuerda y se muestra la “buena voluntad” y predisposición para el “diálogo”.

No veo sinceridad ni cambio de actitud en la lucha anti terrorista. Los hechos demuestran que se está en una especie de teatro en el que se representa una farsa a los ciudadanos. Se intenta dar una imagen de dureza mediante un rosario de detenciones, sobre todo en Francia, en las que siempre se dice que se detiene a la cúpula de ETA. Han sido ya tantas, que más parece la Hidra de siete cabezas. Por otra parte, las excarcelaciones parecen querer compensar y mandar un mensaje. No hace falta esperar a septiembre para ver el final de este grotesco espectáculo.

Intuyo que el Sr. Rajoy, desaparecido como el Sr. Zapatero para no opinar sobre los temas políticos que dominan este revuelto verano, tomará buena nota de estos acontecimientos para exigir responsabilidades. Hubiera sido deseable que alguien del PP al menos dé la cara en estos días, aunque sea un sacrificio dejar por unas horas las vacaciones. Piensen que otros ciudadanos, por la crisis, no tienen la suerte de poder difrutarlas.

Departamento de Educación
EA dice que el "borrador" de los modelos lingüísticos está siendo debatido con el fin de lograr un amplio consenso
La formación se muestra "convencida" de que sus socios en el tripartito, PNV y EB, apoyarán la propuesta definitiva una vez sea presentada
VASCO PRESS BILBAO El Correo 4 Agosto 2008

Eusko Alkartasuna ha asegurado que la propuesta de reforma de los modelos lingüísticos que lleva a cabo el Departamento de Educación está en fase de "borrador" para su debate entre los agentes implicados y lograr un "amplio consenso". Con esta declaración EA responde a las informaciones publicadas en las que se asegura que el PNV exige al departamento liderado por Tontxu Campos una "flexibilización" de la reforma educativa ante la falta de consenso en torno a los modelos lingüísticos.

En un comunicado, EA asegura que la propuesta de reforma de modelos lingüísticos planteada por el Departamento de Educación se encuentra en fase de "borrador" y que ha sido "contrastada y debatida" entre todos los agentes implicados y que han expresado su aprobación "con la esencia" de la misma. En la actualidad, afirma, el texto está siendo sometido a la consideración de los diferentes partidos con el fin de alcanzar "un amplio consenso". Por ello, EA se muestra "sorprendida" ante "determinadas informaciones interesadas" que a su juicio "sólo buscan entorpecer el debate". La formación se muestra además "convencida" de que sus socios en el tripartito, PNV y EB, apoyarán la propuesta definitiva una vez sea presentada.

El revelador informe Pintó
Editorial Heraldo de Aragón 4 Agosto 2008

La existencia del informe Pintó, que la Generalitat recibió en 2001 y que deja claro que Lérida no puede -en Derecho- retener los bienes de las parroquias del Aragón oriental, prueba la mala fe con la que han actuado y siguen actuando las autoridades catalanas. Que tuviera que ser un particular quien lo sacara a la luz demuestra que el Gobierno aragonés no ha aplicado en este asunto la necesaria diligencia

CUANDO, en 2006, la entonces consejera de Cultura de la Generalitat, Caterina Mieras, dictó una resolución poniendo condiciones al regreso a Aragón de los bienes, o cuando su sucesor, Joan Manuel Tresserras, reiteraba, hace pocos días, su prepotente negativa a permitir la devolución, debían de ser conscientes de que el Gobierno catalán no tenía derecho a actuar de esa manera. Porque desde hace nada menos que siete años (ver HERALDO del 2 de agosto, pág. 26), el departamento catalán de Cultura dispone de un informe del prestigioso letrado Josep Joan Pintó que deja meridianamente claro que las obras pertenecen a las parroquias aragonesas y que ni la catalogación de las piezas por parte de la Generalitat ni la constitución del consorcio del Museo Diocesano de Lérida alteran esa realidad fundamental. No produce demasiada sorpresa que la Consejería catalana que lo encargó haya ocultado un dictamen -coincidente, por otra parte, en lo esencial con la sentencia de la Signatura Apostólica- tan contundentemente desfavorable a sus tesis, ya que desde la Generalitat se ha hecho todo lo posible por diferir y obstaculizar la razonable resolución del litigio. Más sorprendente resulta que hayan tenido que ser las acciones judiciales emprendidas por un particular, el abogado Jorge Español, las que hayan conseguido hacer público el informe. El hecho demuestra que existían vías de actuación en favor de los intereses de la parte aragonesa que el Gobierno de Aragón no ha sabido o no ha querido aprovechar. En todo caso, el contenido del informe Pintó indica que el pleito civil iniciado por la asociación Amics del Museu de Lleida en contra de las resoluciones vaticanas -en el que el Obispado de Barbastro ha recurrido la decisión del juez de considerarse competente- no debería prosperar.

SÁNCHEZ CAMACHO NO FIRMÓ EL MANIFIESTO
El PP ultima una ley que garantice el uso del castellano en toda España
La persecución al castellano en comunidades como Cataluña, País Vasco o Baleares será, a juicio de Ana Mato, un tema capital en la política del PP, a pesar de las opiniones contradictorias de mandatarios autonómicos como Sánchez Camacho o Nuñez Feijóo. Para ello, están ultimando una iniciativa para garantizar por ley el uso del castellano en toda España. La popular ha criticado la actitud del PSOE en este tema y dijo que "siempre" se acusa al nacionalismo de fomentar "la exclusión" y de querer "imponer" su lengua pero "en el caso de Cataluña es el Partido Socialista el que lo hace".
Europa Press Libertad Digital 4 Agosto 2008

El Partido Popular presentará en breve en el Congreso de los Diputados su iniciativa para garantizar por ley el uso del castellano en toda España, una norma que pretende frenar las "trabas" que, a su juicio, se están poniendo a la lengua común de todos los españoles en comunidades autónomas como Cataluña o Baleares, donde considera que los socialistas "están tendiendo hacia el nacionalismo más excluyente".

De hecho, la vicesecretaria general de Organización del PP, Ana Mato, arremetió contra el reciente anteproyecto de Ley de Educación aprobado por el Gobierno catalán que permitirá la escolarización en castellano en primero de primaria si los padres quieren.

La dirigente popular afirmó que este borrador es "absolutamente insuficiente" en cuanto al uso del castellano en la escuela. "Creemos que son los padres los que tienen que elegir la enseñanza que quieren para sus hijos. La Constitución garantiza que todos los españoles tienen el deber de conocer el castellano y en ese sentido va la propuesta que ha hecho el PP", dijo, en referencia al reciente manifiesto en defensa del castellano aprobado por los presidentes regionales en San Millán de la Cogolla (La Rioja).

Según Mato, el PP quiere que cualquier español conozca el castellano "viva donde viva" y que el idioma no sea un requisito que contribuya a crear desigualdad entre los ciudadanos. "Por ejemplo, no puede haber una persona andaluza que no pueda ir a Cataluña a hacer una oposición porque uno de los requisitos sea que tiene que saber catalán", resaltó.

La vicesecretaria de Organización del PP subrayó que lo que "más preocupa" a su partido es que tanto en Cataluña como en Baleares sea el PSOE el que no apuesta por el castellano. Según dijo, "siempre" se acusa al nacionalismo de fomentar "la exclusión" y de querer "imponer" su lengua pero "en el caso de Cataluña es el Partido Socialista el que lo hace".

En este sentido, insistió en que es "sorprendente" que sean los socialistas "los que estén tendiendo hacia el nacionalismo más excluyente" y los que están "poniendo más trabas para que el castellano se utilice en una comunidad autónoma y haya igualdad de derechos entre los ciudadanos". "Ahí el presidente del Gobierno tiene una grave responsabilidad porque Zapatero tenía la obligación de posibilitar que todos los padres y todos los niños puedan aprender el castellano en los colegios catalanes", aseveró.

En este punto, Mato avanzó que su partido tiene "muy avanzada" la proposición de Ley en defensa del castellano que presentará en el Congreso de los Diputados y que, según dijo, va en la línea de recoger "el deber de todos los españoles de conocer el castellano" y de apostar también por un "bilingüismo integrador" en las comunidades con lenguas cooficiales, teniendo también en cuenta la importancia del inglés.

Partidos
El PP ultima una ley para garantizar el uso del castellano en Cataluña y Baleares
J. García La Razón 4 Agosto 2008

MADRID- El Partido Popular presentará en breve en el Congreso de los Diputados una iniciativa para garantizar por ley el uso del castellano en toda España, una norma que pretende frenar las «trabas» que, a su juicio, se están poniendo a la lengua común de todos los españoles en comunidades autónomas como Cataluña o Baleares, donde considera que los socialistas «están tendiendo hacia el nacionalismo más excluyente». Así lo aseguró a Ep la vicesecretaria general de Organización del PP, Ana Mato, quien arremetió contra el reciente anteproyecto de Ley de Educación aprobado por el Gobierno catalán que permitirá la escolarización en castellano en primero de primaria si los padres así lo desean.

La dirigente del PP afirmó que este borrador es «absolutamente insuficiente» en cuanto al uso del castellano en la escuela. «Creemos que son los padres los que tienen que elegir la enseñanza que quieren para sus hijos. La Constitución garantiza que todos los españoles tienen el deber de conocer el castellano y en ese sentido va la propuesta que ha hecho el PP», dijo, en referencia al reciente manifiesto en defensa del castellano aprobado por los presidentes regionales en San Millán de la Cogolla (La Rioja).

Según Mato, el PP quiere que cualquier español conozca el castellano «viva donde viva» y que el idioma no sea un requisito que contribuya a crear desigualdad. «Por ejemplo, no puede haber una persona andaluza que no pueda ir a Cataluña a hacer una oposición porque uno de los requisitos sea que tiene que saber catalán», resaltó.

La vicesecretaria de Organización del PP subrayó que lo que «más preocupa» a su partido es que tanto en Cataluña como en Baleares sea el PSOE el que no apuesta por el castellano. Según dijo, «siempre» se acusa al nacionalismo de fomentar «la exclusión» y de querer «imponer» su lengua pero «en el caso de Cataluña es el Partido Socialista el que lo hace».

El PP presentará en breve su reforma legal en defensa del castellano
MADRID ABC 4 Agosto 2008

El PP presentará en breve en el Congreso de los Diputados su iniciativa para garantizar por ley el uso del castellano en toda España, una norma que pretende frenar las «trabas» que, a su juicio, se están poniendo a la lengua común de todos los españoles en algunas comunidades autónomas, donde considera que los socialistas «están tendiendo hacia el nacionalismo más excluyente». Así lo aseguró ayer la vicesecretaria general de Organización del PP, Ana Mato, en una entrevista concedida a Ep.

Mato arremetió contra el anteproyecto de Ley de Educación recientemente aprobado por el tripartito catalán, que sólo permitirá la escolarización en castellano en primero de primaria si los padres quieren, una posibilidad «absolutamente insuficiente» en cuanto al uso del castellano en la escuela. «Creemos que son los padres los que tienen que elegir la enseñanza que quieren para sus hijos. La Constitución garantiza que todos los españoles tienen el deber de conocer el castellano y en ese sentido va la propuesta que ha hecho el PP», añadió en referencia al reciente manifiesto en defensa del castellano aprobado por los presidentes regionales del partido en San Millán de la Cogolla (La Rioja).

El PP quiere que cualquier español conozca el castellano «viva donde viva» y que el idioma no sea un requisito que contribuya a crear desigualdad entre los ciudadanos. «Por ejemplo, no puede haber una persona andaluza que no pueda ir a Cataluña a hacer una oposición porque uno de los requisitos sea que tiene que saber catalán», resaltó. Ana Mato subrayó que lo que «más preocupa» a su partido es que tanto en Cataluña como en Baleares sea el PSOE el que no apuesta por el castellano. Según dijo, «siempre» se acusa al nacionalismo de fomentar «la exclusión» y de querer «imponer» su lengua, pero «en el caso de Cataluña es el Partido Socialista el que lo hace».

En este sentido, insistió en que es «sorprendente» que sean los socialistas «los que estén tendiendo hacia el nacionalismo más excluyente» y los que están «poniendo más trabas para que el castellano se utilice en una comunidad autónoma y haya igualdad de derechos entre los ciudadanos». «Ahí -prosiguió- el presidente del Gobierno tiene una grave responsabilidad porque Zapatero tenía la obligación de posibilitar que todos los padres y todos los niños puedan aprender el castellano en los colegios catalanes».

Mociones en toda España
En este punto, Mato avanzó que su partido tiene «muy avanzada» la proposición de Ley en defensa del castellano que presentará en el Congreso de los Diputados y que, según dijo, va en la línea de recoger «el deber de todos los españoles de conocer el castellano» y de apostar también por un «bilingüismo integrador» en las comunidades con lenguas cooficiales, teniendo también en cuenta la importancia del inglés.

La diputada del PP ve «sorprendente» que en España las cosas se hagan «al revés» y que sea el partido de la oposición el que tenga que llevar una norma al Parlamento para defender el castellano, que «es la lengua hablada por millones y millones de personas en todo el mundo». «En todos los países se pretende que su idioma se hable más y aquí en España parece que se pretende que nuestra propia lengua se hable menos. A mi me parece un poquito chocante y sorprendente y hay que hacer esa ley -enfatizó la dirigente popular-. La verdad es que hace muchísima falta y por tanto la vamos a presentar».

Junto a la presentación de esta proposición de ley y el manifiesto firmado por presidentes regionales del PP durante la reunión en San Millán de La Cogolla, la vicesecretaria de Organización de los populares recordó que su formación también ha aprobado presentar mociones y proposiciones para defender en todos los Parlamentos autonómicos el uso del castellano.

La soledad de Rosa Díez
 Periodista Digital 4 Agosto 2008

"Eran muchos más los que salieron a recibir al asesino que los que nos acercamos a honrar la memoria y la dignidad de todos". Rosa Díez se convierte en cronista de excepción para relatar la concentración organizada este sábado por la puesta en libertad del asesino De Juana. La diputada de UPyD considera que los ciudadanos "no aprobamos el mínimo test de ciudadanía, compromiso y solidaridad activa con las víctimas de ETA".

La concentración, convocada por Dignidad y Justicia, apenas contó con la presencia de 20 ó 30 ciudadanos junto a Pilar Elías, Pilar Ruiz, Estíbaliz Garmendia, Cristina Cuesta o Rubén Múgica.

Teniendo en cuenta la infamia, la enorme ofensa que se ha infligido a las víctimas, es difícil de explicar la soledad. Eran muchos más los que salieron a recibir al asesino que los que nos acercamos a honrar la memoria y la dignidad de todos, de las víctimas en primer lugar.

En un artículo en El Mundo, la diputada quiere evitar caer "en falsos debates sobre la necesidad de aplicar las leyes, como si fuera eso lo que hoy está en cuestión". Díez recuerda que "una democracia es más grande cuanto más justas sean las leyes que aplica".

De la misma manera que huelga explicar que, ni ahora ni nunca, se trata de hacer leyes «que respondan a la sensibilidad ciudadana», como ha propuesto el PP (María Dolores de Cospedal); que de lo que se trata es de revisar aquellas leyes que, aun siendo democráticas, no producen el objetivo de la justicia para la que fueron promovidas. O sea, que terminan siendo injustas.

El Gobierno, y más concretamente Rubalcaba, aseguraron que "no le iban a pasar ni una"; sin embargo, el terrorista, nada más llegar a San Sebastián, envió una carta a los proterroristas que le esperaban y que fue publicada íntegramente en Gara. Una misiva que a juicio de Díez merece la actuación de la Fiscalía.

Esa carta, escrita con un lenguaje alambicado y cuidadoso, es toda una exaltación de ETA y una precisa y orgullosa reivindicación de su pertenencia a ETA. En ella utiliza la expresión errepresaliatu politikoak para dar vivas a los presos de ETA, término que ha sido acuñado desde hace muchísimo tiempo en Gara y en todos los zutabes -boletines internos- de ETA.

Por si alguien tuviera alguna duda, en la propia crónica de Gara se denomina a De Juana «represaliado político». Y es porque desde hace muchísimo tiempo a los delincuentes de ETA (o sea, a los terroristas) en su mundo les llaman represaliados o presos políticos.

De la exaltación a la apología hay un paso. Vitorear a quienes han hecho de la destrucción de la democracia y del asesinato de los demócratas su forma de vida bien merece una reacción por parte de los poderes del Estado. Hay cosas que podemos y debemos hacer los ciudadanos, aunque, como dije antes, no siempre estemos a la altura de las circunstancias. Pero esto sólo lo puede hacer el Gobierno y los poderes del Estado. A ellos les increpo: ¿A qué esperan para actuar?

Ernesto Ladrón de Guevara:
“Ermua o un parricidio moral”

Redacción Bilbao MD  4 Agosto 2008

El Foro Ermua que nació el 13 de febrero de 1998 y del que yo fui secretario dos años después, tiene pocos parecidos con éste que ahora circula. Aquel nació de la mano de Iñaki Ezkerra y los que ahora le desean quitar de presidente son los responsables directos del alejamiento del espíritu fundacional. Con esta operación contra el único de sus fundadores que queda se trata de rematar una tarea emprendida hace años.

El paso es grave porque Ezkerra no es uno más de los fundadores del foro Ermua. Su gestación se produjo cuando un grupo de tres profesores de la Universidad del País Vasco que tenían esbozado un manifiesto con el título de “Manifiesto por la democracia en Euskadi” entró en contacto con el escritor vasco durante un acto de presentación de la revista “Cuadernos de Alzate” en Bilbao. Aquella misma tarde esos tres profesores se habían reunido con otros de San Sebastián para mostrarles el texto. Unos y otros lo habían leído coincidiendo en la necesidad de que el PSOE se uniera con el PP en un frente contra ETA y contra el nacionalismo que ya apuntaba sus connotaciones rupturistas; así como de que el primero dejara definitivamente de buscar diferencias artificiales en la lucha antiterrorista para marcar su territorio político.

En aquellas fechas flotaba el rechazo impostado que ciertas voces socialistas habían mostrado hacia un vídeo sobre Miguel Ángel Blanco promovido por Jaime Mayor Oreja. El claro posicionamiento de Iñaki Ezkerra en la prensa contra esas críticas forzadas y a favor del necesario consenso político que debía imperar entre los dos grandes partidos nacionales fue el acicate para aquella primera toma de contacto en aquella presentación que tuvo lugar en la Sociedad Bilbaína y que rendiría sus frutos unos días después.

Fue Iñaki Ezkerra el que propuso a estos tres profesores que aquel manifiesto posibilitara la formación de un colectivo amplio y no reducido al mundo académico sino ampliado a todos los sectores de la sociedad civil que diera continuidad organizativa a dicha iniciativa. Fue Iñaki Ezkerra quien les planteó, tras un contacto que celebró con un grupo de intelectuales catalanes que constituían el Foro Babel, que de la misma manera se debía constituir un Foro Ermua con representantes del mundo universitario, artistas, periodistas y pensadores, para crear un cuerpo doctrinal que permitiera rescatar los elementos sustanciales de carácter democrático y de convivencia cívica en un lugar tan castigado por el totalitarismo como el vasco. Y así nació el Foro Ermua.

Iñaki Ezkerra, por tanto, es la persona que mejor representa a aquel fundamento cívico que configuró de forma orgánica el Foro Ermua. Él fue quien le puso el nombre y quien organizó la mesa fundacional del 13 de febrero de 1998. Fue quien la presentó a los medios de comunicación como consta en las hemerotecas y quien a las pocas semanas redactó los primeros Estatutos. Fue quien los llevó al Registro de Asociaciones después de organizar su primera Junta Directiva en Bilbao bajo la presidencia de Vidal de Nicolás. Fue, en definitiva, quien impidió, al hacerlo Asociación, que aquel Foro se disgregara a merced de los embates nacionalistas y de cierto sector del PSE que no deseaba que la iniciativa se consolidase. Fue quien aguantó las peores embestidas de aquellos primeros tiempos con otros que, como yo, cogimos enseguida el testigo, fue, también, quien me propuso para Secretario dos años después del nacimiento del colectivo. Por todo eso, lo que ha sucedido estas pasadas semanas en el Foro Ermua, es un “inexplicable” golpe de mano que, a los nueve meses de ser elegido, ha tratado de apartarle de una presidencia para la cual fue votado. Teóricamente, por una mera cuestión práctica el mandato debía durar cuatro años. Por eso, aparte de una inaceptable bajeza, constituye un verdadero “parricidio moral”.

Quienes ahora se erigen confusamente en dirigentes del Foro Ermua son gentes que llegaron mucho más tarde y con las que Iñaki Ezkerra ha tenido que bregar para que no desvirtuaran el espíritu inicial de la Asociación que yo conocí y de la que me distancié cuando esas personas comenzaron a tomar posiciones dentro de la organización, pues yo discrepaba con los elementos clave que irían desconfigurando esa Asociación. Muchos de los primeros representates del Foro Ermua nos hemos distanciado de este grupo cívico, pues han ido cambiando sus protagonistas y probablemente también tanto el fondo de la cuestión como la forma. No hay más que comprobar que en la página web de dicho Foro han desaparecido los documentos fundacionales y manifiestos tan importantes y significativos como el que llevamos a Estrasburgo nada más inaugurarse el siglo en el que nos encontramos, en momentos muy graves de conspiración de los nacionalistas y ETA en el Pacto de Estella.

En aquellos tiempos difíciles Agustín Ibarrola presentó sobre un caballete su creación de un simbólico faro que fue inspirado, paradójicamente, por Arzalluz cuando torpemente atacó la idea del Foro con aquella expresión “Ese faro…”. Pues bien, aquel incipiente Foro se convirtió en un faro que procuraba guiar las percepciones de los ciudadanos que aún no estaban tocados por un nacionalismo deshumanizante. Hoy ese mismo Agustín Ibarrola, que no ha variado un ápice su posición de combate a un régimen expropiador de las libertades de los vascos, ha cedido simbólicamente un nuevo faro a Iñaki Ezkerra, puesto que una gente que se aproximó al Foro tardíamente pretende adueñarse de la Asociación por los peores y menos legales medios, uno de ellos el de borrar del censo del colectivo a los testigos incómodos como yo.

En un comunicado fechado el 29-7-2008 que ha llegado a mis manos se esgrime que yo no soy socio del Foro Ermua y que presenté un escrito renunciando a esa condición. Mediante este artículo emplazo públicamente a quienes han elaborado esa comunicación a que expongan el escrito por el cual renuncié a ser socio del Foro Ermua, puesto que si no lo hacen -como es evidente que no lo van a poder hacer porque no existe- evidenciarán la mentira que se suma a otras en las que están incurriendo con una desfachatez que les invalida para representar una institución de esa naturaleza. También quiero expresar que hay otros socios del Foro Ermua que igualmente no han sido convocados a la Asamblea donde se intentó consumar la defenestración de Ezkerra, lo que demostraré mediante pruebas testificales en el momento procesal oportuno. El citado comunicado tenía como obvia finalidad arrojar sombras sobre mi testimonio en la rueda de prensa en la que participé el 30 de julio junto con Iñaki Ezkerra a cuyo lado estaré cuantas veces sea necesario porque un Foro que ofende a quien jugó el papel más importante en su creación y a quien más ha dado por él, o sea un Foro que mata al padre, está firmando su propia defunción ideológica.

Ernesto Ladrón de Guevara fue secretario de Foro Ermua

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