AGLI

Recortes de Prensa    Jueves 14 Agosto 2008

Provisión de fondos para que actúe la Audiencia Nacional
Vicente A. C. M. Periodista Digital 14 Agosto 2008

Cuando la pasividad de la Fiscalía General se hace evidente, no queda otro remedio que ejercer la acusación privada para defender la dignidad de las víctimas. La Audiencia Nacional se mueve por caminos inescrutables. Sus motivaciones y cómo se puede excitar su celo en la persecución de los delitos de terrorismo, incluido el enaltecimiento, es todo un misterio para el común de los mortales. El caso es que justificada o injustificadamente, se están produciendo manifestaciones del mundo de ETA con total impunidad.

Ahora resulta que cuando se quiere es competencia propia de la Audiencia Nacional y cuando no, se escuda en que la responsabilidad es del Gobierno de la Autonomía. Y no digo que no sea así en primera instancia, pero en otros casos, ha bastado disponer de uno de los infinitos pasquines que llenan las ciudades del País Vasco, para proceder a dictar un Auto prohibiendo las manifestaciones donde ya queda demostrada la apología del terrorismo.

¿Por qué este cambio de actitud?¿A qué viene ser escrupuloso con las denuncias de asociaciones de víctimas como la AVT o Dignidad y Justicia, exigiendo avales económicos para iniciar un proceso en el que se debería actuar de oficio? La respuesta seguramente esté en que se sigue con el lema de “cuando convenga a la jugada”. Y ahora la jugada parece aconsejar estar a la espera de qué propone ETA para retomar las negociaciones. No son creíbles las palabras del Ministro de Justicia Sr. Bermejo, cuando ha sido el propio Presidente Sr. Zapatero quien ha indicado que en el acuerdo con el PP no estaba “expresamente excluido” el diálogo con ETA.

El doble lenguaje está instalado. Pero también el doble rasero en cuanto a la lucha anti terrorista. Y no es por el dinero, que puede ser legal exigirlo para iniciar cualquier proceso judicial, con vistas a cubrir “gastos”, sino porque en el tema de la lucha anti terrorista se vuelve a adoptar actitudes que buscan la permisividad y mirar hacia otro lado. Que lo haga el Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, no es de extrañar, pero que lo permita el Gobierno de España, su Fiscal General y la Audiencia nacional, es inadmisible.

Se nota que al Gobierno le molesta desde siempre la AVT, esté quien esté al frente, porque a pesar de la persecución mediática y de todo tipo, se mantiene firme en sus reivindicaciones y actúa en defensa de la dignidad, no solo de las víctimas, sino de todos los españoles que compartimos su honestidad y objetivos. Poner trabas económicas, además de intentar asfixiar a estas asociaciones y condenarlas al silencio, solo hará que el apoyo de los ciudadanos sea más fuerte y se den cuenta de la actitud infame de quien busca la negociación a cualquier precio.

Tras el despilfarro en ayudas que la Sra. Fernández de la Vega ha dado en LatinoAmérica, para causas tan “urgentes y sociales” como “la limpieza de la bahía de Acapulco”, que avergonzaría a cualquier persona en España en paro y sin prestaciones, se viene con la petición de fondos para obligar a la Justicia a actuar. Este País no se merece este final, ni a este Gobierno.

Guerra en Georgia
Putin, un padrino para Montilla
Adonde tenía que haber enviado Montilla a su plenipotenciario ministro no es a París, sino a Moscú. La misión consistiría en pedirle a Putin que apadrinara el nacionalismo catalán como ha hecho con el osetio. Habría una alta probabilidad de éxito.
Emilio Campmany Libertad Digital 14 Agosto 2008

Ahora va resultar que Vladimir Putin es una especie de Woodrow Wilson del siglo XXI, un nuevo paladín del principio de autodeterminación, la espada con la que pueden contar todos aquellos que se sientan nación sin Estado o pueblo sin corona.

No está claro si Putin es de derechas o de izquierdas, pero, a los ojos de los socialistas, tiene dos atractivos: es antiamericano y es ruso. Lo de ser ruso es casi más importante que lo otro. Desde los tiempos de Largo Caballero, nuestro PSOE se ha sentido siempre atraído por Rusia. Que la atracción perduró hasta tiempos más recientes lo prueba aquella foto de Felipe González, Alfonso Guerra y Miguel Boyer en Moscú, ateridos bajo unos muy soviéticos gorros de astracán (¿o eran de marta cibelina?), empapados de marxismo-leninismo y con cara de estar muy cabreados con la OTAN.

Durante la Transición, las retorcidas cúpulas del Kremlin no sólo atrajeron a los políticos de izquierdas, sino también a sus heraldos mediáticos. El periódico que dirigía Juan Luis Cebrián nunca encontró nada criticable en el democrático régimen de Moscú. Tan buenas eran las relaciones del periodista y académico con los soviéticos que acabó escribiendo para la posteridad La rusa.

Pues bien, nuestra izquierda conserva tanta querencia por las estepas siberianas que, estallado el conflicto entre Rusia y Georgia, sólo es capaz de ver a un culpable, el imperialista Estado caucásico. Para ellos, modelo de pacifismo, nunca está justificado el empleo de tanques y el bombardeo de ciudades, pero, si alguna vez lo está, la de hoy es una de ellas. Así que no paran de congratularse de que Putin haya "impuesto la paz" y protegido las aspiraciones soberanistas de cualquier Osetia o Abjazia que quiera liberarse de la bota georgiana.

Ahora, entre los socialistas el que más debería alegrarse del nuevo rol de Putin es Montilla. Es verdad que al ex agente del KGB Cataluña le cae un poco a desmano, comparada con Osetia. Pero no lo es menos que, para que Zapatero ceda finalmente en el tema de la financiación y se decida a ejecutar el Estatuto que él mismo trajo al mundo con fórceps, no será necesario bombardear el palacio de la Moncloa ni pasear los tanques por la M-30. Un par de gritos enérgicos a través del teléfono rojo deberían ser suficientes para que nuestro presidente se arrugue ante el nuevo campeón de los nacionalismos irredentos.

¿No habrá sido pues un error enviar a Apeles Carod-Rovira a París? Es verdad que a Francia y a los franceses siempre les ha gustado proteger cualquier causa que pudiera debilitar a los demás, y por eso han encontrado allí refugio revolucionarios de toda ralea, desde etarras hasta ayatolás.

Pero Francia ya no es lo que era y es obvio que Sarkozy no tiene, gracias a Dios, ningún interés en apoyar, por el momento, a ninguno de los nacionalismos que padecemos en España. Por eso, adonde tenía que haber enviado Montilla a su plenipotenciario ministro no es a París, sino a Moscú. La misión consistiría en pedirle a Putin que apadrinara el nacionalismo catalán como ha hecho con el osetio. Habría una alta probabilidad de éxito en cuanto Apeles Carod-Rovira acertara a explicarle que España es a Georgia lo que Cataluña a Osetia. Sin embargo, el mundo está cambiando y los separatistas catalanes no se enteran.

“SIEMPRE ACABAN MANDANDO LOS NACIONALISTAS”
Rosa Díez culpa al PP de los problemas con el castellano en Galicia y Baleares
La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, acusa al PP de "copiar lo peor del zapaterismo" hasta el punto de responsabilizar a los 'populares' de los problemas con el castellano que hoy suceden en Galicia o Baleares. "Gane quien gane las elecciones siempre terminan mandando los nacionalistas". UPyD también ha criticado la "falta de coherencia" del PP en su postura sobre la financiación autonómica.
Europa Press Libertad Digital 14 Agosto 2008

Díez advirtió de que en España se ha llegado a una situación en la que, "gane quien gane las elecciones, terminan mandando los nacionalistas", lo que justificó en el debate sobre el uso del castellano o la financiación autonómica. La líder de UPyD criticó la "vulneración" de los derechos fundamentales que a su juicio se está produciendo en España con el uso del castellano y advirtió de que la pretensión de hacer "guetos lingüísticos" está sucediendo ante "la pasividad de las grandes fuerzas políticas nacionales y la complicidad activa del PSOE y el Gobierno".

Rosa Díez recordó sin embargo que la ley "que hoy excluye el castellano del espacio público" en Galicia fue aprobada bajo el mandato del 'popular' Manuel Fraga, la misma situación que en Baleares, donde la legislación actual fue aprobada por gobiernos del PP. "Y ojo con lo que empieza a pasar en la Comunidad Valenciana: no han ido más lejos porque allí ni el PP ni el PSOE han necesitado los votos de los nacionalistas para gobernar", advirtió.

En este sentido, alertó también de la actitud de los 'populares' en Cataluña y criticó que allí "dan una de cal y otra de arena". "Lamentablemente, la estrategia global del PP se está limitando a copiar lo peor del zapaterismo --subrayó--. Aquello que nos ha llevado a una situación en la que en España, gane quien gane las elecciones, terminan mandando los nacionalistas".

La líder de UPyD llegó a la misma "triste conclusión" en el debate sobre financiación autonómica y recordó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, celebró hace cinco años una reunión de 'barones' socialistas en Santillana del Mar sobre las reformas estatutarias, igual que el pasado mes se reunieron los dirigentes 'populares' en San Millán de la Cogolla. "Como para estar tranquilos...", apuntó.

Por otra parte, UPyD en Galicia consideró un "alarde de cinismo" las posturas de los socios de la Xunta --PSdeG y BNG-- sobre financiación autonómica, después de haber apoyado en el Congreso de los diputados el Estatuto catalán, por el "perjuicio" que supone para la solidaridad interterritorial.

En un comunicado, la formación también criticó la "falta de coherencia" del PP por considerar que se alinea con la postura de la Generalidad en el mantenimiento de privilegios forales en Navarra y el País Vasco y, al mismo tiempo, "pretender hacer creer" que defenderá un sistema de financiación solidario con las comunidades autónomas menos favorecidas.

Frente a esto, el partido que liderado por Rosa Díez rechaza "negociaciones políticas bilaterales" y defiende un único modelo de financiación autonómica con criterios de reparto en base a los costes asociados, que incorpore factores objetivos, como el envejecimiento o la dispersión de la población.

EL DENUNCIANTE LO CONSIDERA "ILEGAL"
Denuncian al Ayuntamiento de Barcelona por no rotular señales en castellano
Según informa El Mundo, una persona ha denunciado al Ayuntamiento de Barcelona por no rotular una señal en castellano lo que provocó que fuera multado. El afectado se apoya en la normativa que exige que las indicaciones de los paneles "figurarán en el idioma castellano, y además en la lengua oficial de la comunidad", algo que no ocurría en este caso.
Libertad Digital 14 Agosto 2008

Este ciudadano ha denunciado al Ayuntamiento de Barcelona por no rotular en castellano una señal por la que fue sancionado con una multa de 90 euros. De hecho, el afectado asegura que el Código de Circulación deja muy claro que en las comunidades autónomas con más de una lengua, la señalización debe estar en ambas. "Si la señal no es legal, las multas no pueden ser válidas", ha sentenciado.

En este sentido, esta persona había enviado dos recursos al consistorio barcelonés y ante las exigencias de las autoridades civiles a que pagase la infracción decidió denunciar al Ayuntamiento ante el Juzgado contencioso-administrativo. La sanción se produjo cuando este individuo aparcó en una zona de residentes que estaba anunciada por una señal únicamente escrita en catalán.

Sin embargo, el denunciado por el Ayuntamiento se escuda en la normativa que dice literalmente que "las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas figurarán en el idioma castellano, y además, en la lengua oficial de la comunidad".

Barrreda llama a superar el «sarampión» lingüístico
L. Vázquez La Razón 14 Agosto 2008

Madrid-«Poner dificultades a las empresas por el uso de un idioma puede suponer la pérdida de algunas inversiones». Así de contundente se mostró ayer el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, refiriéndose a la polémica surgida en torno a Air Berlin, después de que los Gobiernos catalán y balear le reclamasen el uso del catalán y que el Fútbol Club Barcelona se negase a viajar con la compañía por este mismo motivo.

Barreda calificó estos sucesos de «anecdóticos», ya que las lenguas cooficiales con el castellano son un «patrimonio cultural inestimable», y apostó por su protección pero dentro del terreno científico o pedagógico, en vez de enmarcarse dentro del ámbito político, para que no sean empleadas como si se tratara de «armas arrojadizas».

Barreda no cree que el español se encuentre en peligro en algunas comunidades autónomas con dos lenguas oficiales. «Seguramente habrá que superar el sarampión actual para normalizar lo que en la calle está normalizado. Es la experiencia que me trasladan muchos paisanos, yo no veo tensión en la calle por usar el español. Hay que rebajar la tensión», señaló el presidente de Castilla-La Mancha.

Además, quiso recalcar que es justo que reciban una educación en castellano los niños que se desplazan desde otras comunidades autónomas en las que esta lengua es la única oficial. «Me parece bien que cualquier español que se desplace a estos territorios, y pienso en miles de castellanomanchegos, tenga garantizada la enseñanza del idioma de sus padres», comentó Barreda.

El presidente de Castilla-La Mancha hizo alusión a las palabras del escritor Carlos Fuentes, premio Don Quijote de la Mancha, cuando dijo que el territorio de La Mancha lo habitan todos los que hablan español «a uno u otro lado de la mar océana».

Derechos y deberes lingüísticos
ENEKO OREGI GOÑI MIEMBRO DEL CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA El Correo 14 Agosto 2008

Todos sabemos que la distinción entre políticos e intelectuales está lejos de ser neta. No sólo porque algunos intelectuales persiguen objetivos terrenalmente políticos, sino también porque no han dejado de existir políticos con un bagaje intelectual y una capacidad de análisis muy por encima de los, habitualmente, escasos requerimientos de la política politiquera, lo que los franceses denominan 'politique politicienne'.

A pesar de todo, creo que debe exigirse a cada una de estas categorías, políticos e intelectuales, un cierto grado de coherencia con los objetivos proclamados y con los métodos privativos de cada una de dichas actividades. Una coherencia, al menos sincrónica, en cada momento y no, por supuesto, una coherencia diacrónica, es decir, durante toda a vida o largos periodos de ella, porque no existe razón alguna para condenar a nadie a ser o siempre intelectual o siempre político. Es más, el tránsito sucesivo por los campos del pensamiento, la reflexión y el análisis y por las trochas de la política, el posicionamiento y la alianza contingente probablemente depare beneficios a la maduración intelectual propia y a la sociedad a la que, de una u otra manera, se pretende servir.

Esta quizas demasiado larga introducción resulta, a mi entender, necesaria para explicar lo que me ha producido el artículo del profesor Joseba Arregi 'Obligaciones y rebajas' (EL CORREO, 29-7-08).

El profesor Arregi ha caído, sin duda, en la facilidad (no sé de qué otra manera traducir 'errazkeria') Se trata, efectivamene, de un artículo fácil.

En primer lugar, porque es impropio del profesor Arregi considerar «valentías» las medidas que critica y «rebajas» los matices, la mesura, la proporcionalidad e incluso la racionalidad que, reconoce, las acompaña. Pareciera que al articulista se le hubiera pegado el deje entre fiero y desdeñoso con que entre nosotros determinado sector político autodenominado radical descalifica todo lo que tiene que ver con la política democrática, el respeto a los otros o simplemente con la convivencia: parcheo, pasteleo, rebajas, fraude, chapuza, etcétera, son los términos que frecuentemente lanzan como pedradas. El 'síndrome Marat' creo que le llaman en Francia y constituye, creo, «la enfermedad infantil de la democracia», parafraseando a Lenin.

En segundo lugar, el profesor Arregi considera «bastante absurdo» que «el Gobierno vasco, por medio de la Viceconsejería de Política lingüística, y dentro del programa de actividades del Consejo Asesor del Euskera, ponga en marcha una subcomisión para elaborar los Criterios de una Política Lingüística para el siglo XXI. Y resulta absurdo porque el Gobierno en el entretanto continúa como si no hicieran falta nuevos criterios, pues está empeñado en seguir con las políticas ya establecidas». Siento tener que recordar al profesor Arregi que, primero, las políticas establecidas gozan de completa legitimidad democrática y de un amplio apoyo político y social y que, segundo, a pesar de ello el Gobierno vasco ha puesto en marcha el proceso de reflexión y debate a que se refiere, precisamente porque cree -creemos- que dichos legitimidad y consenso deben ser actualizados, renovados y replanteados en una sociedad como la vasca, en permanente cambio. Lo contrario, partir de cero como si la historia recomenzara a cada instante, es una de las críticas que el profesor Arregi ha prodigado a todo tipo de políticas públicas de carácter transformador. Entre la utopía adanista y la continuidad sin fisuras, la mayoría hemos optado por la reflexión, el debate y la renovación de los consensos básicos. Ésa es también la apuesta de la Viceconsejería de Política Lingüística, que se está materializando en una posición abierta al diálogo y al acuerdo y un talante renovado, como puede comprobarse en el proceso de reflexión y debate que se desarrolla bajo el epígrafe de 'Política Lingüística de principios del siglo XXI' y al que luego me referiré.

En tercer lugar, porque tras haber criticado el discurso irrestricto de los derechos lingüísticos como exponente de la inmadurez democrática, ahora la emprende con los correlativos «deberes lingüísticos». Pero, ¿cómo se puede criticar durante años que somos como niños que sólo reivindican derechos sin aceptar obligaciones y, a continuación, atacar éstas en nombre de la libertad absoluta?

este respecto, me remito al documento 'Bases para la política lingüística de principios del siglo XXI', que refleja, no en el calor de una polémica y sin la necesidad de simplificar la posición del adversario, lo que es hoy por hoy una posición muy mayoritaria entre muchos interesados en el euskera y la política lingüística. El documento, que está dando pie a un debate que se revela, además de necesario, extraordinariamente rico y en el que el profesor Arregi ha realizado aportaciones singulares, subraya en varios de sus apartados tanto la validez de los derechos lingüísticos de los ciudadanos, de todos los ciudadanos y no, como algunas voces han interpretado, de las lenguas o de los territorios. Subraya también el documento el carácter no absoluto de los derechos lingüísticos, al afirmar que «todos debemos tener presente, y aceptar, que los derechos, con excepción de unos pocos (como el derecho a la vida, por ejemplo), no son absolutos, y que, en ocasiones, ejercer un derecho puede obstaculizar el ejercicio de otro derecho. En cualquier caso, la política lingüística debería condicionar la libertad de los ciudadanos en la menor medida posible. Lo contrario ocurriría si, en lugar de basarse en la voluntad, la política lingüística se basara en la fuerza o en la coerción».

Los redactores del documento creemos que debemos acometer la reflexión acerca de la situación y el futuro del euskera no sólo desde la perspectiva de los derechos lingüísticos, sino también desde la perspectiva de esclarecer qué medidas nos conviene tomar, qué aspectos nos interesa evitar, cuáles nos conviene priorizar y cuáles dejar a un lado, aunque sea temporalmente, en el camino para lograr el objetivo de impulsar y fortalecer el uso del euskera, situando como único objetivo el interés del propio euskera. El establecimiento de esta perspectiva junto a la de los derechos lingüísticos impulsaría las líneas de trabajo y los ritmos de la política lingüística.

Pero junto con ello, el repetido documento recuerda que «corresponde a las autoridades públicas adoptar las medidas adecuadas en orden a garantizar el conocimiento y el uso del euskera. Son los ciudadanos quienes son sujetos de los derechos lingüísticos, y corresponde a los poderes públicos ampararlos, además de la adopción de las medidas oportunas para que los ciudadanos puedan hacer uso de esos derechos, medidas que en muchos casos -e ineludiblemente- pueden producir incomodidades, pero garantizando en todo momento la justicia, idoneidad, proporcionalidad y eficacia de dichas medidas».

Por ello, creo que el profesor Arregi, cuando parece criticar que se exija a funcionarios y servicios públicos que estén, con todas las garantías de proporcionalidad y progresividad, al servicio de los derechos lingüísticos de los ciudadanos, euskaldunes o no, actúa en contra de su propio discurso. Por ello, tildar, como parece hacer el profesor Arregi, de imposición ilegítima, o siquiera exorbitante, que un funcionario o maestro contratado para trabajar en euskera sea obligado a hacerlo es como reconocer que el profesor de Física tuviera el derecho de decidir qué materia impartir cada curso. ¡O considerar que es una imposición inaceptable que se defina el nivel de conocimiento de euskera, o de inglés, que deben alcanzar los alumnos vascos en cada etapa educativa! ¿Qué propone Arregi, abolir los exámenes y las notas, o sólo abolir la enseñanza del euskera?

No tengo entre mis tareas la de vigilar la coherencia del profesor Arregi, pero quienes participamos, poco o mucho, en el debate público en nuestra comunidad, y especialmente en el debate sobre la política lingüística, agradeceríamos que interlocutores tan cualificados como el profesor Arregi se atuviesen a los valores y a los argumentos que proclaman, sin cambiarlos cada vez que les pareciera útil. Lo contrario, como decía el profesor Mitxelena, en respuesta a monseñor Griera, «es como enfrentarse al ajedrez con un adversario que tenga la desconcertante costumbre de mover cuando le conviene los alfiles como caballos o de desplazar su rey varias casillas para huir del mate inevitable. La partida resulta sorprendente por su novedad, pero pierde todo interés al cabo de pocas jugadas».

El interés del propio euskera
Nota del Editor 14 Agosto 2008

Este panfleto no merecería ser copiado aquí, pero dado el esfuerzo que ha hecho su autor para traducirlo al español, sin que al parecer le haya producido urticaria, merece algún pequeño comentario.

Eso de que el vasco, como idioma, pueda tener interés, pues sí, puede que haya gente que tenga interés en el vasco, pero dar el salto y decir interés propio, ya es demasiado. Dotarle de cualquier matiz por el que pueda reconocer interés propio es un disparate. Si está claro que tienen interés propio todos los que viven a cuento de la anormalización de los ciudadanos  que no quieren saber nada de las lenguas regionales y tienen la desgracia de estar sometidos a esos intereses bastardos de los que se aprovechan del tinglado, por encima de la razón, de la constitución y de los derechos humanos.
 

"SIN REFORMAR LA CONSTITUCIÓN"
Fernández Vara acusa a la Generalidad de pretender "un nuevo modelo de Estado"
La financiación autonómica sigue enfrentando a las comunidades gobernadas por el PSOE. Desde Extremadura su presidente regional, Guillermo Fernández Vara, ha denunciado que la Generalidad pretende "un nuevo modelo de Estado por la vía de los hechos" y sin reformar la Constitución. Sin embargo, para Rodríguez Zapatero el debate es innecesario ya que, según dice, siempre ha respetado el estatuto catalán. Además, ha criticado la postura del PP.
Agencias Libertad Digital 14 Agosto 2008

Fernández Vara explicó que sus "conclusiones" tras escuchar las declaraciones realizadas en los últimos días por el presidente de la Generalidad, José Montilla, y su consejero de Economía, Antoni Castells, son que "lo que se está planteando" por parte del Ejecutivo catalán es en realidad "un nuevo modelo de Estado", porque si se tratara "sólo de un modelo de financiación" no se introducirían en el debate "términos" como "los posibles apoyos o no a los Presupuestos Generales del Estado" por parte del PSC.

"Se está queriendo llevar a cabo por la vía de los hechos algo que no se atreven a plantear a las claras; se está intentando llevar por la vía de los hechos a una reforma de la Constitución sin necesidad de reformar la Constitución", apostilló en rueda de prensa el presidente extremeño.

Zapatero: "El Gobierno ha cumplido con el estatuto"
Sobre este asunto también se ha referido el presidente Zapatero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El jefe del Ejecutivo ha dicho que el Gobierno "ha cumplido", ya que ha presentado "una propuesta para el acuerdo" para la reforma de la financiación autonómica, "que depende de dos partes y también de 17".

En este sentido, no ha desvelado si comparecerá en el Congreso, algo que han pedido los grupos parlamentarios del PP e IU-ICV-ERC y se debatirá el próximo día 20, para hablar sobre la reforma de la financiación autonómica.

"Siempre estoy a disposición del Parlamento -ha añadido- y lo que debemos buscar todos es que el debate sea útil al objetivo de llegar a un acuerdo razonable", lo que "necesita muchísima tarea de diálogo y de una actitud global constructiva".

Zapatero ha dicho que se ha alegrado de que "todo el mundo" haya asumido que hay que reformar el modelo, que se hará con consenso y mejorando la financiación actual de las comunidades autónomas. Además, ha rechazado las críticas de que el Gobierno haya incumplido el Estatuto de Cataluña, que fijaba en el pasado 9 de agosto la fecha para tener las bases del nuevo modelo de financiación, y ha recordado que él es "un buen conocedor del texto".

"El Gobierno cumple con el Estatuto -ha agregado-, con éste y con cualquier otro Estatuto" y ha insistido en que el texto habla de llegar a un acuerdo en financiación y no "de que el Gobierno debería aprobar esto".

La Generalidad, sobre Bono: "Declaraciones de verano"
Mientras tanto, el consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, evitó responder a las declaraciones hechas por el presidente del Congreso, José Bono, quien aseguró que todos los diputados socialistas --también los 25 del PSC-- no votarán en contra del Gobierno de Zapatero porque saben que en la obtención de su escaño "ha pesado más" el valor político del presidente Zapatero.

En una entrevista a Rac 1, Nadal contestó un tajante: "no quiero responder". A su juicio, no es hora de "declaraciones de verano --ni de éstas ni de otras-- sino de negociaciones", aseguró. El conseller abogó por sentarse a negociar, mantener la firmeza y la unidad de Cataluña en materia de financiación y también fomentar un diálogo abierto para conseguir un resultado "que es posible", aunque será "muy muy difícil".

ARRÚE EXIGE LA DETENCIÓN DE GOIKOETXEA
"Es indignante que siga en libertad quien se dedica a amenazar de muerte"
Marisa Arrúe, portavoz del PP en Guecho, ha presentado este jueves en el Juzgado número 2 de la Audiencia Nacional la denuncia contra el etarra Zigor Goikoetxea por "amenazas terroristas", después de que el pasado domingo la insultara y amenazara de muerte. En declaraciones a la prensa, ha exigido su inmediata encarcelación ya que es "indignante que siga en libertad quien se dedica a amenazar de muerte".
Europa Press Libertad Digital 14 Agosto 2008

Marisa Arrúe recordó que "no es la primera vez que es amenazada por este radical", ya que, en el año 2000, Goikoetxea participó en una protesta durante un pleno municipal en Guecho en el que profirió también insultos contra la portavoz popular.

La dirigente popular insistió en que "es indignante que un individuo cuyas actividades y acciones son notorias y conocidas, que se dedica a amenazar y acosar a los demócratas todas las veces que puede, siga en libertad paseándose por las calles de Guecho".

Arrúe también señaló que "los hechos que han provocado esta denuncia no se habrían producido si la Ertzaintza hubiese estado allí". Asimismo, calificó de "patética" la felicitación del alcalde, Imanol Landa, a la Policía municipal por su actuación, "cuando la actitud de ésta, fue totalmente pasiva, hasta el punto de que ni siquiera intentaron identificar a los participantes".

Por último, reprochó primer edil, del PNV, que "haya sido el único que no ha llamado para interesarse por lo ocurrido ni para solidarizarse con nosotros, cuando todos los demás portavoces de los grupos municipales se han puesto en contacto con nosotros con este motivo".

En este sentido, el secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzabal, ha asegurado que el citado Zigor Goikoetxea no es la primera vez que amedrenta a ediles populares, sino que "ha acosado a Arrúe y concejales de Guecho en numerosas ocasiones". Además, consideró que los partidos del tripartito y Aralar buscan "el victimismo" al personarse en el procedimiento contra la consulta cuando carece de "legitimidad".

La marcha proetarra, "exaltación del fascismo"
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Oyarzabal también se refirió a la manifestación convocada por los proetarras, coincidiendo con las fiestas de Bilbao, y dijo que en el País Vasco "somos muchos los que tenemos la sensación de que durante años los radicales han campado a sus anchas por las calles".

A su juicio, es necesario "acabar con esa impunidad, porque no puede ser que en las calles de este país y, sobre todo, en muchas comarcas y pueblos, se sientan dueños de la calle y capaces de amedrentar a los demócratas".

"A eso es a lo que tenemos que poner coto, porque no puede ser que se conviertan siempre este tipo de manifestaciones en una exaltación del terrorismo, del fanatismo y del fascismo", advirtió, para añadir que "no puede ser que nos hagan la vida imposible y que todo eso se permita con total impunidad".

Díez: "El PP copia lo peor del zapaterismo"
 Periodista Digital 14 Agosto 2008

No le falta razón a la diputada de UPyD cuando asegura que, gane quien gane las elecciones, "terminan mandando los nacionalistas". Rosa Díez cree que los problemas por el uso -o desuso- del castellano en Galicia y Baleares y la financiación autonómica son responsabilidad del PP que "ha copiado lo peor del zapaterismo".

La líder de UPyD criticó la "vulneración" de los derechos fundamentales que a su juicio se está produciendo en España con el uso del castellano y advirtió de que la pretensión de hacer "guetos lingüísticos" está sucediendo ante "la pasividad de las grandes fuerzas políticas nacionales y la complicidad activa del PSOE y el Gobierno".

Rosa Díez recordó sin embargo que la ley "que hoy excluye el castellano del espacio público" en Galicia fue aprobada bajo el mandato del 'popular' Manuel Fraga, la misma situación que en Baleares, donde la legislación actual fue aprobada por gobiernos del PP.

Y ojo con lo que empieza a pasar en la Comunidad Valenciana: no han ido más lejos porque allí ni el PP ni el PSOE han necesitado los votos de los nacionalistas para gobernar.

En este sentido, alertó también de la actitud de los 'populares' en Cataluña y criticó que allí "dan una de cal y otra de arena".

Lamentablemente, la estrategia global del PP se está limitando a copiar lo peor del zapaterismo. Aquello que nos ha llevado a una situación en la que en España, gane quien gane las elecciones, terminan mandando los nacionalistas.

La líder de UPyD llegó a la misma "triste conclusión" en el debate sobre financiación autonómica y recordó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, celebró hace cinco años una reunión de 'barones' socialistas en Santillana del Mar sobre las reformas estatutarias, igual que el pasado mes se reunieron los dirigentes 'populares' en San Millán de la Cogolla. "Como para estar tranquilos...", apuntó.

Tribunales
Las asociaciones de víctimas abren una colecta para poder acusar a De Juana
Dignidad y Justicia pretende recaudar los 2.000 euros que reclama el Ministerio Público
La AVT se queja de que los depósitos que le exige la Fiscalía para personarse en las causas «ahogan» a la asociación.
R. C. La Razón 14 Agosto 2008

MADRID- La decisión de la Fiscalía de solicitar al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que imponga una fianza de 2.000 euros a las tres asociaciones que se han querellado contra el etarra José Ignacio de Juana Chaos ha obligado a tomar medidas a las asociaciones para poder seguir sus planes. Tanto, que una de ellas, Dignidad y Justicia (DyJ), está dispuesta a poner en marcha una colecta con el objetivo de recaudar esa cantidad, sobre la que el magistrado, no obstante, todavía no se ha pronunciado. Velasco investiga si el terrorista pudo cometer un delito de enaltecimiento del terrorismo al escribir presuntamente una carta en la que ensalzaba al etarra Domingo Iturbe Abasolo «Txomin», una misiva que fue leída en el acto organizado en San Sebastián el pasado día 2 para dar la bienvenida al etarra tras su excarcelación.

«Dificultades económicas»
En un comunicado, el presidente de DyJ, Daniel Portero, justifica la iniciativa en «las dificultades económicas» que atraviesa la asociación y en «las solicitudes elevadísimas de fianzas en la Audiencia Nacional que el Ministerio Fiscal nos exige para personarnos en las diligencias previas para procesar a De Juana». Portero ha tenido incluso que presentar su domicilio como aval para obtener de los bancos el dinero necesario para pagar las fianzas impuestas por la Audiencia Nacional y poder personarse así en las causas judiciales contra ANV, PCTV y Egunkaria. En este caso, Dignidad y Justicia ha abierto una cuenta en Unicaja (nº 2103-0149-20-0030010258) para destinar las donaciones «al pago de esta fianza y otras que nos soliciten en la Audiencia Nacional».

Otra de las asociaciones afectadas que podrían verse obligadas a desembolsar 2.000 euros para acusar a De Juana es el Foro Ermua. Su abogado, Fernando García-Capelo, acusa a la Fiscalía de «no cumplir su cometido pidiendo al juez que nos imponga una fianza». Para el letrado, «es destacable que la petición de fianzas se empezase a generalizar durante la tregua, cuando las acusaciones populares tuvimos que hacer el trabajo que no hacía la Fiscalía». El Foro Ermua se queja de que la medida «pone coste a nuestra actuación en defensa de la legalidad». «Aquí no va nadie sobrado de dinero. Somos asociaciones sin ánimo de lucro, las subvenciones se han reducido mucho y los donativos no dan para tanto. No nos sobra un duro y si tenemos que pedírselo a la gente, lo haremos», advirtió.

Por último, el presidente de la AVT, Juan Antonio García Casquero, denuncia que fianzas como ésta «ahogan» económicamente a la asociación. Últimamente, se queja, son «tan altas» que tienen que «hacer cuentas» para personarse como acusación popular, informa Servimedia.

Por otra parte, el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Francisco Monterde -preguntado antes de su intervención en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial- recordó que el TS «siempre ha hablado de que tiene que existir proporcionalidad y de que la fianza no ha ser muy elevada para permitir la acusación».

Los ejes de unidad del movimiento de resistencia- II
NOA Comunicado nº31.
www.nucleosoa.org 14 Agosto 2008

             Ante la posibilidad de no ser suficientemente precisos en las propuestas políticas y  organizativas que realizamos en nuestros comunicados, consideramos necesario formular los ejes básicos imprescindibles para vertebrar el movimiento de verdadera y efectiva resistencia a las tiranías nacionalistas y a los cómplices institucionales que las sostienen: 

·      Defensa firme de la unidad nacional y del carácter de nación de España, de su cultura y de su historia. 

·      Derogación del “Estado de las Autonomías”, fuente del poder de los nacionalismos y aberración política y económica. Lo que requiere propugnar la modificación de la Constitución, en éste sentido, y cambiar la Ley Electoral.

 ·      Regeneración democrática en profundidad frente al sistema oligárquico de los partidos anquilosados. 

·      Instauración, en todos los temas, del principio de protección de la población frente a entelequias políticas y derechos intermedios ajenos a las personas y a la colectividad del pueblo. 

            En éste documento proponemos un examen sucinto del segundo punto, sin la pretensión de considerarlo cerrado, antes al contrario, agradeceríamos vuestras reflexiones y análisis para en una ulterior síntesis alcanzar una plataforma interpretativa común.

Derogación del “Estado de las Autonomías”.

 Hace aún pocos años, criticar el Estado de las Autonomías era “franquismo puro”. Ahora se va viendo que son la base del problema, del poder, del saqueo y del chantaje de los nacionalismos disgregadores. De antemano identificamos una vertiente política y otra económica. 

La primera cuestión que debemos abordar es ¿autonomías para qué?. Si de lo que se trata es de dar satisfacción a grupos que persiguen la disolución nacional o posiciones de privilegio, es estúpido que les hagamos la cama, que es lo que se ha hecho, lo que ha hecho la oligarquía política para cimentar su dominio. 

Todo por el consenso a machamartillo del suarismo en la Santa Transición del 77, antecedente del “talante” del régimen socialista de Rodríguez Zapatero. Se recurrió para ello a los Estatutos autonómicos de la maldita II República, origen de todos los males del siglo XX español. Estos Estatutos fueron aprobados exclusivamente por el empecinamiento del presidente Azaña (que quería resguardar el flanco de la izquierda nacionalista catalana), autor de la alianza de las élites republicanas con “los gruesos batallones populares” de la izquierda socialista, lanzados a la subversión. 

Para hacer pasar ese trago, Adolfo Suárez ideó el “café para todos”, todos autonómicos. Esto es el autonomismo político, de origen derechista. El izquierdista viene del intento (exitoso) de identificar república, izquierda y nacionalismos separatistas, obviando la ofensiva contra la II República “burguesa” de la izquierda, y saltando directamente a la apropiación de socialistas y comunistas de la República durante la guerra civil, cuando controlaban todos los resortes del poder republicano. 

Era previsible que esta situación desagradara, ideológicamente, a los nacionalistas, pero les proporcionaba una fuente permanente de chantaje político-económico. Primero porque el Estado autonómico no refleja toda la “singularidad” que el complejo de inferioridad y envidia, base psicológica del nacionalismo, reclama. En segundo lugar porque el nacionalismo es totalitario por naturaleza y lo quiere todo y absoluto, excluyendo al contrario hasta eliminarle físicamente. Y luego porque el carácter abierto e interminable del proceso autonómico (porque es un proceso y no una situación organizativa) les permite ordeñar la vaca hasta secarla. 

Si se argumenta que es cuestión de descentralización, la pregunta sigue siendo ¿para qué?. Como en el mundo empresarial, sólo puede tener sentido para obtener eficacia y reducción de costes. El resultado autonómico ha sido el contrario, y de largo. Y sabido es que una unidad autónoma, cuanto más pequeña es, más caros resultan sus gastos. 

Por otra parte, si se trataba de simple descentralización, ya estaban las diputaciones locales, y tal y como lo expresó el ex-presidente socialista Felipe González, con gran indignación de los nacionalistas. Esta actitud, a caballo entre las proclamas de “cercanía” (¿las autonomías en lugar de los ayuntamientos?) y “eficacia” (ahí está el derroche autonómico) y las constantes reivindicaciones “culturales”, les ha reportado grandes créditos políticos. 

El municipalismo y el localismo, herencias culturales del Antiguo Régimen feudal, estuvieron presentes en los programas regeneracionistas tanto de liberales como de conservadores, con variados argumentos, surcando la agitada Historia del siglo XIX español, como falsos emblemas de democratismo y antiguas libertades que algunos remontaban a la época de los Reyes Católicos. Perduró incluso en programas como los de la fascista Falange Española, y sigue siendo un arma antimoderna muy apreciada por la extrema-derecha europea de diverso pelaje. 

Huelga decir que sólo arrancando este problema en su raiz podemos solucionarlo. 

Pero el olfato y motivo oculto para las oligarquías locales es economico. El “se obedece pero no se cumple” de estas oligarquías locales ya condicionó el esfuerzo por la construcción del Estado nacional y supuso, como ahora, una sangría para la Hacienda pública y un freno al progreso económico y social. Como hoy. 

Aspecto político

 Es bien conocido que el estado central unitario tuvo un desarrollo muy lento y deficiente, en España, a lo largo del siglo pasado y que su funcionamiento democrático fue muy precario tanto en cuanto a la solidez de sus instituciones como en sus medios económicos, siempre obstaculizado y hostigado por fuerzas que, originarias en los privilegios feudales del Antiguo Régimen, han evolucionado en su formulación y representación (de los antiguos señores a las modernas oligarquías económicas y políticas). Si bien el peso e implantación social de esas fuerzas siempre fue muy minoritario, la endémica debilidad, la falta de convicciones, e intereses espurios de los políticos hizo el resto. 

Prematuramente se definió que el estado central unitario era una fórmula ineficiente y anticuada (sin haber llegado realmente a existir de una forma estable y continuada) y que el estado descentralizado era mucho más eficiente y democrático (sin pruebas de ello). Mientras tanto, en el resto de países europeos se construían estados unitarios, con notables dificultades, en entornos con mucha más diversidad y complejidad social que en España. 

Esos estados han funcionado democráticamente hasta el presente, no puede decirse que hayan sido obstáculos al progreso económico, social, y político, y por el momento no se cuestionan. Más bien, ante el ejemplo negativo de España, que nadie sigue, se reafirman en la conservación de su estado unitario (Francia, Inglaterra, Italia,…no son menos democráticas que España; Alemania sigue el proceso inverso). E incluso hacia esa estructura unitaria se aproximan, de hecho, los pocos estados federales existentes, formulados para unir partes igualitariamente, no para disgregar unidades históricas previas. 

Pero “los políticos” de la “transición”, al igual que los de la IIª República, también definieron que la democracia y el estado central no eran posibles sin gobiernos regionales autónomos y fuertes. Convicción, sincera o no, en todo caso gratuita, pero muy conveniente para una pléyade de aspirantes a políticos, arrivistas de todo pelaje (muchos de ellos procedentes del franquismo), que vieron en el proyecto de un estado basado en autonomías una enorme cantidad de nuevos puestos a cubrir, prebendas y regalías a repartir, poderes locales a hacer crecer al máximo incluso por encima del Estado común, aún a costa de desmembrar el país. 

Así arrancó el proceso de elaboración de la Constitución de 1978, como un proceso de “refundación del Estado”.

 El desarrollo de la nueva Constitución se llevó a cabo bajo la constante presión de los nacionalistas, que aunque muy minoritarios, intervinieron (como ponentes) en la redacción de la misma ya que se pretendía que fuese la Constitución “de todos” (especialmente de quienes desde el inicio anunciaban su repudio). Precisamente, por eso, resultó un redactado ambiguo y con notables defectos, características muy convenientes y en absoluto ingenuas. 

La Constitución de 1978 plasmó e hizo realidad la división territorial de 1873 y 1931, regionalización que según los “constitucionalistas” no representaba ningún riesgo para la unidad ni una amenaza a la existencia de España. Ceguera voluntaria, cuando desde el inicio de las discusiones preliminares, el recién emergido (y exiguo) nacionalismo vasco mostró su maximalismo e intratabilidad así como su negativa a aceptar el juego democrático. 

Pero con la excusa del “consenso” (“tabú” de la transición) se justificaron cesiones muy imprudentes, algunas notorias y otras más insidiosas. Con ellas se pretendió contentar a los nacionalistas, facilitarles “acomodo” y lograr su integración en una “democracia avanzada”. No sabemos si fue ingenuidad o estupidez, o algo peor. 

Los complejos y el miedo, cuando no el desinterés y el desafecto al país, se evidencian a lo largo del texto que apenas se atreve a mencionar a la “nación española” y frecuentemente recurre al eufemismo “el Estado” para evitar el término “España”, o aplica a la lengua común y de integración social, la denominación de “castellano”, en lugar de “lengua española”. No es la primera vez que ocurre. 

En especial, conviene señalar esa especie de culto reverencial a la historia, como si pretendiese fundar en ella su legitimidad. Nada se opone a referirse a la historia pero no como “fuente de derechos”, y menos aún asumir historias (locales) falsificadas que los apalanquen. Si el estado centralizado es una antigualla a desechar, no menos lo son los supuestos “derechos históricos”, pero en ningún caso la Constitución debe amoldarse a ellos, sinó al revés.  

Pero las vacilaciones y la falta de convicciones, queriendo agradar y satisfacer a todos (incluso a los que nunca quieren darse por satisfechos), llevaron a introducir el indefinido término de “nacionalidades”, sin especificar su alcance, para “diferenciar” a unas comunidades de otras, lo que ha tenido consecuencias tremendas; de ahí se ha pasado, también equívocamente, a la denominación de “nacionalidades históricas”, cuyo verdadero significado (“comunidades que tuvieron un estatuto aprobado anteriormente – II República-“) se olvida expresamente para aprovechar “otro tipo de resonancias” e interpretaciones que nadie, nadie, se ha molestado en desmentir públicamente y con contundencia de una vez por todas, abriendo paso a que todas las regiones reclamen para sí la misma condición.  

Si hay algo que los nacionalistas no pueden soportar es la igualdad, de modo que con su propia lógica ahora se reclaman “nación”, y lo mismo van haciendo progresivamente sus imitadores, lanzando un proceso de despropósitos al alza que lleva a la aberración de pretender imponer una definición exótica: “España es una nación de naciones”. Nadie sabe qué es eso, y los propios nacionalistas son conscientes del imposible, pero les interesa forzar ese engendro que saben que se autodestruirá caóticamente. De momento es una proposición inquietante y desestabilizadora; no es la única.  

Nunca debió olvidarse que las cacareadas conciencias nacionales” de los antiguos reinos, ni existen ni han existido, son puras creaciones de los partidos nacionalistas, como también lo son los “hechos diferenciales. Ahora hay que soportar a una cuadrilla de imitadores. 

El tristemente célebre “Título VIII”, definido por algunos como un “cajón de sastre” donde se van acumulando toda clase de disposiciones inconexas para “salir del paso” ante las encerronas de los nacionalistas, es, en realidad, su mayor éxito. Según se dijo entonces, las deficiencias e interpretaciones torcidas irían siendo corregidas sobre la marcha por el Tribunal Constitucional, pero este tribunal, controlado por los políticos (incluyendo a nacionalistas), está resultando un instrumento imparable en el desguace de la nación; al no constituir una referencia externa sometida exclusivamente a derecho, resulta en una legalidad trucada.  

No podemos extendernos en el examen detallado de todas las deficiencias del sistema, pero sí hay que remarcar una de sus características más perniciosas: el sistema es permanentemente abierto, no se prevé cual pueda, o deba, ser el final en un proceso sin límites pero que da lugar a una gran inestabilidad institucional. El techo competencial de los entes autonómicos no está determinado, y al amparo de las ambigüedades constitucionales aquellos exigen como competencias pendientes las que deberían ser exclusivas del estado (nunca definidas), y así se han invertido los papeles: la Constitución define que los Estatutos forman parte del ordenamiento jurídico del Estado del que dimanan, pero ahora las autonomías “blindan” sus competencias, con lo cual es el Estado quien tiene que adecuarse a los Estatutos y conformarse con lo que le dejen, sin “blindar” nada para sí. 

En combinación con esta Constitución deforme se implementó una Ley Electoral no menos nociva y decisiva. Al amparo de la misma se ha arruinado por completo el insoslayable principio democrático de “un hombre un voto, y todos los votos valen igual” como cualquiera puede comprobar examinando los resultados de cualquier elección general (p.ej. ERC, más que un partido una banda de malhechores radical y violenta muy minoritaria, obtiene más representación, con muchísimos menos votos que IU -vaya otros-, y así, puede verificarse partido a partido, el verdadero valor de cada voto). A este resultado se ha llegado mediante la definición de las regiones o provincias como circunscripción única, la implantación exclusivamente “regional” de un partido, y la representación proporcional “corregida”. 

En conjunto se ha diseñado un mecanismo electoral que hace muy difícil que se puedan formar mayorías absolutas obligando inexorablemente a pactos post-electorales que dan la “llave” del Gobierno a minorías sobrerrepresentadas (sobre todo a aquellas que se declaran explícitamente enemigas del sistema y se proponen su destrucción). 

Si la Constitución incentiva a los nacionalismos, no menos lo hace la Ley Electoral que les arroga un poder desmesurado. Pero no debemos olvidarnos de otros grandes culpables: los partidos políticos (especialmente el PSOE y el PP), que pudiendo cambiarla, no lo han hecho, ni se proponen hacerlo movidos exclusivamente por sus cálculos electorales e intereses espurios. 

No vamos a olvidarnos de los panegiristas del sistema, los padres del engendro y numerosos y sesudos “analistas” y políticos que reivindican la perfección, lo imaginativo, lo innovador, lo avanzado, lo equilibrado del sistema político creado, para quienes esta Constitución, por fin, “vertebra una nación plural”. Esta ficción no puede mantenerse sin una intensa y constante propaganda sostenida por los corifeos del nuevo régimen en la que participan numerosos “intelectuales”, maestros, periodistas e incluso “artistas” (el “mundo de la cultura” ¿?), generalmente adscritos a una “izquierda”, que no lo es, mera progresía esnob, cuya única seña de identidad parece ser su antiespañolismo vergonzante (sinónimo de antifranquismo retrospectivo de muchos que, bien incrustados en el régimen anterior, necesitan ocultar su origen), y su incoherencia y vacío ideológico sustituido por toda clase de desechos sociales. Junto a éstos hemos de colocar a una “derecha”, que no tildamos de acomplejada, sino de indiferente al país, e incapaz de anteponer la nación a sus intereses sectarios; para ella “España” no es más que un mero argumento instrumental de ocasión, y cuyo único objetivo es participar en el “reparto” de poder. 

Todos ellos han participado en ese engaño, en la ocultación y negación del rumbo y destino del proceso en marcha, con la finalidad de evitar la alarma social y una posible movilización ciudadana, único medio de dar al traste con esta indignidad para una población que se ha encontrado indefensa en manos de unas oligarquías políticas inamovibles y pestilentes y los nacionalismos, y atrapada en una red tejida entre la Constitución y la Ley Electoral. 

Consideramos irrelevante analizar teóricamente el sistema, basta con observar los efectos más notorios y visibles de una Constitución mal hecha

No es que el sistema no haya funcionado bien, ni que se haya aplicado mal, es que no podía funcionar de otra manera: la disgregación es el camino que abre el Título VIII. Porque todo el dispositivo se basa en la lealtad de unos partícipes que siempre fueron desleales y mezquinos y no han cambiado, porque esa es su naturaleza. 

Si las negociaciones de los Estatutos iniciales concluyeron con claudicaciones e indebidas cesiones, la misma tónica han mantenido sucesivamente todos los Gobiernos de la democracia sin excepción. Todos han dejado pasar con pasividad, negligencia y connivencia, flagrantes violaciones de la Constitución (y de los propios Estatutos). Tanta impunidad no podía más que transmitir a los nacionalistas un mensaje de intangibilidad que les ha hecho crecer y envalentonarse. 

Como no podía ser de otro modo, el fantástico “Estado Autonómico” ha sido inmediatamente desbordado por una cascada de procesos miméticos en todas las regiones. Fundamentalmente por dos razones prácticas al menos: los intereses de los políticos locales (o taifales) y la acción de unos “diferencialismos” que terminan generando agravios comparativos. 

En cuanto a la primera, cada vez más los señores locales (“barones”) de todos los partidos perciben que intereses y oportunidades están en las “regiones” y no en un “Estado central” que ya es residual o inexistente en algunas y que va camino de serlo en otras, por lo que cuando ya sea un cascajo inútil y vacío habrá que deshacerse de él. Dichos barones territoriales han logrado imponer sus intereses personales (justificados como “cálculo electoral”) a un interés general que el “partido de ámbito nacional” ya no puede representar.  

La segunda razón hace referencia a una dinámica inevitable: todas las regiones se reivindican víctimas de “injusticias históricas”, todas son protagonistas de historias “únicas”, exclusivas, desligadas de las demás (y convenientemente mitificadas). Todas están oprimidas por España. Y dado el carácter sacro que se ha otorgado a las “lenguas” locales (ahora declaradas “propias”, prescindiendo de la población real), todas se afanan en inventarse una. La desfachatez no tiene límites. El caso es rechazar vehementemente la lengua común, desprestigiar y dificultar su utilización y su enseñanza (erradicada ya en Cataluña), porque eso da prestigio y demuestra más radicalismo. Esta carrera desbocada en el rechazo de todo lo que nos une, ha sido liderada por los numerosos partidos regionalistas-nacionalistas que han proliferado con una agresividad inusitada, y a más violentos e independentistas se manifiestan, adquieren más legitimidad como “progresistas” y de “izquierdas” (ahora lo reaccionario es progresista). Lo moderno es eso, lo demás es “caspa”. A tal extremo ha calado esta perspectiva que los propios partidos de ámbito “nacional” (que no “nacionales”) se sienten deslegitimados y sus secciones regionales descalificadas como “sucursalistas” de “Madrid”, pese a que adaptan sus estructuras a un modelo federal-autonómico en el que se desnaturalizan. 

La disgregación ha penetrado en todas las instituciones, incluso en las de la sociedad civil aplastada ya por las exigencias identitarias. 

Las indebidas transferencias de “Cultura” y “Educación” a manos de las Comunidades han puesto en marcha procesos de ingeniería social dirigidos al repudio y al odio a España de consecuencias incalculables. 

En el “Estado Autonómico” hay menos igualdad que en los estados centralizados, y sin igualdad es una quimera la democracia y la libertad. Este Estado es menos democrático porque necesariamente las “naciones” no pueden sino reclamar derechos exclusivos para sí, y eso implica crear Estados distintos: la disgregación. 

De hecho lo que ahora aún se denominan Comunidades Autónomas tienen un funcionamiento y desarrollo institucional y burocrático hipertrofiado de muy difícil control, igual al de los grandes Estados. Un hecho insólito, con un coste brutal y un derroche extremo al que por nada renuncian en su política propagandística de hacerse visibles y de “prestigio”, ahora ampliada con la autoarrogación de la representación internacional y las inminentes “selecciones deportivas nacionales” (la española ya no podrá ser “nacional”, y tal vez ni existir), una cuestión en absoluto baladí digan lo que digan nuestros politicastros, se trata de un verdadero “abrelatas”. Si las transferencias de competencias han estado mal hechas, obedeciendo a las exigencias de los nacionalistas, su administración por parte de las Comunidades está resultando desastrosa. La teórica igualdad de derechos de los españoles en todo el país es pura filfa. 

A éstos resultados nos ha conducido la única evolución posible de la actual Constitución, al eufemismo ridículo y falso de la “España plural”. 

Aspecto económico 

El Estado de las Autonomías es una estructura notablemente costosa, ineficaz, inútil y dispara la desigualdad. No olvidemos que esta aberración requiere el triple de funcionarios que un sistema normal, centralizado, lo cual ya nos resta un punto y medio de crecimiento del PIB anual. 

El establecimiento de fronteras económicas neofeudales impide además la redistribución de la riqueza. Puestos a trocear, ¿por qué Barcelona debe pagar el menor desarrollo de Lérida?, ¿o por qué las zonas fértiles de ésta deben pagar la aridez de otros lugares de la provincia?. La excusa nacionalista esconde un sistema de saqueo de las oligarquías locales que arranca de la Edad Media. Sirve también para cubrir una buena cantidad de envidias y frustraciones sociales y personales que el nacionalismo encauza y alienta. 

El exiguo 30 % de la economía que controla el gobierno central se une a todas las desventajas de la descentralización: dispersión, solapamiento, caciquismo, corrupción, control político... para impedir el desarrollo. Así el crecimiento real del PIB español lleva 25 años por debajo de nuestra tasa de crecimiento potencial. Irlanda partió de nuestra misma posición y ahora es la tercera economía europea, con una renta per cápita de 33.000 €/año, un 65 % superior a la española. 

No entraremos en un análisis del maldito Estatuto catalán, que consagra el saqueo sistemático de la economía española, por el que el gobierno español no puede intervenir en la economía catalana (que se aprovecha del mercado nacional) pero la Generalidad tiene derecho de veto, lo que no existe ni en las confederaciones. Y esto unido al derroche e incompetencia demostradas largamente por los partidos catalanistas. 

Una situación de vasallaje absurda además puesto que la economía catalana depende totalmente de la española y su mercado nacional. Como el resto de autonomías pudientes van a exigir lo mismo, serán los pobres los que decaerán, especialmente Andalucía y Extremadura, de siempre estigmatizadas como “vagos y ladrones” (justo al revés, lo son ellos).

 Tampoco vamos a entrar en el sistema foral vasco, por el que el gobierno autonómico recibe transferencias de impuestos recaudados bajo la soberanía fiscal de las diputaciones forales. Esto no existe ni en Suiza ni en los EEUU.

 El navarro es distinto porque es una sola provincia, sin la compleja red de interdependencias y relaciones forales. Franco mantuvo privilegios forales en Navarra como concesión al apoyo carlista a la rebelión de 1936. Los reaccionarios de extrema-derecha son muy devotos de los antiguos privilegios feudales contrarios al moderno Estado centralizado que en España vino de la mano de los liberales, con todos los defectos de estos sin embargo. 

Tenemos también el caso especial de Canarias, con un régimen fiscal propio en la imposición indirecta. Y el de las autonomías de régimen común uniprovinciales, donde destaca el caso balear, con sus consejos insulares que no se han extinguido frente a la Hacienda autonómica. 

A esta complejidad se une el hecho político de un gobierno central permanentemente claudicante y que no hace cumplir las normas y leyes comunes frente a las periferias desleales, sublevados y que desean “negociar” siempre porque en cada negociación no pierden nada y siempre cae algo. Este proceso de putrefacción aún se complica más por el hecho de que el sistema fiscal de una autonomía no puede ser adoptado por otra, como sería lógico en una situación de igualdad y no de privilegio flagrante. De ahí que el ex-presidente regional catalàn, Pascual Maragall, hablara descaradamente de “asimetría”, es decir, de desigualdad, de injusticia. 

Las CCAA tienen todas las ventajas, el Estado ninguna, es el malo de la película, el receptor de todas las demandas, mientras que las CCAA se dedican a reducir impujestos, por ejemplo, o a dar subvenciones, medidas demagógicas y populistas, que paga el gobierno central, es decir todos los españoles. 

Este es uno de los males del bilateralismo al que se tiende cada vez más, y otro es que no hay un criterio de equidad fijo, todo este tinglado se basa en “derechos históricos” falsos y aberrantes, que han logrado pudrir la democracia e instalar un mar de castas políticas, estructuras burocráticas, corrupción económica y clientelismo político.

 De ahí parten las tan manidas balanzas fiscales, una obsesión del profesor nacionalista Trias Fargas. 

Pero las balanzas fiscales deben integrarse en un sistema completo de flujos económicos y financieros de toda España, extraordinariamente complejo. 

Para demostrar lo que está en juego tanto a nivel político y económico como de derechos democráticos y justicia social, baste decir que el 75 % de los flujos interregionales de ingresos y gastos derivados de la actividad del sector público son atribuibles en exclusiva a la redistribución personal de la renta, por la que se ajusta la equidad y se compensan las diferencias entre ricos y pobres, consecuencia del fucionamiento del mercado, lo cual aún sigue siendo la base del sistema político y social democrático. 

Otro 8 % financia la creación de bienes públicos y regulatorios y sólo un 16 % de los gastos para el reparto territorial. Estas son las cifras y los hechos con sus posibles (probables) consecuencias. 

De otra parte, el victimismo vasco, con una economía del 7 % nacional, y el catalán, con una economía de saldo equilibrado: tercera CCAA en PIB per cápita y tercera en aportación neta por habitante, especialmente equilibrada en comparación con Madrid o Baleares. Si tuvieran que protestar por algo sería por el CEV (cupo vasco). Y si de beneficios hablamos, la catalana es la región con el mejor saldo comercial favorable

Ya no es sólo el aprovechamiento del mercado nacional ni el trasvase de población y de ahorro en el pasado y hoy, con los beneficios escandalosos de su banca, sino de otros parámetros, como la población activa y la pasiva (jubilados, parados, minusválidos...) que no les interesa tener en cuenta porque salen perdiendo. 

Como la campña de finales de los años 70, “somos 6 millones” (de catalanes), aquí sí les interesó incluir a los “charnegos” para desactivar su oposición. Para el resto no

En definitiva, el reparto fiscal no depende tanto de marcas territoriales o de poblaciones geográficas, como de las diferencias sociales individuales, es decir entre ricos y pobres. Si hay zonas subdesarrolladas es porque se ha promovido el desarrollo de otras. Franco bien pudiera haber instalado fábricas fuera de las zonas industriales tradicionales, o proteger otras que decaían. Especialmente con el INI. Ya había un grupo de falangistas de Barcelona que lo proponían. Profetas. Sin embargo los nacionalistas desagradecidos aún critican el Plan Badajoz.

 El saqueo económico 

La sangría político-económica tiene tres pilares: el funcionariado, la clase política y el dinero.

En cuanto al funcionariado, tenemos más de un millón y medio autonómicos y 600.000 locales, frente a poco más de medio millón nacionales (la tercera parte policía y militares). En 15 años han aumentado en 800.000, de ellos 700.000 son autonómicos. Y ello sin contar Universidades, diputados, órganos constitucionales, personal de empresas públicas, etc, con lo que podríamos engordar la cifra en varios centenares de miles más.

El porcentaje de altos cargos y sus sueldos es de escándalo. Hace seis años había un alto cargo por cada 1.979 funcionarios en la Administración Central, en las CCAA la proporción era de un alto cargo por cada 412. Sus sueldos suponían el 0,12 % en la Administración Central, y en las autonómicas el cuadruple. El tripartito catalán, que hizo bandera de la denuncia de los gastos pujolistas, ha aumentado espectacularmente el número de altos cargos. 

A esto hay que sumar el aumento de personal en la Administración Central con la política del PSOE desde 2004, que ha sido de un 30 % en estos últimos cuatro años. En cuanto a las CCAA, el número de funcionarios parece querer ser su gran secreto, porque la opacidad es absoluta, hasta el punto de que los 2,5 millones de funcionarios oficiales se convierten en 3 según el boletín Estadístico al Servicio de las Administraciones Públicas y la EPA (Encuesta de Población Activa). 

Y este aumento de plantillas autonómicas no se justifica por el traspaso de competencias, porque desde el año 2000 no se ha transferido ninguna que implicara un número importante de funcionarios. Lo mismo cabe decir de los ayuntamientos. El hecho es que desde 1998 el número de funcionarios autonómicos se ha duplicado. 

Las diferencias en los sueldos de los funcionarios autonómicos y los nacionales roza el escándalo, y aumenta a medida que desciende el rango (lo cual es una forma de presentar al nacionalismo como “popular” y “obrero”). Los que más ganan son los vascos, gracias al maldito Concierto Económico que pagamos todos. Las diferencias son de un 30 % a un 70 % (¡!) con respecto a la menor. 

Le siguen en esta comparativa Canarias y Baleares. Los motivos de estas desmesuradas diferencias son los incentivos autonómicos a antiguos funcionarios nacionales y las consecutivas negociaciones sindicales, que parten de una obligatoria subida anual del 2 % inscrita en los Presupuestos Generales del Estado. 

En cuanto a la clase política, existen 65.522 concejales, 8.108 alcaldes, 1.034 diputados provinciales, 784 autonómicos y 2.175 ediles locales diversos, además de los 350 diputados y 254 senadores nacionales. Los autonómicos cobran sueldos que están entre los 9.000 y 51.000 euros más dietas. En Cataluña, por ejemplo, es de 34.000 y en Galicia de 30.000. 

El presidente regional catalán cobra casi 150.000 y el madrileño 88.000, y el vasco 81.000, como el nacional. Un consejero catalán cobra 130.000 y uno de sus secretarios sectoriales 80.000. Los funcionarios que más cobran son los vascos, claro, con el dinero de todos los españoles. 

Los primeros diputados democráticos entraron cobrando 50.000 pesetas, que pronto se autoaumentaron al doble, y se dotaron de múltiples privilegios entonces inexistentes: transportes, créditos, gastos de representación, pensiones íntegras.

Y llegamos a la deuda autonómica. Suma en el 2007 la cifra astronómica de 60.743 millones de euros, el 5,7 % de su PIB. La CCAA con mayor deuda sigue siendo la catalana, con 16.671 millones, seguida de la valenciana con 11.130. La deuda global con la banca es de 25.000 millones, el 14 % de los presupuestos regionales, que aumenta al doble si se añade el ayuntamientos y diputaciones. 

Desde 1995 ha ascendido de forma vertiginosa. En 2002 era menos de la mitad de la actual (31.294 millones). Ya en 1984 la catalana era la más elevada. 

Y no vale hablar de lo que aportan, de la “solidaridad”. Cataluña aporta el 3,32 % de su PIB al resto del territorio español, pero Madrid lo hace con un 10,88 %, y Baleares con un 6,99 %. El País Vasco y su Concierto Económico representa sólo un 7 % de la economía española, y reciben mucho más, que malgastan. 

No es de extrañar que en 1984 pagáramos 1.645,6 pesetas de impuestos directos y 1.521,9 de indirectos por habitante, y en el 2000 las cifras se vayan a 8.008,0 y 8.557,9. 

Desde 1995 ha ascendido de forma vertiginosa. En 2002 era menos de la mitad de la actual (31.294 millones). Ya en 1984 la catalana era la más elevada. 

Y no vale hablar de lo que aportan, de la “solidaridad”. Cataluña aporta el 3,32 % de su PIB al resto del territorio español, pero Madrid lo hace con un 10,88 %, y Baleares con un 6,99 %. El País Vasco y su Concierto Económico representa sólo un 7 % de la economía española, y reciben mucho más, que malgastan. 

No es de extrañar que en 1984 pagáramos 1.645,6 pesetas de impuestos directos y 1.521,9 de indirectos por habitante, y en el 2000 las cifras se vayan a 8.008,0 y 8.557,9. 

Los grandes perjudicados son los más necesitados y poblados, que han contribuido con su población y ahorros (de los que se nutrió la banca vasca y las empresas catalanas) al esfuerzo industrializador: Extremadura, Andalucía, Castilla, Galicia (los del BNG no protestan en esto), y la más perjudicada de todas es Madrid, que con un 17,7 % del PIB nacional, el 13,4 % de la población y un crecimiento medio del 17 % va a recibir un 400 % menos por culpa de los pactos de Zapatero con los nacionalistas catalanes. 

            Esta es la “asimetría” de la que hablaba el ex-presidente regional Maragall, es decir, desigualdad manifiesta, feudal, antidemocrática y tiránica.

En conclusión:

 Si la Constitución es una expresión de buenas intenciones, su resultado más que decepcionante es desastroso: no ha resuelto nada, lo ha agravado todo

Tanto progresismo no ha servido para resolver la reestructuración territorial, ni para acallar “viejos problemas” sino para acentuarlos y hacerlos intratables. 

No es exagerado decir que ésta Constitución ha creado un problema gravísimo donde no lo había, y a ello han contribuido todos los Gobiernos de la democracia y los partidos políticos que no sólo no ofrecen ninguna solución sinó que son parte del problema. 

Esta Constitución no ha vertebrado nada ni satisfecho a nadie, ha dado tal protagonismo a los nacionalismos que hoy se exige que sea la propia Constitución quien debe ser modificada para adaptarse a los nuevos Estatutos: se han invertido los términos. 

La Constitución ha fomentado el secesionismo e incentivando a los nacionalismos de tal modo que no sólo desobedecen al Estado cuando les conviene sinó que incluso lo desafían abiertamente. 

Ha sido un estrepitoso fracaso. Formulaciones semejantes se han ensayado en otras dos ocasiones en épocas distintas y en condiciones sociales muy diferentes a las actuales y en todos los casos el resultado ha sido siempre un desastre. El “experimento” ha de darse por terminado 

Es imprescindible reformar la Constitución para liquidar el Estado de las Autonomías, no sólo para acabar con impresentables privilegios como el “cupo vasco” o el régimen foral y recuperar competencias que jamás debieron ser cedidas. Es tan drástico y difícil lo uno como lo otro, y será la misma “clase política” quien se opondrá a ello con tanta o más ferocidad que los propios nacionalistas. 

No se pueden permitir partidos regionales nacionalistas, ni territorios convertidos en guetos lingüísticos, “no se puede tolerar a los intolerantes”, ni tampoco se puede permitir una Ley Electoral que viola la igualdad de todos los votos. No hace falta pretender ser “originales”, hay fórmulas que funcionan satisfactoriamente: circunscripción única, mayoría simple a doble vuelta, etc. 

Esto implica también “refundar el Estado”, construir un Estado común, verdaderamente democrático que garantice la unidad del país, la igualdad, la libertad y el progreso. 

Y nunca hemos de olvidar que a esta situación nos han llevado los intereses de los políticos; no obedeció a ninguna demanda social, ni a un clamor popular. 

Por eso insistimos en nuestra llamada a la unidad en el objetivo supremo de defender la integridad de nuestro país y la libertad. 

La solución la hemos de crear nosotros, no podemos esperar que nadie nos la vaya a dar hecha y menos estos políticos. 

Está en nuestras manos crear y estructurar un movimiento antinacionalista popular, cívico, capaz de plantar cara a los nacionalistas, a los manejos de los politicastros y al facherío progre. 

Y una vez más: rechacemos todos los personalismos, no importa el quién sinó el qué.

 España es libertad. 

 N.O.A.          Núcleos de Oposición Antinacionalista 
www.nucleosoa.org

oa@nucleosoa.org
 Adheridos a la plataforma España y Libertad
Adheridos a la plataforma Comunidad Antiterrorista

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