AGLI

Recortes de Prensa    Sábado 16 Agosto 2008

No todos se arrodillan ante el nacionalismo
La sociedad civil no parece afectada por la falta de responsabilidad de la que hace gala la clase política, y son muchas las iniciativas individuales al margen de los partidos que se oponen a los atropellos perpetrados por los nacionalistas.
EDITORIAL Libertad Digital 16 Agosto 2008

Este verano los nacionalistas nos han ahorrado la bochornosa imagen de verles asaltando piscinas, aunque no han descansando en su estrategia de fondo que, como la lluvia fina, termina empapando todos los aspectos de la vida cotidiana haciendo del nacionalismo una ideología dominante a la que PSOE primero y PP después parecen haberse rendido sin plantar cara.

Las últimas acometidas de los grupos nacionalistas se han centrado en la exigencia de privilegios que crean desigualdades ante la ley y la persecución sistemática del idioma español en una escalada que desemboca en la reformulación de España como confederación de naciones soberanas alentada por un Gobierno que necesita su apoyo para gobernar contra media España.

Afortunadamente, la sociedad civil no parece afectada por la falta de responsabilidad de la que hace gala la clase política, y son muchas las iniciativas individuales al margen de los partidos que se oponen a los atropellos perpetrados por los nacionalistas.

Ejemplo de este abandono se encuentra en la petición de ayuda de Galicia Bilingüe para que los eurodiputados socialistas y populares hagan posible que las denuncias de esta asociación lleguen hasta el Parlamento europeo. Algo huele a podrido en España cuando hay que recurrir a instancias supranacionales para denunciar las ilegalidades que ocurren dentro de nuestras fronteras sin que se activen los mecanismos de defensa con los que cuenta nuestra Constitución para hacer efectivos los derechos de todos los españoles.

Lo cierto es que ni el PSOE que gobierna en muchas autonomías en coalición con nacionalistas, ni un PP que coquetea peligrosamente con los mal llamados nacionalistas moderados, parecen dispuestos a defender de forma abierta y sin tapujos a aquellos individuos que ven sus libertades cercenadas, entre ellas, la muy básica de poder expresarse en el idioma común de todos los españoles sin ser discriminados por las Comunidades Autónomas en las que existe otra lengua oficial además de la castellana.

Desde la izquierda, Rosa Díez, ha realizado un buen diagnóstico de la enfermedad que padece nuestro sistema de partidos señalando que "gane quien gane las elecciones siempre terminan mandando los nacionalistas". Dado que el PSOE ha renunciado deliberadamente a hacer frente a las políticas excluyentes de los nacionalistas, son los populares quienes tienen la obligación de ser consecuentes con su discurso y no traicionar a su electorado. De lo contrario, la posición de la solitaria diputada jamás tendrá la fuerza suficiente en el Parlamento para articular políticamente las demandas de aquellos individuos y grupos que invierten su esfuerzo con el objetivo de que se cumpla la ley.

Vara de medir
POR IGNACIO CAMACHO ABC 16 Agosto 2008

LA mejor vara de medir la solidaridad del Estado constitucional del 78 se llama en estos momentos Guillermo Fernández, y Vara por parte de madre, y es presidente socialista de la Junta de Extremadura. En un momento en que el PP parece cautivado por el hechizo de la luna (de Valencia) de agosto y se ha puesto la camiseta del filonacionalismo para pedir una insólita financiación a la carta de las autonomías, Fernández Vara se ha convertido en inopinado referente de sensatez frente al dislate del confederalismo encubierto que preconiza su propio partido. Que lo haga por la cuenta que le trae, dado que Extremadura puede ser una de las grandes perdedoras del futuro pasteleo financiero a la medida del catalanismo victimista, no resta mérito a su digna defensa de un modelo territorial solidario que el zapaterismo ha dejado de capa caída. Tampoco conviene a Andalucía el nuevo reparto que se perfila y no se escucha a Chaves reivindicar con la necesaria firmeza un marco igualitario de justicia redistributiva; entre los intereses de su tierra y los de su partido, el virrey andaluz casi siempre opta por plegarse a los del segundo.

Aunque sin duda Vara acabará también torciendo el brazo de la disciplina a cambio de alguna compensación que le permita salvar la cara ante sus electores, de momento resulta elogiable la claridad con que habla de las intenciones de sus correligionarios, desenmascarando el propósito del PSC -comandado por el andaluz Montilla- de crear un nuevo modelo de Estado sin pasar por la preceptiva reforma de la Constitución. Si acaso le falta incluir en su denuncia al propio presidente Zapatero, autor por inspiración u omisión de ese designio subrepticio; pero tampoco hay que pedirle a su valentía civil el coraje de propiciar un suicidio político. Por decir lo que está diciendo, el líder extremeño ha sufrido insultos graves y sus conciudadanos han sido objeto de mofas vejatorias, sin que Montilla haya tenido siquiera la deferencia de ofrecerle en privado una disculpa o un gesto de apoyo.

En algunos sectores de Cataluña escandaliza que las escuelas extremeñas dispongan de un ordenador por alumno, pero nadie recuerda que allí no se gasta dinero en políticas lingüísticas, ni en policía autonómica, ni en canales de televisión propios ni en diseños de construcción nacional. Por supuesto que Extremadura, como Galicia o Andalucía, invierte con transferencias de renta, pero proceden de los ciudadanos españoles, no de los territorios que algunos pretenden convertir en sujetos de derechos colectivos. Defender las evidencias del Estado de la igualdad se ha convertido en una excentricidad dentro del propio Partido Socialista; sólo Bono, obispo laico que sermonea por libre desde su seguro púlpito del Congreso, Vara y algún defenestrado como Leguina se permiten recordar los principios morales de la izquierda en este carnaval de falso progresismo en el que cada cual practica la política de trincar lo que pueda con los aliados que sean menester para ello.

Todos acabarán, empero, humillando la cerviz de su crítica cuando llegue el momento de votar lo que les manden; por eso sorprende y decepciona que el Partido Popular se enrede en los intereses de sus propias baronías autonómicas y olvide que, hoy por hoy, es la única esperanza de un proyecto homogéneo de nación española.

Esquizofrenia con la financiación
Editorial ABC 16 Agosto 2008

LOS enfrentamientos internos en el socialismo español a cuenta de la financiación autonómica están llegando a la esquizofrenia, porque cada vez se les hace más difícil a determinados ministros del Gobierno y a ciertos barones regionales moderar sus críticas al tripartito catalán para que no salpiquen el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero. La empresa es complicada, porque el problema que está aflorando es el de los cambios radicales introducidos en el Estado autonómico a través del Estatuto de Cataluña, cuyo principio político fundamental es el de la relación bilateral entre La Generalitat y el Estado. Por eso, suena a juego sucio contra José Montilla que desde el PSOE se le recuerden los valores constitucionales de la solidaridad y la igualdad, cuando lo cierto es que las reclamaciones financieras del Gobierno catalán tienen el sustento legal del Estatuto y el impulso político de los compromisos personales de Rodríguez Zapatero. El PSOE ha montado una auténtica «operación rescate» del presidente del Gobierno para presentarlo, por un lado, como víctima de las coacciones políticas de los socios del tripartito que preside Montilla; y, por otro, como abanderado de la cohesión nacional frente a la desafección de los partidos catalanes. Se trata, realmente, de salvar a Zapatero de su propia obra política -la quiebra del modelo constitucional del Estado-, convertida en una amenaza de consecuencias imprevisibles.

No basta con que, ahora Pedro Solbes censure a quienes se preocupan más del dinero que del modelo financiero. Es, incluso, un ejercicio de cinismo, porque precisamente ese fue el argumento central del pacto con el que Zapatero rescató in extremis el proyecto estatutario en un acuerdo opaco con los nacionalistas de CiU, los mismos que ahora pretenden obligar a Zapatero a comparecer ante la Diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones. Lo que hizo Zapatero fue romper el modelo vigente para crear un marco privilegiado para Cataluña, tanto en los compromisos de inversión estatal en esta Comunidad, como en la relación bilateral y confederal con el Estado. Los intereses partidistas primaron en el acuerdo de Rodríguez Zapatero con CiU sobre el Estatuto, y esta es la razón de su incompatibilidad material con la Constitución -al margen de lo que diga el Tribunal Constitucional- y del interés general de España.

La situación, lejos de resolverse con el tiempo, tenderá a complicarse porque el PSOE instaló en la política territorial una dinámica centrífuga, falseando el sentido constitucional de la autonomía y utilizándolo como máscara de un proceso de derogación singular de la Constitución. No es cierto lo que afirma el presidente socialista de Extremadura cuando reprocha a Montilla que pretenda «un nuevo modelo de Estado por la vía de los hechos y sin modificar la Constitución». Lo grave de la situación es que ese cambio de modelo de Estado se ha producido ya por iniciativa personal del presidente del Gobierno, no de Montilla, y se ha reflejado no en una política de hechos, sino en una ley orgánica -el Estatuto de Cataluña-, aprobada por todos los diputados socialistas, incluidos los extremeños. La fijación con Montilla no es más que una táctica para descargar de Zapatero su responsabilidad personal por haber desestabilizado un sistema que, hasta el momento, se basaba en el consenso entre los grandes partidos y en la conciliación multilateral. En todo caso, bueno sería que los socialistas repasaran las hemerotecas y aplicaran a las recientes palabras de algunos de sus barones territoriales el rasero que impusieron al PP y comprobarían que nunca tanto como en sus discursos se ha hecho verosímil el argumento de la «catalanofobia». La encrucijada en la que se encuentra el Estado requiere también una fuerte presencia de la oposición. El PP tiene la ocasión de cuajar un discurso nacional homogéneo, al mismo tiempo que flexible y constructivo. La apuesta por desdoblar mensajes y confiar en los acontecimientos es arriesgada e insuficiente si no va acompañada de un mensaje con contenido político -no sólo economicista-, que implemente una visión meramente táctica del momento.

Importancia de la constitución
Pío Moa Libertad Digital 16 Agosto 2008

Esta constitución, con todos sus defectos, es la de mayor consenso en la historia de España y resulta casi imposible otra de mayor consenso. Por ello debemos acatarla (también reformarla, aunque la constelación de fuerzas lo haga imposible por ahora) y denunciar como delincuentes a quienes la echan abajo, si no queremos volver a la dinámica de inestabilidad política que caracterizó al país desde la invasión napoleónica. O se impone la ley o se imponen los delincuentes, y uno de los datos más graves del panorama actual es la escasa sensibilidad en torno a esta cuestión.

Pocos grupos se opusieron a la constitución, pero algunos sí, muy particularmente la ETA. La posición de los terroristas era que la transición y su resultado constitucional no podían aceptarse, argumentando (argumento veraz) su procedencia del franquismo. Y el franquismo, a su juicio ilegítimo por haber aplastado al democrático Frente Popular, contaminaba cuanto saliera de él.

Casi todo el resto de la izquierda, que había tenido que renunciar a la ruptura, sostenía el mismo argumento, aunque no la misma posición, pues la nueva situación les beneficiaba. Esta incoherencia introducía en la política española un factor de debilidad argumental frente al terrorismo y de incertidumbre en el desarrollo legal, algo parecido a la debilidad del PSOE ante el anarquismo durante la república: si ambos compartían principios básicos y análisis similares con respecto a la burguesía, ¿por qué colaboraban con ella los socialistas? La presión anarquista incidió considerablemente en la radicalización del PSOE que llevó a la guerra civil.

Lo normal habría sido que en el proceso histórico desde la transición los argumentos de estilo etarra hubieran sido clarificados y descartados, pero ha ocurrido lo contrario: se han fortalecido progresivamente. La ETA nunca fue combatida coherentemente, y la "solución política" le ha dado balones de oxígeno todos estos años. Los socialistas, que nunca dejaron de compartir el fondo de la argumentación etarra, han terminado por compartir también su posición: no otro es el secreto del “proceso de paz” y de los nuevos estatutos, así como de la ley de “memoria histórica”, fundamento de todo ello. Así, siendo un grupo insignificante, la ETA ha obtenido victorias decisivas.

Mientras tanto, la derecha ha procurado olvidar el pasado y aceptar su falsificación por la izquierda, los separatistas y los terroristas, facilitando con ello la degradación de nuestra democracia. Con Rajoy ha dado un paso más: se ha integrado en el diseño etarra-socialista de liquidación “indolora” de la constitución mediante hechos consumados, renunciando incluso a la débil e inconsecuente oposición anterior. En ese sentido cabe llamar pro etarras a sus dirigentes. Y es que la falsificación del pasado envenena el presente.

Financiación autonómica
Cuestión de bemoles
Resultará que el verdadero vencedor de las elecciones de marzo de 2008 no fue el PSOE, sino el PP por 154 a 144 (=169-25) escaños. Mientras tanto, en Génova deberían reflexionar acerca de si es bueno para el PP de Cataluña imitar esa estrategia.
Emilio Campmany Libertad Digital 16 Agosto 2008

Zapatero ha sentido la llamada de la sangre leonesa que corre mal que bien por sus venas y, con ese mohín de niño mimado que le sale cuando se le agota la mucha paciencia que tiene, le ha dicho al compañero Montilla que no. Que no habrá pacto de financiación con Cataluña hasta que no haya acuerdo con el resto de las autonomías, y que ya se las apañará él para que, sin perder el Estado el control del cincuenta por ciento de los recursos, todas las autonomías ganen más. Naturalmente, Zapatero promete lo que no puede cumplir, pues la tarta de la financiación autonómica no puede estirarse como un chicle y si se le da más a Cataluña será a base de dar menos a Extremadura y viceversa.

Que Zapatero prometa lo que no pude cumplir ya no es algo que en él sea maravilla. Lo que hay que recordar es que Montilla dijo que, si bien quería mucho a Zapatero, quería más a Cataluña. Una forma un poco cursi de amenazar con que ordenaría a los diputados del PSC votar en contra del Gobierno los presupuestos de 2009 si Zapatero no se avenía a dar lo que hace dos años prometió que daría.

Nos hallamos pues en trance de ver si Montilla tiene lo que hay que tener para enfrentarse a Madrid. Si no lo hace y permite que Zapatero le posponga el acuerdo sobre financiación autonómica ad calendas grecas, sus aliados en el tripartito pueden sentirse obligados a romper el acuerdo con un PSC que, con los hechos, demuestra querer más a Zapatero que a Cataluña. Claro que a los chicos de la Esquerra y de Iniciativa tampoco se les ve muy sobrados de bemoles como para enfrentarse a un Montilla que continúa siendo el que guarda en su mandil la llave de la despensa.

La mayoría cree que el de Iznájar no tiene el valor de romper la baraja para castigar la traición de su jefe en Madrid. Pero, ¿y si el verse “maragallizado” de esta vil manera le hace perder el seny y con un par manda a paseo al acaramelado leonés y le niega el voto de sus 25? La crisis adquiriría tintes dramáticos, pues no sólo sería evidente que el Gobierno carece de apoyos suficientes en el Parlamento para sacar adelante sus proyectos, sino que, al demostrar el PSC ser un partido distinto del PSOE y que no tiene por qué atender a la orientación del voto fijada por Ferraz, resultará que el verdadero vencedor de las elecciones de marzo de 2008 no fue el PSOE, sino el PP por 154 a 144 (=169-25) escaños.

Mientras tanto, en Génova deberían reflexionar acerca de si es bueno para el PP de Cataluña imitar esa estrategia que al PSC le dio en las últimas elecciones esos 25 escaños tan escurridizos. Así que no estaría de más que renunciaran de una vez a ese proceso de “nacionalización light” que le han encargado a Alicia Sánchez Camacho pensando que ya se ve que el éxito consiste en lograr que el partido en Cataluña, a base de hacerse nacionalista, sea otro partido.

Al fin, sólo falta saber si Montilla tiene los bemoles necesarios para hacer evidente que eso precisamente es lo que ha ocurrido con el suyo.

Todos somos iguales.
Paco Sande Periodista Digital 16 Agosto 2008

La presidenta del PPC, Alicia Sánchez Camacho, se sumó ayer a PSC, CiU, ERC e ICV en el frente de los partidos catalanes que reclama una mejora en el modelo de financiación tal como recoge el Estatut. Aunque el PP mantiene su recurso de inconstitucionalidad contra el marco estatuario catalán, Sánchez Camacho no dudó en reprochar a Zapatero su incumplimiento y que “se pasee por Cataluña para buscar votos y luego se olvide de los catalanes” como “se ve en la financiación”.

Como fácilmente se puede ver, el PP se ha integrado plenamente entre los partidos que quieren hacerle la pelota a los nazionalistas. Retiraron en su día, y esto lo hizo Aznar, a gente como Vidal Cuadras, porque su política era demasiado dura con el nacionalismo catalán y pusieron en su lugar alguien mas liviano, como Piquet, e incluso este se fue hastiado y ahora ya han puesto a alguien tan liviano, tan liviano, que incluso está en el lado contrario de la balanza.

Esta señora Sánchez Camacho está repitiendo con sus jefes del PP, lo mismito que el renegado Montilla hace con su jefe Zapatero. Nosotros, dicen, somos catalanes, antes que españoles y ustedes pueden meterse sus normas de partido y sus manifiestos por donde les quepa.

El Sr Rodríguez Zapatero, puede estar equivocado en muchas cosas, pero aquí está haciendo lo correcto. Cataluña no puede ser, no se por que derecho divino, una región privilegiada. Todos, todos, formamos parte de un mismo país, España y la crisis debe afectar a todos por igual.

Algunos que en su día votaron o apoyaron aquel Estatut, ahora, que le ven las orejas al lobo, lloran y claman cual marías plañideras.

Pérez Touriño: "Cataluña no puede tensionar las costuras del Estado". Chaves: "Es infantil que Cataluña culpe al Gobierno de la falta de acuerdo”. Marcelino Iglesias: "No puede haber un acuerdo con Cataluña y otro con todos los demás".Barreda: "Cataluña se tiene que acostumbrar a que es una autonomía más".

Incluso los nacionalistas del BNG dicen, ahora, que cada euro mas, que se va a Cataluña es un euro menos para Galicia, y es así, para Galicia y para las demás regiones, pues el pastel del estado no es un chicle que se pueda estirar, es mas bien una tortilla que hay que repartir y si se le da a alguien un trozo mas grande, otro alguien tendrá que llevarse un trozo mas pequeño.

Todos estos, son los mismos que, en su día, al votarse el redactado definitivo del Estatut en las Cortes, no tuvieron los bemoles para plantarse y decir no.

Pero aun sabiendo que su mediocridad e hipocresía no tiene parangón, aun sabiendo que dada la ocasión, volverían a hacer lo mismo, en este caso tienen razón, y todos aquellos que nos consideramos liberales y que no damos nuestro voto a un partido, solo, por que hay que ser algo, que no votamos solo por el color de la camiseta del partido, sino por sus obras, debemos dársela.

Aunque no nos guste Zapatero, esta vez debemos estar con él.

En el reparto de los bienes de un país no puede haber ni razas, ni etnias privilegiadas.

El creerse una raza privilegiada y superior al hermano y al vecino, creer que hay que deshacerse de los menos privilegiados porque ellos son un lastre para el progreso de la raza superior, esto ya se dio en la Alemania nazi.

Aquí voy a hacer un inciso para explicar un poco de la política nazi.

Es de conocimiento común que los nazis asesinaron a cinco millones de judíos. Lo que no lo es tanto es que, también, se cepillaron a casi dos millones de gitanos, 700 mil testigos de Jehová, todos los homosexuales que pillaron por delante y que, además, esterilizaron a todos aquellos ALEMANES que consideraron retrasados mentales o que sufrían alguna tara genética.

Para decidir si alguien era o no retrasado, inventaron una curiosa prueba, esta consistía en decirle al sujeto en cuestión tres palabras, por ejemplo: pájaro, sol, campo, y decirle que con ellas formase una frase u oración, aunque a la mayoría de nosotros nos parecerá ahora una tontería, en aquel momento en Alemania, como en muchos sitios de Europa, todavía había gente semi analfabeta o que por una u otra razón le era difícil formar dicha oración, máxime cuando se ponían nerviosos, bien pues de este forma fueron castrados o esterilizados miles de alemanes, para evitar que pasasen su tara genética a la raza superior.

Ya se que, habrá quien piense que el ejemplo que he expuesto es, en este caso, muy radical, puede, pero es que cuando empezamos a ver razas superiores e inferiores, regiones con mas derechos y regiones con menos derechos, etc, etc, nunca se sabe donde se puede terminar.

Y el Sr Rajoy, si tiene lo que hay que tener, debería decirle a esta señora que, si ella se siente tan catalana, si no cree que todos los españoles somos iguales, que se vaya a algún partido nacionalista catalán, porque sus ideas no coinciden con la política del PP.

Igual que, en su día, hizo Julio Anguita con el diputado gallego de IU, Ángel Guerreiro, cuando este quiso presentarse en coalición con el PSOE. Anguita dijo: lo harás pero en otro partido, no IU. Aquella vez los gallegos pudimos votar a IU y al Partido Comunista Gallego.

Pero Julio era un señor que los tenía bien puestos.

Y Mariano Rajoy, o bien lo hace así o reclama un pleno extraordinario en el Congreso para explicar a los ciudadanos cómo un partido puede decir “una cosa y la contraria”.

Endurecimiento de penas
Debate fotográfico
Enternece tanta dulzura dedicada a asesinos asquerosos, aunque no tanto como el burladero que se han buscado jueces y políticos: el llamado Código franquista, un burladero de talanquera doble.
Serafín Fanjul Libertad Digital 16 Agosto 2008

Hace unos días, Esteban González Pons, uno de los peperos encumbrados por el dedo de Rajoy y personaje que infunde desconfianza en cuanto abre la boca (yo no le compraría ni una barra de pan), nos cantaba la palinodia por enésima vez con motivo de la salida de la cárcel del asesino De Juana Chaos: "Es un deshonor para la democracia", "Una humillación para las víctimas", "La sociedad ha fallado"... hasta llegar al último refugio en el que todo se diluye y nadie debe responder por nada: "Todos somos culpables".

Pues no, don González, un servidor y la inmensa mayoría de los españoles no somos responsables de que el criminal se vaya de rositas. Sí lo son los políticos que abolieron del Código Penal anterior los aspectos más duros con los delincuentes mientras reforzaban las garantías para que se sigan riendo de nosotros; y también lo son los juristas que día sí y día también insisten en poner en la calle a forajidos y gentuza sin entrañas agarrándose a especiosidades chistosas: al uno porque dice sufrir depresiones en la cadena, al otro porque asegura estar enfermo y a otra –¡qué jueces tan cariñosos!– para que pueda quedar embarazada en un clima psicológico propicio.

Enternece tanta dulzura dedicada a asesinos asquerosos, aunque no tanto como el burladero que se han buscado jueces y políticos: el llamado Código franquista, un burladero de talanquera doble. La primera, esgrimida triunfalmente por pesoes y peperos, es achacar la reducción de penas a aquella compilación legal, por supuesto olvidando que si se aplicara aquel Código, hace años que se habría ejecutado al De Juana, con lo cual nadie se acordaría de él, ni estaría en situación de burlarse de nosotros. Demasiado arroz para tan poco pollo, pero habría sido así. Mas ya ni siquiera se trata de reimplantar la pena de muerte, tan sólo se reclama por parte de algún padre destrozado (los de Mari Luz Cortés o Sandra Palo, por ej.) o algún jurista consciente de sus obligaciones (hay algunos) que se instaure la cadena perpetua, y lo dicen a medio gas, en voz bajita, al aclarar: "revisable". No se atreven a pedirlo con rotundidad por la mala imagen que le han creado entre progres y tontines de la derecha, aunque, gran paradoja, una mayoría sustancial de españoles está a favor de imponerla a criminales especialmente repulsivos.

La segunda línea del burladero consiste en aseverar campanudos que "nuestro ordenamiento jurídico", o "nuestra Constitución", no admiten la posibilidad de cadena perpetua –como si fuese la palabra de Dios–, de forma que los escasos juristas que dan la cara se dedican a argumentar en terreno de leguleyos, buscando resquicios por los que colar la medida, en vez de cortar por lo sano y poner el asunto en los términos que entiende la gente a la perfección y en los que tendrían el apoyo popular: si hay que cambiar un párrafo, o dos, de la Constitución, se cambian, ¿dónde está el problema?

Sin embargo, lo más gracioso –en algo tan trágico– es que unos días después de haber González Pons cargado la responsabilidad del "fracaso de la Justicia" sobre el "todos somos culpables", se descuelga su compadre Federico Trillo –crisol de lealtades y de prudente verbo– desengañando al personal: olvídense de la cadena perpetua, ése no es el debate, nosotros, los que sabemos, ya hemos decidido que no, que no hace falta y etc. Así pues, en tanto don González lloriquea difuminando responsabilidades, su amigo don Trillo nos conmina a abandonar toda esperanza: la Justicia y la legislación son suyas, de los políticos, y no van a remover sus pasteleos –con lo peligroso que eso es– porque asesinen a una niña, o a cincuenta, o porque al De Juana le hayan salido baratos sus veinticinco trofeos. Aquí, lo importante de verdad es la fotografía, pero si los mandarines y propietarios de la política y la justicia se oponen a la perpetua, que se opongan y se retraten, pero sin el padre de Mari Luz Cortés.

La devaluación
Es estrafalario que socialistas gallegos o extremeños aprobaran el Estatut que ahora critican
J. M. RUIZ SOROA EL Correo 16 Agosto 2008

s totalmente normal que en un sistema político de inspiración federal se produzcan periódicos conflictos y disensiones entre los poderes territoriales a la hora de distribuir entre ellos la financiación disponible. Por ello, son plenamente comprensibles las recientes manifestaciones de los parlamentarios socialistas gallegos, extremeños o castellanos en el sentido de rechazar de plano los criterios propuestos por sus correligionarios catalanes sobre igualación sólo parcial de los servicios públicos, o sobre los criterios a manejar a la hora de establecer el nivel efectivo de solidaridad.

Lo que ya no resulta tan comprensible, sino más bien estrafalario, es que los mismos parlamentarios votasen unánimemente hace dos años a favor de esos criterios de reparto que ahora, en el momento de su aplicación práctica, tildan de insolidarios e injustos. Porque lo cierto es que el Estatuto de Cataluña de 2006 los establecía con toda claridad. Más aún, eran lo esencial de su contenido: nunca se hizo un secreto de que el objetivo primordial del nuevo Estatuto era el de conseguir una mejor financiación para Cataluña mediante una organización distinta (fuertemente bilateral en su definición) de los criterios de reparto. Y los parlamentarios socialistas de toda España lo aprobaron con su voto y su aplauso.

Intentar buscar una explicación racional a este cambio de criterio sería un esfuerzo inútil. Porque la clave del asunto no está en la mente o la voluntad de unos parlamentarios sometidos a la férrea disciplina partidaria, sino en la forma de hacer política de su líder, el presidente Zapatero. Una forma de hacer política que en éste, como en otros asuntos, estuvo fuertemente teñida de improvisación y cortoplacismo.

Tanto la gestación como el desarrollo del nuevo Estatuto fueron diseñados en función exclusiva de las conveniencias políticas inmediatas del partido socialista: primero, vencer a CiU en las elecciones autonómicas; luego, garantizarse el apoyo de Esquerra en el Congreso; y, finalmente, sacar adelante como fuera la imagen de la España plural y arcádica que patrocinaba Zapatero. Algunas voces sensatas advirtieron de que el problema de la reforma estatutaria no era el de que «España se rompiese», sino más sencillamente que el Estado, como organización dinámica, funcionaría peor en el futuro, pues se introducían en su engranaje principios rectores que eran plenamente contradictorios y, sobre todo, disfuncionales.

Sin embargo, el capricho del presidente por marcar su mandato con iniciativas de calado que impresionasen fuertemente al electorado, así como su habilidad para tejer concordias momentáneas de voluntades, sacaron adelante esta pieza legislativa disfuncional. La factura por tal proceder llega ahora, antes de lo esperado y en las peores condiciones posibles, en medio de una crisis económica que empeora inevitablemente las perspectivas de cualquier acuerdo. Porque, hasta ahora, las negociaciones sobre financiación autonómica eran algo parecido a los óptimos paretianos de que habla la teoría: todos salían mejor de lo que entraban, por mucho que unos fueran más favorecidos que otros. Pero por primera vez se plantea la posibilidad real de que algunos lleguen a perder, no en términos tan sólo relativos sino incluso en los absolutos.

Finalmente se llegará a un acuerdo, nos dicen desde el Gobierno con gesto tranquilizador. Obvio, tratándose como se trata de una cuestión política. Pero el problema de fondo no es ése, sino el de saber hasta qué punto era conveniente generar el sentimiento de frustración e incomprensión que ese acuerdo va a suponer para la parte catalana, a la que se hicieron unas promesas estatutarias que ahora se van a incumplir. Hasta qué punto es aceptable desde una mínima lógica de Estado que el vicepresidente Solbes diga ahora que, por encima de los criterios del Estatut, se encuentran los establecidos por la Constitución, puesto que ello significa, ni más ni menos, que el Estatut es contrario a ésta. Lo que nos lleva a otra estrafalaria conclusión: al Gobierno le sacaría del entuerto una sentencia del Tribunal Constitucional que diera un poco de razón al Partido Popular e interpretase el nuevo texto autonómico en sentido corrector. Ahí ya rozamos el absurdo.

Pero, sobre todo, el problema de fondo es la sensación cada vez más difundida de que nuestro presidente de Gobierno carece de la reflexión y visión a largo plazo que se supone necesaria en un gobernante. Que sus decisiones 'estratégicas' responden más a repentizaciones, ocurrencias y habilidades tácticas que a una idea clara de las necesidades y posibilidades del Estado y del país. Como ha ocurrido con sus predicciones económicas y con sus regalos fiscales electorales, más propios de un inconsciente 'nuevo rico' que de un gobernante cauto. El problema comienza a ser la cada vez más manifiesta e insoportable levedad de nuestro presidente.

Problema también aquí, porque el PSE está cómodamente al abrigo de los debates sobre financiación, protegido de su impacto por el Concierto. Pero nada le protege de la acelerada devaluación de uno de sus mejores activos electorales.

El nacionalismo gallego y el espejo catalán
Luís Ventoso La Voz 16 Agosto 2008

Los informes técnicos de los hacendistas más respetados, de derechas o de izquierdas, concuerdan en dos cuestiones:

1.- Galicia es una de las mayores beneficiarias del flujo de fondos entre comunidades, la llamada solidaridad interterritorial (y también se ha visto enormemente favorecida por la ayuda europea).

2.- Si triunfa la financiación a la catalana, Galicia va a perder mucho dinero. ¿Por qué? Pues porque la tarta es la que es y si uno de los comensales quiere una pieza más grande, otro va a tomarse una porción más pequeña.

Pero hubo una fuerza política gallega (el PSdeG) que no quiso ver la amenaza y guardó silencio cuando se fraguaba el tijeretazo catalán vía Estatut. Y hay otra, el BNG, que discrepa de las matemáticas que todo el mundo maneja y proclama que la vía catalana nos va bien.

A juicio del BNG, el modelo de la solidaridad interestatal es lesivo para Galicia. El Bloque cree que si se ahonda en el federalismo y se llevan a extremo las competencias de las autonomías, se probará que Galicia es más rica de lo que parece y acabará manejando más dinero que con el modelo autonomista actual.

Sin embargo, echando cuentas, se torna evidente que Galicia sale vapuleada. Entonces, ¿por qué se empecina el BNG en apoyar la vía catalana? Pues por un axioma ideológico. Su objetivo, legítimo, por supuesto, no es otro que lograr que lo que hoy es un país sin Estado acabe aproximándose lo más posible a un Estado. Y eso se logra ganando para ese territorio más y más atribuciones. En resumen: para el BNG todo lo que sea desespañolizar para construir más Galicia viene bien, aun a costa de perder recursos económicos en el corto plazo (y tal vez también en el largo). Su ideología se antepone así a la realidad económica de los gallegos de carne y hueso, porque lo que importa es el gran fin: que Galicia suelte amarras.

Esa plantilla mental explica también, por ejemplo, la extraña displicencia de la Consellería de Deportes nacionalista hacia David Cal, un héroe para todos los gallegos, pero que tiene el defecto de que -¡vaya por Dios!- compite por España. El énfasis diferencial es también la causa de que, al igual que hace la derecha desde el otro extremo, se convierta el idioma en el eje medular del debate (cuando Galicia tiene una sanidad muy deficitaria, un educación mejorable, una demografía que mete medo, un AVE que es casi una quimera, unas ciudades grandes atascadas, una dependencia que no llega, unas maravillas naturales cada vez más devoradas y una inversión de empresas extranjeras que tiende a cero).

Pero claro, administrar y mejorar lo concreto no es tan fácil como inventar un país que no existe (Galiza) y pretender que el que existe de verdad (Galicia) se acople a un proyecto dogmático preestablecido.

Galicia necesita un nacionalismo que defienda sus intereses. Eso está claro (basta ver a los diputados gallegos del PP y el PSOE en el Congreso, mudos en muchos de los asuntos cruciales para Galicia). La duda es si el método para ayudar a nuestro país es hacer piña y seguidismo con catalanes y vascos. Pensar que a los gallegos les resulta enojosa o incómoda la idea de España, o estimar que su mayor problema es el idioma es, simplemente, aislarse en los cenáculos y no pisar las calles de Galicia, donde hay mercado para otro tipo de galleguismo que podría ir mucho más allá del 18% de los votos de la tercera fuerza actual.

Cerco a la impunidad
EDITORIAL El Correo 16 Agosto 2008

L a imputación de Zigor Goikoetxea por las presuntas amenazas terroristas proferidas el pasado domingo contra la portavoz del PP en la localidad vizcaína de Getxo, Marisa Arrúe, y tres concejales más no prejuzga la decisión final que puedan adoptar los tribunales contra el acusado, que fue detenido hace diez meses por actos de violencia callejera y se encuentra ahora en libertad bajo fianza por enfermedad grave. Pero la causa abierta sí resume en sí misma el profundo destrozo que han provocado en la sociedad vasca la perpetuación del terror etarra y el intento de imponer cotidianamente los comportamientos más sectarios e intolerantes, protagonizados por aquéllos que ni se avergüenzan ni se retractan de sus crímenes y también por quienes siguen creyendo que pueden arrinconar a sus conciudadanos con el sentimiento de impunidad propio de los más irreductibles. La biografía de Goikoetxea, hermano del jefe del desarticulado 'complejo Vizcaya', ilustra una trayectoria vital marcada por el impulso violento, que le ha llevado ya ante la Audiencia Nacional por sabotajes y que le acarreó en 2002 una condena por coacciones a ediles del PP. Hace seis días, el imputado se sumó al grupo de radicales que acosó a Arrúe y supuestamente la amenazó de muerte.

Sólo la ceguera moral y la íntima convicción de que su actitud no iba a reportarle reconvención alguna pueden explicar que Goikoetxea optara por arriesgar su libertad para coartar la de otros, exhibiendo un desprecio intolerable no sólo hacia la legalidad que le permitió eludir la prisión, sino hacia las reglas esenciales de la convivencia democrática en la que se cobijan los elementos más fanatizados con el único objetivo de perturbarla. El que decide integrarse en un comando para asesinar ha abandonado hace tiempo el camino de la civilidad. Pero quienes continúan amedrentando a sus conciudadanos en las calles de Euskadi parecen pensar que su matonismo aún puede beneficiarse de los límites en la aplicación de la ley para tratar de doblegarla. Es responsabilidad de los poderes públicos y los tribunales impedir esa impunidad, y deber de la sociedad mantener el pulso ético frente a la intransigencia violenta. Sobre todo ahora que ETA vuelve a dar prueba en su último comunicado de su obcecación totalitaria al reiterar su amenaza contra el Tren de Alta Velocidad, cuando lo único verdaderamente ajeno a Euskadi es la propia persistencia criminal de la banda.

María no es política
POR EDURNE URIARTE ABC 16 Agosto 2008

LA última reunión informal y veraniega que nos congregó a compañeros y amigos de la Fundación para la Libertad planteó un jugoso debate sobre la profesión política. A partir de la historia de María San Gil y sus últimas vicisitudes en política. Como ocurre cada vez que la política profesional es sometida a discusión, mi posición quedó en rotunda minoría.
Y es que la explicación del comportamiento de María San Gil en los prolegómenos del congreso del PP se encuentra, según mis amigos, en el hecho de que María no es una política. ¿Queréis decir, quizá, que se ha comportado como una torpe política en esa crisis? Por supuesto que no, replicaron mis amigos. Lo que queremos decir es que ha actuado según sus principios, a que no ha hecho cálculos de interés, a que no se ha aferrado al poder, a que ha primado su compromiso.

En otras palabras, que mis amigos, al igual que la mayoría de los españoles, tienen un concepto digamos que muy poco elevado de la profesión política. Ser político es tener pocos escrúpulos, hacer cálculos de poder en lugar de defender los principios, perder criterio propio a favor de la organización y moverse por intereses egoístas y no altruistas.
Con muy poco éxito, planteé a mis amigos lo que considero las dos contradicciones de su posición. La primera, que la política como profesión deja de existir. Y se convierte, exclusivamente, en una posición ética. En una posición ética indeseable, claro está. Desde ese punto de vista, sería indiferente que María San Gil, como otros muchos que yo considero políticos, es decir, personas dedicadas profesionalmente a la política, haya ejercido en exclusiva la actividad política desde hace 13 años, desde 1995. A lo que habría que añadir la introducción profesional de los cuatro años previos en una posición administrativa de confianza política. Es decir, toda su vida profesional, puesto que, si mi memoria no me engaña, nació en 1965.

Lo anterior podría llevarnos igualmente a la consideración de que uno deja de ser abogado, por ejemplo, cuando se pone por montera sus principios sobre el bien y el mal y manda a paseo a su despacho para evitar la defensa de algún tipo de esos que huele a criminal a distancia. O deja de ser profesor, cuando decide ser coherente con lo visto en las clases y manda igualmente a paseo a su escuela por permitir pasar de curso a tanto ignorante e indocumentado.

Siempre que estemos de acuerdo con los principios buenos y los malos, claro está, o el compromiso del ciudadano decente y el del político que no lo es tanto. He aquí la segunda contradicción. Si aceptáramos que es la defensa de los principios lo que distingue al que no es político de quien sí lo es, como mis amigos arguyen, a ver quién decide cuáles son los principios que sirven de medida.

Si uno repasa la biografía de los políticos españoles, y continuo con mi propia definición, la biografía de aquellas personas que han dedicado la mayor parte de su vida profesional a la política, se encontrará, en la mayoría de los casos, con un compromiso activo que data de la juventud y con una defensa apasionada de los principios. En María San Gil como en otros situados en posiciones políticas muy diferentes. Leire Pajín, por ejemplo, activista política desde que tiene uso de razón y afiliada a las Juventudes Socialistas antes de la mayoría de edad. Comprometida con sus ideas y apasionada con sus principios. O, en otra generación, el propio José Luis Rodríguez Zapatero, un ejemplo de libro de político profesional. Y no menos comprometido con los principios que los demás. Los suyos, por supuesto, los de la izquierda.

Como he constatado más arriba, mi discurso sobre las dos contradicciones no tuvo efecto alguno en aquella mesa. La política profesional salió de allí como había entrado. Hecha unos zorros. Con lo que nada de extraño tiene que entre los 2.000 niños a los que la Fundación Adecco preguntó por lo que querían ser de mayor, sólo uno, sí, han leído bien, uno, afirmó que político, presidente, por más señas. Propongo a los diputados del Congreso que le hagan un homenaje, incluso un monumento. Prometo asistir como público, aunque reconozco no estar en condiciones de asegurar que haya una sola persona más entre la concurrencia.

La falta de alumnos obliga a suspender varios cursos de gallego
Las clases iban destinadas a sacar el Certificado en Lingua Galega.
REDACCIÓN. A CORUÑA. La Opinión 16 Agosto 2008

La falta de alumnos matriculados en los cursos de preparación para la obtención del Certificado en Lingua Galega (Celga) obligó a la Secretaría Xeral de Política Lingüística a suspender cuatro de los ocho cursos que estaban programados para el mes de agosto en las ciudades gallegas.

Concretamente, Política Lingüística suspendió los cursos de preparación para obtener el Celga de nivel 4 que se iban a celebrar este mes en las localidades de Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo, por lo que solo se celebrará finalmente el curso de Celga 4 en la ciudad de A Coruña.

Asimismo, Política Lingüística mantiene en pie el resto de los cursos publicados en el DOG del 19 de febrero, que tendrán lugar en agosto en Pontevedra, Vigo y, de nuevo, A Coruña para obtener el Certificado de nivel 3.

Política Lingüística atribuyó la suspensión de estos cuatro cursos a "la falta de matrículas" los exámenes para obtener el certificado que se celebrarán entre noviembre y diciembre.

INDISPENSABLE PARA TRABAJAR EN LA ADMNISTRACIÓN
La Xunta cancela un curso para el certificado en Lengua Gallega por falta de alumnos
A pesar de los esfuerzos realizados por la Xunta de Galicia para conseguir la inmersión lingüística los resultados no son siempre los esperados. Según informa ABC este sábado, la Xunta ha tenido que cancelar el cuarto nivel para el Certificado de Lengua Gallega por falta de alumnos. Ninguna de las grandes ciudades, excepto La Coruña, ha conseguido el número mínimo matriculados. Este curso es indispensable para poder optar a un puesto en la Administración gallega.
Libertad Digital 16 Agosto 2008

La Secretaría General de Política Lingüística se ha visto obligada a cancelar hasta septiembre el cuarto nivel para el curso de preparación del Certificado de Lengua Gallega por la falta acuciante de alumnos. Y es que ni en Pontevedra, Vigo, Lugo ni Orense se consiguió reunir al mínimo de 25 personas matriculadas necesarias para poder impartir el curso.

En este sentido, destaca el hecho de que este certificado es totalmente indispensable para poder optar a una plaza en la administración gallega. Sólo en La Coruña se puede estudiar este nivel durante el mes de agosto. La prueba será en noviembre pero la falta de alumnos ha provocado que hasta septiembre no podrán revisar el temario.

Este nuevo sistema que obliga a acreditar un nivel cuatro de gallego entró en vigor con mucha polémica este mismo año. Las criticas surgieron por el cambio de los antiguos cursos orales, de iniciación y perfeccionamiento por otros que contemplan otros aspectos culturales del idioma.

DICE QUE ÉL NO HA ABIERTO HERIDAS EN SU PARTIDO
Rajoy se declara dispuesto a "hablar"con el BNG si el PP gana en Galicia
El líder del PP ha interrumpido sus vacaciones para conceder una entrevista a El Correo Gallego en la que defiende, por enésima vez, la disposición de su partido a hablar con todos. En alusión a las elecciones en Galicia, Rajoy llega a decir que hablarán con los nacionalistas del BNG si Feijóo gana. La cita electoral será una de las primeras pruebas ante las urnas del PP salido de Valencia. Rajoy, por si acaso, aboga por verlas "en clave exclusivamente autonómica".
Agencias Libertad Digital 16 Agosto 2008

En una entrevista publicada por El Correo Gallego, el presidente del PP, Mariano Rajoy, anuncia la "disposición" de su formación a "hablar" con el BNG en el caso de llegar a ser la primera fuerza en las próximas elecciones autonómicas.

El líder del PP insiste en que “del Congreso de Valencia ha salido un partido dispuesto a hablar con todo el mundo siempre que respete las reglas de la democracia”. Rajoy, que dice que no olvida el “pacto muy cerrado” del BNG y el PSOE, recalca que los populares están “dispuestos a hablar, sobre todo si somos primera fuerza política, que vamos a ser”.

Además, en la entrevista, centrada en las próximas elecciones en Galicia, el líder del PP cuestionó la justificación de un posible adelanto de los comicios al considerar que los mandatos "deben agotarse", salvo que se dé un "acontecimiento excepcional" o el Gobierno "quede en minoría". A juicio de Rajoy, "aquí no hay nada de eso", pese a reconocer el "empeño" del titular del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, y el secretario de organización del PSOE, José Blanco, a apurar los plazos.

En la entrevista concedida a El Correo Gallego, señaló que Pérez Touriño "no lo va a tener fácil", al reiterar con rotundidad su deseo de ganar las próximas elecciones. "No alcanzar la mayoría absoluta supondría para mí supondría lo mismo que para cualquier gallego que crea que las cosas se pueden hacer mejor: una mala noticia", matiza después.

Y es que para Rajoy la cita electoral no debe leerse en clave nacional, sino autonómica. “Yo no me voy a presentar”, recuerda el líder de los populares cuando el periodista le recuerda que es una de las primeras pruebas ante las urnas del nuevo PP, a la que se enfrentarán en el primer semestre de 2009.

El PP salido de Valencia, según Rajoy
Y es que para Rajoy la cita electoral no debe leerse en clave nacional, sino autonómica. “Yo no me voy a presentar”, recuerda el líder de los populares cuando el periodista le recuerda que podrían interpretarse como un examen a los nuevos planteamientos del partido.

De la crisis del PP y las heridas que siguen sin cerrarse, niega que las haya habido o que él las haya abierto. “Ahora toca mirar al futuro e integrar a todo el que quiera colaborar lealmente”, afirma. Rajoy, que reconoce que “este ha sido un año duro” y que el periodo precongresual “no fue ciertamente fácil”, dice que “se ha resuelto bien”. El PP salido de Valencia, afirma, está “renovado y fortalecido, y dispuesto a ser una alternativa de gobierno que merezca la confianza de muchos más españoles”.

Las comunidades autónomas suman más de la mitad de los funcionarios
 Periodista Digital 16 Agosto 2008

Las comunidades autónomas ya funcionan como mini-estados que cuentan con recursos administrativos incluso superiores al de varios países de la UE. Un ejemplo es el dato más de 1,3 millones de empleados públicos, lo que supone un 50,4% de los 2,5 millones de funcionarios que trabajan para todas las administraciones públicas de España, según datos publicados hoy por el Ministerio de Administraciones Públicas.

Tras las instituciones autonómicas se sitúan las locales, que cuentan con un personal de 623.214 trabajadores, es decir, un 24,1% del total, informa La Nación.

A continuación se encuentra la Administración General del Estado (AGE), que cuenta con 234.821 empleados públicos, un 9% del total. Si al personal de los ministerios se añaden los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Administración de Justicia y otras entidades y organismos públicos, la cifra se eleva hasta los 561.551 trabajadores, un 21,7% del total. Las universidades, por su parte, cuentan con 97.849 efectivos, un 3,8% del total.

AUMENTO DEL EMPLEO PÚBLICO
Con respecto a 2007, las cifras de empleados públicos de este ejercicio experimentan un ligero ascenso, según el Ministerio de Administraciones Públicas. Así, los funcionarios de las comunidades autónomas experimentaron un crecimiento del 3,1% y los de las entidades locales, del 3,5%. Mientras, los trabajadores de la Administración Pública Estatal registraron un aumento del 1,5%.

DISTRIBUCIÓN: POR SEXOS Y TERRITORIOS
En cuanto a la distribución por sexos, la AGE y la Administración de Justicia son los dos únicos organismos de la Administración Pública Estatal donde el número de funcionarios mujeres supera al de hombres. Así, en el primero, las mujeres representan un 51,21% del total, mientras que en el segundo representan el 63,37%.

Por su parte, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sólo el 6,24% son mujeres, un porcentaje que se duplica en las Fuerzas Armadas, donde la cifra llega al 12,24%. Mientras, en las entidades públicas empresariales, el 20,27% de sus empleados son mujeres.

Respecto a la distribución territorial de los trabajadores de la AGE, el 36,55% de los empleados trabaja en Madrid, mientras que el 60,24% lo hace en los servicios adscritos a las delegaciones del Gobierno en las demás comunidades autónomas. En el extranjero trabajan un total de 7.512 empleados públicos.

Federalismo y confederalismo
Eduardo Uriarte Romero, www.paralibertad.org  16 Agosto 2008

Ahora, todos los que hablan de federalismo me temo mucho que hablan más de confederalismo que de otra cosa. Es decir, ofrecen la opción antitética del federalismo como si fuera lo mismo. La opción que, nada menos, organizó la única y crudelísima guerra civil que han padecido los norteamericanos.

Una de las razones del desprestigio de esta fórmula de organización territorial de una nación, el federalismo, es que los españoles nunca la hemos entendido bien. Frente a los norteamericanos que instituyeron el primer sistema federal amplio y de comprobada eficacia, que empiezan por recitar su constitución con aquello “de nosotros el pueblo de los Estados Unidos...”, haciendo ver que la soberanía reside en el pueblo norteamericano, es decir, en la Unión, nosotros le hicimos mangas por capirotes a Pi i Margall y convertimos su federalismo en puro cantonalismo, apuntillando la existencia de la I República con tan exaltada reacción anarquista. Ahora, todos los que hablan de federalismo me temo mucho que hablan más de confederalismo que de otra cosa. Es decir, ofrecen la opción antitética del federalismo como si fuera lo mismo. La opción que, nada menos, organizó la única y crudelísima guerra civil que han padecido los norteamericanos. Fíjense, pues, en la importante diferencia que existe entre una opción y otra: como para organizar una guerra.

En general aquí se tiene la misma concepción o punto de vista sobre el federalismo que el que tenía y hacía gala un preso de Algorta al que conocí en la cárcel de Córdoba, ya fallecido, sobre lo que era ser un librepensador. Preguntado lo que para él era eso de librepensador nos contestó que era pensar lo que le salía de determinada parte, demostrándonos que más que un librepensador era un botarate. Para tener una visión del federalismo sería necesario una coherencia y lógica política, amen de un gran respeto por la legalidad, de la que no podemos especialmente vanagloriarnos.

Así como no dejo de denunciar la diferencia que existe entre política y partidismo (¡por qué le llaman política cuando quieren decir partidismo!), habría que preocuparse por esta camuflada vía a la secesión, el confederalismo, al fin y al cabo los confederales eran los secesionistas de la Guerra de Secesión, y no hay teórico de las ideas política que no lo considere la antesala de la separación. Aquí, algunos, aprovechándose de la gran incultura política existente, nos quieren vender gato por liebre, puesto que para los confederales, origen de la contradicción política con la Unión que acabara en guerra, la soberanía residía en cada estado, soberanía originaria que diría más de un nacionalista periférico de España, frente a la Unión que constituyó que ésta residía en el conjunto de los norteamericanos. Cuestión que ya se había planteado al poco del origen de los Estados Unidos y fue aclarada con una reforma constitucional por los padres mismos de dicha nación, encabezada por Thomas Jefferson, y que alcanzó el calificativo de centralista por parte de los aristócratas sureños. Verán ustedes poco a poco si me siguen que la trama que analizamos tiene que ver con lo que plantea el nacionalismo vasco, y algún otro en ciernes, y su vía a la autodeterminación.

En el fondo, realizando una concesión al marxismo, aquella crisis norteamericana entre dos concepciones políticas, que acabó en guerra, era el resultado de dos sistemas de producción enfrentados. Ante el liberalismo económico norteño y federal quería pervivir un sistema agrario latifundista, sostenido en el esclavismo, y soberanista, en el sentido en que la soberanía recaía en cada uno de los estados. Para ello los rebeldes confederales debían buscar un territorio político aparte donde garantizarse el poder para proseguir con su modelo social, aristocrático, conservador y paternalista, cada día más amenazado ante el avance del maquinismo del que no era algo ajeno el ferrocarril (1). Era la búsqueda del mantenimiento de la garantía de hegemonía de una determinada clase, los conservadores señores agrarios, frente a un marco político y social más dinámico y participativo, poroso, flexible y abierto donde podían ser expulsados del poder que se creían iban a disfrutar vitaliciamente por razón histórica y designio divino.

“Lo que el Viento se Llevó” no es sólo una novela de amores, desamores y egoísmos personales, supone un cierto retrato político y social simbólicamente centrado en la casquivana y malvada personalidad de mi admirada Escarlata O’Hara. Cuando grita en Tara aquellos de “juro ante Dios que nunca volveré a pasar hambre”, no vino a decir otra cosa que Sabino Arana con aquello de “Vizcaya por su independencia”cuando vio la fortuna paterna empobrecida por el apoyo que su padre diera al carlismo derrotado en la tercera guerra y que el nuevo sistema social capitalista se estaba apoderando de su tradicional y católica patria chica. Buscó algo para no pasar hambre, para que perviviera el sistema tradicional donde su familia era poderosa, venida a menos en la posguerra y sin acomodarse ante una realidad protagonizada por empresarios, financieros capitalistas e inmigrantes obreros que traían con ellos el socialismo ateo y el baile agarrado.

Sabino, como Escarlata, no supo asumir el sistema social que le venía encima e irrumpía en su terruño. El integrismo católico carlista no servía del todo ante la nueva sociedad y sus relaciones. Con muchas guerras en el XIX los carlistas demostraron su enorme presencia e influencia en el mundo rural vasco, que lo era casi todo pues el desarrollo demográfico de las ciudades empezó a partir de 1876 tras la tercera guerra carlista y con la liberalización absoluta de la extracción de minerales, y esta opción política, el tradicionalismo, necesitaba una cierta adecuación para sobrevivir. Se dio la paradoja de que si la mayoría de los líderes militares carlistas acabaron integrados en el Ejército español, y que coyunturas conservadoras tanto en el Gobiernos de Isabel II, lo que se llamó el carlismo sin don Carlos, o en la Restauración posibilitaron integraciones importantes de los insurrectos en la vida social, lisonjeándoles el propio Unamuno (2) con lo de buenas y respetables personas que eran en su vida civil, algunos militares extranjeros que vinieron aquí al olor de la pólvora con la esperanza de que triunfara al menos una contrarrevolución en todo el orbe, no dejaron de seguir guerreando en toda reacción que se encontraran. Así, el capitán británico Henningsen, compañero de insurrección y biógrafo de Zumalacarregui, acabó encontrando gloriosa muerte con las tropas confederales en el empleo de coronel en la guerra de secesión americana. Observen la coincidencia.

El Maestro, título que sus seguidores osaron ofrecer a Sabino Arana, tampoco asumió el juego político liberal ni el papel de los partidos, aunque se atreviera a fundar uno, siempre aceptado como un mal necesario, pues a la manera de los neocatólicos entonces en boga le parecía en principio un mal. Pero este partido tendría como primera misión la salvación del alma de los vascos, en riesgo ante los vertiginoso cambios, pues su concepción política tradicionalista no dejaba de hacer presente y hegemónica la religión en la política. Coherentemente, formuló tal partido con atribuciones propias de un rey absoluto, pues en él se concentraban todos los poderes, incluido el judicial, y probablemente el poder soberano también. Para salvar la distancia y los escrúpulos en aceptar la participación partidista que la política le ofrecía hizo incompatible con ella la existencia de muchos cargos internos, entre ellos, nada menos, que el de su presidente, hoy ostentado por Urkullu. Barrera sanitaria para distanciar de la política liberal al partido llamado a salvar terrenal y celestialmente a todos los vascos que dispusieran del correspondiente cráneo dolicocéfalo y Rh negativo. Resultado, el Rh negativo, de la más enfermiza de las endogamias. Lo otro, posiblemente también.

Espero que no se sorprendan, partidos más modernos en la búsqueda alocada de todas las garantías para permanecer en el poder suelen deslizar de vez en cuando mensajes descalificadores de los contrapoderes del estado que garantizan la convivencia democrática declarando la muerte de Montesquieu, por ejemplo, y eso después de pasar por una asunción, más bien superficial, de la Constitución. ¿Qué decir de un partido surgido frente al liberalismo, cuyo tronco ideológico esencialmente es integrista y sólo en momentos determinados, empujado sin duda por las condiciones y asumiendo un pragmatismo que su misma misión integrista y redentora suele justificar, asume abrirse al mundo como José Antonio Aguirre en la II República o el mismo Arzalluz con su discurso del Arriaga porque acababa de perder las elecciones?. En esencia el tronco ideológico del nacionalismo vasco, tanto el del PNV como el de ETA, es de carácter reaccionario desde su origen.

Así, atribuyendo al partido PNV competencias del monarca absoluto no entienden los nacionalistas vascos que la soberanía pasara de éste a la nación, al pueblo español, y que la territorialidad del estado siguiera siendo la de la vieja monarquía sin que a nadie se le ocurriera lo contrario, visto el ejemplo marcado por la revolución Francesa(3), donde la Asamblea nacional empezó a recibir meses antes de la desaparición del soberano el tratamiento de éste por los propios funcionarios reales. Es verdad que dicho hito histórico no es santo de su devoción, ni para los nacionalistas conservadores ni para los violentos, que escudándose estos últimos fariseamente en el marxismo, en todas sus variedades según época y coyuntura, e inclusos anarquismos libertarios, lo único que les ha preocupado es plantear un discurso ideológico, del que surgiría una práctica política, que no encajase en ningún caso con el sistema democrático erigido por el pueblo español.

El nacionalismo vasco ha inventado un discurso en otra sintonía, anacrónico respecto a la democracia en vigor en Occidente. Bien por no llegar en la concepción preliberal del PNV, bien por pasarse (en apariencia, que es otra manera de no llegar) en la concepción marxista-populista propia de países del tercer mundo aportada por ETA. Ambas concepciones repelerá los encuentros con los que no son nacionalistas, como finalmente ha ocurrido con el Estatuto de Guernica, pues el nacionalismo vasco es una anacronía de otra época –salvo para la generación consciente del fracaso que supuso la guerra civil, como Javier Landaburu, Juan de Ajuriaguerra, Koldo Mitxelena, que aportaron su colaboración desde el congreso de Munich al amparo de la democracia cristiana europea para recuperar la democracia-.

En la actualidad el nacionalismo vasco se ha constituido en una reacción continua, porque lo que verdaderamente bulle también en el nacionalismo más moderno y violento de ETA es la vieja ideología, para enfrentarla a lo que en cada época considere que es España. En el viejo PNV actualmente lo que se observa es la admiración y el oportunismo hacia ETA, porque finalmente ha sido y puede seguir siendo rentista de su violencia, además de la comunión con el otro nacionalismo a pesar de la práctica violenta de éste, que a veces denuncia, pero que a la postre reconoce como instrumento fundamental para hacer posibles y creíbles sus propias reivindicaciones desmesuradas y anacrónicas. El rito de la violencia y de la muerte, la capacidad de sacrificio de sus protagonistas, convierte milagrosamente en creíble ante la opinión pública cualquier disparate. Sólo una minoría del nacionalismo conservador, concretamente en Vizcaya, podría escaparse del anclaje ideológico del nacionalismo vasco, pero no hay valor para ello pues el nacionalismo es una vieja comunión como el tradicionalismo, cuando hay escisión se rompe con mucho más que un mero partido político. No sólo se pierde las relaciones de amistad, se pierde el alma, también la cuenta corriente, y lo más importante: la seguridad.
Abandonemos la arqueología.

Dejemos el fósil y pasemos al ámbito catalán. Abandonemos la arqueología política con la que no hay manera de encuentro, a pesar de todas las fórmulas utilizadas, ni mediante la disposición final primera de la Constitución, ni el Estatuto de autonomía y sus posteriores ampliaciones, ni con ninguna negociación con ETA, y pasemos a la formulación moderna reivindicativa catalana, con la que a primera vista, y teniendo en cuenta lo poquito que sabemos de los fundamentos de la política, parecería que se puede coincidir y llegar a acuerdo.

Es evidente que el nacionalismo catalán en los últimos tiempos ha sufrido una involución de la que no es ajena el proceso de radicalización del nacionalismo vasco, lo sorprendente a primera vista es que el PSC haya asumido dicha radicalización propugnando un nuevo estatuto de difícil encaje en un estado, sea este descentralizado mediante la anterior fórmula o federal. Se puede justificar este devaneo hacia planteamientos y prácticas nacionalistas con la necesidad de alcanzar un peso electoral suficiente para mantener el poder arrebatado a los nacionalistas, pero estos comportamientos suelen pasar factura y convertirnos de verdad en lo que decimos y hacemos, máxime cuando no hay organización ni colectivo social, mucho menos un partido, que no acabe convirtiéndose en un fin en sí mismo.

Cuando desde un cierto condicionamiento nacionalista se aboga por el federalismo no se suele nombrar a éste sin calificarlo, se habla de fórmula federalizante, de proceso, tendencia o espíritu federalizante, y de federalismo asimétrico, concepto que es una contradicción en sí misma. Mediante su matización o calificación se degenera el sustantivo, y los que conocemos la política vasca sabemos desde años que lo importante no es el sustantivo, lo determinante es la calificación o la matización.. No se dice claramente queremos una constitución u organización territorial federal, porque, seamos claros, eso no lo quieren. Porque a la vez que se formula una complicada mención al federalismo se aboga por el mantenimiento de la bilateralidad, relación entre el Estado central y la autonomía -fórmula de gran raigambre en el Antiguo Régimen que en la actualidad contaría para la promoción del proceso centrifugo con la inexistencia del virrey o del corregidor que limitaba estos excesos como autoridad real-. Bilateralidad, también, contradictoria con la solicitud de una cámara de las autonomías, el Senado, que no tendría sentido con el uso de esta relación. Luego, según la queja realizada por el profesor Francisco Sosa Wagner, un federalismo con diecisiete autonomías más dos ciudades autónomas sería por su número, y carencia de masa crítica en la mayoría de las autonomías, inmanejable y, por consiguiente, irrealizable si lo comparamos con la experiencia del sistema federal alemán. Tendríamos más estados federales que Alemania, sólo dieciséis, con la mitad de población.

Si el sistema solicitado es el federal no debiera aceptarse que los adjetivos o matizaciones acaben convirtiendo en no federal lo que se propone, hasta tal punto que admitida la asimetría y la bilateralidad del mismo lo que se nos ofrece como tal es confederalismo, máxime si los proponentes lo hacen tras haber definido como nación su autonomía y blindado sus competencias y finanzas como si de una entidad soberana se tratase. Frente al comportamiento político más rústico y sincero, hijo del carácter de castellano viejo que todo buen vasco posee(4), de llamar soberanía a la soberanía y de ir a un proceso, que sólo los muy interesados en no verlo no pueden otra cosa que aceptar que es de autodeterminación, versus independencia, en el caso catalán, competencia tras competencia, definición tras definición, nos descarrilan hacia el mismo objetivo proponiendo finalmente bajo el nombre de federalismo algo que es confederación.

El federalismo no sería una mala fórmula para reparar el actual desastre, pero a la que se van a oponer los primeros los nacionalistas o los defensores del federalismo asimétrico, llamándolo centralista, como los aristócratas del sur a la reforma constitucional de Jefferson, pues supondría un reforzamiento de las instituciones unitarias. Salvo que sea otra cosa, al nacionalismo periférico le repugna el federalismo. En el fondo la nueva aristocracia política periférica, nacionalista o sin tal nombre, tras treinta años de Estado de las Autonomías actúa de la misma manera que la vieja y anquilosada de la “Cabaña del Tío Tom”. Y es que, lo que se puede ir sospechando, es que sin saber lo que es federalismo, abogando por el confederalismo, sosteniendo la antigua foralidad en el caso vasco y navarro, sin la coherencia, racionalismo, y ejercicio de todas los contrapoderes democráticos que todo sistema descentralizado requiere, nuestra deriva se va dirgiendo hacia el Antiguo Régimen. Y creíamos que la izquierda era garantía de progreso, y sin embargo está pasando por un fuerte sarampión de admiración hacia los nacionalismos, y nuestra derecha, para retrasar las posibilidades que el federalismo pudiera tener en la solución ante la voladura del Estado y la nación, seguía llamando hasta hace un mes su líder federalismo, como un mal, a lo que no es más que confederalismo.

El federalismo exige de entrada asumir la soberanía de la unión y, por consiguiente, la potestad de ésta ante las partes. Por otro lado, si se desea su funcionalidad es obligado la lealtad de las partes con el todo, pues si las competencias periféricas se usan para romper con el sistema y lanzarnos a diferentes ínsulas de Barataria, donde antes de estar allí nos parece toda una meta feliz, pero una vez conseguida, dimensión, proceso político previo cuajado de egoísmo, insolidaridad e intolerancia, sino es como en Euskadi de pistoletazos en la nuca, nos acabarían pareciendo irrespirables, como al mismo Sancho.

Si no existe lealtad, el proceso de convivencia descentralizada no tiene ningún sentido positivo. Para que el federalismo sea posible es necesario que haya federalistas, y es incompatible con los nacionalismos periféricos. Federalismo que posibilita en razón a la eficacia del sistema que existan competencias irrenunciables por el poder central y otras que sean de ida y vuelta, que se gestiones bien por la autonomía, bien por el centro en función de su eficacia.

Es curioso, también, que salvo cuando se habla del Estado como órgano de servicios sociales el socialismo no considere a éste como una necesidad imprescindible para la convivencia y el bienestar de los ciudadanos. Observando que lo que entre sus bases está de moda ahora es la pluriculturalidad, la diferencia, el anarco-cristianismo de ONGs asistenciales, y hasta el nacionalismo periférico, versus catalanismo, vasquismo, galleguismo, todo ello como si nuestro socialismo hubiera sido parido directamente por el sindicalismo, ajeno a la política, y nada tuviera que ver con la génesis de la socialdemocracia europea ni el, aunque humilde, republicanismo español, también deudores en política del liberalismo. Para el socialismo patrio es como si el Estado fuera la patronal, según aquel eslogan radical y estúpido de los primeros años de la transición, que, además de hacerle pagar toda crisis, como si pudiera, se debiera limitar a verse arrebatado de todo tipo de atribuciones cual la llegada de Atila sobre Roma. Todo, como si la descentralización fuera positiva per sé.

Quizás sea cierto el origen apolítico del socialismo español, reticente y ajeno a la política tras muchos años de caracterizarla de burguesa y santificación del obrerismo, por ello cuando han buscado en su orfandad ideológica un discurso frente a la derecha, y para recoger el poder en la periferia frente a los nacionalistas, no se le ha ocurrido oportunistamente nada mejor que realizar un discurso ideológico y político muy parecido al de los nacionalismos periféricos. Cuidado con el oportunismo que los carga el diablo, porque si además se esperase encontrar un terreno de juego donde no entrara la derecha, almena desde donde sacudirle sin que ésta ose entrar dentro, téngase cuidado, porque si alguien ha sido localista y regionalista lo ha sido nuestra derecha, por dos orígenes, el tradicionalista y el de la Restauración, ambos con el resultado del localismo caciquil. Además le va más, lo nuestro, lo de la izquierda, creíamos, por el contrario, eran los himnos universales. Al menos eso creíamos que éramos.

Sin duda alguna toda esta deriva sea el resultado de una organización territorial muy autónoma, con tendencia a la dispersión, y sin definir ni cerrar, donde la toma de la iniciativa por los poderes periféricos ha sido muy grande. En gran parte ha sido así porque el partido gobernante en España ha pasado demasiado tiempo supeditado, salvo legislaturas puntuales, a conseguir el apoyo de algunos de los partidos nacionalistas, sin que nadie osara cerrar legalmente definitivamente el proceso centrífugo, que no se diera con una fórmula definitiva para la organización territorial y que el propio Senado se acabara definiendo como Cámara de las Autonomías, no sólo enunciándolo como tal.

También al Gobierno central le ha gustado, o al menos no le ha molestado en exceso, moverse en esta confusa relación con los partidos periféricos, jugando el seductor papel de monarca absoluto o de sultán cada presidente del Gobierno. Bajo la precariedad en la gobernabilidad por carecer de mayoría absoluta, y un cada día más difícil acuerdo entre los partidos, e, incluso, en el seno de los propios partidos, y ante la etérea línea del techo competencial de las autonomías, los partidos, nacionalistas o no, que viven sobre el terreno, se han dejado engullir por la espiral del localismo más atroz y estúpido -lo califico así pues parece un comportamiento infantil el ordeñar al Estado hasta que éste se quede seco o caiga desfallecido-, y los diferentes poderes lo han ido aceptando como lo más normal y útil. Por lo que se ha fomentado y perdurado la negociación bilateral del Gobierno con las autonomías, y todos los partidos, que viven sobre el terreno, insisto, para depredación del Estado, han ido socavándolo hasta dejarlo en la mínima expresión (dándose una cierta semejanza con la situación que se dio en la guerra contra Napoleón con las Cortes de Cádiz, donde las juntas regionales, y a su vez las partidas, hacían lo que les daba la gana).

También la oposición, sea del color que sea, se ve arrastrada por el poder fáctico de los poderes periféricos. La oposición que espera en los cuarteles de invierno encuentra en las autonomías que le son propia, no como en otras naciones en los ayuntamientos que es un poder más limitado, la plataforma para sobrevivir, dejándose presionar por ellas. No sólo Zapatero en su relación con Cataluña, convertida cuando estaba en la oposición en una plataforma de acción contra el Gobierno y hoy como presidente del Gobierno en un problema muy serio para él, también a Rajoy le empieza a pasar lo mismo ante los poderes autonómicos de su partido.

Esta dinámica tan poco institucional lo que ha facilitado es un protagonismo de los partidos excesivo. Era el acuerdo entre partidos y no entre instituciones los que han ido cerrando los problemas y la aprobación de los presupuestos unos tras otros. La Generalitat catalana recibía unos ingresos extras porque CiU negociaba con el presidente de turno inversiones y transferencias para aprobarle sus presupuestos, y parece que no es muy diferente con el PSC. Es evidente que este tipo de práctica ha supeditado el tejido institucional a la actuación de los partidos.

Pero habiendo llegado ya a un punto crítico, donde la opereta empieza a convertirse en tragedia, y los apoyos de ayer en angustia para el presente, esperemos que la conciencia sobre esta situación nos permita observar, apreciando la necesidad de la supervivencia del Estado, que no se puede seguir acentuando esta deriva abocados a que el discurso nacionalista de la periferia nos acabe arrastrando a que no haya nada para nadie. Quizás la crisis económica nos obligue a ver que tanta incompetencia, tanto aeropuerto por capricho político, tanto gasto en cultura autóctona, cuando no es en las llamadas lenguas propias, tantos programas simbólicos de investigación dispersos si no contradictorios, tantos fracasados sistemas educativos, tantos organismo de protección civil que a la hora de calamidades no sirven para nada y hay que convertir a parte del Ejército en bomberos para que pueda intervenir en cualquier parte del territorio (lo que pudiera acabar por convertirse en instrumento regenerador de la nación, en vez de alcanzar el título de Ejercito Nacional como con Espartero, acabarán llamándose bomberos nacionales), además de costarnos un ojo, acabará en esta situación por demostrarnos que nunca más por este camino. Que la dispersión y la destrucción del Estado tiene un límite.

Y entonces, posiblemente, debiera darse la reflexión, de la utilidad de una gran coalición para la solución del tema territorial que puede colapsar, como lo descubrieron los políticos alemanes ante menores síntomas que empezaba a sufrir la administración estatal ante las contradicciones entre el poder central y el descentralizado. Pero en Alemania no existen nacionalismos periféricos, todos son leales con el sistema -la estructura política no ha arrastrado a la creación de discursos secesionistas-, la política goza de tradición y cultura, además de conciencia y culpabilidad por los errores del pasado (aquí los errores y las culpas son de los otros), y en la solución de los problemas, no sólo el territorial, se ha arbitrado una gran coalición entre conservadores y socialdemócratas.
En España la solución es más complicada, la solera política de nuestros partidos es inexistente, el lema es el poder aunque hundamos el barco, y el pragmatismo más ramplón unido a la improvisación está siendo la tónica general especialmente en los últimos tiempos. Sería necesaria una cierta catarsis que facilitara el encuentro ente el PSOE y el PP para resolver el problema de la organización territorial. Es verdad que vista la deriva sectaria de los últimos tiempos este logro sería más que sorprendente, pero el nuevo acuerdo sobre política de seguridad frente al terrorismo pudiera ser una buena plataforma inicial para ello. Pero, además, precisamente por la inestabilidad de la política española y falta de reflexión, las soluciones en España están cuajadas de cosas aún más imprevisibles y extrañas, como, por ejemplo, que Largo Caballero colaborara con la dictadura de Primo de Rivera (aunque me guarde mi explicación sobre ello), nada menos el que fuera calificado una década después como el Lenin español, o que fueran personas procedentes de la dictadura anterior los que facilitaran el paso a la actual democracia.

Posiblemente sería inalcanzable una gran coalición a la alemana pero aunque fuera mediante acuerdos más discretos es necesario poner fin rápidamente, acuciados por la crisis económica, a las tensiones territoriales existentes. Y para ello es necesario entender que mayores cotas de descentralización, y no digamos la separación, a los único que les ha interesado ha sido a los partidos políticos, que han convertido, pues el lema es mayor poder como sea, estos objetivos en un fin exclusivo. Ni los sondeos sobre el proceso autodeterminista en Euskadi ofrece un porcentaje amplio de apoyo ciudadano, ni el referéndum catalán que rubricaba el nuevo estatuto fue un portento de participación, y no digamos nada de la participación ciudadana en el andaluz. Las tensiones que por el tema territorial, a pesar del costo que tanta descentralización ineficaz nos está suponiendo, sólo les interesa a los partidos políticos y a alguna academia regional de estudios etnológicos.

Mientras que todo tipo de capricho se hace ostensible en las ofertas populistas de los caudillos regionales, la gobernabilidad de España se hace cada día más difícil. No es sólo en el terreno político, consulta de Ibarretxe, nuevos estatutos en el filo o en las afueras de la constitucionalidad, sino en el social y económico, dificultad de financiación, guerra del agua, escaramuzas en la pesca ente montañeses y vascos, dificultades en el mantenimiento del sistema sanitario, fracaso educativo, imposiciones del idioma vernáculo de las autonomías, causas estructurales en nuestra crisis económica, etc., parece que la más llamada a preocuparse, la izquierda, ha olvidado sus discursos, sus mitos, su retórica, sus principios, como aquellos que relatara Michelet embriagado por el aroma de la revolución francesa y que uno de los pocos republicanos españoles, Blasco Ibáñez, se atreviera a traducirnos:

“El tres de noviembre (de 1.789) es un gran día. Aquel mismo día se acaban los Parlamentos y los Estados provinciales. Aquel mismo día se presenta un informe de Thouret sobre la organización de los departamentos, sobre la necesidad de borrar las provincias, de acabar con aquellas falsas nacionalidades, resistentes y de mala fe, para constituir en el espíritu de la unidad una nación verdadera. ¿Quién tenía interés en mantener aquellas viejas divisiones, aquellas odiosas rivalidades, en conservar a los gascones, los provenzales, a los bretones, en impedir a los franceses constituir una Francia?. Los que reinaban en las provincias, los Parlamentos y los Estados provinciales, falsa imágenes de la libertad, que durante tanto tiempo le habían hecho sombra, la habían maniatado, le habían impedido nacer”.(5)

1- En Euskadi padecemos ahora una campaña contra el tren de alta velocidad protagonizada por los que además de abertzles se autodenominan socialistas.

2- En su segunda conferencia en la Sociedad el Sitio de Bilbao, en 1908, don Miguel se sorprendía por el ambiente de enfrentamiento provocado por los nacionalistas: “Hubo un tiempo, allá en mi niñez y en mis mocedades, en que este nuestro pueblo y su región toda estaban divididos en dos bandos políticos: liberales y carlistas. En tiempo de guerra andaban a tiros unos con otros, pero hecha la paz convivían y se trataban, si no siempre con cordialidad, por lo menos con cortesía......Habría de reconocerse que eran por lo común, gente bien educada. Hoy, con las nuevas divisiones, parece que las cosas han cambiado. Apenas pasa domingo que después de unos y otros gritos no vengan a las manos muchachos de diferentes bandos. Y esto lo ha traído el bizkaitarrismo. No me asusta idea política alguna, paso hasta por las doctrinas de los que en el fondo no anhelan sino poder separarse de España. Si es que realmente lo quieren y si pueden lograrlo sepárense, hasta esto llego, pero sepárense a tiros, no a coces”. Conferencia titulada “La Conciencia Liberal y Española de Bilbao”, 5 de septiembre de 1908. “La Tribuna de “El Sitio”. 125 Años de Expresión Libre en Bilbao (1875-2000)”, sociedad El Sitio, Noaín (Navarra), 2001, págs. 72 y 73.

3- Michelet, Jules, “Historia de la Revolución Francesa”, Ediciones Ikusager, Vitoria, 2008, página 163, Tomo I.

4- ...Y bruto, como aquella frase de Arzalluz en un alderdi eguna de “antes cortarnos el brazo que aprobar una constitución”.

5- Michelet, J., op. cit., página 329, tomo I.



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