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Recortes de Prensa    Jueves 7 Agosto 2008

El Estatuto catalán en el Constitucional
Germán Yanke Estrella Digital 7 Agosto 2008

Vuelven a aparecer los rumores en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Son, como se podía esperar, dispares, algunos intencionados, otros de carácter político y no exactamente jurídico, como los que hacen referencia a si la resolución será hecha pública antes o después de la renovación de ciertos miembros del Constitucional. Parece haber, de todos modos, una coincidencia acerca de que el Tribunal considerará inaceptable, desde el punto de vista constitucional, la “bilateralidad” en las relaciones entre el Estado y aquella comunidad autónoma, asunto que hace referencia al debate actual sobre la financiación pero que afecta también a otros ámbitos competenciales.

La inconstitucionalidad de la “bilateralidad” es una evidencia: no sólo un privilegio no respaldado por la ley, sino la consideración de una comunidad autónoma como lo que realmente no es en nuestra estructura constitucional y también una traba inaceptable a las necesarias políticas generales que, según este planteamiento, acabarían necesitando en muchos casos el previo acuerdo con las instituciones catalanas mientras las políticas transferidas se llevarían a cabo independientemente de los criterios de las instituciones estatales.

Un detalle adicional pero que revela como el fraude interesado de un razonable Estado de las Autonomías puede volverse absurdo, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la coherencia de la acción de Gobierno, es decir, también desde la perspectiva de los intereses generales. En el último Debate de Investidura, tanto los nacionalistas catalanes como los vascos criticaron que el presidente Rodríguez Zapatero hablara de una política general de protección civil argumentando que atentaba contra las competencias autonómicas. Cuando una política lógica, teniendo en cuenta que las comunidades autónomas no son islas incomunicables y autosuficientes, se ve trabada por una cierta concepción de lo autonómico estamos en el estadio –incluso más allá de la Constitución- en el que se prefiere salirse con la suya, aunque la suya sea atrabiliaria, que ser razonables. Los problemas que han llevado a Alemania a buscar una reforma de los vetos de los lander para poder desarrollar políticas democráticas generales no es algo relacionado con uno u otro concepto de la nación, pero sí revela el callejón sin salida que debe, para ser eficientes, ser abierto definitivamente.

En España, el asunto se complica por los nacionalismos, a los que falta la lealtad constitucional para que el sistema funcione correctamente. El laberinto de las “balanzas fiscales” (que es un dato parcial y no definitivo), como si pagaran impuestos los territorios o, más bien, los gobierno autonómicos, es un epígono de este “egoísmo” lamentable. El asunto no es, como dicen ahora algunos dirigentes nacionalistas catalanes, que lo que es malo para Cataluña (que no haya bilateralidad en el acuerdo de financiación, que se compense un supuesto déficit, etc.) es malo para todos, sino, sencillamente, que lo que es malo para todos es malo, sin duda, para Cataluña.

Desafío catalanista
Editorial ABC 7 Agosto 2008

LAS discrepancias sobre la financiación autonómica han hecho saltar todas las alarmas en las relaciones entre el Gobierno y la Generalitat. Lo más significativo es que el PSC, lejos de acudir en auxilio de Rodríguez Zapatero, se ha puesto a la cabeza de la manifestación y promueve junto con CiU un frente catalanista para exigir que se cumpla el estatuto. Por supuesto, ni José Montilla, ni el tripartito que preside, ni Artur Mas y el sector «soberanista» de Convergencia se toman la molestia de esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto. Muy al contrario, amenazan con acudir a «otras vías» para defender el autogobierno «a capa y espada», en términos poco afortunados del número dos del PSC, Miguel Iceta. Por su parte, el consejero Joaquín Nadal, otro hombre fuerte del socialismo catalán, advierte sobre la necesidad de un acto unitario en defensa de los intereses de Cataluña, fiel reflejo de esa concepción suprapartidista de la supuesta nación que proclama el preámbulo estatutario. Lo cierto es que se acerca peligrosamente el 9 de agosto, fecha límite para el acuerdo de financiación, y todo apunta a que este punto clave en el desarrollo del estatuto será un fracaso sin paliativos. La tensión se palpa en el ambiente por mucho que desde el PSOE traten de quitar importancia al problema, asegurando que las relaciones con la Generalitat son «magníficas».

El presidente del Gobierno no se puede llamar a engaño porque esta es la consecuencia directa del desbarajuste territorial que él mismo impulsó en la pasada legislatura. Rodríguez Zapatero salvó a última hora un texto que estaba a punto de naufragar en sede parlamentaria. Impuso a José Montilla frente a Pasqual Maragall con la promesa de un desarrollo rápido y completo del estatuto, y ahora se ve obligado a echar el freno a causa de la crisis económica y de la rebelión -más o menos explícita- de los «barones» regionales de su partido, que temen sufrir las consecuencias electorales por la quiebra del principio de solidaridad. Al comprometer con Cataluña una financiación privilegiada en el marco de una relación bilateral, se ha creado un evidente agravio comparativo y se hace imposible el ejercicio de las funciones que la Constitución atribuye al Estado en garantía de la igualdad de todos los españoles y el equilibrio territorial. Como las concesiones a los sectores radicales nunca tienen límite, el PSOE se encuentra ahora con que, lejos de cualquier gratitud o reconocimiento, el propio PSC es el que tensa la cuerda para reclamar lo que todo el mundo sabe que no puede obtener. Por desgracia es el resultado lógico de una política sin sentido, basada en la discriminación y el egoísmo, sin que nadie se ocupe de la defensa del interés general.

Dadas las circunstancias es imprescindible que el Tribunal Constitucional acelere los trabajos ya iniciados para dictar sentencia cuanto antes, una vez cubierta la plaza vacante en los términos pactados por Zapatero y Rajoy en La Moncloa. Mientras tanto, los plazos que fija el estatuto para el acuerdo sobre financiación tienen una naturaleza provisional, pendiente de confirmación por el intérprete supremo de la Constitución. En todo caso, la responsabilidad política de este desafío soberanista incumbe al presidente del Gobierno por su grave falta de sentido de Estado y también, por supuesto, a los partidos que lo promueven. PSC y CiU han entrado en una extraña dinámica para ver quién se acerca más al electorado radical, como si trataran de disputar el espacio político a ERC, alejándose de los sectores moderados. Por supuesto, en un Estado de Derecho no hay «otras vías» para defender una posición política más allá del respeto a las instituciones y a las reglas del juego. Desde este punto de vista, el PSOE debe exigir al PSC que modere de inmediato sus palabras y sus actitudes para dejar de lado el mensaje equivocado que ahora transmite a los ciudadanos.

Los catalanes contra el invasor
VALENTÍ PUIG ABC 7 Agosto 2008

DOSCIENTOS años después del Dos de Mayo, la opción preferente ha consistido en circunscribir su relevancia al nacimiento de la nación española y, más concretamente, la España liberal. Otra opción menos publicitada incidiría en que la nación era algo bastante previo y que el liberalismo no fue el motor inicial de la revuelta contra la invasión francesa. Habrá que ver cuál es la disposición discrepante de esas estrategias simbólicas cuando celebremos los dos siglos de las Cortes de Cádiz. Ahí queda mucho por argumentar. Del Dos de Mayo a la constitución de las Juntas y la batalla de Bailén va un tramo en el que bregó de forma destacada el escritor catalán Antonio de Capmany. Es ciertamente oportuna la reedición de su «Centinela contra franceses», con prólogo de Jesús Laínz. Nadie apostrofó al invasor con más pasión que Capmany, un moderado, ex militar, colaborador de Olavide, partidario de abolir la Inquisición, siempre activo en la vida pública, historiador de la economía de Cataluña, alto funcionario, valedor a ultranza de los beneficios del comercio por mar y tierra.

Constató pronto que el Decreto de Nueva Planta impuesto a Cataluña con la llegada de los Borbones había sido positivo porque eliminó lastre feudal, abrió la economía catalana y acabó con el anquilosamiento institucional. Si para Cataluña Antonio de Capmany representa algo de peso sustancial, el nacionalismo lo refleja con cierta ambigüedad porque fue Capmany quien dijo que el catalán era entonces un «idioma antiguo provincial, muerto hoy para la república de las letras». Lo cierto es que la Cataluña del siglo XVIII no puede entenderse sin Capmany. Del mismo modo, su alegato antinapoleónico tuvo un eco cierto en la resistencia masiva de Cataluña a la invasión.

Lo que desencadena el Dos de Mayo en toda España tiene que ver con la reacción instintiva de cualquier país invadido, con el rechazo de un país católico a las ideas que representaba la Francia de Napoleón y también a la defensa de la Corona, aunque no fuese la familia real el mayor paradigma de responsabilidad y patriotismo. Luego vendrán la concepción liberal y los debates de Cádiz, pero en su origen el grito de independencia no es unívocamente ideológico: léase «Centinela contra franceses». Fue ese el patriotismo ilustrado frente a la adaptabilidad de los intelectuales afrancesados a la ocupación y al estatuto de Bayona. Capmany ataca con brío al Napoleón «Gran Ladrón de Europa» y pone mucho énfasis en criticar la diplomacia de Godoy, al que llama ignorante, tímido y traidor. Le atribuye el desastre naval de Trafalgar. En fin, para Capmany, «las tres épocas terribles en los anales del mundo son: el diluvio universal, Mahoma y Bonaparte».

Capmany asume que donde no hay nación no hay patria, de lo cual es fácil deducir que España como nación existe desde mucho antes -siglos antes- de que la caballería de Murat fuese destripada en Madrid y Goya pintase «Los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío». La sedimentación histórica que luego obtendrá sucesivas definiciones constitucionales tuvo formato de nación soberana desde mucho antes. Lo que sí hubo en aquel 1808 fue un desplome del Estado: la nación estuvo en la calle, en la inteligencia apesadumbrada de hombres como Jovellanos o Antonio de Capmany, luego en la Junta Central.

La nación como conversación entre pasado, presente y futuro -la patria de los vivos, de los muertos y de los que vendrán- no nace en aquel momento porque existía con notable anterioridad. Esas cosas las sabía un hombre público tan experimentado y sabio como Capmany. En las Cortes de Cádiz, colabora con Jovellanos, siempre desde la perspectiva de un liberal-conservador que hace una defensa foralista de Cataluña. Bueno, está a la vista que el bicentenario de la Guerra de la Independencia entretiene poco a las gentes españolas de estos tiempos. Pero es inevitable que la Historia tenga siempre actualidad. La confianza en que la nación liberal fue fundada el Dos de Mayo posiblemente se vea después como ilusoria. Algo más sabremos cuando dentro de dos años se cumplan los doscientos años de las Cortes de Cádiz, a las que Capmany tanto contribuyó, incluso moribundo, interesado desde el lecho de muerte por las últimas resoluciones parlamentarias. La invasión iba a durar un año más.

Manifestación proetarra
La ley como patraña
Una sociedad que no se indignara, que no exigiera reformas legales cuando en vez del arrepentimiento es el orgullo y la jactancia lo que acompaña a la liberación del asesino múltiple sería una sociedad enferma.
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 7 Agosto 2008

Franquiciados de la ETA vuelven a organizar actos públicos sin cortapisas, vuelven a ensalzar terroristas a plena luz del día y a convocar ruedas de prensa con total impunidad. Todo como en los mejores tiempos de la claudicación zapatera. Imaginemos que intentaran algo parecido a un intercambio de argumentos, que emitieran mensajes con fines distintos al amedrentamiento del receptor, que en sus pancartas aparecieran reivindicaciones susceptibles de ser contestadas. Que estuvieran, en fin, dispuestos a una retroalimentación diferente a la ley de acción-reacción. Sí, sí, ya sé que no es el caso, pero aún hay quien toma sus palabras por palabras, sus frases por frases, su lenguaje por comunicación. A ese cándido segmento pido que imagine.

Denuncian los franquiciados un "inaceptable linchamiento político mediático" a De Juana. Pero, ¿acaso puede la sociedad dejar de recordar sus actos a quien no se ha arrepentido de ellos, cuando esos actos consisten en veinticinco asesinatos y han sido pagados a razón de unos meses por víctima? Una sociedad que no se indignara, que no exigiera reformas legales cuando en vez del arrepentimiento es el orgullo y la jactancia lo que acompaña a la liberación del asesino múltiple sería una sociedad enferma.

El tipo de sociedad enferma donde De Juana concita simpatías, donde se pretende que las víctimas que viven a unos metros de él traguen y callen. Una sociedad donde alcaldes socialistas miden cuidadosamente sus decisiones para no traspasar la línea que el terrorismo ambiente les marca con nitidez. Una sociedad como es, en parte, la vasca, territorio de excepción democrática. De ahí que resulte especialmente perverso el texto de esta pancarta que decoraba la rueda de prensa de los solidarios dejuanistas: "Stop a la situación de excepción".

Suscribo la literalidad. Sí, stop. La situación de excepción debe acabar antes de que la convivencia se pudra definitivamente, la ley sea vista por los ciudadanos honrados como una sangrienta burla y la justicia formal deje de satisfacer a los demócratas. Es un puro milagro de civilidad y de autocontrol que tantos miles de personas sometidas al largo terror de ETA (y a la burla de las instituciones) no haya saltado jamás de la justicia formal a la material. El salto, de hecho, sólo lo dio el poder político. Fue bajo Gobierno socialista y se llamó GAL. Algunos de los más conspicuos encubridores de entonces son responsables del desarme moral actual. Tememos que el PNV deje a las franquicias etarras campar por sus respetos. Está por ver si el avatar Jekyll de Zapatero será capaz, por una vez, de ser el presidente de Gobierno de un Estado de Derecho.
Juan Carlos Girauta es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Terrorismo en los Juegos
PEDRO BAÑOS BAJO El Correo 7 Agosto 2008

TENIENTE CORONEL, PROFESOR DE ESTRATEGIA Y RELACIONES INTERNACIONALES ESCUELA SUPERIOR DE LAS FF. ARMADAS (CESEDEN)

A las 37 disciplinas olímpicas de los 28 deportes que participarán oficialmente en los vigésimo novenos Juegos Olímpicos les ha salido un duro competidor. El terrorismo aspira también a llevarse su medalla, al menos la del protagonismo. Así lo demuestra el atentado del pasado lunes, que costó la vida a 16 policías armados en las inmediaciones de Kashgar, en la región autónoma de Xinjiang. Para los atletas del terror, dar publicidad a su causa, por irracional que sea, constituye una de sus máximas, si no la principal. Y qué mejor ocasión que el evento internacional más importante que se celebra cada cuatro años, cuando se espera que mil millones de personas vean las transmisiones; es decir, la práctica totalidad de la población mundial mayor de 14 años.

Sin duda, y como todos los expertos esperaban, los más extremistas activistas uigures, los más fundamentalistas de los musulmanes que habitan al noroeste de China, han demostrado con este condenable atentado que no van a dejar pasar la oportunidad de tratar de interferir en los Juegos Olímpicos. Miembros de los principales grupos, como el Movimiento Islámico del Turkestán Oriental (MITO), desde 2002 en la lista de EE UU y de China de organizaciones terroristas, o el Partido Islámico del Turkestán buscarán que el mundo vuelva sus ojos a sus ansias de independizar el por ellos llamado Turkestán del Este, y a su objetivo a más largo plazo de formar un imperio islámico en Asia.

Para los uigures, no es tan difícil cometer un atentado en su feudo de la remota ciudad de Kashgar, antiguo oasis de la Ruta de la Seda, con más de 300 mezquitas y seis enormes madrashas, adonde acuden cientos de estudiantes de numerosas partes del mundo islámico. Pero otra cosa muy distinta es intentarlo en las sedes de los Juegos. Los terroristas se encuentran con un contrincante que no les concede el más mínimo respiro. China está empeñada en aguarles la fiesta, y no escatima ningún medio ni procedimiento para ello. De los casi 30.000 millones de euros que le va a costar a Pekín la realización de las Olimpiadas, buena parte los ha dedicado a poner en marcha el más impresionante dispositivo de seguridad jamás visto en la historia en tiempo de paz. Sólo en la capital, el monto puede llegar a los 4.500 millones.

Aunque atentados de pocos efectos materiales nunca pueden ser completamente descartables, Pekín se ha curado en salud y ha aplicado medidas tan extremas que el efecto disuasorio parece estar completamente conseguido. Que se haya producido un atentado a 3.400 kilómetros de distancia de la capital del país no es para estremecerse ni para pensar que la seguridad de las siete ciudades sedes de las competiciones, ni sus 36 recintos deportivos y 59 centros de entrenamiento, puedan verse directamente afectados. A ello se une que la hipotética voluntad de los terroristas uigures de atentar para causar el pánico y aprovechar el inmenso efecto propagandístico queda frustrada por la realidad de sus escasos medios y recursos humanos. En el último atentado, los policías militares fueron atacados con bombas de rudimentaria fabricación y rematados con cuchillos. Los terroristas fueron inmediatamente capturados, lo que da idea de sus grandes limitaciones, su personal deficientemente entrenado y la carencia de infraestructura sólida.

Por el contrario, la extrema seguridad gubernamental va desde la instalación de misiles tierra-aire HQ-7 en las inmediaciones de los principales estadios hasta que todos los musulmanes sean permanentemente vigilados en las grandes ciudades. A ello se suman decenas de miles de cámaras de seguridad que controlan los lugares públicos, desde las calles a los cafés y restaurantes. Conectadas a los más sofisticados sistemas de análisis de imágenes, alertan sobre la presencia de personas buscadas. A los más de 100.000 policías, se han unido 34.000 militares, dotados de 74 aviones, 47 helicópteros y 33 barcos de guerra, con capacidades para actuar de inmediato ante un incidente nuclear, químico o biológico. Al tiempo que cientos de miles de ciudadanos voluntarios, identificados con un brazalete rojo, patrullarán las calles para evitar que pueda realizarse la más mínima acción contraria a la finalidad deportiva. Todo preparado para que nada pueda perturbar la tranquilidad de los más de 10.000 deportistas y de los cientos de miles de asistentes a los 302 eventos previstos.

Pero, curiosamente, quizás el jugador que más en peligro puede poner la normal realización de los eventos deportivos y dañar la imagen de China no sea el terrorismo uigur o Al-Qaida. De producirse un brutal atentado, la comunidad internacional difícilmente podría culpar a Pekín. Lo más probable es que el país anfitrión saliera fortalecido y defendido por la mayoría de los ciudadanos del mundo. Sin embargo, actividades mucho más pacíficas, que evitaran intencionadamente la violencia buscando provocar reacciones extremas de las autoridades chinas, tendrían graves consecuencias si no se acierta a gestionarlas debidamente. Efectuadas por los actualmente prestigiados monjes tibetanos y sus cada vez más seguidores, por miembros del movimiento espiritual Falun Gong o por aquellos que pretenden acelerar el proceso aperturista y democratizador del país, conseguirían de modo no violento mayores objetivos que los siempre posibles atentados terroristas. Y contra ellos de nada servirían todos los medios policiales y militares del mundo. Su única arma serían los medios de comunicación y las conciencias de los ciudadanos de la comunidad internacional, algo para lo que es muy probable que los chinos todavía no hayan encontrado defensa eficaz.

Contradicción insalvable
EDITORIAL El Correo 7 Agosto 2008

Las alegaciones contra la suspensión cautelar de la Ley de Consulta presentadas ayer en el Tribunal Constitucional por las tres fuerzas del Gobierno vasco y Aralar rebaten las acusaciones de ilegalidad insistiendo en que la pretensión no es convocar un referéndum, sino un plebiscito no vinculante para el que las instituciones vascas no precisarían de autorización alguna. Esta línea argumental, que incide en la esgrimida ya por el propio Ejecutivo de Ibarretxe, subraya las contradicciones a las que se enfrentan el impulsor y los defensores de la iniciativa, empeñados tanto en mantenerla viva a sabiendas de que está condenada al fracaso como en transferir toda la responsabilidad del callejón en que se encuentran al Gobierno de Rodríguez Zapatero. Porque no cabe presentar la consulta como una medida equiparable a un sondeo de opinión por sus efectos casi inocuos -el presidente del PNV llegó a asegurar que su objetivo es «orientar» la actuación de los partidos- al tiempo que se le confiere nada más y nada menos que la capacidad de encauzar el problema de la violencia y de devolver la voz al pueblo vasco que el Estado querría acallar.

Esta última afirmación no pasaría de ser un desafortunado recurso retórico si no fuera porque es ETA la única que sigue tratando de silenciar a una ciudadanía de Euskadi que lleva décadas ejerciendo su legítimo derecho a decidir en las sucesivas citas con las urnas. De ahí que resulte una falacia el intento de los partidarios de la consulta de desvirtuar las graves consecuencias de una propuesta que ellos mismos han identificado ya como un hito histórico en la búsqueda de un pronunciamiento de la sociedad en clave autodeterminista. Con todo, sería una ingenuidad concluir que el previsible fracaso del proyecto de Ibarretxe elimina los riesgos que ya está provocando su reivindicación. El impulso a una nueva unidad de acción en torno a una consulta ilegal, el reproche al Ejecutivo de Zapatero por incurrir en una supuesta «provocación» y el reiterado cuestionamiento de la independencia del Constitucional están avanzando en una peligrosa deslegitimación del Estado de Derecho justo donde ETA y quienes la apoyan siguen esforzándose en subvertirlo.

La excepción es ETA
Vicente A. C. M. Periodista Digital 7 Agosto 2008

El lema que el próximo sábado exhibirán los manifestantes convocados por el mundo de ETA es absolutamente cierto. La Comunidad Autónoma del País Vasco, sufre un “estado de excepción”. Pero la excepción es evidente que no es la que ellos pretenden hacer creer al resto del mundo, sino el que la libertad de expresión esté sometida por el terrorismo y el chantaje de ETA. Más que una excepción dentro de las democracias en Europa, es una aberración y un cáncer que lleva cruel e injustificadamente sangrando a la sociedad española durante ya 40 años.

No es ninguna excepción, sino algo muy normal, ver la total pasividad que desde el Gobierno Vasco y desde la AN se tiene con estas manifestaciones ilegales, permitiendo que ETA se adueñe de las calles y enturbie el desarrollo de las fiestas en San Sebastián. La excusa será la de no intervenir para evitar males mayores. Mi duda será si de aquí al sábado la AN intervendrá, aunque me temo que cubrirá el expediente pidiendo que se actue si el orden público se ve alterado o se hace enaltecimiento o apología del terrorismo de ETA.

La verdad es que el tema este de los vascos ya empieza a cansar. Creo que nos podríamos ahorrar muchos dolores de cabeza si desde el Gobierno de España se promoviera un Referéndum, nacional, por supuesto, preguntando si se quiere transferir la Soberanía a los ciudadanos que viven en la Comunidad Autónoma del País Vasco o en Cataluña para que libremente decidan si quieren permanecer o no en España. Quizás se llevasen una sorpresa. Ser español para muchos no significa nada y no se puede obligar a nadie a no ser lo que no siente. Tampoco se puede obligar a los españoles a soportar los continuos desprecios y acusaciones de ser unos explotadores de los pobres nacionalistas.

Debemos superar el miedo a cerrar de una vez la Transición imperfecta de 1978 con una Constitución llena de cesiones a los nacionalismos. Debemos dejar de mirar a otro lado y no consentir que los nacionalistas nos sigan chantajeando gracias al poder excesivo que se les ha dado en proporción a su representación real y se escuden con su victimismo. Mantener este estado fantasma solo conducirá a que el problema se enquiste y aumente la insolidaridad y el enfrentamiento entre regiones y comunidades de España.

A los políticos y a los medios de comunicación, solo les interesa que los debates que están “en la calle” sean los que ellos proponen. Lo que no aparece en un telediario o en portada de un periódico de tirada nacional, no existe. En esto política, Grupos mediáticos y prensa se llevan perfectamente. Unos promueven la noticia y otros la airean y ponen el ventilador. Por eso, es de agradecer el que aún existan unos pocos medios de comunicación que informen y no “deformen” o “conformen” a los ciudadanos.

Si quieren un verdadero debate sobre España, exijamos que se exponga sin rodeos. Basta ya de chantajes y de manipulación.

A mayor gloria de Iñaki de Juana Chaos
El Gobierno vasco tiene la responsabilidad de impedir la comisión de delitos en su territorio. Es de temer, sin embargo, que el rostro de una mala bestia paseará por San Sebastián.
Ricardo Rodríguez elsemanaldigital 7 Agosto 2008

Vivas a ETA, exaltación de la violencia terrorista y toda la parafernalia proetarra se darán cita este sábado en San Sebastián en un nuevo pulso al Estado de Derecho. Si el Gobierno de Vitoria hace dejación de sus competencias y se lava las manos, la marcha convocada en apoyo a Iñaki de Juana Chaos será un acto más de apología de la banda asesina y sus métodos. Nuevamente se estará permitiendo a los radicales hacerse con el control de la calle y amedrentar a los extraños a la tribu.

Con la ley en la mano, lo único que puede hacer el consejero de Interior es impedir esa nueva bofetada a las víctimas. Si las autoridades vascas se cruzan de brazos y admiten que quienes tratan de destruir la democracia mediante el terror y la coacción pueden manifestarse, estarán cometiendo un acto de desobediencia a la legalidad que tienen el deber de aplicar. No sería la primera ni la segunda vez pero seguramente una de las más descaradas.

Esto es lo que va a suceder, ya que, de entrada y sin recurrir a ningún subterfugio, los proetarras convocaron a la prensa para notificar su propósito. El otrora cabeza de lista de ANV al consistorio de la ciudad, Agustín Rodríguez, y el dirigente de LAB, Joxean Urkiola, hicieron su anuncio a plena luz del día en el Boulevard. Junto a ellos, decenas de cachorros de ETA. La Ertzaintza fue la gran ausente.

El escenario es previsible. Fiel a sí mismo y a sus equívocos planteamientos para estar al plato y a las tajadas, el PNV usa métodos pacíficos para profundizar en su programa máximo (la construcción nacional de Euskal Herria), pero si otros en su locura aplastan vidas y libertades, al nacionalismo gobernante no le viene mal para sus objetivos últimos, compartidos con ETA. Ojo, los objetivos, no los medios.

Basta imaginar a un País Vasco sin ETA. Sin coacción, la gente dice lo que piensa. Lo probable es que una inmensa mayoría de ciudadanos vascos, liberados del terror y ya en pleno uso de su libertad para expresarse, dijeran las cuatro cosas que ahora callan por miedo. Tan sencillo como eso.

Como monos de Gibraltar
IGNACIO CAMACHO ABC 7 Agosto 2008

NO se metan en política, aconsejaba Franco con fúnebre cinismo galaico. No se metan en política, aconseja ahora la vicepresidenta De la Vega, respaldando la consigna del Comité Olímpico, a los deportistas españoles que viajan a Pekín. He aquí un mensaje netamente progresista, un discurso de democracia deliberativa; ampútense ustedes la condición de ciudadanos, no miren alrededor, no opinen de lo que vean o lleguen a saber, limítense a correr o jugar o saltar, que es lo suyo. Dejen la política para los políticos. No molesten a las autoridades de la dictadura china. Son amigos.

La política para los políticos: he aquí el diktat supremo de la enajenación de la ciudadanía. No interferir. No pronunciarse. No pensar. No hablar. Delegar el ejercicio de la función representativa en una casta de profesionales, que son los que saben lo que hacen. No meterse en camisa de once varas. No joder la marrana. Cada uno a lo suyo.

Pero los políticos sí se meten en el deporte. Se retratan con los vencedores -¿por qué no comparten también los fracasos?-, extrapolan discursos de autoestima, buscan junto a las figuras de alto poder mediático su parte de rédito de imagen y popularidad. O utilizan el ámbito deportivo para construir delirios de fantasía identitaria, como los nacionalistas, empeñados en la causa de las selecciones particulares, obcecados en el imaginario simbólico de desfilar en un estadio bajo una bandera propia.

Se irrita Joan Puig, agitador de ERC, ante una proclama de orgullo españolista de Pau Gasol, y pregunta, catalán al fin y al cabo, cuánto le habrán pagado al baloncestista por su declaración presuntamente mercenaria. Se irritaron sus correligionarios cuando Xavi Hernández, con la Eurocopa en las manos, gritó en Madrid un «viva España» que heló la sangre del catalanismo militante. Ah, la política, qué incursión tan intolerable en estos jóvenes que deberían meterse sólo en lo que les importa: los goles, las canastas, las medallas que luego les expropiarán los políticos en recepciones trufadas de codazos para salir en las fotos.

A Pekín en silencio, pues, con boca, ojos y oídos tapados como los monos de Gibraltar. Que no se rompa la armonía del ideal olímpico, que por lo visto consiste en una olímpica indiferencia ante la realidad más clamorosa. Sólo deportistas, máquinas de esfuerzo, sin corazón para sentir ni cerebro para pensar más allá de la pista o de la cancha. Mutilados de su naturaleza ciudadana, amputados de su libertad expresiva, tullidos de su sensibilidad humana ante el sufrimiento ajeno. Sí, la China, una brutal dictadura con enorme capacidad de compra de bienes de producción y consumo. Pero dejen eso para los políticos, que son los que deciden lo que está bien y lo que está mal según las circunstancias. Hasta Bush va a bendecir con su presencia el gran ceremonial del maquillaje de la opresión. Los deportistas, pues, que vayan, compitan y callen. Como diría Serrat, niños, dejen ya de joder sin la pelota.

Odón, De Juana y la Belle Epoque
HERMANN TERTSCH ABC

ODÓN Elorza, alcalde y espíritu del San Sebastián de ahora, ha sacado, una vez más, su vena combativa contra todos los males que puedan acechar a la bonhomía donostiarra. Puntualmente en vísperas de la Semana Grande, le quiere dejar meridianamente claro al mundo que le observa que esa sociedad otrora urbana que él preside, la donostiarra, tiene coraje sobrado para lanzar, sin miedo ni titubeo, una seria advertencia al terrorista y conciudadano Juan Ignacio de Juana Chaos. Y Elorza ha sido muy claro: queremos que Iñaki sea de los nuestros pero ha de comportarse un poco. Así, con seriedad y sin tapujos. Es como hacen las cosas los enhiestos que, eso sí, jamás caerán en el enfrentamiento sin sentido, en la crispación ni en los aspavientos de quienes sólo buscan reventarnos el buen ambiente, aquí en la ciudad más bonita del mundo, tan civilizada, esta Donostia.

Implacable con De Juana, don Odón. Le conmina a un cambio de actitud, algún gesto cariñoso, se supone, o tierno ademán, no se sabe hacia quién. Pero sí está claro para qué. Se trata de consumar lo que el alcalde socialista parece desear más que nada y nadie: que «el represaliado político number one», recién llegado de Aranjuez a Amara, se convierta en símbolo de la reconciliación entre donostiarras. Asesinos y tullidos, viudas y delincuentes politizados, pistoleros y bañistas, vivos, muertos y muertos en vida, todos juntos de nuevo bajo el amable patronazgo de don Odón, en el gran balneario de la Belle Epoque. Si reflexionamos sin acritud -siempre sin acritud, que es lo que nos pide el alcalde- todos deberíamos coincidir en que la imagen de De Juana frente a la Perla de la Concha es el mejor cartel para la promoción de unas fiestas en las que siempre gritan unos y callan otros. Y Odón las celebra como gran ceremonia de la armonía y el «jatorrismo» del buen beber.

Parece mentira que este alcalde sea el mismo que advertía hace un año al Partido Popular que «debía controlar a sus perros» porque «insufla fuerza a una extrema derecha» que era «propia de la guerra civil». ¿Dónde están los perros, don Odón? ¿No estarán en la calle Juan de Bilbao -y en el resto de la Parte Vieja o tantos otros rincones- donde, si no ha protegido, nunca ha combatido en diecisiete años de alcaldía un pozo negro de terrorismo en el que se dio hace unos días la bienvenida a su potencial cabeza de cartel en la carrera de la armonía? Hasta la terminología de sus chicos descarriados la ha interiorizado tanto el alcalde que le sale el «txakurrak» en cuanto habla de su enemigo.

Nadie vaya a creer que es una casualidad que Elorza sea alcalde de San Sebastián desde hace diecisiete años. Con tanto enemigo asustado -es verdad que con razón ante conciudadanos tipo De Juana o estilo Juan de Bilbao-, y tanto cómplice envalentonado, sabiéndole a él tan cercano, Odón, el pequeño Napoleón donostiarra, ha consumado la conversión/perversión de una gran ciudad española cosmopolita en un zarrapastroso mercadillo aldeano dominado por el miedo. Algunos ilusos llevarán años o quizá lustros preguntándose: ¿cómo, por Jaungoikoa, los nacionalistas pueden hacer de Bilbao una ciudad medianamente abierta y don Odón convertir San Sebastián en territorio de guetos con vocación de caserío? Pregúntenle a él. Por sus amistades y simpatías. Acaba de proclamar la voluntad de integración de un asesino irredento. Los que han tenido que irse, huyendo, son muchos más, pero sin sitio en la agenda de consejos de don Odón.

El Gobierno pide al TC mantener la suspensión de la Ley de consulta vasca para evitar el “daño irreversible a los intereses del Estado”
El Gobierno pide que se resuelva el recurso antes del 15 de septiembre, fecha tope establecida para convocar oficialmente la consulta para el 25 de octubre
El Ejecutivo “trata de contrarrestar el intento de manipular al electorado vasco”
MADRID EFE ESTRELLA DIGITAL 7 Agosto 2008

El Gobierno ha pedido este miércoles al Tribunal Constitucional (TC) que mantenga la suspensión de la Ley de Consulta popular vasca para evitar el "daño irreversible a los intereses generales del Estado" que se produciría en el caso de que la consulta se celebrara y, posteriormente, fuera declarada inconstitucional. Así se argumenta en las alegaciones que el Abogado del Estado ha presentado ante el TC a la petición del Ejecutivo vasco para que se levante la suspensión de la consulta popular, y en las que el Gobierno se ratifica en la conveniencia de que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad antes del 15 de septiembre, fecha tope establecida en la ley para convocar oficialmente la consulta el 25 de octubre.

Las Claves
El Ejecutivo socialista asegura que recurre la iniciativa del Ejecutivo vasco para “tratar de contrarrestar el intento de manipular al electorado vasco”
Para los servicios jurídicos del Estado, con la consulta planteada, el lehendakari Ibarretxe pretende tener un “instrumento de presión” frente al Gobierno

Los Datos
La Abogacía del Estado insiste en que levantar la suspensión de la Ley de Consulta acarrearía “perjuicios irreparables o de difícil reparación”
“Si la consulta se celebra lo haría eliminando o desvirtuando absolutamente la competencia exclusiva de autorización que reserva la Constitución al Estado”

En dichas alegaciones, el Gobierno se opone firmemente a que se levante la suspensión de la norma, al considerar que si la consulta se celebra y después se estima el recurso de inconstitucionalidad, "el daño a los intereses generales del Estado sería irreversible".

Asimismo, subraya que, en ese caso, "la consulta se habría celebrado eliminando o desvirtuando absolutamente la competencia exclusiva de autorización" que reserva la Constitución al Estado y lesionando el interés de preservar la soberanía del pueblo español.

Un daño que se evitará, a juicio del Gobierno, en el caso de que se ratifique la suspensión de la ley y el recurso sea estimado, ya que sería suficiente con que el Parlamento vasco propusiera las fechas de convocatoria y de celebración de la consulta.

En contra de la opinión del Gobierno vasco, el abogado del Estado señala que, aunque el TC ratificara la suspensión después del 15 de septiembre e incluso del 25 de octubre y desestimara el recurso, la consulta no quedaría "en hibernación 'sine die'", sino que bastaría una leve modificación de la ley recurrida para que el referéndum se pudiera celebrar en otras fechas.

La consulta como "instrumento de presión"
Para los servicios jurídicos del Estado, con la consulta planteada, el lehendakari pretende tener un "instrumento de presión" frente al Gobierno, de tal manera, según explican en sus alegaciones, como el jefe del Ejecutivo "no ha querido negociar" con Juan José Ibarretxe sus propuestas "se pretende movilizar al electorado vasco para forzar esa negociación".

Indica además que, aunque el electorado vasco respondiera negativamente a una de las dos preguntadas planteadas en el referéndum, se habría creado el precedente, recalca el abogado del Estado, "de que es posible utilizar un procedimiento referendario" para forzar políticamente al Ejecutivo "a seguir los dictados" del lehendakari.

Por este motivo, el Gobierno recurre la iniciativa del Ejecutivo vasco, ya que así "trata de contrarrestar el intento de manipular al electorado vasco" y también impedir que un Gobierno o Parlamento autonómico "pretendan forzar la voluntad política del Gobierno central mediante consultas populares sin que esté garantizada su legalidad".

La Abogacía del Estado insiste en que levantar la suspensión de la Ley de Consulta popular vasca acarrearía "perjuicios irreparables o de difícil reparación".

Las preguntas de la consulta
En la consulta planteada por Ibarretxe habría dos preguntas. La primera es: "¿está usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una vez y para siempre?"

Y la segunda es: "¿está usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco, y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010?"

España y Libertad insta a que se impida la manifestación ‘batasuna’ del sábado
Redacción  Bilbao Minuto Digital 7 Agosto 2008

España y Libertad ha instado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a que se impida la manifestación que la ‘izquierda abertzale’ pretende celebrar este sábado en San Sebastián.

La Plataforma ha presentado denuncia contra los representantes de la izquierda abertzale en San Sebastián Gabi Isasa y Onintza Odriozola y demás convocantes de la manifestación en apoyo de Iñaki de Juana Chaos convocada para el próximo sábado en San Sebastián.

España y Libertad entiende que las personas denunciadas son responsables de la convocatoria, que con el lema “contra el estado de excepción que vive Euskal Herria”, tiene por finalidad apoyar y ensalzar la figura del terrorista de ETA Iñaki de Juana Chaos.

La citada manifestación, aunque convocada por personas físicas, evidentemente es presumible que tenga detrás a Batasuna y el resto del entramado ilegal vinculado a ETA. De hecho la convocatoria estaba respaldada por varias decenas de personas, entre ellos el ex cabeza de lista de ANV al Ayuntamiento donostiarra, Agustín Rodríguez. Algunas de los participantes en la rueda de prensa portaban carteles con lemas como “Stop a la situación de excepción. Euskal Herria, autodeterminación” y “Euskal Herria, necesita el cambio. Autonomía y decisión”. Las expresiones vertidas en dicha convocatoria reprochando al PSOE y al PNV que intenten “imponer un marco jurídico-político basado en la negación, partición y opresión de Euskal Herria”: el Partido Socialista porque “no quiere poner en tela de juicio la unidad de España” y el PNV “porque quiere seguir haciendo negocio y llenándose los bolsillos a costa del conflicto”. “Pretenden impedir a la ciudadanía vasca que decida sobre su presente y su futuro”. “Han puesto en marcha una estrategia de guerra contra el motor de cambios que es la izquierda abertzale”, hace presumir que el acto se va a convertir en una apología de las razones de ETA y de ensalzamiento de la figura de un terrorista como De Juana Chaos.

España y Libertad considera que los hechos denunciados serían constitutivos de un delito de de enaltecimiento del terrorismo previsto y penado en el art. 578 del Código Penal.

La Plataforma recuerda que conforme al auto dictado el 17.01.06. dictado en el marco del sumario 35/06 seguido ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional que acordaba la suspensión de todas las actividades de la formación política ilegalizada HERRI BATASUNA- EUSKAL HERRITARROK- BATASUNA, existiendo igualmente sentencia firme del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003 que ilegaliza a la formación por considerarla parte integrante de la organización terrorista ETA. Igualmente Askatasuna se trata de una organización ilegal que nuestros Tribunales han considerado integrada en la estructura de ETA. Ya anteriormente en el mes de septiembre de 2007 se prohibieron manifestaciones análogas a las que se han anunciado a favor de los preso de ETA y en concreto del asesino De Juana Chaos. El modus operandi de entonces se reproduce idénticamente ahora. Una asociación legal o personas físicas convocan las manifestaciones y Batasuna acto seguido apoya las mismas con un comunicado o moviliza a sus bases.

España y Libertad pide que tras practicar las investigaciones precisas se proceda a adoptar urgentemente las medidas precisas para impedir la celebración de la concentración convocadas para este sábado, impartiendo las oportunas ordenes a las Fuerzas de Seguridad de Estado.

Otros ocho consistorios ondearán la bandera durante la celebración de la Diada
Cuatro ayuntamientos catalanes izarán la enseña independentista con apoyo del PSOE
Montse Espanyol La Razón 7 Agosto 2008

Barcelona- La «estelada», la bandera catalana símbolo de la independencia de los Países Catalanes, cumple cien años. Con este motivo, la comisión «100 años de Estelada» ha impulsado una campaña para que los ayuntamientos catalanes se animen a colgar la bandera por la Diada, el 11 de septiembre. Hasta la fecha, doce municipios se han sumado a la iniciativa. El último ha sido Vilassar de Mar (Barcelona).

El pleno municipal del Ayuntamiento de Vilassar de Mar aprobó ayer una moción presentada por ERC para sumarse a la campaña de los «100 años de estelada» con los votos a favor de CiU, el PSC e ICV. El PP fue el único partido con representación municipal que votó en contra.

Además de izar la bandera independentista el 11 de septiembre, la moción de ERC reclama que se dé el nombre de Vicenç Albert Ballester, el creador de la «estelada», a una plaza.

Vilassar de Mar es el segundo municipio de la comarca del Maresme (Barcelona) que se suma a la campaña de colgar la «estelada» el 11 de septiembre. El otro es Arenys de Munt, donde el PSC también ha votado a favor.

En toda Cataluña hay doce municipios que se han comprometido a izar la bandera independentista, entre los cuales hay dos capitales de comarca: Vilafranca del Penedés y Figueres. En ambas gobierna el PSC, que ha apoyado la iniciativa.
La mayor parte de los municipios son de la comarca de Osona, que han sacado adelante la iniciativa con los votos de CiU, ERC y la Candidatura d?Unitat Popular (CUP).

Los municipios son Manlleu, Tona i Santa Eugènia de Berga. La capital, Vic, desestimó la iniciativa. El equipo de gobierno formado por CiU, ERC y el PSC rechazó la moción de la CUP. Por contra, pondrá el nombre del creador de la bandera a una calle.

Estatut contra federalismo
Francesc de Carreras, LA VANGUARDIA  7 Agosto 2008

Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

Lo que está ocurriendo estas últimas semanas con la financiación de la Generalitat es una nueva prueba del mal planteamiento jurídico del Estatut de Catalunya y de las distorsiones que, a consecuencia de ello, está provocando en la política española.

En un artículo publicado en este periódico el pasado 10 de mayo ya advertía sobre lo que iba a suceder: el acuerdo sobre la financiación catalana no estaría listo antes del 9 de agosto porque antes el Gobierno debía conseguir un acuerdo global con las demás comunidades autónomas y, dadas las circunstancias, no había tiempo material para ello. Alegar que esto supondría el incumplimiento del Estatut no era más que una ridícula ingenuidad jurídica: el ordenamiento debe cumplirse en su totalidad y si la letra de una determinada ley - en este caso, el Estatut- es de cumplimiento imposible, debe hacerse una interpretación integradora que pondere todos los elementos legales en conflicto y, conforme a las reglas habituales en derecho, llegar a una decisión correcta. Si las leyes fueran todas claramente comprensibles y la tarea de aplicarlas resultara siempre sencilla, la actividad de jueces y abogados sería superflua. Por tanto, una interpretación integradora es una práctica usual en los juristas.

El Estatut cometió una insensatez: fijar una fecha concreta para que sucediera un hecho que, en sí mismo, es de cumplimiento incierto. Las causas de esta incertidumbre son muy claras. En primer lugar, el Estatut hace depender la financiación de la Generalitat de un acuerdo bilateral entre esta y el Estado. Que se llegue o no a un acuerdo es siempre algo aleatorio, dependiente de la disposición de las partes y de muy difícil determinación en el tiempo. Además, si el acuerdo no llega, como ha dicho Solbes, la responsabilidad es compartida. Por tanto, tiene escasa solvencia jurídica afirmar tanto que el Estatut se incumple como atribuir la culpa a una sola de las partes.

La segunda causa muestra todavía más a las claras la ligereza del legislador estatutario al fijar esta fecha límite. En efecto, según el texto constitucional, la financiación de las comunidades autónomas depende de una ley orgánica - la Lofca- que debe establecer un sistema general para todas las comunidades autónomas, a excepción del País Vasco y Navarra. El consenso entre comunidades en materia de financiación ha sido la práctica común, ratificada por jurisprudencia constitucional como la más adecuada al Estado de las autonomías. Pues bien, saltándose los condicionantes de la Lofca, el Estatut ha establecido unos principios propios que no pueden tener eficacia legal alguna a menos que coincidan con la norma de alcance estatal e, incluso en ese caso, carecen de toda validez constitucional, aunque ello dependerá de que así lo estime la pendiente sentencia sobre el Estatut. Es claro, pues, que el acuerdo sobre la financiación de la autonomía catalana no puede preceder a este acuerdo general. ¿Hubiera podido concluirse este acuerdo antes del 9 de agosto? Sin duda. Ahora bien, tras las elecciones ya era previsible que no estarían maduros los fundamentos de un pacto que debe conciliar tantos distintos intereses, todos atendibles, de las comunidades autónomas.

Todo ello nos reconduce a un problema más general que plantea el conjunto del nuevo Estatut. En efecto, en muchas de sus partes, el Estatut responde más a un modelo confederal que a uno federal. Cuando se repite una y otra vez que el Estatut es un pacto entre Catalunya y España, que la Generalitat debe tener por razones históricas un trato diferencial y que la bilateralidad debe ser la regla general en sus relaciones con el Estado, se están haciendo afirmaciones que no tienen cabida en la Constitución. Federalismo y confederalismo tienen muchas diferencias que ahora no hay espacio para detallar. Pero una de ellas es fundamental: la confederación no es un estado sino una unión de estados soberanos, y la norma fundamental que rige una confederación es un tratado internacional entre estos estados que debe ante todo preservar la igualdad entre los mismos. Por el contrario, un estado federal - que no es una unión de estados, sino un estado unitario- tiene como norma básica una Constitución, es decir, una ley suprema producto, no de un acuerdo entre estados, sino entre ciudadanos, cuya finalidad básica es preservar su igualdad de derechos fundamentales.

Con todas las variables que se quieran, que son pocas, España es un Estado que pertenece a la familia de los estados federales; no es, por tanto, en modo alguno, una confederación. Sin embargo, el Estatut de Catalunya ha sido configurado en varios de sus aspectos principales - competencias, relaciones con el Estado, financiación- según una filosofía confederal. Este Estatut, considerado como un pacto bilateral, va contra el federalismo, es antifederal: de ahí provienen la mayoría de sus problemas constitucionales. Es en este punto donde el Tribunal Constitucional debe sentar una doctrina clara y terminante, sin dejar resquicio alguno a dudas y confusiones. Como, por ejemplo, las que está produciendo en estos momentos la financiación de la Generalitat.

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