AGLI

Recortes de Prensa    Martes 12 Agosto 2008

Educación, Anteproyecto de ley de aprendizaje de lenguas
Padres del modelo A dicen que la reforma vulnera derechos al «imponer» la enseñanza en euskera
La Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística denuncia que muchos colegios ya han eliminado el castellano «para no perder las subvenciones»
CARMEN BARREIRO BILBAO El Correo 12 Agosto 2008

c.barreiro@diario-elcorreo.com
La viabilidad de la reforma de los modelos lingüísticos elaborada por el Departamento de Educación, en la que se establece que todos los colegios públicos y concertados están obligados a impartir en euskera al menos el 60% de las asignaturas, pende de un hilo. Las reticencias mostradas por la mayoría de las fuerzas políticas -incluido el PNV- y algunos sindicatos tras conocer la propuesta, desvelada por EL CORREO, no son las únicas voces críticas con la iniciativa. La Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística, que agrupa a más de 2.000 padres de todo el País Vasco, también rechaza la iniciativa impulsada por la consejería de Eusko Alkartasuna al entender que «vulnera» el derecho de las familias a decidir el idioma en el que estudian sus hijos. «No se puede imponer un modelo único», señaló la vicepresidenta de la asociación, María Aldecoa. «Al contrario, el Gobierno vasco tiene que dar facilidades para que los niños puedan escolarizarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales»,

Miembros de la plataforma insistieron ayer en que uno de los «mayores problemas» a los que se enfrenta el sistema educativo vasco es que el anteproyecto «ya se está aplicando ante el miedo de los colegios a quedarse sin las subvenciones» concedidas por el Ejecutivo autónomo a los que ofertan el modelo íntegro en euskera. «Son muchos los centros, tanto públicos como subvencionados, que ya han eliminado el castellano de las aulas, pese a tener demanda suficiente para impartir el modelo A, con el fin de no perder las ayudas económicas», denunció Aldecoa. El Sagrado Corazón o Marianistas de Vitoria son algunos ejemplos.

«Propuesta trampa»
«Al final esto es una competición para ver quién se queda con el dinero de las ayudas, sobre todo en el caso de los concertados», resumió la vicepresidenta de la Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística. En este sentido, la agrupación acusó a Kristau Eskola, la patronal de las escuelas religiosas, de «vender a nuestros hijos a cambio de subvenciones». Un portavoz de los centros cristianos se negó a hacer declaraciones «hasta tener el proyecto por escrito».
La reforma, que acaba con el actual sistema de modelos, deja autonomía a los colegios para decidir en qué idioma oficial o extranjero imparten el 40% de las asignaturas. En cualquier caso, se trata de una autonomía relativa. Por primera vez, las escuelas tendrán que rendir cuentas a Educación sobre los resultados lingüísticos de sus alumnos. El departamento dirigido por Tontxu Campos examinará a los escolares en cuarto y sexto de Primaria, y en segundo y cuarto de Secundaria, para comprobar si alcanzan el nivel de euskera exigido, que se concretará en un reglamento. En caso de que los alumnos no superen la prueba, «el centro se verá obligado a cambiar el programa y dedicar más tiempo» a la lengua vasca.

En Primaria, el mínimo que establece el anteproyecto es «conocer y utilizar de manera apropiada las dos lenguas oficiales y desarrollar hábitos de lectura». En Secundaria, los estudiantes tendrán que ser capaces de «comprender y expresarse correctamente a nivel oral y escrito, elaborar textos y mensajes complejos e iniciarse en el estudio de la literatura». La reforma lingüística fija el euskera como la «lengua propia» del ámbito educativo. Por tanto, los centros deberán hacer de ella el «vehículo de expresión normal y preferente en todas sus actividades»

A juicio de María Aldecoa, el borrador elaborado por Educación es una «propuesta trampa». En este sentido, coincide con el argumento esgrimido por los partidos de la oposición al entender que los colegios se verán «obligados» a dar todas las clases en euskera para poder superar los niveles lingüísticos requeridos por el departamento de Tontxu Campos, «lo que eliminaría al castellano de la enseñanza y convertiría el inglés en un idioma residual».

Las recientes evaluaciones realizadas por el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación (IVEI) demuestran que sólo dos tercios de los alumnos de las ikastolas superan el nivel de euskera que inicialmente se había planteado reclamar el departamento: el B2, equivalente al 'first' en inglés. El borrador deja abierto extremo. En cualquier caso, el grado de conocimiento de la lengua vasca que plantea genéricamente como objetivo obligaría a una gran mayoría de los centros concertados y públicos a optar por un sistema de inmersión en ese idioma. De hecho, el Consejo Escolar de Euskadi ya advirtió de que sólo escolares de familias y zonas euskaldunes serían capaces de superar las pruebas a las que serán sometidos y recomendó que las metas sean diferentes para los niños de áreas castellanoparlantes, «El sistema trilingüe, flexible y con autonomía para los centros que nos quieren vender Educación es una mentira», subrayó la portavoz de la plataforma.

Política Lingüística del Gobierno vasco
1,7 millones de ayuda para que municipios vascos desarrollen sus planes de euskera
Las subvenciones otorgadas por el Ejecutivo vasco oscilan entre los 928 euros, que han sido concedidas al Ayuntamiento de Gaintza, y los 89.370, que recibirá el Consistorio de Irún
EUROPA PRESS BILBAO El Correo 12 Agosto 2008

Más de un centenar de ayuntamientos y mancomunidades vascas se beneficiarán de las ayudas de la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno vasco, por un importe total de 1,7 millones de euros, para el desarrollo del Plan General de Promoción del Uso del Euskera y la aprobación de Planes de Uso en la Administración local, según los datos de este organismo. Las subvenciones otorgadas por el Ejecutivo vasco oscilan entre los 928 euros, que han sido concedidas al Ayuntamiento de Gaintza, y los 89.370, que recibirá el Consistorio de Irún.

Las ayudas más elevadas corresponden, además de a Irún, a Getxo con 67.696 euros, a Bilbao con 60.000, Vitoria con 57.540, Lasarte-Oria con 50.061, San Sebastián con 50.000, Bergara con 49.488, Bermeo con 44.403, Azpeitia con 44.333, Tolosa con 42.047 y Gernika con 34.437 euros. Además, Aretxabaleta, Etxebarri y Zaldibar dispondrán de sendas subvenciones de 30.000 euros.

El Ejecutivo vasco ha destinado, asimismo, subvenciones de entre 15.000 y 30.000 euros a los ayuntamientos de Abanto, Ayala, Arrasate, Basauri, Beasain, Durango, Eibar, Elgoibar, Getaria, Idiazabal, Leioa, Mungia, Oiartzun, Ondarroa, Ordizia, Sopelana, Soraluze, Urretxu, Usurbil, Zizurkil, Zumaia, Zumarraga, así como la Macomunidad de Uribe Kosta.

Hacia la España desvertebrada
Lorenzo Contreras Estrella Digital 12 Agosto 2008

Zapatero no tiene otra opción política personal en la crisis que le asedia, y nos asedia, por todas partes, que abandonar su invisibilidad física, la que ha venido manteniendo, y en sentido literal dar directamente la cara para hacer frente a las consecuencias de sus lamentables determinaciones. Hasta ahora ha buscado la cobertura de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a la hora de las explicaciones urgentes o de las excusas perentorias, y desplazar su desgaste político y socioeconómico hacia Pedro Solbes, que ya se encarga él mismo de garantizarse su propio deterioro. Pero esa actitud evasiva toca a su fin o, sencillamente, ha conocido su hora final. El único factor favorable que le asiste es la temprana emergencia de la crisis, en el primer año de su renovado mandato presidencial, porque si la situación coincidiera con una etapa más avanzada podría aventurarse que le habría llegado el momento de hacer el equipaje para abandonar la Moncloa. Aún así, las elecciones intermedias que van a tener lugar —algunas autonomicas— antes del año 2012, pueden ir marcando el ritmo de su caída libre. En este momento, desde luego, tal vez no podría resistir la prueba de las urnas en unas elecciones generales. Su conocida “baraka” puede ser ya irrecuperable.

El escenario no admite disimulos. Un país como el nuestro, con su identidad nacional lastimada; con la Constitución fuera de contexto por su transgresión permanente; con el imperativo gubernamental de tener que enfrentarse al Estatuto de Cataluña, negociado a contrapelo de los intereses de España, recurrido ante el TC y, por tanto, vigente bajo el signo de su provisionalidad o precariedad; sometido como tal país ( llamado casi siempre Estado) a un sistema de autonomías que mas bien parece una fábrica de desafíos y desobediencias fundamentales; crecientemente confederalizado en la práctica; bilateralizado en ciertos pactos de Gobiernos con las comunidades originariamente concebidas sólo como autónomas; gravemente herido en el principio fundante de la solidaridad interterritorial, y, en resumen, desvertebrado, puede decirse que está conociendo, justo a los dos siglos de su gran reafirmación nacional en la Guerra de la Independiencia contra la Francia invasora, su peor revés como Nación soberana desde la Reconquista, la unificación y la expulsión de los árabes. Porque quien no reconozca que España, en cuanto Nación, e incluso como Estado, se ha asomado al siglo XXI con signos de moribundia política, es probablemente alguien perteneciente a esa casta de españoles afectados por la mayor de las dolencias que puede experimentar un pueblo: la indiferencia de fondo ante su destino.

La enfermedad seguramente comenzó con el malhadado Estado de las Autonomías y la creación fáctica de un férreo sistema de intereses particularistas, quizá lo único férreo que nos ha ido quedando. No deja de ser un síntoma relativamente alentador que el zapaterismo haya a empezado a encontrar en el PSOE sus primeras cargas de profundidad crítica. Cuando Joaquín Leguina ha lanzado públicamente el mensaje de que ya en su primer mandato de legislatura Zapatero cometió “abundantes descisiones estratégicas erróneas y peligrosas”, formulaba la premisa indispensable para denunciar que la mayor de ellas fue “abrir el melón territorial, que no se sabe adónde nos puede llevar”. No se sabe todavía, pero se intuye que con el desconcertado zapaterismo que nos gobierna vamos a pasarlo en los tiempos venideros no demasiado bien, y ello en el orden colectivo.

Es difícil aceptar que, aparte de la situación económica, el verdadero problema nacional es una simple guerra de modelos, y que poco a poco se llegará a una recomposición del modelo nacional llamado España en un sentido pristino. Ojalá.

Frente Popular en Cataluña. Todos a una menos Ciutadans.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 12 Agosto 2008

Por más que se quiera justificar, la postura del PPC es totalmente incomprensible. Desde el Foro de Ermua se le ha calificado de “cortoplacista y provinciana” . Si embargo, a mí me parece exclusivamente hipócrita e inaceptable. Desde el cambio de discurso y el posicionamiento del Sr. Rajoy en “el buen rollito”, el PP es un conglomerado de mensajes que se amoldan a las circunstancias y son capaces de incluso ir en contra de sus propias propuestas y recursos de inconstitucionalidad.

Dice Dª Alicia Sánchez que se suma al frente común nacionalista socialista catalán en cuanto a reivindicar la financiación que el Estatuto contempla, pero sin considerar el Estatuto. Por otra parte añade que "El Sr. Zapatero "decepciona" a Cataluña por no cumplir con el Estatuto? ¿Alguien puede entender qué significa ese galimatías? Supongo que es querer nadar y guardar la ropa. Pero salvo relatos evangélicos, solo Jesús de Nazaret fue capaz de caminar sobre las aguas y no mojarse la ropa. En política hay que saber mantenerse en las posiciones fundamentales. Apostar por este discurso es cambiar una más que dudosa ganancia de votos por una pérdida segura de los que se sienten defraudados con el nuevo discurso y actitud.

El tema de financiación autonómica debe ser de consenso y no puede estar sujeto ni a los caprichos de un Gobierno sectario, ni a las demandas de un nacionalismo insolidario e insaciable en sus reivindicaciones. El principio de la igualdad de derechos de los españoles debe primar sobre pactos entre federaciones del partido en el poder o las injustificadas revanchas políticas contra aquellas Comunidades gobernadas por el oponente político. Ambos casos se están dando de un modo vergonzante.

La anulación de los compromisos adquiridos en la reunión de Presidentes de Autonomías con la C.A. de Madrid, solo es una muestra de que el Gobierno del Sr. Zapatero incumple todo tipo de promesas y además incurre en una flagrante discriminación con los ciudadanos residentes en esta Comunidad. Pero a eso ya nos tenía acostumbrados desde la pasada legislatura. Ahora, los nacionalistas catalanes y la federación socialista del PSC, parecen haberse dado cuenta de que el Sr. Zapatero es alguien que mediante el diálogo dice a cada uno lo que quiere oír, pero luego hace todo lo contrario, o bien no hace nada. Su concepción del tiempo es similar a la teoría de Einstein, todo es relativo y depende del punto donde se encuentre el observador.

Sería bueno que el PP tuviera un único y claro discurso. Sería bueno que el PP mantuviera su mensaje, sin tener la calculadora de los votos siempre a mano. Sería bueno que el PP hiciese oposición y no incurriese en camuflarse y aliarse en frentes que no le son afines ni ideológica ni programáticamente. Sería bueno que el PP abandonase esa deriva hacia ninguna parte y se mantuviera firme en donde sus votantes suponen que debe estar. Sería bueno que en España hubiese un partido capaz de ilusionar a los ciudadanos en un proyecto de Unidad y que no haga frentes comunes con los insolidarios y secesionistas. La avaricia rompe el saco, Dª Alicia.

Haciendo el ridículo en la Unión Europea
Xoán Xulio Alfaya Periodista Digital 12 Agosto 2008

La Constitución Española de 1978 está llena de defectos de fondo y de forma que los naZionalistas identitarios saben aprovechar muy bien para lucrarse y crear dos Españas bien diferenciadas: la rica y la pobre.

Nuestros políticos no son capaces de ponerles límites a los naZionalistas y parece que no encuentran (o no quieren encontrar) otra salida que ceder, ceder y ceder. Afortunadamente, el absurdo de los naZionalismos empieza a tener repercusiones negativas y a provocar reacciones en la Unión Europea.

La Cámara de Comercio Alemana ya ha reaccionado ante los recientes ataques del nacionalismo catalán. Las protestas del Gobierno de Baleares a la compañía aérea Air Berlín por no usar el catalán en sus vuelos, los insultos del esperpéntico político de ERC Joan Puig o la negativa del FC Barcelona a volar con esta compañía han desatado las iras de los alemanes no contra España, sino contra sus ridículos naZionalismos.

Es una buena señal que la Europa democrática se vaya dando cuenta de los guetos antidemocráticos que todavía sobreviven en España y que presionen al gobierno de turno para que aplique la ley en defensa de los derechos de los ciudadanos hispanohablantes que vivimos en las comunidades bilingües.

El director de la Cámara de Comercio Alemana en España, Peter Moser, ha declarado sin ningún tipo de ambigüedad que "los pocos casos de catalanohablantes no bilingües no justificarían el uso del catalán en todas las comunicaciones con sus clientes".

"Esta política hay que entenderla en términos puramente económicos: el gasto en traducciones, formación del personal y la producción de versiones de la documentación y materiales impresos en otro idioma no es proporcional al número de clientes que lo requiere".

"Pensamos que las autoridades baleares deberían plantearse los pros y los contras de las políticas lingüísticas que tienen como objetivo restringir el uso del español".

La Cámara de Comercio Alemana representa a cientos de empresas del país germano en España, gran parte de las cuales se encuentran en Cataluña. El criterio de estas empresas no es político, sino que se basa en la repercusión estrictamente empresarial que tienen las antidemocráticas medidas de política lingüística sobre su economía y no están dispuestas a malgastar el dinero por una causa que no les concierne en lo más mínimo.

El catalán no les resulta rentable, así de simple.

A ver si entre todos acabamos de una vez con esta España de pandereta y hacemos lo posible para que nos tomen en serio en todo el mundo.

Señorías, por favor, no sigan haciendo el ridículo que para eso están los payasos y los circos.

El «sudoku» socialista
Editorial ABC 12 Agosto 2008

LA progresión de la discordia entre el Gobierno y los barones socialistas, por un lado, y el tripartito catalán, por otro, demuestra que la inserción del sistema de financiación previsto en el Estatuto de Cataluña y pactado por Zapatero con los nacionalistas de CiU no tiene encaje en el Estado autonómico diseñado por la Constitución. Quien lo advirtió recientemente fue el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, cuando respondió a las pretensiones de Montilla de aplicar el Estatuto al pie de la letra con el argumento de que también hay que aplicar la Constitución. Es, sin duda, el reconocimiento político más palmario de la confrontación entre la Carta Magna y el texto estatutario, al margen de lo que diga el Tribunal Constitucional, cuya dilación en resolver los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto está actuando de fermento en esta polémica entre territorios. La disyuntiva entre ambas normas viene así proclamada por la primera autoridad económica del Ejecutivo y acredita el temor de que la reforma territorial emprendida por Rodríguez Zapatero pudiera no romper España -caricatura del verdadero problema de fondo- pero sí haría difícilmente viable el Estado.

La relación bilateral entre la Generalitat y el Estado y la singularidad del sistema estatutario de financiación son piedras de discordia que amenazan la estabilidad del Estado autonómico y están afiladas por la crisis económica y las necesidades electorales de cada barón socialista. Cuando Rodríguez Zapatero pactó con CiU el Estatuto catalán, la economía mantenía la inercia de la era Aznar y el PP luchaba por sobreponerse al bloqueo antidemocrático impuesto por el PSOE con las minorías. Ahora, la solidaridad es la respuesta que demanda la crisis, y no tratamientos privilegiados para algunos. Además, Zapatero ha pasado a ser un incipiente problema electoral para presidentes socialistas autonómicos que tienen que vérselas próximamente en las urnas. El «sudoku» de la financiación no tiene solución y se ha convertido en un «sudoku» político para los socialistas, cuyo origen no es la actitud reivindicativa de Montilla, sino las decisiones de Rodríguez Zapatero de alterar con el nuevo Estatuto el Estado autonómico, para crear una relación confederal con Cataluña. Montilla tiene razón cuando reclama a Zapatero que cumpla su palabra, aunque hacerlo sea un perjuicio para los intereses nacionales.

Algunas comunidades gobernadas por los socialistas han puesto el grito en el cielo contra el tripartito y es ahora cuando reclaman solidaridad e igualdad. Mientras se debatió el Estatuto catalán, callaron y consintieron, denostando las advertencias del PP sobre lo que iba a ocurrir. Las críticas del presidente gallego, Emilio Pérez Touriño, y del andaluz, Manuel Chaves, a las pretensiones de Montilla reflejan la incongruencia socialista de haber puesto en marcha un modelo falsamente autonómico y materialmente confederal y lamentarse de que su aplicación se haga en contra de los principios constitucionales para los que ahora reclaman respeto. La preocupación de Touriño es comprensible ante el riesgo de perder la precaria mayoría que forman los socialistas con el BNG, cuyo apego a la Constitución se mide por su empeño en aplicar la limpieza lingüística en Galicia. La imagen del Gobierno socialista es la de un ausente que causa problemas y no resuelve ninguno. En tiempo de crisis, nada puede ser peor interpretado por los ciudadanos que una discordia por dinero entre territorios si, además, el resultado de las tensiones consiste en mermar la capacidad del Estado para financiar políticas de cohesión a escala nacional. Las próximas semanas resolverán el dilema de los socialistas, cualquiera que sea su bando: mantener la confrontación o ceder para no debilitar más a Zapatero. En todo caso, la flojera del Gabinete socialista es patente y el riesgo de que no tenga respaldo suficiente para los Presupuestos de 2009 es algo más que una amenaza difusa que, si se consuma, pondría al Ejecutivo ante un escenario con pocas opciones distintas a una crisis de gobierno, el deterioro imparable de su crédito o la convocatoria anticipada de elecciones

Zapatero el malo
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 12 Agosto 2008

En el conflicto sobre la financiación que enfrenta a los partidos catalanes con el Gobierno, un representante de CIU ha pasado la frontera de la crítica política para adentrarse en el terreno de la descalificación personal de José Luis Rodríguez Zapatero, en un momento en el que el presidente también tiene que hacer frente a los ataques procedentes de las filas del nacionalismo vasco por haber recurrido la Ley de Consulta y pedir la suspensión cautelar de esta norma.

Desde las filas del nacionalismo vasco se ha elegido la estrategia de personalizar sus ataques en José Luis Rodríguez Zapatero, dejando en segundo plano a todos los demás protagonistas, el PSE, Patxi López, el PP, los tribunales, el Gobierno... La decisión de concentrar en Zapatero toda la artillería dialéctica no se debe a un sentimiento de frustración, a la sensación de que ha incumplido un compromiso, como pueden alegar los catalanes, sino a un frío cálculo electoral.

Los resultados de las pasadas elecciones generales, con el fracaso de los miembros del tripartito y el triunfo histórico de los socialistas vascos, están muy presentes en la mente de los partidos que forman el Ejecutivo autónomo, que han llegado a la conclusión de que la clave de los excelentes resultados obtenidos por el PSE reside en el tirón personal de Zapatero. El presidente del Gobierno, según este análisis, es quien ha neutralizado el discurso de Ibarretxe y quien ha conseguido que cierto número de votantes hayan dejado de apoyar al PNV para respaldar a los socialistas, un voto transversal que los nacionalistas dieron por acabado hace diez años.

Desde entonces ha sido una idea extendida que los flujos de votos sólo se producían entre partidos del mismo campo político: que los votos nacionalistas se los disputaban el PNV y la izquierda abertzale, y en menor medida EA y Aralar, y que el PSE y el PP competían por los no nacionalistas, pero sin intercambios entre bloques, al menos de forma significativa.
Una vez identificado Zapatero como responsable principal del éxito socialista, la estrategia del tripartito consiste en desgastar su figura y acabar con su credibilidad política con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas. Si se deja tocado a Zapatero, se reducen las posibilidades del PSE.

A ese afán parecen responder las actuaciones de los diferentes portavoces de los integrantes del Gobierno vasco, que se han adentrado en un debate de sal gorda para conseguir que Zapatero sea percibido como el gran malo de la película. A ese afán obedecen, por ejemplo, acusaciones tan alejadas de la realidad como la de que Zapatero ha suspendido el autogobierno, algo que la Constitución ni siquiera contempla.

El Gobierno vasco quiere obligar a dar el 60 por ciento de asignaturas en euskera
ABC 12 Agosto 2008

MADRID. Continúa el acoso al castellano. El Departamento de Educación del Gobierno vasco, gestionado por EA, ha presentado un anteproyecto de ley en el que se establece que los colegios públicos y concertados deberán impartir, como mínimo, un 60 por ciento de sus asignaturas en euskera. El otro 40 por ciento deberá repartirse entre el castellano y el inglés, a elección de los colegios.

Estos porcentajes podrían variar, pero siempre en favor de la lengua específica de la comunidad vasca. Si los centros educativos no alcanzasen el objetivo marcado por la Consejería dirigida por José Antonio (Tontxu) Campos, a saber, que al finalizar Secundaria los alumnos puedan expresarse correctamente en euskera tanto oralmente como por escrito, los centros educativos deberían dedicar aún más tiempo al euskera y cambiar su modelo lingüístico, según informó ayer el diario «El Correo».

La propuesta llega en un momento en que el castellano está siendo perseguido en las comunidades bilingües. Sin ir más lejos, la Plataforma por la Libertad Lingüística del País Vasco y Padres en defensa del castellano se desplazaron recientemente a Bruselas para protestar porque sus hijos no podían recibir educación en español en varios colegios públicos del País Vasco.

En el caso de que el plan de la Consejería se aplique, el actual modelo educativo A, que se ofrece en los colegios del País Vasco para que los niños puedan estudiar íntegramente en castellano, desaparecerá. Además, y por primera vez, escuelas e institutos estarán obligados a rendir cuentas sobre los resultados y hábitos lingüísticos de sus alumnos. Así, la ley prevé evaluaciones periódicas para comprobar si se cumple este objetivo y, según el anteproyecto, los escolares se examinarían en cuarto y sexto de Primaria, así como en segundo y cuarto de Secundaria, para comprobar si alcanzan el nivel requerido en euskera, castellano y el idioma extranjero. En el supuesto de que los colegios o institutos no alcancen el nivel exigido por Educación, tendrían que ampliar las clases en euskera hasta el 100 por ciento si fuese necesario.

La propuesta define el euskera como la «lengua propia» del ámbito educativo, que debe ser el vehículo de expresión «normal y preferente» en los centros educativos tanto en el ámbito docente como en el no docente. Si la ley llegase a entrar en vigor, cambiaría el sistema educativo vasco por completo, ya que afectaría a todas las etapas escolares, desde Infantil hasta Bachillerato, pasando por FP.

Objeciones de los partidos
El plan elaborado por el Departamento de Educación, que todavía no ha sido presentado oficialmente, ha generado ya muchas críticas. Tanto el PP como el PSE se han opuesto totalmente e incluso el PNV se ha puesto en alerta. Eso sí, los motivos que podrían llevar a los nacionalistas a preocuparse por el plan educativo tendrían que ver con intereses electorales. Según El Correo, esta propuesta podría convertirse en «un lastre» teniendo en cuenta lo apretadas que se presentan las próximas elecciones autonómicas, con el PSE muy cercano en las encuestas.

Los originarios de Europa del Este y del África subsahariana, los más predispuestos a conocer la lengua
ABC 12 Agosto 2008

El informe de la Universidad de Lérida (UdL) apunta, como tendencia general, que los inmigrantes procedentes de los países de Europa del Este y del África subsahariana son los más predispuestos a conocer y practicar la lengua catalana. Estos nuevos catalanes tienden a mostrar unas actitudes mayoritariamente positivas hacia la lengua autóctona, aunque también las expresan hacia el castellano.

A juicio de Cecilio Lapresta, uno de los autores del estudio, esta predisposición positiva no puede relacionarse directamente con país de procedencia de estos jóvenes sino al hecho de que «se sienten cómodos y aceptados en la sociedad de acogida y no lo entienden como una agresión a sus raíces».

Pese a no sentirse catalanes -al menos eso es lo que ha manifestado la mayoría de los consultados-, este colectivo utiliza habitualmente la lengua catalana y reconoce que y valora la especificidad cultural y lingüística de Cataluña.

«En este caso se percibe que la vía de la integración en la sociedad de acogida pasa por el uso del catalán, aspecto que, mayoritariamente, se enfoca de manera positiva», apuntan los responsables del estudio.

En sus discursos, los ciudadanos del Este y del África subsahariana apuntan razones «instrumentales» para conocer y practicar el catalán. Entienden que se una forma de acceder a puestos de trabajo y que puede ayudarles a integrarse por la vía rápida en la sociedad de acogida.

Los inmigrantes iberoamericanos en Cataluña «rechazan» aprender el catalán
ESTHER ARMORA ABC 12 Agosto 2008

BARCELONA. La Generalitat se esfuerza en promocionar el uso social del catalán, aunque algunos colectivos de inmigrantes se muestran impermeables a estas campañas porque tienen claro que con el castellano les sobra y basta para sobrevivir. Según un estudio realizado por la Universidad de Lérida (UdL) por encargo del Gobierno catalán, los iberoamericanos son los extranjeros más reacios a aprender la lengua autóctona por cuestiones «identitarias». Es decir, prefieren expresarse en castellano para mantenerse «fieles a sus raíces lingüísticas» y también porque entienden que «por el hecho de conocer y utilizar el castellano pueden cubrir todas sus necesidades de la vida cotidiana». El trabajo de la UdL, al que ha tenido acceso este diario, revela que los extranjeros que llegan a Cataluña y se sienten más valorados por la sociedad catalana son los que se muestran más receptivos a aprender la lengua de esta Comunidad. Por este motivo, los más reacios a conocer el catalán son los iberoamericanos y algunos magrebíes, los dos colectivos que han manifestado menos empatía con la sociedad de acogida. Cecilio Lapresta, uno de los responsables del informe de la universidad catalana, explica a ABC que «no puede afirmarse sin más que los magrebíes y los iberoamericanos no quieren aprender el catalán porque es una verdad sesgada. Lo cierto es que si, en líneas generales, son los menos predispuestos a hacerlo es porque también son los que se sienten menos integrados en Cataluña».

«No se sienten aceptados»
Según el informe, los extranjeros menos predispuestos a conocer la lengua catalana son aquellos que «no se sienten valorados en la sociedad de acogida en cuanto a su identidad, cultura y lengua».

«Es lógico que los jóvenes extranjeros que se ven aceptados muestren una actitud positiva hacia el conocimiento de la lengua autóctona y que los que no se sienten parte de esta sociedad desarrollen actitudes más negativas», añade Lapresta.
Otra de las pinceladas que lanza el informe es que el colectivo iberoamericano y parte del magrebí «no se sienten catalanes ni españoles» y perciben de manera «negativa o problemática» la singularidad lingüística de Cataluña, hasta el punto de que ven como «una ventaja» una hipotética desaparición de la lengua catalana.

«Estos inmigrantes suelen mostrar una actitud negativa hacia el catalán, lengua que consideran minoritaria y poco útil, y positiva hacia el castellano», afirma Lapresta. Los inmigrantes más reacios a aprender el catalán tienen, asimismo, la percepción de que el castellano «se usa cada vez más en Cataluña» y de que «sólo deben aprender el catalán los originarios de latitudes en las que no se habla el castellano».

Medidas no sólo lingüísticas
Los autores del informe, que ha sido elaborado en base a 35 entrevistas personales a jóvenes inmigrantes de distintas nacionalidades de las comarcas de Lérida y Osona, son conscientes de que estas consideraciones pueden llevar a «estereotipar» determinados colectivos, especialmente los iberoamericanos y los magrebíes, aunque insisten en que la percepción de la valoración social determina en gran medida, más allá del origen de la persona, la actitud que se tiene respecto al catalán.

Con el propósito de romper esta tendencia, los responsables del informe proponen impulsar medidas «no estrictamente lingüísticas» que contribuyan a construir un proyecto de convivencia pluricultural y plurilingüe.
Según la Universitat de Lérida, uno de los escenarios principales donde se tiene que trabajar es en la escuela, poniendo en marcha prácticas educativas que fomenten un conocimiento recíproco y una valoración positiva de todas las lenguas y culturas presentes en el aula.

El acoso al castellano
La Generalitat derrocha 4.500 euros en un estudio lingüístico de sólo 35 entrevistas
Iberoamericanos y magrebíes ven el catalán como una lengua minoritaria
Ana Domingo Rakosnik La Razón 12 Agosto 2008

BARCELONA- «Se desarrollaron un total de 35 entrevistas a alumnos de diferentes nivel de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 16 de las cuales se realizaron a escolares inmigrantes». Ésta es la metodología con la que tres investigadores de la Universidad de Lérida realizaron un estudio sobre «las actitudes lingüísticas del alumnado recién llegado a Cataluña» y que la Generalitat subvencionó.

Concretamente, el Departamento de Universidades, Investigación y Empresa, que dirige el republicano Josep Huguet, destinó, en 2006, 4.500 euros para que cuatro jóvenes de la Europa del Este, cinco magrebíes, dos subsaharianos y cinco iberoamericanos residentes de Lérida y Barcelona, hablaran sobre sus preferencias en el idioma. El pasado 22 de julio, el artículo fue presentado, junto a otros diez y recopilado por la Consejería de Acción Social y Ciudadanía en el libro «Investigación e Inmigración». La Secretaría de Inmigración, adscrita a la Consejería de Acción Social y Ciudadanía, lo ha editado.

El responsable del estudio, Cecilio Lapresta, apuntó, en declaraciones a la Agencia Efe, que los datos obtenidos a partir de las 35 entrevistas son extrapolables a toda la comunidad inmigrante de Cataluña, dada la metodología.

Y, ¿cuáles son las conclusiones del artículo? Por un lado, el estudio afirma que los jóvenes iberoamericanos y los magrebíes son los que «construyen unas actitudes menos favorables hacia el catalán y más positivas hacia el castellano». Los alumnos llegados de Europa del Este «desarrollan actitudes favorables hacia las dos lenguas». La «valoración social» que pueda sentir el inmigrante parece ser la clave para que no se muestre reacio hacia el catalán. En este sentido, el estudio concluye con la necesidad de fomentar la integración de los jóvenes, y no sólo «en el hecho lingüístico».

El manifiesto y la normalización (y III)
ADOLFO GIL GÓMEZ La Opinión 12 Agosto 2008

El pesimismo de X.M. Sarille (A impostura e a desorientación na normalización lingüística) a la hora de analizar el papel de los ayuntamientos democráticos a la hora de hacer una política lingüística que captase hablantes es muy notable. Resalta que las administraciones municipales se han limitado en la mayor parte de los casos a la creación de un puesto de trabajo para un filólogo y lamenta, aunque no lo diga así de claro, que la militancia normalizadora brille por su ausencia; en el caso del ayuntamiento vigués, gobernado durante años por el nacionalismo, o idioma acabou converténdose nunha liturxia. Ya era hora de que desde ese mundo alguien se cargase de razones como para decir esta frase y que no le llamen facha, que es lo que ocurre normalmente.

De las universidades gallegas el autor tiene una opinión similar, la titulación de los filólogos no es la apropiada para actuar como propagandistas, se queja de que sólo aprenden fonética, sintaxis y no tienen aptitudes ni actitud para la captación.
Ni que decir tiene que la Real Academia Galega y sus aledaños son nidos traición, como ejemplo les refiero la opinión que le merece al autor el hecho de que el presidente de la RAG respondiese a unas preguntas en la misma lengua en la que le fueron hechas: ¡vaya forma de promover el idioma!

La laudatio de la MNL es continuada y los lamentos sobre la incomprensión hacia sus desvelos, continuos; en el mismo paquete se incluyen a todos aquellos próximos y lejanos que, habiendo sido invitados al convite, hayan renunciado a la participación. A lo mejor es que la demanda no era tan acuciante y, ni gobernantes ni gobernados, se sentían pletóricos de ansias para convencer al incrédulo de que no hablaba como debía.

Termina su alegato el autor con un conjunto de similitudes entre la situación del gallego con la del Titanic hundiéndose. La culpa es de los nacionalistas tibios que no se toman en serio esto de meter en vereda al país -a lo mejor es que le tienen miedo al país-; también comparten delito el resto de los miembros del cuerpo legislativo y ejecutivo, panda de incompetentes de fama internacional; los medios de comunicación son tan insensibles como la piedra pómez, no hacen nada bien a favor del idioma.

Por lo tanto y como corolario se nos presenta el futuro del gallego íntimamente vinculado al portugués, para así demostrar su utilidad. Sin más comentarios.

Visto lo visto, y si a la fecha en la que estos folios vean la luz, nadie me ha persuadido de lo contrario declaro públicamente que esto no tiene solución, que los que habrían de buscar fórmulas de entendimiento entre las lenguas y que sirviesen para lo que nacieron, para decir cosas, emitir mensajes y recibirlos, no se preocupan ni creen que eso sea posible, que conmigo no cuenten.

Así pues, a pesar de que al Manifiesto por la lengua común le hayan salido admiradores y defensores impresentables, a pesar de que todos los pisuergas posibles sirvan para sacarle punta, a pesar de que las ascuas se arrimen sin vergüenza ninguna a las sardinas políticas que convenga, a pesar de todo eso, le daré mi apoyo a la literal redacción del Manifiesto.

El nacionalismo fraguista gallego
ÁNXEL VENCE La Opinión 12 Agosto 2008

Susurran algunos expertos en los complejos intríngulis de la política gallega que el partido conservador estaría analizando la posibilidad de ofrecer un acuerdo de gobierno a los nacionalistas en el caso -nada improbable- de que no obtuviesen mayoría absoluta en las próximas elecciones. "Vade retro, Satanás", dirán tal vez los puristas de uno y otro bando; pero lo cierto es que la hipótesis no resulta en absoluto descabellada.

O, por mejor decir, no resultaba. El pacto entre conservadores y nacionalistas -amantes ambos de la tradición- hubiera tenido su lógica tras las últimas elecciones, cuando el partido de Fraga ejercía sin complejos una cierta variante bávara del galleguismo.

Paradójicamente, el monarca don Manuel estaba mucho más próximo que los socialdemócratas a las tesis de los nacionalistas. No sólo se trata de que en su momento defendiera al Bloque frente a los extremistas de su propio partido en Madrid con el envío de un dossier en el que negaba la condición de partido antisistema que los conservadores de la Corte atribuían al partido entonces representado por Beiras.

Más aún que eso, Fraga lanzó al poco de su llegada al poder una propuesta de "Administración Única" que por su carácter casi federal bien podrían firmar sin reparos los nacionalistas gallegos. Para escándalo de muchos de sus correligionarios, el fundador de la actual derecha española no dudó tampoco en aplicar la Ley de Normalización Lingüística aprobada por la Xunta de Gerardo Fernández Albor, un galleguista apadrinado por el propio don Manuel. Y, ya puestos, el entonces monarca diseñó una política de asuntos exteriores del Reino con viajes a Cuba, Irán, Libia y otros países del Eje del Mal que sin duda debiera ser del agrado del Bloque.

Prueba de todo ello es que, tras derrocar -o botar- a Fraga del trono, la nueva Xunta se ha limitado a continuar con pequeños matices la política diseñada y aplicada por Don Manuel durante sus largos años de dinastía en Galicia.

El monumental proyecto de la Cidade da Cultura, rechazado en principio por su carácter de mausoleo de Tutanfragón, no tardó en ser asumido por los nuevos gobernantes que, en su entusiasmo, llegarían a elevarlo incluso al rango de "proyecto de Estado" y "puente entre España y Latinoamérica". Otro tanto ocurrió con la política de consorcios, fundaciones, sociedades y demás chiringuitos que tan fieramente criticaban desde la oposición los partidos del actual gobierno antes de descubrir sus ocultas ventajas. E incluso la estrategia de lucha contra el fuego pergeñada por don Manuel ha sido adoptada finalmente -tras la catástrofe que arrasó los bosques de Galicia hace un par de veranos- por la Xunta bicéfala que le ha tomado el relevo en el trono.

Por supuesto, la famosa política clientelar del anterior gobierno sigue siendo la misma, según confesó días atrás el mismísimo presidente Emilio Pérez Touriño en probable alusión a los bailes para mayores ideados por Fraga que los nuevos mandatarios han imitado y multiplicado con gran éxito de público (aunque no tanto de crítica).

Fieles seguidores como son de la política manuelina, nada debiera haber impedido que los nacionalistas pactasen el gobierno con aquel Partido Popular de don Manuel. Otra cosa es el actual PP galaico, naturalmente. Donde Fraga templaba gaitas con el uso del gallego, los nuevos dirigentes no dudan en importar a Galicia extravagantes campañas de agravio a la lengua española que casi nadie entiende por aquí. Por no hablar ya, claro está, del desvanecimiento que han sufrido los antiguos principios galleguistas que tanto contribuyeron en su momento al éxito de los conservadores en las urnas.
Difícil lo va a tener, pues, el Rajoy de Sangenjo para ganarse la voluntad del Bloque si las cuentas de las elecciones no le salen. Aunque cosas más raras se han visto en Galicia, desde luego.

anxel@arrakis.es

Acoso en el País Vasco
Germán Yanke Estrella Digital 12 Agosto 2008

El mercado de San Lorenzo, en la población vizcaina de Getxo, tiene cierta gracia. Antes de que sea clausurado por el Biotz Alai, histórico coro de la localidad (que incluye en su repertorio, junto a canciones en euskera, hermosas y numerosas habaneras en español), se despliegan en el barrio de Algorta las casetas con los productos “de la tierra” y que van desde los de la huerta hasta los embutidos, desde los quesos a las flores.

A pesar de ser un domingo con buen tiempo, que animaba a la playa, el público fue numeroso en esta última edición. Y parece que, dentro de lo que cabe, tampoco fueron mal las ventas. Los vendedores, por cierto, no tienen inconveniente alguno en hablar en español (los que saben euskera o lo usan como lengua familiar) y, en la mayoría de los casos, se muestran formalmente educados: “esto es para usted, señora…”, “¿no quiere probar el queso, caballero?”, etc.

Este domingo, fuera del programa oficial, un grupo de proetarras y fanáticos aprovecharon algún momento del mediodía, bien pertrechados de bebidas, para atacar, insultar, abuchear y, en algún caso, amenazar de muerte a unos concejales del PP de Getxo que se encontraban allí como muchos de sus convecinos. Ocurrió algo similar hace un par de años cuando María San Gil, entonces presidenta del PP del País Vasco, se acercó al mercado y recorrió educadamente sus casetas. No sólo la repetición de los ataques en el mercado de San Lorenzo revela algo que es bastante cotidiano, se podrían añadir muchos y muchos ejemplos de una estrategia de acoso que se despliega por los municipios vascos, que se incrementa en los días de fiesta y en las poblaciones más pequeñas, que tiene como objetivo los dirigentes y militantes del PP y del PSOE. Se suman y se complementan con las amenazas y los ataques más graves de los pistoleros que, como se sabe, llegan al asesinato.

Y no es sólo eso. No lo es porque hay que añadir la habitual inoperancia de la Ertzaintza y las policías locales, no por falta de medios o de preparación, sino porque sus instrucciones deben ser estar atentos a otras cosas. En Getxo, el domingo, se echó de menos a la Ertzaintza y la Policía Local, que estaba en el mercado, cerca del bar, claro, recorrió los metros que les separaban de los agresores cuando ya todo terminaba. Mientras, el consejero de Justicia del Gobierno vasco afirma no tener ninguna confianza en que el presidente Rodríguez Zapatero quiera solucionar el “problema político” del País Vasco y, en vez de eso, pretenda que Patxi López sea lehendakari.

El consejero Azkárraga, para seguir sosteniendo su vergüenza, quiere ocultar cuál es el verdadero problema del País Vasco, que no es otro que el de la violencia y el fanatismo. Si los no nacionalistas gobiernan en Vitoria quizá no puedan resolverlo todo, pero los ciudadanos encontrarán sin duda, todos y sobre todos los agredidos, el respaldo de las instituciones.

Vaya con el País Vasco de los nacionalistas… Allí, cuando los niños juegan al escondite no se entretienen; se entrenan para la vida que les espera.

Por qué es ilegítimo el gobierno actual (V)
Pío Moa Libertad Digital 12 Agosto 2008

Anteriores: 26, 29 y 30 de julio, y 1 de agosto)

El gobierno de Zapo el Rojo se ha identificado con el ilegítimo Frente Popular, destructor de la democracia republicana, se ha identificado con las chekas, el maquis y la ETA, a quienes reivindica en su ley de “memoria histórica” (también la llaman "memoria democrática", para más inri). Datos enormemente relevantes, que no pueden pasarse por alto al analizar la situación, pero insuficientes para tildar de ilegítimo a un gobierno: podría ocurrir que no pasasen de retórica provocadora, tan típica de la niñatería política, de su ínfimo nivel cultural, entre otra bajezas; pero sin llegar a más.

Sin embargo no se trata de simple retórica. La clave de toda la política del gobierno ha sido, volvamos a ello, la ilegitimación del franquismo, y por tanto de la democracia, salida de él, en colaboración con los mayores enemigos de las libertades, con el terrorismo etarra y los separatistas, que ya han logrado eliminar prácticamente la democracia en las Vascongadas y la restringen continuamente en Cataluña. Resulta cansino repetir la evidencia frente al fraude político generalizado, pero esa colaboración rompe las reglas más elementales del estado de derecho, legitima y premia políticamente el asesinato terrorista, ataca la constitución y, para imponerse, socava la independencia judicial y corrompe los órganos máximos de ese poder. Todo ello aliñado con la pretensión de modelar a la sociedad de acuerdo con sus sandeces ideológicas "rojas", mediante la "educación para la ciudadanía" y la increíble degradación de los medios de masas.
El examen más superficial, como el más profundo, de la trayectoria del gobierno actual, revela un verdadero golpe de estado desde el poder, a cuyo lado quedan casi en nimiedades el GAL o las oleadas de corrupción felipistas. Se trata, pues, de algo más decisivo.Un gobierno de este género es necesariamente ilegítimo.

Este golpe contra la legalidad y la democracia ha podido realizarse por no haber tenido una oposición política real, ya que la del PP de Rajoy --incluyendo la de Zaplana y Acebes, bienintencionada pero insuficiente y torpe-- nunca lo fue. La única oposición ha provenido de la sociedad, de sectores de la Iglesia, de la AVT, de la gran empresa organizada por Jiménez Losantos y Javier Rubio, y de numerosas iniciativas dispersas. Esta oposición espontánea no ha encontrado un cauce político porque confiaba en un PP que, o no estaba a la altura o ha traicionado simplemente a gran parte de sus votantes para sumarse al diseño golpista gubernamental.

¿Irá diluyéndose esa oposición social, ahora saboteada sistemáticamente por Rajoy y los suyos, o irá encontrando otra salida? De eso va a depender el futuro de este país y sus libertades.

La financiación catalana pone en evidencia la descomposición de la cohesión nacional
Redacción Bilbao Minuto Digital 12 Agosto 2008

Si entre los mismos socialistas se tiran los trastos a la cabeza debido a las consecuencias de las previsiones del estatut en materia de financiación, imagínense cuales han de ser sus efectos sobre la cohesión nacional. Montilla, ministro de Zapatero, afila los cuchillos del PSC porque su jefe en Moncloa parece que de nuevo ha hecho bueno aquel chascarrillo popular de “prometer, prometer hasta meter, y después de metido, nada de lo prometido”.

Públicamente, el PSOE se limita a expresar su confianza en que las gestiones del vicepresidente Pedro Solbes permitan alumbrar en otoño un acuerdo financiero satisfactorio para todas las autonomías, Cataluña incluida. Pero, en privado, dirigentes del PSOE y miembros del Gobierno no ocultan su sorpresa ante la firmeza del PSC, hasta el punto de que Zapatero ha dado instrucciones para que el nudo gordiano de la financiación se deshaga lo antes posible. Quizás también todo sea pose, para ningunear a CiU y asegurarse los votos fugados de ERC, pero claro ello implica convertir al PSC en un partido nacionalista en toda regla.

Pero a los socialistas eso les da lo mismo, el principio esencial de la era Zapatero es mantenerse en el poder como sea y al precio que sea. El caso es que la negociación del nuevo sistema de financiación se estancó cuando el Ministerio de Economía rechazó uno de los pilares básicos del modelo previsto en el Estatuto de Cataluña, que pasa por establecer un nuevo criterio que limite el fondo de solidaridad a la sanidad, educación y los servicios sociales esenciales. Es decir, nos encontramos con las consecuencias de esa anómala bilateralidad que privilegia a Cataluña frente al resto de regiones de España, y que acto seguido, -no cabía esperar otra cosa- se traduce en la voladura de la solidaridad entre los ciudadanos españoles y la destrucción del principio de igualdad.

De nuevo el inmoral apetito del poder de los dos grandes partidos, PSOE y PP, contribuye a la deriva autonómica y favorece los objetivos de las minorías separatistas a costa de la unidad nacional, la cohesión territorial y la solidaridad ciudadana.

La flota vasca de Ibarretxe
ÁNGEL LASO D'IOM ABC 12 Agosto 2008

La España de Zapatero tiene una especial sensibilidad para desmadrar todo lo que tiene que ver con las autonomías, esos reinos de Taifas que tienen la costumbre de complicar la convivencia entre españoles. El cartel de pedigüeños extremeños sólo es el aperitivo de lo que se avecina con la financiación autonómica, que está logrando unir al PSC y CiU y a Cataluña con Valencia y Madrid aunque las regiones del PP no lo digan. Por cierto, asunto este que pilla muy lejos a vascos y navarros, que tienen digamos una peculiar forma de financiarse con el Estado que para si querrían todos. La clave es si el resto al final cobrarán más por población, territorio, número de encimas o prados, kilómetros de río o de costa, o cantidad de cangrejos autóctonos o invasores ¡quién sabe!

El desarrollo del modelo autonómico ha puesto muchas puertas al campo, pero es que ahora también se ponen al mar. El último episodio de la España de las regiones es de delirio. Ya no hace falta que la policía o el ejército marroquí o francés apresen pesqueros españoles, ahora somos nosotros mismos los que nos retenemos los barcos. Por lo que leo, ya ha sido apresado algún pesquero cántabro (no entiendo por quién) por faenar en aguas vascas y ahora, tras una tensa reunión, las cofradías de Cantabria amenazan a sus vecinos con lo mismo y aconsejan a la flota vasca, que debe ser una especie de Armada Invencible de Ibarretxe, que se abstenga de faenar en aguas santanderinas.

Ni pesco ni cazo pero creo que las sardinas o los jabalíes que huyen de los que les quieren pillar no saben si atraviesan aguas territoriales de España y Marruecos o los Pirineos y todavía menos si cruzan de aguas gallegas a asturianas o de Madrid a Segovia. Así que me temo que estamos cerca de que cazadores y pescadores empiecen a tener que usar más el GPS para no perder piezas y saber dónde pueden capturar o a lo mejor es que nos hemos vuelto de golpe todos ecologistas y queremos dar otra oportunidad a los animales que huyen.

En serio, que o volvemos a creernos todos eso tan viejo y tan cierto de que la unión hace la fuerza, importantísimo en economía, o estamos perdidos.

España tiene ya 2,5 millones de funcionarios, la mitad de ellos autonómicos
ABC 12 Agosto 2008

MADRID. Las administraciones públicas en España cuentan actualmente con 2,5 millones de funcionarios, de los que algo más de 1,3 millones se encuentran empleados por las disteintas comunidades autónomas, concretamente un 50,4 por ciento.
Todas las administraciones han incrementado durante este ejercicio el número de funcionarios con respecto al año pasado, de tal manera que ahora hay unos 69.000 más que en 2007.

La mayor subida en términos absolutos se ha producido en las administraciones autonómicas, donde hay casi 40.000 empleados públicos más que el año pasado, seguidas de las corporaciones locales, que disponen de 21.000 nuevos empleados, según los datos dados a conocer en la jornada de ayer por el Ministerio de Administraciones Públicas.
La Administración General del Estado tiene en total 561.551 funcionarios (un 21,7 por ciento del total de los empleados públicos), con lo que la cifra de empleados públicos estatales ha subido casi un 1,5 por ciento durante el pasado año (8.000 empleados más que en 2007).

Andalucía, a la cabeza
Las corporaciones locales suman acutalmente el 24,12 por ciento de los funcionarios, es decir, 623.214, mientras que el personal perteneciente a las universidades representa un 3,8 por ciento (97.849 empleados públicos). Por los que se refiere a comunidades autónomas, además de Madrid, donde el número de funcionarios estatales y del campo de la universidad es más elevado, Andalucía es el territorio donde la administración autonómica (254.094 personas) y las locales (128.444) cuentan con más empleados públicos.

En lo que se refiere a funcionarios autonómicos, por detrás de Andalucía se encuentran la Comunidad de Madrid (159.097) y Cataluña (155.721), mientras que en las corporaciones locales, siguen a la comunidad andaluza las mismas autonomías en orden inverso: Cataluña, con 93.860 personas empleadas; y la Comunidad de Madrid, con 63.237.

El número de funcionarios de las CCAA se ha multiplicado por dos en la última década
Ana P. Alarcos cotizalia.com 12 Agosto 2008

Las arcas de las Comunidades Autónomas se han convertido en un saco roto. A la falta de ingresos por culpa de la crisis –los impuestos derivados de la actividad inmobiliaria se han secado-, hay que unir los ingentes gastos derivados del pago mensual del sueldo a sus funcionarios. En la última década, el personal de las CCAA ha aumentado un 92%. Es decir, prácticamente se ha duplicado. A nivel estatal, en cambio, su número se ha visto reducido en un 32,25%. Así se desprende del estudio de la organización empresarial Fomento del Trabajo Nacional. La patronal, que ha analizado datos del MAP desde 1998 hasta 2007, sitúa el número actual de funcionarios en 2.582.846 frente a los 2.117.164 de 1998.

En cuanto al personal objeto de estudio, Fomento ha distinguido cuatro campos: la Administración Estatal, las Autonómicas, las Locales y las Universidades. De todas ellas, la única que ha visto reducida su plantilla es la Administración Estatal, que ha perdido casi 270.000 funcionarios. Por otro lado, las Administraciones Autonómicas han ganado más de 623.000 empleados, mientras que las Administraciones Locales y las universidades públicas cuentan ahora con casi 110.000 funcionarios más.

Las tres comunidades con mayor volumen de población son las que cuentan con más empleados públicos a su servicio. Andalucía, la comunidad española con más habitantes, es la que despunta en el ranking con casi 490.000 funcionarios. En segunda posición se sitúa la Comunidad de Madrid, con más de 415.000 y en tercer lugar se encuentra Cataluña, que sobrepasa los 287.000. El funcionariado de estas comunidades representa el 46,15% de todo el país pero, a pesar de esta elevada cifra, los porcentajes se reducen considerablemente si tenemos en cuenta la representación del personal público sobre el total de población de cada territorio.

Distribución del funcionariado estatal por CCAA
La patronal catalana ha estudiado el porcentaje que representan los empleados públicos sobre la población total en cada Comunidad Autónoma. Partiendo de una media estatal del 1,24%, hay varias comunidades que sobrepasan ampliamente esta cifra, caso de la Comunidad de Madrid, con un 2,71%, Aragón, con un 1,86% y Castilla y León, con un 1,57%.

En cuanto a la representación porcentual de funcionarios sobre el total de población asalariada, sobrepasan la media nacional (3,35%), la Comunidad de Madrid (con el 6,23%), Aragón (4,87%), Castilla y León (4,76%), Extremadura (4,2%) y el Principado de Asturias (3,46%).

Diferencias significativas en el funcionariado autonómico
Aunque todas las Administraciones Autonómicas han aumentado el número de sus empleados públicos, existen grandes diferencias en la distribución del personal. Según el estudio, Andalucía, la Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana superan los 120.000 funcionarios, mientras que regiones como Cantabria y La Rioja ni siquiera alcanzan los 20.000.

No obstante, el orden de este ranking cambia completamente cuando la variable es la representación porcentual de ese funcionariado en base al total de la población. De esta forma, Extremadura sería la comunidad líder, con un 4,27%, mientras que Canarias, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña se sitúan por debajo de la media nacional, establecida en 2,88%.

Y si se vuelve a cambiar la variable a tener en cuenta, y se toma de referencia el porcentaje de población asalariada que representan los funcionarios en cada Comunidad, sobre una media del 7,76%, obtenemos un nuevo ranking: Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León superan el 10%, mientras que en los últimos puestos de la tabla encontramos, de nuevo, a Canarias, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Baleares y Cataluña.

Los bolsillos de los funcionarios perderán fuerza en 2009
Como ya ha afirmado el Ministerio de Economía y Hacienda, los funcionarios públicos tendrán un aumento salarial superior al 3% en 2009, pero este incremento no afectará a sus bolsillos. Todo lo contrario, los empleados públicos perderán poder adquisitivo, ya que su sueldo subirá menos que la inflación. El IPC se sitúa actualmente en el 5,3% y, según las previsiones, a finales de año rondará en torno al 4%.

A pesar de que el Gobierno no tiene previsto realizar recortes en los salarios públicos, sí ha reconocido que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2009, en este sentido, “serán austeros”. Fueron más de 25 mil millones de euros los que se destinaron a cubrir los gastos de personal en los Presupuestos de 2008, pero la crisis sigue imparable en todos los campos y también tenía que afectar a los funcionarios. Siguiendo esta línea, el Ministro de Economía, Pedro Solbes, ha insistido una y otra vez en sus últimas intervenciones públicas en “la necesidad de mantener una moderación salarial”.

Pero esto no queda aquí: la Oferta Pública de Empleo para 2009 también se verá inmersa en esta tendencia austera, ya que según las previsiones del Gobierno, para el próximo año habrá un recorte de plazas importante: se podría pasar de más de 35.000 a menos de 11.000, lo que supondría una reducción aproximada del 70% de las convocatorias.

Marisa Arrúe / Edil del PP en Guecho atacada por proetarras
«Los radicales no paraban de gritar: ''¡Te vamos a matar, txakurra!''»
«Los policías municipales ni se acercaron; nos salvaron nuestros escoltas»
R. L. V. La Razón 12 Agosto 2008

Madrid- Dice que está «algo mejor». Sin embargo, la voz de Marisa Arrúe que llega a través del auricular del teléfono denota que el mal rato que pasó el domingo junto a varios amigos y concejales del PP en el mercado agrícola de Guecho, cuando fueron acosados e insultados por un grupo de radicales de la izquierda abertzale, todavía no está completamente olvidado. No habla en ningún momento de tener intención alguna de marcharse del País Vasco. Sólo piensa en denunciar a los que les acosaron y amenazaron y denuncia la pasividad de la Policía Municipal, pese a que el alcalde de la localidad, el peneuvista, Imanol Landa, calificó ayer de «diligente y profesional» la intervención de los agentes. Al PSE, lo sucedido le parece simplemente «intolerable».

- ¿Cómo se inició el ataque?
- Estaba con unos amigos en el mercado agrícola cuando, de repente, nos vimos rodeados por una decena de personas, que empezaron a insultarnos y amenazarnos.

- ¿Qué les decían?
- Se dirigían sobre todo a mí, porque me conocen por ser la portavoz municipal del PP. Decían: «¡Te vamos a matar!», «¡Txakurra!» [perro, en euskera, expresión con la que los radicales abertzales califican despectivamente a los que no comulgan con sus tesis] y «¡Kampora!» [fuera, en euskera].

- ¿Qué hicieron entonces?
- Yo les dije a los que me acompañaban que era mejor que nos fuéramos al otro extremo de la plaza, a un bar que había allí. Pero los radicales nos siguieron, sin dejar de insultarnos.

- ¿Qué sucedió entonces?
- Los escoltas que venían con nosotros formaron una especie de perímetro e impidieron que nos pasara nada. Realmente, la cosa no fue a más por ellos.

- ¿No llamaron entonces a la Ertzaintza?
- No. Había agentes de la Policía Municipal, pero, aunque solicitamos que intervinieran, no se atrevieron a acercarse.

- ¿Va a tomar medidas?
- Primero quiero cerciorarme de todos los detalles y después denunciaré lo ocurrido. Creo que conozco a alguno de los que nos acosaron e insultaron.

- ¿Había pasado antes por una situación como ésta?
- Sí, hace unos años, en el mismo mercadillo y en compañía de María San Gil [ex presidenta del Partido Popular en el País Vasco] vivimos un altercado muy parecido a éste.

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