AGLI

Recortes de Prensa    Lunes 11 Agosto 2008

Desafío nacionalista
De mal en peor
Con Felipe González primero, y con Aznar después, se desató la puja por el favor de los separatistas, que estos cobran con intereses usurarios. Con el necio de Zapatero, se abrió la liquidación total.
José Vilas Nogueira Libertad Digital 11 Agosto 2008

Una gran parte del personal anda ocupado en la cuestión del número de medallas que los deportistas españoles obtendrán en Pekín (más que en las anteriores Olimpiadas, pero no tantas como en las de Barcelona; menos que en las anteriores, etc.). Otra parte menor pero más solidaria discute sobre la conveniencia o inconveniencia de haber concedido la organización de los Juegos a la despótica China, de lo que desprendo yo la regla de que esta solidaridad (como la ausencia) está habitada por el olvido; por el olvido de los que deberían sernos más próximos: nuestros connacionales catalanes, vascos, mallorquines, etc., tan desprovistos, si pretenden seguir siendo españoles, de algunos derechos cívicos (y aun humanos, como se dice ahora) como no pocos habitantes del "Imperio central".

Y no es que los nacionalistas separatistas hagan ascos a la competición deportiva, sino que en otra de más fuste están empeñados: la de liquidar lo que queda de España. Todavía pendiente la amenaza del anticonstitucional referéndum de autodeterminación de Ibarreche, que si llega a celebrarse superaría en calidad democrática a las elecciones de Mugabe, el déspota de Zimbabwe, han tomado el relevo los separatistas catalanes (parece que incluso con la complicidad de Alicia Sánchez Camacho, precioso joyel incorporado por Rajoy a su deslumbrante corona). Pues, resulta que Zapatero no quiere hacer honor al sistema de financiación del Estatuto de Cataluña. Más o menos, y en plata, la tal financiación, la deciden a medias entre el Gobierno de España (lo que, de hecho, viene a incluir al Parlamento) y el Gobierno de la Generalidad catalana. Pero, claro es, el Gobierno y el Parlamento de España no representan sólo a una parte, más o menos grande del territorio del Estado, sino a la totalidad del mismo y de sus habitantes, incluidos Cataluña, pues todo el territorio está "autonomizado". O sea, que los catalanes tienen asegurada la parte del león. Pero, se dirá, ¿el célebre Estatuto no está pendiente de recurso ante el Tribunal Constitucional? Sí, claro, y seguirá estándolo antes de que sus probos componentes se pongan de acuerdo en una resolución tipo Rosita la pastelera, por buen nombre don Francisco de Paula Martínez de la Rosa y otras hierbas, que así se llamó tan excelentísimo señor.

Como en España la ley es castigo de pobres y coitados y el voto arma de caciques, y demagogos tan insaciables como cortos de miras, no es menester mucha memoria e ilustración para constatar que cuanto más se complace a la hidra separatista, tanto más engorda ésta en tamaño y codicia. Con Adolfo Suárez la cosa funcionó todavía razonablemente. Pero con Felipe González primero, y con Aznar después, se desató la puja por el favor de los separatistas, que estos cobran con intereses usurarios. Con el necio de Zapatero, se abrió la liquidación total.

La presente crisis económica ha sido el detonante de la explosión. El PSC retoma (con dirección charnega, ¡quien lo iba a decir!) el viejo sueño catalanista de la independencia respecto del PSOE. Montilla ha amenazado con la ruptura de la disciplina de voto en el Parlamento nacional y con la constitución de un frente de todos los partidos catalanes. Como Zapatero reposa en Doñana de tanta fechoría cometida, la Vicepresidenta, desde Haití, donde anda a comprar sonrisas de los negritos hambrientos subvencionando a sus corruptos gobernantes, ha reprochado al presidente de la Generalidad sus excesos verbales. Como siempre, los ha compensado con déficits patrióticos: trabajaremos por acercar posiciones y lograremos un acuerdo. Pero la nueva hornada socialista es más realista: "no se puede recorrer en dos años el camino que no se ha recorrido en veinte", ha dicho Leire Patín. Como siempre. Setenta veces siete ¿y la 491?
José Vilas Nogueira es profesor emérito de la Universidad de Santiago de Compostela

Anteproyecto de ley de aprendizaje de lenguas
PSE y PP denuncian que la reforma lingüística «eliminará» el castellano de la enseñanza
La oposición entiende que se trata de una «imposición» para establecer un «modelo monolingüe» que «limita la libertad de elección de las familias»
CARMEN BARREIRO BILBAO EL Correo 11 Agosto 2008

c.barreiro@diario-elcorreo.com

El anteproyecto de ley de reforma de los modelos lingüísticos elaborado por el Departamento de Educación, en el que se establece que todos los colegios públicos y concertados impartirán en euskera, al menos, un 60% de las asignaturas, ha levantado ampollas entre los diferentes grupos políticos y agentes sociales al conocer la propuesta desvelada por EL CORREO. Los partidos de la oposición ratificaron ayer su rechazo al borrador redactado por la consejería de Eusko Alkartasuna (EA) al entender que se trata de una «imposición», cuyo único objetivo es «eliminar el castellano» para establecer un «modelo monolingüe» que «limita la libertad de elección de las familias». Las reticencias del PNV amenazan la viabilidad de la propuesta.

La reforma, que acaba con el actual sistema de los tres modelos lingüísticos, deja autonomía a los centros para decidir en qué idioma oficial o extranjero se imparte el 40% de las asignaturas. En cualquier caso, se trata de una autonomía relativa. Por primera vez, las escuelas e institutos tendrán que rendir cuentas a Educación sobre los resultados lingüísticos de sus alumnos. El Departamento examinará a los escolares en cuarto y sexto de Primaria y en segundo y cuarto de Secundaria para comprobar si alcanzan el nivel exigido. El texto también establece que cada centro tendrá que elaborar su propio programa lingüístico en función de las necesidades de sus alumnos «teniendo en cuenta que si no obtienen los resultados previstos se verá obligado a cambiar el programa y dedicar más tiempo al euskera». Si llegara a aprobarse, la ley se aplicaría en los centros públicos y concertados.

Las reacciones a la propuesta de Educación no se han hecho esperar. Los socialistas advirtieron ayer de que no van a «entregar ningún cheque en blanco. Hay que poner todas las cartas sobre la mesa. Desde luego, no aceptaremos ningún anteproyecto que se reserva elementos para hacer después un decreto a su medida. Y mal empezamos si ya hablamos de obligatoriedad», señaló la parlamentaria Isabel Celaá. En este sentido, insistió en que su partido se va a «empeñar en negociar hasta la saciedad» para que los alumnos matriculados en el modelo A (castellano) «se encuentren cómodos dentro del sistema, aunque haya que inventarse nuevos itinerarios».

Los populares fueron más allá en sus críticas. Para Iñaki Oyarzabal, la propuesta, que tachó de «inadmisible», supone la «eliminación del castellano de la escuela» y una «instrumentalización del euskera». «Campos está obsesionado por teledirigir la decisión de las familias hacia el modelo D (euskera) y no se da cuenta de que lo único que va a conseguir es su rechazo», subrayó.

Desavenencias
La reforma lingüística, proyecto estrella del Departamento de Educación, fija el euskera como la «lengua propia» del ámbito educativo. Por tanto, los centros deberán hacer de ella el «vehículo de expresión normal y preferente en todas sus actividades», docentes y no docentes. El anteproyecto también señala que la lengua vasca y el castellano son oficiales, por lo que todo alumno tiene el «deber de aprenderlos adecuadamente» y el «derecho a usarlos». Es precisamente en este punto, donde socialistas y populares se muestran más escépticos. A su juicio, las «metas» que los alumnos deben alcanzar en cada etapa educativa, tanto en euskera y castellano como en lengua extranjera, supondrían en la práctica que la gran mayoría de las asignaturas se tendrían que impartir en lengua vasca para poder superar las evaluaciones impuestas por Educación. «Luego ese 60% obligatorio podría terminar convirtiéndose en un 90 o un 100% en función de cada centro», lamentaron Celáa y Oyarzabal. Lectura que también comparte el sindicato CC OO. «Se trata de una propuesta trampa», resumió el delegado sindical, Javier Nogales.

El Departamento de Educación se pronunció ayer ante la información publicada por EL CORREO con las claves del anteproyecto de ley de aprendizaje de lenguas. En un comunicado, la consejería advirtió de que mantiene «abierto un cauce de diálogo» con partidos políticos y agentes educativos con el objeto de «alcanzar el mayor consenso posible sobre la reforma educativa». Rafa Larreina (EA) mantiene que las «posibles dudas» de los de los jeltzales sólo se pueden interpretar en «clave política».

En un proyecto «tan delicado» como la ley de aprendizaje de las lenguas, cualquier detalle puede ser motivo de confrontación en un escenario donde la proximidad de las elecciones autonómicas marca el discurso de los partidos. Es el caso de los nacionalistas vascos. Los jeltzales admitieron hace unos días el interés de la formación por marcar un perfil menos radical que el de sus compañeros de gobierno. De hecho, las discrepancias respecto al borrador elaborado por EA comprometen seriamente su aprobación.

La postura adoptada por el PNV fue criticada ayer por la izquierda abertzale al entender que los peneuvistas quieren «cerrar el camino» a la reforma de los modelos lingüísticos «presentando excusas baratas». Entretanto, Ezker Batua mantiene que el proyecto «debe generar el mayor consenso posible». En este sentido, Antton Karrera manifestó la actitud abierta de su formación para negociar con la consejería de Tontxu Campos «un proyecto -dijo- que debe responder al objetivo de la euskaldunización». Pese a las desavenencias internas con el PNV, la formación de Unai Ziarreta está convencida de que sus socios de gobierno aprobarán la propuesta definitiva sobre los modelos lingüísticos. La fecha elegida para elaborar el anteproyecto, tampoco ha gustado a los grupos políticos, que «ni siquiera» han tenido acceso al borrador. «Es irresponsable e irrespetuoso», coincidieron.

El acoso al castellano
Ibarretxe liquida el modelo de enseñanza en castellano, que reduce a idioma residual
Impone un mínimo de un 60% de clases en euskera y el resto entre inglés y español
R. N. La Razón 11 Agosto 2008

Madrid- El anteproyecto de ley de reforma de los modelos lingüísticos preparado por el Departamento de Educación del Gobierno vasco elimina de un plumazo la posibilidad de recibir educación en castellano en los colegios del País Vasco.

Según informó ayer el diario «El Correo», el borrador establece que todos los centros públicos y concertados deben impartir al menos el 60 por ciento de las asignaturas -a excepción de las no lingüísticas, que se impartirán en castellano, inglés y vascuence- en euskera. El 40 por ciento se reparten entre castellano e inglés.

La Consejería de Educación vasca fija que el euskera es la «lengua propia» del ámbito educativo. Por tanto, los centros deberán hacer de la lengua vasca el vehículo de expresión «normal y preferente» en todas sus actividades, docentes y no docentes. También señala que euskera y castellano son oficiales, por lo que todo alumno tiene «el deber de aprenderlos adecuadamente» y el «derecho» de usarlos.

La norma establece que los alumnos deben alcanzar un nivel determinado de conocimiento de cada idioma, el mismo en el caso del castellano y el euskera. Pero dado que, según todos los estudios, la mayoría de vascos son castellanoparlantes y les resultará mucho más sencillo aprobar las evaluaciones de este idioma, es muy posible que en muchos centros sea preciso revisar los estudios de euskera para que los alumnos tengan un conocimiento de este lengua similar al del castellano. Esta cláusula, en la práctica, abre la puerta a ampliar el número de horas que dedica cada centro al euskera, por lo que habrá centros que tendrán que impartir el 70, el 80 o el 100 de sus materias, a excepción de las lingüísticas, en euskera.

Advertencia
Sobre este controvertido aspecto de la ley, el Consejo Escolar de Euskadi ya advirtió de que sólo los escolares euskaldunes serán capaces de superar esas pruebas y recomendó que las metas sean diferentes para los niños de áreas castellanoparlantes, ya que de lo contrario conduciría a la frustración de muchos estudiantes.

Tanto el PP como el PSE ha mostrado en los últimos meses su frontal oposición al proyecto, especialmente por la eliminación del modelo de educación en castellano.

Concapa: «Es una lucha contra el castellano»
La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (Concapa) entiende que la reforma vasca puede «desunir» el sistema educativo. Según declaró a Servimedia el secretario general de Concapa, Roberto Caramazana, «vamos a intentar que, aunque tengamos 17 sistemas educativos casi distintos, porque cada comunidad autónoma tiene el suyo, el idioma nos una. El idioma nos tiene que unir, y no desunir como en este caso, y sobre todo en un tema tan importante como es la educación». Caramazana expresó su deseo de que «no se impida poder recibir las clases en castellano» y denunció «una lucha encarnizada en contra del castellano, cuando es el idioma oficial junto con otros, es decir: junto con, no al margen de».

El Gobierno vasco quiere obligar a dar el 60 por ciento de asignaturas en euskera
ABC 11 Agosto 2008

MADRID. Continúa el acoso al castellano.
El Departamento de Educación del Gobierno vasco, gestionado por EA, ha presentado un anteproyecto de ley en el que se establece que los colegios públicos y concertados deberán impartir, como mínimo, un 60 por ciento de sus asignaturas en euskera. El otro 40 por ciento deberá repartirse entre el castellano y el inglés, a elección de los colegios.

Estos porcentajes podrían variar, pero siempre en favor de la lengua específica de la comunidad vasca. Si los centros educativos no alcanzasen el objetivo marcado por la Consejería dirigida por José Antonio (Tontxu) Campos, a saber, que al finalizar Secundaria los alumnos puedan expresarse correctamente en euskera tanto oralmente como por escrito, los centros educativos deberían dedicar aún más tiempo al euskera y cambiar su modelo lingüístico, según informó ayer el diario «El Correo».

La propuesta llega en un momento en que el castellano está siendo perseguido en las comunidades bilingües. Sin ir más lejos, la Plataforma por la Libertad Lingüística del País Vasco y Padres en defensa del castellano se desplazaron recientemente a Bruselas para protestar porque sus hijos no podían recibir educación en español en varios colegios públicos del País Vasco.

En el caso de que el plan de la Consejería se aplique, el actual modelo educativo A, que se ofrece en los colegios del País Vasco para que los niños puedan estudiar íntegramente en castellano, desaparecerá. Además, y por primera vez, escuelas e institutos estarán obligados a rendir cuentas sobre los resultados y hábitos lingüísticos de sus alumnos. Así, la ley prevé evaluaciones periódicas para comprobar si se cumple este objetivo y, según el anteproyecto, los escolares se examinarían en cuarto y sexto de Primaria, así como en segundo y cuarto de Secundaria, para comprobar si alcanzan el nivel requerido en euskera, castellano y el idioma extranjero. En el supuesto de que los colegios o institutos no alcancen el nivel exigido por Educación, tendrían que ampliar las clases en euskera hasta el 100 por ciento si fuese necesario.

La propuesta define el euskera como la «lengua propia» del ámbito educativo, que debe ser el vehículo de expresión «normal y preferente» en los centros educativos tanto en el ámbito docente como en el no docente. Si la ley llegase a entrar en vigor, cambiaría el sistema educativo vasco por completo, ya que afectaría a todas las etapas escolares, desde Infantil hasta Bachillerato, pasando por FP.

Objeciones de los partidos
El plan elaborado por el Departamento de Educación, que todavía no ha sido presentado oficialmente, ha generado ya muchas críticas. Tanto el PP como el PSE se han opuesto totalmente e incluso el PNV se ha puesto en alerta. Eso sí, los motivos que podrían llevar a los nacionalistas a preocuparse por el plan educativo tendrían que ver con intereses electorales. Según El Correo, esta propuesta podría convertirse en «un lastre» teniendo en cuenta lo apretadas que se presentan las próximas elecciones autonómicas, con el PSE muy cercano en las encuestas.

INSTA A REFLEXIONAR AL GOBIERNO BALEAR
La Cámara de Comercio Alemana asegura que el uso del catalán no es rentable
Los recientes ataques del nacionalismo catalán y del Gobierno de Baleares a la compañía aérea Air Berlín han provocado la reacción de la Cámara de Comercio Alemana. Según informa El Mundo, este organismo ha asegurado que "las empresas se comunican con sus clientes en los idiomas que entiende la mayoría, como es el castellano en el caso de España". Además, ha invitado al Gobierno balear a reflexionar sobre "los pros y los contras de las políticas lingüísticas que tienen como objetivo restringir el uso del castellano".
Libertad Digital 11 Agosto 2008

Los ataques de parte del nacionalismo contra la empresa Air Berlín, como la exigencia del Gobierno de Baleares para que utilizasen el catalán, los insultos del político de ERC Joan Puig o la negativa del FC Barcelona a volar con esta compañía, ha obligado a la Cámara de Comercio alemana a pronunciarse.

De hecho, ante la polémica suscitada ha asegurado que "las empresas se comunican con sus clientes en los idiomas que entiende la mayoría , como es el castellano en el caso de España". Es más, el director de la Cámara de Comercio Alemana en España, Peter Moser, ha sentenciado que "los pocos casos de catalanoparlantes no bilingües no justificarían el uso de del catalán en todas las comunicaciones con sus clientes".

Este organismo representa a cientos de empresas del país germano en España, donde una gran parte se encuentran presentes en Cataluña. Sin embargo, las actuaciones de estas empresas se miden en el interés empresarial que tienen estas medidas. "Esta política hay que entenderla en términos puramente económicos: el gasto en traducciones, formación del personal y la producción de versiones de la documentación y materiales impresos en otro idioma no es proporcional al número de clientes que lo requiere".

Incluso, la empresa alemana invita a reflexionar al Gobierno balear, el que más trabas ha puesto en los últimos meses a la compañía aérea, tras subrayar que "pensamos que las autoridades baleares deberían plantearse los pros y los contras de las políticas lingüísticas que tienen como objetivo restringir el uso del castellano".

Españoles rotos
Manuel Molares do Val Periodista Digital 11 Agosto 2008

España no se rompe y desde un punto de vista físico la Hispania romana nunca desaparecerá porque es una península que incluye a Portugal y ni siquiera ese país se ha apartado para formar la balsa de piedra imaginada por Saramago o una isla volante como el Castroforte de Baralla de Torrente Ballester.

Lo que se rompen son vínculos afectivos y culturales entre los habitantes de España, nombre del país vedado en el lenguaje políticamente correcto.

En neolengua debe decirse Estado español. Como Franco, que se intitulaba Jefe del Estado, expresión más rotunda y eufónica que Jefe de España. Realmente, quienes se niegan a decir España añoran instintivamente al Caudillo.

Demostrada la invulnerabilidad física del territorio, es ley que Barcelona estará siempre a unos 969 kilómetros por carretera de Mérida, capital de Extremadura. Y lo que está rompiéndose es la hermandad de los españoles de ambos lugares, y de muchos otros.

Seguimos el ejemplo de Bélgica, donde unos gobiernos bienpensantes y débiles con los nacionalismos apoyaron hace tres décadas una federación separadora de flamencos y valones, que enseguida fue ruptura cultural y personal.

Ese país existe aún como Estado, pero los belgas están disolviéndose, odiándose mutuamente.

Porque los ciudadanos de un país con diferencias económicas en sus distintos territorios, cuando explotan cualquier característica que pude diferenciarlos, lengua, religión, etnia, tienden a despedazar afinidades, incluso llegarán a odiarse.

Y los gobiernos que en lugar de atenuarlas azuzan las diferencias no sólo culturales, sino de trato y económicas, como hacen los de Rodríguez Z, son culpables de la creciente separación, desprecio y odio entre algunas poblaciones.

Eso es lo que está dejando Z para la Historia, que todavía está empezando, al enfrentar con sus estatutos diferenciadores, como si ocuparan posiciones antípodas, Barcelona y Mérida, norte y sur, este y oeste.

La ilegitimidad de un Gobierno que castiga al indefenso
En el País Vasco, quienes defienden la libertad y la vida son castigados por los poderes públicos mientras aquellos que apoyan la muerte reciben el premio de la comprensión pública y la inacción policial.
EDITORIAL Libertad Digital 11 Agosto 2008

Dos eventos de este fin de semana han dejado claro cuál es la situación real en el País Vasco. Mientras el sábado los proetarras se manifestaban tranquilamente en San Sebastián ante la atenta mirada de la Ertzaintza, el domingo un grupo de ediles populares era amedrentado y amenazado de muerte en Guecho sin que nadie hiciera nada para impedirlo, ni la Policía Municipal ni la autonómica.

El que los cómplices de los asesinos puedan reivindicar en la calle su apoyo a uno de los más sanguinarios de entre los suyos no puede tomarse como un ejemplo de tolerancia y respeto por la libertad de expresión cuando, al mismo tiempo, los demócratas que tantos compañeros han perdido no pueden vivir con tranquilidad y ejercer con libertad sus derechos. Defender el supuesto de derecho de tomar las calles en defensa de un asesino en serie mientras se niega a personas inocentes la posibilidad de acudir a un mercado no es otra cosa que colaborar con los proetarras en la creación de un clima irrespirable para quienes creen en España y en la libertad, que con ejemplos como éstos queda claro una vez más que, a día de hoy, son una misma cosa.

La supervivencia del fenómeno terrorista y de las masas envalentonadas que lo apoyan no se puede explicar sin esa persistente colaboración en el día a día de las fuerzas políticas que tienen la responsabilidad de garantizar el orden público con aquellos que lo violentan un día sí y otro también. Porque si de educar se trata, lo esencial es enseñar qué está bien y que está mal, recompensando lo primero y castigando lo segundo. Pero en el País Vasco, quienes defienden la libertad y la vida son castigados por los poderes públicos mientras aquellos que apoyan la muerte reciben el premio de la comprensión pública y la inacción policial. Y parece como si el objetivo de todos los partidos políticos de ámbito nacional en el País Vasco fuera negociar con quienes "maleducan" de esta manera a los proetarras.

En unos políticos empeñados en atar su propio futuro a la supervivencia del terrorismo nacionalista vasco ya no sorprende la referencia a los crímenes como "desaguisados" o la consideración de que podemos darnos por satisfechos si un asesino convicto nos hace el favor de dejar de matarnos. Pero que no produzca asombro no lo hace menos escandaloso. No hay que olvidar que el partido al que pertenece Erkoreka lleva décadas gobernando el País Vasco, y su historial en la labor esencial de todo Gobierno, y para muchos la única realmente justificada, de proteger a los ciudadanos y proporcionarles seguridad frente a la violencia, es sencillamente deleznable.

Cuando se pergeña un Estado descentralizado se ha de dar por sentada la lealtad de las partes hacia el todo. Cuando los gobiernos regionales emplean sus poderes para destruir, y no para construir, se hace necesario replantear si ciertas competencias deben permanecer en sus manos. Tras décadas de tener en sus manos la responsabilidad de mantener el orden público, ha quedado claro que el Gobierno del País Vasco no la ejerce con responsabilidad. Su obligación es proteger al débil del matón, no defender el "derecho" de éste a amedrentar a su víctima. Si los poderes públicos son incapaces de cumplir siquiera con este deber, la razón misma de su existencia queda en entredicho.

Protomártires
IGNACIO CAMACHO ABC 11 Agosto 2008

SIN llegar al delirio de orate racista de Sabino Arana, la mayoría de los «padres fundadores» de los distintos nacionalismos y regionalismos españoles, los Castelao, Cambó, Infante y otros, no resisten una lectura actual intelectualmente serena. Merecen respeto de pioneros, hijos de su tiempo y de su historia, pero sus doctrinas oscilan a menudo entre el iluminismo y la extravagancia, cuando no mueven, como el aranismo, a desacomplejado y cachondo descojone. La clase política emergida del Estado de las autonomías se siente deudora de sus encomiendas y ha construido sobre ellas un rentable modo de vida, pero a nadie se le escapa el desfase del legado doctrinal en que se han basado. Así que en la mayoría de los casos se ha solventado la contradicción colocando a los «padres de la patria» autonómica en una hornacina simbólica de protomártires de causa, santificados de oficio para sacar rédito de su evocación retórica.

Quizá el que más haya sufrido el manoseo histórico de los posteriores beneficiarios de su legado sea el bueno de Blas Infante, cuyo bienintencionado pensamiento redentorista ha caducado en buena parte a la misma velocidad que han evolucionado las condiciones sociopolíticas en que fue concebido. El régimen autonómico de Chaves se proclama heredero del ideario infantiano, probablemente insostenible en la Andalucía del turismo y las subvenciones europeas, mientras en la práctica se lo pasa por el forro sin atreverse a cuestionarlo públicamente para continuar utilizando el martirologio de su memoria. Incómodo ante la obligación de tener que rendirle en pleno agosto homenaje ritual por su inicuo fusilamiento, el virrey andaluz lleva unos años haciendo desplantes a la efeméride, con un pasotismo displicente que provoca una pintoresca pelea a muertazos en la escena política regional. Sucede que, lejos de desmarcarse del infantismo, ni siquiera para referenciarlo en sus precisas coordenadas históricas, es el propio PSOE el que ha situado al «padre de la patria andaluza» en el frontispicio de su fachada ideológica. Como todo régimen hegemónico, pretende estar al plato y a las tajadas: reivindica la herencia fundacional para que nadie se la arrebate, y al tiempo la desprecia con arrogancia gestual para sentar sus propias bases de supremacía.

A diferencia de Cataluña, Galicia o el País Vasco, donde el nacionalismo gobierna o conserva amplias cuotas de influencia, en Andalucía ha desaparecido del mapa la opción política directamente inspirada en la doctrina infantista, lo que ocasiona la paradoja de que tres proyectos nacionales como PSOE, PP e IU disputen de boquilla un contradictorio reclamo ideológico que no les cuadra. Disparate sobre disparate. Al ilustre don Blas hay que reconocerle su esfuerzo de pionero regionalista, honrando moralmente su sacrificio y respetando su obra en el ámbito del estudio histórico, en vez de porfiar a garrotazos por la atribución de su primogenitura. El problema de la Andalucía actual no es la supervivencia de un andalucismo de pata negra, sino la degradación de su sociedad civil, la persistencia del retraso socioeconómico y la transformación de la autonomía en un rígido e hipertrofiado sistema clientelar, en el que los nuevos caciques viven, como camisas viejas, instalados en el usufructo oficial de una memoria de conveniencia.

Justicia nada poética
JOSÉ MARÍA CARRASCAL ABC 11 Agosto 2008

LAS letras giradas por Zapatero en su primer mandato empiezan a llegar a cobro. Sin que haya fondos para pagarlas. No me refiero a la economía, sino a la política. Que son a la postre lo mismo.

¿Recuerdan el «Pascual, te daré lo que pidas», de Zapatero, que los catalanes se apresuraron a plasmar en su nuevo estatuto? Pues el sucesor de Maragall exige que se cumpla al pie de la letra, lo que incluye una financiación especial para Cataluña, que no puede hacerse por principio y por no haber dinero para ella. Pero en caso de que no se haga, ese sucesor, que es socialista y nacido en Andalucía, amenaza con plantar batalla abierta al Gobierno de la nación. Me refiero a la nación española, pues el término se aplica también en el nuevo estatut a Cataluña.

¿Y recuerdan la oferta que en el otoño de 2006 los representantes de Zapatero hicieron a los de ETA en Loyola, que incluía el «reconocimiento de la identidad nacional vasca» y «la celebración de un referéndum sobre los acuerdos a que se llegase»? Pues es lo que exige el lehendakari Ibarretxe, amenazando con realizar la consulta por su cuenta si no se le autoriza. De aquellos polvos vienen estos lodos.

El problema es que tanto Montilla como Ibarretxe tienen su parte de razón, aunque ni mucho menos toda. El nuevo estatuto catalán fue aprobado por aquel parlamento y, luego, por el español, lo que le confiere el rango de Ley Orgánica, de obligado cumplimiento. Y en él se fijaba un plazo de dos años para que los Gobiernos central y catalán llegasen a un acuerdo sobre la nueva financiación catalana. Plazo que expiró el pasado sábado sin que el acuerdo llegase, lo que ha puesto en pie de guerra al entero nacionalismo catalán, socialistas incluidos, contra el Gobierno, que intenta diluir la cosa en una negociación conjunta con todas las autonomías, tal como está prescrito. ¿Qué se creía Zapatero, que los nacionalistas iban a olvidarse de las ventajas adquiridas en el nuevo estatuto? Eso es no conocerlos. ¿Que Montilla iba a ser más socialista que catalanista?

Eso es no conocer la mentalidad del charnego. Quienes advertimos que el nuevo estatut era una bomba de relojería no nos alegramos de que los hechos nos hayan dado la razón porque esa bomba puede desarticular España aún más de lo que está, en vez de articularla definitivamente, como Zapatero prometía.

En el «caso Ibarretxe» hay también que reconocerle cierta razón al pedir que se le ofrezca lo mismo que a ETA. El problema es que lo que se ofreció a ETA era anticonstitucional, como ha venido a admitir el propio Gobierno.

Pero la culpa no es sólo de éste. Es de todos. El nuevo estatut fue aprobado por las Cortes Generales. Como las negociaciones con ETA. A quienes se oponían se les acusó de sembrar la alarma y la crispación. Hoy nos llegan las consecuencias. Con altos intereses, pues mientras Zapatero se entretenía con tan peligrosos e inútiles ejercicios, la economía se deterioraba. Es lo que suele llamarse «justicia poética». Aunque en este caso, no tiene nada de poesía.

Constitución, amenaza o garantía
Carlos Carnicero Periodista Digital 11 Agosto 2008

Hay muchas cosas que diferencian a una persona de ideología nacionalista --sea cual sea la patria que abarca esas emociones desbordadas- de otra que no lo es, pero una de las más evidentes es que los primeros consideran la Constitución como límite y amenaza mientras que los segundos la observan como una garantía.

Esto es extensible a la Unión Europea como contorno supranacional: los nacionalistas de los distintos países europeos ven en la Unión la misma amenaza que los de las regiones de la periferia española observan en España. Es un problema piramidal, cada nacionalismo mira hacia arriba y hacia abajo con recelo. Ellos, los nacionalistas, sólo entienden su propio patriotismo y consideran amenazador cualquier otro.

Los nacionalistas vascos reclaman Navarra como parte integrante de Euskadi y están horrorizados con la idea de que un día Álava pretenda quedarse fuera de una Euskadi radicalizada hacia la independencia. El nacionalismo sólo aprecia su propia circunstancia cuando abarca exactamente la proporción de territorio en donde quiere ejercer su ideología; no renuncia a ninguna parte de su comarca de influencia ni es capaz de compartir soberanía hacia otros territorios en los que sólo se siente cómodo si se le asegura la tensión hacia la diferencia como forma de vida. En el fondo son como niños mal consentidos que tienen que centrar la atención para sentirse únicos. Si se enfadan, se quieren ir de casa; pero nunca terminan de irse porque fuera de un hogar común hace demasiado frío y ellos son exigentes con lo que pretenden y tacaños con lo que debieran compartir.

Entender que la Constitución de un país es su carta de libertad es una necesidad básica de una convivencia estable; en España es una asignatura pendiente porque existen fuerzas nacionalistas que ven en la Constitución una coacción y un demarcación para sus afanes centrífugos que además nunca están formulados con nitidez sino con la ambigüedad de una tendencia elástica que nunca tiene contornos precisos. El pacto estable es imposible porque los nacionalistas se reservan el derecho histórico de la independencia como una amenaza que les da patente de corso para no verse comprometidos con la Constitución. Cualquier concesión no apacigua sino que exacerba. Son sencillamente insaciables porque el patriotismo envuelve y protege todos sus reclamos.

La Constitución debiera ser para todos los españoles como la Biblia laica del estado. Algunos países no tienen dudas al respecto y resulta anacrónico y fuera del sistema plantarse frente a la Constitución: el estado de derecho se lleva por delante a quien la vulnera. Y la primera obligación de la Constitución es establecerse en defensa de la igualdad de todos los ciudadanos del territorio en donde tiene vigencia, independientemente de la raza, credo, religión o lugar de nacimiento y residencia.

Esto es bien evidente en cualquier democracia consolidada y sólo en España existe una dialéctica de confrontación con esta idea básica que es sistemáticamente combatida por los nacionalistas que basan su práctica política en la confrontación con el estado y por lo tanto con la Constitución.

Como consecuencia de las rémoras del franquismo, uno de los déficit más importantes de la izquierda española es el de no haber formulado un patriotismo constitucional, esgrimido sin complejos frente a las tentaciones disgregadoras que utilizaban el estado autonómico como palanca permanente de debilitamiento del estado, al que se trata de despojar de competencias y prestigio. Y lo hacen no para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos con una gestión más eficaz, sino como vía de fortalecimiento de la diferencia y del poder político propio precisamente para contraponerlo al del estado común.

Hasta ahora había un terreno de juego relativamente claro de los partidos nacionalistas y que permitía observar claramente la diferencia entre nacionalistas y quienes no lo eran. La época de la confusión se amplificó en el momento en que la estrategia electoral del PSOE determinó la ocupación de poder autonómico mediante políticas de alianzas con partidos nacionalistas pretendidamente de izquierdas. Y está ocurriendo, sobre todo en Cataluña, que la influencia y la contaminación ideológica y política no ha sido de los no nacionalistas hacia los nacionalistas, sino al contrario.

Ahora los socialistas catalanes esgrimen el carácter de ley orgánica del estatuto para no estar constreñidos por la Constitución. Porque pretenden tener razón en sus demandas dentro de una negociación que necesitará, en caso de no haber acuerdo, de un árbitro. Pero Montilla quiere tener razón por el hecho de reclamar algo para Cataluña, a la que quiere más que a Zapatero, lo que en la metodología nacionalista equivale a tener razón por defender lo local frente a lo general. El último invento dialéctico es equiparar solidaridad con privilegio para quienes son depositarios de ella.

José Montilla y la dirección del PSC empiezan a tener un proceso mental nacionalista. El Estatuto no está sometido a la Constitución a la que empiezan a ver como una peligro. La prueba es que ya han amenazado ante la eventualidad de una sentencia del Tribunal Constitucional que sea lesiva para lo que tiene contemplado el estatuto.

¿Por qué no se pronuncia Montilla sobre esa posibilidad?

La Constitución ha dejado de ser contemplada por José Montilla como una garantía está a punto de verla como una amenaza. Son procesos de pensamiento prácticamente irreversibles.

El desaguisado vasco
Vicente A. C. M. Periodista Digital 11 Agosto 2008

No creo seriamente que el Sr. Erkoreka haya pensado en lo que dijo, llamando “desaguisados” a los 25 asesinatos del etarra de Juana Chaos. Si lo hizo conscientemente, es que su concepto de lo ético difiere mucho de lo que se considera normal en una sociedad democrática. En cualquier caso, sería conveniente una disculpa y que reconociera públicamente que se equivocó, que no supo expresarse y que no eran las palabras adecuadas. No me vale el que dijera además que el etarra “no le caía simpático”. No es cuestión de simpatías, sino de juicio moral.

Lo malo es que no es un caso aislado, ya que el propio Presidente Sr. Zapatero también se refirió a los muertos en atentados como “accidentes” y a de Juana Chaos, como un hombre favorable al proceso de paz. Desde luego este aspecto ya se ha podido constatar en su presunta carta cuando decía lo de “aurrera bolie!”-adelante con la pelota (lucha)- o ensalzaba a sus compañeros etarras.

¿Hasta cuándo se va a seguir con la hipocresía del lenguaje? Ya no les basta a los del PNV con hacer dejación de la defensa de los derechos de los ciudadanos, permitiendo que los de ETA se manifiesten con toda tranquilidad en las calles de San Sebastián. Ahora, se dedican sin tapujos a actuar como abogados defensores, con manifestaciones como las de Miren Azkárate, Balza, Ibarretxe, Erkoreka, etcétera. ¿No hay nadie en el PNV que mantenga un mínimo de decoro y no comparta esta radicalización?

El verdadero desaguisado, palabra que significa “destrozo” en una de sus principales acepciones, lo está provocando el PNV con su postura radical y frentista contra todo lo que sea o signifique “español”. Su persecución al idioma común de los españoles, su permisividad con las actuaciones del mundo etarra, su insumisión a la Ley, su desafío a la legalidad y su inmoral posicionamiento equidistante entre verdugos y víctimas de ETA, le convierte en un partido alejado de la democracia y más cercano a la dictadura nacionalista.

Pero un partido así solo sobrevive si hay ciudadanos que le prestan su confianza y su voto en las elecciones. El hecho de que formaciones como ANV, PCTV e incluso este transformado PNV mantengan su poder, solo demuestra hasta qué punto una sociedad puede estar obcecada y ciega ante lo que es éticamente válido en una democracia y lo que no deja de ser un chantaje, una extorsión y una coacción de las libertades de los ciudadanos. Una sociedad incapaz de ver esta situación, es una sociedad enferma.

Ese es el verdadero "desaguisado", Sr. Erkoreka. El desaguisado vasco.

El PNV teme el primer desaguisado de ETA contra ellos. ¡Menos lobos!.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 11 Agosto 2008

Sale hoy Urkullu, presidente del PNV, diciendo que se malicia, que cree que ETA puede matar a algún militante del PNV por primera vez, bueno, en palabras de Erkoreka teme un desaguisado de ETA contra algún militante del PNV, y si no fuese algo muy serio el terrorismo de ETA diría eso de ¡qué risa tía Felisa!. Si algo sabemos todos es que los de ETA son unos asesinos protervos, que parece que esa palabra estuviese en el diccionario para ellos, pero que tontos no son. Y como no son tontos saben que los nacionalistas vascos, con el PNV a la cabeza, han hecho, hacen y harán por ETA todo lo que sea preciso y un pelin más hasta rozar la ley. Les amparan a su modo un día y otro, critican y se oponen a todo lo que se hace contra ETA, califican de desaguisados sus asesinatos, dan dineros públicos al entramado de apoyo a los presos etarrras y jamás han sufrido un atentado mortal contra un miembro del PNV jamás, salvo un accidente tipo desaguisado contra algún ertziana.

Ahí tenemos la oposición frontal del PNV a disposiciones judiciales que les obligaban a disolver el grupo parlamentario etarra en el parlamento vasco, ahí tenemos al PNV a favor de los brazos políticos de ETA sucesores de Batasuna, y muchos etcéteras vergonzantes e ignominiosos. Se vive muy bien no estando amenazado por ETA, se vive de narices sin llevar escoltas, son decenas de años de una tranquilidad símbolo de una muy particular sintonía entre el PNV y los etarras y sus postulados, así que señor Urkullu a otro perro con ese hueso.

La metáfora arzalluzesca del árbol y las nueces jamás ha dejado de tener vigencia, así que menos lobos señor Urkullu.

Llega al extremo de manifestar, tras su temor a un desaguisado de ETA contra sus tranquilidades que está convencido de que Zapatero se volverá a encamar con ETA, cosa que ellos propugnan continuamente, y dice temer un atentado de ETA. Un capón puede que les dé ETA, pero nada más.

“El máximo responsable del PNV muestra su convencimiento de que el presidente Zapatero no ha descartado una nueva negociación con la banda y "está jugando con los tiempos" para "no arriesgarse nuevamente, con el PP pisándole los talones"”

Como muestra del compadreo entre los temerosos del PNV por un desaguisado y ETA aquí van unos titulares de hoy, solo de hoy y es como para decirle al señor Urkullu que es un caradura.

- ANTE LA PASIVIDAD DE POLICÍA LOCAL Y ERTZAINTZA
Proetarras rodean, insultan y amenazan a varios ediles del PP de Guecho
- Erloreka: "Si no vuelve a cometer los desaguisados que cometió, la sociedad debe estar satisfecha" (Se refiere a de Juana y sus asesinatos)
- Los proetarras vuelven a tomar las calles de San Sebastián ante la mirada de la Ertzaintza

Documentación.
El País. Urkullu teme que ETA pueda llegar a atentar contra el PNV

Provocación sin respuesta
Editorial ABC 11 Agosto 2008

LA manifestación convocada por la izquierda proetarra el pasado sábado en San Sebastián contra «el estado de excepción» que, a su juicio, vive el País Vasco no produjo incidentes, ni tuvo la asistencia -fue más bien escasa- de años anteriores. Los asistentes, en cambio, sí lanzaron consignas explícitas de apoyo a la independencia, aunque evitaron referencias directas a ETA -más allá de quejarse por el «linchamiento mediático» del asesino múltiple Juan Ignacio de Juana Chaos- porque, de haberse producido, les habría supuesto, al menos según la advertencia de la Consejería de Interior vasca, la disolución por parte de la Policía autonómica y, probablemente, una investigación judicial por enaltecimiento del terrorismo. Aun así, los prolegómenos de esta manifestación pusieron de manifiesto los problemas que aún existen en varios frentes de la lucha antiterrorista. Por un lado, el Gobierno vasco renunció de antemano a plantearse la denegación del permiso para la realización del acto, lo que, de haberse acordado, tampoco habría sido exceso alguno, porque la manifestación tenía un claro propósito de propaganda proetarra, al margen de que sus convocantes y asistentes midieran el contenido de sus eslóganes.

Por otro lado, el Gobierno central abdicó también de su responsabilidad de velar por el cumplimiento de la ley, con la pobre excusa de que la competencia era del Ejecutivo vasco. Este argumento, empleado a miles de kilómetros de distancia por la vicepresidenta primera del Gobierno -como si nadie del Ejecutivo socialista estuviera disponible en Madrid para asumir la condición de portavoz- es incompatible con las suspensiones cautelares que han sido acordadas por el magistrado Baltasar Garzón contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas y Acción Nacionalista Vasca. Precisamente, representantes de esta formación -como el candidato a la alcaldía de San Sebastián, cuya lista fue anulada por el Tribunal Supremo- tuvieron un protagonismo activo en la manifestación, incurriendo en lo que, a simple vista, podía constituir una vulneración de la prohibición a ANV de realizar actividades políticas. Para asegurar la eficacia de estas medidas judiciales sí es competente el Gobierno, a través del Ministerio Fiscal, institución que, atendiendo a los datos que eran de dominio público antes de la manifestación, pudo y, por tanto, debió haber planteado al juzgado la prohibición del acto. Nadie puede exigir al Gobierno ni a la Fiscalía que los Tribunales de Justicia siempre les dén la razón, pero sí es exigible que, al menos, lo intenten con un poco más de empeño y convicción.

Es probable que, ante la convocatoria de la manifestación proetarra, una opción meramente política del Gobierno fuera la de no darle mayor importancia con una actuación judicial, pero no es el momento de actuar con prevenciones tácticas, sino conforme a los principios del Estado de Derecho. De lo primero anduvo sobrada la anterior legislatura y sus consecuencias nefastas siguen aún vigentes, aunque aminoradas, bien es cierto, por la sobresaliente actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado contra los terroristas etarras. A la izquierda proetarra no le hacen falta coartadas para justificar su victimismo y amparar la violencia de ETA. En todo caso, no deben ser los juicios de valor de los proetarras los que decidan la política antiterrorista del Gobierno ni el alcance de la respuesta judicial a sus desafíos. Por los vicios del pasado más reciente aún no se ha alcanzado el mismo nivel de eficacia y contundencia policial en el plano político, donde la izquierda proetarra sigue gobernando ayuntamientos y actuando como plataforma logística de la estrategia de ETA. La inoperancia de los Gobiernos vasco y central ante la manifestación del pasado sábado es una demostración de que aún queda trecho por recorrer para poner al Estado de Derecho en la velocidad de crucero que tenía hasta 2004 y con la que, con toda seguridad, se llegará a la derrota del terrorismo.

La república sí fue una democracia
Pío Moa Libertad Digital 11 Agosto 2008

La potencia de la interpretación izquierdista de la historia reciente de España solo guarda relación con lo disparatado de ella y con la inanidad intelectual de la derecha (excepciones de rigor: los hermanos Salas, Martínez Bande, Ricardo de la Cierva y algunos otros), por eso no es de extrañar que las interpretaciones disparatadas de origen izquierdista sigan cundiendo en la derecha, hasta ahora mismo. Así en el artículo de Emilio Campmany, generalmente agudo analista, "¿Somos franquistas?".

Sentencia el señor Campmany que "A lo que se resiste la derecha no es a renegar del franquismo, sino a reconocer a la Segunda República, que el franquismo derrotó, como la democracia que no fue". Nada más lejos de la verdad. La república llegó como un régimen legítimo, al serle entregado el poder por una monarquía en total bancarrota intelectual y moral --recuerda algo al PP rajoyano--, y como una democracia. He oído a algún historiador cantamañanas de derecha insistir en que nunca fue una democracia, pero sí lo fue. Con serias deficiencias (también la actual las tiene, y aparentemente incorregibles), pero democracia: básicamente era un régimen de libertades, con aceptable separación de poderes y con elecciones libres (por lo menos las de 1931 y de 1933) que permitieron la alternancia de poderes.

Esa democracia, como creo haber demostrado, fue primero desbordada por las izquierdas (quema de conventos, constitución anticatólica -- no laica--, insurrecciones anarquistas); después asaltada de frente por los marxistas y separatistas, con apoyo del resto de la izquierda (octubre de 1934); y finalmente quedó arruinada desde el poder y desde la calle a partir de la anómalas elecciones de 1936. Quien destruyó la república como proyecto y realidad democrática fueron las iquierdas y los separatistas, de ningún modo Franco y los suyos. Cuando este se sublevó no quedaba nada de la constitución del 31 ni de las normas e ideales democráticos. Franco no se sublevó contra una democracia, sino contra un proceso revolucionario abierto.
 
Con el disparatado descaro habitual en nuestra izquierda (tantos negrines o prietos y tan pocos besteiros), los revolucionarios se pretendieron entonces "republicanos" y "demócratas", sin engañar, desde luego, a los gobierno democráticos europeos; pero fueron justamente quienes destruyeron aquel régimen. A los políticos e historiadores franquistas la usurpación de sus enemigos nunca les importó, pues daban por imposible una democracia en España y trataban de implantar un régimen dictatorial. Pero mantener el fraude significa identificarse ideológicamente con el franquismo o con el Frente Popular, ambos interesados en mantenerlo y ambos antidemócratas.

Este error de base genera otros más en el artículo de Campmany. Por ejemplo, dice, "aquella república tenía tan poco de democrática como el régimen de Franco". Según: si se refiere a la república del 31, fue una democracia, insisto, y el franquismo era una dictadura. Y si se refiere al Frente Popular, era mucho menos democrático que el franquismo. Dicho de otro modo, el Frente Popular tendía a una dictadura totalitaria, mientras que el franquismo iba hacia una dictadura autoritaria. Diferencia absolutamente crucial, y sólo una lamentable pobreza o pereza de pensamiento político puede llevar a identificarlos.

Hay otros problemas de política actual ligados a estos errores básicos. Ya los mencionaré. Pero advirtamos nuevamente, de entrada: la desvirtuación del pasado envenena el presente.
---------------
¿Por qué cierta derecha detesta la democracia? Porque no se siente capaz de defender sus ideas e intereses en igualdad de condiciones con sus adversarios. Por ello anhela al líder carismático o a la fuerza militar que le saque las castañas del fuego y coloque a los discrepantes "en su sitio". Otra derecha se dice democrática y entiende por tal doblegarse los ataques a la ley por parte de la izquierda, e integrarse en la situación resultante. Así estamos, hoy por hoy.
---------------
Los Juegos Olímpicos eran fiestas religiosas exclusivamente griegas en las que competían los atletas y los poetas, y los filósofos peroraban. ¿Qué dirían aquellos griegos de los "juegos olímpicos" actuales? ¿Por qué han de llamarse olímpicos si nada tienen en común con aquellos, excepto unas competiciones deportivas, y aun estas con espíritu bien diferente del antiguo?

Al final nos quedará la emigración
Xoán Xulio Alfaya Periodista Digital 11 Agosto 2008

Mientras se derrocha el dinero público en cuestiones tan inútiles y antidemocráticas como la inmersión lingüística que, dada la gravísima crisis demográfica que padecemos, está de antemano condenada al fracaso, la economía gallega hace agua por todas partes.

Lo peor es que nuestra clase política no se da por enterada y al final la factura la acabaremos pagando los ciudadanos de a pie, pues los políticos con sólo dos legislaturas ya tienen derecho a la pensión máxima de por vida.

He aquí una pequeña muestra de lo que ya es un problema generalizado.

Son casi cien los ayuntamientos gallegos que están al borde de la quiebra. El de Mondoñedo es uno de ellos. Setenta y ocho de los ciento nueve trabajadores que tiene en nómina el Ayuntamiento de Mondoñedo no han cobrado a estas alturas de agosto el salario del mes de julio. En una situación similar se encuentran los dos concejales que cobran dedicación exclusiva, que, además de no percibir el sueldo del mes pasado, tampoco han recibido la extra de junio.

La razón es que el Ayuntamiento carece de liquidez para hacer frente a los pagos. El alcalde, el nacionalista Orlando González, confirma que únicamente han podido cobrar las 31 personas de la escuela taller porque tienen una subvención específica de la Consejería de Trabajo para este fin: «Aportaron la primera parte, pero todavía falta la mitad», indicó el regidor, explicando que son precisamente estos retrasos de las Administraciones al enviar los fondos comprometidos los que tienen parte de la culpa de que el Ayuntamiento «viva en la cuerda floja».

La portavoz del grupo municipal del PP, Elena Candia, culpa de la situación a la mala gestión del bipartito, que, señaló, está ejecutando sus propios presupuestos evidenciando que hay una falta de previsión absoluta. En este sentido, afirma que no se puede entender que incrementaran la partida dedicada a gastos de personal en 300.000 euros (incluyendo nuevos complementos de destino), si ni siquiera hay previsión de fondos para los sueldos: «De poco sirve como ejercicio de generosidad si ni tan siquiera se puede pagar», indicó, señalando que esta situación está generando mucho nerviosismo entre los empleados: «La gente negocia la hipoteca e los préstamos para primeros de mes y son momentos importantes de crisis en los que muchos dependen de la nómina».

Al final nos quedará la emigración, como siempre.

Un escándalo francés
EDURNE URIARTE ABC 11 Agosto 2008

MARINA Petrella es una italiana que comparte experiencias vitales con José Ignacio de Juana Chaos. Ella también es terrorista y asesina. Y como De Juana, jamás ha mostrado el más mínimo arrepentimiento por unos crímenes que componen, eso sí, un currículo mucho más modesto que el del español. Fue condenada hace años en Italia por el asesinato de un policía, por las heridas graves a su chofer, por el secuestro de un magistrado y por varios atentados sin víctimas. Así como de Juana, fue condenada a miles de años, en su caso, a cadena perpetua, pero cumplió cuatro, lo que no iguala el record de De Juana, poco más de un año por cada asesinato, pero se acerca.

Petrella ha hermanado su vida con De Juana, sin embargo, con otra experiencia vital especialmente interesante para los españoles; ha conseguido ser liberada de una prisión francesa, donde estaba a la espera de la extradición solicitada por Italia, con una especie de huelga de hambre. Las autoridades francesas han decidido la semana pasada que Petrella, huida en Francia desde 1986, necesita de las condiciones adecuadas para recuperarse. Como De Juana en su día, para recuperarse de su propia huelga de hambre.

Y no porque las autoridades francesas estén negociando con las Brigadas Rojas, el grupo terrorista italiano con el que Petrella asesinó y secuestró, sino porque Francia lleva veinte años protegiendo a los terroristas italianos huidos de las condenas en su país. Éste es el escándalo francés. Un escándalo iniciado por François Miterrand en 1985, cuando se comprometió a dar asilo a los terroristas que hubieran renunciado a la violencia. Y que ha mantenido un vergonzoso refugio para criminales en el corazón de la Europa democrática.

Jacques Chirac comenzó a poner coto al escándalo en 2004 y Sarkozy ha insistido en esa vía de rectificación. Pero la sociedad francesa, más específicamente, la izquierda francesa, ha ido demasiado lejos en la legitimación del terrorismo italiano, para ser capaz de reparar a corto plazo los males causados. Ese ambiente de legitimación es el que explica la bochornosa historia de Petrella y de otros asesinos italianos refugiados en Francia, con el apoyo del Estado francés y de una buena parte de su sociedad.

Oficialmente, el proceso de extradición sigue adelante, pero hay que ser escéptico sobre su éxito. Al fin y al cabo, Petrella huyó de Italia en 1986 y hace 22 años que Francia impide que cumpla su condena. Y su caso no es único, ni siquiera el más escandaloso. Otro terrorista italiano que también comparte experiencias vitales con De Juana, Cesare Battisti, avergüenza aún más a muchos ciudadanos franceses. Después de ser condenado en Italia a cadena perpetua por el asesinato de cuatro personas y de huir a Francia, este terrorista se hizo escritor. Bien es verdad que con más enjundia literaria que De Juana.

Battisti lleva varios libros en su haber y De Juana no ha pasado de los artículos y de la voluntad de ser escritor.

También la red social de apoyo que protege a Battisti es de mucho mayor envergadura que la De Juana: la mayor parte de la izquierda francesa, incluido el Partido Socialista, que eso sí es apoyo a lo grande. Cuando en 2004 lo detuvieron para extraditarlo a Italia, el mismísimo François Hollande lo visitó en prisión para expresarle su apoyo. Otra puesta en libertad con teórico control judicial tan inexplicable como la de Petrella le permitió escapar a Brasil, donde aún siguen reflexionando sobre su extradición.

España, tan comprensiva hasta los años noventa con el terrorismo etarra, no está en condiciones de dar ninguna lección en este terreno a Francia. Pero lo que es sorprendente es la persistencia de la izquierda francesa en este terrible error hasta hoy. Todavía hace unos días, el semanario Le Nouvel Observateur ofreció su foro de internet a los portavoces de una red de apoyo a Petrella. Les preguntaron por la falta de arrepentimiento de la asesina. Contestaron que lo de las Brigadas Rojas fue una guerra civil, que Petrella cogió las armas para hacer una revolución y que es una altruista que puso en peligro su propia vida y su libertad. Lo mismo que en «Gara», pero en el seno de una respetable revista francesa y en verano de 2008.

incidente
Radicales rodean y amenazan a concejales del PP en un mercado agrícola de Getxo
Los escoltas de Marisa Arrúe y otros tres ediles tuvieron que formar un cordón de seguridad para evitar agresiones
LORENA GIL BILBAO El Correo 11 Agosto 2008

Una veintena de radicales acorralaron y amenazaron ayer a varios concejales del PP de Getxo en el tradicional mercado de San Lorenzo. La portavoz popular en el municipio vizcaíno, Marisa Arrúe, y otros tres ediles del Consistorio, Álvaro Rodríguez Ratón, Jon Eguiluz e Iñaki Gamero, acudieron a mediodía a la feria agrícola acompañados de sus familiares y amigos. Apenas media hora después, un grupo de jóvenes comenzó a increpar a los representantes del Partido Popular.

 «Estaba comprando unos tomates cuando empecé a escuchar gritos. Nos llamaron asesinos y torturadores, cuando la tortura es sufrir esto todos los días», relató a este periódico la líder del principal partido de la oposición en la localidad vizcaína.
Debido a la presión, la portavoz y los ediles decidieron desplazarse hasta la cercana plaza Bihotz Alai, donde se pararon «a tomar un txakoli», como muchos de los vecinos y turistas que a esa hora se encontraban en el lugar.

Los radicales, lejos de cesar su acoso, siguieron a los corporativos hasta la txosna en la que se habían detenido y continuaron increpándoles. Fue entonces cuando se vivieron los momentos de mayor tensión, llegándose incluso a temer por la integridad de los concejales. Los escoltas de los representantes del PP tuvieron que formar un cordón de seguridad alrededor de los ediles, que finalmente se vieron obligados a abandonar el mercado.

Éste no es el primer incidente que sufren los populares en esta feria. Hace dos años, varios radicales insultaron e incluso llegaron a tirar bebidas encima a la entonces presidenta del PP vasco, María San Gil.

Marisa Arrúe, que declaró no entender por qué la Ertzaintza «ni siquiera se pasó por allí», consideró que lo vivido ayer «es una muestra más de la falta de libertad que existe». En este sentido, criticó la actitud del alcalde, el jeltzale Imanol Landa, al que acusó de «dejar que los violentos hagan lo que quieran».

No a la "Ecotasa" linguística
Editorial EL MUNDO  11 Agosto 2008

Los gobiernos nacionalistas han convertido la discriminación positiva en un pretexto para imponer a las empresas una suerte de ecotasa lingüística inaceptable y contraproducente para el interés general. Sobre todo, en una situación de crisis como la actual.

Hoy publicamos que la Cámara Alemana de Comercio -que representa a todas las empresas germanas con relaciones comerciales con nuestro país- advierte al Gobierno balear de que sopese las consecuencias «de las políticas lingüísticas que restringen el castellano», una reconvención que resitúa el debate sobre los efectos de la marginación del español por parte de los gobiernos nacionalistas. Ya no se trata de valorar los graves perjuicios y la irracionalidad de la exclusión del español en la escuela, la sanidad o de las administraciones públicas balear, catalana, vasca o gallega, sino de medir los efectos que para la economía nacional están teniendo unas políticas lingüísticas perniciosamente invasivas.

Los gobiernos nacionalistas han convertido la discriminación positiva en un pretexto para imponer a las empresas una suerte de ecotasa lingüística inaceptable y contraproducente para el interés general. Sobre todo, en una situación de crisis como la actual.

Obligar a una empresa privada a rotular en una lengua, o a que contrate a un número determinado de empleados con una cualificación lingüística específica, o a que se dirija a su clientes en tal o cual idioma es un atentado contra la libertad empresarial, además de un lastre para nuestra competitividad. La defensa y promoción institucional del bilingüismo tienen razón de ser en el ámbito público por una cuestión de legalidad constitucional. Pero el sector privado debería estar a salvo de este tipo de injerencias.

La Cámara Alemana de Comercio avisa al Gobierno balear de que no le resulta rentable emplear el catalán porque no hay suficientes clientes que no entiendan el español -o que requieran exclusivamente que se les trate en la lengua cooficial de Cataluña y Baleares- como para incurrir en costes adicionales. Además, la institución germana ha alertado sobre la desmesura de las políticas de inmersión cuando subraya las dificultades que tiene para encontrar directivos catalanohablantes capacitados que dominen también el castellano.

La Cámara Alemana de Comercio secunda la denuncia elevada en junio por Air Berlin. La aerolínea se quejó de que la Administración balear instara a sus tripulantes a hablar en catalán y se preguntó si el español había dejado de ser la lengua oficial del Estado. Air Berlin sufrió entonces una auténtica campaña de acoso. Un mes más tarde, las principales empresas turísticas de España, integradas en la Mesa del Turismo, se adhirieron al manifiesto por la Lengua y denunciaron el daño que la discriminación del castellano inflige a este sector. Cada vez son más las voces en contra del impuesto lingüístico de los gobiernos nacionalistas. El Ejecutivo no puede seguir de brazos cruzados.


Recortes de Prensa   Página Inicial