AGLI

Recortes de Prensa    Viernes 15 Agosto 2008

La encrucijada belga
DANIEL REBOREDO HISTORIADOR El Correo 15 Agosto 2008

L a pervivencia de Bélgica como Estado vuelve a oscurecerse un año después de las elecciones federales y tres meses más tarde de que se formara un nuevo Gobierno presidido por el flamenco democristiano Yves Leterme. La histórica y constante lucha de competencias regionales y federales entre flamencos y valones y las insoportables tensiones que constantemente genera obligaron al citado Leterme a presentar su dimisión al rey Alberto II. Dimisión que, una vez más, cuestiona la continuidad de Bélgica como país y recrudece la polémica sobre la necesidad de que éste evolucione hacia un Estado confederal compuesto por las tres regiones independizadas (Bruselas capital, Flandes y Valonia) o de que las dos comunidades se separen de una vez por todas.

Bélgica es incapaz de solucionar sus conflictos y la tensión que ello genera está haciendo insoportable la vida a sus más de diez millones de habitantes. Tensión cuyo origen encontramos en la propia independencia del país en 1830 y cuyos principales 'hitos' son el desarrollo de la economía flamenca entre 1966 y 1975 e incluso durante la depresión económica de finales de los setenta e inicios de los ochenta del siglo XX, basado en los servicios, la tecnología y el comercio (Amberes y Gante), que dio al traste con el dominio que en la corta historia belga había ejercido la Valonia francófona, ilustrada, urbana y rica (minería de carbón, industria metalúrgica y textil), sobre las pobres comunidades del Flandes rural y agrícola; la guerra de las lenguas en la década de los sesenta (por primera vez había más hablantes de neerlandés que de francés en el país) y la separación dos años más tarde de las dos comunidades lingüísticas; el conflicto de la Universidad de Lovaina (1968) que la partió en dos al igual que su biblioteca y sus fondos, ya que los francófonos crearon la Universidad de Lovaina la Nueva en el Brabante Valón; la complicada reforma constitucional de 1993 (tan compleja como las propias reformas institucionales y que obligó a la fragmentación de los partidos políticos tradicionales), y, finalmente, la ingobernabilidad actual en la que la ponzoña de los resentimientos y desaires del dominio valón se encuentra muy presente.

De lo anteriormente descrito podemos deducir fácilmente que Bélgica es un compendio de todos los ingredientes que han favorecido los movimientos separatistas europeos, desde una división territorial antigua hasta una brecha lingüística difícilmente salvable, pasando por los grandes contrastes económicos. Uno de los países europeos más pequeños es el paradigma extremo de la política de separatismo nacional, en la que una de las comunidades, la flamenca, se considera una nación dinámica y moderna atrapada en un Estado anacrónico y disfuncional. Para salvar este abismo, numerosos políticos moderados del país trabajaron para mantener la unidad del mismo y de ahí que elaboraran numerosas y complejas enmiendas constitucionales y revisiones institucionales con las que satisfacer las demandas de los separatistas. La complejidad que todas ellas han generado es notable. Bélgica se subdividió en tres regiones (Flandes, Valonia y Bruselas capital), cada una con Parlamento propio que se sumaba al Nacional. Tras esto aparecen tres comunidades legalmente instituidas (la neerlandesa, la francófona y la germana), cada una de las cuales tiene también su propio Parlamento. Pero el intrincado sistema no acaba con los siete parlamentos, ya que las regiones y las comunidades lingüísticas no se corresponden exactamente con el territorio (sólo Flandes y Valonia son realmente monolingües) y por ello cada una de estas entidades recibió privilegios y concesiones que son una continua fuente de resentimiento para todas las partes. El tema no se termina con lo ya citado, sino que además de las comunidades regionales y lingüísticas, el país se divide también en diez provincias (cinco en Flandes y cinco en Valonia) con sus propias competencias administrativas y gubernamentales. En fin, un alucine que poco a poco impregna el cuerpo social belga en los pocos lugares donde realmente existe. La mayoría de ciudadanos belgas no quieren la separación, todavía, pero el ciclo de su historia no acompaña estos deseos.

l resultado de todos estos equilibrios forzados es cómico a la par que trágico y engorroso. Bélgica ya no es un solo Estado (si realmente lo fue alguna vez), ni siquiera dos, sino un conglomerado de competencias y autoridades solapadas y duplicadas. Formar gobiernos es difícil ya que se necesitan acuerdos de numerosos partidos en cada región y entre unas y otras, a la par que definir un eje simétrico y compensado entre coaliciones de formaciones políticas nacionales, regionales, comunitarias, provinciales y locales, y llegar a una mayoría que funcione en los dos grupos lingüísticos mayoritarios, alcanzando la paridad lingüística en todos los niveles políticos y administrativos. Esta labor titánica es un sinsentido que agota voluntades, deseos de trabajo e ingentes recursos del país. Alto precio por aplacar a los separatistas lingüísticos y regionales.

Panorama tan complejo y poco esperanzador nos lleva a preguntarnos cómo es posible que el país siga unido (aunque de forma testimonial) y que la fragmentación no acabe de llegar. Varias razones explican su pervivencia. Primeramente, debemos recordar que Bélgica es un país rico y que esta riqueza sirve de colchón para atemperar las ansias separatistas. La mayor parte de los belgas llevan una vida tranquila, con suficientes medios materiales y con una evidente prosperidad. Recordemos también, y ésta sería la segunda razón, que la causa separatista se ha encontrado con otro 'enemigo', las nuevas generaciones belgas en las que los inmigrantes de segunda y tercera generación están muy presentes y que sólo aspiran a resolver sus propios problemas y no los raídos programas del viejo separatismo. En ellos la influencia del imaginario en el que no existen ni los partidos políticos belgas, ni la televisión pública belga, ni prensa con las mismas noticias en los dos idiomas, ni la quimérica posibilidad de que una comunidad influya sobre la otra, son problemas de índole menor.

Finalmente, la tercera razón de la pervivencia de Bélgica radica en su pertenencia a un proyecto supranacional que no es otro que el de la UE. Proyecto que sirve de cortafuegos a las resurgidas y fortalecidas identidades étnico-territoriales y a las dificultades que existen en la acomodación de las mismas en el seno de los Estados plurales; que crea un nuevo ámbito de discusión y debate para los nacionalismos minoritarios a la par que les ofrece la posibilidad de proyectarse simbólicamente como algo más que simples regiones; que genera oportunidades para la autonomía funcional de las naciones sin Estado y, finalmente, que permite separar los derechos humanos del Estado-nación, esencialmente a través del Consejo de Europa.

La situación del último año nos indica que, a medio plazo, los tres pilares anteriores no serán lo suficientemente sólidos como para evitar la 'demolición consciente' de la estructura estatal belga. Confederación o separación, éstas son las alternativas de la Bélgica comunitaria. Tristes alternativas, sobre todo la segunda, cuando debiéramos caminar hacia proyectos globales y no hacia reduccionismos tribales.

Por qué es ilegítimo el gobierno actual (y VI)
Pío Moa Libertad Digital 15 Agosto 2008

Contra una simplificación muy difundida, la legitimidad democrática no depende solo de las elecciones. De otro modo sería legítimo que, tras ganarlas, un demagogo atentase contra otros pilares de de la democracia, como la separación de poderes, las libertades o los límites a la acción del estado. Lo cual ha pasado en otras ocasiones en Europa, con mucha frecuencia en las repúblicas bananeras, y ocurre hoy en España.

Un gobierno ilegítimo es una tiranía, y el derecho (incluso el deber) de rebelarse contra la tiranía está en la base de la democracia. Otra cuestión es la del grado de tiranía a afrontar y cómo afrontarla. Hoy, en España, la batalla se libra en el terreno de la opinión pública.

Ganar la opinión pública exige, por una parte, una crítica incisiva y veraz del poder ilegítimo, y por otra una alternativa capaz de atraer a la mayoría. Esto último lo han manejado mucho mejor los demagogos, pintando de brillantes colores sus aberraciones: la colaboración con los terroristas era “proceso de paz”, “diálogo”; la colaboración con las dictaduras del llamado tercer mundo, “alianza de civilizaciones”; el proceso de balcanización del país, “pluralismo”; el matrimonio homosexual y el ataque a la familia, “ampliación de derechos”. Y así sucesivamente.

La crítica del PP nunca tuvo la energía necesaria, nunca estuvo a la altura de las tropelías zapotescas, no logró desenmascararlas ante la opinión pública ni defendió adecuadamente a sus víctimas. Y su alternativa (¡la nena angloparlante!...) carecía de la menor capacidad de atracción sobre la gente. De hecho su alternativa consistía en que gobernasen Rajoy y los suyos en vez de los socialistas, sin dejar claro qué harían aquellos en el poder. Finalmente el PP ha aceptado el golpismo del PSOE, ha caído de lleno en el terreno político de este, como un matiz de él: ni crítica ni alternativa.

Cualquier resistencia contra el PSOE y sus comparsas del PP debe tener en cuenta los dos aspectos. La crítica es indispensable, extender la negativa a colaborar con los demagogos es necesario; pero no llevarán muy lejos o terminarán en caos si no se completan con un programa sugestivo y convincente para la mayoría.

----------------
Basagoiti, el pro etarra y pro separatista por un carguillo (sí, hombre, sí, olviden la palabrería del elemento; en los hechos, Pachi López hace negocios con la ETA, y Basa colabora con Pachi López, es el Pachi López de la derecha) recomienda olvidar a María San Gil, "dejarla en paz". Recuerdo las palabras de Gotzone Mora de sus correligionarios: "no entiendo cómo políticos que decían una cosa ayer pasan a decir hoy la contraria, solo porque se lo ordenan por las alturas"). No solo los sociatas son así.
En fin, no habría que dejar en paz a Basa.

Rajoy
El reposo del reposo
Quizá esto sea pedir demasiado, pues si el señor Rajoy no salió cuando ETA mató a dos ciudadanos en la T-4 y prefirió quedarse calentito en su refugio de navidades, cómo íbamos a exigirle ahora que abandonase las vacaciones de verano.
Agapito Maestre Libertad Digital 15 Agosto 2008

Mientras Zapatero hace política, Rajoy sigue de veraneo. Esto no es una broma. Es, en verdad, un asunto serio. Si la política española, más mala que buena, es cuestión de líderes, entonces si falta uno sin razón justificada, es para tomárselo a cara de perro y afearle la conducta a Rajoy y todo el equipo dirigente del PP. No es lo mismo, ni mucho menos, que comparezca la señora Mato que el señor Rajoy, con todos mis respetos personales hacia la primera, para contestar a las declaraciones de Zapatero.

Sí, sí, tiene mucha importancia, muchísima, que el señor Rajoy no haya comparecido para responder a Zapatero. Es un ejemplo, uno más entre cien, de la cerrazón mental que vive hoy la derecha española para hacerse cargo de que el Gobierno socialista nos conduce a una tragedia de dimensiones desconocidas en la historia de España.

La derecha española no quiere enterarse de que la actual crisis económica va de la mano de una de las crisis morales más graves que ha sufrido la sociedad española en el último siglo. Es como si no quisiera enterarse, o le faltasen entendederas suficientes, para hacerse cargo de que la crisis económica, por grave que sea, quizá pueda salirse, pero de lo que no se saldrá tan fácilmente es de la crisis institucional creada por Zapatero con el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el reparto de las miserias al resto de comunidades autónomas. Si los dirigentes populares fueran conscientes de la gravedad de las crisis de España, tendrían a todo el partido movilizado, amén de haber abandonado ya, definitivamente, la ridiculización de los ministros y dirigentes del PSOE. ¿Parece que los del PP sólo fueran capaces de reírse y hacer chistes fáciles de Leire Pajín o de José Blanco, por favor, como si ellos fueran mejores? Me cuesta ver la superioridad de unos sobre otros Ya está bien. Señores del PP, por favor, hagan política y déjense de exhibiciones verbales sobre lo malo que son los otros.

Rajoy, tome ejemplo de Zapatero. Éste ha abandonado por unas horas sus vacaciones para decirnos que todo va bien. La economía europea no sólo va peor que la española, según el presidente, sino que el Gobierno de España tiene medidas más eficaces que el resto de Europa para controlar la crisis. Su discurso apenas ha variado, según la cínica actitud de Zapatero, la de la campaña electoral. Seguramente, dirán todos ustedes, esa palabrería de Zapatero es mentira. Vale. Pero nadie podrá dejar de reconocer que es suficiente, por desgracia, para ganarle a esta derecha indolente y remisa, chistosa y acomodaticia, que no se atreve a proponer medidas que le rompan la columna vertebral a un Gobierno populista. Naturalmente, para hacer propuestas serias y contundentes, propuestas que lleguen fácilmente a millones de votantes, primero el señor Rajoy tendría que estar permanentemente en la brecha, por ejemplo, tendría que haber salido a la palestra ayer mismo para enmendarle la plana a Zapatero.

Creo que lo genuinamente político, otra cosa es lo correctamente político, es que hubiera comparecido Rajoy. Ya sé, ya sé que quizá esto sea pedir demasiado, pues si el señor Rajoy no salió cuando ETA mató a dos ciudadanos en la T-4 y prefirió quedarse calentito en su refugio de navidades, cómo íbamos a exigirle ahora que abandonase las vacaciones de verano. Mientras las crisis institucional, económica y moral hunden a España, la política ha quedado reducida a eso: por un lado, Zapatero se toma un respiro, o sea, un reposo por unas horas del reposo veraniego, y le da un poco de carnaza a los suyos; y, por otro lado, Rajoy se fuma un puro en Galicia, o quizá, quién sabe, en México.
Eso es todo. Tristeza.

El lío del nuevo Estatut: crónica de una irresponsabilidad anunciada
Una chapuza jurídica y política. Sólo así puede calificarse ese texto que, en vez de acabar con las aspiraciones de los nacionalistas, tan sólo ha servido para darles más alas.
Lo que se vendió como una forma de desactivar a los nacionalistas se ha convertido en todo lo contrario.
Luis Miguez Macho elsemanaldigital 15 Agosto 2008

No es normal que un mes de agosto tenga tanta actividad política, pero es que este año a los efectos de la crisis económica se ha unido la polémica entre el Gobierno y el PSC por la financiación autonómica, en el fondo de la cual subyace la cuestión del cumplimiento del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Si ya es llamativo que la organización regional de un partido nacional se pelee de esa forma con el Ejecutivo de su mismo color político, lo es todavía más que sea a causa de una norma jurídica que se presentó en su momento como el remedio definitivo para conseguir que los catalanes se sintiesen cómodos en España, delirante expresión propagandística que aludía en realidad a que los políticos nacionalistas catalanes, entre los que hay que incluir a los del PSC, viesen finalmente colmadas sus inagotables demandas de mayores cuotas de poder.

Todo el mundo ha oído hablar de las profundas dudas de constitucionalidad que rodean al nuevo Estatuto catalán; tan profundas son, que el Tribunal Constitucional sigue meditando sobre ellas, perdido en una especie de éxtasis jurídico-político. Sin embargo, el haber torcido la letra y el espíritu de la Ley fundamental más allá de lo admisible se dio por bueno por Rodríguez Zapatero, principal responsable de que esto saliese adelante, en nombre de lograr el mencionado acomodo de los supuestamente incomodados catalanes.

Los motivos técnicos de lo que está pasando
Pues no habrá sido por falta de advertencias, y no sólo de la oposición del PP. Muchos juristas, desafectos y también afectos al actual poder político, explicamos sobradamente y con la suficiente antelación los motivos técnicos por los cuales el nuevo Estatuto catalán no iba a resolver nada y sí a provocar gravísimas dificultades. Hasta dentro del propio PSOE se oyeron voces en el mismo sentido, pero no fueron escuchadas por quien debería haberlo hecho.

El problema de ese Estatuto no es sólo que contenga algunas previsiones abiertamente inconstitucionales. El gran problema es que buena parte de su contenido carece de eficacia jurídica por sí mismo - como en su día declarará el Tribunal Constitucional - y precisa que sea asumido por el Estado mediante toda una serie de reformas legales que en muchos casos son imposibles, tal como ahora se está comprobando, porque Cataluña es sólo una Comunidad autónoma más entre otras diecisiete.

Por ejemplo, la financiación. Si todos los Estatutos de Autonomía hiciesen lo que el catalán y previesen unilateralmente criterios de financiación descoordinados entre sí para tratar de imponerle al Estado unos determinados porcentajes de inversión en cada territorio, al final nos encontraríamos con que no habría dinero para todos. Por eso la financiación autonómica no se puede resolver de manera unilateral desde un Estatuto, o de forma bilateral por pacto entre cada Comunidad autónoma y el Estado, sino mediante un modelo generalizable a todas ellas.

O la participación de las Comunidades autónomas en las instituciones del Estado. Otro ejemplo, éste del género tonto: si todos los Estatutos de Autonomía pretendiesen, como de hecho pretende el catalán, que la respectiva Comunidad autónoma tuviese un representante en el Tribunal Constitucional, nos encontraríamos con que no habría sitio para todas, porque los magistrados de este órgano son doce y las Comunidades autónomas diecisiete.

Aun en el supuesto de que las reformas legales necesarias se pudiesen llevar a cabo, como ocurre con la creación de Consejos del Poder Judicial autonómicos, nada garantiza que una mayoría distinta de las Cortes no cambie de opinión en el futuro y las revierta, dejando otra vez incumplido el Estatuto. Precisamente por su falta de eficacia jurídica directa y por la necesidad de que el legislador estatal intervenga, si lo considera conveniente, para darle cumplimiento, muchas de sus previsiones, en lugar de verdaderas normas jurídicas, son meros pactos políticos que sólo vinculan a quienes los han concluido, es decir, al PSOE de Rodríguez Zapatero y a los partidos catalanes que apoyaron el nuevo Estatuto.

Consecuencias de una chapuza jurídica y política
La consecuencia perfectamente previsible de esta chapuza es que el nuevo Estatuto catalán se ha convertido, en vez de la solución a cantinela victimista y reivindicatoria del nacionalismo catalán, en la excusa perfecta para prolongarla hasta la extenuación. Ni haciéndolo a propósito habría salido mejor: se aprueba una norma programática imposible de cumplir y luego ya se puede estar exigiendo su cumplimiento hasta que las ranas críen pelo.

Diga lo que diga González Pons, el PSOE no se va a romper ni por esto ni por ningún otro motivo en un futuro previsible. Pero algo habría que hacer de una vez para evitar que el chantaje nacionalista haga inviable la gobernabilidad del Estado, o siga arrancando privilegios económicos y jurídicos en perjuicio del interés general cuando no hay mayorías absolutas.

Yo cada vez veo más claro que la solución no es una reforma electoral que muy probablemente no alcanzaría su objetivo de apartar a los nacionalistas de su papel de árbitros. Tampoco lo sería una gran coalición a la alemana entre el PP y el PSOE, pues este expediente sólo se puede utilizar excepcionalmente, so pena de falsificar la democracia parlamentaria, cuya esencia es que haya un Gobierno y una oposición, así como la alternancia entre quienes ocupan esas dos posiciones.

La salida más lógica sería un pacto, expreso o tácito, entre el PP y el PSOE para apoyarse recíprocamente, con independencia de quién esté en el poder y quién en la oposición, cuando las exigencias nacionalistas atenten gravemente contra el interés general. Esto no eliminaría a los nacionalistas del juego político, pero circunscribiría su poder a términos razonables.

¿Qué términos? Los que corresponden a quienes no representan ni a un veinte por ciento del cuerpo electoral. Hora es de recordar lo evidente: que los nacionalistas, por más que sean mayoría en dos regiones y tengan presencia relevante en algunas más, en el conjunto de la Nación no son más que una minoría, y que una cosa es el respeto a las minorías y otra bien distinta admitir que se acaben convirtiendo en las dueñas de la situación.

Financiación autonómica
Lágrimas de cocodrilo

¿Cómo va a ser Cataluña una más, igual que el resto, si la gente de Bono votó a favor de un Estatuto que se refiere a sí mismo nada menos que como un "pacto" entre Cataluña y España?
José García Domínguez Libertad Digital 15 Agosto 2008

A imagen y semejanza de lo que ocurre con Jannette Fraga Iribarne, que es rebelde porque el mundo lo hizo así, no hay barón que se precie en el Partido Socialista que todas las mañanas deje de untarse la cara con betún retórico con tal de que lo asocien a ese Kinder Sorpresa que dice llamarse Barack Obama. No obstante, uno sospecha que, en su fuero interno, el único moreno que en verdad pone a don Manuel continúa siendo Idi Amín Dadá.

Como igual barrunta que, en el fondo del fondo, todos esos mandarines domésticos del PSOE, en quien se ven reflejados es en otro cortado descafeinado y con mucha leche pasteurizada, uno que en vida no respondía precisamente por Barack sino por Boabdil. De ahí que los Pérez Touriño, Chaves, Iglesias, Barreda y satélites anden llorando como presidentes autonómicos lo que en su día no fueron capaces de defender como muñidores de escaños –es decir, de vidas y haciendas– al votarse el redactado definitivo del Estatut en las Cortes.

Ora el manchego: "Cataluña se tiene que acostumbrar a que es una autonomía más". Ora el gallego: "Cataluña no puede tensionar las costuras del Estado". Ora el imán Zarrías, a la sazón almuecín mayor del Califato: "Es infantil que Cataluña culpe al Gobierno de la falta de acuerdo". Ora el otrora Marcel.li : "No puede haber un acuerdo con Cataluña y otro con todos los demás".

Y sin embargo, ¿cómo va a ser Cataluña una más, igual que el resto, si la gente de Bono votó a favor de un Estatuto que se refiere a sí mismo nada menos que como un "pacto" entre Cataluña y España? ¿Cómo no habría de tensionar Cataluña las costuras del Estado si los socialistas gallegos apoyaron que el "principio de bilateralidad" fuera la confederal filosofía que ha de regir la atribución de competencias, la financiación y las relaciones con el Estado de esa Comunidad?

¿Cómo no va a haber un acuerdo aparte con Cataluña en materia de financiación si el Estatut incluso prescribe que, por ejemplo, Baleares y Extremadura no pueden disponer de servicios públicos educativos y sanitarios de idéntica calidad? ¿Y cómo cabe tachar de "infantil" el que Montilla exija, simplemente, que se cumpla la ley, cuando los socialistas andaluces avalaron en las Cortes que, por ignotas razones de orden mítico-histórico, la novena provincia debía gozar de un estatus jurídico privilegiado ?

Y ahora, cuando toca hacer caja, las patrióticas y desconsoladas lagrimitas de cocodrilo goteando en comandita. A buenas horas, mangas verdes.
José García Domínguez es uno de los autores del blog Heterodoxias.net.

Fianzas a las víctimas
Editorial ABC 15 Agosto 2008

La política de atención a las víctimas del terrorismo debería tener también su reflejo en las condiciones que deben cumplir las asociaciones y grupos cívicos para emprender acciones judiciales por posibles delitos de terrorismo. En los últimos años se ha impuesto en la Audiencia Nacional un criterio restrictivo sobre la fianza que deben depositar estos grupos para admitir sus querellas como acusadores populares.

Entidades como Dignidad y Justicia, la AVT y el Foro Ermua están al límite de su capacidad económica para hacer frente a las fianzas que reclaman fiscales y jueces. La ley de Enjuiciamiento Criminal exige una fianza a los acusadores populares, pero el Tribunal Supremo la exime cuando el proceso se ha iniciado por otras vías. Además, el importe debe ser proporcional al patrimonio del querellante para no frustrar su derecho a la tutela judicial efectiva.

Con estos criterios legales, no tiene sentido -salvo para dejar el terreno despejado a las Fiscalías- que las tres asociaciones citadas tengan que afianzar sus acciones penales en un sumario que ha sido abierto de oficio por el juez para investigar si el etarra De Juana ha cometido un delito de enaltecimiento del terrorismo. Además, sería un despropósito moral y legal dudar del interés legítimo y de la rectitud de intenciones de las víctimas de ETA. La acción popular es ejercida abusivamente en ocasiones, pero nunca por estas entidades, gracias a las cuales el Estado de Derecho ha esquivado el doble rasero con los que la Fiscalía actuó durante la negociación con ETA.

Zapatero, incapaz de convencer
Editorial ABC 15 Agosto 2008

EN su singular y calculada comparecencia de ayer en La Moncloa al término de la reunión del Consejo de Ministros extraordinario, el presidente del Gobierno no sólo fracasó en su propósito de transmitir confianza a los ciudadanos ante la crisis económica, sino que alimentó la controversia sobre el futuro modelo de financiación autonómica emitiendo señales que, con seguridad, levantarán ampollas en el tripartito catalán e irritarán al PSC. En primer lugar, la aparente contundencia de la avalancha de cifras que volvió a manejar Rodríguez Zapatero para tratar de contrarrestar las acusaciones de pasividad ante la crisis no se corresponde con un remedio realista para el preocupante diagnóstico de nuestra economía. Repetir constantemente una retahíla de medidas -casi todas ellas archiconocidas- y presentarlas como logros en gasto social, vivienda, industria o ayudas a las empresas es a estas alturas un pobre recurso que acredita la falta de argumentos del Gobierno contra la creciente incertidumbre de millones de españoles. Desde esta perspectiva, es lo suficientemente elocuente el pésimo dato conocido ayer: la economía española creció en el segundo trimestre del año un 0,1 por ciento, dos décimas por debajo del incremento del trimestre anterior y ocho décimas inferior al PIB de hace un año. Un dato que, unido al 5,3 por ciento de tasa de inflación, nos acerca a un otoño verdaderamente duro.

Hoy casi es un logro que, en la frontera de la recesión, Zapatero hable por fin de «estancamiento» o «frenazo». Sin embargo, el problema de credibilidad que aqueja al presidente del Gobierno ni siquiera le permite transmitir con un mínimo de convicción que Moncloa «trabaja desde el primer día» contra la crisis. Y aun en el hipotético caso de que así haya sido -hasta ahora sólo ha habido campañas propagandísticas de diseño-, el Gobierno vuelve a errar porque la percepción ciudadana es exactamente la contraria: se llega tarde y sin los recursos idóneos. Es uno de los inconvenientes de haberse resistido durante tantos meses a reconocer públicamente la envergadura del deterioro económico y de haber ocultado la auténtica diagnosis a los españoles con una irresponsable política, la de limitarse a sanar con tiritas a un infartado. El mensaje que ayer transmitió Zapatero suena a hueco, y es reiterativo y oportunista. Ampararse, como volvió a hacer de modo recurrente, en la preocupante tasa de crecimiento en la eurozona afirmando genéricamente que España está mejor preparada que otros países para soportar los aldabonazos de la crisis es, además de un argumento fácil de rebatir, tanto como recurrir con simplismo a aquello del «mal de muchos...». Además, resulta difícilmente compatible aseverar que el Gobierno no hipotecará el futuro con el mantenimiento de un gasto social que no sólo ha sido discutido en público por el vicepresidente Solbes, sino que ya se ha llevado por delante buena parte del meritorio superávit de las cuentas públicas. El ciudadano espera de sus gobernantes certidumbres y no las «convicciones» fallidas y las ambigüedades a que le ha acostumbrado Zapatero.

En segundo lugar, y aunque Zapatero desvinculó sus parches-receta para la crisis del enconamiento por la financiación autonómica, aprovechó su comparecencia para desaprobar la rebelión de los socialistas catalanes, que han acusado al Gobierno central de deslealtad en la aplicación del nuevo Estatuto. Su mensaje de que el modelo de financiación será negociado por el Gobierno junto a todas las Comunidades -e hizo hincapié en «todas»- con escrupuloso respeto al principio de solidaridad, es pertinente, aunque de nuevo tardío porque la guerra ya se ha desatado. Sin embargo, el crédito de que goza Zapatero y su fiabilidad política para resolver un problema del que él ha sido su primer y principal causante -desbloqueó y permitió aplicar un Estatuto cuya constitucionalidad aún es un misterio-, son muy dudosas. Simular ahora contundencia para matizar con tecnicismos o rectificar los inadmisibles privilegios financieros que aceptó en su momento para Cataluña genera tanta incredulidad como sus razonamientos para combatir la crisis con seriedad y eficacia.

La foto de la impotencia
POR FERNANDO FERNÁNDEZ ABC 15 Agosto 2008

EL presidente Zapatero puede no haberse enterado que estábamos en crisis hasta que inflación y paro ganaron la Champions europea y el crecimiento económico se estancó definitivamente a la tasa más baja en doce años, pero no ha perdido ninguno de sus reflejos políticos. Conocía de antemano que los datos iban a ser muy malos, los había anticipado el Banco de España, y ha preparado minuciosamente una respuesta política, Consejo de Ministros extraordinario incluido. Es consciente de que el deterioro de su imagen corre parejo a la debacle económica y de que la actuación de nuestros deportistas en las olimpíadas no le ofrece el respiro del que disfrutó con la Eurocopa. No está el humor de la ciudadanía para fotos en Doñana y ha sustituido el parque natural por la aburrida mesa de la Moncloa repleta de papeles y activos ministros. Ni Obama ni una ministra dando a luz venden ya cuando las previsiones hablan de recesión y tres millones de parados.

El Partido Socialista es una máquina profesional bien engrasada para el marketing electoral y el dominio de la opinión pública. Pero le ha faltado un pequeño detalle: ideas, programas, políticas con las que hacer frente a la situación. No le sirve su excursión radical del reciente Congreso porque eso eran políticas para la prosperidad. Y solo se les ha ocurrido aprobar proyectos antiguos, conocidos y vendidos hasta la saciedad -¿cuántas veces ha presentado ya Solbes la supresión del impuesto sobre el patrimonio? Proyectos además que no serán efectivos hasta dentro de varios meses porque la lentitud e ineficiencia de la Administración ha empeorado con la España plural hasta el punto de que, por ejemplo, la tres veces anunciada trasposición de la directiva europea de servicios no será aprobada formalmente hasta el año que viene. A los cuarenta años del mayo francés está bien que la imaginación haya llegado al poder, pero convertir los Consejos de Ministros en reuniones de estudio semejantes a las tertulias de verano de los universitarios que preparan los exámenes de septiembre no es lo que se necesita para recuperar la confianza.

Si la política económica tiene también ideología, como nos repiten insistentemente desde círculos intelectuales próximos al Gobierno temerosos de que el presidente Zapatero descubra que lo importante es cazar ratones y nos encontremos de repente con un Gobierno eficaz, la ideología de este equipo ministerial bien parece la de las películas de la España de los años sesenta protagonizadas por el inmortal Pepe Isbert, tan obsesionado está con la Memoria Histórica que se confunde de país y añora los tiempos del Ministerio de Información y Turismo. Porque el gran problema económico diferencial de este país, lo que complica tremendamente la adopción de una política de estabilización y de recuperación del crecimiento, se llama la incapacidad del Gobierno central para aprobar unas reformas coherentes sin ceder a los intereses territoriales que chantajean al Estado.

El PSC recuerda cada vez más aquel chiste grotesco de que entre lo que tengo y lo que me toca en el reparto, yo comunista. Pero eso no es lo peor, sino la debilidad del tan publicitado Gobierno de España incapaz de dar repuesta a ese chantaje. Escribía el miércoles mi amigo Carlos Mulas, subdirector que fue en la Oficina Económica de Presidencia con el hoy ministro de Industria, que lo que debería distinguir una política económica de izquierdas es la defensa de la inversión pública en tiempos de crisis. El problema, querido Carlos, es que en la España de hoy ni siquiera podemos discutir seriamente del papel del Estado como dinamizador de la actividad económica, lo que efectivamente nos separa a los liberales de los socialistas, sino que con los Estatutos de autonomía aprobados en ese furor descentralizador de Zapatero al que sucumbió el PSOE, la inversión pública ha de territorializarse en función de los derechos históricos. Hemos vuelto al debate entre liberales y carlistas, los socialdemócratas os habéis convertido de facto al feudalismo o en arquitectos de la reconstrucción nacional. Así no puede haber más política económica que la cosmética, ni habrá recuperación el año 2010, por mucho que el presidente se empeñe en predicar optimismo con su sonrisa de galán de cine.

Las dos crisis
Disminuir tamaño del textoAumentar tamaño del texto
POR CÉSAR ALONSO DE LOS RIOS ABC 15 Agosto 2008

La crisis económica ha venido a coincidir con la polémica sobre el modelo de financiación de las Comunidades. Siendo una coincidencia desgraciada para todos aquellos que creemos en la solidaridad que representa la Nación española, es considerada una ocasión propicia para los que prefieren su destrucción.

La coincidencia de la crisis económica y la polémica sobre el modelo de Estado va a excitar la dinámica tradicional basada en las tensiones particulares frente a las colectivas; en el independentismo o fórmulas parecidas como solución; en el victimismo como motor. La crisis va a arrojar luz sobre una polémica que muchos consideraban de mera técnica presupuestaria y que, en todo caso, podría ser un instrumento del poder central a la hora de ganarse voluntades partidarias o electorales.

Así que la crisis económica nos instala en una de esas situaciones temibles en la Historia y que podemos describir como de extrema debilidad de las instituciones y extremo dominio de las voluntades desintegradoras. La Historia está llena de ejemplos. La española y la universal. ¿Es necesario que yo recuerde en esta columna el papel de la conciencia nacional como salvadora de los Estados, al fin y al cabo expresiones jurídicas de aquella?

La polémica sobre la financiación de las Comunidades va a darse en unos momentos de agudización de los nacionalismos y los regionalismos. Lo que anunciamos siempre, se cumple ahora. Con un partido que se ha instalado en el poder gracias a lo que vengo llamando una traición políticamente correcta. Y con un partido en la oposición que trata de imitarle sin contar siquiera con una estrategia apropiada y aún menos el apoyo de los nacionalismos periféricos.

En estas circunstancias nos ha llegado la peor de las pruebas: aquella cuya superación tendría que basarse en los esfuerzos colectivos y no en una carrera de arrebatacapas, en un reparto de miserias.
Que quede claro: estamos ante una crisis económica y otra política.

Libre mercado
Realidad económica, ficción política
Cualquier alteración artificial y políticamente correcta de la sociedad mediante la imposición de nuevas leyes repercute directamente en nuestro bienestar y nuestra riqueza. Entonces nos daríamos cuenta de que política y economía sí están relacionadas.
Jorge Valín Libertad Digital 15 Agosto 2008

¿Cree que Zapatero será capaz de sacarnos de la actual crisis? ¿Y Rajoy? ¿Y cualquier otro político? Si usted realiza estas preguntas a diferentes personas sin un grado de politización especial, muy probablemente le digan que no confía en ninguno de ellos para solucionar ningún problema económico. ¿Entonces para qué sirven los políticos?

Desde hace unos años, en España se ha ido abriendo cada vez más la brecha entre realidad socioeconómica e ilusión política. En las últimas elecciones catalanas, por ejemplo, sólo votaron poco más de la mitad de los censados. El Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) achacaba el fenómeno al "descontento con los políticos". Según un estudio de la UNED, desde el año 2000 el porcentaje de jóvenes entre 15 y 24 años que recela de la política y los políticos ha pasado del 15% al 56%. Adicionalmente, más de un 30% de los jóvenes considera la política intranscendente.

¿Y por qué sigue apoyando la gente a esos personajes que tan apáticos e incompetentes parecen? Tal vez sea una cuestión políticamente correcta. La política y cada una de sus ramas, concretamente la política económica, se han desprendido del todo de la realidad. La reacción del ciudadano y actor económico es que la economía no es una cuestión de Estado. Los políticos sirven para hacer un mundo más utópico y de color de rosa. Si algún burócrata anuncia medidas favoreciendo el ecologismo, la discriminación positiva y multas a las empresas y lo dice riendo afirmando que es para el bien común, muy probablemente gane un sinfín de votos. Curiosamente, cuando esas medidas se aplican y se han de subir los impuestos, se encarecen los alimentos básicos por las subvenciones a los carburantes "bio", se han de colocar a personas no válidas en cargos de responsabilidad para cubrir cuotas, la corrupción crece dramáticamente y las leyes parecen más un sistema de financiación alternativo del Estado que un medio para establecer la justicia, entonces el ciudadano considera tal situación una injusticia.

Tal incongruencia sólo se explica porque el ciudadano no establece correctamente las relaciones entre causa y efecto, pues cree que el mundo de lo políticamente correcto y el de la economía son dos caminos totalmente diferentes. Ser ecologista, feminista, igualitarista y estar a favor de cualquier sistema que delegue la libertad individual a un jerarca político es la moda y lo fácil. En un sistema donde nadie es responsable de sus actos porque todo está delegado al jerarca político, es evidente que el más socialista y populista es el que más réditos económicos y políticos ganará independientemente de las acciones que después tome. El mundo de la política es la proclamación de las buenas intenciones, pero no de los buenos resultados, todo lo contrario que la vida real. Siempre existen excusas para justificar que una medida política no haya funcionado, por ejemplo culpar a los empresarios, al egoísmo del ser humana y a la insolidaridad ciudadana.

De una forma intuitiva ya todos hemos asumido que nadie nos sacará de la crisis, y hemos tomado una visión determinista asumiendo que en el futuro inmediato seremos más pobres. Tal vez un mejor paso sería ver de una vez que cualquier alteración artificial y políticamente correcta de la sociedad mediante la imposición de nuevas leyes repercute directamente en nuestro bienestar y nuestra riqueza. Entonces nos daríamos cuenta de que política y economía sí están relacionadas, y que concretamente políticos y economía son términos opuestos. A más política y más poder para los burócratas, menos bienestar individual. No podemos tener hospitales "gratis" y esperar que no haya colas, porque algo así sólo significa convertir la demanda en infinita mientras que la oferta siempre es limitada. No podemos vivir en el lujo de la tecnología y disfrutar de los abundantes gadgets que nos hacen la vida más cómoda y pretender a la vez cerrar todas las centrales nucleares o que tengamos los mismos consumos energéticos que nuestros abuelos. Tampoco podemos ir repartiendo decenas de millones de euros al subdesarrollo y a la vez tener unas mejores vacaciones o una mejor educación (privada) para nuestros hijos.
Las utopías son irrealizables, pero si consentimos que el Gobierno las realice sólo avanzamos a la tiranía y pobreza. Política y economía son dos conceptos demasiado unidos y no podemos separarlos. Cuanta más política, más pobreza y menos individualidad. Cuanta más economía libre, más producción, más alternativas y más libertad para que seamos nosotros mismos quienes manejemos nuestras propias vidas hacia nuestras propias metas.
Jorge Valín es miembro del Instituto Juan de Mariana

Guerra en Georgia
Y Rusia movió ficha
Rusia ha confirmado la extrema debilidad europea y se prepara para nuevos ejercicios de influencia en Ucrania. La crisis georgiana es un capítulo, no un conflicto. Rusia ha echado un pulso y ahora afronta el segundo con más seguridad en sí misma.
GEES Libertad Digital 15 Agosto 2008

La perspectiva que nos proporciona el tiempo trascurrido desde el inicio de las operaciones militares en Osetia del Sur nos permite avanzar un poco más en la valoración de lo sucedido, desde las razones que llevaron al inicio del conflicto hasta las consecuencias que para las distintas partes tendrá lo ocurrido.

El presidente georgiano justificó el avance de sus tropas en la provincia de Osetia del Sur el pasado día 7 como consecuencia de las provocaciones de los independentistas y del creciente papel de Rusia en esos hechos. No hay duda de que formaban parte de una operación dirigida desde Moscú. Tanto es así que, como fuentes del Departamento de Estado norteamericano están filtrando, Rice envió a un destacado miembro de su equipo, Daniel Fried, para calmar al gobierno georgiano y tratar de convencerle de no caer en una trampa de la que sólo podía salir derrotado. A pesar del aviso, Saakashvili ordenó el avance de sus tropas. Quizás porque creía que no tenía otra opción, quizás porque confiaba en que Estados Unidos y Europa reaccionarían en su favor conteniendo la maniobra rusa.

La rapidez con que se movilizó el ejército ruso, la buena coordinación con la Fuerza Aérea y el inmediato despliegue de la flota en el Mar Negro no dejan lugar a dudas de que se trataba de una operación conjunta preparada con antelación. Los rusos pudieron verse sorprendidos en el momento del ataque, pero sólo entonces. Lo buscaban y estaban preparados para actuar.

No hay discusión sobre cuáles son las fronteras de Georgia, antigua república federada de la Unión Soviética y hoy estado independiente. Rusia no tiene ningún derecho a penetrar con sus tropas en territorio georgiano ni a interferir en un tema de política interior como es el intento de segregacionismo de Osetia del Sur y Abjacia. Sin embargo, desde hace años está alimentando ese independentismo y violando la soberanía georgiana. Tampoco tiene justificación para reivindicar el derecho de autodeterminación, como se desprende de las declaraciones de ayer jueves, pues Georgia no es un territorio en descolonización.

Rusia ha hecho una valoración estratégica de la crisis de Osetia del Sur y ha actuado en consecuencia, algo que no se puede decir de europeos y norteamericanos. Para los dirigentes de Moscú, Osetia del Sur y Abjacia no son fines en sí mismos, sino medios. No se trata de resolver un pequeño problema nacional sino de utilizarlo en un juego de mayor amplitud. Georgia es una democracia en formación que ha apostado claramente por Europa y la Alianza Atlántica. Estados Unidos ha apoyado a este país desde la visión de un Cáucaso progresivamente democrático que actúe como ariete para trasformar Asia Central, una zona de alto valor estratégico por sus reservas energéticas amenazada por el auge del islamismo y por su inestabilidad política.

Para Rusia, sometida a un régimen autoritario, la expansión de la democracia es una amenaza, pero lo es mucho más la red de alianzas entre potencias democráticas, organizaciones internacionales y los estados situados en su proximidad. Como los dirigentes de Moscú han repetido en más de una ocasión, no quieren tener a la OTAN en sus fronteras más de lo que ya está. Más aún, el actual núcleo dirigente añora los tiempos de la Unión Soviética, la forma más reciente de Imperio ruso, y exigen el reconocimiento de la vieja doctrina Breznez, la imposición de una soberanía limitada sobre los estados de su área de influencia. Putin nos exige que aceptemos el derecho de Rusia a ser tratada como "gran potencia", lo que en su visión implica influencia sobre las políticas de sus estados vecinos.

El premeditado ataque ruso era una medida bien pensada. Creían necesario hacer una demostración de fuerza, dada la poca audiencia que habían tenido sus declaraciones en contra del ingreso de Ucrania y Georgia en la OTAN y del despliegue de la Defensa contra Misiles Balísticos en Polonia y Chequia. A la hora de llevarlo a cabo se encontraban con dos hechos recientes que jugaban a su favor.

El reconocimiento por parte de Estados Unidos y de las grandes potencias europeas de la independencia de Kosovo suponía una abierta violación de las resoluciones vigentes del Consejo de Seguridad. Pero, al mismo tiempo, representaba un excelente precedente para la invasión de Abjacia y Osetia del Sur y su posterior segregación de Georgia. Tan ilegal es el caso balcánico como el caucásico, pero el primero suponía un argumento para el segundo. Norteamericanos y europeos no tienen legitimidad para criticar a Rusia por hacer algo que ellos previamente han perpetrado. Lo que vale para Kosovo vale para Georgia.

Estados Unidos lleva tiempo defendiendo el ingreso de Ucrania y Georgia en la Alianza Atlántica. Un buen número de estados europeos se oponen, pero sin argumentos de peso. No ha habido un debate estratégico en el que se valoren pros y contras. Todo se limitó a un estéril juego diplomático. El resultado fue, entre otras cosas, un error. Afirmar, como se hizo en Bucarest, que ambas naciones entrarían a formar parte mientras se posponía sine die la negociación era el mensaje que nunca debía haber llegado a Moscú. Para Putin la Cumbre de Bucarest confirmaba la voluntad de penetrar a través de la democracia en su área de influencia, al tiempo que ponía en evidencia las divisiones internas. El enemigo existía, pero era débil. Con una presidencia en fase terminal y una diplomacia necesitada de la colaboración rusa para afrontar la crisis nuclear iraní, Estados Unidos no sería un problema. Putin ha elegido el momento, ha actuado con contundencia y ha logrado lo que buscaba, aunque ello implicará pagar un precio.

Rusia ha humillado a un vecino que se negaba a aceptar su vasallaje. Ha enviado un mensaje claro a todo el Cáucaso y también a las repúblicas de Asia Central. Rusia ha vuelto a ser fuerte gracias a los precios de la energía y a disponer de un liderazgo claro. No tienen reparo alguno en ejercer su poder, en utilizar sus ejércitos siempre que sus intereses así lo exijan.

Estados Unidos ha sufrido una doble derrota diplomática. Ha perdido influencia en una región de alto valor estratégico, pero también se ha puesto de manifiesto la profunda crisis de la Alianza Atlántica, en el hipotético caso de que sigamos creyendo en su existencia. Estados Unidos no ha podido o no ha sabido ejercer su liderazgo dentro de la Alianza, que ha tenido un penoso papel en todo momento. Tan penoso como el de la Unión Europea, incapaz de reivindicar con claridad desde el primer momento la integridad territorial de Georgia y dispuesta a hacer de mediador en un alto el fuego que sólo beneficia al agresor. No es de extrañar el rostro tenso e irritado de Sarkozy junto a un sonriente y relajado Medvedev.

Los europeos sienten que un mundo globalizado es un teatro de operaciones que se escapa a sus posibilidades. No pueden actuar al mismo tiempo frente a una crisis económica, un problema energético sin solución a medio plazo, las crisis de Oriente Medio, la quiebra del régimen de no-proliferación y ahora el Cáucaso. Desde el principio del "mínimo común denominador" que rige su proceso de toma de decisión a los europeos no les queda más que esconderse en su concha de caracol con la inútil esperanza de que la tormenta escampe y nadie les pise. Su dependencia energética, las enormes divisiones internas sobre la política a seguir, el vértigo por verse desbordada por los acontecimientos, su incapacidad militar… su debilidad estructural les llevan a la inacción.

Los europeos de cierta edad crecieron en la idea de que el Premier Neville Chamberlain fue un traidor por haber cedido ante Hitler la soberanía de Checoslovaquia a cambio de la ilusión de evitar la II Guerra Mundial. El tiempo demostró que Winston Churchill tenía razón, que no se puede ceder ante un régimen dictatorial porque sólo se conseguirá mostrarle la debilidad propia y, por lo tanto, animarle a ir más allá. Eso fue lo que ocurrió. Con los criterios de hoy en día Chamberlain sería un halcón colonialista y Churchill un reaccionario disparatado. El primero no fue un traidor, sino un leal patriota que cometió un error fatal. No era un cobarde, sólo trataba de evitar una guerra que, a la postre, aceleró con sus actos. Los dirigentes europeos de nuestros días se parecen muy poco a Chamberlain y menos aún a Churchill. Ni siquiera se han planteado una negociación, todo lo más han enviado al presidente de turno para certificar cómo una potencia autoritaria invadía sin causa justificada el territorio de una democracia que había solicitado ser incluida en el club atlántico, que públicamente había mostrado su interés por vincularse definitivamente a Europa. La falta de visión estratégica es alarmante.

La inacción europea tendrá consecuencias inmediatas. Los estados más orientales de la Unión, que llevan años alertando sobre la amenaza rusa, actuarán a partir de ahora con más contundencia. La división está servida y con ella las dificultades para conseguir posiciones comunes. La política de apaciguamiento alemana ha demostrado lo ya sabido, lo que no quiere decir que Berlín vaya a rectificar. Rusia ha confirmado la extrema debilidad europea y se prepara para nuevos ejercicios de influencia en Ucrania. La crisis georgiana es un capítulo, no un conflicto. Rusia ha echado un pulso y ahora afronta el segundo con más seguridad en sí misma. Energía e influencia política irán de la mano.
GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

ENTREVISTA: VIENE DE PRIMERA PÁGINA... EL DEBATE SOBRE LAS LENGUAS KIRMEN URIBE Escritor
"No hagan política con las lenguas"
JAVIER RODRÍGUEZ MARCOS El País 15 Agosto 2008

Su generación vive el bilingüismo sin connotaciones políticas
El Manifiesto por la lengua común lanzado por un grupo de intelectuales desató la polémica sobre la convivencia lingüística

Kirmen Uribe va por libre. "Mi madre", cuenta, "dice que siempre fui de escaparme, que nunca he estado a gusto en sitios cerrados". Eso sí, en 1995 se declaró insumiso al servicio militar e ingresó en la cárcel de Basauri, en Bilbao. Siete meses. Un día le llamó el director. Había ganado un premio literario y quería hacerle una pregunta: "¿Me da su palabra de que no se fugará si le doy permiso para ir a recogerlo?". Se la dio.

Fueron los primeros tanteos de este escritor nacido en Ondarroa (Vizcaya) hace 38 años y que lleva en la cara una sonrisa perpetua. Su gran momento, no obstante, llegó en 2001. Ese año recibió el Premio de la Crítica por el poemario Bitartean heldu eskutik (Mientras tanto dame la mano). Traducido enseguida a varios idiomas (al castellano, en Visor), el libro sigue agotando las ediciones a velocidad de crucero. No en vano, dicen los estudiosos, supuso una pequeña revolución en la literatura vasca. Algo así como lo que significaron en su momento los primeros títulos de Bernardo Atxaga. El año pasado, además, fue finalista del premio al mejor libro de poesía traducido en Estados Unidos. A la final llegó también el desaparecido Mahmud Darwish, varias veces candidato al Nobel.

La primera novela de Uribe, que aparecerá en otoño, sucede durante un vuelo transatlántico: "El movimiento es lo que nos define. No quería hablar de un pueblo o de un lugar mítico, sino de un viaje, de una persona que cambia". El protagonista es un escritor: "En el avión no ve su lengua ligada a un territorio sino que la lleva consigo. La visión clásica ligaba las lenguas a un territorio, y hay que pasar a una visión más móvil, más ligada al individuo". Para Uribe, lo más importante son las personas, luego viene todo lo demás. "El arte busca la libertad individual", sostiene. "Y me gusta esa manera de ser no de grupo".

Imposible no pensar en el País Vasco. "Allí, es cierto, uno siempre se ha definido como parte de un grupo: nosotros los vascos, los escritores vascos... La poesía ha sido mucho de gu (nosotros). Pero mi generación ha pasado a ni (yo). Lo vemos de una manera más natural, gracias en parte al trabajo de mucha gente. De Atxaga, por ejemplo. Para ellos escribir en euskera era una opción casi ideológica, para levantarlo. Para nosotros es más natural. Han pasado muchos años desde el franquismo. No tenemos la misión de salvar una lengua. No estamos a la defensiva".

Como él mismo apunta, Kirmen Uribe forma parte de una generación, la de los nacidos en la bisagra entre los años sesenta y setenta, que vive el bilingüismo sin connotaciones políticas. De ahí, tal vez, el sentido común que destilan sus opiniones sobre la convivencia lingüística. Y sobre el polémico Manifiesto por la lengua común promovido por Fernando Savater: "Leí el famoso manifiesto y creo que no se entendió bien. Creó demasiados rechazos en vez de plantearlo como la preocupación de muchos padres que quieren que sus hijos estudien en castellano. Una preocupación real y por tanto muy a tener en cuenta".

El escritor advierte de que el bilingüismo es muy diferente en Cataluña, Galicia y Euskadi, donde no llega al 30% de la población, pero subraya que lo importante es que "no se trunquen los derechos de nadie, que nadie se sienta incómodo". "A mí me gusta que en el País Vasco se hablen diferentes lenguas. Es inherente a la forma de ser del país, pero es importante que nadie sienta la cuestión lingüística como una amenaza. Los vascohablantes hemos vivido muchos años con la sensación de que nuestra lengua no tenía espacio para vivir, que estaba tocada de muerte. Es una sensación que no quisiera para nadie. Asimismo, hay gente en Euskadi que siente que su forma de vivir en castellano está amenazada y es necesario que no tenga esa sensación, que se sienta tranquila".

El poeta pone los pies en la tierra: "Mi abuela hablaba y leía en euskera, pero a mi madre no se lo enseñaron, y le costó mucho llegar a leerlo (aunque hablase la lengua desde pequeña). Aprendió cumplidos los cincuenta. Luego vino mi generación, educada en las dos lenguas". Poco a poco, insiste, se cierra el agujero del franquismo. Sería, pues, una lástima que donde los ciudadanos han encontrado una solución, los políticos busquen un problema. Kirmen Uribe va por libre, pero es rotundo: "Dejen la cuestión lingüística fuera de la lucha partidista. No hagan política con las lenguas".

lengua
Galicia Bilingüe pide apoyo a PSOE y PP para explicar en Europa sus tesis lingüísticas
La Voz 15 Agosto 2008

La asociación Galicia Bilingüe se ha dirigido a los eurodiputados gallegos de PSOE y PP para solicitar formalmente su apoyo de cara a exponer en el Parlamento Europeo las tesis del colectivo sobre lo que consideran una situación de imposición lingüística de la Xunta. Galicia Bilingüe les ha pedido que les faciliten los trámites para llevar sus reivindicaciones, como la derogación de la Lei de Normalización Lingüística, a la institución europea. La asociación comunicó ayer que el diputado popular Francisco Millán les ha mostrado su disposición a colaborar y se encuentra a la espera de recibir respuesta del socialista Sánchez Presedo.

El gallego posee propiedades curativas
Xoán Xulio Alfaya Periodista Digital 15 Agosto 2008

He aquí el testimonio de una gallega que prefiere permanecer en el anonimato. Sus razones tendrá. No es difícil imaginárselas.

"Increíble pero cierto, tenemos a 660 niños en lista de espera para ser operados en Vigo, y todo lo que le preocupa a los señores del Bloque, es que los médicos hablen gallego.

Debe ser que el idioma gallego tiene un don especial para curar, o da el talento y la vocación tan necesarios en un médico. Lo de las enormes listas de espera para ser atendidos por un especialista no tiene importancia, lo más grave es que el galeno que nos atienda sepa hablar gallego.

Soy gallega de pura cepa y en ningún momento he necesitado el gallego para ser atendida por un médico. Lo único que necesito es que esa persona que me permita recuperar la salud, sea competente.

Bueno, ya sé que algunas nazionalistas nos contarán en algún momento cómo se da a luz en gallego o cómo se pisotearon sus derechos lingüísticos, porque aquella amable enfermera era andaluza y no sabía la lengua de Breogán.

Aunque a veces acabemos bromeando con el tema, el asunto de la manía nazionalista de imponer (hoy es el idioma, mañana Dios dirá), nos puede salir muy cara."

Enviado por: Anónimo
Publicado en Galicia Liberal

SE RATIFICA EN SUS CRÍTICAS A PEDRAZ
Fornet reclama su libertad de expresión "como ciudadano y víctima en potencia" de ETA
El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha dirigido una carta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que expresa su pesar por que el máximo órgano de gobierno de los jueces se haya reunido en el día de hoy para atender la petición de amparo del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en lugar de ocuparse de "tan graves problemas" como sufre la Justicia. El líder del SUP había criticado duramente al juez por haber dejado en libertad bajo fianza a un terrorista callejero detenido 'in fraganti' y haber negado a la Guardia Civil registros en viviendas vinculadas a él.
Europa Press Libertad Digital 15 Agosto 2008

Sánchez Fornet había dicho de Pedraz que es "el típico pijo-rojo de los ochenta que no acaba de entender el terrorismo" y añadió que si el ataque contra la Subdelegación del Gobierno en Alava, realizado por el detenido y otros cuatro jóvenes con bombas incendiarias, no era terrorismo para Pedraz "deberían tirar cócteles molotov todos los días contra la casa del juez a ver cómo lo interpretaba".

El líder del SUP dice que sus declaraciones eran "una hipérbole, un retruécano, un recurso para hacer entender" lo dicho. "Reitero mis declaraciones en las que, torpemente, a la vista de lo mal que han sido entendidas, decía que con decisiones como la del magistrado juez Santiago Pedraz no se combate el terrorismo con la eficacia precisa. Que no puede aplicarse la justicia desde otra galaxia o como si no existiera el problema terrorista en España", añade en la carta.

El Consejo acordó hoy que "la crítica hacia las resoluciones judiciales resulta siempre lícita y deseable en un Estado de Derecho, pero no permite ni puede amparar los ataques personales ni la deslegitimación de los Jueces y Magistrados titulares del Poder Judicial, máxime cuando se trata del representante de un colectivo compuesto por Policías que dependen funcionalmente de la Autoridad Judicial".

A eso, Sánchez Fornet contesta: "Como ciudadano, como policía (trabajador de la seguridad) de un país democrático, como representante sindical elegido por mis compañeros, y como víctima potencial de los terroristas (en cuyas listas he aparecido en cuatro ocasiones), reclamo mi derecho a ejercer la misma libertad de expresión que los jueces, los medios de comunicación o cualquier otra persona, sin más límite que el que impone el Código Penal aplicado por jueces independientes, a cuyo criterio me someto de antemano".

"Lamento que con tantos y tan graves problemas como existen en la Justicia española, con un grave perjuicio para la seguridad jurídica de todos los ciudadanos, el Consejo General del Poder Judicial, en vez de dedicar todos sus esfuerzos a resolverlo, se constituya en tribunal de honor para volcar todo el peso de sus togas sobre unas declaraciones amparadas por la libertad de expresión, que por la presente, y en el sentido antes explicado, ratifico íntegramente", señala en su carta.

Paradojas del 11 M
Santiago Allica redaccion@diarioliberal.com 15 Agosto 2008

La paradoja principal
Cuarenta folios y varias semanas después del comienzo de esta serie de artículos (Paradojas del 11M) llega el momento de concluirla. Imperiosamente esta última muestra de las paradojas que entrañan la versión oficial del 11M tiene que dar alguna pincelada sobre lo que pudo haber detrás de aquel infausto 11 de marzo de 2004. Sobre lo que sucedía en los planos policial, mediático, político y judicial en la España previa a los atentados del 11M. Decía Gerardo Turiel que lo que sucedió en Leganés tal vez no llegue nunca a saberse. Hay mucha gente que cree que ese pensamiento derrotista puede extenderse a todo el 11M. Pero dentro de nuestras escasas posibilidades y tratando de desembarazarnos de toda la morralla informativa con la que se nos ha estado bombardeando durante cuatro años desde casi todos los frentes, intentaremos que eso no suceda.

Muchas cosas merecen ser contadas y no son pocos los testimonios que por su interés podríamos rescatar aquí, pero con frecuencia un detalle excesivo nos aleja de lo que, tras eliminar todo lo accesorio, resulta más sencillo de lo que parece. Si se repasan cronológicamente algunos hitos en la investigación previa y posterior del 11M, algunas conclusiones aparecen en el horizonte y brillan con luz propia frente a toda la desinformación que se ha venido vertiendo.

Desde mucho tiempo antes del 11M se venía viviendo en España un clima absolutamente enrarecido en torno a la participación de España en la Guerra de Irak y especialmente al apoyo que el Gobierno de José María Aznar había prestado a la coalición aliada. Por supuesto, podemos creer que aquel ambiente y la actitud absolutamente beligerante de buena parte de la sociedad fueron reacciones naturales ante lo que muchos consideraban un crimen intolerable. Pero también cabe la posibilidad de que aquello no tuviera nada de espontáneo. En ese momento había más de treinta guerras vigentes en el mundo. España había estado presente en todas las guerras en las que la OTAN había venido participando, con o sin el apoyo expreso de Naciones Unidas. Pero alguien decidió que la Guerra de Irak tenía que ser diferente. Alguien decidió que la Guerra de Irak debía preocupar a los españoles. Independientemente de que muchos no supieran siquiera situar Irak en el mapa. Se articularon movimientos cívicos contra la guerra, se puso en marcha toda la maquinaria de los sindicatos e incluso hubo españoles que llegaron a organizar manifestaciones de árabes en contra de la postura del partido de José María Aznar. Se realizó una profunda labor de inmersión social, utilizando todos los medios disponibles para provocar un interés, una preocupación y un resentimiento que de otro modo jamás habrían tenido lugar. Por primera vez en la historia, la manipulación informativa -no en el sentido de mentir, sino en el de teledirigir al público como si de un rebaño se tratara- alcanzó cotas insospechadas, llegándose a contar uno a uno, cada día, los muertos civiles fallecidos durante la guerra como consecuencia del fuego de la coalición aliada. Ese clima de violencia y maniqueísmo se fue alimentando entre la sociedad y se mantuvo siempre vivo hasta el mismo 11M. Desde todos los frentes, cívicos, sindicales, artísticos, lúdicos y por supuesto, políticos. Una ingente labor de ingeniería social digna de alguien con capacidad para influir en todos esos terrenos sin más que tocar las cuerdas adecuadas. Una formidable labor de infiltración propia de unos muy preparados servicios de Inteligencia.

Inmersos en esa vorágine de tensión permanente nos fuimos acercando a los meses finales de 2003. Meses después del 11M nos enteraríamos de que en noviembre de aquel año (2003) el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó al Gobierno sobre la posible presencia de un terrorista argelino en Madrid. Se trataba de Allekema Lamari. El CNI sugería al Ministerio de Interior que dirigía Ángel Acebes que Lamari podría estar planeando un atentado y se explicaba que el argelino había enviado unos giros con dinero a algunos de sus contactos, todos ellos presos. Este hecho era interpretado por nuestros servicios secretos como una posible despedida, bien porque Lamari se fuera del país o bien porque estuviera a punto de cometer una acción violenta. Allekema Lamari fue detenido en 1997 durante una operación policial contra miembros del Grupo Islámico Armado (GIA), pero salió de la cárcel en junio de 2002 por uno de esos siempre oportunos –y sospechosos- errores judiciales que tan frecuentemente favorecen a aquellos de quienes se sospecha que son confidentes policiales. Más o menos en aquellas mismas fechas en las que el CNI emitía su nota informativa, el diputado socialista Jordi Pedret calificaba la detención de unos presuntos islamistas en Cataluña como “propaganda” que tendría como fin justificar la guerra de Irak y alarmar a la población mediante una alarma absolutamente desproporcionada. Pedret se refirió a los detenidos en la Operación Lago como el “comando Dixán”, haciendo gala de un peculiar sentido del humor, con la intención de ridiculizar aquellas detenciones. Mientras el CNI alertaba del posible atentado terrorista de Allekema Lamari, el PSOE e IU, a través de Caldera y Llamazares, se permitían el lujo de bromear con aquellas operaciones policiales. Hay una clara línea que separa a los que venían preparando el ambiente gracias a sus dotes premonitorias, de aquéllos –políticos- a los que el 11M les cogió totalmente por sorpresa. El comportamiento de Pedret, Caldera o Gaspar Llamazares les situaría en este segundo grupo.

A penas mes y medio después de esa nota informativa en la que el CNI ponía al Gobierno sobre aviso en cuanto a la inminente peligrosidad de Lamari, tenía lugar otro suceso que marcaría los acontecimientos previos al 11M: en la Nochebuena de 2003 dos miembros -sin ninguna experiencia- de la banda terrorista ETA colocaron sendos artefactos de más de 25 kilogramos de dinamita Titadyne en dos trenes Intercity Irún-Madrid. La intención de los terroristas, según la sentencia que les condenó a 2775 años de prisión a cada uno, habría sido la de causar una masacre en la estación de Chamartín. Los atenuantes que expuso la Defensa no fueron tenidos en cuenta y se consideró que el objeto de los dos sujetos era claramente un intento deliberado de asesinar a decenas, tal vez cientos de personas. Las bombas estaban programadas para estallar más de media hora después de la llegada de los trenes a la estación. A uno de los dos terroristas le detuvo la Policía de San Sebastián antes de que llegara a colocar el artefacto. En Burgos los artificieros desactivaron la otra bomba: nadie se tomó la molestia de informarles acerca de cómo estaba montada la que había sido aprehendida en San Sebastián. Teóricamente, ETA había enviado a dos muchachos noveles y cuya única formación terrorista era un cursillo de 45 minutos, a cometer una masacre de proporciones incalculables.

Transcurrió un mes y los españoles nos despertamos con otra controvertida noticia: el diario ABC publicaba que tres semanas atrás, el 4 de enero, Carod Rovira se había reunido con dirigentes de la banda terrorista ETA en la localidad francesa de Perpignan. Las reacciones no se hicieron esperar: José Luis Rodríguez Zapatero manifestó su firme convicción de que “nada se puede negociar con los violentos”; José Luis Carod Rovira puso su cargo a disposición del entonces Presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall; Ángel Acebes pidió explicaciones a los responsables políticos catalanes… Pero las declaraciones más curiosas llegarían después: el 29 de enero, el secretario de política municipal del PSOE, Álvaro Cuesta, lanzaba duras críticas al Gobierno de José María Aznar por haber recurrido a esa filtración intencionadamente, haciendo un uso irresponsable de nuestros servicios de Inteligencia y poniendo así en peligro los dispositivos de vigilancia que había planeando sobre la cúpula etarra.

En aquellos primeros meses de 2004 el CNI le entregó otra nota informativa al Gobierno. En esta ocasión le comunicaban que tras varios intentos fallidos la banda terrorista ETA ya estaba en condiciones de cometer atentados utilizando teléfonos móviles como activadores de sus bombas.

Pasaron unas semanas más y el 29 de febrero se produciría otro importante hito en el camino hacia el 11M: el 29 de febrero de 2004 la Guardia Civil detendría en Cañaveras una furgoneta cargada con 536 kilos de explosivos. Los etarras de nuevo eran dos jóvenes sin experiencia previa en actos terroristas. En uno de los dos vehículos que conducían había un álbum de fotos que llevó a la Guardia Civil hasta la localidad asturiana de Mieres. También había un mapa en el que el Corredor del Henares venía rodeado con un óvalo, quedando Alcalá en la parte superior de éste. Los etarras no se opusieron a colaborar (de hecho, el que conducía el coche lanzadera, que tuvo que ingresar en un hospital con lesiones leves a consecuencia de un accidente previo, se identificó abiertamente como miembro de la banda terrorista ETA) y explicaron que planeaban cometer un atentado en algún polígono industrial. Asimismo, narraron cómo su primer encargo dentro de ETA había sido sembrar la pista de esquí de Baqueira con doce o trece mochilas bomba, con el objetivo de cometer un magnicidio. ETA había enviado a dos cachorros recién llegados al mundo terrorista a asesinar al Rey Juan Carlos colocando una docena de bombas en su entorno lúdico, pero al parecer la climatología lo impidió. Y como segundo bautismo de fuego, 536 kilos de explosivos después de atravesar toda la península.

A los pocos días de la detención, el consejero de Justicia del Gobierno Vasco, Joseba Azkárraga, hizo unas manifestaciones absolutamente sonrojantes: mostraba sin tapujos su extrañeza por la noticia de la detención de los jóvenes etarras. Según él, el hecho de que buena parte de la península estuviera sepultada por espesos mantos de nieve hacía a todas luces inviable el viaje de la furgoneta. Insinuaba el consejero vasco que todo era un montaje de los servicios de Inteligencia españoles y acusaba al ministro Acebes de la falta de información al respecto. Al mismo tiempo, Azkárraga acusaba al Partido Popular de no tener escrúpulos a la hora de emplear el terrorismo como arma arrojadiza. Durísimas palabras si tenemos en cuenta que estaba acusando al ejecutivo poco menos que de haber fabricado una detención, un atentado y a dos terroristas. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el por aquel entonces Presidente de Extremadura, se hizo eco de las dudas de Azkárraga e ironizó al respecto diciendo que sin duda los ciudadanos tenían “muy mala fe” y que por eso el Gobierno tenía que esforzarse en convencerlos de que la operación antiterrorista de Cañaveras no era “una mentira”. Según Ibarra, en la sociedad se habían extendido serias dudas que debían ser disipadas para que la gente no pensara que podíamos estar ante una pantomima montada por el Gobierno de Aznar. El político extremeño fue respondido por Rafael Hernando, del Partido Popular, que afirmó que sólo los miserables pueden dudar de las operaciones llevadas a cabo por las Fuerzas de Seguridad.

Menos de dos semanas después, en torno a las 7:40 del segundo jueves de marzo, harían explosión diez bombas colocadas en cuatro trenes de cercanías, asesinando a casi doscientas personas. Posteriormente aparecerían dos mochilas con explosivos, intactas y en la madrugada del 11 al 12, una tercera. Las dos mochilas que aparecieron en los trenes, concretamente en el que explotó en la estación de El Pozo del tío Raimundo y en el que lo hizo en Atocha, fueron explosionadas por los TEDAX. Los motivos por los que esas bombas explotaron no están claros, especialmente si tenemos en cuenta que estando ambas detonaciones bajo control no fue recogido ni el más mínimo vestigio de restos electrónicos o del iniciador de la bomba. El hecho es que desaparecieron, sin más y no quedó constancia de su existencia ni a través de una mera fotografía. Lo único que sabemos de esas dos mochilas es gracias a un croquis dibujado a mano alzada y a las declaraciones, contradictorias, de varios miembros del Cuerpo Nacional de Policía.

Todo lo que sucedió hasta la explosión de esas dos mochilas es 11M puro, libre de cualquier especulación, manipulación o sombra de sospecha. Y todo lo que se ha dicho desde ese momento hasta nuestros días no es más que un refrito de pruebas prefabricadas, testimonios contradictorios y presuntos culpables de diversas tramas no relacionadas entre sí, fruto del empeño de varias facciones policiales. Ese 11 de marzo de 2004 todos los políticos, salvo Arnaldo Otegi, manifestaron su certeza de que ETA estaba detrás del atentado. Pero poco a poco los acontecimientos fueron volcando esa opinión generalizada y arrinconando al Partido Popular, que trató de sostener abierta la llamada vía etarra en base a la información que los responsables de las Fuerzas de Seguridad les iban pasando. Con el paso de las horas, un goteo de pistas sirvió para convencer a buena parte de la opinión pública de que Al Qaeda era la autora de aquellos terribles atentados: durante la mañana del 11 de marzo era hallada en Alcalá una furgoneta Renault Kangoo que, ya por la tarde, aparecería repleta de pruebas en las dependencias policiales de Canillas, conteniendo restos de Goma-2 ECO, detonadores, una cinta coránica y ropa con ADN de presuntos islamistas; en la madrugada del 11 al 12 de sería encontrada en una comisaría una mochila que contenía un artefacto explosivo, compuesto de 10.2 kilos de Goma-2 ECO, un teléfono móvil y 650 gramos de tortillería en forma de metralla… A raíz del hallazgo de la mochila, la Policía fue capaz en un tiempo récord de detener, en plena jornada de reflexión, a los hindúes que habían vendido el teléfono que formaba parte del artefacto, así como a los marroquíes propietarios del locutorio donde fue vendida la tarjeta telefónica que iba incorporada dentro del terminal. De los cinco detenidos de aquella jornada de reflexión que terminarían de convencer a más de media España de que el Gobierno había estado mintiendo a los españoles, sólo uno permanecería como culpable oficial: el marroquí Jamal Zougam. Pasadas las elecciones, el Partido Popular demostró que durante aquellos cuatro días horribles, el CNI había emitido notas informativas asegurando al Gobierno que la línea principal de investigación era ETA. Asegurando al Gobierno que casi con seguridad ETA estaba detrás del 11M. El razonamiento era lógico: basta repasar los hechos que en ese momento aún eran recientes: el atentado frustrado de Chamartín, con bombas en trenes, el atentado de Baqueira con doce o trece mochilas bomba y la furgoneta de Cañaveras, con sus más de 500 kilos de explosivos. El entonces Director del Centro Nacional de Inteligencia, Jorge Dezcallar, habló con la que era Ministra de Exteriores, Ana Palacio, durante al menos siete ocasiones el 11M. Entre el 11 y el 14 de marzo de 2004 Dezcallar trató de convencer a Palacio de que la autoría señalada por la Policía era equivocada y restándole credibilidad a las pruebas encontradas en la Renault Kangoo. Las informaciones oficiales del CNI y las conversaciones del propio Dezcallar con Ana Palacio sirvieron para que ésta terminara de hundir la credibilidad del Partido Popular: la ministra había logrado que el Consejo de Seguridad de la ONU emitiera un comunicado de condena a ETA como autora de la masacre. Ana Palacio se había dejado llevar por el que además de jefe de los servicios secretos españoles, era presumiblemente uno de los máximos expertos en la lucha contra el terrorismo islámico.

Pero pasadas las elecciones, todo cambiaría. El mismo día 15 de marzo, menos de 24 horas después de que los españoles fuéramos a votar en estado de shock, el mismo Centro Nacional de Inteligencia que había empujado al PP al abismo de la autoría etarra, emitía una nueva nota informativa: la autoría del 11M era obra muy probablemente del argelino Allekema Lamari. Aquel de cuya peligrosidad ya habían advertido cuatro meses antes. El CNI instaba al Gobierno en funciones del PP a otorgarle la máxima prioridad a la búsqueda y captura de Lamari, para evitar unos nuevos atentados que con mucha probabilidad estarían por llegar. Si el CNI estaba seguro de que Lamari estaba detrás del 11M, ¿por qué esperó hasta pasadas las elecciones para decírselo al Gobierno del Partido Popular? ¿Y en base a qué afirmaba el Centro Nacional de Inteligencia que Lamari podía ser el organizador del atentado? Las detenciones de los hindúes y de los marroquíes, el día 13 de marzo, no guardaban ninguna relación ni con el argelino ni con el grupo terrorista al que había pertenecido (GIA). ¿De dónde sacaba el CNI esa “certera” información que durante los cuatro días anteriores había guardado celosamente, confundiendo al Gobierno con notas informativas que apostaban totalmente por la autoría etarra?

Precisamente en esas fechas, entre el 16 y el 17 de marzo de 2004, comenzaría a gestarse -a tomar forma, en realidad- la que con el tiempo se ha convertido en la versión oficial “madura” del 11M. Una versión oficial en la que tanto Zougam como Lamari sólo encajan a golpes de martillo, pero que incluye un montón de personajes, tramas y subtramas interrelacionadas entre sí a través de informes telefónicos y declaraciones de confidentes. Un providencial pinchazo telefónico (en el marco de una operación antidroga) al confidente de la Guardia Civil Rafá Zouhier sirvió para que la Policía se enterara de que este marroquí decía conocer a un islamista radical dispuesto a atentar y que tenía en su poder detonadores y medios materiales para cometer una masacre. En aquella milagrosa conversación Zouhier daba datos que a la postre conformarían la personalidad de ése al que llamamos El Chino. También en esas fechas agentes del Cuerpo Nacional de Policía –junto con un miembro del CNI- se desplazarían a Asturias a investigar la pista de los detonadores encontrados en la furgoneta Renault Kangoo. Pero por el camino, la pista sufrió una metamorfosis: el viaje que tenía como objeto perseguir aquellos indicios, pasó a investigar el rastro de una serie de tarjetas telefónicas. El 16 de marzo, varias de estas tarjetas supuestamente vendidas en el locutorio de Jamal Zougam se suscribieron oportunamente al servicio “Avísame” de Amena, que sirve para que el usuario esté avisado, mediante mensajes de texto, de los niveles de tráfico en carretera así como de la cantidad de polen presente en el lugar donde se encuentra. En torno a las 15:30 del día 16, varios de los integrantes de la trama terrorista decidieron protegerse del polen suscribiéndose a ese curioso servicio, con lo que recibieron un mensaje de texto (SMS) que sirvió a la Policía para redirigir sus investigaciones, localizando esos teléfonos. La pista de los detonadores quedaría abandonada no en el baúl de los recuerdos, sino en el del olvido.

Mientras esa versión oficial se iba fraguando en Asturias en torno al tráfico de Goma-2 ECO de un exminero esquizofrénico confidente del Cuerpo Nacional de Policía y a las declaraciones de un confidente de la Guardia Civil –ambos acusados en el juicio del 11M-, otras investigaciones policiales seguían en marcha, por vías muy diferentes: se estaba investigando a unos islamistas que nada tendrían que ver con aquéllos. Se estaba investigando también al entorno de Allekema Lamari. Fueron pasando los días y poco a poco la versión oficial “asturiana” se fue consolidando hasta convertirse en el baluarte de lo que sería toda la fase de instrucción sumarial.

Y así llegamos al 3 de abril, día en que siete supuestos terroristas se suicidaban en un piso de Leganés, en el momento en que una unidad del GEO iba a proceder a la entrada en la vivienda, ocasionando la muerte en acto de servicio del GEO Francisco Javier Torronteras Gadea. Muertos los culpables oficiales nos encontrábamos ante lo que técnicamente se conoce en cierto argot como un cierre de expediente. En el desescombro aparecieron cadáveres más o menos intactos y también numerosos restos cadavéricos de otras personas. Se lograría identificar a seis de ellos, la mayoría vinculados a esa trama que surgiría el día 16 de marzo camino de Asturias. Pero también se encontraron escasos restos –apenas un trozo de cráneo y un pedazo de hombro- de una séptima persona que permanecería aún durante meses en el anonimato. Durante unos días más, continuaron abiertas las investigaciones a las personas cercanas a Allekema Lamari, pero poco a poco se irían diluyendo. Definitivamente, la versión oficial “asturiana” prevalecería.

Sin embargo, el CNI no cejó en su empeño de meter al argelino Lamari en la trama terrorista del 11M. Desde ese día 15 de marzo en el que afirmaban que el terrorista del GIA podría estar detrás del 11M nunca dejarían de insistir en este tema hasta el punto de que obligaron a uno de sus confidentes a desplazarse desde Valencia a Madrid para intentar localizar al argelino. Se trataba del sirio Safwan Sabagh, “el Pollero”. El 2 de abril de 2004 el Pollero estaba en Madrid colaborando activamente para localizar a Lamari, aun cuando no había ninguna prueba que le señalara como autor del atentado. Meses después, Sabagh, que había sido detenido por el 11M y puesto en libertad, manifestaría que Allekema Lamari se había despedido de él –que ejercía de controlador del terrorista argelino desde 2002, cobrando por ello un salario del CNI- a través de una llamada telefónica pocos días antes del 3 de abril. Eso es lo que dice este confidente del CNI. En mayo de 2004 el CNI emitiría otra nota informativa en la que, de nuevo, insistía en la posible intervención de Lamari en el 11M. El séptimo cadáver de Leganés permanecía sin identificar, pero los servicios secretos españoles aseguraban, sin aportar ni una sola prueba y ni un solo indicio, que Lamari podía ser ese séptimo suicida así como que Lamari había estado planificando importantes atentados en España que incluirían el descarrilamiento de trenes. Nuevamente cabe preguntarse por qué entonces esperaron al 15 de marzo para decirle eso al Gobierno en funciones, habiéndole conducido entre el 11 y el 14 por la senda etarra. Y cabe preguntarse también por qué si Lamari estaba perfectamente controlado por El Pollero, le perdieron la pista de forma inexplicable, teniendo así la excusa perfecta para adjudicarle la autoría del atentado.

Dos semanas después de la redacción de esa última nota informativa y a escasos veinte metros del lugar donde aparecería la Renault Kangoo el 11 de marzo de 2004, la Policía localizaría el Skoda Fabia. En este vehículo se encontraron restos genéticos y huellas dactilares de Mohamed Afalah –que había ejercido como chófer de Lamari en el pasado- y de El Pollero, que tal y como hemos dicho había sido el controlador del terrorista argelino. También se encontró ADN de una persona sin identificar y que coincidía con el del séptimo suicida de Leganés. A estas alturas todos conocemos las circunstancias en que ese coche apareció allí. Y cómo se nos intentó convencer de que la Policía de Alcalá no había reparado en él el día 11 de marzo cuando comprobó las matrículas de todos los vehículos próximos a la Renault Kangoo. Tan delirante era la historia de la aparición del Skoda que hasta en la sentencia del 11M no se considera acreditado que fuera usado para ese transporte de las bombas que nos quisieron hacer creer.

Pero llegaría el momento de gloria del CNI. En septiembre, seis meses después del atentado, miembros de la Policía Científica elaborarían un informe en el que certificaban la identidad del séptimo suicida: Allekema Lamari. Cotejando una serie de puntos de la oreja encontrada en el trozo de cráneo con la fotografía del perfil del argelino, concluyeron inequívocamente que se trataba del mismo hombre. Y el Centro Nacional de Inteligencia pudo respirar tranquilo.

Reflexionando ahora, años después y con toda la información –y desinformación- que se ha venido vertiendo sobre el caso, resulta obvio que podríamos clasificar a los culpables oficiales en tres grupos claramente definidos e independientes entre sí:

-Por un lado está Jamal Zougam, detenido aprisa y corriendo en el día antes de la jornada electoral, aquel inolvidable –y grotesco para cualquier demócrata- 13 de marzo.

-Por otro lado nos encontramos con todos los pequeños delincuentes e islamistas de variado pelaje que conformaron la versión oficial nacida al poco tiempo de celebrarse las elecciones generales. Todos esos pelanas interrelacionados entre sí y con un pasado islamista más que dudoso, aliñado con testimonios mutantes de sus conocidos y familiares cercanos –junto con otros islamistas más fanatizados sospechosos de trabajar como confidentes para nuestros propios servicios de seguridad-: Jamal Ahmidan, Otman el Gnaoui, Serhane Ben Facket, Abdennabi Kounjaa…

-Por último, Allekema Lamari, el culpable oficial del CNI y su entorno más próximo –no sólo Mohamed Afalah sino también otros que se irían cayendo de las listas al consolidarse la segunda de estas tres tramas-.

Hay quien dice que las pruebas principales del 11M que aparecieron en los primeros días, la mochila de Vallecas y la furgoneta Renault Kangoo, caen por su propio peso debido a la improvisación que supuso el colocarlas –o el reutilizarlas-. No entraremos aquí a valorar tales afirmaciones, pero lo cierto es que son muchas las sospechas, como veíamos en artículos anteriores, de que esas pruebas no estuvieron ahí desde un principio. Al contrario que aquellas dos mochilas que los TEDAX explosionaron y de las que no quedaría nada, ¿recuerdan? No es de extrañar, debido a esa precipitación –tal vez alguien tuvo que darse mucha prisa para producir un vuelco electoral en un tiempo récord- que el detenido del 13M, Jamal Zougam, no guarde relación con las otras dos tramas. O que el malo oficial del CNI, Allekema Lamari, tampoco esté vinculado a esas otras dos respectivas tramas terroristas.

Todos estos hechos expuestos cronológicamente pueden no resultar fáciles de comprender. Pero olvidémonos por un momento de las fechas y repasemos lo sucedido. Después de una legislatura que había servido como caldo de cultivo para la agitación y la propaganda contra la guerra de Irak, el Centro Nacional de Inteligencia alertaba al Gobierno a finales de 2003 de que Lamari, un terrorista controlado por ellos a través de un confidente, podría atentar en España. A medida que nos acercábamos a las elecciones la banda terrorista ETA intentaba cometer atentados inverosímiles que siempre daban al traste antes de llegar a cometerse. ETA se los encargaba a jóvenes sin ningún tipo de experiencia y que no tenían ningún inconveniente en identificarse como etarras. La reunión de Perpignan, filtrada desde los propios servicios de seguridad del Estado, contribuyó a crear lo que un buen amigo mío denomina “estado de máxima desconfianza” entre los diversos partidos políticos -y facciones policiales afines-. El clímax de esta desconfianza pudo vivirse tras las detenciones de Cañaveras, a través de las declaraciones de Azkárraga e Ibarra que acusaban abiertamente al Gobierno del PP de haber montado una pantomima terrorista a través de ETA, con fines electoralistas. Sucedió el 11M. Se destruyeron pruebas –trenes desguazados, restos no reclamados incinerados, mochilas-bomba destruidas…- y fueron apareciendo otras, con tintes claros de improvisación. Mientras tanto, el CNI aseguraba al Gobierno que ETA había cometido el 11M. Las nuevas pruebas que iban apareciendo condujeron a unas detenciones a través de acusaciones absolutamente endebles. Tras las elecciones generales, ya con más tiempo, la versión oficial definitiva iría tomando forma. Paralelamente el CNI aseguraba que Allekema Lamari era el autor del 11M, sacándose de la manga tal afirmación sin aportar ni un solo dato objetivo. A partir de ese momento se mantuvieron abiertas dos vías de investigación: la de la versión oficial “trabajada” surgida a raíz de las pruebas aparecidas entre el 11 y el 14 y la del entorno próximo a Lamari. Tras los sucesos de Leganés se terminó de desestimar la segunda de estas vías, primando la primera. El CNI seguiría insistiendo durante meses en esa presunta autoría de Allekema Lamari, al tiempo que irían apareciendo más indicios de la participación de su entorno, de una u otra forma, en los atentados. Finalmente, el CNI pudo colgarse la medalla cuando la Policía Científica aseguró que la oreja encontrada en Leganés pertenecía al argelino.

Todavía hoy mucha gente piensa que ETA pudiera estar detrás del 11M, debido a la solidez de los indicios –nunca pruebas- que llevaron al Gobierno de Aznar a la catástrofe informativa de aquellos cuatro días fatídicos. Todavía hoy mucha gente se pregunta cómo es posible que el CNI llevara al PP a su propia perdición electoral para, al día siguiente, hacer un inigualable ejercicio de premonición acertando la identidad de uno de los terroristas que habrían cometido la masacre. Muchos hoy se preguntan, aún, por qué el CNI no informó al Gobierno de esa certeza con anterioridad. Muchos se preguntan, también, qué demonios contenían las dos mochilas que no estallaron en los trenes y hacia dónde habrían conducido las investigaciones ¿a ETA? ¿tal vez a Lamari? ¿o quizás a Lamari a través de ETA?. Porque lo que está claro es cómo se produjeron las primeras detenciones y cómo tras la jornada electoral fue elaborándose la versión oficial. Y cómo distintas facciones fueron poniendo todo su empeño en que sus tramas prevalecieran sobre las de los otros.

Pero ninguna de estas dudas constituyen la paradoja final de esta serie de artículos. El papel del CNI, o de sectores del CNI, como canalizador de la agitación callejera a consecuencia de la Guerra de Irak, las extrañas decisiones tomadas por la cúpula etarra en aquellos sospechosos atentados, la desconfianza surgida entre los políticos de uno y otro bando a raíz de tales operaciones y de otros sucesos como la reunión de Perpignan o el ambiguo papel de nuestros servicios secretos durante los momentos inmediatamente posteriores al atentado no constituyen la paradoja que debe hacernos reflexionar a todos. Si alguien tiene la sospecha de que todos esos acontecimientos fueron meticulosamente preparados –algunos desde la propia ETA- para que el Partido Popular se lanzara a una piscina sin agua a raíz del 11M, la verdadera paradoja se encierra tras las palabras que Julio Anguita pronunció el 28 de febrero de 2004, a dos semanas del 11M y un día antes de la detención de los etarras de Cañaveras: “la actual ETA está teledirigida desde las cloacas del Estado”.



La paradoja de ETA

En los artículos precedentes hemos ido desglosando muchas de las paradojas que envuelven la sentencia del primer juicio del 11M. Sentencia que sirvió para trasladar a buena parte de la opinión pública que la investigación estaba definitivamente cerrada y que los puntos sobre los que existían dudas ya habían sido aclarados. Nosotros nos hemos limitado aquí a señalar algunas de las peculiaridades –para no decir incongruencias- de dicha sentencia. También hemos comentado los casos de diversos personajes que aparecen en las tramas del 11M pero que por motivos desconocidos han sufrido un envidiable trato de favor, especialmente si comparamos su situación con la de otros integrantes de esas mismas tramas. Hemos hablado de los explosivos y de algún episodio concreto relacionado con la trama telefónica. También hemos dedicado un artículo a las pruebas fundamentales del caso, dejando constancia de que las sospechas de manipulación no aparecen sobre un testimonio o unos hechos concretos, sino sobre todas y cada una de las pistas e investigaciones que se nos han presentado. Finalmente hemos hablado de la posible participación de Al Qaeda en los atentados del 11M, tratando siempre de no apartarnos de la propia versión oficial. Y hemos constatado cómo esta versión oficial ha dejado fuera de toda posible responsabilidad al único sujeto que está realmente vinculado con la red terrorista Al Qaeda, a pesar de que todos los indicios apuntan a una sospechosa connivencia entre él y terroristas considerados autores de los atentados de Casablanca y Madrid. Poco a poco nos estamos acercando al final o al menos al final del principio.

Pero, ¿y ETA? ¿Qué hay de ETA? ¿Sabemos a ciencia cierta si ETA desempeñó algún papel en el 11M? Pues desde luego la respuesta es no. No sabemos, cuatro años después, si ETA jugó un papel, esencial o no, en el 11M. Por la sencilla razón de que este extremo no se ha investigado –más bien todo lo contrario-. Sin embargo, no todo es oscuridad. Hay tres cosas que sí conocemos. En primer lugar, sabemos que la sombra de ETA planea sobre el 11M desde el mismo día del atentado y lo que es más importante, desde antes de éste. En segundo lugar, intuimos que en el Sumario del 11M diversos funcionarios policiales tenían órdenes de eliminar cualquier posible referencia a la banda terrorista ETA, por insignificante que esta fuese (recordemos varios episodios similares a la manipulación cometida en el caso del ácido bórico). Por último, nos consta que quienes han tejido la maraña de casualidades, contradicciones y mentiras que conforman la versión oficial han mostrado muchísimo interés en que los que dudábamos de ésta creyésemos firmemente que ETA estaba detrás de los atentados.

Y es que a estas alturas uno ya no puede creer que las cosas sucedan accidentalmente, por muy extraño que resulte que por un lado se eliminen referencias a ETA y por el otro se nos intente hacer creer que ETA pudo cometer el atentado. A fin de cuentas ¿no es eso lo que se ha hecho desde el principio? Desde el mismo 11M hasta hoy los distintos partidos políticos y sus tentáculos mediáticos han tratado por todos los medios de polarizar a la sociedad española, obligando a todos los ciudadanos a decantarse por una de las dos posibilidades: o ETA, o Al Qaeda. Es raro encontrarse con alguien que no tenga una opinión formada –aunque sea en base a titulares- y que no esté posicionado en la creencia de que una de esas dos organizaciones terroristas es la autora de la masacre. Incluso existe mucha gente que piensa, porque así se lo han hecho creer, que la planificación y ejecución del 11M podría ser obra no de ETA o Al Qaeda, sino de una joint venture entre ambas bandas. Sin ir más lejos, esta hipótesis la manifestó Felipe González el mismo 11 de marzo de 2004. Podríamos decir que el 11M en manos de los políticos y sus satélites era como la quiniela: ó ‘1’, ó ‘2’, ó ‘X’. Pero no se nos permitía salirnos del camino trazado por los que diseñaron la investigación del mayor atentado terrorista de nuestra historia. Desde el primer momento se nos introdujo en la dicotomía “Titadyne vs. Goma-2 ECO”, que tal y como dijo Alfredo Pérez Rubalcaba en la Comisión de Investigación, nos situaba ante dos posibilidades únicas: si era Titadyne lo que había explotado, se trataba de ETA; si por el contrario era Goma-2 ECO, se trataba de islamistas. A través de este pensamiento circular se excluía la posibilidad de que hubiera estallado algo que no fuera ni Titadyne ni Goma-2 ECO (que es lo que manifestó el jefe de la Brigada Provincial TEDAX de Madrid en sus dos primeras declaraciones, durante la fase de instrucción). Y por extensión, se excluía también la posibilidad de que el atentado hubiera sido cometido por alguien que no perteneciera ni a ETA ni a “Al Qaeda”. Tanto PP y PSOE jugaron durante tres años al gato y al ratón con este tema. De hecho, es fácil constatar la actitud del Partido Popular durante todo este tiempo. La del PSOE no se ha movido ni un ápice, así que resulta obvia. Siempre han sostenido que el 11M fue cometido por islamistas, como represalia por la segunda Guerra de Irak. Pero, ¿qué ha dicho el Partido Popular? Inicialmente se lanzaron sobre la hipótesis de la autoría etarra. Era una postura lógica, dadas las informaciones que les llegaban desde las fuerzas de seguridad en aquellos días. Durante la Comisión de Investigación se esforzaron por explicar su actuación anterior, justificándose e intentando convencer a la opinión pública (grave error por su parte) de que no habían mentido. Y durante toda la instrucción podemos decir que el PP dio –no con demasiada determinación- la batalla del 11M, planteando dudas y presentando preguntas en sede parlamentaria. Preguntas fundadas que merecían respuestas contundentes. Pero esta actitud inquisitiva del PP no duró para siempre. El PP se mantuvo interesado en el 11M mientras los principales investigadores contemplaron la hipótesis de la autoría etarra, pero cuando éstos, de forma más o menos unánime y cuasi-simultánea manifestaron que no creían que ETA hubiera cometido los atentados de Madrid, el Partido Popular decidió mirar para otro lado.

Está claro que la posibilidad de que el responsable no fuera ni ETA ni “Al Qaeda” no se podía contemplar. Sería demasiado horrible y pondría en entredicho el propio funcionamiento de una parte de nuestros servicios de Inteligencia. Además de que haría tambalearse la propia estructura del Estado y casi con toda seguridad nos sumiría en una crisis sin precedentes. Y es que, ¿qué país occidental, moderno, en el seno de la Unión Europea y de la OTAN, podría enfrentarse hoy en día a un golpe de Estado sin que se tambaleara el propio sistema y toda la red económica del país? No cabe ni tan siquiera planteárselo. O fue Al Qaeda, o fue ETA. Y si alguien falsificó pruebas y tejió falsas tramas compuestas por confidentes policiales, tuvo que ser, inequívocamente, para tapar la autoría etarra. ¿Acaso no ha estado negociando el PSOE con ETA durante toda la legislatura aun cuando en su programa electoral no aparecía ni una palabra que nos alertara sobre tal negociación? ¿Acaso no es cierto que el PSOE y ETA estaban ya inmersos en negociaciones desde antes del 11M? ¿No basta eso como prueba de que ETA tenía a Rodríguez Zapatero “cogido por los vagones”? Rotundamente no. Hay una diferencia abismal entre que se nos quiera hacer creer que ETA cometió el 11M y que ETA lo cometiera realmente. Si se fija el lector, todos los indicios que se nos han presentado de que ETA pudo estar detrás de los atentados de Madrid han sido siempre eso: indicios, pero nunca pruebas. Se fabricó una trama islamista para contentar a una mitad del electorado mientras se le ofrecía montones de indicios a la otra mitad para que pensaran que la banda terrorista vasca había sido la autora real. Pero nunca pruebas concluyentes, nunca nada definitivo.

Se nos contó que presos islamistas vinculados indirectamente con el 11M tenían teléfonos de etarras apuntados en papeles, así como fórmulas químicas de explosivos caseros empleados por ETA; se nos dijo que algunos de los islamistas del 11M tenían teléfonos preparados para ser empleados en bombas, manipulados de la misma forma en que lo hace ETA; se nos explicó que ETA había robado un coche –que acabaría siendo usado como coche-bomba en Santander- en el callejón del asturiano Suárez Trashorras, en Avilés; se nos habló de otros asturianos a los que se les había encontrado munición de un calibre concreto que ETA había usado en el pasado; se nos intentó convencer de que Jamal Ahmidan “El Chino” traficaba con drogas en el País Vasco y de que casi todos los presuntos islamistas viajaban frecuentemente al País Vasco y a Navarra; incluso José Emilio Suárez Trashorras llegó a declarar que El Chino le había confesado que era ¡amigo de los etarras de Cañaveras! ¿Es posible que se dieran tantas coincidencias? Tengamos en cuenta que sólo se ha enumerado aquí una pequeñísima parte de todas las que han ido apareciendo. Faltan en la lista, por ejemplo, las que sirvieron para que el Partido Popular se estrellara electoralmente el 14 de marzo de 2004: los atentados fallidos que ETA habría pretendido perpetrar en Chamartín y Baqueira (el primero en trenes y el segundo con, casualmente, doce mochilas bomba) y la “furgoneta de Cañaveras”, detenida apenas 10 días antes del 11M con 530 kg. de explosivos.

Por supuesto que tantas coincidencias y casualidades no se pueden dar accidentalmente. Pero eso no significa que sean hechos ciertos o probados. Lo que demuestra es la intención de quienes urdieron la trama de dejar la sombra de la duda planeando eternamente sobre las cabezas de la mitad de los españoles. La otra mitad no necesitaba ninguna sombra de nada, puesto que ya tenía un culpable oficial: Aznar y la Guerra de Irak. A la vista de todos estos indicios –nunca pruebas- resulta evidente que alguien se tomó muchas molestias para que ETA nunca desapareciera del todo en el 11M.

Este interés espurio de los fabricantes de tramas se puede ilustrar fácilmente a través de una anécdota personal. Recientemente tuve el gusto de conocer a dos jóvenes universitarios miembros de Nuevas Generaciones. Al contrario que sus mayores, éstos estaban más preocupados por averiguar toda la verdad del 11M que por hacer méritos y medrar en el seno del partido. Leían informaciones de prensa de todas las tendencias, conocían los datos del Sumario que han sido publicados, estaban al día de lo acaecido en el juicio y tenían una opinión formada de lo que pudo haber ocurrido. Uno de los dos me dijo que estaba seguro de que ETA había cometido el 11M y esgrimió todos esos indicios que hemos expuesto y muchos más. Entonces tuvo lugar, de forma aproximada, el siguiente diálogo:

-Entonces tú no crees que se usara Goma-2 ECO en los trenes…
-No.
-Y no te crees lo del transporte de la dinamita… con El Chino acarreando mochilas de 40 kilos durante toda la noche, transitando barrancos nevados de madrugada sin ningún tipo de iluminación artificial, realizando llamadas telefónicas desde una mina en la que los teléfonos no tienen cobertura, estando casi 40 horas seguidas sin dormir, conduciendo a 160 kilómetros por hora inmerso en la mayor nevada de los últimos cuarenta años…
-No, no me creo nada de eso.
-Y supongo que tampoco te crees que sea auténtica la fotografía del Toyota Corolla que aparece en el Sumario, en la que no hay nieve, ya que ese 29 de febrero supuso que casi toda la cornisa cantábrica estuviera prácticamente cubierta por el temporal…
-Obviamente no, esa foto no es del 29 de febrero de 2004 y no se identifica al conductor del vehículo.
-Ya, claro, e imagino que si no te crees eso, mucho menos el episodio de las multas, ya sabes, lo del miembro de la Guardia Civil que paró a “El Chino” y le puso dos multas. Eso sí que te parecerá ridículo. Le paran por exceso de velocidad y resulta que va en un coche robado, no lleva papeles, no tiene seguro, dice que el coche es de un amigo y su única documentación es un pasaporte belga falsificado… ¡y le dejan seguir! Casi lo de menos es que fuera el coche lanzadera de otro que se supone que transportaba cientos de kilos de explosivos… eso sí que no te lo creerás…
-Por supuesto que no: ese viaje nunca tuvo lugar. Nadie podría creerse el episodio de las multas.
-Entonces tú crees que todo el viaje del supuesto transporte de la Goma-2 ECO es inventado.
-Sí.
-Es decir, que alguien se lo inventó a posteriori.
-Eso es.
-Yo pienso lo mismo. Pero entonces, si el viaje de El Chino no existió nunca y alguien se lo inventó, pudo haber escogido cualquier fecha para ese viaje, ¿no es así?
-Sí, claro.
-¿Y no te llama la atención que se inventara un viaje en el que se transportaban explosivos, como en el de los etarras detenidos en Cañaveras, siguiendo una ruta paralela a la de los etarras de Cañaveras, el mismo día en el que viajaban los etarras de Cañaveras? Puestos inventárselo, si realmente ETA cometió el 11M y se pretendía desviar la atención, ¿no es obvio que lo lógico habría sido elegir otro día y otra ruta?

El muchacho se quedó pensativo. Ciertamente es muy probable que el viaje de Jamal Ahmidan no existiera o por lo menos que, en caso de existir, no tenga absolutamente nada que ver con lo que nos han contado. Pero igual de cierto es que se nos ha intentado vender por activa y por pasiva que ese viaje estaba íntimamente relacionado con una hipotética participación etarra. No en vano Suárez Trashorras dijo aquello de que Jamal Ahmidan le había dicho que era amigo de los etarras detenidos en Cuenca. Ahora, cuatro años después, aparecen nuevos (antiguos, en realidad, puesto que siempre han estado ahí) personajes intentando convencernos de que ETA tuvo algo que ver: Mario Gascón, el confidente de la Guardia Civil, por ejemplo. O al menos eso interpreta cualquiera que le escuche hablar de la participación de “los vascos”.

Alguien se ha tomado muchas molestias durante estos cuatro años para que media España piense en ETA. Demasiadas molestias. Una reflexión similar a la del viaje de Jamal Ahmidan la podríamos hacer respecto a los análisis de los restos de explosivos llevados a cabo durante el juicio del 11M. Pero sería extendernos demasiado. En realidad todas esas molestias empezaron a tomárselas antes incluso del 11M, asegurándose que el Partido Popular se lanzaría a una piscina que a la postre no tendría agua y sí un montón de clavos y brasas. Lo único que hemos visto durante todo este tiempo no es sino la continuación de todo aquello.

En este artículo no hay algo paradójico que destacar en el último párrafo. Todo el texto constituye en sí mismo una paradoja, puesto que como hemos señalado antes, se nos intentaba convencer de que ETA estaba detrás de la autoría al mismo tiempo que alguien se esforzaba en eliminar cualquier rastro que pudiera apuntar siquiera levemente al norte. Y es que, pensándolo bien, para conseguir el primero de esos fines, ¿qué mejor manera que llevar a cabo el segundo?

Respuesta al sr. Torices sobre la sentencia dictada por el Tribunal Supremo sobre el 11M
Aprovecho este espacio para publicar una respuesta detallada a un artículo aparecido en uno de los principales diarios de mi pueblo tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo ante los recursos de casación del 11M:

http://www.eldiariomontanes.es/prensa/20080718/nacional/supremo-ratifica-matanza-obra-20080718.html

El artículo del señor Torices, sin faltar a la verdad, contiene algunas imprecisiones que convendría aclarar. Y lo que es más importante, señala –respetando en lo posible la textualidad, lo cual es de agradecer- algunos aspectos de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 11M, sin molestarse en profundizar en tales afirmaciones del alto tribunal para contrastar hasta qué punto se sostienen o se apoyan en datos probados.

El señor Torices pasa de puntillas sobre la absolución de Rabei Osman al Sabed, “El Egipcio”. Y pasa de puntillas sin mencionar a Yousef Belhadj y a Hassan el Haski. Probablemente no los cita para no tener que recordar que estas dos personas, junto con El Egipcio, fueron acusados de ser los ideólogos del 11M y resultaron absueltos de tales cargos durante la vista oral. Y es que se cayeron los inductores de la Fiscalía y hoy por hoy seguimos sin saber quiénes idearon y planificaron aquella terrible masacre.

Es cierto que el Tribunal Supremo afirma que existe una “dependencia ideológica” entre los que considera autores del atentado y la organización terrorista Al Qaeda, pero también lo es que se refiere a los responsables del atentado de Madrid como “un grupo u organización terrorista diferente e independiente” de Al Qaeda.

Tanto el Tribunal Supremo como el señor Torices arrastran un lastre del que no son responsables. Afirma este periodista que en los trenes explotó “sobre todo Goma-2 ECO”: referencia que deriva de la afirmación, absolutamente carente de fundamento -y lo que es peor, de explicación- que dieron Bermúdez, Nicolás y Guevara en la sentencia del 11M en la Audiencia Nacional, cuando afirmaron que “en todo o en parte” había explotado Goma-2 ECO. Señor Torices, señores del Supremo, ¿qué significa “sobre todo”? ¿Qué más explotó en los trenes? Para realizar afirmaciones gratuitas como “sobre todo” o bien “en todo o en parte”, uno está obligado –especialmente tratándose de representantes de la Justicia- a explicar cuál es esa otra parte que les sirve para parchear su tesis. Lo replanteo de forma más concreta: ¿de dónde salieron el dinitrotolueno y la nitroglicerina que aparecieron en los análisis químicos realizados a las muestras recogidas en los trenes? Las afirmaciones vagas e imprecisas de “sobre todo” o “todo o en parte” podrían intentar explicar la aparición del dinitrotolueno. Los tribunales deberían explayarse, pero dado que prefieren navegar sobre las aguas de la ambigüedad, los ciudadanos tendremos que suponer que se refieren a que tal vez los terroristas adquirieron Goma-2 ECO y algún cartucho de Goma-2 EC, que explicaría la presencia de dicho componente. Pero ¿y la nitroglicerina? Dado que la Goma-2 ECO no lleva nitroglicerina en su composición, y dado que la Goma-2 EC tampoco incorporaba este componente desde 1992, ¿cómo explica el señor Torices su aparición en los análisis? ¿Cómo nos explicará el significado de la frase “sobre todo Goma-2 ECO”? ¿Qué es el resto de ese “sobre todo”?

De nuevo las imprecisiones pueblan los textos referidos. Entre 10 y 13 terroristas colocaron las bombas en los trenes. No 9 ni 14, sino entre 10 y 13. Pero tampoco 12. ¿Puede alguien, magistrado, juez, fiscal, periodista o político explicarnos a qué se debe esa imprecisa acotación? ¿Cómo han llegado a tal indubitada –a la par que inconcreta- conclusión lógica? Mal está afirmar tajantemente cosas como ésa sin datos que lo acrediten.

Nos habla el señor Torices de dos personas que han sido condenadas como autores del 11M. Pero omite algunos pequeños detalles: que uno de ellos no fue visto en los trenes, ni hay ningún dato probado que le vincule con ellos, ni se encontró allí ningún rastro suyo. Simplemente, se le considera probadamente como coautor de la masacre por el hecho de haber estado en sitios que se consideran claves, como la casa de Morata o el más que dudoso transporte de los explosivos. Omite que este señor, Otman el Gnaoui, se mofaba reiteradamente del Islam y de sus amigos religiosos en las conversaciones telefónicas grabadas que esgrimió la Fiscalía durante el juicio. Y omite que el otro condenado por la autoría del atentado, Jamal Zougam, lo ha sido única y exclusivamente, tal y como deja claro la sentencia del Tribunal Supremo, por dos hechos: primero, por haber vendido unas tarjetas telefónicas que habrían sido usadas, supuestamente, en la masacre; segundo, porque varios testigos le reconocieron en los trenes. Pero no estaría mal que el señor Torices matizara estas cuestiones. Es falso que Jamal Zougam vendiera esas tarjetas telefónicas: él era el dueño del locutorio pero no es quien vendió esas tarjetas. Por otra parte, su negocio era vender tarjetas telefónicas. A nadie se le ocurriría condenar a quienes vendieron las mochilas supuestamente usadas en las bombas. O los teléfonos móviles. En cuanto a los reconocimientos de los testigos, todos ellos entraban en contradicciones entre sí, afirmando haberle visto en varios trenes al mismo tiempo. Por no mencionar que los dos testigos –dos chicas rumanas amigas entre sí- que finalmente ha tenido en cuenta el tribunal, incurren en contradicciones flagrantes.

¿Podrían explicarnos el señor Torices –o algún miembro del Tribunal Supremo- en qué se basan para afirmar que dos personas huídas habrían podido participar en la colocación de las bombas? Los ciudadanos creemos que lo mínimo que se le puede exigir a los tribunales es transparencia. Si no existe relación de Afalah, de Berraj, de Ouhnane, con la práctica totalidad de los considerados autores del 11M, si no existen testimonios de nadie que afirme haberles visto en los trenes y si no se encontró allí ninguna prueba que les incrimine directamente, ¿a qué se debe esa de nuevo imputación gratuita? Es fácil acusar a quienes no pueden defenderse, ya sea porque estén muertos, ya sea porque estén ilocalizables. Pero las acusaciones hay que sustentarlas con pruebas. Si no, se convierten en brindis al Sol. De igual manera, sorprende sobremanera que el Tribunal Supremo afirme en su sentencia que “al menos algunos” de los fallecidos en el piso de Leganés habrían intervenido en los atentados del 11 de marzo. ¿Qué significa “al menos algunos”? ¿Quiénes sí y quiénes no? ¿Cómo es posible que más de cuatro años después se nos vayan contando versiones mutantes desde las instancias oficiales? En la sentencia del 11M, en la Audiencia Nacional, las siete personas que aparecieron muertas en aquel piso –en el que también falleció el miembro del GEO Francisco Javier Torronteras Gadea- eran consideradas autores de la masacre, sin aportar ninguna prueba ni razonamiento más allá de que se habían suicidado. Ahora, el Tribunal Supremo, con la misma falta de argumentación, nos dice que “al menos algunos” participaron de dicha autoría, pero no especifica quiénes ni en qué se basa. Los ciudadanos creemos que ya está bien de que nos tomen el pelo.

Porque si el hecho de habitar aquel piso –en el que se encontraron subfusiles, explosivos y reivindicaciones- era suficiente como para considerar a sus inquilinos autores de la masacre, si el hecho de habitar aquel piso es suficiente ahora como para considerar a “al menos algunos” de sus inquilinos autores de la masacre, entonces ¿por qué no se ha condenado a Abdelmajid Bouchar por este mismo crimen? Bouchar vivía en aquel piso y escapó corriendo al ver a la Policía cuando bajó a tirar la basura el día de la explosión del piso. Sin embargo, la Fiscalía no ha considerado a Bouchar autor material del 11M y el Tribunal así lo ha refrendado con su sentencia. ¿A qué se debe tal aleatoriedad y tal falta de argumentación cuando se trata de culpabilizar a unos y otros? Los españoles queremos saber, y no es con consignas como se nos callará.

Por otra parte, afirmar como hace el señor Torices que en España se ha detenido “a la mayoría de los implicados” no es en mi opinión, demasiado acertado. Sólo tres personas han sido condenadas directamente por los atentados del 11M: además de los dos señalados anteriormente, también un exminero español, esquizofrénico y confidente del Cuerpo Nacional de Policía. El resto de los condenados lo han sido bien por delitos menores, bien por delitos sin relación directa con los atentados del 11M. Al menos así lo han considerado los tribunales, y la prueba evidente es que todas esas personas –al margen de estos tres- no tendrán que indemnizar a las víctimas del atentado.

Finalmente, dice el señor Torices que el tribunal afirma que la célula terrorista cometió el atentado “sin participación alguna de ETA”. Afirmación llamativa, dado que la sentencia no se refiere a ETA en ningún momento ni descartando ni afirmando ninguna participación por un motivo evidente: no es a ETA a quien se estaba juzgando. Somos muchos los españoles que aun interesados en que se investigue el 11M hasta sus últimas consecuencias, estamos convencidos de que ETA no tuvo nada que ver con estos atentados. Y por eso nos sorprende actitudes como la del señor Torices, que al parecer trata de desvincular al fantasma de ETA del 11M.

Los españoles queremos saber quiénes planificaron el 11M, ahora que los tres supuestos ideólogos han sido absueltos de tales cargos. Queremos saber por qué se comenzó a desguazar los trenes dos días después del atentado –hecho éste que el Supremo reprocha abiertamente en esta sentencia-. Queremos saber quién profanó la tumba del GEO Torronteras el 5 de abril de 2004. Y queremos saber, porque no nos salen las cuentas, quiénes colocaron las bombas de los trenes.

La paradoja de Al Qaeda
Desde que el día 13 de marzo de 2004 se produjeron las primeras detenciones, la versión oficial del 11M ha afirmado tajantemente que estábamos ante un atentado islamista. Pero no siempre esta premisa básica ha venido acompañada de los mismos matices. Basta navegar durante un rato a través de Internet para comprobar cómo casi desde el primer momento los medios digitales –los que nunca cuestionarían la versión oficial- se iban haciendo eco de una serie de hipótesis acerca de la autoría del atentado. Se dijo, en un principio, que el 11M había sido obra de Al Qaeda. Se esgrimió un fax reivindicativo enviado por las Brigadas de Abu Hafs al Masri (que no es ni más ni menos que un grupo fantasma que reivindica todo lo que sucede en cualquier parte del mundo). Posteriormente se les trató de meter a todos en un saco más adecuado para la ocasión: una organización terrorista denominada “Anatema y Martirio”. Se nos dijo también que pertenecían al Grupo Islámico Combatiente Marroquí. Y a diversos grupúsculos de ideología salafista. Poco a poco las fantasías fueron desapareciendo y se trató de retomar la línea original. Como ninguno de los imputados tenía una vinculación directa con Al Qaeda, se nos trató de convencer de que formaban una célula en sí misma. Estábamos claramente ante una célula local de Al Qaeda. Al fin y al cabo, como todo el mundo sabe, la red Al Qaeda está formada por “franquicias” más o menos independientes unas de otras, ¿no es así? Aquello no terminaba de cuajar, por varios motivos. Entre otros, porque difícilmente los detenidos –y fallecidos- que nos presentaban como presuntos culpables podrían ser integrantes de ninguna célula, ya que muchos de ellos ni siquiera se conocían entre sí. De hecho, por poner algún ejemplo, no consta ninguna relación entre Allekema Lamari y las otras seis personas que aparecieron muertas en el piso de Leganés junto a él. Ni tampoco hay ninguna relación constatada, de ningún tipo, entre Jamal Zougam y aquellos siete suicidados, habiendo sido considerados los ocho autores materiales del atentado. Además, seguían sin aparecer nexos reales entre estos individuos y Al Qaeda. La versión oficial siguió adaptándose a las circunstancias y lo que había pretendido ser una célula local de Al Qaeda liderada por Rabei Osman, conocido como “Mohamed el Egipcio”, terminó siendo algo así como un grupo de magrebíes de ideología más o menos radical, inspirados en la filosofía yihadista de la red terrorista Al Qaeda. Faltaba añadir una línea más, que habría ajustado esta definición algo más a la realidad: en contacto directo con varios confidentes de la Policía y de la Guardia Civil, acusados también de colaborar en el atentado.

La instrucción llegó a su final y se celebró el juicio. ¿Estamos ahora en condiciones de afirmar por fin que el atentado fue cometido por Al Qaeda o por alguna célula local de Al Qaeda? Durante la vista, la Fiscalía y algunas de las acusaciones particulares trataron de buscar lazos entre los imputados y Al Qaeda a través de dos de los acusados: Youssef Belhadj y Rabei Osman. Durante todo el juicio se trató de demostrar que existían vínculos entre estos dos individuos y la red Al Qaeda, de manera que se pudiese establecer una relación a través de ellos entre la organización liderada por Osama Bin Laden y los imputados por el 11M. Podríamos dedicar un par de artículos como éste a comentar lo endebles que resultaban las pruebas contra estos sujetos, o las torturas denunciadas por algún testigo al que miembros de la Policía amenazaron y agredieron para que confesase una inexistente relación entre Belhadj y Al Qaeda (según el propio testigo). Pero para resumir la cuestión, diremos simplemente que tanto Belhadj como “El Egipcio” resultaron absueltos de las acusaciones de planificar y organizar el atentado del 11M que pesaban sobre ellos.

¿Quiere esto decir que no hay ninguna relación probada entre las personas que se nos han presentado como protagonistas del 11M y la red terrorista Al Qaeda? Todo lo contrario. Hasta aquí hemos presentado lo que podríamos considerar una introducción, pero ahora iremos al meollo de la cuestión. En la trama del 11M, o para ser más exactos en las tramas del 11M, hay alguna persona de la que sí se ha podido contrastar una verdadera vinculación a Al Qaeda. Y no nos estamos refiriendo a Jamal Zougam, del que se cuenta que conoció al que fuera líder de la célula de Al Qaeda en España, Imad Edin Barakat Yarkas, “Abu Dahdah”, cuando Zougam regentaba una frutería. Existe una persona condenada en firme por pertenecer a esa célula de Al Qaeda en España. Una persona condenada en firme en el transcurso de la Operación Dátil, por decisión del omnipresente Baltasar Garzón, tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Esa persona se llama Mohamed Nidal Acaid y se le conoce como “Abu Nidal”.

¿Y quién es Abu Nidal? ¿Qué papel juega en las tramas del 11M? ¿Ha sido condenado por este atentado? El sirio Abu Nidal compró una casa en 1997 y la puso a nombre de su esposa, la ceutí Nayat Fadal. Tras los atentados del 11S cometidos en 2001 en Estados Unidos, el juez Baltasar Garzón le condenó, en el seno de la Operación Dátil, por ser un integrante de la célula de Al Qaeda en España liderada por Abu Dahdah. En 2002, Abu Nidal y su esposa Nayat Fadal le alquilaron esa casa adquirida en 1997 a un sujeto llamado Mustafá Maymouni. Maymouni acabaría siendo detenido en Marruecos por su relación con los atentados de Casablanca. Dos años después y con Abu Nidal aún en prisión, la misma casa sería alquilada esta vez a Jamal Ahmidan, “El Chino”, que según la sentencia del 11M es uno de los autores materiales de la masacre de Atocha. Más aún, el intermediario en esta operación, según la versión oficial, fue Serhane Ben Abdelmajid Facket, “El Tunecino”, otro de los autores materiales del 11M. Sin embargo y aunque parezca increíble, Abu Nidal y su esposa Nayat Fadal no fueron investigados por su relación con el atentado de Madrid. De hecho, el entorno familiar de este terrorista de Al Qaeda fue tratado con un cuidado extremo durante la instrucción del caso. En el Sumario se relata un episodio en el que al ir varios miembros del Cuerpo Nacional de Policía al piso del hermano de Abu Nidal y encontrárselo cerrado, esperaron pacientemente en el exterior durante diez minutos hasta que los dueños decidieron abrirles. Una vez dentro del piso, los agentes detectaron un fuerte olor a quemado. La dueña de la casa les explicó que acababa de quemar un libro pero que no era importante. Y nadie se molestó en averiguar si era cierto.

Tenemos entonces a un miembro de Al Qaeda condenado en firme como terrorista integrante de esa red, que le alquila su casa a una persona que sería posteriormente condenada por su implicación en los atentados de Casablanca y que le alquila después la misma casa a uno de los supuestos autores materiales del 11M. ¡Por fin aparece Al Qaeda en la historia!, pensará el lector. Pero el hecho es que ni Abu Nidal ni su mujer fueron investigados por su hipotética relación con el 11M –por extraño que parezca- ni fueron, por supuesto, imputados por estos atentados. Los dueños de esa casa que atraía a los terroristas islámicos –la conocida como “casa de Morata”, situada en una finca de Morata de Tajuña, en Chinchón- y su entorno familiar han gozado siempre de un ilimitado beneficio de la duda.

Paradójicamente, el único personaje que aparece vinculado con Al Qaeda de forma indubitada ha sido sistemáticamente apartado de las investigaciones para evitar que él o su esposa pudieran tener problemas con la Ley. La pregunta obligada es ¿quiénes son realmente estas dos personas?


La paradoja del oscurantismo y el silencio oficial
De toda esta serie de artículos titulada “Las paradojas del 11M” sin duda éste es diferente al resto. Al contrario que en todos los demás, no se trata aquí de arrojar datos objetivos ni de reflexionar acerca de decisiones tomadas por las personas que han sido protagonistas de la investigación oficial de los atentados del 11 de marzo. Por el contrario, en este artículo comentaremos solamente algunas de las declaraciones de uno de los testigos protegidos que pisaron la Casa de Campo durante el juicio del 11M. Las comentaremos a modo de anécdota y las introduciremos a través de un episodio basado en hechos reales, sucedido hace no mucho tiempo. Aunque el formato pueda resultar tedioso para un artículo, tal vez sirva para que alguna gente escéptica abra los ojos. De hecho, quienes dudamos de la veracidad de la versión oficial del 11M con frecuencia nos topamos con gente que tras escuchar atentamente durante horas concluye una conversación con frases como “si todo eso fuera así, saldría en televisión” o “eso no puede ser así, porque estaríamos hablando de una conspiración en la que habrían participado forenses, jueces, fiscales, policías…”. Es decir, buena parte de la población no entra a valorar los indicios, las sospechas, las contradicciones o las evidencias. Cierra los ojos y se tapa los oídos para, finalmente, concluir que la realidad del 11M no puede ser tan horrible como “algunos” pretendemos hacerles creer. Es una postura perfectamente normal: no en vano los españoles nos jactamos de vivir en un verdadero Estado de Derecho. Precisamente a todos esos ciudadanos bienpensantes está dedicado este peculiar artículo.

Recientemente tuve el gusto de conocer a un profesional del periodismo, en absoluto nuevo en su oficio. Un “pata negra”, podríamos decir. Cordial en su trato y amable en las formas, se nos acercó a una amiga y a mí y nos dijo en el momento en que nos presentaban: “Bueno, y ahora ya con la sentencia del 11M, ya está todo cerrado, ¿no?”. A raíz de ese inocente comentario estuvimos hablando durante varias horas de ese tema “cerrado” (de ese tema en el que todo está claro, según dicen algunos) que es el 11M. Evidentemente no nos dio tiempo a tratar todos los temas sobre los que planea la sombra de la duda: tarea hercúlea para la que necesitaríamos fácilmente una o dos semanas dedicadas íntegramente al tema. ¿Cómo hacer ver a una persona culta, informada, no aquejada de sectarismo, que las cosas no están tan “claras” como algunos pregonan a los cuatro vientos, en el transcurso de una breve conversación? Los expertos en marketing conocerán maneras para abordar a un público con esas características y en esas circunstancias. Yo opté por emplear una técnica que aprendí hace años de un comercial que se dedicaba a la venta de café: relatar una sola anécdota, real y fácilmente contrastable. Merece la pena recuperar ese testimonio “anecdótico”.

En el juicio del 11M, todo el mundo ha podido ver desfilar a cientos de peritos y testigos a lo largo de varios meses. Ha sido lo que podríamos denominar un macrojuicio. Además, gracias a las nuevas tecnologías, el juicio permanece íntegramente accesible en páginas de Internet que permiten a cualquiera ver en el momento que desee cualquier declaración. Nadie tiene por tanto excusa para no haber seguido al menos los interrogatorios más controvertidos. Sin embargo, la mayoría de la gente se ha limitado a leer los titulares de los periódicos o a –aun más preocupante- leer los titulares de su periódico habitual. Con lo que eso significa en un país con unos medios tan politizados como los españoles. De entre esos cientos de testigos, vamos a centrarnos en la declaración de uno en concreto. En una parte del testimonio de uno en concreto, más concretamente. El del testigo protegido 11304. Este marroquí había trabajado durante mucho tiempo como confidente del Cuerpo Nacional de Policía, para la Unidad Central de Información Exterior (UCIE), que en una de sus ramificaciones se dedica a investigar el terrorismo islámico. Este testigo había estado durante meses suministrando notas informativas que llegaban según los cauces reglamentarios a los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional. En algunas de esas notas informativas daba datos que colocaban a algunos presuntos islamistas en una posición difícil, puesto que los vinculaba con diversas tramas y les achacaba una clara intencionalidad de cometer atentados terroristas en España. Muchos de esos presuntos islamistas eran, según la Fiscalía, algunos de los autores materiales del 11M. El testigo protegido 11304 iba a ser, a priori, clave para llevar a buen término las tesis de la Fiscalía y algunas de las acusaciones particulares. Sin embargo, llegó el día en que tuvo que declarar este testigo. ¿Y qué fue lo que dijo? Lejos de refrendar lo que había puesto por escrito en sus notas informativas, el testigo protegido 11304 manifestó en la vista oral que todo lo que había dicho previamente era falso. Que la Policía (sus controladores de la UCIE) le había obligado a mentir. Que le habían amenazado. Que se lo habían dado todo escrito y le habían dicho que estampara su firma. El testigo protegido 11304 manifestó durante su declaración en el juicio que ya no tenía miedo y explicó detalladamente la forma en que miembros del Cuerpo Nacional de Policía le habían coaccionado para que firmara unas notas informativas supuestamente suyas pero cuyo contenido él desconocía por completo.

¿Dijo la verdad este testigo protegido? ¿Serían capaces miembros de la Policía de falsificar testimonios para incriminar a unas personas concretas que habrían sido acusadas de cometer el 11M? ¿O estaría mintiendo este testigo (testigo, no imputado) por alguna razón que desconocemos? ¿Tal vez por miedo a represalias de los terroristas? ¿Acusaría un testigo protegido a miembros de la Policía de delitos tan graves por dinero o siendo víctima de coacciones? No podemos conocer la respuesta.

Sin embargo, parece claro que llegado al término del juicio este asunto debería haber quedado esclarecido. Si el testigo protegido 11304 era sincero y cumplía con el juramento prestado, debería haberse abierto una profunda investigación para esclarecer quiénes son los responsables de las amenazas y las falsificaciones. Si por el contrario su testimonio no gozaba de credibilidad para el tribunal, resultaba imperativo haber deducido testimonio sobre su persona para que todo el peso de la Ley cayera sobre él. Sin embargo y por extraño –para algunos- que parezca, no ocurrió ni lo uno, ni lo otro.

Tras relatarle todo este llamativo episodio a mi interlocutor, el periodista de indudable experiencia del que hablábamos al principio, la pregunta era obligada: “¿tú habías oído algo relacionado con este episodio?”. Su respuesta –aliñada con una mirada de estupefacción contenida- fue un franco “no”.

El lector podría pensar que la paradoja que encierra este artículo es clara e inequívoca: si el testigo protegido dijo la verdad, ¿por qué no se inició una investigación? Y si por el contrario, mintió estando bajo juramento, ¿por qué no se le dedujo testimonio? ¿Acaso la consigna era no airear el 11M más de la cuenta y permitir que el tiempo lo terminara de sepultar? Sin embargo, el planteamiento que yo le hice a aquel periodista era ligeramente distinto:

-Si un periodista informado, documentado y con amplios conocimientos de terrorismo islámico, como tú, que además ha estado interesado en el 11M durante todo este tiempo, no conocía siquiera la declaración de este señor, ¿a qué crees que se debe?

La paradoja de los trenes
En artículos anteriores veíamos todas las dudas que más de cuatro años después de la masacre del 11M aún planean en lo que a los explosivos usados se refiere. Hemos expuesto las dudas y algunas de las contradicciones de las que hemos sido testigos, mientras algunos repetían sin cesar que todo estaba claro. Pero no hemos explicado todavía el origen de la confusión que rodea a los explosivos utilizados. Aunque se ha explicado por activa y por pasiva lo que sucedió el 11 de marzo de 2004 en los laboratorios policiales, merece la pena recordarlo.

En las dependencias policiales de Canillas se encuentran algunas unidades policiales que han jugado papeles destacados en la investigación de los atentados del 11M. Por ejemplo, allí tiene su sede la Unidad Central de Desactivación de Explosivos, que estaba al mando de Juan Jesús Sánchez Manzano. También está localizada allí la Unidad Central de Información Exterior, que tiene ramificaciones dedicadas a investigar el terrorismo islámico. Y la Comisaría General de Policía Científica, con sus formidables laboratorios, está presente también en Canillas. La Policía Científica se encarga de llevar a cabo investigaciones científicas –valga la redundancia- acerca de huellas dactilares, información genética (ADN), análisis químicos, etc. Por supuesto, ellos son la unidad competente y especializada para analizar las muestras recogidas después de una explosión, a fin de identificar los componentes del explosivo utilizado. Para eso cuentan con los más avanzados equipos y con los profesionales mejor preparados. En el mismo edificio, en Canillas, los TEDAX de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos también cuentan con un laboratorio, pero éste está equipado con herramientas infinitamente más precarias que son usadas para tareas menos críticas.

En los vagones que fueron objeto de las bombas asesinas el 11 de marzo de 2004 hubo durante varios días multitud de TEDAX recogiendo cuidadosamente muestras y restos, tal y como era preceptivo, para posteriormente identificar el tipo de explosivo empleado. Había TEDAX de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos, con sede en Canillas y también TEDAX de la Brigada Provincial de Madrid, situada en Moratalaz. Para un TEDAX de la Brigada Provincial, los pasos a seguir deberían haber sido enviar las muestras recogidas a su sede en Moratalaz y de ahí, tras clasificarlas, haber enviado éstas a la Comisaría General de Policía Científica en Canillas. Sin embargo, se dio la orden de que todas las muestras fueran enviadas directamente a Canillas, a la Unidad Central de Desactivación de Explosivos. Esto no debería resultar sospechoso, en principio. Según declaró en el juicio del 11M el jefe TEDAX de la Brigada Provincial de Madrid, José María Cáceres Vadillo, ellos recogieron multitud de muestras aquel día: tierra, vestigios, trozos de chapa… Tras mandarlos a Canillas, allí se clasificaron y en lugar de ser entregados a los expertos de la Policía Científica, se los quedaron los TEDAX –de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos- y los analizó una licenciada en Ciencias Químicas en su laboratorio. Este hecho sí que resulta bastante más controvertido, desde el momento en que se conoce que el laboratorio de los TEDAX no está preparado para tareas complejas. Además, aquel día la Licenciada en Ciencias Químicas con carné profesional 17.632 era la única perito presente en su laboratorio, cuando son necesarias las firmas de al menos dos peritos para validar un informe pericial realizado en un laboratorio no homologado. Durante el juicio, la perito –y su jefe inmediato, Sánchez Manzano- declararon que esta actuación fue perfectamente normal porque ellos siempre se quedaban las muestras “no pesables” y sólo le enviaban a Policía Científica las muestras “pesables”. Estas palabras, absolutamente ajenas a cualquier lógica, quedaron pronto desmentidas cuando en la vista oral el experto de la Policía Científica, Manuel Escribano, dijo textualmente que “eso es incierto totalmente”. ¿Y dónde radica la importancia de que los TEDAX se quedaran y analizaran las muestras recogidas aquel fatídico 11 de marzo con sus escasos medios? Pues esto que podría parecer anecdótico se convirtió en dato clave, ya que dos años después del 11M los investigadores independientes descubrieron que en el Sumario del 11M no existe ningún informe con los resultados de los análisis realizados por la perito aquel día y sí que existe un informe fechado semanas después en el que la licenciada señalaba como encontrados en los focos de explosión lo que denominaba vaga y genéricamente “componentes habituales de la dinamita”. Ni que decir tiene que los informes periciales han de detallar todos los componentes encontrados en los análisis químicos, evidentemente.

Volvamos la vista atrás al artículo que dedicamos a los explosivos: todo el mundo dijo el 11 de marzo que en los trenes había explotado dinamita de la marca Titadyne; después irían apareciendo una serie de pruebas externas a los trenes en las que se encontró dinamita de la marca Goma-2 ECO; en la Comisión de Investigación el jefe de los TEDAX declaró que en los análisis químicos del 11 de marzo se encontró un componente, la nitroglicerina, que está presente en el Titadyne pero no en la Goma-2 ECO. Al descubrir esta contradicción los medios de comunicación pusieron el grito en el cielo. Y rápidamente surgieron dudas acerca de lo que realmente había explotado, que se unieron a las que ya presentaban, desde el primer momento, esas pruebas fundamentales en las que había ido apareciendo la Goma-2 ECO (la mochila de Vallecas y la Renault Kangoo).

Y en ese momento, mucha gente abrió los ojos a una serie de hechos clave que estaban interrelacionados entre sí: en primer lugar, se nos había dicho qué explosivo se usó en la masacre no partiendo de lo que estalló en los trenes, sino de cosas que aparecieron fuera de los mismos; en segundo lugar, había serias dudas acerca de que se usara lo que nos dijeron que estalló, dado que las pruebas que sugerían el uso de la Goma-2 ECO estaban bajo sospecha de manipulación; en tercer lugar, los testimonios iniciales y el desliz de Sánchez Manzano en la Comisión de Investigación, dejaban abierta la puerta al uso del Titadyne, sin que esto significara necesariamente la participación de ETA; por último, algunos reflexionaron y se preguntaron ¿dónde están los trenes?

La Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a que se conserven los restos tras un atentado terrorista, de manera que las distintas partes puedan solicitar que se realicen nuevas pruebas, a fin de salvaguardar derechos fundamentales tanto de los acusados como de las víctimas. Sin embargo, en medio de esa tremenda controversia generada alrededor de los explosivos (laboratorios no cualificados que se apoderaban de las muestras y no redactaban informes después de hacer los análisis, testimonios demandos policiales contradictorios, tanto en prensa como en el Congreso de los Diputados, sospechas de manipulación…) los periodistas que investigaban la masacre se dieron cuenta de que los trenes habían sido destruidos. Se sabía ya anteriormente, porque así consta en el Sumario, que el juez instructor había ordenado incinerar todas las pertenencias de las víctimas que no habían sido reclamadas, a los pocos días de la masacre. Restos que habrían podido ser muy útiles para dilucidar qué explosivo se había utilizado. Cuál era la prisa por destruirlos es algo que no sabemos. ¿Pero qué había sido de los trenes? Existía algún artículo de prensa que narraba cómo habían sido desguazados. Y aquí es donde comienza la historia de los trenes en lo que a este artículo se refiere.

El Sindicato de Funcionarios Manos Limpias denunció al juez instructor del caso, Juan del Olmo, por haber autorizado la destrucción de los trenes, en contra de lo indicado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, no consta en el Sumario del 11M ningún documento que acredite que el juez permitió u ordenó dicha destrucción. Los trenes fueron desguazados, pero oficialmente ninguna instancia judicial dio la orden. En realidad, ni siquiera sabíamos cuándo habían sido desguazados realmente.

Ajeno a las polémicas suscitadas en torno a los explosivos, el Tribunal Supremo no tardaría en pronunciarse acerca de esta denuncia, eximiendo de cualquier responsabilidad al juez instructor. No importaba que no se guardaran los trenes. No importaba que dos años después del atentado surgieran fundadas dudas acerca de los explosivos empleados. No importaba que Del Olmo hubiera ya autorizado la incineración de restos que podrían servir para solventar esas dudas. No importaba que las partes ya no pudieran solicitar nuevas pruebas periciales sobre los vagones atacados. Según el Tribunal Supremo, ya se habían realizado todas las pruebas necesarias a juicio de los expertos y por lo tanto ya no era necesario salvaguardar los trenes. El Tribunal Supremo afirmaba todo eso sin ni siquiera conocer la fecha exacta en que se procedió al desguace. Éstas eran algunas de las palabras que dedicaba al alto tribunal a la denuncia de Manos Limpias:

“A lo largo de las actuaciones obran los distintos y pormenorizados dictámenes periciales, sobre los objetos encontrados en los restos de los vagones afectados por las explosiones, y sobre estos mismos, a fin de determinar la etiología, forma y características de las explosiones sufridas […] obra un completísimo informe conjunto de expertos de TEDAX y Guardia Civil, sobre los restos de los vagones, planteándose incluso la posibilidad de reproducir la deflagración, lo que se desestimó por razones técnicas. La conservación y destino de los vagones en cuestión -una vez hechos en ellos todas las pericias que se estimaron necesarias- corresponde a su legítimo propietario (RENFE), que además cuenta con lugares apropiados para ello”.

Algún lector con formación técnica estará retorciéndose en su asiento: ¿cómo se puede denominar “pormenorizados dictámenes” a un análisis químico que habla de “componentes habituales de la dinamita”? Fíjese en el razonamiento: una vez que se hubieron realizado todas las pruebas que estimaron necesarias, RENFE ya podría hacer lo que quisiera con los vagones. Es decir, que las partes no tenían ningún derecho a solicitar nuevas pruebas ni durante la fase de instrucción (que duró tres años) ni por supuesto durante el juicio. Pero la sentencia del Supremo no terminaba ahí, e incluso llegaba a instar a la Fiscalía a que actuara contra el Sindicato de Funcionarios Manos Limpias por “denuncia falsa”. Un serio aviso a navegantes: por ahí, no.

Sin embargo, las sorpresas en lo que se refiere al desguace de los trenes del 11M no terminarían con esta sentencia del Supremo. Durante la vista oral, algunos abogados defensores argumentaron que la destrucción de los trenes era un motivo de nulidad del juicio. El tribunal que juzgaba el caso, a fin de responder de forma documentada a esta petición, trató de averiguar cuándo habían sido destruidos los vagones afectados. Sin éxito, puesto que tal y como habían denunciado los periodistas, esa información no constaba en el Sumario, por extraño que pudiera parecer. El Presidente de la Sala, Javier Gómez Bermúdez, decidió entonces contactar con RENFE para esclarecer el asunto de la fecha. RENFE envió un comunicado que decía, textualmente que “el desguace se efectúo entre los días 13 y 14 de marzo de 2004”. Sí, no hay ningún error, la nota dice lo que dice.

Sin embargo, los equipos de TEDAX estuvieron recogiendo muestras durante varios días más, trabajando en los vagones destrozados, por lo que cabe suponer que la nota de RENFE se refiere bien a la autorización del desguace, bien a la fecha en que comenzaron a desguazar los trenes. En cualquiera de estos dos casos, conviene volver la vista atrás y releer el párrafo extraído de la sentencia del Tribunal Supremo.

Resulta tremendamente paradójico que el Supremo afirmara “una vez realizadas todas las pericias que se estimaron necesarias” cuando en primer lugar, sólo habían transcurrido dos días desde la comisión del atentado y en segundo lugar y de forma no menos chocante, todavía faltaban varias jornadas para que los miembros del TEDAX dejaran de trabajar sobre aquellos restos en busca de muestras que analizar. Muestras que, dicho sea de paso, han desaparecido, puesto que al juicio sólo llegaron unas pocas bolsitas que contenían escasamente un par de gramos de restos analizables.

La paradoja de las pruebas principales
Las pruebas principales… las pruebas principales… ¿cuáles son las pruebas principales del 11M? Pues depende del enfoque con que se mire. Sin embargo, no cabe duda de que el 11M –la investigación del 11M- ha seguido durante más de cuatro años un cierto recorrido, adaptándose a sus propias lagunas y mutando cuando era necesario, mientras su esencia permanecía inalterable. ¿Y cuál es la esencia de la investigación oficial de los atentados del 11 de marzo? Que se trata de un atentado islamista cometido por unos magrebíes que semanas antes de suicidarse adquirieron cientos de kilos de explosivos a unos asturianos y colocaron una serie de bombas en cuatro trenes de cercanías. Esa simple frase resume brevemente el esqueleto de la versión oficial que con el tiempo se ha convertido en verdad judicial. Evidentemente si no bajamos a la arena de los detalles ese esqueleto no cojea y todo el mundo puede aceptarlo como hecho cierto. El problema radica en que cuando uno rasca mínimamente ese esqueleto se da cuenta de que todas las patas en las que se apoya más que cojear, sufren el Baile de San Vito.

Desde el primer día, el mismo 11M, la versión oficial fue forjándose poco a poco haciendo uso de una serie de pruebas que servirían posteriormente para ir grabando en la mente de los españoles esas premisas básicas que se mantienen hasta hoy en la cabeza de muchos: que se trataba de un atentado islamista, que los autores se suicidaron y que los explosivos fueron adquiridos en minas asturianas. Los protagonistas que nos presentaron pertenecían a tres tramas: la trama asturiana, la trama de “El Chino” y la del piso de Virgen del Coro. Alrededor de éstas planeaba lo que podríamos denominar la trama siria. La argamasa que ligaba todas estas tramas eran los informes de telefonía (plagados de contradicciones y errores en las atribuciones de los titulares…). Y las pruebas en las que se sustentaba el esqueleto eran cuatro: la mochila de Vallecas, la Renault Kangoo, el Skoda Fabia y los sucesos de Leganés. Aunque a estas alturas es posible que quien más quien menos todo el mundo conozca la historia de estas pruebas principales, no está de más hacer un breve recordatorio de algunas de ellas.

Tras las diez explosiones de los trenes, los TEDAX encontraron dos mochilas que no habían hecho explosión e intentaron desactivarlas, sin éxito. Ambas mochilas fueron destruidas. Poco después, en Alcalá de Henares se registraron avisos de bomba, que pusieron el foco sobre esta localidad madrileña. Además, los testimonios de una taquillera y de un portero habían llamado la atención sobre una furgoneta Renault Kangoo. La Policía llevaría esta furgoneta a las dependencias policiales de Canillas, donde sería revisada al mediodía. En ella aparecieron siete detonadores, ropas con ADN de algunos magrebíes y un pequeño resto de sustancia explosiva de apenas unos pocos gramos. También se encontraron más de cien objetos, que incluían mantas, petos, bidones, herramientas, bolsas y un montón de cosas más. El resto de explosivo resultaría ser Goma-2 ECO y los detonadores de varios tipos diferentes que sólo se comercializaban en algunas minas asturianas. Ambas pistas conducirían en los días sucesivos a la trama asturiana de José Emilio Suárez Trashorras. Sin embargo, los testimonios de los policías que vieron la furgoneta en Alcalá coinciden (aunque ninguno se mostró rotundo al respecto en la vista oral) en que allí la furgoneta estaba vacía o prácticamente vacía. Además, el guía canino responsable de uno de los dos perros que inspeccionaron la Kangoo en busca de explosivos explicó durante el juicio que si esa furgoneta hubiera transportado decenas de kilos de explosivos (tal y como asegura la versión oficial) sin ninguna duda su perra lo habría detectado. Sin embargo, ninguno de los dos perros fue capaz de oler los explosivos en Alcalá. Además, gracias al testimonio del conductor de la grúa que condujo el vehículo hasta Canillas, sabemos que los informes policiales que afirman que la furgoneta entró en Canillas a las 15:00 no reflejan la realidad: la Kangoo llegó poco después de las 14:00, por lo que a todos los efectos estuvo “desaparecida” en dependencias policiales durante casi una hora. Llama la atención que unos terroristas que tuvieron el suficiente cuidado como para no dejar ni una sola huella dactilar en la furgoneta se dejaran la zona de carga llena de prendas con ADN que los incriminaría en el futuro. Por todos estos motivos –y otros- no está nada claro que todas esas evidencias que aparecieron en Canillas estuvieran realmente en la furgoneta cuando ésta estaba en Alcalá aparcada.

En la madrugada del día 11 al 12, a una hora indeterminada pero alrededor de las 2:00, unos agentes de Policía de la Comisaría de Puente de Vallecas encontraban, entre los objetos personales de las víctimas del atentado, una mochila que parecía contener un artefacto explosivo. Los TEDAX acudieron al lugar y se llevaron la mochila a un parque cercano. Allí, uno de ellos, se jugó la vida para intentar desactivar manualmente la mochila, dado que los mecanismos del día anterior habían dado al traste con las dos mochilas que no llegaron a hacer explosión. Tras desactivar la mochila (que no podía estallar debido a un fallo técnico) comprobaron que ésta estaba compuesta de un teléfono, un detonador, más de 10 kg. de dinamita Goma-2 ECO y 650 gramos de tortillería a modo de metralla. El detonador era similar a los encontrados en la furgoneta Renault Kangoo y el explosivo era el mismo (con alguna misteriosa contaminación) que el que apareció en la misma furgoneta. El teléfono condujo a la tienda de unos hindúes que serían detenidos y semanas después puestos en libertad. La tarjeta telefónica llevó al locutorio de Jamal Zougam, que ha sido condenado por la autoría material de los atentados. Sin embargo, de nuevo lo que parecía claro se torna oscuro cuando nos acercamos a los detalles. La primera pregunta que cabe hacerse es, ¿cómo es posible que esa mochila apareciera en una comisaría? A la Comisaría de Puente de Vallecas llegaron bolsas con efectos personales de víctimas procedentes del tren de El Pozo del Tío Raimundo. De ahí que en la sentencia se diga abiertamente que esa mochila procedía de dicho tren. Sin embargo, los TEDAX aseguraron durante el juicio que revisaron todos los vagones del tren de El Pozo hasta cuatro veces, inspeccionando uno a uno todos los bultos. Y no encontraron allí esa mochila. El policía responsable de introducir en bolsones todas las mochilas que iban siendo sacadas de ese tren también manifestó, reiteradamente durante la instrucción, que él no reconocía esa mochila que habría aparecido en Comisaría. Es decir, que él no la introdujo en ningún bolsón. Además, si nos fijamos en la composición de la mochila una vez fue desactivada, ésta contenía 650 gramos de metralla en forma de tortillería, pero según la Dra. Carmen Baladía, en aquellas fechas Jefa del Instituto Anatómico Forense y responsable por tanto de las autopsias de los 192 fallecidos, éstos no contenían en su interior metralla de origen terrorista. Además, en el episodio de la desactivación estuvo presente un miembro de la Policía Científica encargado de sacar fotografías del artefacto, pero los TEDAX le impidieron realizar su trabajo y el Comisario General de Seguridad Ciudadana, Santiago Cuadro Jaén, se quedó el carrete en el momento de devolverle su cámara. Esas fotografías jamás llegaron a ser reveladas y no constan en el Sumario. A todos los efectos, no existen. Hay muchas otras extrañas casualidades, como el hecho de que la tarjeta telefónica que iba introducida dentro del teléfono y que condujo al locutorio de Jamal Zougam no fuera necesaria para que el teléfono funcionara como despertador (que era la forma en que había sido conectado) o algo aun más contundente: la bomba estaba preparada para no explotar, ya que los cables estaban sueltos y no habían sido unidos ni con un mísero trozo de cinta aislante. Aquella mochila milagrosa facilitó cinco detenciones prodigiosas en un tiempo récord. De los cinco detenidos, cuatro están en libertad desde pocas semanas después de su captura. Curiosamente, aquella mochila apareció en la Comisaría de la que era responsable Rodolfo Ruiz, que años después sería condenado por Falsificación, Detención Ilegal y Coacciones en el llamado “Caso Bono”, si bien es cierto que el Tribunal Supremo le exculparía posteriormente de los cargos de aquella supuesta Detención Ilegal.

La tercera de las pruebas principales es el Skoda Fabia. El Skoda Fabia es sin duda la más peculiar de todas las pruebas, porque encierra –en mi opinión- algunas de las claves de lo que realmente pudo suceder el 11 de marzo de 2004. Pero ya llegará la hora de hablar sobre eso en artículos futuros. Sin embargo –paradójicamente- la forma en que fue presentado como prueba era tan ridícula que tanto en la instrucción como durante el juicio y en la propia sentencia, los jueces han tratado de restarle toda la importancia que han podido, dejándolo en evidencia como prueba. Pero sin entrar jamás en detalles como quién lo colocó en Alcalá. Para el que no lo recuerde, el Skoda Fabia apareció en Alcalá de Henares varios meses después del 11M a escasos 20 metros del lugar donde había sido inspeccionada la Renault Kangoo. En un principio se nos intentó convencer de que los terroristas habrían usado ambos vehículos aquel fatídico día. Pero teniendo en cuenta que la Policía revisó todos los coches de las inmediaciones comprobando las matrículas, pretender que hubiesen cometido el error de obviar aquel Skoda Fabia resultaba tan ridículo que poco a poco la aparición del coche se ha ido “cayendo” como prueba. Aunque lo hallado en su interior ha permanecido y ha seguido siendo usado como argumento de la culpabilidad de algunos de los islamistas. La historia de este coche es bastante rocambolesca, habiendo sido robado en varias ocasiones. Baste como resumen el hecho de que el chileno que según la versión oficial robó por última vez el vehículo y se lo vendió a uno de los terroristas del 11M, ni siquiera sabía cuál era realmente el color del coche, tal y como quedó acreditado en su declaración. Y cuando se le quiso volver a interrogar ya era demasiado tarde, porque había sido deportado.

Por último, la cuarta prueba que sustenta la versión oficial no es una prueba en sí misma, sino todo un episodio. Se trata de los hechos de Leganés. Los hechos del 3 de abril de 2004 que han sido profusamente tratados en artículos anteriores y de los que podríamos escribir aún muchas más páginas. Para evitar repetir datos y agotar la paciencia del lector, tal vez lo mejor sea remitirle a esos otros artículos. En concreto al titulado como La paradoja de los suicidas.

Llegados hasta aquí, creo que resulta evidente qué es lo paradójico de todo lo narrado en este artículo. Lo paradójico podría ser que los perros no detectaran explosivos en Kangoo en Alcalá pero que sí aparecieran éstos después de que la furgoneta estuviera “perdida” durante una hora en dependencias policiales. Lo paradójico podría ser que la mochila de Vallecas llevara tornillería en su interior, mientras que en las víctimas del 11M no se encontró metralla de origen terrorista. O que el Skoda apareciera meses después del atentado a escasos metros de donde se encontró la Kangoo. Pero la gran paradoja es que al margen de hechos aislados todas y cada una de las pruebas, todos y cada uno de los hechos del 11M sin excepción, esconden todo un muestrario de dudas, contradicciones y mentiras. Ni los teléfonos, ni los explosivos, ni los condenados, ni los absueltos, ni los suicidas, ni la mochila, ni la Kangoo, ni el Skoda… no se trata aquí de buscarle los cinco pies al gato. Se trata, únicamente, de que ni una sola de las pruebas, ni uno solo de los episodios del 11M resiste el más mínimo análisis sin que la sombra de la duda –o más concretamente la sospecha de la manipulación- planee sobre el mismo.

La paradoja de los suicidas
Entramos en terreno pantanoso. Se han dicho muchas falacias –y muchas tonterías- acerca del presunto suicidio de los habitantes del piso de la calle Martín Gaite de Leganés. Con frecuencia las falacias pretendían convencernos de que en ese piso había siete personas vivas en el momento de la explosión: se nos dijo, por ejemplo, que los suicidas formaban un círculo e iban vestidos con túnicas blancas instantes antes de hacerse explotar. A menudo las tonterías perseguían un objetivo distinto pero relacionado, como es desprestigiar los argumentos de quienes dudasen de que en ese piso hubiera alguien vivo cuando explotó la dinamita. La forma de ridiculizar tales opiniones discrepantes es muy sutil y consiste precisamente en sumarse a ese coro de voces para desde ahí lanzar elucubraciones sin fundamento como por ejemplo que los siete habitantes del piso yacían congelados en la vivienda. Tanto las falacias como las tonterías buscaban por tanto, en el fondo, un objetivo en cierto modo común. Pero en base a todo lo nos han contado desde la versión oficial (y la posterior verdad judicial), ¿podemos estar seguros de que había alguien vivo en aquel piso?

Semanas antes de su fallecimiento –por causa natural-, el que fuera abogado defensor de José Emilio Suárez Trashorras durante el juicio del 11M, el catedrático de Derecho Romano Gerardo Turiel, manifestaba lo siguiente: “Afortunadamente se murieron unos tíos ahí, ésos son los autores, decimos que son los autores, nunca me explicó nadie... por qué los señores de Leganés... el asunto de Leganés un día que no haya televisión ni nada de eso podremos hablar de qué pasó en Leganés. O qué suponemos que pasó en Leganés… qué suponemos que pasó en Leganés, pero lo que pasó en Leganés nunca llegaremos a saberlo.”. Y es que le pese a quien le pese, el episodio de Leganés es uno de los más oscuros y de los más siniestros de todos los que aparecen en el Sumario del 11M. Trataremos de explicar de forma pormenorizada, en este artículo, por qué existen serias dudas acerca de lo que pudo ocurrir el 3 de abril de 2004 en aquel piso.

Quienes defienden que no hay nada raro en la narración de aquel episodio se apoyan principalmente en dos hechos que nadie ha logrado poner en duda: en primer lugar, es cierto que los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y los GEO allí presentes oyeron numerosos cánticos y gritos en lengua árabe; por otra parte, esos mismos testigos aseguran que fueron tiroteados por los terroristas basándose en que oyeron numerosas detonaciones (disparos). En ningún momento esos testigos cualificados han manifestado dudas acerca de la autenticidad de tales disparos o voces. Podrían parecer pruebas suficientemente sólidas como para asegurar que, efectivamente, en aquel piso había siete fanáticos islamistas atrincherados y armados con subfusiles automáticos. Sin embargo, lo acontecido en Leganés es lo suficientemente enigmático, confuso y contradictorio como para descender a los detalles. Y aquí es donde el lector deberá armarse de paciencia, porque los indicios que hacen dudar de lo que nos han contado son abundantes y variados.

En primer lugar, si no hubiera nada que esconder la transparencia debería ser absoluta. Y debería comenzar precisamente con las explicaciones de cómo llegó la Policía al piso. Existen numerosas versiones (de la propia Policía) recogidas en el Sumario que cuentan estos hechos y resultan contradictorias entre sí. Por poner sólo algunos ejemplos, Rafael Gómez Menor, Jefe de Brigada en la Unidad Central de Información Exterior, relató que él localizó personalmente el piso a las 15:11 del mismo día 3 de abril tras analizar un rastro de tarjetas telefónicas relacionadas entre sí. El Comisario Jefe de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos dijo en el juicio que a él le telefonearon aquel día para que preparase un equipo para intervenir en Leganés y que “serían las 12:00 ó 12:30”. En el escrito de la Fiscalía se recoge que el piso fue localizado a las 16:45 por unas llamadas telefónicas efectuadas en las proximidades del piso y que a las 18:45 se produjo un tiroteo en Zarzaquemada entre unos magrebíes y unos agentes de Policía. Según esta última versión los islamistas llegarían hasta el piso montados en su coche y se refugiarían allí. Versiones diferentes hablan de batidas de agentes interrogando a los comerciantes de los barrios colindantes. Otros mandos del Cuerpo Nacional de Policía como Enrique García Castaño señalaron en la vista oral que ellos tuvieron noticias de la existencia del piso entre las 12:00 y las 12:30. Y el testigo protegido 11304 (“Cartagena”) explicó que a él sus controladores de la Unidad Central de Información Exterior le dijeron que fuera al piso también por la mañana. En resumidas cuentas, esa pretendida transparencia brilla por su ausencia. No sabemos quién, cómo, ni cuándo localizó realmente aquel piso, pero sí sabemos que ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo entre los distintos mandos policiales.

En segundo lugar y tal y como explicábamos en artículos anteriores está probado, partiendo de los propios informes de telefonía aportados al Sumario por la Policía y por la empresa de telefonía Amena, que al menos una parte de las llamadas telefónicas “de despedida” realizadas por los terroristas del piso de Leganés fueron realizadas en realidad desde fuera del piso, mientras se intentó convencer al juez instructor de lo contrario. Podemos afirmar, por lo tanto, que tales llamadas eran falsas. Alguien se esforzó en convencer al juez (y a la sociedad) de que aquellos magrebíes estaban vivos y se despidieron de sus familias antes de suicidarse. Pero los informes de telefonía (al menos tres diferentes y contradictorios entre sí) demuestran que tampoco se nos ha contado la verdad en este aspecto. Hasta tal punto llega aquí la confusión que el tribunal del primer juicio del 11M tuvo que rectificar este hecho en su segundo Auto de Aclaración, pero no logró enmendar completamente el error. Y después de ese segundo –y último- Auto de Aclaración, nos hemos quedado con que la verdad judicial dice que uno de los teléfonos usados por los terroristas para despedirse de sus familiares desde ese piso cercado… no fue encontrado en el desescombro del piso y seguía funcionando en Madrid un mes después de la explosión del piso.

Algún lector con formación académica orientada a las ciencias de la salud se estará preguntando ¿pero cómo puede haber dudas sobre si estaban vivos o no los habitantes del piso? ¿Acaso no se les hicieron autopsias? Éste es uno de los puntos más oscuros –y sospechosos- del episodio. Según declara tajantemente el tribunal en la sentencia del 11M, sí se les hizo autopsia a aquellos siete suicidados. Y no sólo se les hizo autopsia sino que además se les hizo una autopsia muy detallada (ya el Tribunal Supremo había dicho esto mismo a raíz de una denuncia del Sindicato de Funcionarios Manos Limpias). Pero analicemos en profundidad esa afirmación y contrastémosla con los hechos. En la vista oral los forenses reconocieron abiertamente no haber realizado “ninguna prueba concreta para datar la muerte” de aquellos sujetos. Es decir, que no hicieron ninguna prueba para saber cuándo habían muerto. A fin de cuentas, ¿para qué? También reconocieron no haber abierto las cavidades abdominales de los cadáveres, amparándose en que éstos estaban “muy fragmentados”. Pero esto sólo es cierto en dos o tres de los siete casos, dado que había varios que estaban prácticamente “enteros”. Lo que se les hizo, única y exclusivamente, son estudios complementarios (y parciales). En concreto estudios radiológico, antropológico y toxicológico que no constituyen en sí mismos una verdadera autopsia. Para colmo, los forenses explicaron cómo del estudio toxicológico se pudo concluir que los suicidados no habían inhalado gases, pero esto entra en contradicción directa con el testimonio de los GEO, que aseguran haber lanzado aquel día hasta siete botes de gases lacrimógenos. Pero si aun así alguien tiene ganas de discutir sobre qué es y qué no es una autopsia, hay dos datos que no admiten discusión. El primero es el testimonio de la Doctora Carmen Baladía, que en aquellas fechas era Jefa de Instituto Anatómico Forense, centro responsable de aquellas autopsias. La Dra. Baladía, que por aquel entonces no se encontraba presente en el IAF por motivos personales, manifestó recientemente en una entrevista que de ningún modo esos informes complementarios constituyen una autopsia. Además, explicó en detalle cómo aquel día hubo una lucha interna entre varios forenses por hacerse cargo de aquellos cadáveres, intentando (y consiguiendo) algunos hacerse con el control del centro que le correspondía legalmente a otro. El segundo de esos datos es sencillo y objetivo, al alcance de cualquiera por escéptico que sea. El 3 de abril de 2004 murieron, según se nos ha contado, ocho personas (los siete terroristas y el GEO Francisco Javier Torronteras). ¿Cuántos informes de autopsia fueron enviadas al juez instructor por parte de los forenses responsables de atender y analizar aquellos cadáveres y restos cadavéricos? Exactamente: una, la del GEO fallecido. Es obligado comentar también que la discusión entre el forense al que le correspondía el mando aquel 3 de abril (Dr. Pera) y el que se hizo con el control (Dr. Prieto) no fue el único incidente en aquellas fechas: los forenses a cargo de Prieto impidieron durante casi un día que la Policía Científica accediera tal y como es preceptivo a los restos cadavéricos de los suicidados.

Pero el oscurantismo de lo acaecido en Leganés no termina aquí. Todos los agentes de Policía que declararon en el juicio del 11M dijeron no haber visto sangre en el interior del piso. Alguno manifestó haber visto sangre en la escalera de acceso, donde murió desangrado el GEO Torronteras por un corte en la femoral. Pero nadie vio sangre en el piso. Cuando le preguntaron a los forenses si tenían alguna explicación, uno de ellos se aventuró a decir que a veces, en muertes violentas por explosión, los vasos se contraen y la sangre sale en diminutas gotículas. Muy diminutas tendrían que ser para haber hecho desaparecer casi al completo el rastro de 35 litros de sangre.

Según los testimonios (no demasiado homogéneos) de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado allí presentes, los terroristas participaron en diversos tiroteos. Hay que recordar que en el desescombro se encontraron varios subfusiles automáticos. Sin embargo, en ese mismo desescombro no apareció ni una sola vaina correspondiente a la munición que presumiblemente habrían disparado tales armas. Y no consta que en ese tiroteo ningún agente resultara herido ni que ningún vehículo hubiese sido dañado.

Para colmo, aquel día 3 de abril de 2004, de todos los miembros de distintos cuerpos allí presentes en el cerco del piso nadie, ni uno solo, ha afirmado haber visto a ninguno de los terroristas. Todos coinciden en que los oyeron, pero nadie les vio con vida aquel día. Al menos, así constaba en las distintas declaraciones recogidas en el Sumario, hasta que dos años después un periodista se hizo eco de la extraña coincidencia. Al día siguiente de que Luis del Pino publicara esa noticia después de revisar todas las declaraciones del Sumario relacionadas con este tema, un miembro de la Unidad Central de Información Exterior fue a declarar ante el juez del Olmo y testificó que él sí que vio a uno de los terroristas asomarse a la ventana. Las distintas declaraciones de este agente se contradicen entre sí y además resultan inverosímiles, ya que afirma haber visto al terrorista desde lugares desde los que diversos obstáculos convertían en imposible tal hecho. Curiosamente, este miembro del Cuerpo Nacional de Policía es el mismo que afirmó haber visto previamente a Abdjelmajid Bouchar bajar a tirar la basura, y el mismo que explicó que Bouchar logró escapar corriendo tras pasar a tan sólo un metro de él.

Por cierto que otro indicio sospechoso de la “inactividad” de los terroristas es que durante las varias horas que duró el cerco policial, la Policía desalojó a los vecinos del edificio y de las manzanas colindantes, ante la –supuestamente- atenta mirada de los islamistas. Islamistas que semanas antes habrían asesinado a 192 personas pero que ese día decidieron esperar tranquilamente a que se desalojaran los edificios para finalmente suicidarse ellos solos encerrados en una habitación interio. Es necesario recordar que si bien todos los GEO sufrieron lesiones –y secuelas-, aún estaban accediendo al piso en el momento de la explosión. De hecho, a Francisco Javier Torronteras Gadea no le asesinó la onda expansiva, sino un corte en la femoral producido por un escombro que salió propulsado por la deflagración. Es decir, que los terroristas no sólo permitieron el desalojo del edificio sino que decidieron suicidarse lo más lejos posible de los miembros de las fuerzas de seguridad.

También en el juicio varios mandos policiales declararon sobre lo acontecido en Leganés aquel 3 de abril de 2004. Entre ellos el entonces Subdirector General Operativo, Pedro Díaz Pintado, y el Comisario General de Seguridad Ciudadana, Santiago Cuadro Jaén. De sus declaraciones (y del testimonio de algunos miembros del GEO, bien en la vista oral, bien en declaraciones anónimas a la Cadena SER) se deducen varias cuestiones: primero, que no comprobaron si los terroristas tenían bajo su control a rehenes; segundo, que no controlaron el desalojo de los vecinos, de forma que los terroristas se podrían haber escapado camuflados entre aquéllos; tercero, que no permitieron que los GEO llamaran a un intérprete para intentar contactar con los terroristas; cuarto, que no permitieron que los GEO intentaran contactar con los terroristas a través del teléfono; quinto y último, que obligaron a los GEO a entrar en el piso contra su voluntad y contra los propios métodos que durante 30 años habían venido empleando. Los GEO no querían entrar. Sabían que en el piso había explosivos y que unos terroristas islámicos estaban allí atrincherados. Oían sus gritos y sus cánticos. Manifestaron que no era buena idea entrar, manifestaron que no había riesgo para los vecinos que ya habían sido desalojados. Manifestaron que lo procedente era agotar a los terroristas e intervenir de madrugada, cuando estuvieran extenuados. Pero los mismos mandos que no les permitieron intentar contactar con los islamistas les obligaron a entrar en lo que a todas luces era una misión suicida.

Quienes intentan parchear la versión oficial a cualquier precio, acusan a los que dudamos de lo ocurrido en Leganés de vejar la memoria del GEO Torronteras. Nada más lejos de la realidad. Francisco Javier Torronteras Gadea fue un héroe y falleció en acto de servicio. Y también fueron héroes sus compañeros que en aquella explosión sufrieron todo tipo de lesiones, incluidas algunas permanentes, como la sordera. Todos ellos fueron héroes. Héroes que no tuvieron la culpa de que alguien les obligara a entrar en aquel piso contra su voluntad –que era fruto de su propia experiencia- y contra toda lógica. Contra toda lógica suponiendo que quienes dieron esas órdenes creyeran realmente que había alguien vivo en aquel piso. Y perfectamente razonables en el caso contrario.

La paradoja es que después de todos estos datos, pruebas, hechos e indicios y de muchos otros que no cabrían aquí en un simple artículo, alguien pueda llevarse las manos a la cabeza cuando se manifiesta públicamente que existen dudas acerca de la condición de los suicidados de Leganés. A fin de cuentas, tal vez tuviera razón el difunto Gerardo Turiel y “lo que pasó en Leganés nunca llegaremos a saberlo”.

La paradoja de los teléfonos
Si el lector cree que el asunto de los explosivos es complejo, sin duda el entramado telefónico del 11M lo es muchísimo más. Sin embargo, no trataremos aquí de desentrañarlo completamente, pues a pesar de todo lo publicado hasta la fecha aún nadie puede presumir de conocer todos los entresijos que se esconden detrás de los listados telefónicos. Nos limitaremos, como en artículos anteriores, a lo más sencillo. A lo más básico. A lo que está al alcance de cualquiera. Para ello, primero explicaremos un par de conceptos intuitivos (obvios para mucha gente) y después hablaremos de uno de los episodios de telefonía que están bajo sospecha de manipulación en el 11M. Seguramente el más flagrante.

En España hay actualmente unos 52 millones de teléfonos móviles (más móviles que personas). Cada teléfono móvil operativo se compone de dos partes necesarias para poder realizar y recibir llamadas: por un lado, el propio terminal telefónico; por otro, la tarjeta SIM. La tarjeta SIM es esa pequeña tarjeta que se introduce habitualmente en el compartimiento de la batería. Cada tarjeta SIM sólo puede pertenecer a un operador de telefonía móvil: existen tarjetas de Movistar, tarjetas de Vodafone, etc. Los terminales (el teléfono en sí) pueden estar asociados a operadoras concretas o pueden estar liberados, pudiendo ser usados con tarjetas de cualquier operador. Las tarjetas SIM se identifican mediante el propio número de teléfono, mientras que los terminales telefónicos emplean un identificador numérico único que se establece en el proceso de fabricación conocido como IMEI. Para entendernos, diríamos que cada tarjeta va asociada a un único número de teléfono y que cada terminal tiene un cierto número de serie o IMEI.

Los investigadores de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en un momento dado y mediante mandamiento judicial, pueden solicitar a las operadoras de telefonía información sobre un determinado teléfono. De esta forma, los servicios de seguridad obtienen valiosísima información de posicionamiento, así como de las llamadas realizadas o recibidas. Por ejemplo, los informes policiales del Sumario del 11M, incluyen información como que un determinado día a una hora concreta, un terminal telefónico concreto (identificado mediante su IMEI) estaba situado en un cierto lugar y tenía introducida una tarjeta SIM con un número teléfono dado. Además, en los mismos informes reflejan cómo ese teléfono, a esa hora, ese día, en ese lugar, y con esa tarjeta, recibió una llamada de una cierta duración realizada desde otro teléfono cuyos datos también pueden ser perfectamente detallados en el informe. Es importante destacar que la información de posicionamiento es aproximada, ya que varias manzanas de edificios pueden estar bajo la cobertura de la misma estación base o BTS.

Bien, ya estamos en condiciones de hablar sobre los distintos informes de telefonía recogidos por la Policía en el Sumario del 11M. Y de centrarnos en uno de ellos o mejor dicho, en algunos: los que hacen referencia a las supuestas llamadas efectuadas desde el piso de la calle Martín Gaite de Leganés el día 3 de abril de 2004. En el Sumario del 11M existen hasta tres informes diferentes de la propia Policía sobre las llamadas realizadas desde aquel piso en esa fecha. Es en ese 3 de abril cuando según la versión oficial miembros del Cuerpo Nacional de Policía lograron encontrar el piso en el que se refugiaban los terroristas que habrían colocado las bombas en los trenes del 11M. También según la versión oficial, la Policía y los GEO lograron cercar a los terroristas. Éstos, horas después de la llegada de los primeros agentes, se harían explotar en una habitación interior del piso muriendo en el acto y provocando la muerte del GEO Francisco Javier Torronteras Gadea, que iba a la cabeza del grupo cuando intentaban acceder a la vivienda.

Como venimos diciendo, existen hasta tres informes de telefonía diferentes en el Sumario relativos a este episodio. En concreto, se supone que tales informes recogen las llamadas de despedida que los terroristas realizaron a sus familiares justo antes de inmolarse. Toda la narración resulta bastante estrambótica, partiendo de la base de que los tres informes, que se supone que analizan las mismas llamadas, son contradictorios entre sí. En unos aparecen llamadas efectuadas usando unas determinadas tarjetas SIM, en otros aparecen otras tarjetas SIM diferentes… Nadie ha sido capaz de explicar, a día de hoy, a qué se deben tales contradicciones que invalidan de por sí el contenido de los informes. Seguimos por tanto sin saber realmente desde qué tarjetas se realizaron las llamadas, dado que los informes no coinciden unos con otros. Por si fuera poco, el propio relato de los hechos es esperpéntico en sí mismo: siete terroristas estaban en posesión de una decena de terminales telefónicos pero realizaron todas las llamadas de despedida con el mismo, en el que iban introduciendo e intercambiando sus respectivas tarjetas SIM, según uno de los informes de telefonía. Es decir, teniendo una decena de teléfonos disponibles, se iban turnando uno a uno, extrayendo la batería e introduciendo la tarjeta SIM de cada uno de ellos para que quedara registrado el rastro puntual de todos. No podían usar todos los teléfonos disponibles y tampoco podían usar todos la misma tarjeta SIM: tenían que ir turnándose para intercambiar las tarjetas uno tras otro.

Aunque ridículo, el episodio de los terroristas alternándose para introducir sus respectivas tarjetas en un único teléfono, es perfectamente posible. El hecho de que estuvieran inmersos en medio de un tiroteo lo convierte en si cabe más bochornoso, pero no implica que todo este extracto de la versión oficial sea necesariamente falso.

Sin embargo, existen otros hechos que no son tan benévolos con esta versión oficial o, lo que es lo mismo, con la verdad judicial. En la sentencia del 11M se recoge que la tarjeta telefónica número 653026304, vendida por Jamal Zougam, fue usada por los suicidados de Leganés para despedirse de sus familiares. Sin embargo, según los informes de la compañía Amena esa tarjeta seguía funcionando cinco semanas de la explosión del piso, introducida en un terminal telefónico de la marca Philips. Dicho de otra forma, es imposible que esa tarjeta fuera usada por los supuestos terroristas para realizar ninguna llamada aquel día.

Cuando la prensa se hizo eco de esa escandalosa contradicción, el tribunal añadió un párrafo en el segundo Auto de Aclaración en el que trataba de enmendar su error. El tribunal estaba intentando vincular a Jamal Zougam con los suicidados de Leganés a través de la venta de una tarjeta telefónica. Sin embargo, al comprobar cómo este argumento caía por su propio peso, en dicho Auto de Aclaración, rectificaban. La tarjeta telefónica suministrada por Jamal Zougam y utilizada por los suicidados para despedirse de sus familiares no era la 653026304 (que había sido citada debido a un mero error) sino la 653026047.

El problema, que el tribunal esta vez ni siquiera trató de corregir (ya había quedado en evidencia una vez y al fin y al cabo, ¿a quién le importa el 11M?) es que esa nueva tarjeta telefónica había sido utilizada el 3 de abril en el terminal telefónico identificado con el IMEI número 350999101493269. Y da la casualidad de que ese teléfono no se encontró en el desescombro del piso y de que además, según la compañía Amena fue utilizado de nuevo el 21 de mayo con otra tarjeta telefónica, por lo que también es imposible que estuviera en el piso en el momento de la explosión.

Paradójicamente el tribunal renunció a reconocer este segundo error. Podemos afirmar, por tanto, que según el tribunal, después de emitir el segundo Auto de Aclaración de la Sentencia, algunas de las llamadas de despedida de lo suicidados de Leganés se llevaron a cabo a través de un teléfono capaz de sobrevivir a la explosión del piso y de escapar de los escombros antes de que lo encontraran. No es de extrañar que haya quien lo califique como “el teléfono de los muertos vivientes de Leganés”. A fin de cuentas, ¿qué más da que se nos intentara hacer creer que desde ese piso tuvieron lugar unas llamadas de despedida que en realidad jamás existieron?

La paradoja de los explosivos
Explosivos, pruebas periciales, nitroglicerina, dinamita, peritos, nitroglicol, cromatografías, dinitrotolueno, metenamina, dinitrotolueno… y por si fuera poco, ¡cada periódico dice una cosa diferente! ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? ¿Quién se equivoca? ¿Sabemos con certeza lo que explotó en los trenes? ¿Explotó lo que nos dijeron que había explotado? ¿Acaso no sabemos nada cuatro años después de aquel horrible atentado? Desde luego no vamos a esclarecer aquí qué es lo que explotó en los trenes del 11M. Ni siquiera vamos a hablar sobre lo que pudo haber explotado. Para eso ya hay libros y expertos. Y también declaraciones juradas en el Sumario. Nos limitaremos a hablar no de lo que explotó en los trenes, sino de lo que se nos ha dicho que explotó en los trenes. Tal vez de esta forma podamos al menos esclarecer levemente el asunto. No el asunto de lo que explotó, sino el asunto de la paradoja que envuelve a lo que dicen que explotó.

Para tratar este tema, que de por sí es farragoso, debemos remontarnos a hace más de cuatro años. Debemos situarnos exactamente en el 11 de marzo de 2004 e ir, paso a paso, analizando las informaciones –oficiales- que iban surgiendo progresivamente en lo referente a los explosivos usados en el 11M. Pero antes de comenzar este repaso histórico es imprescindible hablar de un determinado tipo de explosivo y de dos marcas comerciales que pertenecen a este tipo. Y es obligado hacerlo de la forma más simple posible para que todo el mundo lo entienda. Una de las principales bazas de quienes desean que nunca se esclarezca el 11M es precisamente la de confundir a la gente con términos complejos y discusiones bizantinas en las que nunca destacan conclusiones categóricas y fáciles de comprender. Dicho esto, estamos en condiciones de empezar a explicar la situación o lo que es lo mismo, lo que nos han dicho que explotó en los trenes. Según lo que nos han contado, el explosivo que asesinó a casi 200 personas era una dinamita tipo goma. Quedémonos con eso. Una dinamita tipo goma. Una goma. Ahora bien, hay en el mundo muchas empresas fabricantes de explosivos que comercializaban dinamitas tipo goma en 2004. De entre todas éstas, sólo nos interesan dos, por motivos evidentes: por un lado, en España se fabricaba una dinamita tipo goma denominada Goma-2 ECO, que era la se usaba en las minas asturianas de las que se supone que la trama asturiana de Trashorras sustrajo y vendió cientos de kilos; por otro lado, la banda terrorista ETA venía usando desde hacía unos pocos años otra dinamita tipo goma de fabricación francesa denominada Titadyne.

La Goma-2 ECO de los asturianos y el Titadyne usado por ETA son dinamitas tipo goma pero, ¿son el mismo explosivo? La composición de ambas gomas es diferente y por lo tanto incompatible entre sí ante un análisis químico. Es cierto que existen algunos componentes que son comunes a las dos y también a todas las demás gomas comerciales, pero también lo es que existen componentes que, formando parte de una, no aparecen en la otra. Esto hace que, frente a un análisis químico, la aparición de tales componentes exclusivos resulte determinante para descartar una dinamita tipo goma y poder afirmar, rotundamente, que no fue lo que estalló. Esta sencilla explicación debería bastar para que todo el mundo fuera capaz de abordar la cuestión sin miedo a verse desbordado por impronunciables nomenclaturas de compuestos químicos.

Y bien, ¿qué nos han dicho que explotó en los trenes del 11M? Pues la respuesta a esa pregunta merece ser dada en varias fases. En primer lugar, como decíamos antes, debemos empezar por el propio 11 de marzo de 2004. En aquella fecha, al menos dos importantes agencias de prensa publicaron que era “Titadyne con cordón detonante” lo que había hecho explosión. Alguien podría pensar que fue un error debido a la confusión de los primeros momentos. Sin embargo, el juez Garzón –que no ha desempeñado ningún papel oficialmente en la investigación- se presentó aquel día en el lugar de los hechos y un miembro del TEDAX (o lo que es lo mismo, un técnico desactivador de explosivos) le aseguró, según él mismo ha contado, que lo que estalló en los trenes era Titadyne. La cosa no termina ahí: Pedro Díaz Pintado, que por aquel entonces era Subdirector General Operativo del Cuerpo Nacional de Policía ha declarado una y otra vez que su inmediato subordinado, Santiago Cuadro Jaén (Comisario General de Seguridad Ciudadana en 2004) le comunicó por teléfono aquel día que había estallado Titadyne. Es cierto que Cuadro Jaén siempre ha negado esta versión, argumentando que él se limitó a decir “dinamita” o lo que es lo mismo, que él nunca le puso “marca comercial” al explosivo.

En los días sucesivos aparecerían varias pruebas cuya validez y autenticidad ha sido puesta en duda. Todas ellas, por supuesto, eran ajenas –externas- a los trenes. Y en todas apareció Goma-2 ECO. Goma-2 ECO y unos detonadores que conducirían, días después del 11M, a Asturias. A partir de ese momento y a pesar de lo que todo el mundo dijo el mismo 11M, la versión oficial del 11M sería concluyente: en los trenes explotó dinamita de marca comercial “Goma-2 ECO”. Las investigaciones llevarían a Asturias, donde una banda compuesta por mineros y confidentes del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil habrían contactado con unos islamistas que pasarían a ser considerados como los autores de la masacre.

Transcurridos unos meses daría comienzo la Comisión de Investigación del 11M. En ella (“la Lonja del Perjurio” según un conocido periodista radiofónico) se producirían algunas declaraciones realmente sorprendentes, una de las cuáles resulta obligado traer a colación en este artículo: el que fuera Comisario Jefe de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos, Juan Jesús Sánchez Manzano, manifestó que en los análisis químicos realizados a los restos de las bombas del 11M se había localizado un componente denominado nitroglicerina. La importancia de esta declaración (en la que no se recalaría hasta mediados de 2006 en un Blog dedicado a la investigación del 11M) radica en que justamente la nitroglicerina no es un componente de la dinamita conocida como Goma-2 ECO, y por el contrario sí lo es de la dinamita llamada Titadyne. Esta declaración, que iba en consonancia con lo que todo el mundo dijo en la mañana del 11 de marzo de 2004, obligó al juez Juan del Olmo a intervenir. El juez instructor llamó a declarar a la perito responsable de los análisis del mismo 11 de marzo, que manifestó que era imposible averiguar qué componentes concretos se habían encontrado y que sólo se podía determinar que se trataba de una dinamita. Cualquiera con un mínimo de sentido común se dará cuenta de la contradicción intrínseca de esta afirmación. Sánchez Manzano redactó un escrito en el que decía que la utilización del término “nitroglicerina” solamente había sido un error por su parte.

Cuando el primer juicio del 11M se aproximada, la Audiencia Nacional tomó una determinación que debería haber resultado clave a la postre: antes de que comenzara el propio juicio un grupo de ocho peritos debería estar trabajando en un análisis de las muestras recogidas en los trenes de manera que no se comenzara el juicio sin que supiéramos que es lo que realmente había estallado en aquellos vagones. Para ello el tribunal determinó que fueran nombrados dos peritos del Cuerpo Nacional de Policía, dos de la Guardia Civil, dos de las acusaciones y dos de las defensas. Durante el juicio, algunos de los TEDAX responsables de la recogida de muestras declararon que ellos recogieron montones de restos, piedras, tierra, trozos de chapa… sin embargo, a los ocho peritos sólo les entregaron unas cuantas bolsitas en cuyo interior, en total, apenas había un par de gramos de sustancia analizable.

A pesar de la escasa cantidad de muestras facilitadas y de que éstas hubieran sido lavadas previamente con agua y acetona y gracias a los formidables medios técnicos con que contaban los peritos, los componentes fueron apareciendo. Aquella declaración jurada de la perito en la que afirmaba que no podían determinarse “específicas sustancias” quedaba en evidencia. ¿Y qué componentes aparecieron? Pues además de aparecer los que eran comunes a las dos dinamitas de interés, se encontraron otros dos que sólo forman parte del Titadyne y no de la Goma-2 ECO, para desconsuelo de la Fiscalía, que hasta ese momento había defendido irracionalmente aquella tesis del “fue Goma-2 ECO ¡y vale ya!” y a partir de ese momento pasaría a sostener otra aún más sonrojante: “¿qué más da el explosivo que se utilizara?”.

Pero la pericial no resultó tan clara ni por ende tan esclarecedora: las cámaras que grababan la prueba sufrieron fortuitos cortes eléctricos, las muestras que presentaban una determinada composición, al volver a ser analizadas (tras el incidente de las cámaras), ahora presentaban otra diferente y para colmo, muestras que en 2004 resultaban ser Goma-2 ECO pura ahora contenían esos componentes del Titadyne que no están presentes en la Goma-2 ECO. Dicho de otra forma: los resultados que arrojaban las pruebas, tras los misteriosos cortes eléctricos, se convirtieron en un cúmulo de datos inútiles, por el mero hecho de que ninguno de los ocho peritos podía justificarlos de forma racional. Todo muy normal, ¿verdad?

¿Y cómo trataron los peritos de justificar los resultados? Pues a medida que iban encontrándose componentes “problemáticos” para la versión oficial, los peritos nombrados por el Ministerio de Interior (es decir, por el ministerio de Alfredo Pérez Rubalcaba) iban cambiando sus hipótesis: primero dijeron que la dinamita se contaminó en la fábrica; después defendieron que se contaminó en la mina; y finalmente acabaron el juicio intentando convencer al tribunal de que las muestras se contaminaron en el almacén de los TEDAX. El único problema es que, según quedó claro en el juicio, jamás había habido un precedente de contaminación en dicho almacén y esas muestras estaban custodiadas introducidas, cada una, en una bolsa hermética que estaba dentro de un sobre, que a su vez que estaba dentro de otra bolsa, que estaba dentro de una caja, que estaba dentro de otra bolsa, introducida en un armario en el que solamente había muestras del 11M (muestras que estaban, por lo tanto y según la versión oficial, libres de dichos componentes “problemáticos” como la nitroglicerina o el dinitrotolueno que sí aparecen en el Titadyne).

La paradoja no es que apareciera siempre lo que no debería. La paradoja no es ya que la Policía defendiera hipótesis mutantes cada vez que se encontraba un componente inesperado. Tampoco que argumentara una contaminación inverosímil y sin precedentes. La paradoja es que Alfonso Vega, miembro de la Policía Científica y jefe de la pericial, fue condecorado meses después del final del juicio. Y es que hay que reconocer que no era para menos.

La paradoja del primo
¿Cuántos de los que dicen creerse la versión oficial del 11M conocen realmente lo que ésta dice? Es simplemente una reflexión. Pero francamente estoy seguro de que la mayoría de ellos siguen anclados en algo así como “unos islamistas pusieron unas bombas para vengarse del Gobierno de Aznar por haber apoyado la Guerra de Irak”. Después de más de cuatro años de investigaciones, juicios, publicaciones y debates, el defensor de la versión oficial debería ser al menos capaz de hilvanar un párrafo que arrojara algo más de detalle. Por ejemplo, uno como éste:

“Según la versión oficial del 11M, unos magrebíes en su mayoría drogadictos, traficantes de droga e inmersos en el mundillo de la delincuencia común, decidieron cometer el mayor atentado de nuestra historia como represalia por el apoyo del Gobierno de Aznar a Estados Unidos en la Guerra de Irak. Para lograr esto acudieron a un confidente del Cuerpo Nacional de Policía que les suministró los explosivos. Fue un confidente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil el que les puso en contacto con aquél. Una vez conseguidos los explosivos decidieron montar las bombas utilizando unos teléfonos móviles que llevaron a liberar a la tienda de un policía nacional”. Y después de reflexionar cinco minutos, tal vez alguno sería más cuidadoso a la hora de hablar de una supuesta “teoría de la conspiración”.

En anteriores artículos hacíamos referencia a algunos sujetos que han sido tratados con una sospechosa benevolencia por la Justicia española. Veíamos cómo a pesar de que todos los indicios y numerosos testimonios señalaban a Antonio Toro Castro como el jefe de la banda de Suárez Trashorras, a éste se le condenó a más de 34.000 años de cárcel mientras Toro salía de la Audiencia Nacional libre de cualquier pena. El tribunal no tuvo en cuenta las declaraciones de testigos que contaron cómo Toro les ofreció cientos de kilos de explosivos y tampoco debió de parecerle importante el hecho de que Antonio Toro y su hermana Carmen estuvieran presentes en alguna de las reuniones en las que se supone que los islamistas negociaron la adquisición de los explosivos. Por supuesto, no hay ninguna prueba de que la excelente relación de Toro con determinados miembros de las fuerzas de seguridad haya tenido nada que ver, de igual manera que tampoco se ha podido probar su hipotética condición de confidente. Tendremos que aceptar que ese cúmulo de contradicciones no son más que hechos puntuales sin relación entre sí. Comentábamos también el caso de Abdelmajid Bouchar, que según la versión oficial era el octavo habitante del piso franco ocupado por los terroristas. Y explicábamos cómo el tribunal, en la sentencia, no le consideró autor material de los atentados al mismo tiempo que afirmaba que sus compañeros de piso sí que habían colocado las bombas en los trenes. Al tribunal le debió de parecer insignificante que no haya ni una sola prueba, testimonio o indicio directo que justificara la presencia de esos siete sujetos en el lugar del crimen y no dudó en culpabilizarlos por haber perpetrado el atentado. Sin embargo, con su compañero de piso, que bajó a tirar la basura y escapó corriendo (siempre según la propia versión oficial) pasando a un metro de un agente de policía, tuvieron mucha más consideración. Algo parecido sucedía, como veíamos, con el caso del policía nacional de origen sirio Kalaji.

Algunos no podemos más que preguntarnos quiénes son Antonio Toro, Abdelmajid Bouchar y el mismo Maussili Kalaji. ¿A qué se debe ese llamativo trato de favor? Pero éstos no son los únicos casos de personajes intocables que aparecen en la tenebrosa maraña del 11M. Hay otros y ya tendremos tiempo en el futuro de dedicarles unas líneas. En este artículo nos limitaremos a comentar otro de esos casos de indulgencia gratuita: el del marroquí Hicham Ahmidan. Hicham es, según nos cuentan, primo de Jamal Ahmidan, que a su vez es uno de los siete suicidados de Leganés. Jamal está considerado en la sentencia del 11M como autor material del atentado. Todo lo que envuelve a su primo Hicham resulta enigmático, pues nada o casi nada se nos ha dicho de su relación con Jamal, de su entorno, de su condición religiosa o de sus negocios. Sólo unos pocos medios de comunicación se han molestado en indagar en el Sumario para ofrecernos unas pinceladas acerca de estas cuestiones. Y ese halo misterioso, lejos de desaparecer, se ha visto acrecentado.

Existen indicios de que Hicham podría haber jugado un cierto papel en la trama islamista a la que se vincula desde instancias oficiales con los atentados del 11M. Las huellas de este primo de “El Chino” aparecieron en la casa de Morata de Tajuña, donde se supone que fueron montadas las bombas de los trenes, siempre según la versión oficial. Pero no sólo en ese escenario: también fueron encontradas sus huellas en el coche que habitualmente conducía su primo Jamal. Además, la Policía realizó diversos informes en los que atribuía a Jamal una serie de tarjetas telefónicas (para dar sentido a la trama islamista que quedaría corroborada por las relaciones y llamadas entre unos y otros) pero los datos del Sumario demuestran que una de esas tarjetas que se le atribuyeron a “El Chino” en realidad pertenecía a Hicham Ahmidan. Hay más llamativos indicios, como el hecho de que en uno los coches de nuestro protagonista, Hicham, aparecieran prendas de José Garzón, el dueño de la furgoneta Renault Kangoo que sería supuestamente robada por los islamistas y utilizada para transportar las bombas. La lista de relaciones siniestras de este marroquí con el entorno de Jamal no acaba ahí: se dice en el Sumario que Hicham Ahmidan fue quien llevó a cabo la falsificación de al menos tres matrículas empleadas en coches usados por la trama terrorista. De hecho, uno de los suyos fue utilizado por varios de ellos meses antes del 11M, como queda acreditado por los seguimientos a que estaban siendo sometidos algunos de los miembros de la banda de aquel entramado.

Como lista de indicios, es justo reconocer que no desmerece la de cualquiera de los detenidos e incluso de los condenados. Hicham Ahmidan es por tanto un caso similar al de Bouchar o Antonio Toro. En cuanto a sus negocios, es fácil imaginar a qué se dedicaba este marroquí, ya que en su piso la Policía española encontró drogas por valor de más de 1.3 millones de euros en forma de hachís y pastillas. De nuevo no nos encontramos precisamente ante el prototipo de islamista radical, sino más bien frente a un traficante de drogas a una escala considerable.

Como en el caso de Abdelmajid Bouchar, alguien podría afirmar que todos los indicios que rodean al personaje no constituyen una prueba de que participara de alguna forma en la planificación o ejecución de la masacre. Y estaría en lo cierto. Sin embargo es justo reconocer varias matizaciones: la primera, que muchos otros de los detenidos lo fueron por motivos mucho menos sólidos; la segunda, que lo chocante no es que no se le intentara detener, sino que ni siquiera se le tomara declaración.

¿Acaso no merecía la pena escuchar el testimonio de un familiar directo de Jamal Ahmidan que había estado presente en casi todos los escenarios clave y que empleaba una tarjeta telefónica del mismo lote de las que se supone que fueron utilizadas en las bombas?

Paradójicamente, el juez Juan del Olmo debió de pensar, durante la fase de instrucción, que efectivamente no la merecía. Y convirtió a Hicham, desde el punto de vista del 11M, en uno más de los intocables.

La paradoja siria
En la investigación del 11M se nos han presentado decenas de personajes, unos con más protagonismo que otros. Podríamos encuadrar a todos ellos en distintas tramas o clasificarlos según la importancia que la versión oficial les otorga. Sin embargo, a veces resulta más interesante fijar la mirada no en los protagonistas oficiales, sino en otras personas que desde una segunda línea han ayudado a dar forma a esta versión oficial. En concreto, entre los que más llaman la atención podríamos incluir a la conocida por algunos como “trama siria”. El término no es, en principio, exacto, ya que algunos de los que la componen no mantienen, que sepamos, la relación interpersonal necesaria como para ser considerados una trama. Pero sí resulta llamativo analizar el papel de todos los sirios que se nos han presentado para apuntalar, de una forma u otra, la que ha terminado siendo la verdad judicial de los atentados del 11 de marzo. Todos ellos tienen historias que merecería la pena repasar y algunas de éstas serán tratadas en artículos futuros. Sin embargo, en esta ocasión nos centraremos en uno de ellos, quizás el que más ha contribuido a forjar esa verdad oficial: Maussili Ayman Kalaji.

Kalaji es un personaje de lo más peculiar. Este español de origen sirio entró a formar parte de la Policía Nacional española (actualmente el Cuerpo Nacional de Policía) a pesar de no medir la altura suficiente y en la actualidad es propietario de una tienda de telefonía llamada Test Ayman. Sin embargo y a pesar de lo que alguno pudiera pensar, el papel de Kalaji en el 11M no pasa por su origen sirio. Tampoco por su condición de miembro del Cuerpo Nacional de Policía. Por el contrario, su papel está envuelto en una más de las mil casualidades que rodean todo lo concerniente al 11M. Recordemos brevemente la historia de su participación:

Según se nos ha contado durante años y así ha sido refrendado en la sentencia del primer juicio del 11M, un grupo de presuntos islamistas decidieron atentar en Madrid colocando una serie de mochilas-bomba. Los explosivos los habrían adquirido a través de un exminero asturiano, así como los detonadores. El mecanismo destinado a activar esas mochilas asesinas serían unos teléfonos móviles que, actuando como despertadores, se encenderían en torno a las 7:40 horas del día 11 de marzo de 2004. Podríamos hablar largo y tendido sobre esos teléfonos pero quedémonos con unos pocos datos sin poner en duda nada de lo contado en la versión oficial. Los terroristas habrían comprado teléfonos móviles Movistar en un bazar propiedad de unos hindúes. De igual forma, habrían comprado tarjetas telefónicas de Amena a uno de los miembros de la trama: Jamal Zougam. Obviemos que Jamal Zougam no tenía relación con los otros o el sinsentido que supone comprarle los teléfonos a unos hindúes en lugar de pedírselos al propio Jamal Zougam, que regentaba un locutorio. Obviemos también la incongruencia de comprar teléfonos Movistar y tarjetas de Amena, lo que les obligaría a realizar trámites y gastos adicionales para liberar los teléfonos. Y por supuesto hagamos la vista gorda sobre todos los datos que hay publicados y que demuestran que toda la ruta de comercialización de móviles y tarjetas ha sido inventada a posteriori. Quedémonos, de momento, con lo que nos han contado. Es decir, quedémonos con que los terroristas compraron teléfonos Movistar y tarjetas telefónicas de Amena.

El lector se estará preguntando ya, con razón, “¿pero qué papel juega ese policía de origen sirio llamado Kalaji?”. Bien, una vez adquiridos los teléfonos y las tarjetas, para poder utilizarlos conjuntamente, los terroristas tuvieron que acudir lógicamente a un establecimiento de telefonía para liberar esos teléfonos Movistar. Alguien se estará haciendo ahora otra pregunta, evidente: “si Zougam regentaba un locutorio y se dedicaba entre otras cosas a liberar teléfonos móviles, ¿por qué sus compinches no le llevaron los teléfonos a él?”. Pues por la misma razón por la que no le compraron los teléfonos, por la misma razón por la que compraron tarjetas y teléfonos de compañías distintas y por la misma razón por la que no constan relaciones personales ni telefónicas de Jamal Zougam con sus supuestos compañeros yihadistas. Que cada uno saque sus propias conclusiones. El hecho cierto, siempre según la versión oficial, es que los terroristas, lejos de entregarle a su camarada terrorista esos teléfonos, decidieron acudir a otra tienda de telefonía a que se los liberaran.

Sí, así es. Tal y como era previsible en el atentado del mero azar y las casualidades, los terroristas fueron a la tienda de Maussili Kalaji, el policía nacional. Y fue allí donde se liberaron supuestamente los teléfonos móviles que serían, según se nos ha contado, usados en las bombas.

Hasta tal punto resulta llamativa la casualidad que en el Sumario del 11M consta un documento de la Comisaría General de Información (CGI) instando a la Fiscalía para que ordenara detener a Kalaji como integrante de la trama terrorista. Esta petición fue cursada el 23 de mayo de 2005 a través del juez instructor, Juan del Olmo, pero la Fiscalía no llegó ni siquiera a pronunciarse.

Para los lectores bienintencionados que aún creen en coincidencias y casualidades, hay un dato que aún no hemos comentado pero que no puede pasar desapercibido. El hecho de que los supuestos teléfonos de las bombas se liberaran en la tienda de Maussili Ayman Kalaji no es lo único que vincula al policía de origen sirio con los imputados del 11M. Uno de los 29 que llegaron al juicio bajo tal condición es Mouhannad Almallah Dabas. Pues bien, este otro sirio mantenía una relación de amistad con Kalaji e incluso consta la compraventa de un piso entre ellos.

Sin embargo, la Fiscalía nunca ejecutó las acciones que se proponían en la nota de la Unidad Central de Inteligencia a través de la Comisaría General de Información, en la que se advertía que Kalaji tenía los conocimientos necesarios para haber montado las bombas y que en su juventud había presentado un perfil de islamista radical, además de poseer formación militar. Kalaji -que en el pasado había sido también guardaespaldas del omnipresente Baltasar Garzón- a pesar de todos esos indicios señalados por la propia Unidad Central de Inteligencia, nunca llegó a estar imputado por los atentados del 11M.

Y como era de esperar, corroboró punto por punto, en la vista oral, todo lo que tenía que decir para apuntalar la versión oficial: al fin y al cabo no hay nada delictivo en liberar unos teléfonos o en tener amigos de dudosa condición moral. ¿No es así? Sin embargo otros, peor relacionados, no gozaron de ese inmaculado beneficio de la duda. Paradójicamente Kalaji, a pesar de las recomendaciones de la UCI, nunca estuvo entre la espada y la pared. Como otros tantos personajes complementarios del 11M su excelente relación con las fuerzas de seguridad le garantizó la inmunidad necesaria para permitirle estar tranquilo. Y para colmo de casualidades y paradojas, el juez Juan del Olmo afirmaba en su escrito a la Fiscalía a petición de la UCI que el sirio Maussili Ayman Kalaji pertenece al CNI, o lo que es lo mismo, a los servicios secretos españoles. Algo que, por otra parte, no resultaría sorprendente.

La paradoja del galgo
La sentencia del primer juicio del 11M contiene muchos pasajes discutibles y algunos delirantes. Posiblemente uno de los más contradictorios sea el referente a Abdelmajid Bouchar. Aunque a estas alturas sería razonable pensar que todos los españoles conocen la historia de este marroquí, conviene traerla de nuevo a colación. En el caso de Bouchar la paradoja es doble: no sólo por lo acaecido durante el juicio y por la sentencia dictada, sino también por la actitud de la Fiscalía en el momento de encarar los recursos presentados ante el Tribunal Supremo. Pero recordemos el contexto en el que están inmersos estos episodios:

Dice la versión oficial que pocos días antes del 11M, los terroristas islámicos que supuestamente habrían cometido el atentado fueron a una inmobiliaria de Leganés y allí realizaron un contrato de arrendamiento de un piso que les serviría posteriormente como refugio. Se trata del famoso “piso de Leganés”, situado en la calle Martín Gaite de esta localidad madrileña. Aproximadamente tres semanas después de los atentados del 11M, la Policía localizó aquel piso franco que estaría sirviendo de refugio a los terroristas. El modo en que la Policía localizó el piso aún no está claro, ya que existen numerosas versiones absolutamente contradictorias entre sí, tanto de la Policía como de testigos protegidos, pero no es objeto de este artículo ahondar en tales contradicciones.

El hecho es que, siempre según la versión oficial y ateniéndonos a las declaraciones a las que más valor ha dado el tribunal, el piso fue localizado en la tarde del 3 de abril de 2004. Dependiendo del declarante podríamos afirmar que la Policía tenía claro cuál era el refugio de los terroristas entre las 12:00 y las 17:00 de aquel sábado 3 de abril. Existen variantes acerca de cómo llegaron los primeros policías a aquel piso. Una –que por carecer de la más mínima solidez no fue tenida en cuenta por el juez instructor, que pasó de puntillas sobre ella- afirmaba que se había producido un tiroteo entre miembros del Cuerpo Nacional de Policía y unos magrebíes en las proximidades de la estación de Zarzaquemada. Según esta versión, los terroristas habrían huido en coche en dirección a la calle Martín Gaite para finalmente esconderse en el piso, donde serían cercados. Otra versión de la propia Policía, la más aceptada, defiende que gracias a la pericia del comisario Rafael Gómez Menor la Policía fue capaz de localizar el piso siguiendo un rastro de llamadas telefónicas realizadas mediante tarjetas telefónicas pertenecientes a los supuestos terroristas.

Independientemente de cómo y cuándo llegó la Policía a aquel piso, todas las versiones coinciden en que, en un momento dado, se encontraba ya allí una pareja de miembros de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) y en que uno de sus miembros llamó al telefonillo del piso de los terroristas, con el fin de comprobar si había alguien allí. Posteriormente, uno de los sospechosos bajó a tirar la basura, pasando a escasamente un metro de un agente. Este supuesto terrorista, al percatarse de para qué estaban allí los policías, echó a correr escapando de éstos, que fueron incapaces de alcanzarle. Se trataría, en teoría, del marroquí Abdelmajid Bouchar.

Pocas horas después de esta huida prodigiosa y con el piso cercado por las fuerzas de seguridad, la vivienda haría explosión en el momento en que los GEO iban a intervenir en su interior, provocando lesiones en la práctica totalidad de los miembros del GEO y el fallecimiento de Francisco Javier Torronteras debido a un profundo corte en la femoral, producido por los escombros como consecuencia de la propia explosión. Cuenta la versión oficial que los habitantes del piso se habrían suicidado, recluidos en una de las habitaciones interiores del piso.

En el desescombro del piso aparecieron explosivos, detonadores y numerosos restos humanos. Se dijo en un primer momento que habían sido tres los suicidas, pero pronto fueron apareciendo restos humanos de más cadáveres. La cifra oficial de muertos, sin contar con el miembro del GEO que dio su vida en acto de servicio fue de siete. Siete eran las personas de las cuáles se habían encontrado restos cadavéricos.

Aunque la identificación de éstos también es motivo de controversia, nos limitaremos a aceptar sin más las identidades que se corresponden con tales restos según la Policía. Se trataría, analizando los cuerpos de estos siete presuntos suicidas, de Jamal Ahmidan “El Chino”, Serhane Ben Facket “El Tunecino”, Rachid Oulad Akcha, Mohamed Oulad Akcha, Abdennabi Kounja, Asrih Rifaat Anouar y Allekema Lamari. No existe ningún testimonio de ningún testigo que haya declarado haber visto a ninguno de estas siete personas en los trenes que fueron objetivo de los terroristas en la mañana del 11 de marzo de 2004. No se ha encontrado allí ningún tipo de prueba o indicio de que ellos colocaran las bombas. De hecho, dando por buena toda la versión oficial y aceptando como válidas todas las pruebas e indicios presentados, no existe ningún dato que vincule directamente a ninguno de estos sujetos con la autoría material del atentado. Se nos ha dicho que algunos de ellos eran islamistas radicales. Que otros planeaban atentar en España. Que algunos adquirieron explosivos en Asturias. Pero ningún dato demuestra fehacientemente que ellos colocaran las bombas, de manera que bien podrían, aun aceptando que fueran los instigadores de la masacre, haber contratado a otros para que depositaran las supuestas mochilas de la muerte. O simplemente, podrían ser los autores materiales los que permanecen huidos y los que profanaron la tumba del GEO Torronteras, ya que aún no se les ha podido identificar.

Sin embargo, entre los hechos probados de la sentencia del primer juicio del 11M, los miembros del tribunal no tienen ningún reparo en incluir, abiertamente, la autoría material del atentado a cargo de estas siete personas. Dice el tribunal, sin justificarlo de ningún modo, que es un hecho probado que los siete habitantes del piso de Leganés fueron, junto con otros, los que colocaron las bombas del 11M, asesinando a 192 personas e hiriendo a más de 1500. Habrá quien crea que el hecho de que se suicidaran en un piso al ser cercados por la Policía es motivo suficiente como para afirmar que está probado que esos siete hombres colocaran aquellas doce (trece, según la versión oficial) bombas. Aunque atente contra la lógica, aceptémoslo.

Pero dando por bueno ese razonamiento, ¿qué hay del octavo habitante del piso? Abdelmajid Bouchar, ¿recuerdan? Bouchar está en la misma situación que sus compañeros de vivienda, con dos salvedades: la primera, que él bajó a tirar la basura, se cruzó con un agente de Policía y echó a correr, escapando de la muerte; la segunda, que a Bouchar sí hay un testigo que dice haberle reconocido en los trenes, si bien su testimonio carece de fuerza, ya que el testigo cambió su testimonio en la vista oral por no tener claro si al magrebí que vio era Abdelmajid Bouchar o Jamal Zougam.

Pues bien, Bouchar no ha sido condenado por la autoría material del atentado. No sabemos si como premio a su hazaña atlética o a la suerte demostrada por haber salvado la vida. El hecho es que mientras se afirma que sus siete compañeros de piso colocaron las bombas en los trenes, el tribunal considera que no está probado que Bouchar pusiera ninguna de las mochilas, a pesar de que se encontraron huellas suyas en documentos en el piso de la calle Martín Gaite, así como ADN suyo, etc. y de que un testigo, aunque con dudas, afirmó haberle visto en los trenes.

Abdelmajid Bouchar fue condenado por una serie de delitos menores, no relacionados directamente con la autoría del 11M, enfrentándose a una condena de 18 años de cárcel.

Pero la historia de Bouchar y el favoritismo judicial del que disfruta no terminan aquí. Algunas asociaciones de víctimas solicitaron que se ampliara la condena de Bouchar, acusándole de nuevo de haber sido autor material de los atentados. El razonamiento de estas acusaciones, como la de Doña Pilar Manjón, es evidente: si se considera hecho probado que los siete inquilinos de Leganés colocaron las bombas, Bouchar será, con más motivo, otro autor material del atentado.

Sin embargo, la Fiscalía ha desestimado todos estos recursos que perseguían ampliar la condena del marroquí. Los argumentos de la Fiscalía a la hora de encarar estos recursos en el Tribunal Supremo, son al mismo tiempo obvios y peregrinos. Dice la Fiscalía que el que hubiera ADN de Bouchar en restos de alimentos en el piso, o huellas suyas en documentos de identidad allí encontrados, no prueba que él colocara las bombas. Es obvio y también es cierto. Pero podría aplicarse el cuento la Fiscalía en cuanto a los otros siete habitantes del piso. Y tal vez Bermúdez, Nicolás y Guevara también tendrían que reflexionar acerca de la doble paradoja de Bouchar y sus compañeros.

Cualquiera diría que la Justicia no siempre es tan imparcial como debiera. E incluso hay por ahí quien se atreve a preguntar ¿quién es Abdelmajid Bouchar?

La paradoja de los asturianos
Para quienes han seguido el juicio del 11M las condenas pueden resultar más o menos sorprendentes, pero por lo general se puede decir que eran previsibles. Son otros hechos los que han provocado que la sentencia dictada en la Casa de Campo haya dejado estupefactas a muchas de las personas que siguieron la vista día a día. Principalmente la ausencia de deducciones de testimonio (entre testigos de toda índole, desde familiares de los supuestos autores materiales a testigos protegidos y pasando por miembros concretos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) y algunas de las absoluciones.

Así, podemos afirmar que no sorprenden tanto los que están como los que faltan. Siempre ateniéndonos a la lógica del tribunal y sin poner en duda la versión oficial de los atentados. Ya habrá tiempo para esto, además de que existe material de sobra en medios impresos y en diarios digitales.

Y es que cuesta creer que alguien pueda considerar como normal que los hermanos Toro, Antonio y Carmen, se hayan ido de rositas viendo cómo eran declarados inocentes de todos los cargos que pesaban contra ellos. Durante cuatro años se les vendió a los españoles una compleja trama asturiana que, según se decía, era la responsable de haber suministrado los explosivos a los autores de la masacre. Ese entramado estaba compuesto por Iván Granados, Gabriel Montoya, Raúl González, Antonio y Carmen Toro, Emilio Suárez Trashorras, Javier González… Como historieta para mantener entretenido al personal hay que reconocer que estuvo muy bien. Sin embargo, una vez concluido el objetivo de que la sociedad haya oído campanas acerca de una banda de traficantes de dinamita que suministró explosivos a los terroristas del 11M, lo que ocurra –judicialmente hablando- con esa banda, es irrelevante. Al fin y al cabo, ¿a quién le importa?

Antes del juicio ya nos enteramos de algunas cosas inquietantes. De todos los personajes de la llamada trama asturiana, hay tres que reunían unas condiciones óptimas para captar la atención de aquéllos que no se conformaban con los titulares de prensa: Javier González “el Dinamita”, Antonio Toro Castro y José Emilio Suárez Trashorras. Había indicios considerables de que los dos primeros trabajaban para los servicios de seguridad del Estado. Con el tercero, Trashorras, los indicios se convirtieron en certezas y a su controlador, el comisario de estupefacientes de Avilés, Manuel García “Manolón” no le quedó más remedio que reconocer la condición de confidente policial de Trashorras. Por tanto, se ponía el dedo en la llaga sobre estos personajes, meses antes de que diera comienzo la vista oral del juicio por la masacre, señalando algunos de los hitos policiales que marcaban el pasado de estos sujetos. Así, Javier González había sido condenado, años atrás, por suministrar cientos de kilos de dinamita a Terra Lliure a través de ETA. Sin embargo, tal condena fue saldada sospechosamente con una multa económica de cuantía raquítica. Antonio Toro traficaba, según varios testigos, con dinamita. Y muchos le consideraban realmente el “jefe de la banda” de Emilio Suárez. Sin embargo, sus relaciones con el propio Manuel García le sacaron de más de un apuro y le ayudaron a salir de la cárcel en momentos claves de su vida delictiva. Su pasado como Caballero Legionario y sus relaciones privilegiadas con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado le proporcionaron a él y a su cuñado, Suárez Trashorras, el manto necesario para resguardarlos de cualquier persecución policial que pudiera dar al traste con sus negocios de tráfico de explosivos, coches robados o sustancias estupefacientes.

Los hechos sugieren que Antonio Toro era cuando menos un protegido de nuestros servicios de seguridad, aunque nadie haya reconocido aún una hipotética condición de confidente de éste, al contrario que en el caso de Trashorras, el esposo de Carmen, la hermana de Antonio Toro.

Los medios de comunicación ya ahondaron en el pasado de Antonio, explicando cómo las relaciones de su cuñado con “Manolón” evitaron la entrada del exminero en prisión en el marco de una operación por tráfico de explosivos en el año 2000 y logrando que Antonio cumpliera sólo seis de los veinticuatro meses a los que había sido condenado.

En la Operación Pípol tanto él como su cuñado fueron acusados de traficar con explosivos. Testigos clave como Francisco Javier Lavandera testificaron que Antonio Toro (y no Suárez Trashorras) era quien traficaba con dinamita. Rafá Zouhier también declaró que en su estancia en la prisión de Villabona era Antonio Toro Castro el que le ofreció grandes cantidades de explosivos. Y para colmo, todo el entorno de Toro reconoce abiertamente que cuando salían Trashorras y él, se comportaban como si el primero no fuera más que un adlátere del segundo.

Y por si fuera poco, según la propia Policía, Toro se encontraba en Madrid el propio 11 de marzo de 2004. Toro y su hermana estuvieron presentes en las reuniones en los MacDonald’s en los que se supone que tuvo lugar la compraventa de explosivos relacionados –según la versión oficial- con el 11M.

A pesar de todos estos indicios, ni Antonio ni Carmen Toro han sido condenados en el juicio del 11M. Entiende el tribunal que el posible delito de tráfico de explosivos de Antonio ya fue juzgado en el caso de la Operación Pípol y no le considera colaborador necesario en los delitos de asesinato, al contrario que a su cuñado, Suárez Trashorras.

Con frecuencia las piezas encajan en el 11M mucho más fácilmente de lo que la gente piensa. Se decía, antes del juicio, que Toro también trabajaba, presumiblemente, para los servicios de seguridad. Llegado al juicio mostró en todo momento una tranquilidad pasmosa, contemplando inmutable la falta de elocuencia del abogado que le habían asignado. Y tal y como vino, se fue. Libre de cualquier condena al igual que su hermana.

Trashorras fue condenado ha casi 35.000 años de cárcel, acusado de haber colaborado en el asesinato de casi doscientas personas, mientras que los Toro salieron libres de esos mismos cargos.

Lo paradójico es que dentro de lo que era la trama asturiana, el esquizofrénico Trashorras no estuvo en las reuniones de los MacDonald’s con los supuestos terroristas, ni le ofreció explosivos a testigos como Lavandera o delincuentes como Zouhier, ni era considerado por nadie como “el jefe de la banda”. Pero como en muchos otros colectivos, entre los confidentes policiales todavía hay clases.

La paradoja de los condenados
Este artículo pretende ser el primero de una serie en la que se resumen algunas, sólo unas pocas, de las muchas paradojas que envuelven la investigación y la sentencia del primer juicio por los atentados del 11M. No se trata ya de señalar las contradicciones en las que han incurrido las incontables declaraciones de los testigos ni la inverosimilitud de casi todos los indicios aportados por unos y otros. Se trata, por el contrario, de aceptar como bueno lo que nos han contado desde esa llamada “versión oficial” y explicar, de un modo más o menos claro, hasta qué punto resultan paradójicos muchos de los aspectos de ésta.

Mucha gente cree que la investigación oficial del 11M ya ha concluido. Con la sentencia, buena parte de la sociedad cree que el caso está cerrado o casi cerrado, a la espera de que se celebren los recursos de casación en el Tribunal Supremo. Ni qué decir tiene que esta mayoría de la gente desconoce que existen varios sumarios más abiertos relacionados directamente con los atentados del 11M. Han pasado más de cuatro años y, con una sentencia a las puertas de ser firme, pocos son los que recuerdan esos apéndices de la investigación que siguen coleando jurídicamente u otros que deberían ser objeto de investigación permanente hasta que sean esclarecidos. Al fin y al cabo, es normal que la gente se despreocupe de estos extremos y dé por sentado que, tal y como dijo José Luis Rodríguez Zapatero en la Comisión de Investigación del 11M, “todo está claro”. Al fin y al cabo, ya hay una sentencia. ¿O no?

El problema nace cuando se le pide a uno de esos ciudadanos que escarbe un poco en dicha sentencia. Cuando se le pregunta a alguien, escogido al azar, por algún detalle concreto de la misma. No hace falta irse a los matices propios de expertos o de gremios especializados. Basta preguntar cosas sencillas y claves en el proceso. El ejemplo más claro es esa pregunta tan curiosa que casi nadie responde con exactitud: ¿cuánta gente ha sido condenada en el juicio por haber cometido el 11M o por haber colaborado en la comisión de este horrible atentado?

La experiencia demuestra que ante esta pregunta las respuestas son de lo más variopinto, pero con frecuencia alejadas de la realidad judicial. Hay quien contesta “todos los imputados”, sin tan siquiera saber cuántos son éstos. Hay quien, menos tajante, sentencia “casi todos”. Pero sólo unos pocos son capaces de responder que de los casi treinta imputados que llegaron al juicio, de las más de ciento quince personas que fueron detenidas durante la instrucción, sólo tres han sido condenadas bien por la autoría material del atentado, bien por colaboración necesaria en ésta.

Este extremo, aunque llamativo, no es en sí mismo determinante. A fin de cuentas, la sentencia afirma (sin aportar ninguna prueba ni ningún razonamiento jurídico) que los siete suicidados del piso de Leganés (y una octava persona cuya identidad ni siquiera se aclara) fueron autores materiales de la masacre. Así que habrá quien, con razón, diga que siete más tres, ya suman diez. Y diez es una cifra aceptable de culpables oficiales.

El problema, de nuevo y tal y como decíamos, radica en lo que sucede cuando se le indica a este hipotético ciudadano que profundice en las interioridades de la sentencia. La cuestión no es que sólo hayan sido condenados tres de los veintinueve acusados que comenzaron el juicio en la Casa de Campo. Lo paradójico no es cuántos, sino quiénes son estos tres condenados.

Las únicas personas condenadas por haber cometido los atentados del 11M o haber prestado una colaboración necesaria a los autores de los mismos son:

-Un exminero asturiano esquizofrénico que trabajaba como confidente para el Cuerpo Nacional de Policía y cuyo controlador, el Comisario de Estupefacientes de Avilés, Manuel García, declaró durante la vista oral que daba la impresión de que su controlado le controlaba a él (sic). Este exminero (y delincuente común), llamado José Emilio Suárez Trashorras, es uno de los nombres más conocidos por los españoles en relación con el 11M. Sin embargo y a pesar de todo lo publicado, ¿cuántos conocen su condición de confidente policial? Trashorras fue condenado, entre otros delitos, por colaboración necesaria en el atentado del 11M y sentenciado a cumplir una condena de 34.715 años. Católico, por si alguien tiene dudas acerca de una supuesta faceta yihadista del sujeto.

-Un magrebí que, en las mismas conversaciones telefónicas que durante el juicio esgrimía la Fiscalía para condenarle, se mofaba del Islam y de sus amigos religiosos. Paradigma del islamismo radical, vaya. Éste, bastante menos conocido, Otman el Gnaoui, fue condenado a 42.944 años por la autoría del atentado.

-Otro magrebí del que no consta ningún contacto personal ni telefónico con los anteriores ni tampoco con los siete supuestos autores que fallecieron en el piso de la calle Martín Gaite de Leganés y que según todos los testimonios, aunque era religioso, su comportamiento no tenía nada de radical. Se trata en este caso de Jamal Zougam, condenado a 42.922 años por haber cometido el atentado del 11M. Zougam es el único de los cinco detenidos del 13M que llegó al juicio como imputado.

No es objeto de este breve artículo comentar las circunstancias por las que han sido condenados estos sujetos. Muchos son los escritos en diarios digitales e impresos en los que se han tratado las contradicciones en las declaraciones de los testigos que sirvieron para condenarles y tal vez en el futuro merezca la pena recordarlas.

Nos basta, por el momento, constatar la paradoja de los principales condenados del 11M: los únicos tres condenados por haber cometido –o ayudado a cometer- aquella terrible matanza de tintes islamistas son precisamente lo más alejado a unos fanáticos yihadistas. Por el contrario, la sentencia del 11M ha condenado a un católico esquizofrénico español y confidente de la Policía, a un marroquí “moderadamente religioso” y desvinculado de cualquiera de los miembros de la supuesta trama y a otro marroquí del que lo único que está claro es que quienes profesan la fe islámica con fervor son motivo de mofa y desprecio para él.

Santiago Allica
redaccion@diarioliberal.com

Recortes de Prensa   Página Inicial